Sentencia 2010-00009/43345 de septiembre 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2010-00009-01 (43345)

Consejera Ponente:

Dr. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Jacqueline Rodríguez León y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Proceso penal llevado a cabo en vigencia de la Ley 906 de 2004 / Régimen objetivo de responsabilidad / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – el sindicado no cometió el delito / REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN – Reiteración y aplicación de la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera / NACIÓN – Representación judicial / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN – rama judicial y Fiscalía General de la Nación / CONDENA – En contra de la Fiscalía General de la Nación con cargo al presupuesto de la rama judicial / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – Acatamiento

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia fechada el 2 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 27 de noviembre de 2009, los señores Diana Carolina Arellano Rodríguez, Jacqueline Rodríguez León, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Andrés Felipe, Germán Darío y Kenlly Jurley García Rodríguez, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra La Nación – Fiscalía General de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos irrogados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la cual habría sido víctima la primera de los aludidos actores dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Consecuencialmente se solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar las siguientes sumas de dinero:

En la modalidad de lucro cesante, se reclamó la suma de $ 100’000.000, cantidad de dinero que dejó de percibir la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez durante el tiempo en el cual estuvo privada injustamente de su libertad.

Asimismo, a título de perjuicios morales, se solicitó a favor de las señoras Jacqueline Rodríguez León y Diana Carolina Arellano Rodríguez, la suma de 200 SMLMV para cada una de ellas y a favor de Andrés Felipe, Germán Darío y Kenlly Jurley García Rodríguez, el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de ellos.

2. Los hechos.

Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que el 15 de septiembre de 2007, miembros de la Policía Nacional aprehendieron a la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez, por su supuesta responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

De acuerdo con lo referido en el libelo introductorio, el 16 de septiembre de 2007, el Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá legalizó la captura de la hoy demandante, le formuló imputación por los delitos en mención y le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

Finalmente, se señaló que en el juicio oral realizado el 10 de diciembre de 2007, el Juzgado 42 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá precluyó la investigación a favor de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez, toda vez que consideró que la sindicada no cometió el hecho punible por el cual se le investigó.

3. Trámite en primera instancia.

3.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 12 de febrero de 2010(1), el cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas(2) y al Ministerio Público(3).

3.2. Las entidades demandadas contestaron la demanda dentro de la oportunidad legal y manifestaron su oposición a las pretensiones.

La Nación – Fiscalía General de la Nación sostuvo que su actuación se surtió de conformidad con la Constitución Política y con las disposiciones sustanciales y procesales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, actuación respecto de la cual no es ajustado a derecho predicar ahora una falla del servicio, como tampoco un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Adujo que de conformidad con el artículo 250 de la Carta Política, a dicha entidad le correspondía investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores de la ley, atribuciones con fundamento en las cuales dio inicio a la respectiva investigación penal.

Expresó que el artículo 306 de la Ley 906 de 2004 establece que le corresponde al juez analizar los elementos probatorios y la evidencia física que presente la Fiscalía General de la Nación y con base en ello verificar si impone o no medida de aseguramiento en contra del procesado. En ese sentido, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Señaló que para solicitar tanto la medida de aseguramiento como la resolución de acusación no es necesario que obren en el proceso pruebas que conduzcan a la certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado, puesto que, a su juicio, ese grado de convicción solo es necesario para proferir sentencia condenatoria.

Precisó que si bien se precluyó la investigación a favor de la señora Diana Carolina Arellano, lo cierto es que esa decisión obedeció a que se allegaron nuevos elementos probatorios que desvirtuaron algunas de las pruebas recaudadas en la etapa de investigación, tan es así que la decisión se fundó en la aplicación del principio de in dubio pro reo, al constatarse la existencia de dudas insuperables que, por mandato legal, deben resolverse a favor del sindicado.

Adujo que el presente asunto no puede ser estudiado a la luz de un régimen objetivo de responsabilidad -artículo 414 del Decreto 2700 de 1991-, por cuanto en la sentencia del 10 de diciembre de 2007 no se concluyó que el hecho no existió, o que el sindicado no lo cometió o que la conducta no era constitutiva de hecho punible, sino que el fundamento de dicha providencia lo constituyó la duda insalvable que debió decidirse en favor de la aquí demandante.

Manifestó que en el sub examine se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de Kenlly Jurley García Rodríguez, toda vez que en el expediente no obraba elemento probatorio alguno que permitiera acreditar la calidad con la que aquella decía obrar dentro del presente asunto(4).

Por su parte, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional sostuvo que no le asiste responsabilidad patrimonial por la detención de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez, debido a que la captura de la aquí demandante se realizó bajo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Indicó que en el caso objeto de estudio no se presentó una falla del servicio, habida cuenta de que dicho ente policial no fue la entidad que impuso medida de aseguramiento en contra de la señora Arellano Rodríguez. En ese sentido, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva(5).

3.3. Concluido el período probatorio, mediante proveído del 16 de septiembre de 2011(6), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual intervinieron las partes para reiterar lo expuesto tanto en la demanda como en sus contestaciones(7).

La Fiscalía General de la Nación agregó que en el sub examine se configuró la excepción de culpa exclusiva de la víctima, toda vez que la ahora demandante no interpuso los recursos de ley en contra de la providencia a través de la cual se le impuso medida de aseguramiento.

Asimismo, expresó que el presente asunto se configuró el hecho de un tercero, habida cuenta de que fue la Policía Nacional la entidad que vinculó a la aquí demandante a la investigación penal en mención.

Sostuvo que para el reconocimiento de perjuicios no basta con la simple afirmación de haber padecido un daño y cuantificar el mismo, puesto que, a su juicio, es imprescindible que la parte demandante aporte los elementos probatorios necesarios para acreditar la existencia del daño(8).

Por otro lado, la parte demandante solicitó la suma de 500 SMLMV para cada uno de los actores, como consecuencia de la alteración grave a las condiciones de existencia que aquellos padecieron por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez(9).

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 2 de noviembre de 2011, negó las súplicas de la demanda.

Para arribar a la anterior decisión, el tribunal de primera instancia señaló que en el presente asunto no se configuró una responsabilidad patrimonial en cabeza de la Policía Nacional, dado que dicho ente policial actuó de conformidad con lo establecido en la ley, toda vez que un ciudadano informó a miembros de la referida entidad que unos sujetos que se desplazaban en una moto y en un carro de color blanco le habían hurtado en ese momento una suma de dinero.

Por otro lado, indicó que la Fiscalía General de la Nación tampoco era la entidad llamada a responder por la detención de la señora Arellano Rodríguez, debido a que el referido ente investigador se limitó a poner a disposición de la autoridad competente a la directamente afectada.

En ese sentido, precisó que la entidad llamada a responder por la privación injusta de la libertad que soportó la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez era la rama judicial y no la Fiscalía General de la Nación, dado que dicho ente judicial fue el que impuso medida de aseguramiento en contra de la demandante; sin embargo, el tribunal a quo no entró a analizar la posible responsabilidad que le podría asistir a la rama judicial, dado que la misma no fue demandada en el presente asunto(10).

5. El recurso de apelación.

Inconforme con lo resuelto por el tribunal a quo, la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación, al considerar que se encontraban acreditados los elementos estructurales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación.

Sostuvo que el tribunal de primera instancia desconoció que la Policía Nacional actuó de manera ilícita, habida cuenta de que dicha entidad no puede aprehender a un ciudadano porque exista un señalamiento en su contra.

Manifestó que en el sub examine sí se causó un daño antijurídico a los demandantes, toda vez que las personas que fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional —entre ellas la señora Diana Carolina Arellano— no habían cometido las conductas punibles a ellos endilgadas.

Señaló que el tribunal de primera instancia desconoció los derechos fundamentales de la directamente afectada, dado que no realizó pronunciamiento alguno acerca de que la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez al ser privada de su libertad “perdió su empleo, perdió su derecho a estudiar su carrera profesional, se enfermó física y psíquicamente”.

Indicó que la Fiscalía General de la Nación también está llamada a responder por la privación de la ahora demandante, toda vez que dicho ente investigador, después de transcurridos tres meses concluyó que la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez no era la responsable del ilícito.

Finalmente, solicitó la suma de 500 SMLMV para cada uno de los actores, como consecuencia de la alteración grave a las condiciones de existencia que aquellos padecieron por la privación injusta de la liberad de la que fue víctima la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez(11).

6. El trámite en segunda instancia.

El recurso presentado en los términos expuestos fue admitido por auto calendado el 23 de marzo de 2012(12). Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo(13), oportunidad procesal en la que solo intervino la entidad demandada —Fiscalía General de la Nación—, la cual reiteró lo expuesto a lo largo del proceso y agregó que, de conformidad con lo normado en la Ley 906 de 2004, la entidad llamada a responder por la detención de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez es la rama judicial, toda vez que fue el Juzgado con Funciones de Control de Garantías el que profirió la medida de aseguramiento en contra de la aquí demandante(14).

II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. la prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2. la competencia de la Sala; 3. el ejercicio oportuno de la acción; 4. la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996. Reiteración de Jurisprudencia 5. las pruebas recaudadas en el proceso; 6. caso concreto: responsabilidad de la Fiscalía por privación injusta de la libertad en el marco de los procesos penales regidos por la Ley 906 de 2004 (Sistema penal Acusatorio); 7. la representación judicial de la Nación. rama judicial y Fiscalía general representan a una misma y única persona jurídica: La Nación. Precedente jurisprudencial – acatamiento. Procedencia de la condena con cargo al presupuesto de la rama judicial, así dicho ente no haya sido demandado; 8. el estudio de las pretensiones indemnizatorias y 9. la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en relación con lo cual ha fijado una Jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso(15).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(16).

Una vez revisado el expediente, encuentra la Sala que la sentencia de preclusión del 10 de diciembre de 2007, proferida por el Juzgado 42 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, quedó en firme ese mismo día, por cuanto ninguna de las partes interpuso recurso de apelación(17).

En ese sentido, comoquiera que la demanda se interpuso el 27 de noviembre de 2009(18), se impone concluir que la acción se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

De manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se podrá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

Por manera que, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, lo cual puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva.

Todo lo anterior se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del Código Procedimiento Penal, y en la Ley 270 de 1996.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

En el proceso obran los siguientes documentos, en copia simple o auténtica:

5.1. En cuanto a las pruebas relacionadas con la legitimación en la causa de los demandantes.

— Registro civil de nacimiento de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez, con el cual se acredita que su madre es la señora Jacqueline Rodríguez León(19).

— Registros civiles de nacimiento de Germán Darío, Andrés Felipe y Kenlly Jurley García Rodríguez, en los cuales consta su parentesco en calidad de hermanos de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez(20).

5.2. En lo atinente a las pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez.

— Acta fechada el 16 de septiembre de 2007 de las audiencias de legalización de captura – ocurrida el día anterior– formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento ante el Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, en el proceso adelantado en contra de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones(21).

— Un disco compacto contentivo de la audiencia de juicio oral, en la cual se aceptó la solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso con radicado número 1100160000, adelantado en contra de la hoy demandante(22).

— Acta del fallo del 10 de diciembre de 2007, en virtud de la cual el Juzgado 42 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá precluyó la investigación a favor de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez(23).

— Boleta de libertad de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez fechada el 11 de diciembre de 2007(24).

5.3. Testimoniales.

Se recopilaron las declaraciones de los señores Pablo Andrés Molina, Ervvid Eduardo Gutiérrez y Yolanda Pardo Molares, quienes se refirieron a las circunstancias personales de la familia del ahora demandante, derivadas de su vinculación al referido proceso penal(25).

6. El caso concreto.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra acreditado que la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez fue capturada el 15 de septiembre de 2007; que fue vinculada a un proceso penal por su posible responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; que posteriormente resultó absuelta de responsabilidad penal mediante sentencia de preclusión y su libertad se produjo el 11 de diciembre de 2007. El siguiente es el texto del fallo dictado el 10 de diciembre de 2007 por el Juzgado 42 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá(26):

“(…) está plenamente demostrado que Oscar Gilberto Chavarro, José Noé Gutiérrez Perdomo y Diana Carolina Arellano Rodríguez, ese día se encontraban laborando al servicio de la empresa Protabaco (…) y que de ello dan fe varias personas, entre ellas Mauricio Lozano Monroy que es una persona que trabaja en la empresa (…) pero, además, las diferentes entrevistas que se realizaron a diferentes clientes y que corroboran que los antes mencionados en aquel día se encontraban en el lugar de los hechos laborando.

Lo anterior, lleva a la conclusión, que asumió la Fiscalía y es que en estas condiciones resulta muy difícil, por no decir que imposible, derruir la presunción de inocencia que recubre a estas tres personas, (…) hay prueba sólida en el sentido de que las tres personas aquí presentes no participaron en la conducta delictual.

Desde ese punto de vista, este Despacho, acepta la petición de la Fiscalía y precluye la investigación que se había adelantado en contra de Oscar Gilberto Chavarro, José Noé Gutiérrez Perdomo y Diana Carolina Arellano Rodríguez” (se destaca).

Como se observa del aparte transcrito de la providencia, el Juez de conocimiento precluyó la investigación a favor de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez, por considerar que no había prueba que involucrara su responsabilidad, esto es, que en el proceso penal no pudo demostrarse que la aquí demandante hubiere cometido los delitos por los cuales se le vinculó al proceso penal, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —la procesada no cometió el delito.

Pues bien, como lo ha puesto de presente esta subsección(27), con la expedición de la Ley 906/2004, el legislador al estatuir en nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio(28) distinguió de manera clara y precisa en cabeza de quién recaen las funciones de investigar y acusar —Fiscalía General de la Nación— y sobre quién radica la función de juzgar —rama judicial.

En ese sentido, esta subsección ha considerado:

“Ahora bien, en relación con la responsabilidad que le cabe a las entidades demandadas debe decirse que en este caso únicamente se realizará en cabeza de la rama judicial. Lo anterior, toda vez que la causa determinante de la restricción de la libertad padecida por el aquí demandante consistió en la medida de aseguramiento adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal en Función de Control de Garantías de La Tebaida; circunstancia que, por sí sola, no permite atribuirle responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto, de conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal vigente(29) (L. 906/2004), es el juez, quien luego de ‘escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa’, valora los motivos que sustentan o no la medida de aseguramiento y determina la viabilidad de su imposición.

En efecto, tal y como lo ha puesto de presente esta Subsección(30), con la expedición de la Ley 906 de 2004, el legislador al estatuir en nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio(31) distinguió de manera clara y precisa en cabeza de quién recaen las funciones de investigar y acusar —Fiscalía General de la Nación— y sobre quién radica la función de juzgar—rama judicial.

Así las cosas, a la luz de las disposiciones consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada única y exclusivamente en cabeza de la rama judicial, razón por la cual, los únicos que pueden tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces, ya sean de conocimiento o en función de control de garantías, tal y como en efecto sucedió”(32).

Dado que la causa determinante de la restricción de la libertad que padeció la hoy demandante consistió en la medida de aseguramiento que adoptó un Juez de la República, se impone concluir que el daño antijurídico a ella causado lo produjo la rama judicial, ente que, aunque no fue demandado en este asunto, permite dictar fallo de fondo en contra de la Nación, representada por la Fiscalía General, pero con cargo al presupuesto de la rama judicial, tal como lo ha considerado la jurisprudencia consolidada y unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

7. Representación judicial de la Nación.

Ha sido postura consolidada e incluso unificada, aquella según la cual la Nación puede ser representada tanto por la rama judicial, como por la Fiscalía General y que, en tal sentido, ante la no comparecencia al proceso de alguno de dichos entes en casos como el que aquí se analiza, no comporta una falta de legitimación en la causa, ni tampoco una indebida representación de la parte demandada, cuando esta sea la Nación.

En ese sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en decisión unificadora de su jurisprudencia, ha concluido que:

“(…) no se plantea un problema de falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la persona jurídica demandada en el proceso es la Nación, y es ésta, a la que se le imputa el daño, distinto es que, en el proceso, haya estado representada por una autoridad diferente a la que establece el artículo 49 ibídem.

(…)

En conclusión, de los extractos jurisprudenciales reseñados, aparece clara la existencia de un precedente jurisprudencial aplicable al caso, toda vez que las consideraciones jurídicas expuestas tienen origen en situaciones fácticas esencialmente iguales a las del sub judice, por tanto, se dará aplicación al precedente y, por ende, se revocará la decisión suplicada para, en su lugar, rechazar la nulidad planteada por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación.

(…)

Estas son las razones que llevarán a la Sala, no sólo a no declarar la nulidad del proceso sub examine, sino a hacer extensivas las mismas razones y, por tanto, las mismas disposiciones en todos los procesos con igual supuesto de hecho, es decir, aquellos en los que se haya demandado a la Nación-rama judicial-Fiscalía General, y aquélla hubiera sido representada judicialmente por el director ejecutivo de la administración judicial, incluso en las demandas que hayan sido presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998. En efecto, se hará uso de la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, para salvaguardar los valores fundamentales de justicia e igualdad, consagrados en la Constitución Política, pero con un fundamento aún superior, toda vez que son valores intrínsecos al concepto de humanidad y sociedad.

(…)

En consecuencia, apelando a la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia, adoptada por esta Corporación, y en aras de respetar el derecho al acceso a la administración de justicia y la seguridad jurídica, se unificará la jurisprudencia en lo que se refiere a los procesos iniciados después de la ley 446 de 1998, en los que la Nación-Fiscalía General haya sido representada por el Director Ejecutivo de la Administración Judicial, para que se les apliquen las razones expuestas en esta providencia, de tal forma, que no pueda alegarse, al menos con éxito, la nulidad por indebida representación de la demandada”(33) (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

Aunque la postura que se ha dejado expuesta no es compartida por la Magistrada Ponente de esta decisión —para cuyo efecto se suscribirá de manera separada a este fallo la correspondiente aclaración de voto respecto de su misma ponencia—, lo cierto es que esa tesis será mantenida dentro del presente proveído, en aras de preservar y acatar la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuestión que permite entonces concluir —con fundamento en dicho precedente— que en este caso la Nación estuvo debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y que, por tanto, hay lugar a dirimir la controversia aquí planteada, con la anotación de que las condenas que se profieran en la parte resolutiva deberán ser asumidas por dicha entidad, pero con cargo al presupuesto de la rama judicial.

Respecto de la responsabilidad de la Policía Nacional, se tiene que el Decreto 2203 de 1993(34) estableció, entre otras funciones de dicho ente, prestar a las autoridades judiciales los auxilios técnicos con el objetivo de prevenir la comisión de hechos punibles, así como la de remitir a las autoridades competentes, los resultados de las investigaciones adelantadas, cuando sea necesario.

De la sentencia del 10 de diciembre de 2007, a través de la cual se precluyó la investigación a favor de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez se puede evidenciar que aquella fue aprehendida el 15 de septiembre de 2007 por agentes de la Policía Nacional, dado que un ciudadano les informó que tres sujetos que se movilizaban en una moto y en un carro de color blanco —vehículo en el que se desplazaba la señora Arellano Rodríguez— le habían hurtado una suma de dinero.

Así pues, una vez recibida la denuncia por parte de la víctima del hurto, agentes del Estado procedieron a buscar a los referidos ciudadanos, los cuales fueron encontrados a pocas cuadras del lugar de ocurrencia de los hechos.

El denunciante señaló que los sujetos que se movilizaban en el automotor, entre ellos la hoy demandante, eran los que le habían hurtado su dinero y cuando los uniformados los requisaron encontraron que aquellos portaban un arma de fuego y una suma de dinero, razón por la cual se concluye que el ente policial tenía méritos suficientes para aprehender a la ahora demandante.

De acuerdo con lo anterior, la Sala precisa que si bien la actuación de la Policía Nacional fue la que abrió paso a la investigación penal en contra de la señora Arellano Rodríguez, lo cierto es que la entidad que adoptó la decisión por medio de la cual se le causó un daño antijurídico fue la rama judicial, debido a que dicha entidad legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento en contra de la directamente afectada.

Pero, además, la subsección no encuentra irregularidad en el procedimiento que el ente Policial adelantó, pues la captura de la señora Diana Carolina se realizó porque un ciudadano señaló que las personas que se movilizaban en un carro y en una moto de color blanca eran los responsables del hurto del cual había sido víctima en ese momento.

En ese sentido, la Sala estima que la Policía Nacional no actuó de manera irregular o indebida de la cual pueda predicarse una responsabilidad respecto de ella a título de falla en el servicio, dado que la legalización de la captura de la hoy demandante se realizó dentro del término establecido por el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de ocurrencia de los hechos(35).

Por consiguiente, se denegarán las pretensiones de la demanda respecto de la Policía Nacional.

De ese modo y comoquiera que en este caso la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez padeció una privación injusta de la libertad, toda vez que fue privada de su derecho fundamental a la libertad desde el 15 de septiembre de 2007 hasta el 11 de diciembre de ese mismo año, como consecuencia de unos delitos que le fueron imputados pero que finalmente se estableció que no los cometió, se procederá a analizar las pretensiones indemnizatorias solicitadas en la demanda, amén de que en este proceso no se acreditó una causal eximente de responsabilidad.

En relación con este último aspecto, la Subsección estima pertinente aclarar que la aquí demandante fue detenida porque transitaba en un vehículo automotor por un sector en el que momentos antes se produjo un hurto de dinero a un tercero, quien al dar aviso a las autoridades policiales, estas emprendieron la búsqueda y detuvieron el vehículo porque coincidía con la descripción que había suministrado el denunciante, pero luego se pudo esclarecer, en el proceso penal, que en realidad la señora Arellano Rodríguez no tuvo relación alguna con los delitos de los cuales se les sindicó, amén de señalar que el arma de fuego incautada no estaba contenida en el vehículo, sino que le fue hallada a otra persona que se desplazaba en una motocicleta(36).

8. Indemnización de perjuicios.

8.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Jacqueline Rodríguez León, Andrés Felipe, Germán Darío y Kenlly Jurley García Rodríguez, la Sala encuentra acreditado su parentesco con la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez, por tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de que fue víctima su hija y su hermana, respectivamente.

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad de la cual fue víctima la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a su madre y a sus hermanos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesaba su ser querido.

En los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa, según la cual:

“Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 SMMLV; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMMLV; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMMLV, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMMLV, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMMLV, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 SMMLV, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 SMMLV, todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados”(37) (negrillas y subrayas de la Sala).

En ese sentido, teniendo en cuenta que la ahora demandante estuvo privada injustamente de su libertad por 2 meses y 25 días, se les reconocerá a los actores, por concepto de perjuicios morales, los siguientes montos:

Diana Carolina Arellano Rodríguez (Víctima directa del daño)35 SMLMV
Jacqueline Rodríguez León (Mamá)35 SMLMV
Andrés Felipe García Rodríguez (Hermano)17.5 SMLMV
Germán Darío García Rodríguez (Hermano)17.5 SMLMV
Kenlly Jurley García Rodríguez (Hermana)17.5 SMLMV

8.2. Perjuicios materiales.

Se solicitó lo siguiente:

“Por concepto de perjuicios materiales, por la pérdida de la renta mensual, que dejó de recibir por [el] tiempo que estuvo detenida, y durante el tiempo que duró sin conseguir empleo y la pérdida del cupo en la universidad y el valor pagado por el ingreso a la universidad; según los ingresos mensuales que obtenía como enfermera geriátrica independiente (…)”.

La anterior petición comprende un daño emergente, derivado de lo que habría pagado la actora por ingresar a una universidad y un lucro cesante, consistente en lo que dejó de percibir en contraprestación a la ocupación que ejercía.

En relación con el primer rubro, la Sala encuentra la orden de pago Nº 2173-8 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, por valor de $ 575.000, a nombre de la aquí demandante, por los conceptos de matrícula, carnet, exámenes de laboratorio y seguro estudiantil para el programa trabajo social diurno, para el segundo período del año 2007(38).

La referida orden de pago fue cancelada el 4 de julio de 2007, tal como consta en el recibo de pago por valor de $ 575.000, en el cual consta el sello de recibido por el banco Santander(39).

De otro lado, los testimonios de los señores Pablo Andrés Molina, Ervvid Eduardo Gutiérrez y Yolanda Pardo Morales, quienes conocían a la demandante de tiempo atrás, dan cuenta que ella acudió a la universidad pero debió retirarse como consecuencia del proceso penal al que fue vinculada.

Con base en las anteriores pruebas, la Sala estima procedente el reconocimiento del daño emergente solicitado en la demanda, a causa de la pérdida del dinero que la hoy demandante invirtió por concepto de matrícula en un establecimiento de educación superior, pues se probó que ella se matriculó en el Colegio Mayor de Cundinamarca para el segundo semestre del año 2007, ingresó a dicho establecimiento educativo, pero ante la privación de la libertad que sufrió en el mes de septiembre de ese año, se impone concluir, sin mayor hesitación, que la inversión educativa hecha por Diana Carolina Arellano Rodríguez se perdió.

Por consiguiente, se reconocerá, a título de daño emergente, la suma de $ 830.132(40).

En cuanto al lucro cesante, la Sala encuentra probado que la demandante se graduó como auxiliar de enfermería, según el acta individual de graduación de 20 de julio de 2003(41).

En el expediente también obra una certificación, según la cual la señora Arellano Rodríguez prestó a la señora Epigmenia de Pinto sus servicios de enfermería desde el 1 de agosto de 2007, hasta el 13 de los mismos mes y años, por lo cual reportaba una utilidad económica por los turnos prestados.

Las anteriores pruebas permiten establecer que la aquí demandante tenía un título técnico y lo ejercía como actividad productiva, sin que pueda acogerse, para efectos de liquidación del lucro cesante, el monto señalado en la certificación antes descrita, por cuanto allí se consignó que la labor prestada terminó antes de que la demandante fuese privada de su libertad.

En ese sentido, se dará aplicación a la jurisprudencia de esta corporación, en cuya virtud se presume que el ejercicio de una actividad económica le reportó a la demandante Arellano Rodríguez, al menos, un salario mínimo mensual legal vigente.

En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 15 de septiembre de 2007 hasta el 11 de diciembre de 2007, es decir, durante 2 meses y 25 días, lapso en el cual la actora estuvo privada de su libertad, sin que haya lugar al reconocimiento del tiempo adicional de 8.75 meses que estadísticamente se ha considerado que una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo, luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una nueva actividad laboral(42), dado que la señora Arellano Rodríguez ejercía su actividad de manera independiente, tal como se afirmó en la demanda.

En estos términos, la Sala procederá a calcular el monto de la indemnización:

Período a indemnizar: 2.83 meses.

Se tomará como ingreso base de liquidación el salario mínimo legal vigente ($ 689.455), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de $ 861.818.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado.

S = Ra (1+ i)n – 1

_________

I

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = $ 861.818.

i= Interés puro o técnico: 0,004867. n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 2.83.

Reemplazando tenemos:

S = $ 861.818 (1+ 0,004867)2.83 – 1

_________________

0,004867

S = $ 2’449.821.

Indemnización a favor de la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez = $ 2’449.821.

9. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia de 2 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar, se dispone:

“1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación por la privación injusta de la libertad que sufrió la señora Diana Carolina Arellano Rodríguez.

2. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General, con cargo al presupuesto de la rama judicial, a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes cantidades:

Diana Carolina Arellano Rodríguez (Víctima directa del daño)35 SMLMV
Jacqueline Rodríguez León (Mamá)35 SMLMV
Andrés Felipe García Rodríguez (Hermano)17.5 SMLMV
Germán Darío García Rodríguez (Hermano)17.5 SMLMV
Kenlly Jurley García Rodríguez (Hermana)17.5 SMLMV

3. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General, con cargo al presupuesto de la rama judicial, a pagar Diana Carolina Arellano Rodríguez, la suma de $ 830.132, por concepto de daño emergente.

4. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General, con cargo al presupuesto de la rama judicial, a pagar Diana Carolina Arellano Rodríguez, la suma de $ 2’449.821, a título de lucro cesante.

(sic) 4. Sin condena en costas.

5. CUMPLIR lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de (sic)”

2. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fl. 17 del cdno. 1.

2 Fls. 19 - 20 del cdno. 1.

3 Fl. 17 vuelto del cdno. 1.

4 Fls. 21 - 31 del cdno. 1.

5 Fls. 47 - 51 del cdno. 1.

6 Fl. 78 del cdno. 1.

7 Fls. 108 - 114 del cdno. 1.

8 Fls. 87 - 96 del cdno. 1.

9 Fls. 79 - 86 del cdno. 1.

10 Fls. 116 - 126 del cuaderno de primera instancia.

11 Fls. 146 - 149 del cdno ppal.

12 Fls. 173 - 176 del cdno. ppal.

13 Fl. 152 del cdno. ppal.

14 Fls. 153 - 160 del cdno. ppal.

15 Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-0002008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, Magistrada Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 21.801, Magistrado Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente 37.410, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

17 Una vez tomada la decisión y al ser notificada por estrados, se dio la oportunidad a los sujetos procesales para que interpusieran los recursos correspondientes, empero, comoquiera que ninguno de ellos los interpuso, en la misma audiencia se declaró en firme la referida decisión —fl. 19 vuelto del cdno. 1—.

18 Fl. 9 del cdno. 1.

19 Fl. 4 del cdno. 2.

20 Fls. 10 - 11 del cdno. 2 y fl. 70 del cdno. 1.

21 Fls. 15 y 16 del cuaderno de pruebas.

22 Fl. 21 del cdno. 1.

23 Fls. 15 - 16 del cdno. 2.

24 Fl. 14 del cdno. 2.

25 Fls. 35 - 39 del cdno. 2.

26 Fl. 1 del cdno. 1. CD.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 16 de abril de 2016, expediente 40.217. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

28 De conformidad con la Sentencia C-591 del 9 de jun/2005 de la Corte Constitucional. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández, se tiene que “(…) En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional, de este nuevo sistema procesal penal (L. 906/2004), perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de esta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio (…)” (Se destaca).

29 Original de la cita: “Artículo 306.—El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente”.
Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.
La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.
En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición’ (Se destaca)”.

30 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 16 de abril de 2016, Exp. 40217. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera”.

31 Original de la cita: “De conformidad con la Sentencia C-591 del 9 de junio de 2005 de la Corte Constitucional. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se tiene que ‘(…) En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional, de este nuevo sistema procesal penal (Ley 906 de 2004), perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio (…)’ (Se destaca)”.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, fallo de 14 de julio de 2016, Exp. 42.555.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 25 de septiembre de 2013, Exp. 20.420(A). M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

34 “Artículo 2º—Funciones. La Policía Nacional cumplirá las siguientes funciones generales:
1. Proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
2. Prestar el auxilio que requiera la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas.
3. Ejercer, de manera permanente, las funciones de Policía Judicial, respecto de los delitos y contravenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley.
(…).
5. Prevenir la comisión de hechos punibles, utilizando los medios autorizados por la ley, con el fin de asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
(…).
8. Establecer, mantener y fortalecer las condiciones necesarias, para que el servicio de policía sea oportuno y efectivo en las ciudades y en los campos, utilizando los medios adecuados para el mantenimiento del orden público interno en todo el territorio nacional.
(…).
10. Colaborar y coordinar con las autoridades judiciales y penitenciarias, lo relacionado con el cumplimiento de penas y medidas de seguridad, de conformidad con las normas que regulan la materia”.
Articulo 30.—Subdirección de policía judicial e investigación. Son funciones de la subdirección de Policía Judicial e Investigación:
(…).
2. Proponer a la Dirección General la política y procedimientos en las áreas de Policía Judicial, Inteligencia, Criminalística y Criminología.
3. Coordinar la función de Policía Judicial en su relación funcional con la Fiscalía General de la Nación”.

35 “Artículo 2º. (…).
(…).
En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes”.

36 Fls. 22 a 25 cdno 2.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149, M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

38 Fl. 5 cdno 1.

39 Fl. 3 cdno. 1.

40 40 $575.000 x IPC final (132.85-agosto/16)
_______________________
IPC inicial (92.02-julio/07)

41 Fl. 6 cdno. 1.

42 Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168; M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.