Sentencia 2010-00018 de febrero 11 de 2010

 

Sentencia 2010-00018 de febrero 11 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SEGURO DE VIDA CUYO BENEFICIARIO ES CONDENADO POR HOMICIDIO DEL ASEGURADO

En el proceso penal no se debe ordenar a la aseguradora el pago del seguro a otra persona.

Magistrado Ponente

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Exp.: 11001-02-03-000-2010-00018-00

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil diez.

Decídese la acción de tutela promovida por Compañía de Seguros Bolívar S.A., frente a la Sala de Casación Penal, por la determinación adoptada en la sentencia proferida en el proceso penal adelantado contra César Liz Lozano, en el sentido de imponerle el pago de un seguro, lo que, en su sentir, le quebranta los derechos fundamentales al debido proceso y defensa.

Antecedentes

1. Los hechos jurídicamente relevantes presentados como soporte de la pretensión constitucional, admiten el siguiente resumen:

Mediante sentencia de 29 de julio de 2009 la Sala accionada decidió no casar el fallo condenatorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué contra César Liz Lozano, y ordenó que el seguro tomado por la fallecida Niyarmile Leonel Rada ante la Compañía de Seguros Bolívar S.A. fuera pagado a sus herederos, es decir, sus hijos menores de edad, y no al beneficiario, señor Lozano.

Para la aseguradora, la anterior orden vulnera sus garantías superiores, primero, porque se le impuso una sanción pecuniaria que no pudo objetar en la medida que no fue oída y menos vencida en juicio alguno; y segundo, porque aunque para la corporación el seguro de vida fue determinante al momento de establecer la responsabilidad penal de Lozano, a quien consideró su real tomador, persona que, según el mismo cuerpo colegiado, “engañó a la aseguradora”, dicho argumento no fue suficiente “para concluir que ese seguro no podía ser fuente de obligación alguna… por ser un contrato viciado de nulidad” por error inducido, por dolo y por objeto y causa ilícita.

En sentir de la accionante, es plausible que la Sala especializada desee, en aplicación del principio de justicia material, “mirar por las hijas de la interfecta”, sin embargo, es inaceptable que lo haga a costa de la compañía, quien además de ser tercera ajena al proceso, fue engañada y utilizada “dentro del plan criminal” urdido por el procesado.

Acota finalmente, que no es cierto, como se dijo en la providencia historiada, que Seguros Bolívar S.A. estuviera a la espera de lo que decidiera la jurisdicción penal, para proceder a pagar la póliza, pues ya en dos ocasiones se había negado a ello, la primera, en julio de 2007 cuando le informó al tomador, César Liz Lozano, que dado que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué lo halló responsable de la muerte de la asegurada, era, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1150 del Código de Comercio, improcedente el pago; la segunda, a la abuela de las menores hijas de la occisa a quien le manifestó que “la reclamación ya había sido resuelta o definida, negándola, en julio de 2007”.

A la luz de lo narrado en precedencia, pide que por esta vía se deje sin efecto la orden proferida por la autoridad accionada, en desmedro de sus derechos fundamentales.

2. Admitida a trámite la tutela y tras haberse notificado a los interesados, se procede a resolver lo que corresponda.

Consideraciones

1. Para decidir el presente amparo, importa precisar que la Sala abordará el análisis del asunto exclusivamente bajo la perspectiva planteada por la accionante, Compañía de Seguros Bolívar S.A., por cuanto lo atinente a la responsabilidad penal del señor César Liz Lozano, punto definido por la Sala de Casación Penal, constituye decisión de órgano límite, en razón a que fue proferida por el máximo tribunal de la justicia ordinaria, circunstancia que le cierra el paso a cualquier examen que de ella se quiera hacer, dada la condición de inmutable que la reviste.

Así las cosas y restringida la Sala a examinar concretamente la situación de Seguros Bolívar S.A. quien considera que con la sentencia proferida el 29 de julio de 2009 por la Sala accionada(*), se le quebrantaron los derechos fundamentales al debido proceso y defensa por cuanto se le condenó a pagar un seguro de vida, sin haber podido “ejercer el derecho de objetar y oponerse a dicho pago”.

En ese orden y en punto a definir la temática reseñada, ha de decirse que el debido proceso además de ser un precepto de rango fundamental, sirve de instrumento para satisfacer todos los requerimientos y condiciones necesarios para garantizar la efectividad del derecho material. Dicho postulado, por la calidad que comporta, es de verificación permanente, vincula a todas las autoridades y constituye patente de legalidad procesal.

Adicionalmente, el debido proceso comprende, de forma implícita, el derecho a la jurisdicción, es decir, el acceso a los jueces y a obtener de ellos decisiones motivadas; el derecho a la defensa judicial, concebido como el uso de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído al interior de los juicios; los derechos a la igualdad ante la ley, a la buena fe y a la lealtad de las partes y terceros que intervienen en los trámites judiciales; el derecho a un proceso adelantado en tiempo razonable, aboliendo dilaciones injustificadas; el derecho a la independencia e imparcialidad del juzgador quien siempre deberá resolver los asuntos apoyado en sus hechos, de acuerdo con los imperativos jurídicos consagrados para ello, lejano, en todo momento, de prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

2. Verificadas las evidencias adosadas a la presente actuación se tiene que, al señor César Liz Lozano se le investigó por la muerte de su esposa, señora Niyarmile Leonel Rada, siendo exonerado por el Juez Tercero Penal del Circuito de Ibagué; providencia que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad revocó, al desatar la alzada incoada por la parte civil, para en su lugar condenarlo a 26 años, 10 meses y 15 días de prisión y al pago de perjuicios tanto materiales como morales; inconforme el procesado, a través de apoderado, formuló recurso de casación resuelto mediante sentencia de 29 de julio de 2009, no casando el fallo.

Auscultadas minuciosamente esas decisiones, específicamente la dictada en sede de casación, en razón a que es la única que se ocupa en detalle del tema relacionado con el seguro de vida, se advierte que la Sala especializada realizó un prolijo análisis de la totalidad del haz probatorio, estudio en el que, destacó las vicisitudes que rodearon la adquisición de la mencionada póliza, advirtiendo con extrañeza cómo el acusado, señor Lozano,

“… sin contar con la intervención material directa de la supuesta tomadora, hace todo lo posible, incluso mintiendo acerca de la real condición económica de Niyamirle Leonel Rada, para adquirir un seguro de vida en el cual sólo él —quien directamente se encarga de la negociación y pago de la póliza—, aparece como beneficiario, pese a que a la víctima cuenta con dos hijas menores de edad”.

Evaluados integralmente los indicios, la colegiatura concluyó que la muerte de la señora Leonel Rada “operó consecuencia de la voluntad del procesado”, para quien la mencionada señora sólo representó “un medio expedito de riqueza fácil”.

En la misma providencia y bajo el acápite de “precisiones adicionales”, se dijo que César Liz Lozano perdía la calidad de beneficiario del seguro de vida, dada la mala fe con que había obrado; sin embargo y debido al respeto “a los derechos de las víctimas en un plano de justicia material”, la póliza debía “ser pagada a las menores de las hijas de la fallecida, por corresponder al primer orden hereditario de manera excluyente”. Así,

“… es decisión de la Corte, en el caso concreto y por ocasión del contenido condenatorio del fallo, ordenar que la póliza no sea pagada al procesado, sino a los herederos de la fallecida, cabe precisar que no es posible alegar, para obviar cumplir con lo dispuesto, algún tipo de prescripción, acorde con lo establecido en el artículo 1081 del Código Comercio precisamente porque oportunamente el beneficiario original presentó reclamación…”.

De la lectura de los fallos reseñados, se evidencia que, en efecto, la compañía Seguros Bolívar S.A., quien resultó obligada a pagar el seguro de vida, móvil del delito cometido, no fue oída al interior de dicho trámite, evento ratificado por la misma accionada quien en repuesta a esta acción informó que “la Sala no ignora que ésta no fue convocada al proceso penal, y tampoco se le escuchó previamente”, circunstancia que le impidió objetar la orden de pago, resultado de un contrato celebrado, como se dijo en la sentencia, de mala fe.

Ha de resaltarse que, en la misma comunicación la Sala de Casación Penal expresó que el punto relacionado con “el pago del seguro no hace tránsito a cosa juzgada, ni puede entenderse título ejecutivo, facultando que la compañía de seguros, si se siente afectada, discuta lo pertinente en el escenario judicial ordinario, incluso si personas diferentes a los herederos de la víctima discuten tener mejor derecho sobre el particular”.

3. Expuestas de esa forma las cosas, para esta Sala no hay duda que en protección de las garantías procesales del derecho de defensa y contradicción, núcleos esenciales del debido proceso, derecho que tiene, en todo tiempo, no sólo la persona humana sino también, como en el caso, la persona jurídica ya que ésta también es titular de derechos reconocidos por el ordenamiento constitucional y no existe razón alguna para impedirle que se acoja al mecanismo preferente y sumario diseñado por el constituyente para lograr su efectividad,debe dispensarse el amparo deprecado pues es indiscutible que las controversias surgidas con ocasión de la ejecución de un contrato de seguro deben ventilarse por vía civil ordinaria, con participación de todos los involucrados. Consecuencialmente, se declarará que la providencia historiada le es inoponible a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., en otras palabras, no produce efectos jurídicos respecto de ella.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Amparar los derechos fundamentales de la accionante, en tal virtud se declara que la sentencia proferida el 29 de julio de 2009 por la Sala de Casación Penal al interior del proceso adelantado contra César Liz Lozano, es INOPONIBLE a la Compañía de Seguros Bolívar S.A.

2. Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

3. El presente expediente no se remitirá a la Corte Constitucional, por tratarse de una decisión proferida por el órgano de cierre de la justicia penal ordinaria.

Notifíquese y cúmplase.

César Julio Valencia CopeteJaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena— William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

(*) La sentencia de la Sala de Casación Penal de 29 de julio de 2009 fue publicada en la revista J. y D. Nº 453, pág. 1385 (N. del D.).

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