Sentencia 2010-00023 de abril 9 de 2010

 

Sentencia 2010-00023 de abril 9 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Ref.: 41001-22-14-000-2010-00023-01

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil diez.

Se decide la impugnación interpuesta por el accionante en relación con la sentencia proferida el 8 de febrero de 2010 por la Sala de Decisión Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la acción de tutela promovida por Alberto Rozo Torres contra el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de esa ciudad, trámite al que fue vinculada la compañía Hermógenes Perdomo y Cía. S. en C.

Antecedentes

1. El señor Alberto Rozo Torres instauró la acción de tutela antes reseñada con el propósito de que sea amparado su derecho fundamental al debido proceso, en cuyo sustento manifestó que en la ejecución que promovió la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero contra Hermógenes Perdomo y Cía. S. en C. ante el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Neiva, en la que él interviene como cesionario del crédito cobrado, luego de que se hubiera declarado desierta la primera diligencia de remate señalada para llevar a cabo la subasta de los inmuebles cautelados, y después de diversas incidencias procesales, el Juzgado del conocimiento ordenó practicar un nuevo avalúo de los mencionados bienes raíces en lugar de fijar una nueva fecha para llevar a cabo tal diligencia, en la que se tenga como base para la licitación el 50% del avalúo ya realizado sobre los mismos.

2. Agregó que como tal decisión contradice el mandato contenido en el artículo 533 del Código de Procedimiento Civil, en la medida en que un nuevo avalúo sólo es viable una vez que ha sido declarada desierta la tercera subasta pública, recurrió en reposición aquella decisión sin obtener su revocatoria.

3. Demandó, entonces, que por vía de tutela se ordene al Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Neiva señalar fecha y hora para llevar a cabo la segunda diligencia de remate que tenga por objeto los inmuebles cautelados en la ejecución citada.

La sentencia impugnada

El a quo denegó el amparo suplicado por considerar que la violación allí denunciada no ocurrió, toda vez que es razonable la orden de avaluar nuevamente los inmuebles objeto de la ejecución cuestionada por vía de tutela, porque el anterior avalúo fue practicado hace diez (10) años y, por ende, se encuentra desactualizado.

La impugnación

El promotor de la queja constitucional impugnó el fallo de primera instancia sin sustentar su censura.

Consideraciones

1. Es pertinente recordar, en primer término, que la acción de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, el cual, en todo caso, no puede constituirse en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma carta y el ordenamiento jurídico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.

De igual forma, ha de tenerse presente que en línea de principio la solicitud de amparo no procede respecto de providencias judiciales, salvo que se esté en frente del evento excepcional y extremo, que de tiempo atrás se ha considerado puede tornar viable la acción de tutela frente a decisiones de los jueces, esto es “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (sent. de jul. 16/99, exp. 6621).

2. Con base en ese entendimiento de la cuestión y una vez estudiado el caso de autos, concluye la Sala que la solicitud de amparo constitucional que se analiza no tiene vocación de prosperidad, en la medida en que la decisión que se censura por vía de tutela, por medio de la cual el Juzgado Tercero (3º) Civil del Circuito de Neiva dispuso la práctica de un nuevo avalúo de los inmuebles cautelados en la ejecución promovida por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero contra Hermógenes Perdomo y Cía. S. en C., se basó en una interpretación de las normas aplicables que no se puede considerar como carente de fundamento razonable o enteramente arbitraria o antojadiza.

Se observa que el funcionario del conocimiento ordenó la realización de un nuevo avalúo teniendo en cuenta que los inmuebles trabados en el mencionado trámite coactivo fueron avaluados hace mas de diez (10) años, y que luego de que la primera diligencia de remate fuera declarada desierta ella fue “truncada en segunda ocasión en múltiples veces”, por lo que, según su propia expresión, “resulta forzoso aceptar que el avalúo está envilecido por varios factores que influyen no solo en relación con las variables macroeconómicas, sino también por las características propias de los inmuebles a subastar (...)”; y seguidamente indicó que “[a]unque desde una óptica literalista este derecho asiste a ‘cualquier acreedor’ y ‘después de la tercera licitación’, cabe observar que la ejecución no es ajena al principio de favorabilidad porque ningún argumento justifica tornar más gravosa la situación del deudor, mas aún, apuntalando el principio procesal de la igualdad, resulta plausible (sic) afirmar que la proyección en el tiempo del trámite procesal apareja secuelas patrimoniales desfavorables para las partes” o incluso, en el caso particular, “en relación con la solución de otro crédito con prelación (DIAN), luego contrariamente al pensamiento de autorizados doctrinantes el justiprecio no es un simple valor de referencia porque la satisfacción del acreedor tampoco debe lograrse en detrimento de la prenda general (C.C., art. 2488)” (fl. 488, cdno. 1C).

Es decir, el funcionario judicial acusado no desconoció lo dispuesto en el artículo 533 del Código de Procedimiento Civil, sino que realizó una interpretación del mismo en atención a las condiciones particulares que encontró en el asunto sometido a su consideración, en especial la antigüedad del avalúo (mas de diez años), que la realización de la segunda subasta se “truncó” en múltiples oportunidades, entre otros factores, por solicitudes de aplazamiento de la parte actora, y, finalmente, por la existencia de un acreedor con prelación, como es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que embargó el producto del remate con base en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil y con el fin de satisfacer un crédito fiscal.

Ciertamente, la Sala, en anteriores ocasiones ha considerado que no se configura una “vía de hecho judicial”, entre otros supuestos de hecho, cuando los jueces del conocimiento, con base en el texto del artículo 533 del Código de Procedimiento Civil, se han negado a ordenar un nuevo avalúo de los bienes cautelados al no darse las condiciones establecidas en dicha disposición(1). Sin embargo, en el presente caso el funcionario judicial acusado adoptó la decisión de ordenar un nuevo avalúo de los inmuebles trabados en el proceso y explicitó en detalle las razones para sustentar su posición a través de argumentos que, aun cuando la Corte pudiera no compartirlos en su integridad, no se muestran como absurdos, irrazonables o completamente alejados del sentido que corresponde dar a los preceptos del estatuto procesal, lo que conduce, en consecuencia, a que la actuación objeto de acusación no pueda ser censurada exitosamente en el terreno constitucional.

3. En este orden de ideas, se impone la confirmación del fallo objeto de la impugnación.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes, al a-quo y a los demás intervinientes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda, ausencia justificada—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.

(1) Sentencia del 24 de noviembre de 2000, expediente 0096-01, 14 de marzo de 2001, expediente 0214-01 y 23 de abril de 2003, expediente 00085-01.