Sentencia 2010-00114 de octubre 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 11001-03-28-000-2010-00114-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García Gonzalez

Actor: Juan Carlos Martínez Sinisterra y otro

Demandado: gobernador del departamento del Valle del Cauca

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil once.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de esta acción, está fijada por lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba del acto de acusado.

El acto demandado se acreditó con copia auténtica del Decreto 2925 del 5 de agosto de 2010 “Por el cual cesan los efectos del Decreto 2272 del 24 de junio de 2010, y se hace una designación”, expedido por el Presidente de la República, mediante el cual se decretó:

“ART. 1º—Cesar los efectos del Decreto 2272 del 24 de junio de 2010, en cumplimiento del fallo del 28 de julio del año que transcurre, expedido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y en consecuencia, recobran los efectos jurídicos del Decreto 2061 del 8 de junio de 2010, en cuanto se sancionó al doctor Juan Carlos Abadía Campo, ..., en su condición de gobernador del departamento del Valle del Cauca, con destitución del cargo e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de diez (10) años, en acatamiento de lo ordenado por el organismo de control mediante fallos del 5 y 25 de mayo de 2010, en razón de la firmeza y vigencia de los fallos disciplinarios atacados por el actor.

ART. 2º—Designar como gobernador del departamento del Valle del Cauca, al doctor Francisco José Lourido Muñoz, (...).

ART. 3º—Comunicar el contenido del presente decreto a la Procuraduría General de la Nación, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Doctor Juan Carlos Abadía Campo, gobernador del departamento del Valle del Cauca, y al Doctor Francisco José Lourido Muñoz, gobernador designado del mismo departamento, y, al Registrador Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia. (...)”(1).

3. Pruebas relevantes.

1. Copia auténtica del formulario E-6G ó solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidato a gobernador, mediante el cual se formalizó la candidatura del doctor Juan Carlos Abadía Campo a gobernador del Valle del Cauca, inscrito por el grupo significativo de ciudadanos “por un valle seguro”, representado por los señores Juan Carlos Martínez Sinisterra, Luis Felipe Campo Saavedra y Carlos Hernán Rodríguez Becerra(2).

2. Certificación expedida por Alberto Machado Ceballos, organizador y coordinador de recolección de firmas de apoyo a la candidatura del doctor Juan Carlos Abadía Campo a la Gobernación del Valle del Cauca por el grupo significativo de ciudadanos “por un valle seguro”, mediante la cual se expresa, entre otras cosas, que el doctor Francisco José Lourido Muñoz no respaldó dicha candidatura ni su programa de gobierno, que no integró ningún comité de recolección de firmas, ni la estructura política de la campaña, y que por lo mismo “...no es, ni ha sido miembro ni militante...” de esa agrupación política(3).

3.- Copia auténtica del fallo proferido el 5 de mayo de 2010, por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, en el expediente 2010-75976, mediante el cual se sancionó al doctor Juan Carlos Abadía Campo con destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de 10 años(4).

4. Copia auténtica del fallo dictado el 25 de mayo de 2010, por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se confirmó el fallo anterior(5).

5. Copia auténtica del Decreto 2061 del 8 de junio de 2010 “Por el cual se hace efectiva una sanción de destitución e inhabilidad impuesta al gobernador del departamento del Valle del Cauca y se hace un encargo”, expedido por el Presidente de la República, mediante el cual se dispuso:

“ART. 1º—Hacer efectiva la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de diez (10) años, impuesta al doctor Juan Carlos Abadía Campo,..., en su condición de gobernador del departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría General de la Nación, mediante fallo del 5 de mayo de 2010, proferido en primera instancia dentro del proceso verbal radicado con el Nº IUS 2010-75976, confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, a través de fallo del 25 de mayo de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

ART. 2º—Encargar de las funciones del despacho de gobernador del departamento del Valle del Cauca, al doctor Víctor Manuel Salcedo Guerrero,..., quien se desempeña como secretario de gobierno de la Gobernación del Valle del Cauca, mientras se posesione quien resulte elegido. (...)”(6).

6. Copia auténtica del auto proferido el 10 de junio de 2010, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca, en la acción de tutela 2010-00893 adelantada por el Juan Carlos Abadía Campo, mediante el cual se admitió la demanda y como medida provisional se suspendió la ejecución de los fallos emitidos el 5 y el 25 de mayo de 2010 por la Procuraduría(7).

7. Copia auténtica de la Sentencia T-059 del 23 de junio de 2010, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Valle del Cauca, en la acción de tutela 2010-00893 adelantada por el Juan Carlos Abadía Campo, mediante la cual se concedió el amparo deprecado y se dispuso:

“...suspende[r] los efectos jurídicos de los fallos emitidos por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública el 5 de mayo y de la Procuraduría Auxiliar de la Sala Disciplinaria de fecha 25 de mayo del presente año, en primera y segunda instancia respectivamente, hasta tanto se profiera la decisión definitiva por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.

El accionante cuenta con el término de cuatro (4) meses para instaurar las acciones pertinentes ante la jurisdicción contenciosa. De no proceder de conformidad, perderá sus efectos el presente fallo, como lo tiene establecido el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991”(8).

8. Copia auténtica de la sentencia dictada el 28 de julio de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la Tutela 2010000893-02, mediante la cual resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

“Cuarto. Revocar la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales invocados por el señor Juan Carlos Abadia Campo como gobernador del Valle del Cauca, supuestamente vulnerados por la Procuraduría General de la Nación, para en su lugar declarar improcedente la presente acción de tutela, de acuerdo a las motivaciones de este fallo. En consecuencia, se dejan sin efecto todas aquellas actuaciones que se hubiesen proferido con ocasión del fallo tutelar de primera instancia”(9).

9. Copia auténtica del auto proferido el 12 de agosto de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, en la tutela 201000893-02, por medio del cual se negó la solicitud de aclaración y adición del fallo del 28 de julio de 2010(10).

10. Copia auténtica del Decreto 2272 del 24 de junio de 2010 “Por el cual cesan los efectos del Decreto 2061 del 8 de junio de 2010, por el cual se hizo efectiva una sanción de destitución e inhabilidad contra el gobernador del departamento del Valle del Cauca”, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se decretó:

“ART. 1º—Cesar los efectos del Decreto 2061 del 8 de junio de 2010, en cumplimiento de la Sentencia T-059 del 23 de junio de 2010, aprobada en Acta 127, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, dentro de la acción de tutela 2010-00893, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente decreto.

ART. 2º—Comunicar el contenido del presente decreto a la Procuraduría General de la Nación, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, al señor Juan Carlos Abadía Campo, gobernador titular del departamento del Valle del Cauca y al Señor Víctor Manuel Salcedo Guerrero, gobernador encargado del mismo departamento. (...)”(11).

4. Del caso concreto.

Los ciudadanos Juan Carlos Martínez Sinisterra y Luis Felipe Campo Saavedra solicitaron la nulidad del Decreto 2925 del 5 de agosto de 2010, expedido por el Presidente de la República, mediante el cual se designó al doctor Francisco José Lourido Muñoz como gobernador (E) del departamento del Valle del Cauca.

Invocaron como normas violadas los artículos 66 del Código Contencioso Administrativo, 7º del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, y 303 Constitucional, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 02 del 6 de agosto de 2002 “Por el cual se modifica el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles”.

Consideran que se violaron esas disposiciones porque pese a la destitución decretada frente al gobernador Juan Carlos Abadía Campo, con providencias del 5 y 25 de mayo de 2010, proferidas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, que fue ejecutada por el Presidente de la República con la expedición del Decreto 2061 del 8 de junio de 2010, por medio del cual se encargó de dichas funciones al doctor Víctor Manuel Salcedo Guerrero, la sanción disciplinaria y la consiguiente inhabilidad permanecieron suspendidas entre el 10 de junio y el 5 de agosto de 2010.

Ello se dio porque con auto del 10 de junio de 2010, dictado en la tutela 2010-00893, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, como medida cautelar suspendió los efectos de los fallos del 5 y 25 de mayo de 2010, de la Procuraduría General de la Nación; decisión ratificada por esa autoridad con fallo del 23 de junio de los mismos, que amparó los derechos fundamentales del doctor Juan Carlos Abadía Campo. Y, porque con fallo del 28 de julio de 2010 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, revocó el fallo anterior, para en su lugar declarar improcedente la tutela, ante lo cual el Presidente de la República dictó el Decreto 2925 del 5 de agosto de 2010 (acto acusado), por medio del cual cesaron los efectos del Decreto 2272 del 24 de junio de 2010, recobró sus efectos el Decreto No. 2061 del 8 de junio de 2010, y se designó como gobernador (E) del departamento del Valle del Cauca al doctor Francisco José Lourido Muñoz.

Es decir, entiende la parte demandante, que la falta absoluta respecto del gobernador doctor Juan Carlos Abadía Campo, se produjo el 5 de agosto de 2010, y que como ello ocurrió faltando menos de 18 meses para la finalización del período constitucional (Ene. 1º/2006 - Dic. 31/2010), el Presidente de la República debía designar como gobernador encargado para lo restante del período, a una persona propuesta e integrante del grupo significativo de ciudadanos “por un valle seguro”, lo que en el sub lite no acaeció pues se designó al doctor Francisco José Lourido Muñoz, quien según lo certificó el señor Alberto Machado Ceballos, organizador y coordinador de recolección de firmas de apoyo a la candidatura del doctor Juan Carlos Abadía Campo, “...no es, ni ha sido miembro ni militante...” de ese grupo político.

La parte demandada, en cambio, afirmó que la falta absoluta de dicho gobernador no puede apreciarse en la forma propuesta por los accionantes, ya que a raíz del fallo proferido el 28 de julio de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que revocó el fallo estimatorio emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en la tutela 2010-00893, debe entenderse como que nunca se suspendieron los efectos de la destitución e inhabilidad decretada por la Procuraduría General de la Nación sobre el doctor Juan Carlos Abadía Campo.

Así, el debate jurídico en que se han trenzado las partes conduce a estudiar en qué momento se produjo la falta absoluta del gobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, como resultado de la sanción disciplinaria (destitución e inhabilidad), impuesta por la Procuraduría General de la Nación.

Falta Absoluta del gobernador del Valle del Cauca, doctor Juan Carlos Abadía Campo.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1886 la elección directa por voto popular estaba reservada únicamente a los cargos de Presidente de la República, Senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial(12). El gobernador, en cambio, para ese entonces era considerado como el jefe de la administración seccional o departamental, pero primordialmente “agente del Gobierno”(13), motivo por el cual era designado por el Presidente de la República en forma discrecional, sin que para ello se tomara en cuenta la voluntad popular.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 el principio democrático ganó en cobertura. No solo se superó la limitación que traía la Constitución de 1886 para el derecho al voto, al establecer que “El que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato ni confiere mandato al funcionario electo.” (C.P. 1886, art. 179), puesto que ahora quienes eligen gobernadores y alcaldes “...imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato.” (C.P. 1991, art. 259); sino que también incluyó dentro del abanico de cargos a elegir con la participación directa del pueblo a través del voto popular, el de gobernador (arts. 259 y 303 ib.).

Aunque la Constitución Política de 1991 cambió sustancialmente la naturaleza jurídica del cargo de gobernador, que pasó de ser designado por el Presidente de la República a ser elegido por voto popular, sí mantuvo la condición de “agente” del Jefe de Estado, pero tan solo para el mantenimiento del orden público, la ejecución de la política económica general y los asuntos convenidos entre la Nación y los departamentos (art. 303).

En el texto original del artículo 303 de la Constitución de 1991 se determinó que el período de los gobernadores sería de tres años, sin posibilidad de ser reelegidos para el período inmediatamente siguiente. Con la expedición del Acto Legislativo 2 del 6 de agosto de 2002 “Por el cual se modifica el período de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.”, dicho período se amplió a cuatro años y se mantuvo la prohibición de reelección inmediata (art. 1º, modificatorio del art. 303 Superior); además, dispuso:

“La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y temporales; y la forma de llenar estas últimas y dictará las demás disposiciones necesarias para el normal desempeño de sus cargos.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará un gobernador para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido”.

Cabe advertir que el inciso 3º del artículo 303 Constitucional transcrito, regula las faltas absolutas y no existe ley alguna que se refiera al supuesto fáctico allí previsto, de manera diferente.

Dentro de las situaciones constitutivas de falta absoluta de los gobernadores se halla “la destitución”. Se trata de la sanción impuesta como resultado de un proceso disciplinario, que implica la inhabilidad general para ocupar cargos públicos, y que por la misma razón conduce a la terminación de la relación jurídica existente entre el servidor público y la Administración, ya sea de libre nombramiento y remoción, de carrera, de elección, en cargos de período o bien por el ejercicio de funciones públicas a cargo de particulares(14).

Esa medida, que corresponde imponer a la Procuraduría General de la Nación, no opera automáticamente una vez en firme el acto que decreta la destitución. Con tal fin ha dispuesto el constituyente que la medida se haga efectiva por parte del Presidente de la República, así:

“ART. 304.—El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores (...)”.

Y, en el artículo 172 de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, se dispuso sobre el particular:

“ART. 172.—Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:

1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los alcaldes de Distrito. (...).

PAR.—Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva comunicación.”

De lo precedentemente expuesto se colige que una de las circunstancias que produce la falta absoluta de los gobernadores es la destitución decretada por la Procuraduría General de la Nación, y que la misma no se hace efectiva con la sola ejecutoria de los actos administrativos expedidos por el Ministerio Público. Para ello se precisa de la intervención del Presidente de la República, quien habrá de expedir el acto administrativo que concretice la medida, a través de separar del cargo al gobernador destituido y designar en su reemplazo la persona que habrá de actuar como tal, bien sea por lo restante del período o mientras se realizan nuevas elecciones, según el caso.

Como lo antes precisado es la forma dispuesta por el constituyente y el legislador para configurar la falta absoluta de gobernadores que han sido destituidos, la posibilidad de que lo anterior carezca de eficacia solamente puede ocurrir a la luz del ordenamiento jurídico, nunca por una situación de facto, dado que este es un Estado social de derecho.

Así, resulta admisible que los efectos jurídicos de los actos administrativos —incluido el de destitución—, pueda ser objeto de suspensión. Ello puede ocurrir por disposición de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que así lo autorizan los artículos 238(15) Constitucional, y 66.1(16) y 152(17) del Código Contencioso Administrativo, o por orden del juez constitucional de tutela, como así lo establece el artículo 7º del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991(18) “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, por ser a él a quien el constituyente confió la defensa de los derechos fundamentales ante amenazas o violaciones provenientes de funcionarios o de ciertos particulares.

Sin embargo, para que la medida de suspensión perdure y se consolide jurídicamente, es necesario que haya quedado en firme. En la tutela la medida gozará de plenos efectos jurídicos si se emite fallo a favor del accionante; de lo contrario, el fallo desestimatorio en firme hará cesar la medida cautelar. Incluso, si hay fallo favorable al tutelante, como mecanismo transitorio, la medida será levantada si la respectiva acción jurisdiccional no se instaura dentro de los 4 meses siguientes al fallo de tutela (art. 8º).

Y, la suspensión provisional ordenada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo resultará eficaz siempre y cuando el auto que así la decrete cobre ejecutoria, bien porque la providencia no haya sido objeto de recursos, o porque interpuestos en su contra los recursos fueron decididos en forma adversa a quien los formula.

Ahora, de acuerdo con lo acreditado en el plenario se tiene que la destitución del doctor Juan Carlos Abadía Campo la decretó la Procuraduría General de la Nación, con las providencias del 5 y 25 de mayo de 2010, expedidas por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y por la Sala Disciplinaria; y que se hizo efectiva con el Decreto 2061 del 8 de junio de 2010 “Por el cual se hace efectiva una sanción de destitución e inhabilidad impuesta al gobernador del departamento del Valle del Cauca y se hace un encargo”, dictado por el Presidente de la República.

En estricto derecho la falta absoluta del gobernador del Valle del Cauca, doctor Juan Carlos Abadía Campo, se produjo el 8 de junio de 2010, cuando el Presidente de la República hizo efectiva la destitución decretada por el Ministerio Público, aserto que se reafirma en el hecho de que contra el Decreto 2061 no cabía ningún recurso en vía gubernativa, ciertamente por tratarse de una acto de ejecución(19). Del mismo parecer es la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, que al ser consultada sobre el particular, expresó:

“En conclusión, la falta absoluta del doctor Juan Carlos Abadía Campo en el cargo de gobernador del departamento del Valle del Cauca se concretó el 8 de junio de 2010, fecha a partir de la cual se hizo efectiva la sanción de destitución, pues es en ese preciso momento cuando el doctor Abadía Campo dejó de ser gobernador del departamento. Esto es así porque, entre otras razones, el artículo tercero del decreto 2061 expedido por el Gobierno Nacional en esa fecha dispuso: “El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede recurso alguno de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo”.”(20).

La existencia del auto proferido el 10 de junio de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, en la tutela 2010-00893, no desmiente la afirmación anterior. De un lado, porque surgió al mundo jurídico dos días después de hacerse efectiva la destitución del gobernador del Valle del Cauca, esto es, cuando jurídicamente ya se había producido la falta absoluta de ese funcionario, con actuaciones administrativas en firme; y de otro, porque con sentencia del 28 de julio de 2010, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se revocó el fallo favorable de primera instancia, dictado por la Sala Jurisdiccional de aquella seccional.

Con lo anterior, no duda la Sala en afirmar que del mundo jurídico desaparecieron, con observancia del debido proceso, tanto el amparo constitucional como la medida cautelar ordenados por el juez de tutela de 1ª instancia, lo que a su vez permite sostener que jurídicamente la falta absoluta del mencionado gobernador se produjo el 8 de junio de 2010. Lo dicho se sustenta, además, en lo prescrito en el artículo 7º del Decreto 306 del 19 de febrero de 1992 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”, expedido por el Presidente de la República, que dice:

“ART. 7º—De los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo” (Negrillas y subrayas fuera del original).

Además, esta Sección, en fallo reciente, cuyo problema jurídico está estrechamente relacionado con este negocio, examinó la legalidad del Decreto 3565 del 28 de septiembre de 2010, expedido por el Ministerio del Interior y de Justicia, para convocar a elecciones para gobernador en el departamento del Valle del Cauca, ante la destitución del doctor Juan Carlos Abadía Campo, y concluyó que la falta absoluta de este funcionario se produjo en la misma fecha aquí determinada. Al efecto se razonó así:

“De esta forma, es claro que como efecto natural, directo e inmediato, el fallo de tutela del 28 de julio de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, retrotrajo el estado original del Decreto 2061 de 2010. Tal situación la hizo aún más explícita dicha providencia judicial al precisar de manera expresa que todas las actuaciones producidas al amparo del fallo de tutela de primera instancia quedaban sin piso, como si nunca hubiesen existido.

Bajo estos parámetros, a juicio de la Sala, no era siquiera necesario que el Gobierno Nacional expidiera un nuevo acto, el Decreto 2595 del 5 de agosto de 2010 para retornarle vigencia al Decreto 2061 de 2010 y suprimírsela al Decreto 2272 del mismo año, pues, per se, ello se produjo de pleno derecho con la expedición del fallo de tutela de segunda instancia, que revocó el del a quo.

Estas son razones suficientes para afirmar que la decisión de hacer efectiva la sanción de destitución del señor Juan Carlos Abadía Campo como gobernador del departamento del Valle del Cauca se produjo y tuvo plenos efectos desde el día 8 de junio de 2010 cuando se dio aplicación práctica a la sanción disciplinaria de destitución y se le retiró del cargo.

..................

Dentro de este contexto, la Sala, como se anticipó, concluye que no le asiste razón a la parte demandante, por cuanto la falta absoluta del señor Juan Carlos Abadía Campo en el cargo de gobernador del Valle del Cauca se presentó al expedirse el Decreto 2061 del 8 de junio de 2010.

Entonces, está ajustada a derecho la convocatoria a elecciones para elegir gobernador del departamento del Valle del Cauca, pues la vacante absoluta en dicho cargo se presentó con más de dieciocho meses de antelación al vencimiento del período constitucional para el cual se eligió al señor Juan Carlos Abadía Campo, comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, que, valga la pena recordar y aclarar, es de carácter institucional”(21).

Ahora, la tesis de la parte demandante, consistente en que por el ejercicio material del cargo de gobernador del Valle del Cauca, por parte del doctor Juan Carlos Abadía Campo, hasta el 4 de agosto de 2010, debe tomarse como fecha efectiva de la falta absoluta el 5 de los mismos, no es de recibo. Recuerda la Sala que este es un Estado Social de Derecho, en el que priman y se protegen las situaciones jurídicas conforme a la ley, mas no las que están huérfanas de ese respaldo, como sucede en el sub judice con la continuidad en el ejercicio del cargo por parte de aquel, que ante la revocatoria del fallo de tutela de 1ª instancia, quedó sin respaldo jurídico alguno, con lo que se reafirmó en cambio que la falta absoluta operó el 8 de junio de 2010.

5. Conclusiones.

Lo discurrido permite inferir que la falta absoluta del gobernador doctor Juan Carlos Abadía Campo se produjo el 8 de junio de 2010, cuando el Presidente de la República expidió el Decreto 2061, que hizo efectiva la sanción de destitución e inhabilidad general decretada por la Procuraduría General de la Nación con providencias del 5 y 25 de mayo de 2010. El supuesto fáctico del cual partió la demanda no se aviene a la realidad, y por ello la estructuración de los cargos atinentes a la falsa motivación del acto acusado y violación de los artículos 66 del Código Contencioso Administrativo, 7º del Decreto 2591 de 1991, y 303 de la Constitución, no tienen vocación de prosperidad pues, se repite, no es cierto que la falta absoluta se hubiere producido cuando faltaban menos de 18 de meses para culminar el período del gobernador, de ahí que no sea procedente declarar la nulidad del acto acusado ni menos pretender las consecuencias que de dicha declaratoria se derivarían.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo— Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENEGAR las pretensiones.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Notifíquese».

(1) Cdno. 1 folios 3 a 5.

(2) Cdno. 1 folio 7.

(3) Cdno. 1 folios 54 a 56.

(4) Cdno. Pruebas folios 5 a 87.

(5) Cdno. Pruebas folios 91 a 137.

(6) Cdno. Pruebas folios 139 a 141.

(7)) Cdno. 1 folios 70 y 71.

(8) Cdno. 1 folios 72 a 108.

(9) Cdno 1 folios 199 a 261.

(10) Cdno 1 folios 113 a 119.

(11) Cdno 1 folios 273 a 275.

(12) Así lo disponía el artículo 171 de la Constitución de 1886, tal como fue modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1º de 1986.

(13) Consúltese el artículo 181 de la Constitución de 1886.

(14) La Ley 734 del 5 de febrero de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, prescribe en su artículo 45 sobre la destitución:

“ART. 45.—Definición de las sanciones.

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y278, numeral 1, de la Constitución Política, o

c) La terminación del contrato de trabajo, y

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera”.

(15) Esta norma es del siguiente tenor:

“ART. 238.—La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

(16) Esta disposición enseña:

“ART. 66.—(Mod. D. 2304/89, art. 9) Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1. Por suspensión provisional (...)”.

(17) Esta norma regula la suspensión provisional de los actos administrativos, así:

“ART. 152.—(Mod. D. 2304/89, art. 31) El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:

1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.

(18) Esta disposición consagra en lo pertinente:

“ART. 7º—Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. (...)”.

(19) Así lo ratifica el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, al prescribir que “No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución, excepto en los casos previstos en norma expresa”.

(20) Concepto del 12 de agosto de 2010. Expediente: 110010306000201000101-00 (2037). Actor: Ministerio del Interior y de Justicia. C.P. Augusto Hernández Becerra.

(21) Sentencia del 25 de agosto de 2011. Proceso de Nulidad Electoral acumulado: 2010-0122, 2010-0123, 2010-0126, 2010-0127, 2010-0128 y 2010-0131. Actor: Juan Carlos Martínez Sinisterra. C.P. Susana Buitrago Valencia.