Sentencia 2010-00012 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 85001 2331 000 2010 00012 01 [18871]

Consejera ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: B.P. Exploration Company Colombia Limited (NIT. 860002426-3)

Demandado: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía

Transferencia del sector eléctrico - noviembre de 2007 a agosto de 2008

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales Corporinoquía determinó la transferencia del sector eléctrico a cargo de la demandante por el periodo comprendido entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.

Asunto preliminar. Desistimiento parcial de la demanda.

Mediante escrito radicado el 7 de diciembre de 2012, la actora desistió parcialmente de las pretensiones de la demanda y solicitó que el proceso continúe únicamente en lo que respecta a la determinación de los intereses moratorios liquidados por Corporinoquía. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a los honorables magistrados, se sirvan proferir auto mediante el cual se acepte el desistimiento parcial de las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, y ordene que el proceso continúe en lo que tiene que ver con la manera como la Administración liquidó los intereses moratorios”(6).

Por auto de 20 de septiembre de 2013, la consejera ponente, en Sala Unitaria, aceptó el desistimiento parcial de las pretensiones y ordenó continuar el proceso en lo que no fue objeto de desistimiento(7). Dicha providencia quedó ejecutoriada el 16 de octubre de 2013(8).

En ese orden de ideas, la Sala solamente define cuáles son los intereses de mora que se causan por el pago tardío de la transferencia del sector eléctrico prevista en el artículo 45 de la Ley 99 de 1993.

Para ello precisa si se aplica el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, que señala que los contribuyentes o responsables de las tasas y contribuciones fiscales y parafiscales que no las paguen oportunamente deben pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el estatuto tributario, o el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994, según el cual el pago tardío de la transferencia genera intereses de mora a la tasa del 2.5% mensual sobre saldos vencidos.

Por lo anterior, precisa, en primer lugar, la naturaleza tributaria de la transferencia del sector eléctrico, pues, a juicio de la demandante es un impuesto con destinación específica, por lo cual no puede aplicarse el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006 sino el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994, que es norma especial y regula la causación de intereses de mora en la transferencia del sector eléctrico.

Naturaleza tributaria de la transferencia del sector eléctrico

En general, los tributos están divididos en tres clases que son los impuestos, las tasas y las contribuciones.

La jurisprudencia y la doctrina coinciden en afirmar que los impuestos son prestaciones pecuniarias que se cobran indiscriminadamente a toda persona, no recaen sobre grupos sociales, profesionales o económicos específicos, no tienen relación directa con un beneficio que se derive para el contribuyente y su pago no es obligatorio. Además, los valores recaudados ingresan a las arcas generales del Estado para ser utilizados en la atención de todos los servicios necesarios, no de un servicio público específico(9).

Las tasas representan la remuneración que los particulares pagan por los servicios que, en general, el Estado presta. Las tarifas de las tasas son fijadas por las autoridades administrativas en proporción al costo del servicio prestado. Luego, las tasas buscan recuperar los costos que para el Estado generan la realización de una actividad o la prestación de un servicio y, además, la remuneración que pagan los particulares tiene relación directa con los beneficios obtenidos(10).

Finalmente, las contribuciones representan ingresos tributarios, que se causan por el beneficio que obtiene el contribuyente aunque dicho beneficio es genérico para un grupo de personas y su producto está destinado a una obra pública o a la prestación de un servicio(11).

Con fundamento en el artículo 150 numeral 12 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha establecido que las contribuciones pueden ser fiscales o parafiscales. Respecto de las contribuciones fiscales, la Corte ha dicho que hacen parte de los ingresos corrientes del Estado y frente a las contribuciones parafiscales ha precisado que son aquellas que no hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y que cuentan con un régimen jurídico especial(12).

Las contribuciones parafiscales se definen en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto como gravámenes obligatorios establecidos por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de los recursos, así como de los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable, se efectúa de la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella(13).

El artículo 45 de la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones” estableció la transferencia del sector eléctrico de la siguiente manera:

“ART. 45.—Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente:

1. El 3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 

2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera:

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos a los que trata el literal siguiente.

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse.

Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, participarán proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) del numeral segundo del presente artículo.

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

3. En el caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será del 4% que se distribuirá así:

a) 2.5% para la corporación autónoma regional para la protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta.

b) 1.5% para el municipio donde está situada la planta generadora.

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el municipio en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

PAR. 1º—De los recursos de que habla este artículo sólo se podrá destinar hasta el 10% para gastos de funcionamiento;

PAR. 2º—Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos;

PAR. 3º—En la transferencia a que hace relación este artículo, está comprendido el pago, por parte del sector hidroenergético, de la tasa por utilización de aguas de que habla el artículo 43”. (Subraya la Sala)

Adicionalmente, el artículo 54 de la Ley 143 de 1994 dispuso:

“ART. 54.—Los autogeneradores, las empresas que vendan excedentes de energía eléctrica, así como las personas jurídicas privadas que entreguen o repartan, a cualquier título, entre sus socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas produzcan, están obligados a cancelar la transferencia en los términos que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 1993.

Para la liquidación de esta transferencia, las ventas brutas se calcularán como la generación propia multiplicada por la tarifa que señale la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el efecto”.

Los numerales 2º literal b) y 3 literal b) y el parágrafo 1º del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, prevén que los recursos de la transferencia solo pueden ser usados por los municipios en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, de los cuales solo pueden destinarse hasta el 10% para gastos de funcionamiento. Tales normas fueron demandadas por inconstitucionales, debido a que se estimó que establecían una destinación específica a rentas propias de las entidades territoriales, en desconocimiento del principio de autonomía fiscal de dichas entidades.

En Sentencia C-495 de 1998, la Corte Constitucional declaró exequibles los citados preceptos jurídicos y concluyó que la transferencia del sector eléctrico no es un impuesto de las entidades territoriales sino una contribución que tiene una finalidad compensatoria, pues busca que quienes utilicen en su actividad recursos naturales renovables y no renovables con capacidad de afectar el medio ambiente, soporten los costos que se requieren para el mantenimiento o restauración del recurso o del ambiente. En esa medida, la norma podía fijar la destinación de los recursos recaudados y, por tanto, no vulnera el principio de autonomía fiscal de las entidades territoriales.

En concreto, la Corte explicó:

“No determina la ley [se refiere a la Ley 99 de 1993] cuál es la naturaleza jurídica de la mencionada transferencia. Por lo tanto, es necesario desentrañar ésta con el fin de examinar si la destinación se ajusta a la Constitución.

Es indudable que dichas rentas no constituyen un impuesto de las entidades territoriales. Se trata de contribuciones que tienen su razón de ser en la necesidad de que quienes hacen uso de recursos naturales renovables, o utilizan en su actividad económica recursos naturales no renovables, con capacidad para afectar el ambiente, carguen con los costos que demanda el mantenimiento o restauración del recurso o del ambiente. Dichas contribuciones tienen fundamento en las diferentes normas de la Constitución que regulan el sistema ambiental.

Dado que la contribución tiene una finalidad compensatoria, es constitucional que sus recursos se destinen a los proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. Pero además dicha contribución tiene un respaldo constitucional adicional, en la medida en que todo lo concerniente a la defensa y protección del ambiente es asunto que concierne a los intereses nacionales en los cuales la intervención del legislador está autorizada”.

Posteriormente, todo el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 54 de la Ley 143 de 1994 fueron demandados por violación del artículo 338 de la Constitución Política, porque, a pesar de que la transferencia del sector eléctrico es un tributo, dichas normas no indicaron, en forma clara y precisa, el sujeto activo, el hecho generador, el aspecto temporal para la exigibilidad del tributo y el procedimiento para el recaudo de la obligación.

En Sentencia C-594 de 2010, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las normas en mención y al referirse a la naturaleza jurídica de las transferencias al sector eléctrico, reiteró la Sentencia C-495 de 1998, conforme con la cual la transferencia al sector eléctrico es una contribución, pero añadió que es de carácter parafiscal.

Así, la Corte reiteró que la transferencia al sector eléctrico es un tributo (contribución) y, como tal, las normas creadoras respetaron los principios de legalidad y reserva de ley consagrados en el artículo 338 de la Constitución Política. El análisis efectuado fue el siguiente:

“Al revisar la constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, frente a censuras distintas a las que enfrenta la Corte en esta oportunidad, la corporación indicó: […].

De modo que para la Corte, si bien las transferencias del sector eléctrico no constituyen en sentido técnico un impuesto de las entidades territoriales, su naturaleza jurídica es la de una contribución que tiene una destinación específica consistente en mantener o restaurar el medio ambiente afectado por quienes utilizan en su actividad económica recursos naturales renovables o no renovables.

[…].

En cuanto a la categoría de las contribuciones [la Corte] ha indicado que las fiscales se distinguen de las denominadas contribuciones parafiscales (C.P., arts. 150-12 y 338), las cuales se encuentran definidas en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, en los siguientes términos: “Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector (…)” (L. 179/94, art. 12; L. 225/95, art. 2º)”.

Las transferencias del sector eléctrico responden a esta tipología, como quiera (sic)que su imposición deviene del poder de exacción del Estado, afecta a un determinado sector económico —las empresas generadoras de energía— y su destinación está previamente definida a favor de la preservación del medio ambiente. […].

[…].

En conclusión, de conformidad con anterior pronunciamiento de esta corporación [se refiere a la Sentencia C-495 de 1998], acogido por la jurisprudencia del Consejo de Estado [se citan las sentencias de la Sala de 16 y 29 de octubre de 2009, exp. 17226 y 16796, respectivamente], existe certeza sobre la naturaleza tributaria de la transferencia del sector eléctrico prevista en las normas demandadas, en atención a que dicha contribución es fruto del poder de imperio que ejerce el Estado y se establece de forma unilateral sin que medie para ello la voluntad del contribuyente, por lo que su imposición debe atender a los principios de legalidad y certeza tributaria que se derivan del artículo 338 de la Carta Política, a los que se referirá la Sala a continuación”. (Subraya la Sala)

Es de anotar que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala ha precisado que la transferencia del sector eléctrico es una contribución. En efecto, en fallo de 26 de octubre de 2009, expediente 17226, reiterado en sentencias de 29 de octubre de 2009, expediente 16796; de 3 de diciembre de 2009, expediente 17402, y 16 de septiembre de 2011, expediente 17546, precisó lo siguiente:

“En Sentencia C-495 de 1998 la Corte precisó que la transferencia del sector eléctrico es una contribución creada con el fin de que quienes hagan uso de los recursos naturales renovables, o utilicen en su actividad económica recursos naturales no renovables, con capacidad para afectar el ambiente, asuman los costos que demandan el mantenimiento o restauración del recurso o del ambiente. En consecuencia, por tener una finalidad compensatoria, es constitucional que los recursos de las transferencias se destinen a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental, pues, además, todo lo atinente a la defensa y protección del ambiente es de interés nacional, por lo que está autorizada la intervención del legislador”.

Ahora bien, de acuerdo con los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el hecho generador de la transferencia del sector eléctrico es la generación de energía. Los sujetos pasivos son las empresas generadoras de energía hidroeléctrica, los autogeneradores, las empresas que vendan excedentes de energía eléctrica, y las personas jurídicas privadas que entreguen o repartan, a cualquier título, entre sus socios y/o asociados, la energía eléctrica que ellas produzcan, siempre que la potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios.

Asimismo, los sujetos activos son las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en el área donde se encuentran localizados la cuenca hidrográfica y el embalse; los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica y el embalse, y, para el caso de las centrales térmicas, las corporaciones autónomas regionales y los municipios donde se encuentren ubicadas las plantas generadoras(14).

La transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal, debido a que afecta a un grupo económico determinado, que corresponde a las empresas generadoras de energía, y la ley señaló expresamente que las corporaciones autónomas regionales destinarían los recursos de la transferencia a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto, esto es, en beneficio de los sujetos pasivos del gravamen, pues los recursos se utilizan para preservar y recuperar la zona afectada por los proyectos desarrollados. Además, los numerales 2º inciso 5º y 3º inciso 4º del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 precisaron que los recursos recaudados por los municipios y distritos se invertirían en obras previstas en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

Teniendo en cuenta que la transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal, debe definirse si se aplica el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, que se refiere a tasas y contribuciones, o el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994 “por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993”.

Pues bien, el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994, dispone lo siguiente:

“ART. 4º—Liquidación y transferencias. Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes y sobre la base de las ventas brutas del mes anterior, las empresas a las que se aplica el presente decreto, mediante acto administrativo para el caso de las empresas públicas o mixtas, y mediante comunicación para el caso de las privadas, harán la liquidación de los valores a transferir a la corporación o corporaciones autónomas regionales, municipios y distritos y se las comunicará a los beneficiarios.

La transferencia debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes al mes que se liquida, so pena de incurrir en mora y pagar un interés moratorio del 2.5% mensual sobre saldos vencidos. 

PAR.—La sanción por mora solamente es aplicable a partir de las transferencias correspondientes a las ventas brutas del mes de octubre de 1994”. (Subraya la Sala)

Según el artículo transcrito, la transferencia del sector eléctrico se debe liquidar dentro de los diez primeros días de cada mes, tomando como base las ventas brutas de energía del mes anterior. Si el pago de la transferencia no se efectúa dentro de los noventa días siguientes al mes que se liquida, el contribuyente incurre en mora y debe pagar un interés moratorio del 2.5% mensual sobre los saldos vencidos.

En vigencia del Decreto 1933 de 1994, el Congreso de la República expidió la Ley 1066 de 2006 “por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. El artículo 3º de la citada ley estableció lo siguiente:

ART. 3º—Intereses moratorios sobre obligaciones. A partir de la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el estatuto tributario.

Igualmente, cuando las entidades autorizadas para recaudar los aportes parafiscales no efectúen la consignación a las entidades beneficiarias dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios al momento del pago, a la tasa indicada en el inciso anterior y con cargo a sus propios recursos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”. (Subraya la Sala)

De acuerdo con este precepto, los contribuyentes o responsables que no paguen oportunamente las contribuciones parafiscales, deben liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el artículo 635 del estatuto tributario que equivale a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora(15).

Así pues, mientras el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994 señala que los intereses de mora por el pago tardío de la transferencia al sector eléctrico corresponden al 2.5% mensual sobre los saldos vencidos, el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, remite al artículo 635 del estatuto tributario, conforme con el cual el interés moratorio corresponde a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.

En los actos acusados, Corporinoquía declaró que la demandante es deudor moroso de la transferencia del sector eléctrico causada entre el 1º de noviembre de 2007 y el 30 de agosto de 2008, por la suma líquida de $ 383.349.624, “más los intereses de mora establecidos en el estatuto tributario de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta el día en que se haga efectivo el pago total”(16).

La Sala precisa que el interés moratorio a cargo de la actora debe liquidarse a la tasa que señala el artículo 635 del estatuto tributario, a la que remite el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, ya que, como se explicó, la transferencia del sector eléctrico es una contribución parafiscal y, en esa medida, encuadra en el supuesto de hecho del inciso 1º del artículo 3º de la Ley 1066 de 2006 según el cual “los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el estatuto tributario”.

A lo anterior se añade que el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994 debe entenderse subrogado parcialmente por el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006(17), toda vez que a partir de la vigencia de esta norma, el legislador unificó la tasa a la que deben liquidarse los intereses moratorios que deben pagarse por las deudas tributarias, incluidas las derivadas de las contribuciones parafiscales.

Por tanto, de acuerdo con la Ley 1066 de 2006, el contribuyente que no pague la transferencia dentro del plazo fijado en el artículo 4º del Decreto 1933 de 1994, debe pagar un interés moratorio equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora, que es la tasa de interés moratorio prevista en el artículo 635 del estatuto tributario.

Al respecto, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 296 de 2005-Cámara que antecedió a la Ley 1066 de 2006, se señaló lo siguiente:

“Intereses de las obligaciones de origen tributario

En la actualidad no existe unificación en la tasa de interés moratorio que se debe cobrar para obligaciones de tipo tributario, incluidas aquellas originadas por cobro de impuestos tasas o contribuciones parafiscales.

Al respecto, conviene recordar que la Corte Constitucional en Sentencia C-257 de 1998, con ponencia del honorable magistrado José Gregorio Hernández, analizó el asunto y declaró constitucional la facultad de imponer la sanción moratoria en relación con los agentes retenedores de los tributos. En aquella oportunidad la Corte sostuvo lo siguiente: […].

La causación de intereses moratorios corresponde a la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida, aspecto que le es propio y natural a las entidades del Estado cuando actúan como acreedoras de los particulares, máxime cuando el artículo 189 de la Constitución señala como obligación del ejecutivo “Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes”.

En la actualidad, algunos tributos concretos como los administrados por la DIAN, algunas tasas de superintendencias ostentan una norma de carácter legal que les permite el cobro de intereses moratorios. En cambio otros recurren a interpretaciones legislativas, a la aplicación de conceptos del Consejo de Estado para el efecto, que recurren al artículo 9º de la Ley 68 de 1923.

“Los Créditos a favor del Tesoro devengan intereses a la rata del doce por ciento (12 por 100) anual, desde el día en que se hagan exigibles hasta aquel en que se verifique el pago”.

Norma que no brinda movilidad de la tasa congruentemente con las condiciones de la economía colombiana.

Vistos estos planteamientos, surge la necesidad de dar un piso de igualdad a todas las obligaciones tributarias, originadas por impuestos, tasas o contribuciones de conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política. Por ello se plantea dentro del proyecto que todos los contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los tributos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago. Y que, a partir de la vigencia de la presente ley, la tasa de interés moratorio será la misma aplicable a los impuestos administrados por la DIAN y descrita en el estatuto tributario, que se liquidará con base en la tasa de interés vigente en el momento del respectivo pago”. (Subraya la Sala)

En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006, el pago de la transferencia al sector eléctrico que se efectúe por fuera del plazo de los 90 días siguientes al mes que se liquida, genera los intereses de mora del artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, en concordancia con el artículo 635 del estatuto tributario, motivo por el cual la liquidación de intereses de mora ordenada en los actos demandados es correcta y debe confirmarse la sentencia apelada frente a las pretensiones de la demanda que siguieron vigentes como consecuencia del desistimiento parcial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(6) Folios 445 a 449 cuaderno principal 2.

(7) Folios 450 a 453 cuaderno principal 2.

(8) Folio 454 cuaderno principal 2.

(9) Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones fundamentales de derecho tributario. Bogotá: Legis Editores S.A., 2012. 362 p. ISBN 958-653-225-9. En jurisprudencia ver, entre otras, sentencia de 5 de diciembre de 2011, expediente 17370, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, que se fundamenta en las sentencias C-040 de 1993, C-708 del 2001, C-1179 del 2001, C-776 del 2003 C-1114 del 2003, C-1171 del 2005 y C-927 del 2006.

(10) Ibídem.

(11) Bravo Arteaga, op. cit., pág. 31.

(12) Corte Constitucional. Sentencia C-040 de 1994: “El artículo 150-12 señala que corresponde al Congreso establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Cuando la Constitución dice “contribuciones fiscales”, se trata de ingresos corrientes del Estado, que son ciertamente recursos fiscales cuando se refiere a “contribuciones parafiscales”, que se trata de contribuciones propiamente tales que no hacen parte del presupuesto nacional, que cuentan con un régimen jurídico especial y que por lo tanto no puede entenderse como recursos fiscales del Estado. En artículos posteriores, veremos que el término “contribuciones” debe entenderse, no como un concepto general que engloba las distintas categorías de gravámenes, sino como “contribuciones parafiscales”.

Es pertinente destacar que el artículo 154 establece que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

Este artículo demuestra que para el Constituyente el concepto “contribución” no incluye impuesto y tasa. Por el contrario, en algunas normas de la Carta existe una clara diferencia conceptual entre impuesto y contribución. Cuando la Constitución habla de contribuciones fiscales, debe entenderse también impuestos. Según lo dicho atrás con respecto al artículo 150. Cuando en tal artículo se habla de contribuciones, cobija “contribuciones parafiscales”, por oposición a impuestos o contribuciones fiscales. De otra parte, el término “tributos”, tiene aquí un alcance genérico y hace referencia a todo lo relacionado con los ingresos corrientes de la Nación —tributarios y no tributarios—. Incluye pues, impuestos, tasas y contribuciones como parece corresponder al sentido natural y obvio de la norma”.

(13) Entre otras, ver Sentencia C-594 de 2010.

(14) Sentencias de 26 de octubre de 2009, expediente 17226, C.P. Héctor J. Romero Díaz; 29 de octubre de 2009, expediente 16976, C.P. William Giraldo Giraldo; 3 de diciembre de 2009, expediente 17402, C.P. William Giraldo Giraldo; y de 16 de agosto de 2012, expediente 17093, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, entre otras.

(15) Estatuto Tributario. Artículo 635 (modificado por el artículo 12 de la Ley 1066 de 2006).—“Para efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1º de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.

Las obligaciones con vencimiento anterior al 1º de enero de 2006 y que se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre de 2005, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este día, sin perjuicio de los intereses que se generen a partir de esa fecha a la tasa y condiciones establecidas en el inciso anterior.

PAR.—Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales”.

(16) Folio 32 cuaderno principal 1.

(17) Ley 153 de 1887. Artículo 3º—“Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.