Sentencia 2010-00020 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 47001-23-31-000-2010-00020-01 (1174-12)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Apelación sentencia

Autoridades nacionales

Actor: Luis Hernán Lozano Cubides

Bogotá, D. C., trece de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad de los oficios Nos. 088264 de mayo 22 de 2009 que negó el reconocimiento de primas y subsidios reclamados por el señor Luis Hernán Lozano Cubides; 109961 de julio 2 de 2009, mediante el cual se decidió que no era viable jurídicamente el reconocimiento de los emolumentos reclamados; 2820 de julio 14 de 2009, mediante el cual se denegó la modificación de la hoja de servicios; así mismo, la nulidad de las resoluciones 02774 de marzo 29 de 1994 “por la cual se causa el nombramiento e ingreso de un personal de oficiales y agentes al nivel ejecutivo de la Policía Nacional”; 01386 de febrero 20 de 1995 “por la cual se asciende a un personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional”; 008347 de mayo 24 de 1995 “por la cual se reglamenta el ingreso al nivel ejecutivo de los suboficiales y se dictan otras disposiciones” y 01951 de junio 27 de 1997 “por la cual se adiciona la Resolución 001386 de fecha 20 de febrero de 1995”.

El demandante realizó curso de alumno en la Policía Nacional, vencido el cual fue nombrado como agente de la institución mediante Resolución 1895 de abril 11 de 1984(1).

Por aprobar los cursos correspondientes, fue ascendido al grado de cabo segundo, mediante Resolución 5683 de septiembre 25 de 1987(2) y al de cabo primero, mediante Resolución 9202 de septiembre 10 de 1990(3).

Debido al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 18 y 19 del Decreto 41 de 1994 fue nombrado en el nivel ejecutivo de la Policía Nacional a partir del 15 de abril de 1994 en el grado de subintendente, mediante Resolución 02774 de marzo 29 de 1994(4) y fue ascendido al grado de intendente en el cuerpo de vigilancia a partir del 25 de septiembre de 1994 en virtud de la Resolución 001386 de febrero 20 de 1995(5), que fue adicionada mediante Resolución 01951 de junio 27 de 1997(6) en lo referente a los años de antigüedad en el grado.

El demandante fue retirado del servicio activo del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en el grado de comisario, mediante Resolución 04755 de noviembre 4 de 2008(7).

Mediante oficio radicado el 19 de mayo de 2009 en la Policía Nacional, solicitó el reconocimiento y pago de primas y subsidios de conformidad con el Decreto 1213 de 1990, solicitud que fue negada mediante Oficio 088264 de mayo 22 de 2009(8) pues se consideró que a partir de su homologación en el nivel ejecutivo quedó sometido al régimen de asignaciones y prestaciones del Decreto 1091 de junio 27 de 1995.

El 2 de junio de 2009, nuevamente reclamó el reconocimiento de los emolumentos pretendidos, derivados del Decreto 1212 de 1990, solicitud resuelta mediante Oficio 109961 de julio 2 de 2009(9) declarando no viable jurídicamente el reconocimiento pretendido.

El mismo 2 de junio de 2009 solicitó la modificación de la hoja de servicios, en los términos del Decreto 1212 de 1990, petición resuelta desfavorable mediante Oficio 2820 de julio 14 de 2009(10), toda vez que la misma se elaboró con fundamento en el acto administrativo de retiro, el que da cuenta que su separación de la institución se produjo en el grado de comisario.

El a quo consideró que el primer oficio citado fue el que le resolvió su pretensión, razón por la cual no debió acudir nuevamente ante la administración, sino demandar directamente dicho acto, pero como no lo demandó oportunamente, se configuró la caducidad de la acción.

En el recurso de apelación se adujo que por tratarse de una reclamación encaminada a obtener el reconocimiento de prestaciones periódicas, no se configura la caducidad de la acción y por ello podían realizarse reclamaciones subsiguientes y pedir la nulidad de las diferentes respuestas dadas por la administración.

De acuerdo con los hechos narrados con anterioridad se observa que el accionante pretende el reconocimiento y pago de primas y subsidios suspendidos desde el año 1995, con ocasión de su homologación de suboficial a miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, pues, como bien señala en el hecho décimo octavo, con la expedición del Decreto 1091 de 1995 se desnaturalizaron los derechos salariales y prestacionales adquiridos, a los que tenía derecho a causa de dicha homologación.

Lo anterior quiere decir que la decisión que realmente causó el perjuicio al demandante data del año 1995, cuando fueron suspendidos los emolumentos que reclama, razón por la cual fue en ese momento en que el actor debió acusar la decisión que desconoció sus derechos adquiridos o, si no hubo un acto escrito, reclamar ante la administración la continuidad en el reconocimiento de los mismos y no esperar a que transcurrieran 6 meses después de su desvinculación(11), para reclamar emolumentos cuyo pago había sido suspendido 13 años atrás.

En lo que respecta al argumento de que se trata de una reclamación de prestaciones periódicas, la Sala debe precisar que, en efecto, la jurisprudencia de esta corporación ha sido enfática en señalar que no opera el fenómeno de la caducidad para demandar los actos que reconozcan o nieguen las mismas; sin embargo, al producirse la desvinculación del servicio, se hace un reconocimiento de prestaciones definitivas(12) y, en tal medida, las prestaciones o reconocimientos salariales que periódicamente se reconocían y pagaban, bien sea mensual, trimestral, semestral, anual o quinquenalmente, dejan de tener el carácter de periódicos, pues ya se ha expedido un acto de reconocimiento definitivo, al momento de finiquitar la relación laboral.

Siendo así, la Sala estima que en este caso, el demandante debió demandar oportunamente el acto en virtud del cual se suspendió el pago de los emolumentos pretendidos, el acto mediante el cual se produjo su homologación e incluso, reclamar oportunamente ante la administración su devolución al grado que venía ostentando en el escalafón de suboficiales de la Policía Nacional, con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del término “nivel ejecutivo”, mediante Sentencia C-417 de 1994, si no estaba de acuerdo con su continuidad en dicho nivel, y no esperar a que se produjera la desvinculación del servicio para hacer una reclamación provocando un pronunciamiento de la administración, pues se entiende que con dicha petición lo que pretendió fue revivir términos, razón suficiente para confirmar el fallo inhibitorio que declaró la caducidad de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012) proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso promovido por Luis Hernán Lozano Cubides contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Folios 25 a 27.

(2) Folios 28 a 30.

(3) Folios 31 a 33.

(4) Folios 16 a 18.

(5) Folios 260 a 262.

(6) Folios 266 a 268.

(7) Folios 117 y 118.

(8) Folio 5.

(9) Folio 6.

(10) Folio 7.

(11) El retiro del servicio se produjo en noviembre de 2008 y la petición se radicó ante la administración en mayo de 2009.

(12) El cual no fue demandado.