Sentencia 2010-00008/19825 de junio 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 190012331000201000008-01

Nº Interno: 19825

Consejera Ponente [E]:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Asunto: Contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Fernando Yepes Gómez

Demandado: municipio de Puerto Tejada

Bogotá, D. C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Fallo

EXTRACTOS:

«PRIMERO. Que se declare la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el Acuerdo Municipal Nº 35 del día veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008) “Por medio del cual se expide el Nuevo Código de Rentas para el Municipio de Puerto Tejada - Cauca” expedido por el Concejo Municipal de Puerto Tejada, en cuanto a las frases resaltadas de los siguientes textos:

“LIBRO PRIMERO”

INGRESOS TRIBUTARIOS

CAPÍTULO I.

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

CAPÍTULO I

NORMAS SUSTANTIVAS

ARTÍCULO 14. NATURALEZA. Es un tributo anual de carácter municipal que grava la propiedad inmueble, tanto urbana como rural y que fusiona los impuestos predial, parques y arborización, estratificación socioeconómica y la sobre tasa de levantamiento catastral, como impuesto general unificado que cobrara el municipio sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o el auto evalúo (sic) señalado por cada propietaria o poseedor de inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción del municipio.

(…)

ARTÍCULO 15. HECHO GENERADOR. Lo constituye la propiedad, posesión o usufructuó (sic) de un bien inmueble urbano o rural, en cabeza de una persona natural o jurídica, incluidas las de derecho público, en el Municipio de Puerto Tejada.

El impuesto se causa a partir del primero (1º) de enero del respectivo período fiscal; su liquidación será anual y se pagará dentro de los plazos fijados por la Administración Municipal.

ARTÍCULO 16. SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica, (incluidas las entidades públicas) propietaria o poseedora del bien inmueble ubicado en la jurisdicción del Municipio de Puerto Tejada.

(…)

TÍTULO II

(…)

“CAPÍTULO III” 

IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTÍCULO 171. BASE LEGAL. Autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 814 de 1915. 

ARTÍCULO 172. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de Alumbrado Público lo constituye la propiedad o posesión de predios ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio de Puerto Tejada. 

ARTÍCULO 173. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Puerto Tejada es el ente administrativo a cuyo favor se establece el impuesto de Alumbrado Público. 

ARTÍCULO 174. SUJETO PASIVO. Lo conforman las personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras de predios en la jurisdicción del Municipio de Puerto Tejada. 

ARTÍCULO 175. CAUSACIÓN. La contribución para infraestructura vial se causa en el momento de la legalización del respectivo contrato y su pago se realizará en la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 176. BASE GRAVABLE. La tarifa establecida a través del presente acuerdo se aplicará teniendo en cuenta todos los valores facturados a los usuarios, según la estructura tarifaria definida para el servicio público domiciliario de Energía y Gas CERG, o la entidad que haga sus veces de conformidad con las normas vigentes. 

ARTÍCULO 177. TARIFA. El impuesto de Alumbrado Público se determinará según el estrato socio económico para el sector residencial y de acuerdo con el rango de consumo para los otros sectores, según la siguiente tabla: 

ESTRATOS RESIDENCIALES 

EstratoValor
Estrato 1 (bajo-bajo)$1.000
Estrato 2 (bajo) $2.150
Estrato 3 (medio-bajo)$2.500
Estrato 4 (medio)$5.000
Estrato 5 (medio alto)$9.337
Estrato 6 (alto)$9.500

COMERCIAL 

 Valor
Kioskeros$6.000
Consumo de 0-500 Kwh$10.527
Consumo de 501-1000 Kwh$12.146
Consumo de 1001 – 2000 Kwh$23.420
Consumo de 2001-3000 Kwh$35.287
Consumo de 3001 – 5000$132.629
Consumo de 5001-10000 Kwh$201.520
Mayores de 1000 Kwh11% Del consumo

INDUSTRIAL 

 Valor
Consumo de 0-500 Kwh$34.567
Consumo de 501-1000 Kwh$42.036
Consumo de 1001 – 2000 Kwh$47.500
Consumo de 2001-3000 Kwh$53.200
Consumo de 3001 – 5000$122.950
Consumo de 5001-10000 Kwh$261.978
Mayores de 1000 Kwh12% Del consumo

PARÁGRAFO 1. Estos valores se ajustarán de acuerdo a las directrices nacionales que dicte la CRAG. 

PARÁGRAFO 2. Para el consumo de energía eléctrica de los usuarios residenciales y no residenciales en el mes de diciembre de cada año, la tarifa se incrementará en 5% de su valor, con el propósito de atender el alumbrado público navideño. 

ARTÍCULO 178. COBRO Y RECAUDO A TRAVÉS DE OTRAS ENTIDADES. Para garantizar el recaudo oportuno y eficiente de lo debido por el servicio de alumbrado público, este podrá efectuarse conjuntamente con el cobro de los servicios de energía eléctrica o con otro servicio público, previo convenio con las entidades correspondientes. 

ARTÍCULO 179. INTERESES POR MORA EN EL PAGO. Los contribuyentes o responsables del impuesto de alumbrado público, que no cancelen oportunamente el impuesto a cargo deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago. 

Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora liquidarán con base en la tasa de intereses vigentes en el momento del respectivo pago. Esta tasa se aplicará por cada mes o fracción de mes calendario de retardo. 

La tasa de interés moratorio será la misma aplicable para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

ARTÍCULO 180. AGENTES RECAUDADORES Y RETENEDORES. Todas aquellas personas naturales o jurídicas que presten servicio de comercialización de Energía Eléctrica en el Municipio de Puerto Tejada, estarán obligadas a facturar y recaudar el impuesto de alumbrado público establecido por el Municipio, el valor recaudado y retenido deberá ser girado a la Administración, o quien esta señale, dentro de los plazos acordados. Estas personas tendrán el carácter de agentes retenedores y estarán sometidos a los procedimientos y sanciones establecidos en el Estatuto Tributario Municipal. 

ARTÍCULO 181. GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Los grandes consumidores de energía eléctrica, que no compren la misma a la empresa comercializador (sic) con que el Municipio suscriba el contrato de suministro para la prestación del servicio de Alumbrado Público, están obligados a rendir informe mensual al municipio con el fin de que se les facture el impuesto a que se refiere este acuerdo, para lo cual el suministrador de la energía facturará y cobrará el valor correspondiente al alumbrado público inclusive retroactivamente”. 

(…)

TÍTULO IV

(…)

CAPÍTULO IV

TASAS POR SERVICIOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

ARTÍCULO 233. AUTORIZACIÓN ESPECIAL.

Autorízase al alcalde municipal para que en un plazo no mayor a sesenta (60) días, a partir de la expedición del presente acuerdo, defina por medio de Decreto las tasas, importes, derechos y cánones de arrendamiento de los siguientes servicios, los cuales solo podrán establecerse a cargo del beneficiario o infractor y siguiendo las orientaciones establecidas en el artículo 219 de este código:

1. Publicaciones en la Gaceta Municipal.

2. Arrendamientos de locales y matrícula de espacios en la plaza de mercado.

3. Tarifas de aseo público y recolección de basuras.

4. Derechos de uso de espacios en la plaza de mercado.

5. Matadero público.

6. Arrendamiento de bienes inmuebles.

7. Alquileres de equipos y maquinarias.

8. Costos de paz y salvos

9. Constancias,declaraciones, permisos, certificaciones, formatos, formularios, fotocopias simples y autenticadas.

10. Conceptos de uso del suelo.

11. Multas.

ARTÍCULO 234. Determinación de costos.

Para efectos de determinar los costos sobre los cuales se impondrán los derechos por servicios, alquileres, arrendamientos, aprovechamientos y multas se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

1. (…)

4. Constancias, certificaciones y demás, lo que corresponda a la recuperación de los costos más un 25% como gastos administrativos.

SEGUNDO. Que se ordene cumplir la sentencia en el término indicado en el artículo 176 del Decreto 01 de 1984 con los efectos señalados en el artículo 177 de la misma obra.

TERCERO. Que se condene a la entidad demandada a pagar las costas causadas en el presente proceso.”

(…)

2. Consideraciones de la Sala

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.

En los términos del recurso, se decidirá si las expresiones “inmueble” y “poseedor” del artículo 14; “posesión o usufructuó” del artículo 15; “poseedora” del artículo 16; “Costos de Paz y Salvos”, “constancias” y “certificaciones” del artículo 233 y “lo que corresponda a la recuperación de los costos más un 25% como gastos administrativos” del numeral 4º del artículo 234 del Acuerdo 35 del 29 de diciembre de 2008, “Por medio del cual se expide el nuevo Código de Rentas para el municipio de Puerto Tejada - Cauca”, expedido por el Concejo Municipal de Puerto Tejada - Cauca, se ajustan a la ley.

Igualmente, se decidirá si son nulos los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177 del Acuerdo 35 de 2008, por falta de competencia del municipio de Puerto Tejada para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público en esa jurisdicción.

2.1. Nulidad parcial de los artículos 14, 15 y 16 del Acuerdo 35 de 2008.

El demandante alega que el impuesto predial recae sobre el “derecho” de propiedad y que el único sujeto pasivo del impuesto predial es el dueño o propietario. Por tanto, a su juicio, las expresiones demandadas, contenidas en los artículos 14, 15 y 16 del Acuerdo 35 de 2008, son nulas por gravar la propiedad inmueble, y no el derecho de propiedad, y al fijar como sujeto pasivo al poseedor y al usufructuario.

La Sala considera que las disposiciones acusadas no son nulas por las siguientes razones:

La norma que regula y autoriza la creación del impuesto predial unificado es la Ley 44 de 1990, “Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias”.

Según la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el impuesto predial unificado es un gravamen de tipo real que recae sobre el valor del inmueble sin consideración a la calidad del sujeto pasivo y sin tener en cuenta los gravámenes y deudas que el inmueble soporta(1).

A partir de una interpretación histórica de las normas que regulan el impuesto predial unificado, la Sala precisó que el tributo “no se creó para gravar la propiedad privada únicamente, sino que su finalidad ha sido, siempre, gravar la propiedad raíz, los bienes inmuebles, independientemente de la persona que ostente la calidad de propietario, poseedor, usufructuario o tenedor”(2).

Para llegar a esa conclusión, la Sala puso de presente que de los artículos 13 y 14 de la Ley 44 de 1990 se desprende que el hecho generador del impuesto predial unificado “está constituido por la propiedad o posesión que se ejerza sobre un bien inmueble, en cabeza de quien detente el título de propietario o poseedor de dicho bien, quienes, a su vez, tienen la obligación, según corresponda, de declarar y pagar el impuesto”(3).

En la providencia citada, la Sala advirtió que de las diferentes normas que han regulado el tributo se desprende que la intención del legislador ha sido gravar la propiedad raíz, independientemente de la naturaleza jurídica del sujeto que ejerce la propiedad, posesión, usufructo o tenencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala, las expresiones “inmueble” y “poseedor” del artículo 14; “posesión o usufructuó” del artículo 15 y, “poseedora” del artículo 16 del Acuerdo 035 de 2008, se ajustan a las normas invocadas como violadas, especialmente a la Ley 44 de 1990. Esto, porque, como se anotó, el impuesto predial es un gravamen real que se genera por la simple existencia del predio o propiedad raíz, cuyo sujeto pasivo puede ser el propietario, poseedor o usufructuario del inmueble, dada la relación de ese sujeto con el bien(4).

No prospera el cargo de apelación.

2.2. Nulidad de los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177 del Acuerdo 35 de 2008.

El demandante alegó que el municipio de Puerto Tejada no tenía facultad legal para establecer los elementos el impuesto de alumbrado público en su jurisdicción.

El artículo 1º de la Ley 97 de 1913, que creó el impuesto de alumbrado público, facultó al Concejo de Bogotá para fijar los elementos del impuesto y, por disposición de la Ley 84 de 1915, esa facultad se hizo extensiva a todos los municipios.

La Sala ha reiterado que los municipios sí pueden fijar los elementos del impuesto de alumbrado público y otros impuestos territoriales, pues, se reitera, la ley puede crear el tributo y fijar los elementos del impuesto sin vaciar la competencia del municipio, o puede autorizar la creación del tributo para que sea el municipio el que fije los elementos.(5)

Tomando como punto de partida lo anterior, la Sala considera que no se configuró la falta de competencia alegada, pues en ejercicio de la facultad legal referida, el municipio de Puerto Tejada sí podía fijar los elementos del impuesto de alumbrado público en su jurisdicción, como en efecto lo hizo en los artículos 171 a 177 del Acuerdo 35 de 2008 (base legal, el hecho generador, el sujeto activo, el sujeto pasivo, la causación, la base gravable y la tarifa).

En ese orden, el cargo de apelación no prospera.

2.3. Nulidad parcial de los artículos 233 y 234 del Acuerdo 35 de 2008.

Para resolver este cargo, la Sala reiterará lo dicho sobre el tema en la sentencia del 7 de abril de 2016(6).

El demandante alegó que los certificados y constancias han sido consagrados por el municipio de Puerto Tejada como tributos, bajo la denominación de tasa, y que el a quo desvió el punto de alegación, pues no se discute la facultad para regular la tarifa de una tasa, sino la imposibilidad de establecer el servicio de expedición de certificados o constancias como tributo, en el caso concreto, como tasa, sin fundamento legal.

Sin embargo, la Sala advierte que a pesar de que en la demanda se solicita la nulidad de las expresiones “costos de paz y salvos”, “constancias”, “certificaciones” del artículo 233 y “lo que corresponda a la recuperación de los costos más un 25% como gastos administrativos” contenida en el artículo 234 del Acuerdo 35 de 2008, en realidad, la inconformidad del apelante radica en que, a su juicio, el Concejo Municipal de Puerto Tejada, en el acto acusado, estableció el servicio de expedición de certificados, constancias y paz y salvos como una tasa, sin existir, presuntamente, ley que autorice su creación.

La Sala considera que el artículo 234 del acuerdo demandado es nulo, parcialmente, por las siguientes razones:

El artículo 320 de la Ley 4ª de 1913(7) estableció que todo individuo tiene derecho a que se le entreguen copias de los documentos que existan en las secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan carácter de reserva. Que el que solicite la copia deberá suministrar el papel que debe emplearse y pagar al amanuense, y que las copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la Oficina y sin dificultar los trabajos de esta. Dicha disposición fue reiterada por el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo(8), subrogado por la Ley 57 de 1985(9), en los artículos 17 y 24, que textualmente señalan:

“Artículo 17. La expedición de copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique.

El pago se hará a la tesorería de la entidad o en estampillas de timbre nacional que se anularán, conforme a la tarifa que adopte el funcionario encargado de autorizar la expedición.

En ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción”. (Resalta la Sala)

“Artículo 24. Las normas consignadas en los artículos anteriores serán aplicables a las solicitudes que formulen los particulares para que se les expidan certificaciones sobre documentos que reposen en las oficinas públicas o sobre hechos de que estas mismas tengan conocimiento”.

La Ley 57 de 1985 también autorizó el cobro de copias, certificaciones y constancias que expidan la Nación, los departamentos y los municipios(10) y dispuso que dicho cobro estuviera sujeto a la cantidad de copias solicitadas, según la tarifa que fije el funcionario competente, sin exceder, en todo caso, el costo de la reproducción.

Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-099 del 31 de enero de 2001(11), con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 17 de la Ley 57 de 1985, declaró exequible la norma acusada y para el efecto precisó:

“En síntesis, como el legislador en la Ley 57 de 1985, artículo 17, subrogó el artículo 24 del Decreto 01 de 1984, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 338 en concordancia con los artículos 150-12, 300-4 y 313-4 superiores pues el Congreso de la República ejerció una función propia de su ámbito constitucional al establecer una modalidad de tasa a favor de una entidad pública cuando autorizó el cobro de las copias, cuando la cantidad así lo justifique, tendientes a la recuperación de los costos de la producción de las publicaciones por parte de los organismos públicos; en virtud del derecho de petición de un ciudadano, todo lo cual, en criterio de esta corporación procura una finalidad protegida constitucionalmente, pues, la disposición cuestionada contiene un elemento de discrecionalidad que le otorga al servidor público que autoriza la expedición de las copias determinar si la cantidad solicitada justifica el cobro de las mismas, tarifa que además no podrá exceder el costo económico material de la reproducción, lo que torna justo, razonable y proporcional la disposición cuestionada, pues la norma acusada contiene un criterio equitativo, repárese que los gastos del Estado deben estar fundamentados en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad y equidad” (Subraya la Sala)

De esta forma, la Corte Constitucional señaló que la tasa por expedición de copias y certificados está ajustada a la Constitución y precisó que, conforme con la ley, los municipios están autorizados para determinar la tarifa correspondiente, siempre y cuando no exceda el costo de la reproducción(12).

Lo anterior, por cuanto las tasas o derechos deben ser fijadas por la ley, y sólo se puede transferir la competencia para que la autoridad territorial determine las tarifas correspondientes. Así, el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución Política señala: “La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas(13) y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

Sin embargo, como lo precisó la misma Corte: “… La ley no tiene por qué contener una descripción detallada de los elementos y procedimientos que deben tenerse en cuenta para establecer los costos y definir las tarifas. Tal exigencia haría inútil la delegación prevista en la Constitución, y crearía un marco rígido dentro del cual no podrían obrar las autoridades competentes. Autoridades que, por lo demás, están obligadas a ejercer sus atribuciones con sujeción a los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Y cuya buena fe se presume mientras no se demuestre lo contrario. No es necesario que las leyes usen las palabras “sistema” y “método”, como si se tratara de fórmulas sacramentales. Basta que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios que deben respetar las autoridades y las reglas generales a que están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes”(14).

El artículo 17 de la Ley 57 de 1985 fijó los criterios para determinar la tarifa de la tasa así: “En ningún caso el precio fijado podrá exceder el costo de la reproducción”, previsión que la Corte Constitucional encontró ajustada a la Constitución Política y que se encuentra acorde con lo señalado por la misma Corte al disponer(15): “La habilitación constitucional al legislador para otorgar a la autoridad administrativa la facultad de fijar una tarifa, no puede ser entendida como la autorización de entregarle a la administración una función discrecional. La única facultad que la ley puede delegar en la autoridad administrativa es la de ajustar el monto del tributo a los costos de un servicio o a los precios de un beneficio, según los criterios que el legislador defina. Incluso cuando el legislador ha fijado el monto máximo de la tarifa, la autoridad encargada de determinar su valor y, por lo tanto, de vincular a los particulares al pago de una suma determinada, debe encontrar en la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo, las directrices concretas –método y sistema– para fijar la tarifa de la tasa en un quantum relativo al costo del servicio que se presta o al precio del beneficio que se otorga”.

Como se ve, entonces, sí existe una ley que autoriza a las entidades territoriales para regular la tasa que les permita recuperar el costo por la reproducción de copias o por la expedición de constancias y certificaciones. En consecuencia, habida cuenta de que no se probó la causal de nulidad por falta de competencia del Concejo Municipal de Puerto Tejada para crear el tributo que le permite recuperar el costo por la expedición de copias y certificaciones, en principio, por falta de competencia, no hay lugar a la nulidad parcial del artículo 234 del Acuerdo 35 de 2008.

Sin embargo, la Sala observa que el numeral 4º del artículo 234 del Acuerdo 35 de 2008, al disponer como parámetro para el cobro de los costos: “4. Constancias, certificaciones y demás, lo que corresponda a la recuperación de los costos más un 25% como gastos administrativos”, excede la autorización del artículo 17 de la Ley 57 de 1985, según la cual: “[E]n ningún caso el precio fijado podrá exceder al costo de la reproducción” y desconoce que el producto de la tasa no debe tener un destino ajeno al servicio que contribuye al presupuesto de la obligación(16), razón por la cual habrá que declarar la nulidad de esta expresión.

Finalmente, frente al argumento según el cual el artículo 16 de la Ley 962 de 2005(17) prohíbe establecer tarifas por servicios o realización de funciones que la ley no contemple, la Sala precisa que, además de que esta norma no se aplica a los entes locales, la tasa correspondiente fue creada por la Ley 57 de 1985, cuya constitucionalidad fue reconocida por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-099 del 31 de enero de 2001.

Por lo anterior, se revocará el numeral primero de la sentencia apelada y, en su lugar, se anulará la expresión “más un 25% como gastos administrativos” contenida en el numeral 4º del artículo 234 del Acuerdo 35 de 2008, expedido por el Concejo Municipal de Puerto Tejada.

Se negarán las demás pretensiones de la demanda y se confirmará en lo demás la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 30 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el contencioso de nulidad iniciado por Fernando Yepes Gómez contra el municipio de Puerto Tejada. En su lugar:

PRIMERO: ANÚLASE la expresión “más un 25% como gastos administrativos” contenida en el numeral 4 del artículo 234 del Acuerdo 35 de 2008, expedido por el Concejo municipal de Puerto Tejada.

NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

1 Entre otras, se pueden consultar las siguientes sentencias de esta Sección: sentencia del 29 de marzo de 2007, Radicación 250002327000200101676 01(14738), C. P. Ligia López Díaz; sentencia del 4 de febrero de 2010, Radicación 250002327000200301655 02(16634). C. P. (E): Martha Teresa Briceño de Valencia.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 29 de mayo de 2014. Radicación 230012331000200900173 01(19561).

3 Ídem.

4 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 6 de marzo de 2014, Expediente 19218, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

5 Ver entre otras:
C. de E. Exp. 19649, 7 de abril de 2011, M. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
C. de E. Exp. 18394, 24 de octubre de 2013, M. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. S.V. Martha Teresa Briceño de Valencia.

6 Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Expediente 760012331000201000004-01 (20049).

7 Artículo 320. Todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos que existan en las Secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan carácter de reserva; que el que solicite la copia suministre el papel que debe emplearse pague el amanuense, y que las copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la oficina y sin embarazar los trabajos de esta.
Ningún empleado podrá dar copia de documentos que según la Constitución o la ley tengan carácter de reservados, ni copia de cualesquiera otros documentos, sin orden del jefe de la oficina de quien dependa.

8 Artículo 24. Costo de las copias. Para atender las peticiones de que trata este capítulo, los reglamentos internos a que se refiere el artículo 1º, de la Ley 58 de 1982 señalarán la tarifa que deba pagarse por las copias, pero las autoridades no podrán, en ningún caso, cobrar valores superiores al costo de tales copias.
El artículo 29 de la Ley 1437 de 2011 señaló lo siguiente: “Artículo 29. Reproducción de documentos. En ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas”.

9 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.

10 Artículo 27. Para los efectos de la presente ley, también son oficinas públicas las de las corporaciones de elección popular.

11 M.P. Fabio Morón Díaz.

12 Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 4 de abril de 2013, Exp. 18834, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

13 La Corte Constitucional en Sentencia C-545 de 1994 preciso: “Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva y potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que contribuye al presupuesto de la obligación”.

14 Sentencia C-482/96.

15 Sentencia C-577/95.

16 Sentencia C-454/94.

17 Artículo 16. Cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la Administración Pública Nacional podrá cobrar, por la realización de sus funciones, valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precio de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o mediante norma expedida por autoridad competente, que determine los recursos con los cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto.