Sentencia 2010-00007/19008 de mayo 4 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2010-00007-01

Número interno: (19008)

Demandante: Samsung Electronics Colombia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Bogotá D.C. cuatro de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

3.1. Cuestión preliminar. Impedimento.

Previo a decidir de fondo, la Sala observa que la doctora Martha Teresa Briceño de Valencia manifiesta estar impedida para conocer del proceso de la referencia, por configurarse la causal prevista en el numeral 5 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

La Sala declarará fundado el impedimento formulado porque conforme con dicha causal, el impedimento o recusación se configura cuando una de las partes del proceso funge como representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.

En el caso particular, el impedimento(2) se fundamenta en el hecho de que la doctora Martha Parada Noval, apoderada de la demandante, actúa como apoderada de la Dra. Martha Teresa Briceño en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en contra de la dirección ejecutiva de administración judicial para la reliquidación de prestaciones sociales.

En consecuencia, se configura la causal de impedimento en cuestión.

3.2. Asunto de fondo.

La Sala decide si son nulos los actos administrativos en virtud de los cuales la dirección seccional de aduanas de Bogotá D.C., negó la solicitud de liquidación oficial de corrección(3), elevada por la actora.

En concreto, a la Sala le corresponde definir si es procedente la devolución del arancel cuando el certificado de origen que acredita que el producto importado es desgravado se presenta con posterioridad a la obtención de la autorización de levante.

La Sala considera que sí, por las siguientes razones:

En el TLC Colombia, Venezuela y México [Grupo de los Tres G3], el artículo 7-03 reguló las obligaciones a que se comprometieron los países miembros, cuando se invoque un tratamiento preferencial por mercancía originaria de los países miembros. Y, respecto del certificado de origen, la norma en comento dispuso:

“ART. 7-03. Obligaciones respecto a las importaciones. 1. Cada Parte requerirá del importador que solicite trato arancelario preferencial para un bien de otra Parte, que:

a) Declare por escrito, en el documento de importación con base en un certificado de origen válido, que el bien califica como originario;

b) Tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa declaración, y

c) Presente o entregue el certificado de origen cuando lo solicite la autoridad competente.

(...)

4. La solicitud a que se refiere el párrafo 1, literal c) no evitará el desaduanamiento o levante de la mercancía en condiciones de trato arancelario preferencial solicitado en la declaración de importación” (resaltado fuera de texto).

Como se puede apreciar, el TLC del G3 exige que el certificado de origen se presente con la declaración de importación.

En concordancia con lo anterior, el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999 [estatuto aduanero] dispone:

“Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera:

(…)

d) Certificado de origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales;

En este entendido, podría interpretarse que, para efectos de invocar una preferencia arancelaria, no es posible presentar el certificado de origen de manera posterior a la obtención del levante de las mercancías importadas, y mucho menos si en las declaraciones de importación de tales bienes no se invocó la preferencia arancelaria.

No obstante lo anterior, el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 prevé que la autoridad aduanera puede expedir una liquidación oficial para corregir, entre otros datos de la declaración de importación, la información concerniente a las preferencias arancelarias. Dice la norma:

“ART. 513.—Liquidación oficial de corrección. La autoridad aduanera podrá expedir liquidación oficial de corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales. Igualmente se podrá formular liquidación oficial de corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera.

En concordancia con esta norma, el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000, que reglamenta el artículo 513 del Decreto 2688 de 1999 precisa:

“ART. 438.—Liquidación oficial de corrección. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, la liquidación oficial de corrección, procederá a solicitud de parte, dirigida a la División de Liquidación, o a la dependencia que haga sus veces, cuando:

a) Se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera. En estos casos, se deberá anexar a la solicitud, copia de la declaración de Importación y del Acta de Inspección, donde conste la observación efectuada por el funcionario aduanero competente, sobre la avería o el faltante, reconocidos en la inspección;

b) Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso.

“PAR.—No procederá la devolución cuando esté referida a una operación que estuvo soportada en documentos falsos, independientemente de la ausencia de responsabilidad penal o administrativa que aduzca el peticionario.

Por lo tanto, si bien es cierto que según los artículos 121 del estatuto aduanero y 7-03 del TLC G3 exigen que el certificado de origen se presente con la declaración de importación, esto es así cuando el importador tiene certeza respecto del tratamiento aduanero preferencial invocado.

En el caso concreto, ocurrió que por la controversia arancelaria referida a los productos que importó Samsung, el gobierno de México decidió no expedir los certificados de origen, hecho que después fue rectificado por este país.

Samsung Electronics Colombia S.A. solicitó ante la división de arancel de la subdirección técnica aduanera de la DIAN, la clasificación del proyector de cristal líquido LCD de conformidad con las reglas generales interpretativas 2 y 6 y mediante Resolución 04049 del 8 de mayo de 2008 la DIAN resolvió clasificar la mercancía descrita en la subpartida 85.28.69.00.00, desgravada del arancel como proyector de cristal líquido LCD.

Estas circunstancias especiales son suficientemente fundamentadas en la solicitud de devolución, que presentó Samsung. Ya la Sala en otras oportunidades se ha pronunciado sobre el particular(4).

La Sala precisa que el artículo 513 del estatuto aduanero no pueden ser interpretado de forma restrictiva respecto de la oportunidad para la presentación del certificado de origen para solicitar el tratamiento preferencial arancelario, ni se puede pretender que la no presentación de los certificados de origen, al radicar la declaración de importación, acarrea una consecuencia no prevista en la ley, como es la pérdida del tratamiento preferencial, máxime cuando el artículo 513 del estatuto aduanero permite este tipo de corrección.

Sobre el particular la Sala señaló lo siguiente(5):

“Entre los fundamentos que tuvo la administración para rechazar la solicitud de liquidación oficial de corrección, se encuentra un pronunciamiento de esta corporación(6), según la cual, la omisión de la parte actora de solicitar en las declaraciones de importación la exención a que la ley le autorizaba, no podía ser subsanada por la vía de la liquidación oficial de corrección y por lo mismo no era procedente devolver los tributos autoliquidados y pagados.

Tal jurisprudencia no puede ser aplicada al caso en estudio pues, la norma vigente en aquella ocasión era el Decreto 1909 de 1992 que en su artículo 70 establecía que “la Dirección de Aduanas Nacionales podrá, mediante liquidación de corrección, formular cuenta adicional, cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifa, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas o tratamientos preferenciales declarados” (destacado fuera del texto).

Situación que es diferente al caso bajo análisis donde se debe aplicar el Decreto 2685 de 1999, norma vigente al momento en que se realizaron las respectivas declaraciones de importación, y que contempla en su artículo 513 la posibilidad de que la autoridad aduanera expida liquidación oficial de corrección cuando “se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales” (destacado fuera del texto).

Como se evidencia, ya no es necesario para corregir aspectos relacionados con los tratamientos preferenciales, que éstos fueran “declarados”, como sí lo preveía la norma anterior” (destaca la Sala).

La Sala también ha precisado que la existencia de una norma superior que consagra la existencia de un derecho prevalece sobre un requisito formal, como en este caso, la presentación del certificado de origen con la declaración de importación. En efecto, se ha dicho(7):

“De otra parte, se observa que ante la existencia de una norma superior de la cual emana directamente el derecho a la excepción del IVA implícito y las pruebas que obran en el proceso, son elementos que no pueden desconocerse, so pretexto de no haberse indicado en las declaraciones de importación “el fundamento de la exención” como está previsto en la legislación aduanera (D. 2685/99, art. 122), o no haberse allegado en dicha oportunidad la prueba pertinente, como lo pretende la recurrente, pues sobre tales formalidades prevalece el derecho sustancial, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 228 de la Carta Política, toda vez que existe la facultad de corregir y la demandante bien podía efectuar la corrección en su favor, para ello determinar su derecho a la exención y cumplir como lo hizo, los requisitos que señalan las normas aduaneras aplicables. En este sentido se pronunció la Sala en Sentencia de 4 de septiembre de 2003, exp. 13553, C.P. Ligia López Díaz.

De lo anterior se colige que, no es requisito legal ni reglamentario para acceder al derecho a la excepción del IVA implícito prevista en el parágrafo 1º del artículo 424 del estatuto, que deba ser solicitado con la presentación de la declaración de importación y en esta misma oportunidad acreditar la insuficiencia de la producción nacional de los productos importados, sino que dentro del término para solicitar la corrección de las declaraciones puede subsanarse la omisión y allegar la prueba pertinente.

Por lo anterior considera la Sala que la administración incurrió en violación del artículo 424 del estatuto tributario al negar la corrección a las declaraciones con el argumento de que la certificación sobre la no producción nacional debía presentarse de forma previa a las importaciones, pues de la normatividad citada no se deriva que tal obligación sea de cumplimiento previo; además está demostrado que en las declaraciones el importador liquidó IVA respecto de la importación de unos productos que la ley había excluido”.

En consecuencia, se configura la causal de nulidad por violación del artículo 513 del estatuto aduanero por falta de aplicación, pues la DIAN desconoció que sí está facultada para formular liquidación oficial de corrección para efectos de devolución de tributos aduaneros cuando se trate de establecer el monto real en los casos en que se aduzca pagos en exceso.

En el siguiente cuadro se consolidan las declaraciones de importación, los certificados de origen y los valores declarados(8):

DeclaraciónFechaCertificado de origenArancelIVAFl.
2323101662217-318/02/20082040845988215.502.70114.882.59313
1401104154853-911/04/20082040845988228.061.02326.938.58214
1401104154854-611/04/20082040845987042.987.09841.267.61416
1401106173199-822/11/20072040845848568.325.08265.592.07918
0723729061450-724/11/20072040845843074.397.44471.421.54620
1401105179604-325/11/20072040845848874.397.25271.421.36228
1401105179632-126/11/20072040845923827.351.99526.257.91524
1401105179633-726/11/20072040845923865.873.80763.238.85526
1401105179631-226/11/200720408459242126.580.333121.517.12030
0763626003223-128/11/20072040845849075.488.02672.468.50522
0723731073444-128/11/20072040845843153.735.36851.585.95332
1401103111119-229/11/20072040845924690.517.29286.896.60034
0116505101739-430/11/2007204084584911.409.2301.352.86136
0116505101737-130/11/20072040845849653.550.57151.408.54838
1401102108813-130/11/20072040845849953.550.57151.408.54840
1401102108814-930/11/20072040845849952.141.34150.055.68743
TOTAL  903.869.134808.681.368 

En ese contexto, habida cuenta de que la importación de los proyectores de cristal líquido LCD está desgravada conforme lo reconoció la DIAN en la Resolución 04049 del 8 de mayo de 2008, es procedente la devolución del arancel.

3.2.1. Del restablecimiento del derecho.

En virtud de la competencia que le asiste al ad quem de revisar la sentencia apelada en aquellos aspectos que están íntimamente relacionados con la decisión que ahora se confirma, esto es, la decisión referida al restablecimiento del derecho pretendido y concedido, la Sala advierte lo siguiente:

Conforme se precisó en el resumen de la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la devolución de la suma de dinero pagada por concepto de aranceles, sin precisar su monto. En esta oportunidad, la Sala precisa que el monto a devolver asciende a la suma de $ 903.869.134

En cuanto a los intereses reconocidos, la Sala advierte que el tribunal ordenó reconocer los intereses corrientes y moratorios en los términos previstos en el artículo 863 del E.T. Lo que es acertado.

El artículo 863 del E.T. dispone que los intereses corrientes se causan desde la fecha de notificación del requerimiento o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

En la sentencia apelada, al precisar los períodos de causación de los intereses, se dijo que los intereses corrientes se causan a partir de la fecha de notificación de la Resolución 10002 del 12 de agosto de 2009 [acto demandado]. Esta resolución, como se precisó, confirmó, en reconsideración, la Resolución 0-3-241-201-1340 del 3 de julio de 2009 [acto demandado]. Habida cuenta de que la Resolución 03-241-201-1340 del 3 de julio de 2009 fue la que negó la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de devolución, los intereses corrientes se causan a partir de la notificación de esa resolución hasta la firmeza de esta sentencia, esto es, a partir del 4 de julio de 2009(9) y hasta la ejecutoria de la sentencia.

En cuanto a los intereses moratorios, la sentencia apelada precisó que se causan desde el 22 de diciembre de 2008, día en que venció el término para resolver la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de devolución(10), hasta la firmeza de la presente sentencia.

La Sala precisa que, para efectos de establecer el período de causación de los intereses moratorios, la fecha del vencimiento para devolver sólo se toma cuando no se ha discutido el monto a devolver. Cuando el monto a devolver se discute, que es lo que ocurrió en el caso que ahora analiza la Sala, el artículo 863 del E.T.(11)dispone que los intereses moratorios se causan “…desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación”.

Habida cuenta de que esta providencia es la que confirma que Samsung Electronics Colombia S.A. [parte demandante] tiene derecho a la devolución de lo que pagó en exceso, los intereses de mora se causan a partir de la ejecutoria de esta providencia y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación

Conclusión

Con fundamento en todo lo dicho, la Sala confirmará el numeral primero de la sentencia apelada, en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y modificará el numeral segundo, conforme con las precisiones hechas en el capítulo referido al restablecimiento del derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE fundado el impedimento formulado por la Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

2. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

3. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia apelada, que quedará así:

“2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:

ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dirección seccional de aduanas de Bogotá D.C., devolver a Samsung S.A. la suma de $ 903.869.134 (novecientos tres millones, ochocientos sesenta y nueve mil, ciento treinta y cuatro pesos moneda legal), previas las compensaciones a que haya lugar. Y CÓNDENASE a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá D.C, a liquidar y pagar los intereses corrientes y moratorios, en la forma indicada en la parte considerativa de esta sentencia.

3. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) Fl. 200 c.p.

(3) Resolución 03-241-201-1340 del 3 de junio de 2009, proferida por la división de gestión de liquidación de la dirección seccional de aduanas de Bogotá D.C. y la Resolución 10002 del 12 de agosto de 2009, proferida por la subdirección de recursos jurídicos de la dirección de gestión jurídica de la DIAN.

(4) Sentencias de septiembre 5 de 1997, exp. 8431, M.P. Delio Gómez Leyva y del 6 de marzo de 2008, exp.16047, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(5) Sentencia del 13 de noviembre de 2008, exp. 16421, C.P. Ligia López Díaz.

(6) Sentencia de septiembre 5 de 1997, exp. 8431, M.P. Delio Gómez Leyva.

(7) Sentencia del 6 de marzo de 2008, exp.16047, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(8) La sociedad demandante presentó solicitud de corrección de las 16 declaraciones el 6 de noviembre de 2008, partida arancelaria 8528720020 “pantallas de cristal líquido LCD” para televisión con arancel cero (0%).

(9) Según constancia de notificación que obra en el folio 41 anverso del cuaderno principal.

(10) Teniendo en consideración que la fecha de la solicitud data del 6 de noviembre de 2008.

(11) Modificado por el artículo 12 de la Ley 1430 de 2010.