Sentencia 2010-00007 de enero 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Mauricio Torres Cuervo

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011).

Rad.: 11001-03-28-000-2010-00007-00

Actor: Jaime Ramirez Plazas

Demandado: rector de la Universidad Surcolombiana

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el presente proceso de nulidad electoral.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Las pretensiones.

El señor Jaime Ramírez Plazas, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción electoral, demandó la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 0006 de 19 de marzo de 2010, mediante la cual el consejo superior de la Universidad Surcolombiana designó al ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla como rector para el periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2010 y el 18 de marzo de 2014.

1.2. Los hechos.

Fundamenta su demanda en los siguientes hechos:

1º. Conforme con el ordenamiento jurídico interno de la Universidad Surcolombiana, le corresponde al consejo superior universitario designar y remover al rector en la forma prevista en el estatuto general, Acuerdo 075 de 1994, artículo 24-8, norma modificada por el Acuerdo 015 de 2004.

2º. El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana expidió el Acuerdo 38 del 2009, modificado por el Acuerdo 60 de 2009, por medio del cual aprobó el cronograma para el proceso de designación de rector de la Universidad, periodo 2010-2014. En el artículo 2º de dicho acuerdo, se previó que el proceso de designación se iniciaría con la inscripción de aspirantes ante la secretaría general de la universidad.

3º. De igual manera acordó que para la inscripción, cada aspirante debía presentar en original y copia, debidamente foliados, los documentos relacionados en el artículo 2º del Acuerdo 58 del 19 de diciembre de 2006 en armonía con lo dispuesto en el artículo 8º del Acuerdo 31 del 18 de agosto de 2004, mediante el cual el consejo directivo de la universidad expidió el estatuto electoral de la institución, entre ellos: “7. Certificado de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la profesión expedidos por la autoridad o entidad competente con fecha no superior a treinta días. Este documento no será exigido para las profesiones no sometidas a control disciplinario especial”. En el citado acto administrativo se precisó que “no se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya incorporados una vez efectuada la inscripción”.

4º. El ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla se inscribió, a través del formulario 3, como candidato a la Rectoría; con su inscripción allegó certificado expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, Seccional Tolima.

5º. Agotado el proceso de inscripción de candidatos, el consejo superior, por Acuerdo 36 de 2009, designó una comisión de verificación con el propósito de que se constata quiénes de los inscritos cumplían con los requisitos legales y estatutarios.

6º. La Ley 1325 de 2009 le asignó al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, la función de inspección, vigilancia y control, entre otras, de la profesión de Ingeniero Agrícola.

7º. Por resoluciones 37 y 38 de 2009 el consejo superior universitario decidió qué aspirantes al cargo cumplían con los requisitos legales y estatuarios, entre ellos aparecía el ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla quien, conforme a los citados actos administrativos allegó, para efectos de probar la ausencia de antecedentes disciplinarios un certificado de antecedentes expedido “por el Consejo Profesional de Ingeniería - COPNIA seccional Cundinamarca”, documento que no era idóneo para el efecto.

8º. La anterior irregularidad fue denunciada por la abogada Mónica Fernanda Acosta ante el consejo superior universitario.

9º. Haciendo caso omiso a la denuncia antes precisada, por Acuerdo 006 de 2010, el consejo superior universitario definió la terna para la elección de rector y en ella incluyó el nombre del ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla.

10. Efectuada la correspondiente consulta estamental el ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla, quien no acreditó en debida forma, el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios ocupó el primer lugar de votación.

11. De forma consecuente, por Resolución 0006 de 2010, el consejo superior universitario proclamó la elección del ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla como rector de la Universidad Surcolombiana, período 2010-2014.

1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación.

El demandante adujo como violados los artículos 13, 26, 29, 69 de la Constitución Política; 3º del Decreto 01 de 1984; 28, 62, 64 de la Ley 30 de 1992; 26 [u] de la Ley 842 de 2003; 1 de la Ley 1325 de 2009; 24-8 del Acuerdo 075 de 1994 (estatuto general de la universidad); 8º del Acuerdo 031 de 2004 y 2º del Acuerdo 038 de 2009 expedidos por el consejo superior universitario.

Y en el concepto de la violación formuló los siguientes cargos.

a) Violación de los artículos 13, 26, 29 y 69 de la Constitución Política.

Dijo que el acto acusado violó el artículo 13 —derecho a la igualdad— porque la comisión verificadora al corroborar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para acceder al cargo de rector de los candidatos, excluyó a algunos que no habían aportado certificado de antecedentes disciplinarios en cuanto su profesión no se hallaba sometida a la inspección, control y vigilancia del Estado y mantuvo en el proceso al demandado, no obstante que para acreditar la ausencia de antecedentes allegó un documento que no era idóneo para el efecto.

Así como el artículo 26 de la Carta, que le defiere al Estado la inspección y vigilancia de las profesiones, pues aceptó un certificado de antecedentes disciplinarios expedido por una autoridad que no estaba autorizada para dar fe sobre el particular, con lo que se hizo nulo el control que en esa materia le corresponde a la administración.

También los artículos 29 y 69 superiores, en cuanto establecen el debido proceso legal y el principio de la autonomía universitaria, pues al aceptarse un certificado disciplinario expedido por una autoridad distinta a la prevista en los reglamentos de la universidad se desconocieron las reglas que gobernaban el proceso y el derecho del ente universitario de elegir a sus directivas.

b) Violación del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.

Sostuvo que conforme al artículo 3º del Decreto Ley 01 de 1984, las actuaciones administrativas debían inspirarse, entre otros, en el principio de imparcialidad, el que no se consideró al momento de establecer el cumplimiento del requisito de ausencia de antecedentes, por las razones alegadas respecto de la violación del artículo 13 de la Carta.

c) Violación de los artículos 28, 62 y 64 de la Ley 30 de 1992.

Sostuvo que el acto electoral impugnado violaba el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, que establece el principio de autonomía universitaria, en cuanto el consejo superior universitario, al aceptar que el demandante probara la ausencia de antecedentes disciplinarios en el ejercicio de la profesión a través de un documento que no era apto para el efecto, permitió que se desconocieran las reglas propias para la designación de Rector.

Al igual que el artículo 62 y 64 ibídem, que erigen en autoridad al interior de la universidad al consejo superior y le asigna, entre otras funciones, la de “[V]elar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales”, pues no tomó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus propios actos administrativos.

d) Violación del literal u) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003 y 1º de la Ley 1325 de 2009.

La demanda adujo la violación del literal u) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003, que le asigna al Consejo Profesional Nacional Ingeniería, Copnia, “las demás [funciones] que señale la ley y demás normas reglamentarias y complementarias” y 1º de la Ley 1325 de 2009, que le defiere la atribución de inspección, vigilancia y control, entre otras, de la profesión de Ingeniero Agrícola, porque el acto de elección aceptó el certificado de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo Profesional de Ingeniería - Seccional Tolima, cuando debió exigir el del Consejo Nacional.

e) Violación de los artículos 24-8 del Acuerdo 075 de 1994 (estatuto general) modificado parcialmente por los acuerdos 015 y 025 de 2004 y 021 de 2006 expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana.

El impugnante sustentó este alegato con los mismos argumentos de aquel que refiere la violación del artículo 3º del Decreto ley 01 de 1984.

f) Violación del artículo 2º del Acuerdo 038 de 2009 y artículo 8º del Acuerdo 031 de 2004 (estatuto electoral) expedidos por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana.

El demandante sostuvo que el acto de designación de rector violó los artículos 8º del Acuerdo 31 de 2004 y 2º del Acuerdo 38 de 2009, que establecen la forma de probar la ausencia de antecedentes disciplinarios, pues aceptó una certificación distinta a la establecida en las referidas disposiciones.

g) Violación del artículo 2º de la Ley 153 de 1987.

El libelista dijo que en cuanto el acto demandado no consideró que los antecedentes en la profesión de ingeniero agrícola debían ser certificados por el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería, Copnia, conforme al artículo 1º de la Ley 1325 de 2009, se desconoció la regla según la cual la ley posterior prima sobre la anterior.

2. La corrección de la demanda.

Mediante escrito presentado el 21 de abril de 2010, el demandante adicionó la demanda, alegando, además, la violación de los artículos 50 [2] del Acuerdo 75 de 1995, que prevé que el personal docente está integrado, entre otros, por los profesores de cátedra, 4 [b] del Acuerdo 15 de 2004, que establece que en la elección de rector pueden participar los docentes de cátedra, y 3º del Acuerdo 15 de 2009, que precisa que los docentes de cátedra son vinculados para cada período por resolución dictada por el rector, arguyendo que para la fecha en que se adelantó la respectiva elección (consulta estamentaria) la universidad aún no vinculaba a los docentes de cátedra y no obstante éstos participaron en el proceso electoral.

3. La contestación de la demanda.

El rector demandado, actuando en nombre propio, contestó la demanda.

Sobre los hechos precisó que el certificado de antecedentes por él presentado fue expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería – Seccional Tolima, Copnia – Tolima, y no por el Seccional Cundinamarca, al que erróneamente se refería la Resolución 037, citado en el acta de la comisión de verificación, tal como se corrigió en acta posterior.

Sobre las pretensiones manifestó su oposición a todas ellas.

Dijo que el cargo de violación del artículo 13 superior, no tenía sustento alguno porque en el proceso de verificación de antecedentes no se excluyó a ningún candidato por el incumplimiento del requisito de ausencia de antecedentes disciplinarios, y si bien en un principio se excluyó a 3 personas por razones distintas al tema disciplinario, éstas fueron aceptadas por virtud de la prosperidad de los recursos presentados en cada caso.

Tampoco el que refería la violación del artículo 26 ídem, pues el Consejo Nacional y las seccionales eran un mismo órgano, pues éstos, conforme a la Resolución 1044 de 2009, eran dependencias de aquél, por lo que cumplían sus funciones, de manera que el certificado expedido por el del Tolima lo era en nombre del Consejo Nacional.

Ni el de violación del artículo 29 de la Carta porque el certificado aportado era apto para demostrar la ausencia de sanciones habida consideración de que lo expidió la autoridad competente.

Sobre el cargo de violación del artículo 69, precisó que el mismo no era claro. Con todo dijo, que el hecho de que se hubiera tenido como acreditada la ausencia de antecedentes disciplinarios con el certificado que aportó, en modo alguno afectada la autonomía de la universidad.

El mismo comentario le mereció el cargo de violación del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.

En cuanto al cargo de violación de los artículos 28, 62 y 65 de la Ley 30 de 1992, precisó que era reiteración de los cargos anteriores y, en todo caso, resultaba infundado.

Sobre la violación del literal u) del artículo 26 de la Ley 842 y 1º de la Ley 1325 de 2009, sostuvo que si bien la inspección, vigilancia y control, entre otras, de la profesión de Ingeniero Agrícola, le correspondía al Consejo Nacional Profesional de Ingeniería, Copnia, éste las cumplía por medio de sus seccionales.

Respecto del cargo de violación del artículo 24[8] del Acuerdo 75 de 1994, precisó que era la reiteración del segundo cargo.

En cuanto a la violación de los artículos 8º del Acuerdo 32 de 2004 y 2º del Acuerdo 38 de 2009, sostuvo que no contenía una acusación sino la trascripción de las citadas disposiciones.

Y finalmente en lo que correspondía a la violación de los artículos 50 [2] del Acuerdo 75 de 1994, que prevé que los docentes de cátedra hacen parte de la comunidad universitaria, 4 [b] del Acuerdo 15 de 2004, que establece que en la elección de rector pueden participar los docentes de cátedra, y 3º del Acuerdo 15 de 2009, que dispone que los docentes de cátedra deben vincularse a través de resolución rectoral, precisó que este último fue suspendido por los acuerdos 37 y 66 de 2009 y que según el Acuerdo 66, el 15 entraría a regir en 2011, por lo que el acto de elección no pudo violar el citado acuerdo. Con todo sostuvo que mediante Resolución PO184 de 1º de abril de 2010, anterior a la elección, se surtió el proceso de vinculación de los docentes de hora cátedra para el primer período de 2010.

4. Los alegatos.

En la oportunidad legal para alegar de conclusión, el accionante y el demandado reiteran los argumentos de la demanda y su contestación.

5. El concepto del Ministerio Público

El procurador séptimo delegado ante esta corporación, conceptuó la improcedencia de las pretensiones.

a) Frente al cargo de violación del artículo 13 Superior - derecho a la igualdad -, luego de analizar los documentos contentivos de los antecedentes, precisó que el cargo no tenía vocación de prosperidad pues los 9 aspirantes inscritos, fueron aceptados.

b) Respecto del cargo de violación del artículo 26 de la Constitución, precisó que el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería, Copnia, al que la Ley le defirió la función de inspección, vigilancia y control, entre otras, de la profesión de ingeniero agrícola era una entidad pública del orden nacional, creada por la Ley 94 de 1937, que cumplía su función en forma desconcentrada a través de seccionales ubicadas en las capitales de los departamentos en los que funcionaban universidades, escuelas o institutos autorizados por el Gobierno Nacional para otorgar títulos de ingeniería, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, y siendo así, el certificado expedido por la Seccional Tolima, resultaba apto para acreditar la ausencia de antecedentes por parte del demandante.

c) De la violación de los artículos 28, 62 y 64 de la Ley 30 de 1992, sostuvo que el acto de elección se produjo en un proceso en el que se respetaron las reglas establecidas en materia de acreditación de requisitos, por lo que el cargo era infundado.

d) De la violación del literal u) del artículo 26 de la Ley 842 de 2003 y 1º de la Ley 1325 de 2009, precisó que era infundado por las mismas razones por las que resultaba improcedente el cargo de violación del artículo 26 de la Carta.

e) De la violación del artículo 24 [8] del Acuerdo 75 de 1994, sostuvo que no contenía una acusación formal contra el acto de elección.

f) De la violación del artículo 2º del Acuerdo 38 de 2009 y 8º del Acuerdo 31 de 2004, consideró que debía desecharse por las mismas circunstancias que el cargo anterior.

g) De la violación del artículo 2º de la Ley 153 de 1887, sostuvo que debía desecharse pues no se precisó en qué forma fue conculcada la referida disposición.

h) De la violación de los artículos 50 [2] del Acuerdo 75 de 1994, 4º [2] del Acuerdo 15 de 2004 y 3º del Acuerdo 15 de 2009. Aseveró que era infundado porque el Acuerdo 15 de 2009 se hallaba suspendido. Con todo precisó que en el expediente obraba copia de la Resolución PO184 de 1º de febrero de 2010, que vinculó al personal de cátedra, período 2010.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La competencia.

Esta Sala es competente para decidir sobre las pretensiones formuladas contra el acto de elección de rector de la Universidad Surcolombiana, período 2010-2014, contenido en la Resolución 006 de 19 de marzo de 2010, conforme al artículo 128 [3] del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, por tratarse de un acto electoral emanado de un ente administrativo autónomo del orden nacional.

2. El acto demandado.

Es el acto mediante el cual se declaró la elección del ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla, como rector de la Universidad Surcolombiana, período 2010-2014, contenido en la Resolución 006 de 19 de marzo de 2010, expedida por el consejo superior universitario.

3. Los cargos.

A pesar de lo repetitivo de los argumentos contenidos en la demanda, el libelo inicial contiene 3 acusaciones contra el acto de elección, a saber:

(i) La violación de las normas en que debía fundarse, en este caso, la violación de los artículos 13 de la Constitución y 3º del Código Contencioso Administrativo, que se edifica sobre el argumento según el cual en el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos para ser elegido, la comisión respectiva excluyó, de manera arbitraria, a aspirantes que no tenían el deber de acreditar la ausencia de antecedentes disciplinarios de su profesión en cuanto ésta no se hallaba sometida a vigilancia y aceptó que el demandado, que ostentaba la condición de graduado de una profesión sometida a inspección y vigilancia, acreditara ese requisito mediante una certificación emitida por una autoridad que carecía de competencia para el efecto.

(ii) La expedición irregular (violación de los artículos 26, 29, 69 de la Carta, 2º de la Ley 153 de 1887, 26 28, 62 y 64 de la Ley 30 de 1992, 26 [u] de la Ley 842 de 2003 y 1º de la Ley 1325 de 2009, 24 [8] del Acuerdo 75 de 1994, 8º del Acuerdo 31 de 2004 y 2º del Acuerdo 38 de 2009) que se formuló sobre el argumento de que el demandado no acreditó la ausencia de antecedentes disciplinarios en la profesión de ingeniero agrícola y, por lo mismo, no podía incluirse en la terna que se presentó a consideración de la comunidad universitaria, ni elegido rector y,

(iii) La expedición irregular (Violación de los artículos 50 [2] del Acuerdo 75 de 1994, 4º [2] del acuerdo 15 de 2004 y 3º del Acuerdo 15 de 2009), en cuanto se permitió que los docentes de hora cátedra participaran en la elección (consulta estamentaria) no obstante no habían sido vinculados formalmente a la Universidad por lo que no podían intervenir en el respectivo proceso (se requería que hubieran sido vinculados por resolución rectoral, para el respectivo período académico).

Y por efectos prácticos, serán resueltos de la forma y en el orden antes precisado:

3.1. De la violación de las normas en que debía fundarse.

Este vicio se presenta cuando el respectivo acto se dicta desconociendo el marco normativo de carácter sustancial que regula la materia sobre la cual versa la decisión (el qué de la determinación), puede darse de manera directa o indirecta, por falta de aplicación, aplicación indebida e interpretación errónea.

En la demanda se dijo que el acto de elección violó los artículos 13 de la Constitución —derecho a la igualdad— 3º del Código Contencioso Administrativo —principio de imparcialidad—, en cuanto se aceptó que el demandado acreditara el cumplimiento del requisito ausencia de antecedentes disciplinarios de la profesión, con un documento que no resultaba idóneo para el efecto cuando a otros candidatos que no tenían la obligación de probar tal circunstancia, pues sus profesiones no se hallaban sometidas a la inspección, vigilancia y control del Estado, se les excluyó del proceso por no haber allegado constancia sobre el particular.

La acusación así formulada no tiene vocación de prosperidad porque los hechos en los que se apoyó, el trato dado a algunos aspirantes que determinó la exclusión del proceso de varios de ellos por el supuesto incumplimiento del requisito de acreditar que no tenían antecedentes disciplinarios no obstante que no debían hacerlo, cuando al demandado quien sí debía cumplir tal requerimiento se le permitió probar con un documento no apto para el efecto, no ocurrió pues examinados los antecedentes del concurso es claro que ninguno de los aspirantes fue excluido del proceso.

En efecto;

— Conforme al acta de cierre de las solicitudes de inscripción de los aspirantes al cargo de Rector, la respectiva convocatoria fue atendida por 9 personas: 1) Jaime Ramírez Plazas, 2) Alfonso Medina Manrique, 3) Eduardo Pastrana Bonilla, 4) Nelson Ernesto López Jiménez, 5) Hipólito Camacho Coy, 6) Aura Elena Bernal de Rojas, 7) Yalfa Odeth Villamil Santamaría, 8) Alvaro Medina Villareal y 9) Myriam Lozano Ángel (fl. 47).

— Realizado el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo se halló que 3 de los 9 aspirantes no cumplían los requerimientos del empleo y por Acuerdo 37 de 2009, se dispuso no considerar sus nombres.

Los excluidos y las causales por las cuales no fueron considerados, son:

1) Hipólito Camacho Coy, porque no acreditó experiencia en cargos administrativos(1) (fls. 40 y 48 y ss.)

2) Alfonso Manrique Medina, porque no acreditó experiencia en cargos administrativos (fls. 35 y 48 y ss.).

3) Alvaro Medina Villareal, porque no acreditó experiencia en cargos administrativos (fls. 44 y 48 y ss.).

— En ejercicio del recurso de reposición los excluidos impugnaron el Acuerdo 37 de 2009 y mediante Resolución 38 del mismo año, el Consejo aceptó sus argumentos por lo que se mantuvieron en el respectivo proceso (fls. 48 y ss.).

Así, resulta evidente que en el proceso de designación de rector ninguno de los inscritos fue excluido por razón de la falta de prueba del requisito de ausencia de sanciones en la profesión y, el cargo formulado, no tiene vocación de prosperidad.

3.2. De la expedición irregular.

La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la forma como éste debe presentarse.

Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite debe verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido de la decisión.

Si la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es sustancial o trascendente, el acto será anulable por expedición irregular, caso contrario, es decir, cuando el defecto es formal e intrascendente, no hay lugar a decretar su anulación.

El demandante adujo, por un lado, la expedición irregular al permitirse que el elegido acreditara la ausencia de sanciones en el ejercicio de la profesión con un certificado expedido por un órgano diferente al legalmente habilitado para el efecto, por lo que debió ser excluido del proceso y, por otro, la expedición irregular al admitirse que personas que no lo podían hacer, participaran en el proceso de elección.

3.2.1. La acreditación de la ausencia de sanciones en el ejercicio de la profesión.

El ejercicio de las profesiones liberales se halla regulado por el Estado, dada la trascendencia social, a éste le corresponde velar porque los profesionales de las diferentes disciplinas las ejerzan consultando el bien común. Tal es el propósito que inspiró el artículo 26 de la Carta en cuanto prevé: “[L]as autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones...”.

Como función pública, la inspección y vigilancia de las distintas profesiones, puede cumplirse directamente por el Estado, a través de los órganos de la administración pública, o por los particulares, por virtud del principio de colaboración al que se refiere la parte in fine del artículo 210 de la Carta, a saber: “[L]os particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley...”.

Tratándose de la profesión de Ingeniero Agrícola, que es la que interesa a este proceso, la inspección, vigilancia y control, la ejerce el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería, Copnia, habida consideración del mandato del artículo 1º de la Ley 1325 de 2009, que dispone:

“ART. 1º—Asígnasele al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, la función de inspección, vigilancia y control del ejercicio profesional de los ingenieros agrícolas, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros pesqueros, agrónomos y agrólogos, y sus profesiones afines y auxiliares, ejercicio que en adelante se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley 842 de 2003 y sus normas reglamentarias y complementarias.

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, fue creado por la Ley 94 de 1937 como Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y se le atribuyó la facultad de cancelar las matrículas profesionales cuando se comprobara su mal uso por razones de notoria incompetencia.

La Ley 64 de 1978 reiteró que nadie podría ejercer la ingeniería o la arquitectura en cualquiera de sus ramas sin la correspondiente matrícula expedida por el Consejo Seccional de Ingeniería y Arquitectura y confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, organismo encargado de la vigilancia del ejercicio de estas profesiones y de ordenar la cancelación o suspensión de las respectivas matrículas y certificados, lo cual haría con base en el denominado “Código de Ética Profesional”.

El Decreto 2500 de 1987 reglamentó el trámite y la expedición de la matrícula que permite el ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura; consagró que en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura actuaría como presidente el Ministro de Obras Públicas y Transporte o su delegado, advirtió que dicho Consejo tendría un secretario y un abogado asesor, designados por dicho ministro, y que los sueldos de estos funcionarios, como los del personal auxiliar del Consejo y demás gastos de funcionamiento, estarían a cargo del mencionado ministerio. Facultó al ministro para adscribir funciones al personal de planta de esta entidad, personal que dependerá administrativamente del presidente del Consejo.

En relación con los consejos seccionales preceptúo que éstos serían presididos por el Gobernador del departamento; el sueldo de los empleados y los otros costos correrían por cuenta del gobierno nacional, por conducto del respectivo departamento.

El Decreto 2171 de 1992 al reestructurar el Ministerio de Obras Públicas y Transporte con el nombre de Ministerio de Transporte, dispuso que los rubros de funcionamiento del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura y de sus seccionales se cubrirían con los ingresos de los derechos de expedición de matrícula, tarjeta de matrícula profesional, certificados y constancias fijados por el Consejo. Previó que éste determinaría su planta de personal con cargo a los fondos antes mencionados, y que el remanente de tales ingresos se entregaría a las Sociedades Colombianas de Arquitectos y de Ingenieros en la proporción que el Consejo estableciera.

La Ley 842 de 2003, escindió el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, en cuanto creó el Consejo Profesional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares, así mismo precisó que éste, en adelante se denominaría Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, su sigla sería “Copnia” y que tendría su sede principal en Bogotá, D.C.

Entonces, la inspección, vigilancia y control de la profesión de Ingeniero Agrícola, se cumple por un organismo público, pues el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería fue creado por un acto jurídico del Estado —la ley—, del orden nacional, porque fue establecido por el Congreso de la República al que le corresponde “[D]eterminar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios [...] y otras entidades del orden nacional...”(2)

Como organismo del orden nacional cumple sus funciones en todo el territorio de la República y para la adecuada prestación del servicio, estableció seccionales, en un típico evento de desconcentración territorial a la que se refiere el artículo 8º de la Ley 489 de 1998, cuyo texto precisa:

“ART. 8º—Desconcentración administrativa. La desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones.

Corolario de lo anterior, los consejos seccionales de ingeniería cumplen, en la provincia, las funciones del Consejo Nacional.

De hecho, a través de la Resolución 1044 de 2009, cuya copia auténtica obra a folios 9 a 20 del cuaderno anexo 2, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, expidió el reglamento interno de sus regionales, en el que precisó su naturaleza y el ámbito de su competencia, así:

“ART. 1º—Naturaleza. Los consejos seccionales son dependencias que cumplen de manera desconcentrada en todo el territorio nacional las competencias y funciones asignadas al Copnia.

[...]

“ART. 5º—Competencia territorial. La competencia de los consejos seccionales del CONIA (sic), será la siguiente:

[...]

p. CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA – COPNIA –TOLIMA

Competencia territorial.

Departamento de Caquetá

Departamento Huila

Departamento Tolima...”.

El demandado accedió al proceso de elección de rector en condición de ingeniero agrícola y para efectos de acreditar la ausencia de antecedentes en la profesión, requisito al que se refiere la parte final del numeral 4º del artículo 28 del Acuerdo 75 de 1994, Estatutos de la Universidad, según el acta de la comisión verificadora, presentó “[c]ertificado del Consejo Profesional de Ingeniería Copnia Seccional Tolima...”(3),

El artículo 2º del Acuerdo 038 de 2009, que señaló los requisitos y condiciones para la inscripción de candidatos para el cargo de rector de la Universidad Surcolombiana, precisó:

“[L]a inscripción de los candidatos para la rectoría se llevará a cabo en las fechas y horas indicadas en el cronograma adoptado por el consejo superior universitario. 

Para la inscripción, cada candidato deberá presentar en original y copia, debidamente foliados, los siguientes documentos: 

[...] 

7. Certificado de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la profesión expedidos por la autoridad o entidad competente con fecha no superior a treinta días. Este documento no será exigido para las profesiones no sometidas a control disciplinario especial”.  

Siendo así, se tiene que el demandado acreditó, en debida forma, el requisito denominado, ausencia de sanciones en la profesión, por lo que el cargo de violación de los artículos 26, 29 y 69 de la Constitución, 2º de la Ley 153 de 1887, 26, 28, 62 y 64 de la Ley 30 de 1992, 26 [u] de la Ley 842 de 2003 y 1º de la Ley 1325 de 2009, 24 [8] del Acuerdo 75 de 1994, 8º del Acuerdo 31 de 2004 y 2º del Acuerdo 38 de 2009, no está llamado a prosperar.

3.2.2. La intervención en el proceso electoral de los docentes de hora cátedra que no se hallaban debidamente vinculados a la universidad.

En el escrito de corrección de la demanda el actor adujo, además, que el acto de elección era ilegal pues en el proceso de votación (consulta estamentaria) se permitió la participación de los docentes de hora cátedra a pesar de que no se hallaban debidamente vinculados a la universidad.

Tal acusación, que como se dijo implica la expedición irregular del acto en la medida que tenga la incidencia para alterar la decisión de la administración, implica además de la carga argumentativa, la demostración de que en el proceso participaron los citados docentes, que no podían hacerlo por razón de que su vinculación era precaria y, además, que sus votos permitieron la elección que se demanda.

Sin embargo, el actor se limitó a alegar que (i) según el artículo 50 [2] del Acuerdo 75 de 1994, Estatutos de la Universidad, tales docentes hacían parte de la comunidad universitaria, (ii) que conforme al artículo 4º [2] de Acuerdo 15 de 2004, podían participar en la elección de rector, (iii) que según el artículo 3º del Acuerdo 15 de 2009, la vinculación de los profesores de cátedra se haría por período académico mediante resolución rectoral y (iv) que en la medida en que en la elección participó el citado estamento y para la fecha del certamen electoral aún no se dictaba la resolución de vinculación, se presentó irregularidad que tornaba en ilegal el acto de elección.

Pero no probó que los docentes de cátedra hubieran participado en la elección, ni que éstos se hallaran indebidamente vinculados y menos, cuál fue la incidencia de su intervención en el resultado de la elección.

Es más, ni siquiera tomó en cuenta que el Acuerdo 15 de 2009, se hallaba suspendido para la fecha de la elección pues su aplicación fue pospuesta para el primer semestre de 2010, por el Acuerdo 37 de 2009 (fls. 86 y 87 cdno. 2) y hasta el 1º de enero 2011, por el Acuerdo 66 de 2009 (fls. 88 y 89).

En las condiciones examinadas el cargo no tiene vocación de prosperidad.

4. La conclusión.

El análisis precedente permite sostener que los cargos formulados contra la elección del ingeniero agrícola Eduardo Pastrana Bonilla como rector de la Universidad Surcolombiana, período 2010-2014, no tienen vocación de prosperidad y, las pretensiones de la demanda deben denegarse.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Niegánse las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriado el presente fallo archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Consejeros: Mauricio Torres Cuervo, Presidente—Susana Buitrago Valencia—María Nohemí Hernández Pinzón.

Virgilio Almanza Ocampo, Secretario.

1 El artículo 28 del Acuerdo 75 de 1994, Estatutos de la Universidad, modificado por el artículo 2 del Acuerdo 15 de 2004, establece los requisitos para ser rector de la Universidad Surcolombiana, así: 1. Ser ciudadano en ejercicio o extranjero residente en Colombia. En cualquier caso deben haber residido en el departamento del Huila por lo menos durante 5 años. 2. Poseer título profesional y de postgrado. 3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) años y administrativa no inferior a (3) años en cargos del nivel directivo o ejecutivo. 4. No haber sido condenado penalmente salvo por delitos políticos o culposos, ni sancionado fiscal o disciplinariamente, ni en el ejercicio de su profesión. 5. No estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley o en los estatutos de la Universidad Surcolombiana. 6. Presentación de la propuesta programática.

2 Constitución Política de Colombia, artículo 150 [7].

3 En la correspondiente acta se precisa que el certificado fue expedido por la seccional Cundinamarca, pero tal circunstancia se aclara en el Acta Extraordinaria 24 de 14 de diciembre de 2009, obrante en los folios 21 a 65 del cuaderno 2, en cuya página 9 se precisa: “[E]n lo concerniente al informe, los integrantes de la comisión verificadora precisan que por error involuntario, el texto, cuando se refiere al certificado del Consejo Profesional de Ingeniería COPNIA Seccional Cundinamarca (folio. 15), en realidad alude al certificado expedido por la Regional Tolima y no por la Seccional Cundinamarca...”.