Sentencia 2010-00012 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 110010325000201000012 00

Nº Interno 0080-2010

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Nini Johanna Sandoval Jaime

Demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa.

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Previo a abordar el examen de legalidad de los actos demandados y en consideración a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la entidad demandada y la coadyuvante, debe la Sala precisar si los acuerdos PSAA09-6331 de 5 de noviembre de 2009, PSAA09-6368 y PSAA09-6369 de 10 de diciembre de 2009, proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por los cuales se formula ante el honorable Consejo de Estado la lista de candidatos para proveer exclusivamente las vacantes del cargo de magistrado en los tribunales contencioso administrativos de Cauca, Córdoba y Sucre, respectivamente, son actos administrativos demandables.

1. Los actos demandados.

a) El Acuerdo PSAA09-6331 de 5 de noviembre de 2009 “Por medio del cual se formula ante el honorable Consejo de Estado, la lista de candidatos para proveer exclusivamente la vacante del cargo de magistrado de Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que ocupaba la doctora Isabel Cuellar Benavides”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas en los artículos 85 y 166 de la Ley 270 de 1996, cuyo texto dispuso:

“ART. PRIMERO.—Formular ante el honorable Consejo de Estado la siguiente lista de candidatos, en orden descendente de puntajes, tomada del registro nacional de elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo 1550 de 2002, destinada exclusivamente a proveer la plaza de magistrado de Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que ocupaba la doctora Isabel Cuellar Benavides:

1. Torres Vargas Héctor Hugo

2. Dimate Cárdenas Oscar Armando

3. Rey Moreno Héctor Enrique

4. Rodríguez Pérez Moisés de Jesús

5. Duarte Acosta Cesar Augusto

6. Gómez Montoya Gloria María

ART. SEGUNDO.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de la Judicatura”.

b) El Acuerdo PSAA09-6368 de 10 de diciembre de 2009 “Por medio del cual se formula ante el honorable Consejo de Estado, la lista de candidatos para proveer exclusivamente la vacante del cargo de magistrado de Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, que ocupaba el doctor Régulo Torralvo Suárez”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas en los artículos 85 y 166 de la Ley 270 de 1996, cuyo texto dispuso:

“ART. PRIMERO.—Formular ante el honorable Consejo de Estado la siguiente lista de candidatos, en orden descendente de puntajes, tomada del registro nacional de elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo 1550 de 2002, destinada exclusivamente a proveer la plaza de magistrado de Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, que ocupaba el doctor Regulo Torralvo Suárez:

1. Dimate Cárdenas Oscar Armando

2. Rey Moreno Héctor Enrique

3. Rodríguez Pérez Moisés de Jesús

4. Lemos San Martín Matilde

5. Duarte Acosta Cesar Augusto

6. Muñoz Muñoz Naun Mirawal

ART. SEGUNDO.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de la Judicatura”.

c) El Acuerdo PSAA09-6369 de 10 de diciembre de 2009 “Por medio del cual se formula ante el honorable Consejo de Estado, la lista de candidatos para proveer exclusivamente la vacante del cargo de Magistrado de Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, que ocupaba el doctor Armando Alfonso Sumoza Narváez”, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas en los artículos 85 y 166 de la Ley 270 de 1996, cuyo texto dispuso:

“ART. PRIMERO.—Formular ante el honorable Consejo de Estado la siguiente lista de candidatos, en orden descendente de puntajes, tomada del registro nacional de elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo 1550 de 2002, destinada exclusivamente a proveer la plaza de magistrado de Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, que ocupaba el doctor Armando Alfonso Sumoza Narváez:

1. Dimate Cárdenas Oscar Armando

2. Rey Moreno Héctor Enrique

3. Rodríguez Pérez Moisés de Jesús

4. Lemos San Martín Matilde

5. Duarte Acosta Cesar Augusto

6. Muñoz Muñoz Naun Mirawal

ART. SEGUNDO.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta de la Judicatura”.

El juicio de legalidad se dirige contra los referidos acuerdos, a través de los cuales se formulan las listas de candidatos, en orden descendente de puntajes, tomada del registro nacional de elegibles integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo 1550 de 2002, destinadas a proveer las plazas de magistrados en los tribunales de Cauca, Córdoba y Sucre, porque según refiere la demanda la inscripción individual en el registro de elegibles de los candidatos enlistados había perdido vigencia al tenor de lo previsto en el artículo 165 de la Ley 270 de 1996.

2. La naturaleza jurídica de los actos demandados.

Se plantea por la entidad demandada y la coadyuvante que la lista de candidatos para proveer una vacante es un acto administrativo de naturaleza preparatoria por cuanto no define o concluye el procedimiento administrativo iniciado para proveer la vacante, sino que prepara o facilita la expedición del acto definitivo, cual es el nombramiento. En tal sentido, la excepción se funda en que al tenor de los artículos 50 y 135 del Código Contencioso Administrativo, los actos demandados no son enjuiciables, configurándose una inepta demanda.

Al respecto, en sentencia de 11 de junio de 2009, expediente 1246-07(1), la Sala precisó que los actos preparatorios son actos instrumentales de la decisión administrativa que posibilitan el desarrollo de la respectiva actuación administrativa. Son actos que por sí solos no contienen una declaración de voluntad que produzca efectos directos respecto a una situación jurídica en particular, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, no son susceptibles de recurso de vía gubernativa, excepto los casos previstos en norma expresa.

En Sentencia T-945-09 la Corte Constitucional definió los actos de trámite o preparatorios como aquellos que “no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y en la mayoría de los casos no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas”. Un acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando de alguna manera, decida sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa, de suerte que se haga imposible la continuación de ésta. Estos actos no producen efectos jurídicos para los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos personales.

En estas condiciones, los actos de trámite y preparatorios, tienen la finalidad de dar impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponer u organizar los elementos de juicio que se requieren para que ésta pueda adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo del asunto.

Descendiendo a la actuación administrativa dentro de la cual fueron proferidos los actos demandados, la Sala ha señalado que el acceso a cargos de carrera y el ascenso a los mismos dentro de la Rama Judicial, se realiza previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones fijados por la Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, así como los reglamentos que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con base en las facultades conferidas por el artículo 257 numeral 3º de la Constitución Nacional, siendo la convocatoria la norma obligatoria que regula todo el proceso de selección mediante concurso de méritos.

En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-654 de 2011 sostuvo que el régimen de carrera encuentra fundamento en tres objetivos básicos: 1) El óptimo funcionamiento en el servicio público, desarrollado en condiciones de igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; 2) Para garantizar el ejercicio del derecho al acceso y al desempeño de funciones y cargos públicos; y 3) Para proteger y respetar los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio del Estado, originados en el principio de estabilidad en el empleo.

Sobre el acceso y ascenso en la carrera judicial, el artículo 163 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (en adelante LEAJ), establece en su inciso segundo que todos los procesos de selección para funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial serán públicos y abiertos.

La Ley 270 de 1996 en sus artículos 85, 162, 164, 165 y 169, señala que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene la potestad de reglamentar la forma, clase, contenido, alcance y demás aspectos de cada una de las etapas del proceso de selección; con lo que no cabe duda acerca de la función que le fue asignada para administrar la carrera judicial y expedir los reglamentos generales, el contenido, el desarrollo, el procedimiento y los puntajes de cada una de las etapas que comprenden los procesos de selección a su cargo.

En este orden, es claro que al tenor de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996, el sistema de ingreso a los cargos de carrera judicial comprende la realización de un proceso de selección dentro del cual se distinguen las siguientes etapas:

— Para funcionarios: concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.

— Para empleados: concurso de méritos, conformación del registro seccional de elegibles, remisión de listas de elegibles y nombramiento.

Siendo competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reglamentar la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas, en tal sentido, la Sala ha reconocido que la facultad reglamentaria que tiene el CSJ es amplia y le da autonomía para determinar las reglas de la convocatoria(2).

En cuanto a las etapas del proceso de selección, la LEAJ las desarrolla a partir del artículo 162 en adelante, a saber:

La primera de ellas, el concurso de méritos, es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo. A su vez, el concurso de méritos incluye dos etapas sucesivas: la selección y la de clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente registro de elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del registro para cada clase de cargo y de especialidad (art. 164).

Por su parte, el registro de elegibles, al tenor del artículo 165 de la LEAJ, se conforma con los concursantes que hayan superado las etapas previstas en el artículo 162, organizados en orden descendente, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento. Su vigencia es de cuatro (4) años, sin perjuicio de que en los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado pueda actualizar su inscripción y tenga la posibilidad, en cualquier momento, de manifestar las sedes territoriales de su interés, de conformidad con el reglamento. Tratándose de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales, el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura.

La lista de candidatos, acorde con el artículo 166 de la LEAJ, se integra a partir de la lista de elegibles que se presentan a consideración de la autoridad nominadora para la provisión de cargos; son conformadas por las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura, y deben incluir un número superior a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles(3).

Finalmente, el nombramiento le corresponde al nominador, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la lista de candidatos remitida por la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso (art. 167, ibíd.).

En este orden destaca la Sala que el proceso de selección, como actuación administrativa destinada a proveer los cargos de carrera en la Rama Judicial, comprende una serie de etapas que se diferencian dependiendo si se trata de empleados o de funcionarios(4), que a su vez se conforman por una serie de actos jurídicos y materiales encaminados a preparar la producción de una decisión final cual es el acto de nombramiento.

Estos actos previos a la decisión son los que la ley denomina actos de trámite o preparatorios, puesto que comprenden actos de ordenación del procedimiento destinados a instrumentar la decisión final, disponiendo los elementos de juicio para que la administración pueda adoptar la decisión que ha de poner fin a la actuación administrativa de selección para la provisión de cargos de carrera en la Rama Judicial.

Dentro de las etapas del proceso de selección que consagra el artículo 162 de la LEAJ, la lista de candidatos elaborada por las Salas Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura, constituye un acto preparatorio(5(sic)) encaminado a suministrar al nominador los elementos de juicio, en este caso, una relación de mínimo cinco (5) integrantes del registro de elegibles, para que éste proceda a adoptar la decisión final, lo cual se desprende del artículo 167(6) de la LEAJ.

De esta manera, la lista de candidatos no pone término al proceso de selección sino que le sirve de soporte a la decisión final, pues dicho acto presenta al nominador una relación de candidatos elegibles(7) para la provisión de cargos en la Rama Judicial. En consecuencia, el acto que realmente le pondrá fin a la actuación administrativa es el acto administrativo de nombramiento, el cual no fue objeto de demanda en el presente caso.

Como acto preparatorio, la lista de candidatos constituye un instrumento que posibilita una decisión final(8), lo que significa que no resulta demandable al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, pues de acuerdo con dicho precepto normativo, sólo son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa los actos que pongan fin a una actuación administrativa, o las decisiones de trámite cuando hacen imposible continuar la actuación(9).

Del contenido de los acuerdos PSAA09-6331 de 5 de noviembre de 2009, PSAA09-6368 y PSAA09-6369 de 10 de diciembre de 2009, la Sala ratifica el carácter preparatorio de los mismos ya que fueron proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales previstas en los artículos 85 y 166 de la Ley 270 de 1996, como una etapa más dentro de la actuación administrativa adelantada para proveer los cargos de magistrados de Tribunal Administrativo en la Rama Judicial, cuya única finalidad era la de facilitar al nominador los elementos de juicio para la toma de la decisión de nombramiento. En ellos, la administración expresa con suma claridad y precisión, que la lista de candidatos es tomada del registro nacional de elegibles, el que a su vez, se encuentra integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo 1550 de 2002, y además indica la administración, que dichas listas están destinadas exclusivamente a proveer la plaza señalada en cada uno de los acuerdos.

En este punto, y dado que la lista de candidatos es tomada del Registro Nacional de Elegibles, importa distinguir entre uno y otro, pues a pesar de que ambos actos tienen como finalidad servir de soporte a la decisión final de nombramiento, se trata de dos etapas diferentes(10) dentro del proceso de selección conforme se dejó expuesto en párrafos anteriores al explicar el alcance del artículo 162 de la LEAJ.

El registro de elegibles clasifica, según el mérito, a cada concursante elegible y le asigna a cada uno un lugar dentro del registro para cada clase de cargo y especialidad; en ese orden, es posible afirmar que tal acto produce efectos jurídicos directos para los concursantes pues la inscripción en el mismo le otorga vocación de elegibilidad; aunado a lo anterior, dicho acto pone fin a la etapa de clasificación del concurso de méritos, lo cual se desprende del artículo 164 de la LEAJ, y tiene una vigencia de cuatro (4) años.

La lista de candidatos, por el contrario, no es más que un acto preparatorio que ofrece y organiza los elementos de juicio al nominador para proferir su decisión; dicho acto no crea, modifica o extingue una situación jurídica para el concursante dado que su condición de elegible deviene de la inscripción en el registro. Así las cosas, reitera la Sala que la única finalidad de dicho acto es preparar la provisión del cargo, precisando que la vocación de elegibilidad del candidato tiene su fuente en el registro de elegibles. Dicha lista de candidatos agota su contenido una vez se produce el nombramiento, al tenor de lo dispuesto por el artículo 167 de la LEAJ(11), lo cual evidencia su carácter instrumental.

Así las cosas, como en el presente caso, la demanda se dirige contra los acuerdos PSAA09-6331 de 5 de noviembre de 2009, PSAA09-6368 de 10 de diciembre de 2009 y PSAA09-6369 de 10 de diciembre de 2009, a través de los que se formula ante el honorable Consejo de Estado las listas de candidatos para proveer las vacantes del cargo de magistrado en los tribunales contencioso administrativos de Cauca, Córdoba y Sucre, los cuales tienen carácter preparatorio dentro de la actuación administrativa y por lo mismo no son demandables ante la jurisdicción, la Sala procederá a declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda que fue propuesta por la parte demandada y la coadyuvante, y a inhibirse para pronunciarse sobre los mismos, ante la inexistencia de un presupuesto procesal para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones formuladas por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por la parte demandada y la parte coadyuvante, por las razones expuestas. En consecuencia, declarase inhibida la Sala para decidir sobre la pretensión de nulidad de los acuerdos PSAA09-6331 de 5 de noviembre de 2009, PSAA09-6368 de 10 de diciembre de 2009 y PSAA09-6369 de 10 de diciembre de 2009 por tratarse de actos preparatorios, no susceptibles de control ante esta jurisdicción.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Sección Segunda. Subsección “B”. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 05001-23-31-000-1996-00480-01(1246-07). Actor: Julio Enrique González Villa. Demandado: Municipio de Medellín.

(2) En sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicación 11001-03-25-000-2008-00020-00(0547-08), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, la Sala expresó:

“IV) De la competencia del Consejo Superior de la Judicatura en materia de carrera judicial.

El artículo 256 de la Constitución Política, en su numeral 1º dispone:

“Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1) Administrar la carrera judicial...”.

Dentro de las funciones que constitucionalmente se le atribuyen está la de:

“Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (C.P., art. 257, num. 3º).

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 270 de 1996, al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde “la administración de la Rama Judicial y ejercer la función disciplinaria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto en esta ley”.

En el numeral 17 del artículo 85 ibídem se establece, que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley”.

De acuerdo con el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 el sistema de ingreso a los cargos de carrera para funcionarios judiciales comprende las etapas ya señaladas de: concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación. En la misma norma se dispone que corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, reglamentar, de acuerdo con la ley, la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas, de manera que se garantice la publicidad y contradicción de las decisiones.

Las disposiciones normativas que anteceden demarcan el ámbito del ejercicio de las funciones atribuidas constitucional y legalmente al Consejo Superior de la Judicatura en lo que concierne a la administración de la rama y de la carrera judicial.

En este orden de ideas, las funciones de administrar la carrera judicial y la de dictar reglamentos para el eficaz cumplimiento de la administración de justicia, deben ser cumplidas por el Consejo Superior de la Judicatura con estricta sujeción a la Constitución y a la ley”.

(3) Cabe anotar que la Corte Constitucional en torno a la aplicación del artículo 166 de la LEAJ, en Sentencia SU-1114 de 24 de agosto de 2000, rectificó su doctrina sobre la exigencia del número mínimo de candidatos dispuesto por el legislador, y precisó que “si el registro está compuesto por menos de seis personas no existe ninguna razón para posponer el nombramiento de quien obtuvo el primer puesto. Lo contrario equivaldría a prolongar el ejercicio de funciones públicas de una persona que no ha concursado o que, de haberlo hecho, no obtuvo la mejor calificación. Con ello, se estaría lesionando el interés general así como el derecho de acceso a la función pública de la persona más calificada, por una razón meramente accesoria como es la ausencia de un número plural de personas —igual o superior a seis— capacitadas para ejercer el cargo. Por lo tanto, concluyó la Corte que en estos casos, el artículo 166 de la LEAJ debe ser aplicado en consonancia con las normas constitucionales y legales sobre carrera (C.P., arts. 1º, 2º, 13, 29, 40, 125, 232, 256-1 y LEAJ arts. 101-4, 156 a 175, entre otros.

(4) Sentencia C-037 de 1996.

(5) (sic).

(6) “ART. 167.Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá el nombramiento dentro de los diez días siguientes. (…)”.

(7) De acuerdo con lo previsto en el artículo 165 de la LEAJ, son elegibles los candidatos con inscripción individual vigente en el registro nacional de elegibles.

(8) Al respecto, en Sentencia T-396 de 1998, la Corte Constitucional precisó la naturaleza de dicho acto como preparatorio o instrumental: “El acto de conformación de la lista de candidatos, emitido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, con exclusión u omisión del nombre de la demandante, en cuanto expresa la voluntad de la administración en el sentido de decidir qué personas integrantes de dicha lista deben ser tenidas en cuenta para realizar el acto de nombramiento de Juez Segundo Civil Municipal de Chinchiná es, indudablemente, un acto administrativo que puede caracterizarse como preparatorio o instrumental, en cuanto conduce a la expedición de otro acto también administrativo, cual es el nombramiento”.

(9) En Sentencia T-945-09 la Corte Constitucional señaló que: “Con el fin de garantizar la eficiencia y celeridad de las funciones que le competen a la administración, el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, ha previsto que tales actos preparatorios o de trámite no sean susceptibles, por regla general, de recursos en vía gubernativa, ni de acciones judiciales autónomas, de forma que su control solamente sea viable por medio de la discusión del acto definitivo que concreta la voluntad administrativa, bien sea a través de los recursos procedentes contra él o bien como causal de anulación ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo (CCA, art. 84). No obstante, dado que el control de estos actos debe hacerse a partir de los actos definitivos y demostrando la relevancia de la irregularidad previa en la ilegalidad de la decisión final, es necesario esperar a la decisión final para plantear la invalidez del procedimiento”.

(10) Al respecto, la Sección Quinta de esta corporación, mediante sentencia de 24 de junio de 2004, radicado interno 3120, M.P. Dr. Filemón Jiménez Ochoa, se refirió sobre dicha distinción al expresar que no han de confundirse estos dos conceptos:

“Resulta de la misma resolución cuestionada, que la funcionaria nominadora confunde el concepto de registro de elegibles a que se refiere el artículo 165 de la Ley 270 de 1996, que comprende los nombres de quienes hayan superado el concurso de méritos realizado para el respectivo cargo, con el de lista de elegibles, o lista de candidatos, a que se refieren los artículos 166 y 167 de la misma ley, cuya determinación corresponde por mandato de la ley, según el caso, por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o la del Consejo Seccional de la Judicatura respectivo, y que para el caso específico de nombramiento en propiedad de empleados de la Rama Judicial, se debe integrar “con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles” como lo ordena el inciso segundo del artículo 167 de la Ley 270 de 1996”.

(11) Al tenor del artículo 167 de la LEAJ recibida la lista de candidatos, procederá el nombramiento dentro de los diez días siguientes.