Sentencia 2010-00011 de septiembre 10 De 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 250002327000201000011 01 (19020)

Consejera Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Compañía colombiana de cerámicas S.A.

Demandada: UAE DIAN

Decisión: Revoca sentencia apelada

Asunto: Aplicación Ley 1175 de 2007 – Liquidación intereses moratorios

Bogotá, D. C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII) Consideraciones de la sala

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 13 de julio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que denegó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra el Oficio 00 31 161 0111 del 18 de marzo de 2009 y, las resoluciones 311-009 del 1º de junio de 2009 y 6126-002 del 12 de agosto de 2009, por medio de las cuales se negó la actualización de la cuenta corriente de la Compañía Colombiana de Cerámica S.A. y, se efectuó la liquidación y aplicación de los saldos a pagar por concepto de impuestos, intereses y sanciones.

1. Cuestión previa. Procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos demandados.

1.1. Los referidos actos son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, porque constituyen la manifestación de voluntad de la administración de i) negar la aplicación del beneficio de reducción de intereses consagrado en la Ley 1175 de 2007, ii) liquidar intereses a cargo de la sociedad y, iii) la imputación del pago realizado en la declaración de corrección del impuesto de renta del año gravable 2005.

1.2. Como se aprecia en los actos demandados, la liquidación de intereses realizada por la administración, como consecuencia de la no aplicación del beneficio establecido en la Ley 1175 de 2007, generó que se establecieran mayores valores a los pagados por el contribuyente, que de acuerdo con las obligaciones tributarias vigentes fueron aplicados a impuestos e intereses.

1.3. Esta determinación constituye una decisión diferente a la simple ejecución de la obligación tributaria, porque modifica la obligación sustancial establecida por el contribuyente en su declaración de corrección, y expone las razones de fondo que justifican el origen de la deuda tanto por concepto de impuestos como de intereses.

1.4. Por consiguiente, frente a estos actos procede la vía gubernativa y, son susceptibles de control jurisdiccional, pues de esa manera se le otorga al contribuyente la oportunidad de discutir la procedencia de esa liquidación antes de que se ejecute su cobro.

De esta forma, las controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, como la Ley 1175 de 2007, que tienen impacto en el cumplimiento de la obligación tributaria sustancial, como en este caso, la liquidación y pago de los intereses moratorios generados sobre el mayor impuesto determinado por el contribuyente en la declaración de corrección, son susceptibles de control jurisdiccional.

1.5. En consecuencia, el Oficio 00 31 161 0111 del 18 de marzo de 2009 y, las Resoluciones 311-009 del 1º de junio de 2009 y 6126-002 del 12 de agosto de 2009 constituyen un acto definitivo ejecutoriado en tanto resuelven la situación jurídica del contribuyente respecto de la liquidación de intereses realizada al amparo de la Ley 1175 de 2007.

2. Problema jurídico.

2.1. En el sub examine la discusión se centra en analizar:

i) Si la administración vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la sociedad por haberle dado trámite de un recurso de reposición y apelación, en vez del recurso de reconsideración que fue el interpuesto contra el Oficio 00 31 161 0111 del 18 de marzo de 2009.

ii) Si la sociedad podía reducir al 30 % los intereses generados por el pago realizado en la declaración de corrección del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2005, en aplicación de las condiciones especiales establecidas en la Ley 1175 de 2007.

3. Vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa.

3.1. Según la sociedad, la administración le vulneró el debido proceso y el derecho de defensa por haberle dado trámite de recurso de reposición y apelación, al recurso de reconsideración interpuesto por Colcerámica S.A., a pesar de que el artículo 720 del Estatuto Tributario dispone un procedimiento de discusión especial para los actos de la administración tributaria.

3.2. El artículo 720 del Estatuto Tributario señala:

“ART. 720—Recursos contra los actos de la administración tributaria. Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley 6 de 1992. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la unidad administrativa Especial Dirección General de Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración”.

3.3. De conformidad con la norma transcrita, el recurso de reconsideración procede contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones, u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos que se produzcan en relación con los impuestos.

3.4. Como se explicó anteriormente, los actos demandados tienen por objeto negar la aplicación del beneficio consagrado en la Ley 1175 de 2007, liquidar intereses a cargo de la sociedad, y la imputación del pago realizado en la declaración de corrección del impuesto de renta del año gravable 2005.

En dicho aspecto, debe precisarse que en los mismos no se discuten propiamente aspectos directamente relacionados con el tributo a cargo de la sociedad demandante, puesto que no se trata de una liquidación oficial ni de un acto sancionatorio. A su vez, tampoco exige el reintegro de sumas devueltas, en tanto se limita a liquidar los intereses moratorios y, determinar las sumas que considera adeuda el contribuyente en la cuenta corriente.

3.5. Así las cosas, teniendo en cuenta que la normativa tributaria no estableció de manera especial el procedimiento de discusión de estos actos, contra los mismos procedían los recursos de reposición y apelación que son la regla general en esa materia.

3.6. Con todo, debe precisarse que independientemente de cuál hubiere sido el trámite que se le debía dar al recurso, en este caso, no se configura una violación al debido proceso, en tanto la actora pudo ejercer el derecho de defensa y contradicción mediante los recursos de reposición y apelación, y la administración resolvió las inconformidades expuestas en los recursos.

En consecuencia, no procede el cargo.

4. Procedencia del beneficio contemplado en la Ley 1175 de 2007.

4.1. Según la sociedad demandante resulta procedente la aplicación del beneficio de reducción de intereses establecido en la Ley 1175 de 2007, porque considera que pagó los impuestos, las sanciones e intereses, debidos por el impuesto de renta del año gravable 2005.

Sostuvo que la DIAN liquidó los intereses moratorios tomando como base la suma de $ 852.455.000, correspondiente al mayor impuesto, y la sanción por corrección declarada en la corrección del impuesto de renta del año 2005. Es decir, liquidó los intereses sobre el monto de la sanción, lo cual es ilegal, según el artículo 634 del Estatuto Tributario.

Por su parte, la administración sostiene que en virtud de lo dispuesto en la Circular 12 de 2006 no procede la aplicación del beneficio de reducción de intereses en el pago de compensaciones improcedentes, como el que realizó el contribuyente en la declaración de corrección del año gravable 2005.

4. 2. Marco normativo.

4.2.1. Mediante la Ley 1175 de 2007, el Congreso de la República estableció condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y contribuciones, como una medida para acelerar la obtención de los recursos públicos, que estimularan a los deudores a realizar su pago. Esto, en aplicación del principio de eficiencia que rige el sistema tributario y con la finalidad de lograr el saneamiento de la cartera de las entidades que administran los recursos públicos(1). El artículo 1º de la mencionada ley dispuso:

“ART. 1º—Condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables, de los impuestos, tasas y contribuciones, administrados por las entidades con facultades para recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos gravables 2005 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con relación a las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables, las siguientes condiciones especiales de pago:

a) Pago en efectivo del total de la obligación principal más los intereses y las sanciones actualizadas, por cada concepto y periodo, con reducción al treinta por ciento (30 %) del valor de los intereses de mora causados hasta la fecha del correspondiente pago. Para tal efecto, el pago deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley.

Las obligaciones que hayan sido objeto de una facilidad de pago se podrán cancelar en las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes al momento del otorgamiento de la respectiva facilidad, para las obligaciones que no sean canceladas;

b) Pago en efectivo dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley del total de la obligación principal, por cada concepto y periodo , imputable a impuestos, tasas y contribuciones, y facilidad de pago con garantía y hasta por tres (3) años para el pago de los intereses de mora y las sanciones actualizadas. En este caso los requisitos para el otorgamiento de la facilidad deberán aportarse dentro del mismo término señalado para el pago de la obligación principal. La liquidación de las obligaciones establecida en la facilidad de pago presta mérito ejecutivo en los términos del numeral 3º del artículo 828 del Estatuto Tributario.

PAR. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7º de la Ley 1066 de 2006, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos”.

4.2.2. A partir de los presupuestos señalados en la norma transcrita, es preciso identificar las condiciones especiales de pago allí contempladas y los conceptos a los cuales pueden ser aplicadas:

- Es una medida transitoria, aplicable dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la ley.

- Los beneficiados son los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables, de impuestos, tasas y contribuciones, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes al periodo gravable 2005 y anteriores.

- La condición especial de pago únicamente se aplica a las obligaciones causadas dentro de dichos periodos gravables.

-La norma permite obtener:

• Reducción de intereses moratorios al 30 %, siempre que se realice el pago total de la obligación principal más los intereses y las sanciones actualizadas.

• Facilidad de pago con garantía y hasta por 3 años para el pago de intereses de mora y sanciones, con el pago en efectivo del total de la obligación principal, por cada concepto y periodo.

En esa medida, la norma en cuestión estableció, en forma directa, los aspectos fundamentales del pago con beneficio, entre ellos, los conceptos objeto del mismo, los cuales deben corresponder a aquellas obligaciones causadas en el año 2005 y anteriores, por los contribuyentes o responsables de impuestos, tasas y contribuciones.

Así, para resultar beneficiado con la reducción de intereses moratorios dispuesta en el literal a) del artículo 1º de la ley 1175 de 2009, la norma exige el pago de una obligación principal, además del pago de los intereses y sanciones respectivas.

4.2.3. Al respecto, esta Sala(2) precisó que la expresión “obligación principal“, utilizada en la disposición estudiada, no puede interpretarse de manera general, para entender cualquier deber que surja entre el contribuyente y el fisco, sino que, teniendo en cuenta el contexto en que fue utilizada, ésta hace referencia a la denominada “obligación tributaria sustancial”, definida en el artículo 1º del Estatuto Tributario:

“La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo”.

4.2.4. Si bien, las sanciones tributarias no hacen parte de este tipo de obligaciones(3), la Sala aclaró(4) que el beneficio era procedente en el caso de la sanción por devolución y/o compensación improcedente por cuanto la orden del reintegro que se impone con la misma es inescindible de la obligación tributaria principal. Con fundamento en esas consideraciones declaró la nulidad de la expresión “devoluciones improcedentes” contenida en la circular interna de la DIAN 12 de 2008:

“En esta oportunidad, la Sala reitera que, en efecto, el artículo 670 del Estatuto Tributario regula una sanción legal(5) en el sentido del “castigo” o la pena que se le impone al contribuyente de: (i) “reintegrar lo devuelto indebidamente”, por haber solicitado en devolución un saldo a favor al que no tenía derecho, (ii) pagar los intereses correspondientes, y (iii) pagar un incremento del 50 % de los intereses, a título de multa, propiamente dicha. Y, por tanto, precisa que la sanción por devolución improcedente es inescindible de la obligación tributaria principal, puesto que la orden de reintegro tiene como finalidad que se satisfaga el pago de la obligación principal (impuesto) y/o de la obligación secundaria (sanciones) determinadas oficial o judicialmente.

(...)

La Sala considera que la Circular Interna 012 de la DIAN sí restringe el beneficio previsto en el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007 porque, efectivamente, si bien el acto administrativo que impone la sanción por devolución y/o compensación improcedente prevista en el artículo 670 del Estatuto Tributario no tiene como fin determinar el impuesto, si tiene como fin exigir su reintegro cuando se presentan los siguientes supuestos: (I) cuando el contribuyente le solicita a la autoridad tributaria la devolución o la compensación de saldos a favor liquidados en forma inexacta en el denuncio privado y que, por lo mismo, son improcedentes; y, (II) cuando el contribuyente imputa saldos a favor, también liquidados en forma inexacta en el denuncio privado. (...)”

4.2.5. Así mismo, resulta aplicable el beneficio, en aquellos eventos en que el contribuyente obtiene la devolución y/o compensación del saldo a favor liquidado en la declaración privada, y luego corrige dicha declaración para incrementar el impuesto a cargo con la correlativa disminución del saldo a favor, pues el pago se efectúa para extinguir la obligación tributaria, es decir, el impuesto, junto con las sanciones e intereses de mora que se asocian a este(6).

4.2.6. En ese sentido, procede el beneficio de reducción de intereses consagrado en la Ley 1175 de 2007 cuando el contribuyente efectúe el pago de la obligación principal, esto es, de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones), así como de las sanciones que son inescindibles de la obligación tributaria principal, como la sanción por devolución y/o compensación improcedente.

4.3. Caso concreto.

4.3.1. Para establecer la procedencia de la Ley 1175 de 2007 se deben tener en cuenta los siguientes hechos:

Consta en el Expediente administrativo que el 27 de abril de 2006, el contribuyente presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2005, en la que registró un impuesto a cargo de $11.057.962.000 y un saldo a favor de $2.594.349.000(7).

Posteriormente, mediante la Resolución 608-0817 del 6 de julio de 2006, la administración reconoció la suma de $2.594.349.000 correspondiente al saldo a favor determinado en la declaración de renta del año 2005 y, ordenó compensarla con las retenciones del mes de enero y marzo del año 2006(8).

Sin embargo, el 20 de febrero de 2008, la sociedad allegó declaración de corrección del impuesto de renta del año 2005, recibida con pago, en la que determinó los siguientes valores(9):

Total impuesto a cargo$11.832.921.000
Sanciones$77.496.000
Total saldo a pagar$0(10)
Total saldo a favor$1.741.894.000
Valor pago sanciones$77.496.000
Valor pago intereses de mora$137.178.000
Valor pago impuesto$774.959.000
Pago total$989.633.000

Como se observa, en la referida declaración, el contribuyente efectuó el pago por concepto de sanciones, intereses de mora y del impuesto, para un total de $989.633.000.

Al respecto, afirma la demandante, que en esa declaración aplicó el beneficio de reducción de intereses establecido en el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007(11).

Adicionalmente, se debe precisar que la administración no adelantó el procedimiento establecido en el artículo 670 del Estatuto Tributario, relativo a la sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones(12), ni adujo que la misma hubiere sido objeto de modificación.

4.3.2. Con fundamento en los hechos expuestos, se encuentra que el contribuyente, en la declaración de corrección, disminuyó el saldo a favor del año 2005, que previamente había sido compensado por la administración, para liquidar un mayor valor por concepto de impuesto, y aplicarse una sanción por corrección y la reducción de intereses moratorios de que trata la Ley 1175 de 2007.

4.3.3. De esta manera, el contribuyente en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 588 del Estatuto Tributario(13), aumentó el impuesto a cargo inicialmente declarado de $11.057.962.000 a la suma de $11.832.921.000, y pagó por concepto de impuesto la diferencia resultante, esto es, $774.959.000. Por consiguiente, este pago tuvo por objeto satisfacer una obligación tributaria principal, es decir, el impuesto que no fue pagado en la declaración inicial.

4.3.4. En efecto, la Sala ha señalado que cuando el contribuyente obtiene la devolución o compensación del saldo a favor y, luego mediante una declaración de corrección, lo disminuye, y liquida un saldo a cargo, el pago se efectúa en cumplimiento de una obligación tributaria sustancial(14).

A su vez, precisó que no se trata del reintegro de sumas devueltas, pues, es perfectamente viable, y ocurre con frecuencia, que el menor saldo a favor resulte por el incremento del impuesto a cargo. Si la corrección de la declaración se realiza para aumentar el impuesto a cargo, es claro que con la declaración inicial, el contribuyente no pago la totalidad del impuesto que correspondía y, por tanto, debe cancelar a la administración ese mayor impuesto que no entró a las arcas del Estado en la oportunidad pertinente(15)”.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se trata del reintegro de sumas compensadas, sino del pago del impuesto, puesto que el saldo a favor registrado en la declaración de corrección resulta del incremento del impuesto a cargo.

4.3.5. Por consiguiente, la sociedad cumplió con el requisito exigido por la Ley 1175 de 2007, relativo al “pago en efectivo del total de la obligación principal”.

4.3.6. Ahora bien, en cuanto al requisito de “pago de los intereses y sanciones actualizadas”, en el Expediente consta que el contribuyente al presentar la declaración de corrección en bancos realizó el pago de intereses por la suma de $137.178.000 y por sanción de corrección el valor de $77.496.000(16).

4.3.6.1. En relación con el pago de la sanción de corrección, la Sala precisa que las partes no plantearon controversia alguna.

4.3.6.2. Sin embargo, frente al pago de los intereses moratorios, el contribuyente discute la base de liquidación que tuvo en cuenta la DIAN en los actos demandados ($852.455.000)(17), por cuanto en la misma se incluyó la sanción por corrección.

Al verificarse esa situación en el Expediente administrativo, se advierte que si a los intereses liquidados por la administración en $457.259.000 se le aplica el 30 % del beneficio de la Ley 1175 de 2008, los intereses quedan en $137.178.000, que es el monto que la demandante dice deber.

En consideración a lo anterior, se encuentra que la liquidación de intereses moratorios realizada por la administración tomando como base la sanción por corrección, fue la misma utilizada por el contribuyente en la declaración de corrección.

Por consiguiente, no tiene fundamento alguno los argumentos expuestos por el accionante, máxime cuando en la demanda pretende a título de restablecimiento del derecho que se mantengan los valores determinados en la liquidación privada.

En todo caso, la Sala aclara que el artículo 634 del Estatuto Tributario(18) solo prevé la liquidación y pago de intereses moratorios, por cada día de retardo en el pago de impuestos, anticipos y retenciones a cargo del contribuyente, por lo que no es pertinente que se liquiden sobre sanciones, porque así no lo previó la norma citada(19).

Finalmente, debe señalarse que la anterior situación no desvirtúa el cumplimiento del requisito de pago de intereses, puesto que como se observó los intereses fueron liquidados en la misma forma como lo hizo la administración en los actos demandados. Por consiguiente, no existe controversia alguna por ese concepto.

4.3.7. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, la Sala observa que i) la sociedad es contribuyente del impuesto de renta, ii) la obligación principal corresponde a un impuesto que se encuentra en mora por las vigencias objeto del beneficio (impuesto de renta año 2005), iii) el pago de la obligación principal, las sanciones, e intereses reducidos, se realizó dentro de los 6 meses siguientes a la entrada de vigencia de la Ley 1175 de 2007, iv) el beneficio no se solicitó por obligaciones contenidas en acuerdos de pago suscritos al amparo del artículo 7º de la Ley 1066 de 2006.

Por consiguiente, los intereses de mora causados sobre el mayor impuesto liquidado por el año 2005, podían ser reducidos de conformidad con el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007 en la suma de $137.178.000.

4.3.8. En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para, en su lugar, declarar la nulidad de los actos demandados.

4.3.9 En cuanto al restablecimiento del derecho, para la Sala resulta procedente acceder a la pretensión de la accionante, relativa a que se declare que la sociedad no adeuda suma alguna a la DIAN por concepto de impuesto de renta del año 2005, ni por intereses de mora.

Si bien esa declaración corresponde al proceso de determinación del impuesto, lo cierto es que en el caso del contribuyente no se encuentra en discusión la liquidación del tributo realizada en la declaración de corrección, sino la aplicación de los pagos efectuados en la misma, que como se observó se realizó conforme a la ley 1175 de 2007.

4.3.10. A su vez, se ordena a la DIAN que realice las actualizaciones de la cuenta corriente que deban realizarse con fundamento en esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1.- REVÓCASE el numeral 1º de la sentencia del 13 de julio de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar:

1. DECLÁRASE la nulidad del Oficio 00 31 161 0111 del 18 de marzo de 2009 y, las resoluciones 311-009 del 1º de junio de 2009 y 6126-002 del 12 de agosto de 2009, expedidos por la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá.

A título de restablecimiento del derecho se declara que respecto de los pagos realizados en la declaración de corrección del impuesto de renta del año 2005, presentada el 20 de febrero de 2008, identificada con autoadhesivo 07126270124359, operó el beneficio de reducción de intereses contemplado en el artículo 1º de la Ley 1175 de 2007 y, por ende, la sociedad no adeuda suma alguna por concepto del impuesto de renta del año 2005, ni por concepto de los intereses generados por ese tributo y vigencia gravable.

Y, se ordena a la DIAN que realice las actualizaciones de la cuenta corriente que deban realizarse con fundamento en esta decisión.

2. CONFÍRMANSE los numerales 2º y 3º de la sentencia apelada.

3. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada a la Dra. Maritza Alexandra Díaz Granados, de acuerdo con el poder que obra a folio 437 del Expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el Expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Gaceta del Congreso 204 del 24 de mayo de 2007, Cámara de Representantes, exposición de motivos, página 14.

(2) Sentencia del 27 de octubre de 2011, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo, Expediente 17660.

(3) Sentencia del 27 de octubre de 2011, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo, Expediente 17660.En esa providencia señaló: “Cabe aclarar que las sanciones tributarias no hacen parte de este tipo de obligaciones, por cuanto aquellas son la consecuencia o la respuesta jurídica al incumplimiento de la obligación tributaria o infracción a la ley. Surgen como una herramienta correctiva, que solo existe en la medida en que se incumplan las obligaciones tributarias”.

(4) Sentencia del 12 de julio de 2012, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas, Expediente 17616.

(5) Código Civil. Artículo 6º. La sanción legal no es sólo la pena sino también la recompensa; es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones.

(6) En sentencia del 29 de noviembre de 2012, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 18568, se precisó: “La sanción por devolución y/o compensación improcedente es una figura jurídica totalmente distinta al pago que efectúa el contribuyente que obtuvo la devolución y/o compensación del saldo a favor, como consecuencia de la corrección voluntaria de la declaración para disminuir dicho saldo a favor.

En efecto, conforme con el artículo 670 del Estatuto Tributario, la sanción por devolución y/o compensación improcedente se genera cuando mediante liquidación oficial de revisión la administración Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación. Según dicha norma, la sanción consiste en el reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, aumentados en un cincuenta por ciento (50 %).

Ahora, si el contribuyente obtiene la devolución o compensación del saldo a favor que arrojó su declaración privada o lo imputa a la declaración del periodo siguiente y luego corrige la primera para disminuir el saldo a favor, o incluso, liquidar saldo a cargo, está obligado a pagar la administración la diferencia correspondiente. Ello no significa que el pago se realiza a título de sanción por devolución improcedente o del reintegro de las sumas devueltas por la administración, pues, se efectúa en el cumplimiento de las cargas asociadas a la obligación tributaria sustancial (...)”

(7) Fl. 77 C.P. En la declaración no se deriva un saldo a pagar porque la sociedad registró retenciones en el año 2005 por la suma de $13.652.311.000.

(8) Fl. 181-183 cdno. ppal.

(9) Fl. 78 cdno. ppal.

(10) En la declaración no se deriva un saldo a pagar porque la sociedad registró retenciones en el año 2005 por la suma de $13.652.311.000.

(11) Fls 13. Hechos de la demanda, numeral 4.10.

(12) En el Oficio 00 31 161 -0111 del 18 de marzo de 2009 (demandado), la administración indicó: “Es evidente que no hay lugar a establecer una sanción por compensación improcedente sin que exista proceso de determinación, (...), pero si es válido para la DIAN exigir el reintegro de la suma compensada en aplicación en lo establecido por la doctrina oficial de la DIAN en acuerdo al concepto 083326 mencionado anteriormente que expresa: (...)

Por lo anterior, es evidente que hay lugar a que la administración efectué el procedimiento establecido en el artículo 670 del Estatuto Tributario para efectuar el cobro del menor saldo a favor determinado”.

(13) “ART. 588—Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 709 y 713, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus declaraciones tributarias dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige, y se liquide la correspondiente sanción por corrección.

Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, presente con posterioridad a la declaración inicial, será considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, según el caso.

(...)”

(14) Sentencia del 29 de noviembre de 2012, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 18568.

(15) ibídem

(16) Fl. 77 cdno .ppal.

(17) Este valor se determinó de la diferencia entre el saldo a favor inicial de $2.594.349.000 y el corregido por el contribuyente de $1.741.894.000. Este último valor incluye la sanción por corrección en la suma de $77.496.000. Fl 78 cdno. ppal.

(18) ART. 634—Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones. Incisos 1º y 2º modificados por el artículo 3 de la Ley 788 de 2002. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago.

(19) En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencias del 18 de junio de 2014, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Expediente 20187 y del 10 de febrero de 2011, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Expediente 17909.