Sentencia 2010-00011 de julio 3 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-27-000-2010-00011-00(18231)

Consejero Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez (E)

Actor: Medardo Antonio Zuluaga Ramírez

Demandado: Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales - DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., tres de julio dos mil trece.

EXTRACTOS: «V) Consideraciones de la Sala

Previo a decidir sobre el asunto de fondo, se advierte que en el sub examine debe estudiarse de oficio la excepción de inepta demanda, debido a que, según lo preceptuado en el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo(3), y en cuanto hace a las excepciones, el juez contencioso administrativo tiene plena competencia para decidirlas cuando encuentre que los hechos, en que se fundan las mismas, están probados.

Para resolver la excepción, es necesario precisar que de conformidad con los artículos 50 y 135 del Código Contencioso Administrativo, son actos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aquellos que exteriorizan la manifestación de voluntad unilateral de la administración para crear, modificar o extinguir una situación jurídica, decidiendo directa o indirectamente las actuaciones administrativas.

En ese sentido, sólo los actos definitivos que por sí mismos generan efectos jurídicos, son pasibles de control de legalidad, junto con las decisiones que los modifican o confirman, las cuales conforman la voluntad administrativa respecto de un asunto particular.

En el sub examine, la Sala observa que el actor solicitó la nulidad de la “resolución derecho de petición que niega una restitución de términos Nº 900011 del 2 de octubre de 2008”, y de la “resolución que resuelve recurso de reconsideración Nº 900006 del 13 de julio de 2009”(4).

Consta en los antecedentes administrativos, que esos actos se profirieron con ocasión del derecho de petición presentado por el señor Medardo Antonio Zuluaga Ramírez, en el que solicitó la restitución de términos de la notificación del Emplazamiento para Declarar Nº 110632006001447 del 8 de septiembre de 2006(5).

De acuerdo con los antecedentes referidos, la Sala observa que los actos acusados tenían como fin informarle al contribuyente que no era procedente restituir los términos de notificación del emplazamiento para declarar. Estos actos no constituyen una decisión administrativa definitiva, pues se limitan analizar un aspecto procedimental que se presentó durante el proceso de aforo de un tributo.

Por consiguiente, las resoluciones demandadas constituyen actos de trámite que, como tales, no impiden que la actuación continúe, ni le ponen término a la misma, pues el procedimiento de aforo finaliza con la resolución que resuelve los recursos de reconsideración que se interpongan contra la liquidación de aforo y la resolución sanción por no declarar.

Los artículos 715 a 719 del estatuto tributario disponen que el proceso de aforo se inicia con el denominado emplazamiento para declarar, acto mediante el cual la administración invita a los que previamente hayan comprobado que están obligados, para que cumplan ese deber dentro del término de un (1) mes y les advierte de las consecuencias en caso de persistir en la omisión. El efecto de no presentar la declaración respectiva dentro del término que otorga el emplazamiento, es la imposición de la sanción por no declarar prevista en el artículo 643 ibídem. Agotado el procedimiento previsto en los citados artículos 643, 715 y 716 del estatuto tributario, la administración, dentro de los cinco años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, puede determinar, mediante liquidación oficial de aforo, la obligación tributaria de quien no haya declarado, según lo dispuesto en el artículo 717 ibídem.

En suma, el procedimiento de aforo comprende 3 etapas, a saber: (i) el emplazamiento por no declarar, (ii) la sanción por no declarar y (iii) la liquidación de aforo.

En ese procedimiento, los actos administrativos definitivos lo constituyen la resolución sanción por no declarar, la liquidación de aforo, y los actos que resuelvan los recursos que se interpongan contra las mismas, pues en estos se concreta la manifestación de la voluntad de la administración respecto de la obligación tributaria que recae sobre el contribuyente. Es decir, incorporan un pronunciamiento sobre la existencia de la obligación, el obligado, la cuantía del tributo, y los demás que surjan en el trámite de ese proceso.

Por las razones expuestas, lo procedente era que el actor hubiere impetrado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación de aforo o la resolución sanción por no declarar y sus confirmatorias, máxime cuando lo que solicita a título de restablecimiento del derecho es “no quedarle debiendo suma alguna a la Dirección Seccional de Impuestos Nacionales de Medellín, por concepto de la Resolución Sanción por no Declarar Nº 110642007000187 del 10 de abril de 2007, correspondiente al año gravable 2003, impuesto de renta”(6).

En efecto, no sería posible el restablecimiento del derecho pretendido por el actor, pues como los actos administrativos demandados tuvieron como fin el rechazo de la solicitud de restitución de términos de notificación, el que se generaría por la declaratoria de nulidad de estos actos, no es que el accionante no tenga la obligación de pagar suma alguna por concepto de la sanción por no declarar, sino, el otorgamiento de un nuevo término de notificación del emplazamiento para declarar.

Así mismo, resulta inocuo el efecto del pronunciamiento sobre la legalidad o no de la decisión sobre la restitución de términos porque de declarase la nulidad no podría ordenarse la notificación del emplazamiento para declarar porque el procedimiento de aforo ya finalizó el trámite dispuesto en el estatuto tributario, como lo sostiene el contribuyente(7).

Además, la posible indebida notificación del emplazamiento para declarar, es un cargo propio del análisis de legalidad del acto definitivo, para este caso la sanción por no declarar.

Se advierte a la administración que, en lo sucesivo, tenga en cuenta que actos como los que son objeto de esta demanda, son actos de trámite no susceptibles de impugnación.

Así las cosas, debido a que los actos administrativos demandados no plasman una decisión administrativa de carácter definitiva, constituyen un acto de trámite sobre el cual no se puede ejercer control de legalidad. Por consiguiente, debe declararse probada de oficio la excepción de inepta demanda.

Advierte la Sala que existe quórum decisorio para dictar esta sentencia, en consecuencia, el conjuez designado para este proceso queda desplazado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE probada de oficio la excepción de inepta demanda, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia, en consecuencia:

DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para hacer un pronunciamiento de fondo.

RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada al Dr. Yumer Yoel Aguilar Vargas, de acuerdo con el poder que obra a folio 338 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(3) ART. 164.—Excepciones de fondo. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “reformatio in pejus”.

(4) Acápite de las pretensiones de la demanda. Folios 3-4 c. p.

(5) Folios 18-43 c. p.

(6) Folio 4 c. p.

(7) En el acápite de los “antecedentes que dieron origen a la presente demanda” el apoderado de la parte demandante afirmó: “(…) 1. La en ese entonces Administración Local de Impuestos Nacionales de Medellín, por medio de la dependencia de liquidación, profirió la resolución sanción por no declarar Nº 110642007000187 del 10 de abril de 2007, a nombre de mi poderdante. (…) 4. Mi poderdante tuvo conocimiento de dicho acto administrativo mediante cobro telefónico efectuado en mayo de 2008 por parte de la división de cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín (Ant.).