Sentencia 2010-00020 de marzo 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2010-00020-00

Consejera Ponente:

Dr. Susana Buitrago Valencia

Actor: Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas

Demandado: representante a la Cámara por el departamento de Antioquia

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Según lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, artículo 128, numeral 3º —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998— y el Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999, artículo 13 —modificado por el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, artículo 1º—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del presente proceso de nulidad electoral.

2. El acto acusado.

Lo constituye el acta general de escrutinios de los votos para la Cámara de Representantes contenida en el formulario E-26 CA, por medio de la cual se declaró elegido para esa corporación por el departamento de Antioquia, al doctor Iván Darío Agudelo Zapata.

3. Del problema jurídico.

Se trata de definir si concurre en el elegido la causal de inhabilidad que invoca el actor, en razón a que se le endilga que para el momento en que se declaró su elección concurría en él la condición de diputado de la asamblea departamental de Antioquia, comoquiera que la aceptación de la renuncia a la investidura que ocupaba en dicha corporación, no se realizó con observancia de lo dispuesto en el artículo 134 superior.

4. Del caso concreto.

4.1. Cuestion previa.

Es necesario que la Sala comience por pronunciarse respecto de las excepciones que plantea el apoderado del demandado, así:

De la indebida representación del demandante.

Debe señalarse que no existe error en el mandato, pues en realidad no es forzoso que el memorial - poder indique de forma expresa que faculta para demandar el acto que “declara la elección”. Lo relevante de acuerdo con la norma procedimental (CPC, art. 65) es que los asuntos se determinen claramente “[…] de modo que no puedan confundirse con otros”. En el caso bajo examen, el poder visible al folio 1 guarda la coherencia y la especificidad requerida, en tanto se identifica el juez competente de la acción, se indica la acción que debe iniciarse y también lo que se pretende. Esta claridad no induce a las dudas que plantea el demandado, pues el propósito que ostenta como se advierte de la lectura del contenido del mandato no es otro que el de atacar la legalidad del acto que declaró la elección del doctor Iván Darío Agudelo como representante de la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, contenida en el formulario E-26CA, tal y como lo identificó el actor.

Por esta razón no prospera la excepción.

Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.

Las falencias de que alega padece el escrito de demanda no encuentran sustento, pues de la lectura del memorial introductorio se indica sin lugar a dudas quien es el demandado, pese a que no existe un acápite especial dedicado a determinar el nombre de la persona contra la que se dirige la acción electoral. En este caso, la parte acusada no es otra que el dr. Iván Darío Agudelo quien resultó elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia y de quien se predica estaba incurso en causal de inhabilidad que lo hacía inelegible.

Tampoco encuentra asidero jurídico ni fáctico el argumento relativo a la no aportación del acto acusado con los requisitos exigidos a fin de tramitar la demanda electoral, pues con tal propósito se ordenó al actor mediante auto del 24 de junio de 2010 corregir este defecto formal y anexar de manera íntegra copia auténtica el acto demandado, con las constancias de notificación. La demanda fue corregida mediante memorial radicado el 6 de julio de 2010 en la secretaría de la Sección Quinta de esta corporación, acompañando copia íntegra del Acta E-26 y constancia expedida por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, tal como se advierte a los folios 143 a 176.

Finalmente en relación con la falta de señalamiento en la demanda de las causales específicas de nulidad electoral, la Sala advierte que esta excepción no tiene soporte pues en capítulo denominado “Normas violadas y concepto de violacion” la demanda señala la censura que atribuye al acto demandado relativa a la presunta inhabilidad en que incurre el demandado, prevista en el numeral 8º del artículo 179 de la C.P. y explica los alcances de esta norma.

Bajo estos razonamientos es evidente que esta excepción tampoco resulta probada.

Caducidad de la acción.

Esta excepción se funda en que para el momento de la presentación de la demanda la acción electoral se encontraba caduca en tanto el término de 20 días de que trata la norma se había superado de manera amplia.

En el presente asunto el apoderado del demandado contabiliza el plazo de los veinte (20) días a partir de la realización de las elecciones, lo cual resulta incorrecto comoquiera que conforme se acredita en el expediente la declaratoria de elección ocurrió el día 14 de mayo de 2010, según consta en la certificación visible al folio 143 del expediente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 12, la acción electoral caduca veinte (20) días después de la notificación del acto que declare la elección. Luego, el actor contaba hasta el 16 de junio de 2010 para ejercitar la acción, fecha en la que presentó la demanda, según se advierte del sello impreso al folio 136 vto.

Así, es evidente que contrario a lo expuesto por el apoderado del demandado la acción electoral se presentó oportunamente y no hay lugar a declarar probada esta excepción.

Frente a las demás excepciones no encuentra la Sala razonamiento jurídico que permita su prosperidad, razón por la cual se declararán no probadas.

De otra parte y aunque no se propuso en la oportunidad prevista para el efecto, la Sala estima de importancia hacer referencia al no agotamiento del requisito de procedibilidad para ejercer el contencioso electoral a que el demandado alude en el alegato de conclusión, sin que esto implique resolver una excepción, sino en razón a que por tratarse de una exigencia constitucional nueva para instaurar la demanda de nulidad electoral en casos específicos, interesa por pedagogía jurídica precisar cuándo tal requisito es exigible.

En primer lugar, es del caso señalar que el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009, adicionó el artículo 237 de la Constitución Política, en el siguiente sentido:

“Son atribuciones del Consejo de Estado:

1. […]

7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley.

PAR.—Para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

Entonces, de acuerdo con la previsión constitucional prevista en el parágrafo, es presupuesto procesal de la demanda, cuando se ejercite el contencioso electoral contra actos de elección de carácter popular, que las irregularidades constitutivas de nulidad —diferente a las causales de reclamación del artículo 192 del Código Electoral— relativas a vicios en la votación o en los escrutinios, se hayan sometido antes de la declaratoria de elección, a examen ante la autoridad administrativa electoral correspondiente.

Significa que las demandas electorales contra elecciones por voto ciudadano que se funden en causales objetivas, para que se admitan deben acreditar que los motivos de nulidad que se alegan en el respectivo concepto de violación hayan sido puestos de presente a la autoridad administrativa electoral correspondiente antes de la declaratoria de elección y que lo decidido al respecto de estas irregularidades (constitutivas de causales de nulidad art. 223 del CCA), así como sobre las reclamaciones (previstas en el Código Electoral), se incluyan en la demanda como actos que también se pide sean anulados, conjuntamente con el que declara la elección.

Por tanto, como la demanda cuestiona una elección popular pero por censuras que atañen a la falta de calidades del elegido no le es aplicable la exigencia de haber atendido el requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 237 constitucional.

4.2. Cuestión de fondo.

Que el elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia conservaba para el momento de la elección como Representante a la Cámara la calidad de diputado de la asamblea de Antioquia, en tanto la renuncia que presentó ante esa corporación no fue válida porque no fue adoptada bajo los parámetros de la votación nominal y pública que dispuso el Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 133 superior, por lo cual incurrió en la causal de inhabilidad que es el tema de fondo del que debe ocuparse la Sala.

Esto impone que a fin de precisar conceptos atinentes a la materia del asunto se analice el panorama normativo que rodea la renuncia de los cargos de elección popular y sobre la forma de tal toma de decisiones en las corporaciones públicas a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional, aprobada mediante el Acto Legislativo 01 de 2009.

De la renuncia a los cargos de elección popular y la vacancia que produce.

Previo a referirnos sobre la norma que actualmente rige esta posibilidad de finalizar la representación popular lograda en los comicios, es preciso recordar que la reforma política del año 2009, tuvo como propósito transformaciones de carácter sustancial en las disposiciones constitucionales que versan sobre el sistema electoral, los partidos y movimientos políticos, la financiación de las campañas, la modalidad de las votaciones en los cuerpos colegiados y las suplencias en las corporaciones públicas, entre otros temas.

En el informe de ponencia para primer debate en la honorable Cámara de Representantes, respecto del tema que nos convoca, se dijo:

“[…] Régimen de reemplazos. Dentro de la filosofía del Constituyente de 1991 y del referendo votado en el año 2003, en el cual se sometía a la aprobación de los colombianos que los miembros de las corporaciones públicas no tendrían suplentes. Con la nueva propuesta se busca consagrar en el texto de la Constitución una normativa por la cual las únicas faltas que se suplan a partir de las elecciones de 2010, sean las ocasionadas por la muerte, incapacidad absoluta para el ejercicio del cargo o renuncia justificada (falta absoluta). En estos casos el titular será reemplazado por el candidato que, según el orden de inscripción, le siga en forma sucesiva y descendente de la misma lista electoral. La vacancia por renuncia voluntaria no justificada, no se suplirá, pero tampoco sería causal de pérdida de investidura […]” (Gaceta del Congreso 674, miércoles 1º de octubre de 2008, página 5).

En efecto, la Constitución Política de 1991, antes de las reformas constitucionales (Actos legislativos 3º de 1993 y 1º de 2009), disponía que los miembros de las corporaciones no fueran reemplazados cuando respecto de ellos se configurara una falta de carácter temporal, contrario a lo consagrado por la Constitución de 1886(1), que consagraba la posibilidad de que siempre cada congresista tuviera un suplente. No obstante, la prohibición que se consagraba en la Constitución de 1991 no implicaba que ante la falta absoluta de un congresista no se pudiera ocupar su vacante cuando esta fuera definitiva.

Con la reforma del Acto Legislativo 3 de 1993, el panorama con la posibilidad de que además de las faltas absolutas, las temporales pudieran suplirse con los candidatos no elegidos de la lista que, según el orden en forma sucesiva y descendente, le siguieran en votación.

Por su parte, la última reforma constitucional —Acto Legislativo 1º de 2009— que introdujo modificación al artículo 134, quedó consignada en los siguientes términos:

“ART. 134.—Artículo modificado por el artículo 6º del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la respectiva corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una corporación pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio 1º del artículo 107 de la Constitución Política.

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la corporación pública.

No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un miembro elegido a una corporación pública, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período.

PAR. TRANS.—El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo”.

Y en armonía de esta disposición el artículo 261, también modificado por dicho acto legislativo, consagra:

ART. 261.—Artículo modificado por el artículo 10 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente”.

Bajo este esquema normativo constitucional solo en los casos que enumera el inciso primero del artículo 134, es factible que se llame a ocupar la curul a quien no resultó elegido en la lista que representa.

En el presente caso, debe abordarse en el estudio correspondiente la determinación respecto de si la renuncia que presentó el elegido constituyó una vacancia definitiva en la corporación a la que pertenecía (asamblea departamental) y si respecto de ella, la figura que se invocó (renuncia justificada) estuvo ajustada a pleno derecho, en relación con la aprobación que de la misma emitió dicho cuerpo colegiado.

Con tal propósito pasaremos a examinar conceptualmente el tema también objeto de modificación mediante la citada reforma 1º de 2009, el del voto nominal y público.

El voto nominal y público.

Como se mencionó atrás, también fue objeto de reforma constitucional el voto secreto que amparaba las actuaciones de los miembros de las corporaciones públicas y se dio paso al ejercicio de una gestión visible que devele el sentido de la decisión que estos adopten frente a los asuntos sometidos a tal modalidad, dejándose a salvo solo aquellos casos en los que por mandato legal, se consideren que se encuentran sometidas a reserva.

Así, mediante la Ley 1431 de 2011 “Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”, se enumeraron las situaciones en que por razones de economía, las decisiones de los congresistas serían adoptadas mediante voto ordinario(2) o secreto, por motivos de reserva.

Basado en tal consideración, se aprecia que la norma constitucional optó por elevar a regla general que las decisiones de los integrantes de las corporaciones públicas se tomen por cada uno de los miembros debidamente identificados y expresando la aceptación o la negación de manera pública. La disposición prevé:

“ART. 133.—Artículo modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.

En este orden de ideas, por regla general, las decisiones tomadas por los miembros de las corporaciones públicas serán públicas y se dejará constancia de la determinación que adopta cada uno de sus miembros, bien por medio de anotación del sentido que acogen (SI o NO) o por medios electrónicos, en caso de que operen en las votaciones de tales corporaciones.

El mecanismo del voto nominal y público que se acogió por la citada Ley 1431 de 2011, se define y se reglamenta de la siguiente manera:

ART. 2º—El artículo 130 de la Ley 5ª de 1992 quedará así:

ART. 130.—Votación nominal. Como regla general, las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen o adicionen.

En toda votación pública, podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que acredite el sentido del voto de cada congresista y el resultado de la votación; en caso de ausencia o falta de procedimientos electrónicos, se llamará a lista y cada congresista anunciará de manera verbal su voto sí o no.

Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será el presidente de la corporación o comisión quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de su resultado sin exceder los treinta (30) minutos por votación.

Dentro del año siguiente a la expedición de esta ley, las cámaras deberán implementar un sistema electrónico que permita que las votaciones nominales y el sentido del voto de los congresistas y los conteos correspondientes puedan visualizarse en tiempo real, por la internet en archivos y formatos de fácil acceso y divulgación pública.

Las actas de las sesiones plenarias, comisiones, los proyectos de acto legislativo, los proyectos de ley, las ponencias y demás información que tenga que ver con el trámite legislativo deberán ser publicados en la Gaceta del Congreso, órgano de publicación de la rama legislativa, la cual se publicarán en la página web de cada cámara; con esta publicación se dará por cumplido el requisito de publicidad.

El área administrativa en coordinación con las secretarías generales y las secretarías generales de las comisiones constitucionales y legales implementarán los mecanismos necesarios para que la publicación de que trata este artículo, sea a la mayor brevedad posible ágil y eficiente.

El título de los proyectos de ley o de acto legislativo, tanto como el tránsito a la otra cámara y la pregunta sobre si la cámara o comisión respectiva quiere que un proyecto sea ley de la República o acto legislativo, podrá hacerse en una sola votación”.

De la causal de inhabilidad alegada.

El actor considera que en el asunto bajo examen, el elegido Representante a la Cámara incurrió en la inhabilidad que consagra el artículo 179 numeral 8º de la Constitución Política, que prevé:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

[…]

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

De conformidad con esta norma, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea de manera parcial.

Ha dicho la Corte Constitucional respecto de esta inhabilidad que no solo aplica para congresistas sino para todo ciudadano que se elija o se nombre en otro cargo público cuando ya ejerce uno, incluidos, por ende, los miembros de las corporaciones públicas de elección popular del nivel territorial.

Así lo dejó planteado en la Sentencia C-093 de 1994, al decidir la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, que lo declaró exequible. Este artículo señala:

“Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos congresistas:

1. […].

8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente”.

Fueron razonamientos del análisis en la sentencia de exequibilidad, los siguientes:

“De ahí que la norma en referencia utiliza la expresión “nadie podrá”, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos. Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, SINO TAMBIÉN, LA PROHIBICIÓN PREVIA DE LA ELECCIÓN COMO CONGRESISTA EN LAS CIRCUNSTANCIAS ANOTADAS, LO QUE EQUIVALE A ENTENDER QUE QUIEN ASPIRE A ESTA DIGNIDAD, NO PODRÁ ENCONTRARSE COMO CONCEJAL O DIPUTADO, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de senador o representante a esa corporación”.

Bajo esta perspectiva, la Sala se ocupara de examinar si en el sub lite se presentan los supuestos para que la inhabilidad atribuida al demandado se configure, de acuerdo con los postulados que al respecto ha fijado la corporación: i) el relativo, a la elección, en tanto lo que se trata de impedir que una misma persona sea elegida para más de una corporación o cargo público o para una corporación y un cargo, y la ii) la simultaneidad o coincidencia de los periodos en los que se ha elegido al demandado.

Con tal propósito se tiene como probado en el expediente lo siguiente:

• Que el doctor Iván Darío Agudelo Zapata, fue elegido como diputado de la asamblea departamental de Antioquia para el periodo 2008-2011, cargo para el cual tomó posesión el 1º de enero de 2008 (fls. 6-7).

• Mediante formulario E-6 CT del 2 de febrero de 2010 el Partido Liberal Colombiano inscribió la lista con voto preferente de los candidatos que bajo su aval participarían en la contienda electoral para elegir los miembros de la Cámara de Representantes del departamento de Antioquia, encontrándose en ella, el nombre del señor Iván Darío Agudelo Zapata identificado con la C.C. Nº 71.694.184 (fls. 10-11).

• Acta Nº 28 de reunión de la asamblea departamental de Antioquia celebrada el 30 de julio de 2009, por medio de la cual se estudia y resuelve como asunto previsto en el orden del día, la renuncia presentada por el doctor Iván Darío Agudelo Zapata (fls. 28-33).

• Reglamento interno de la asamblea departamental de Antioquia (fls. 78-123).

• Acto declaratorio de la elección como representantes a la Cámara por el departamento de Antioquia, periodo 2010-2014, en el que figura, por el Partido Liberal, el señor Iván Darío Agudelo Zapata (fls. 144 y s.s.).

• Resolución Nº 102 del 30 de julio de 2009 proferida por el presidente de la asamblea departamental de Antioquia por medio de la cual se formaliza la aceptación de la renuncia elevada por el doctor Iván Darío Agudelo Zapata (fl. 202).

De acuerdo con estas pruebas obrantes en el expediente es preciso establecer si se configura la inhabilidad deprecada, así:

• Está probado que el demandado fue elegido y tomó posesión del cargo de diputado de la asamblea departamental de Antioquia para el periodo 2007-2011. Igualmente está acreditado que fue elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia periodo 2010-2014.

• Con esta acreditación se demuestra que el demandado resultó elegido para una segunda corporación respecto de la cual existe coincidencia de periodo con el de diputado a la asamblea departamental. No obstante, no puede decirse que para el momento de la inscripción y elección como Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia el señor Iván Darío Agudelo Zapata fungía como diputado a la asamblea por esa misma circunscripción, pues ocurre, que respecto de esta primera dignidad él presentó renuncia que le fue aceptada el 30 de julio de 2009 en sesión celebrada esa fecha, y formalizada por la Resolución 102 de 2009.

• Esta dimisión ocasionó que respecto del mismo se generara la finalización de la función que desempeñaba, lo que impide que pueda endilgársele que esa primera elección estuviera vigente para el momento de la inscripción ni al de la elección como congresista, pues estos hechos tuvieron ocurrencia el 2 de febrero y el 14 de mayo de 2010 respectivamente, mientras que la aceptación de la renuncia ocurrió con anterioridad desde el 30 de julio de 2009.

• Así, no puede predicarse vigencia de periodos coincidentes, ya que el de la asamblea departamental quedó inexistente por razón de los efectos de la renuncia que se presume válida.

• Respecto de esta causal es preciso señalar que el texto constitucional (numeral 8º del artículo 179) ha sido objeto de modificaciones a través de los actos legislativos Nº 01 de 2003(3) y 01 de 2009(4); sin embargo, en estas dos oportunidades la Corte Constitucional ha determinado que tales normas son inexequibles lo que ocasionó que el texto original de la Carta se mantenga sin las modificaciones que a este se incluyeron, relativas a que la “renuncia” no eliminaba la inhabilidad. En ambos casos, tal determinación obedeció a la existencia de vicios en su formación.

• En la Sentencia C-040 de 2010, que analizó la exequibilidad del artículo 13 del Acto Legislativo 1º de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”, se señaló frente a la vigencia del texto original de la Constitución, lo siguiente:

“En consecuencia, deberá declararse la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 13. Así, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de aquella disposición y de manera análoga a como lo decidió esta corporación en la Sentencia C-332 de 2005, la Corte advierte que el numeral octavo del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra vigente desde la fecha de promulgación de la Carta y hasta el día de hoy, sin solución de continuidad”.

Sobre este tema la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 280 numeral 8º de la Ley 5ª de 1992(5), en la Sentencia C-093 de 1994(6), puntualizó:

“A juicio de la Corte, la norma acusada no es inconstitucional como lo afirman los actores, por cuanto lejos de contrariar, desarrolla el precepto de la Carta.

En materia de inhabilidades y para el caso en estudio sometido a decisión de esta corporación, el artículo 179, numeral 8º de la Carta Política establece lo siguiente:

(...)

La prohibición constitucional admite dos hipótesis:

a) La de una persona que es elegida en forma simultánea, para ser miembro de dos corporaciones, desempeñar dos cargos, o ser miembro de una corporación y a la vez desempeñar un cargo público;

En este caso, es claro que, si se da la condición prevista por la Carta, es decir, que los periodos coincidan en el tiempo, así sea parcialmente, habrá nulidad de la elección para el cargo y pérdida de la investidura del Congresista elegido (C.P., art. 183, num. 1º).

b) La de una persona que es elegida para desempeñar un cargo o para ser miembro de una corporación pública y, estando en ejercicio del mismo, aspira a ser elegida para otra corporación o cargo cuyo periodo coincide, siquiera parcialmente, con el que venía ejerciendo.

En este segundo supuesto, del cual parte el numeral acusado, cabe distinguir, para los fines de la inhabilidad, entre quien ha sido elegido y desempeña el cargo o destino público correspondiente y quien, pese haber sido elegido, no ha ejercido el empleo o interrumpió el respectivo periodo. Si lo primero, se configura la inhabilidad, lo cual no ocurre en el segundo evento, por las razones que más adelante se precisarán.

En efecto, la coincidencia de periodos, señalada en el canon constitucional como factor decisivo en la configuración de la inhabilidad, no puede entenderse sino con referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo.

Un periodo puede concebirse, en términos abstractos, como el lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública. Pero tal concepto no puede ser tenido en cuenta para efectos de inhabilidades sino CUANDO EN REALIDAD UN INDIVIDUO ESPECÍFICAMENTE DESARROLLA, DENTRO DEL TIEMPO RESPECTIVO, LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN. Vale decir al respecto, que los periodos no tienen entidad jurídica propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones. Se convierten entonces en límites temporales de estas.

Una persona puede haber sido elegida y no haberse posesionado en el empleo, es decir, puede no haber ejercido durante el periodo que le correspondía, o puede haber iniciado su periodo y haberlo interrumpido mediante su renuncia formalmente aceptada.

En estos eventos, mal puede pensarse que exista inhabilidad, por cuanto no se configura el ejercicio concreto y real del cargo o destino público correspondiente, bien por no haberse posesionado del mismo o en virtud de la separación definitiva ocasionada por la mencionada dimisión.

(...).

De conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que la norma en referencia utilice la expresión “nadie podrá”, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos.

Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale a entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como concejal o diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de senador o representante a esa corporación. En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el concejal o diputado o servidor público candidato a congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política.

Ya esta corporación ha admitido que la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta y por consiguiente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política según el cual “ningún cargo de elección popular tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción”, sucesivo y descendente (Sent. C-236. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8º, toda vez que su periodo para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal, de manera que este solamente rige hasta su culminación para la persona que lo haya reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender que se siga considerando al dimitente como servidor público que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos indicados, para ser elegido congresista. 

Además, debe agregarse que, si los concejales y diputados cuyo periodo constitucional se encontraba vigente para la fecha de la inscripción de su candidatura al Congreso de la República, renunciaron expresamente a sus respectivos cargos y su dimisión fue aceptada formalmente, habiéndose configurado de esta manera, la falta absoluta para el resto del periodo, rige el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, la cual se presume en las gestiones que adelantaron ante las autoridades electorales” (subrayas y resaltas fuera del texto).

• Con base en estos lineamientos fijados por la Corte Constitucional, ha de concluirse que la inhabilidad en estudio no se configuró porque, como se dijo atrás, el elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia presentó renuncia al cargo de elección popular que desempeñaba desde el 1º de enero de 2008 y entonces para el momento de su inscripción como candidato al Congreso ya no fungía como diputado de la asamblea departamental de Antioquia.

• Ahora, es argumento de la demanda invocar que dicha inhabilidad sí se configura porque pese a existir la “renuncia” al cargo de diputado, para el momento en que sesionó dicha corporación ya se encontraba vigente la reforma constitucional adoptada mediante el Acto Legislativo 01 de 2009, que obligaba a que las decisiones de tales corporaciones se adoptaran mediante votación nominal y pública, circunstancia que dice, no ocurrió.

• En efecto, tal y como se dejó consignado en acápite anterior, ahora las decisiones de las corporaciones públicas deben adoptarse mediante el voto nominal y público de sus miembros, salvo los casos que determine la ley.

• La determinación que adoptó la Asamblea para dar trámite a la renuncia presentada por el señor Iván Darío Agudelo Zapata, se hizo a través de votación unánime de los miembros de la corporación presentes. Al respecto, en certificación que obra al folio 204 del expediente se dice:

“En la sesión ordinaria del día 30 de julio de 2009 con una asistencia de 25 diputados, el doctor Agudelo Zapata presentó ante plenaria de la asamblea departamental renuncia a su cargo. En el momento de la votación estaban presentes 24 diputados cada uno de los cuales expreso (sic) su voto positivo por su renuncia y esta (sic) fue formalizada y entregada al diputado mediante Resolución 102 de junio 30 de 2009”.

• En el sub examine la actuación de aceptación de la demanda cumplió la finalidad de autorizar al servidor público separarse definitivamente de la función y a este le fue comunicada tal decisión.

• De esta manera no puede concluirse que “no existe renuncia al cargo de diputado” como lo pretende el actor, pues al proceso se allegó copia del acto administrativo que aceptó la dimisión que el elegido hizo a su investidura, el cual se repite, no ha sido suspendido ni anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

• Así las cosas, corolario de lo anterior, se tiene que la causal inhabilitante por coincidencia de periodos propuesta por el demandante no se consolidó, en tanto que antes de la inscripción y de la elección como Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia existió aceptación de la renuncia como diputado por la asamblea departamental de Antioquia, que se llevó a cabo mediante la manifestación afirmativa de cada uno de los integrantes del cuerpo colegiado tal como lo registra el acta respectiva.

• Esto indica que tampoco el demandante logró demostrar que la modalidad de votación que se produjo en el caso de la aceptación de la renuncia contraría la publicidad e identificación del voto de cada diputado, pues como se advirtió la decisión la tomaron los veinticuatro (24) diputados presentes sin que existiera oposición por parte de alguno de ellos.

Para la Sala, las anteriores consideraciones son motivo suficiente para denegar las pretensiones de la demanda en virtud a que no se desvirtuó la presunción del acto acusado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Negar las pretensiones de la demanda.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) ART. 113.—En caso de falta de un miembro del Congreso, sea accidental o absoluta, le subrogara el respectivo suplente.

(2) Votación ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este artículo y se efectúa dando los congresistas, con la mano, un golpe sobre el pupitre. El secretario informará sobre el resultado de la votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe.

(3) Texto modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009. INEXEQUIBLE: 8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia un (1) año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad. PAR. TRANS.—La inhabilidad establecida en el numeral anterior no aplicará para quienes hayan renunciado al menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para la realización de las elecciones al Congreso de la República en el año 2010.

(4) Texto modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003. INEXEQUIBLE: 8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad. PAR. TRANS.—Lo dispuesto en el numeral 8º del presente artículo no se aplicará a quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo.

(5) ART. 280.—Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos congresistas:

[…].

8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente.

(6) Corte Constitucional. Sentencia del 4 de marzo de 1994. Magistrados Ponentes: Dr. José Gregorio Hernández Galindo y Dr. Hernando Herrera Vergara.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas y por supuesto por la decisión mayoritaria, expongo a continuación las razones que me llevaron a salvar el voto frente al fallo proferido el 10 de marzo del corriente año, dentro del proceso de la referencia, por medio del cual fueron negadas las súplicas de la demanda de nulidad electoral.

La elección del doctor Iván Darío Agudelo Zapata como Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, para el período constitucional 2010 - 2014, fue demandada por el ciudadano Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas, aduciendo la causal de inhabilidad del numeral 8º del artículo 179 constitucional, porque este incurrió en coincidencia de períodos, dado que fue elegido Diputado para la Asamblea de Antioquia, período 2008 - 2011, y luego se postuló y resultó elegido congresista, como ya se indicó. Si bien se buscó estructurar el cargo con base en la ilegalidad de la renuncia aceptada al cargo de diputado, anterior a su postulación y elección como congresista, tal circunstancia no la tocaré en este salvamento por no ser relevante para mi planteamiento y porque considero que lo discurrido al respecto por la Sala es atinado, ya que la Sala no podía juzgar la legalidad de un acto administrativo distinto del acusado.

Ahora, la imputación fue desestimada por la Sala, no obstante haberse demostrado que el Dr. Iván Darío Agudelo Zapata fue elegido Diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia, período 2008 - 2011, que luego fue elegido Representante a la Cámara por la misma circunscripción territorial para el período constitucional 2010 - 2014, y que dichos períodos coinciden parcialmente en el tiempo, tomando en consideración que la renuncia que le fue aceptada al demandado en su condición de diputado hacía que el período respectivo cesara desde el momento mismo en que se aceptó esa dimisión, de modo que no se presentaba coincidencia con el período de congresista que recién inició (jul. 20/2010). En palabras de la Sala el soporte de esa conclusión lo constituye el siguiente raciocinio:

“Con base en estos lineamientos fijados por la Corte Constitucional, ha de concluirse que la inhabilidad en estudio no se configuró porque, como se dijo atrás, el elegido Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia presentó renuncia al cargo de elección popular que desempeñaba desde el 1º de enero de 2008 y entonces para el momento de su inscripción como candidato al Congreso ya no fungía como Diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia.

La Sala, en la tesis anterior, participa de la posición asumida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-093 del 4 de marzo de 1994, con ponencia del magistrado Dr. Hernando Herrera Vergara, por medio de la cual declaró la exequibilidad del numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 “Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”(1), fallo en el que se dijo, entre otras cosas:

“Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8º, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal, de manera que este solamente rige hasta su culminación para la persona que lo haya reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender que se siga considerando al dimitente como servidor público que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos indicados, para ser elegido congresista”.

Las interpretaciones anteriores corresponden a la lectura que se ha venido dando a la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, previo a la reforma introducida a través del Acto Legislativo 1 de 2003, mediante el cual a la misma redacción del precepto anterior se le adicionó la expresión “La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad”. Sin embargo, esa enmienda constitucional fue declarada inexequible por la Corte Constitucional con el fallo C-332 del 4 de abril de 2004, con ponencia del magistrado Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, así como la reforma que se implementó con el artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 2009, declarado inexequible mediante Sentencia C-040 del 1º de febrero de 2010, razones por las cuales el examen de la situación debe hacerse con fundamento en el texto original de la causal de inhabilidad que expresa:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

(...).

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. (...)”.

Surge de la anterior inhabilidad que la prohibición de ser elegido para más de una corporación o un cargo público, o para una corporación y un cargo, se sujeta a la ocurrencia de un presupuesto fundamental, consistente en que los períodos de uno y otro coincidan en el tiempo, así sea de manera parcial. Así, dada la postura asumida por la Sala resulta necesario determinar la naturaleza jurídica de los períodos de las corporaciones públicas y si a través de la hermenéutica puede arribarse a la conclusión de que el régimen de inhabilidades puede quedar librado a la discrecionalidad de las personas.

En lo primero, sobre la naturaleza jurídica de los períodos de las corporaciones públicas, debe señalarse que en el ámbito de la Constitución Política, los períodos de esas entidades colegiadas son institucionales y constitucionales.

Son constitucionales porque su término de duración está fijado por la misma Constitución, sin que por ninguna causa se admita la posibilidad de modificarlos, bien para extenderlos o ya para acortarlos. Es así como para los congresistas(2), los miembros de las asambleas departamentales(3) y los integrantes de los concejos municipales(4), por ejemplo, el término de duración de su período está definido en la Constitución Política, fijado en todos los casos en cuatro años, inalterables.

Y el período de las corporaciones públicas tiene un carácter institucional, en atención a que su inicio y finalización están igualmente dados por el constituyente y por el legislador, sin que la falta absoluta de alguno o algunos de sus miembros dé lugar a su modificación, puesto que está diseñado sobre la base de un sistema de reemplazos por los demás integrantes de la lista que conquistó la curul, en forma sucesiva y descendente, de tal manera que la falta absoluta de alguno o algunos de ellos deja incólume el período por el que debe sesionar la respectiva corporación y para el que resultaron elegidos sus integrantes.

Gracias al carácter institucional y constitucional que ostenta el período de las corporaciones públicas, puede afirmarse que la elección recaída en sus miembros para ocupar esas dignidades, no puede tener un carácter personal, esto es no se puede afirmar que el período para el que son elegidos es subjetivo, culminando cuando por cualquiera de las causas legales conocidas haya separación absoluta de las funciones, pues muy por el contrario se trata de un período objetivo inmodificable, ya que no resulta razonable sostener que el período de las corporaciones públicas es institucional y constitucional solamente cuando se le mira como cuerpo colegiado, pues en tanto se trate de sus integrantes el período pasa a ser personal.

Esa forma de entender el período de los miembros de las corporaciones públicas, llevaría a pregonar que contrario a lo predicado por la Constitución Política, según la cual sus miembros se eligen para un período de cuatro años, en su interior se presentarían tantos períodos cuantas personas entren a ocuparlo por la falta absoluta de su titular, lo cual riñe con el carácter objetivo del período en las corporaciones públicas.

De otro lado, según lo dispuesto en el artículo 150 numeral 23 y en el artículo 293 de la Constitución Política, tan solo el constituyente y el legislador tienen competencia para fijar el régimen de inhabilidades de los ciudadanos que sean elegidos por votación popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales, es decir, solo a ellos atañe determinar las circunstancias por las que se puede limitar el ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, bien como sufragante o ya como aspirante a un cargo de elección popular, con lo que, por lógica, queda descartada la posibilidad de que sea el propio infractor del régimen de inhabilidades quien determine la eficacia de las mismas.

Pero eso es precisamente lo que ocurre con la interpretación de la que me aparto. A través de ella se confiere al infractor del régimen de inhabilidades la posibilidad de eludir los efectos de dicha causal, acudiendo a la renuncia de la dignidad que viene ocupando, lo que evidencia una especie de saneamiento no contemplado en el ordenamiento jurídico, restándole a la inhabilidad en estudio todo alcance, merced a que la coincidencia de períodos resulta fácilmente eludible con la simple renuncia al resto del período, como si se tratara de un período personal, cuando está claro que el período en las corporaciones públicas es objetivo, institucional y constitucional, que si bien puede materialmente acortarse en su ejercicio por la renuncia del titular, jurídicamente no se puede menguar porque no se trata del desempeño de funciones públicas que interesen solamente a quien se ha posesionado en la curul, pues detrás de él existen partidos o movimientos políticos que han facilitado su arribo allí y en cuyo favor debe dirigir su gestión política.

Es por ello que magistrados disidentes respecto del fallo C-093 de 1994 ya citado, expusieron:

“Igualmente, el artículo 133 superior —norma que a pesar de estar incluida en el título relativo al Congreso, tiene un ámbito de aplicación más general— consagró un marco regulador de la conducta de quienes resulten elegidos. Según esta disposición “el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura” (resaltado nuestro).

Este marco normativo señala que el elegido —dentro del marco de la búsqueda de la justicia y el bien común (C.P., art. 133)— debe cumplir ciertas obligaciones puesto que ha asumido un compromiso frente a sus electores y frente a la sociedad, del cual debe responder políticamente. Esto no significa en manera alguna que el elegido sea un simple mandatario de los electores en todos los aspectos —como en la teoría de Rousseau sobre la democracia popular en la cual no existían representantes sino simples comisarios sometidos a instrucciones permanentes del pueblo puesto que la propia Constitución autoriza a los representantes a distanciarse de los grupos que los han elegido para actuar “consultando la justicia y el bien común” (C.P., art. 133). Pero —a diferencia de la Constitución de 1886 en la cual los elegidos no adquirían ningún compromiso— actualmente ellos deben responder políticamente ante la sociedad y sus electores por unas obligaciones básicas adquiridas. Y dentro de ellas, es indudable que el compromiso mínimo que ha asumido quien accede a un cargo de elección popular es el de cumplir el período para el cual resultó elegido, puesto que ha sido voluntad de los electores que esa persona (y no otra) ejerza durante un determinado período (y no otro) un determinado cargo (y no otro). Si la persona renuncia al cargo antes del vencimiento del período a fin de aspirar a otro cargo de elección popular es indudable que no solo ha incumplido con las obligaciones propias de su investidura sino que ha antepuesto sus intereses personales al servicio que debe prestar al Estado y a la comunidad, hechos por los cuales debe responder políticamente (C.P., arts. 123 y 133). En efecto, no es admisible suponer que la Constitución colombiana —fundada en la soberanía popular— haya podido tener la intención de facultar a los representantes del pueblo para reemplazar, sin consecuencias, la voluntad de sus electores por la suya propia e incumplir así el compromiso adquirido con ellos de permanecer en el cargo durante todo el período electoral para el cual había sido elegido” (magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa).

Además, entregar a los miembros de las corporaciones públicas la posibilidad de desdibujar la inhabilidad en comento con la sola renuncia a la curul, es tanto como quitarle a la norma constitucional el carácter imperativo que la reviste, creando de paso una especie de saneamiento de la inhabilidad, por supuesto inaceptable en atención a que las mismas, como impedimentos que son para acceder a cargos o corporaciones públicas de elección popular, solamente pueden ser fijadas y delimitadas en su contenido y alcance por el constituyente y el legislador, nunca por los propios sujetos a quienes se dirigen.

Magistrada: María Nohemí Hernández Pinzón.

(1) Esta norma señala en lo pertinente: ART. 280.Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos congresistas: (...) 8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente”.

(2) El artículo 132 expresa: “Los senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección”.

(3) El artículo 299 dice: “INC. 2º. Modificado. A.L. 2/2002, art. 2º. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y tendrán la calidad de servidores públicos”.

(4) El artículo 312 inciso 1º modificado. A.L. 2/2002, art. 2º. dice: “En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrada por lo menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva”. A su turno el artículo 50 de la Ley 136 de 1994 señala: “Los concejales serán elegidos para un período de [cuatro años] que se iniciará el primero de enero del año siguiente al de su elección y concluirá el treinta y uno de diciembre del último año de dicho período”.