Sentencia 2010-00024/42286 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Rad.: 20001-23-31-000-2010-00024-01(42286)

Actor: Juan Carlos Bayeh Rangel y Otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa - Apelación Sentencia

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete.

Extractos «Consideraciones.

I. Competencia.

6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, sin que resulte necesario realizar consideración alguna en relación con la cuantía del proceso(1).

6.1. En este punto, conviene precisar que habida cuenta de que la parte demandante fue la única en apelar la decisión de primera instancia, la Sala, en principio, se limitará a pronunciarse respecto del objeto de su medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(2) del Código de Procedimiento Civil.

6.2. No obstante, al admitir dicha regla ciertas excepciones derivadas, por una parte, de la facultad del juzgador de segunda instancia para manifestarse en cuanto a los aspectos implícitos de los argumentos que se esgriman en la apelación y, de otro lado, de los diferentes cuerpos normativos que impongan el deber de pronunciarse de oficio —normas y principios de carácter constitucional, tratados internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, y normas legales de carácter imperativo—, en el evento en que las especificidades del presente asunto lo ameriten, se abordarán de manera oficiosa los aspectos exceptivos cuyo estudio resulte pertinente para adoptar la decisión(3). En este sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera señaló:

3.2.2.1. En relación con el alcance del recurso de apelación de las sentencias, la Sala, a partir de la interpretación que hizo del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(4), acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada a los aspectos que señale el recurrente. Se consideró que de la premisa: “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia(5), “una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum determinar libremente ‘qué es lo desfavorable al recurrente’, pues a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual ‘no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso”.

3.2.2.2. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admitía excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, en tanto favorecen al apelante único, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.

3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida. Para la Sala, la apelación de un aspecto de la sentencia confiere competencia al juez de segunda instancia para resolver todos esos asuntos, puntos o elementos que estén comprendidos en el mismo, en algunas ocasiones, inclusive, porque su mención resultaría ilógica, pero siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente (…)(6).

II. Validez de los medios de prueba.

7. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, conviene precisar que si bien al expediente se aportaron los documentos que contienen la investigación penal que se adelantó en contra de los señores Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, en copias que no cumplen con las precisiones dispuestas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, serán valoradas libremente por la Sala.

7.1. A pesar de que no le asiste razón a la parte demandante en cuanto que a los sellos impuestos en las copias aludidas correspondan a sellos de autenticidad, puesto que en realidad se tratan de sellos que se aplicaron sobre los documentos reproducidos y que por consiguiente, fueron fotocopiados al producirse las copias, conviene recordar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, cambió su posición en cuanto a la valoración de copias simples, para entender procedente su estimación, siempre y cuando no se hubieran tachado de falsas a lo largo del proceso en el que se pretenden hacer valer. En este sentido, consideró:

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.//Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…) Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad(7).

7.2. Teniendo en cuenta lo anterior, se apreciarán todas las copias que cumplan con lineamientos referidos por la jurisprudencia indicada.

III. Los hechos probados.

8. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El 28 de mayo de 1997, mediante la escritura pública 1604, los señores Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel constituyeron la social B&B Ingenieros y Cía. Ltda., cuyo objeto social radicó, entre otras cosas, en la construcción de obras (copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad B&B Ingenieros & Cía. Ltda., expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar el 30 de enero de 2009; fls. 569-573, cdno. 2).

8.2. Los días 22 y 23 de diciembre de 2003, la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. y la ESE José Prudencio Padilla, celebraron los contratos 168 y 139 del 2003, con la finalidad de realizar ciertas obras en la unidad hospitalaria Ana María, contratos que tenían una duración de dos meses contados a partir de la legalización del contrato, información que consta en las resoluciones 3943 y 3944 del 26 de septiembre de 2005, por medio de las cuales la aludida entidad estatal resolvió declarar el incumplimiento de dichos contratos por parte de la sociedad contratista. A pesar de que respecto del primer contrato no se tiene mayores datos más allá de que el contratista sólo lo ejecutó en un 48% —los demandantes únicamente aportaron las páginas 1, 15 y 16 de la resolución 3943 del 26 de septiembre de 2005—, del segundo negocio jurídico se sabe que la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. solamente tenía hasta el 24 de abril de 2004 para ejecutar las obras, término que excedió sin cumplir con lo pactado puesto que sólo ejecutó el 60% de las mismas. Como motivos para su incumplimiento, y sobre el comportamiento de la sociedad contratista durante y después de la ejecución del contrato, se registró (copias de las resoluciones 3943 y 3944 del 26 de septiembre de 2005; fls. 482-492, cdno. 2):

Que el contratista aportó para la legalización del contrato los siguientes documentos:

(…) Que de lo anterior se infiere una legalización irregular de la contratación por falta de publicación del contrato en el diario único de contratación y el aporte de una póliza de estabilidad de la obra con un plazo inadecuado para la protección que debió garantizarse, así como la falta de modificación de los plazos de las pólizas que no cobija la totalidad del plazo de ejecución de la contratación y la cronología de las (sic) ejecución del contrato.

(…) Que mediante oficio recibido en la ESE José Prudencio Padilla, en septiembre 27 de 2004, el contratista solicitó autorización para ampliar el plazo de ejecución del contrato, la cual no se consideró procedente en razón de que el plazo de ejecución del objeto contractual y la vigencia del contrato se encontraban totalmente vencidos.

No existen en la carpeta del contrato ni en los informes de interventoría actas de suspensión de las obras.

De los hechos anteriores, se infiere que por efectos del acta de inicio, el plazo de ejecución y entrega del objeto contractual vencía en febrero 24 de 2004 y la vigencia del contrato se extendería hasta el 24 de abril de 2004, por lo que el plazo de entrega y la vigencia se encuentra totalmente vencido a la fecha.

(…) Que en consecuencia de la no terminación del objeto contractual, así como el vencimiento de los plazos de entrega y de la vigencia del contrato, la administración inició las diligencias pertinentes para determinar las actuaciones administrativas adelantadas, el estado real del contrato, la adopción de las medidas tendientes a lograr la realización del objeto contractual, la salvaguarda del patrimonio de la entidad y la consecuente liquidación de la contratación, para lo cual se comisionó a la oficina jurídica en asocio de la asesoría administrativa en contratación.

(…) Que una vez surtido el trámite anterior, el contratista no ha comparecido a la Oficina Jurídica ni ha remitido información alguna acera (sic) del avance definitivo de las obras en ejecución.

Que durante el período transcurrido desde la iniciación de las obras hasta septiembre 20 de 2005, se constató mediante los informes pertinentes esporádicas acciones de parte del contratista en desarrollo de las obras y actualmente pudo constatarse el estado de parálisis de las mismas.

8.3. En el mes de octubre de 2004, el señor Edilberto Zequeira Torres presentó demanda ejecutiva en contra de la sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda., con el objeto de que le pagara las sumas equivalentes a $11 000 000, $22 000 000, y $20 000 000, contenidas en tres cheques a su nombre, demanda que dio inicio al proceso identificado con el número de radicado 2004-00796, cuyo reparto le correspondió al Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar. El 11 de octubre de 2004, dicha autoridad libró mandamiento de pago por las sumas aducidas, más los intereses moratorios que se causasen desde el momento que se hicieron exigibles tales obligaciones dinerarias, auto cuya citación para su notificación personal se comunicó a la sociedad demandada, el 4 de noviembre de 2005.

8.3.1. Posteriormente, el actor referido reformó su demanda para vincular como demandados a los socios de la persona jurídica, los señores Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, petición que fue admitida mediante auto del 21 de enero de 2005, y que llevó a que en su contra también se librara mandamiento de pago.

8.3.2. En el marco de dicho proceso, el referido actor, en diferentes oportunidades, solicitó el embargo y secuestro de múltiples bienes y sumas de dinero de propiedad de la referida sociedad, y posteriormente, también de los señores Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel.

8.3.3. De esta manera mediante autos del 14 de octubre de 2004, 28 de enero, 7 de febrero, 16 de febrero y 21 de febrero de 2005, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar decretó el embargo, la retención y el secuestro de (i) los dineros que llegase a tener la sociedad aludida en virtud del contrato 135 del 2003, celebrado con la ESE José Prudencio Padilla, y en las cuentas de las entidades bancarias Megabanco, Bancafé, Banco Ganadero y BBVA, hasta la suma de $79 500 000; (ii) de un bien inmueble de propiedad de Juan Carlos Bayeh Rangel, identificado con la matrícula inmobiliaria 190-95948 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar; (iii) de los vehículos automotores de placas DWR-792, DVB-114, y DWR-811, aducidos como de propiedad de Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, respectivamente; (iv) de los dineros que llegase a tener Juan Carlos Bayeh Rangel en el banco BBVA, hasta la suma de $79 500 000; (v) de un bien inmueble de propiedad de Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, identificado con la matrícula inmobiliaria 190-32978 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, y (vi) de los “bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el remanente del producto de los bienes embargados dentro del proceso ejecutivo que adelanta Eduardo Cujia Guerra contra la sociedad comercial denominada B&B Ingenieros CIA Ltda., Juan Carlos Ballet (sic) Rangel y Yaffy Nicolás Ballet Rangel (sic) el cual cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar”.

8.3.4. Luego de las anteriores órdenes de embargo, se puso en conocimiento de dicho juzgado que (i) la cuenta bancaria a nombre de la sociedad demandada en la entidad bancaria Bancafé, “se encuentra embargada sin saldo disponible”; (ii) el bien inmueble de propiedad de Juan Carlos Bayeh Rangel, identificado con la matrícula inmobiliaria 190-95948, se encontraba embargado desde el 1º de abril de 2003, por parte del banco Bancafé, y (iii) no fue posible registrar el embargo sobre el vehículo DWR-811, en consideración a que su titular era la señora Nayibe Bayeh Rangel (copias de la demanda presentada en ejercicio de la acción ejecutiva por el señor Edilberto Zequeira Torres, de su hoja de radicación, del formato de citación para diligencia de notificación personal, de la reforma de dicha demanda, de las solicitudes de embargo y retención, de los autos referidos expedidos por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar, de varios memoriales dirigidos al juzgado sobre los bienes y productos bancarios cuyo embargo se ordenó y del folio de matrícula del bien inmueble identificado con el 190-95948; fls. 85-89, 90, 93, 94, 97, 98, 102, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 127,131-132, 144, 146, 156, 159, cdno. 1).

8.4. El 5 de noviembre de 2004, esto es, de manera posterior al libramiento de pago a favor del señor Edilberto Zequeira Torres, a la comunicación de su existencia a la sociedad demandada y mientras dicho proceso ejecutivo se adelantaba, el señor Juan Carlos David Acosta presentó demanda ejecutiva laboral en contra de la sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda., por la suma equivalente a $53 071 000, la cual adujo que se derivó del incumplimiento en el pago de sus salarios y prestaciones sociales, por el período trabajado entre el 15 de marzo de 1999 hasta el 15 de marzo de 2003. La referida demanda fue admitida mediante auto del 21 de enero de 2005, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, decisión en la que ordenó librar mandamiento de pago en contra de la sociedad señalada hasta por la suma de $53 606 500, y decretó el embargo, retención y secuestro de (i) los dineros que llegase a tener en las entidades bancarias Popular, Bancafé, Agrario y Banco Ganadero, hasta la suma de 79 606 500, (ii) varios bienes muebles de su propiedad, y (iii) los bienes inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 190-7809, 190-95948, 190-134 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar.

8.4.1. El 7 de febrero de 2005, el apoderado del señor Juan Carlos David Acosta informó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar sobre la existencia del proceso ejecutivo incoado por el señor Edilberto Zequeira Torres y adelantado por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar, por lo que le pidió que tuviese en cuenta “la figura jurídica Prelación de Créditos por Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales” y en consecuencia, le comunicara a dicho juzgado civil municipal sobre las medidas cautelares que decretó y “proceda decretar y ordenar la correspondiente acumulación de embargos dentro del proceso ejecutivo singular de menor cuantía”, de conformidad con el artículo 542(8) del Código de Procedimiento Civil.

8.4.2. Mediante auto del 15 de febrero de 2005, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar accedió a la anterior petición y ordenó “decretar el embargo y secuestro de los bienes, que se encuentran embargados, así como también la acumulación de los mismos en el proceso ejecutivo singular de menor cuantía en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar, que adelanta el señor Edilberto Zequiera Torres (…) en consecuencia se ordena que por secretaria se comunique esta medida cautelar, haciéndole saber a esa agencia de justicia, sobre la prevalencia de que goza el crédito laboral que aquí se cobra (…). Límite del embargo hasta la suma de Setenta y Nueve Millones Seis Mil Quinientos Pesos (…).

8.4.3. El 16 de febrero de 2005, el referido actor también solicitó la acumulación de embargos en relación con el proceso ejecutivo que para esa fecha adelantaba el señor Eduardo Nicolás Cujia Guerra, en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar. Además, por medio de los escritos del 1 y 2 de marzo de 2005, presentó la liquidación del crédito a su favor y volvió a poner de presente que se le debía dar prelación a su ejecución. Con observancia de lo anterior el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, mediante auto del 4 de marzo de 2005, aprobó dicha liquidación del crédito, la cual no fue objetada por la sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda. durante el término dispuesto para ello (copias de la demanda ejecutiva presentada por el señor Juan Carlos David Acosta, de las peticiones del 7 y 16 de febrero, y del 1 y 2 de marzo del 2005, y de los Autos del 21 de enero, 15 de febrero y de 4 de marzo del 2005, proferidos por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar; fls. 25-22, 41, 42, 50-52, 57, 58, 204-207, 211, cdno. 1).

8.5. Con fundamento en las anteriores circunstancias, el 8 de marzo de 2005, el señor Edilberto Zequeira Torres presentó denuncia por los delitos de fraude procesal y estafa en contra de los señores Juan Carlos David Acosta, Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, en consideración a que estimó que utilizaron el proceso ejecutivo laboral iniciado por el primero, para que los segundos evadieran el pago de lo que su sociedad le debía con ocasión de los cheques a su favor.

8.5.1. Para el efecto, aseveró que el acta de conciliación en la que se fundamentó el proceso ejecutivo laboral iniciado por el señor David Acosta, en la cual éste y los señores Bayeh Rangel habrían llegado a un acuerdo sobre el pago de sus acreencias, adolecía de varias irregularidades que permitían aducir que era falso. De otra parte, solicitó que se le notificara al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar de la presentación de su denuncia, de manera que se abstuviera de entregar los dineros retenidos hasta que se aclararán las irregularidades observadas en el procedimiento que adelantaba, y aportó copias del mismo para que se estudiara la admisibilidad de sus peticiones.

8.5.2. Con fundamento en la anterior denuncia, la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar, mediante auto del 9 de marzo de 2005, inició instrucción penal y ordenó la práctica de varias pruebas para investigar las conductas referidas. Además, mediante oficio de la misma fecha, comunicó al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar para que se garantizara la prejudicialidad consagrada en el artículo 154(9) de la Ley 600 del 2000.

8.5.3. Con posterioridad a la decisión referida, se practicaron y recepcionaron varios elementos probatorios, entre los que cabe destacar que el 15 de marzo de 2005, miembros del CTI visitaron la sede de la “empresa B&B Ingenieros Cía. Ltda. (…); en el mencionado lugar fuimos atendidos e informados por parte del celador de la empresa señor Giovanni Ramírez (…) de que por razones de no tener luz eléctrica debido a que Electricaribe cortó o suspendió el servicio, los propietarios de la empresa o personal administrativo no permanecen en la misma y por lo regular llegan a las 10:30 a.m., se quedan un rato y se marchan a las 11:30 a.m., no se cumple horario fijo de labores”.

8.5.4. Posteriormente, la autoridad penal aludida, mediante Auto del 5 de abril de 2005, ordenó citar a los señores Juan Carlos David Acosta, Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, para que fuesen escuchados en indagatoria, quienes comparecieron para ello el 13 de junio de 2005.

8.5.5. Mediante auto del 1º de abril de 2005, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar decretó la prejudicialidad solicitada y suspendió el proceso ejecutivo iniciado por el señor Juan Carlos David Acosta, en los términos de los artículos 170(10) y 171(11) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que se pretendía investigar si en el interior de dicho procedimiento se cometió un posible fraude procesal.

8.5.6. De manera posterior a la práctica de otros medios probatorios, la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar, el 19 de octubre de 2005, definió la situación jurídica de los señores Bayeh Rangel y David Acosta, y si bien adujo que contaba con los elementos probatorios suficientes para colegir que falsearon el acta de conciliación laboral referida y por consiguiente, que era factible decretarles medidas de aseguramiento consistentes en sus detenciones preventivas, se abstuvo de hacerlo debido a que no se reunían las circunstancias de necesidad requeridas para ello, máxime cuando se imponía respetar su presunción de inocencia.

8.5.7. Los días 24 y 25 de octubre de 2005, los señores Juan Carlos David Acosta, Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel impugnaron la anterior determinación —el primero en reposición y en subsidio en apelación, y los segundos únicamente en reposición—, con la finalidad de que se revocara y se precluyera la investigación a su favor.

8.5.8. El 3 de enero de 2006, la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales de Valledupar conoció de los recursos de reposición interpuestos, momento en el que resolvió no modificar su decisión, en consideración a que estimó que los argumentos de los recurrentes no resultaban procedentes para el efecto, y concedió el recurso de apelación presentado por el señor David Acosta. El 2 de febrero de 2006, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar conoció del recurso de apelación interpuesto y confirmó la determinación señalada, punto en el que aseveró que a pesar de que todavía se podían recopilar elementos probatorios que permitieran calificar el sumario, las pruebas con las que se contaba le daban mayor fortaleza a la hipótesis de que los investigados falsearon el documento de la conciliación referido.

8.5.9. El 27 de julio de 2007, luego de la práctica de varios medios de prueba solicitados por el apoderado de los señores Bayeh Rangel, con el objeto de demostrar su inocencia en la comisión del delito objeto de pesquisa, se declaró el cierre de la instrucción y se dio el traslado de 8 días para que los sujetos procesales presentaran sus alegatos de conclusión.

8.5.10. El 23 de octubre de 2007, la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar calificó el mérito del sumario, dictó resolución de acusación en contra de los señores Juan Carlos David Acosta y Juan Carlos Bayeh Rangel como posibles autores de las conductas punibles de falsedad material en documento público y fraude procesal, precluyó la investigación a favor del señor Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, y erróneamente le revocó una medida de aseguramiento que nunca se le impuso.

8.5.11. Señaló que si bien se logró probar que el acta de conciliación celebrada entre los señores Juan Carlos David Acosta y Juan Carlos Bayeh Rangel se efectuó ante la autoridad competente, su contenido no resultaba acorde a la realidad, puesto que el tiempo de trabajo y el salario que se aseveró en ese documento que devengaba el señor Juan Carlos David Acosta, lo que a la postre le sirvió para demandar mediante acción ejecutiva, no sólo no tenía fundamento probatorio alguno, sino que se veía contradicho por los elementos probatorios obrantes en el plenario. Por su parte, se coligió que el señor Yaffy Nicolás Bayeh Rangel no podía ser acusado, puesto que a pesar de que ocupaba un cargo directivo en la empresa, no suscribió el documento objeto de investigación.

8.5.12. El 13 de noviembre de 2007, los señores Juan Carlos Bayeh Rangel y Juan Carlos David Acosta presentaron recurso de apelación en contra de la providencia referida. Con fundamento en lo anterior, el 21 de mayo de 2008, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar resolvió revocar la resolución del 23 de octubre de 2007 y, en aplicación del principio in dubio pro reo, precluyó la investigación a favor de los señores Juan Carlos David Acosta y Juan Carlos Bayeh Rangel, puesto que a pesar de que habían elementos de prueba que los comprometían con las conductas penales objeto de la pesquisa, también era cierto que subsistían dudas razonables que impedían acusarlos penalmente.

8.5.13. El 25 de junio de 2008, la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar ofició al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, con la finalidad de ponerle en conocimiento la decisión referida (copias de la denuncia penal presentada por el señor Edilberto Zequeira Torres, de las providencias del 9 de marzo, 5 de abril y 19 de octubre del 2005, del 3 de enero de 2006, del 29 de marzo, del 23 de abril, del 27 de julio, del 23 de octubre de 2007, y de los oficios 316 del 9 de marzo de 2005, y 775 del 25 de junio de 2008, expedidos por la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Valledupar, del oficio 318 del 15 de marzo de 2005, efectuado por el CTI, del auto del 1 de abril de 2005, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, del oficio 563 suscrito por la secretaria de dicho despacho, de las diligencias de indagatoria de los señores Rayeh Rangel y David Acosta, de los recursos de reposición y en subsidio de apelación presentados por los señores David Acosta y Bayeh Rangel en contra de la decisión que resolvió su situación jurídica, providencias del 2 de febrero de 2007 y del 21 de mayo de 2008, proferidas por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Valledupar, de la petición de pruebas adicionales de los señores Bayeh Rangel, de los recursos de apelación en contra de la providencia del 23 de octubre de 2007, por medio de la cual se calificó del sumario; fls. 21-24, 59, 60, 62, 73 82, 169, 220, 221, 230-238, 258-265, 273-286, 295-298, 310-316, 325, 326, 353, 366-379, 381-415, 436-458 cdno. 1).

8.6. Durante el trámite de la investigación penal adelantada en contra de los señores Bayeh Rangel, los días 20 de octubre, 2 de noviembre y 19 de diciembre de 2005, la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. celebró los contratos de obra 2248, 2509 y 3610 para el mejoramiento de diferentes carreteras de los departamentos de Boyacá y Cesar, cuyos plazos de ejecución inicial eran de alrededor de cuatro meses, los cuales vencían el 19 de marzo y el 10 de junio de 2006, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, en la generalidad de dichos contratos se presentaron varios incumplimientos por parte de la sociedad contratista, lo que llevó a que los términos de los acuerdos se ampliaran en múltiples ocasiones a lo largo de todo el año 2006 —los dos últimos contratos se prorrogaron en seis oportunidades—, hasta el 31 de mayo, 13 de septiembre, 9 de noviembre de 2006, y finalmente, debido a los incumplimientos sistemáticos de la sociedad contratista, el Invías resolvió declarar su caducidad mediante las resoluciones 1058 del 13 de marzo, 1408 del 9 de abril y 1664 del 25 de abril de 2007.

8.6.1. De conformidad con las resoluciones de caducidad aludidas —únicos elementos probatorios que dan cuenta de lo sucedido durante la ejecución de los contratos mencionados—, la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. no cumplió en las fechas pactadas con la entrega de las obras, y ante los múltiples informes sobre sus incumplimientos rendidos por los interventores, y las muchas peticiones de rendición de cuentas, de descargos o de adopción de medidas para destrabar la ejecución de tales negocios jurídicos por parte del Invías, la contratista guardaba silencio, no presentaba tales rendiciones de cuentas, se defendía culpando de su incumplimiento a los interventores o a situaciones ajenas a su voluntad que catalogaba como causales de fuerza mayor —como problemas de su personal para ejecutar tales obras—, y se comprometía a terminar las obras, para lo que solicitó en varias ocasiones la ampliación del plazo de los negocios jurídicos en comento, sin que en ningún momento hubiese hecho referencia a que los problemas de su ejecución se derivaran de la existencia de la investigación penal en contra de los señores Bayeh Rangel.

8.6.2. De otro lado, en algún momento del 2006, dicha sociedad hizo parte de la unión temporal Bom, la cual celebró el contrato 1255 de 2006 con el Invías, contrato al que dicha entidad le declaró su caducidad mediante resolución 30 del 7 de enero de 2009 —respecto de lo cual simplemente se allegó un oficio expedido por el Invías para que se notificaran de la aducida resolución—.

8.6.3. Por su parte, el 30 de agosto de 2006, en el proceso ejecutivo adelantado por el señor Edilberto Zequeira Torres, luego del vencimiento de uno de los contratos y de varias prórrogas en los demás, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar decretó el embargo y retención de los “dineros que reciba el demandado (…) por concepto de contrato, y que sean legalmente embargables en el Instituto Nacional de Vías “Invías” de la ciudad de Bogotá. Hasta la suma de Ciento Seis Millones de Pesos m/l ($106.000.000). Para su efectividad ofíciese al tesorero pagador de la entidad antes mencionada para que se sirva hacer las retención (sic) correspondiente y consignarla a órdenes de este juzgado en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia S.A. (…)”. Conforme a la anterior orden, los días 31 de enero, 10 de abril y 22 de agosto de 2007, el Invías consignó los depósitos judiciales en el valor solicitado (copias del auto del 30 de agosto de 2006, proferido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Valledupar, de las resoluciones 1058 del 13 de marzo, 1408 del 9 de abril y 1664 del 25 de abril de 2007, y del oficio 1548 del 22 de enero de 2009, expedidos por el Invías, de las consignaciones y de los oficios por medios de los cuales dicha entidad da constancia los depósitos judiciales ; fls. 481, 493-562, cdno. 2).

8.7. En el proceso ejecutivo adelantado por el señor Eduardo Nicolás Cujia Guerra, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, mediante despacho comisorio del 19 de enero de 2007, ordenó a la inspección de policía de turno para que se le hiciese entrega a dicho demandante de los bienes inmuebles identificados con la matrícula inmobiliaria 190-7890 y 190-134, los cuales ya habían sido rematados —de lo que se sigue que el embargo y secuestro de esos bienes no fueron afectados por la solicitud de prejudicialidad elevada por el señor David Acosta— (copias del despacho comisorio proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar del 19 de enero de 2007; fls. 563, cdno. 2).

8.8. Mediante Auto 201 del 11 de diciembre de 2008, la Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar, perteneciente a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas —DIAN—, liquidó el crédito de lo que le adeudaba la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. por concepto de impuestos de renta, ventas, seguridad democrática y retefuente, desde el año 2000 hasta el año 2006 (copias del Auto 201 del 11 de diciembre de 2008; fls. 565, 566, cdno. 2).

8.9. El 9 de julio de 2009, los demandantes elevaron solicitud de conciliación extrajudicial, con el objeto de llegar a un acuerdo con la Nación-Fiscalía General de la Nación frente a las mismas pretensiones que terminaron por demandar en el presente asunto. De conformidad con lo anterior, el Ministerio Público citó a los convocantes y a la convocada para el 18 de septiembre de la misma anualidad, fecha en la que dicha conciliación se declaró fallida y se expidió la constancia establecida por la ley (originales de la constancia expedida el 18 de septiembre de 2009, por parte de la Procuraduría Cuarenta y Siete Judicial II para asuntos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, y de la solicitud de conciliación extrajudicial elevada por los actores; fls. 5, 8-18, cdno. 1).

IV. Problema jurídico.

9. Teniendo en cuenta las pretensiones del libelo introductorio, y con observancia de las facultades que tiene esta Corporación como juez de segunda instancia para pronunciarse de oficio en relación con ciertos aspectos determinados por el ordenamiento jurídico —como lo es la legitimación en la causa de las partes—, le corresponde a la Sala determinar si es factible analizar de fondo la responsabilidad la Nación-Fiscalía General de la Nación invocada por los señores Juan Carlos Bayeh Rangel y Yaffy Nicolás Bayeh Rangel, por los supuestos perjuicios que soportaron tanto ellos como la sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda. a partir de la investigación penal que se les adelantó, máxime cuando las únicas circunstancias nocivas acreditadas sólo tienen que ver con dicha persona jurídica, sin conexión alguna con la pesquisa penal referida.

9.1. Para efectos de resolver la anterior problemática, (i) se delimitarán las pretensiones de la demanda; (ii) se estudiará la legitimación en la causa de los actores para elevarlas, lo que implica determinar si los detrimentos demandados radican en perjuicios personales sufridos por los demandantes, y (iii) se analizará si tales menoscabos se acreditaron debidamente.

V. Análisis de la Sala.

10. De manera previa a abordar la plausibilidad del estudio de fondo de la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y emprender su análisis, se debe tener en cuenta que los demandantes elevaron dos tipos de pretensiones a raíz de la investigación penal que se les inició, a saber, unas que manifestaron con ocasión de los detrimentos materiales que según ellos sufrió la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda., las cuales especificaron con claridad, y otras que radicaron debido a los perjuicios materiales y morales que adujeron padecer, sin aclarar en qué consistían los primeros más allá de referir una afectación al desempeño de sus profesiones, lo que les produjo un lucro cesante.

10.1. Adicionalmente, a pesar de que en el libelo introductorio, los accionantes adujeron que se les impusieron sendas medidas de aseguramiento consistentes en sus detenciones preventivas, no se debe perder de vista que (i) no elevaron pretensión alguna al respecto, y (ii) además de tratarse de una mera mención de paso, se trató de una aseveración falsa, en tanto que en sentido opuesto a lo que afirmaron, se encuentra debidamente acreditado que en ningún momento se les afectó con ese tipo de medidas o se les retuvo durante el desarrollo de la pesquisa, habida cuenta de que las autoridades competentes se abstuvieron de hacerlo —lo único que se demostró es que erróneamente, la fiscalía que conocía del caso revocó una medida de aseguramiento que en ningún momento impuso; ver párrafos 8.5.4, 8.5.6, 8.5.10—.

10.2. De esta manera, teniendo en cuenta que de conformidad con el principio de congruencia que rige la actividad judicial —artículo 305(12) del Código de Procedimiento Civil—, el petitum y la causa petendi de la demanda definen el conflicto que se pretende someter a conocimiento de la jurisdicción y por ende, establecen un primer marco de la competencia del operador judicial(13), con excepción de los limitantes que se establezcan en el recurso de apelación y los asuntos respectos de los cuales el juzgador se puede pronunciar de oficio(14), conviene aclarar que el presente litigio consiste en determinar si surge la responsabilidad patrimonial de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con ocasión de los perjuicios que los señores Bayeh Rangel adujeron que se les causaron exclusivamente por el hecho de que se les hubiese iniciado y adelantado una pesquisa penal.

11. Una vez precisado lo anterior, para efectos de que se pueda radicar en cabeza del aparato estatal la obligación de indemnizar, es necesario determinar si al accionante se le causó un daño antijurídico, esto es, la lesión de un derecho, de un bien o de un interés jurídicamente tutelado(15), que él, como su titular, no tenía el deber jurídico de soportar(16).

11.1. De esta manera, se debe tener en cuenta que el demandante tiene como primera carga acreditar que se le ocasionó un daño, para lo cual le corresponde probar la titularidad del derecho, hecho, bien o interés jurídicamente protegido que le fue menoscabado, es decir, su conexión con el objeto del daño, de manera que en virtud de éste se le pueda reparar(17), puesto que en principio, a quien resulta procedente indemnizar mediante la decisión judicial que se profiera, es a la persona a la que realmente se le causa un detrimento y que demanda debidamente por ello, lo que se traduce en la verificación del requisito desarrollado en la dogmática del derecho de daños consistente en que el menoscabo, para ser indemnizado, debe ser personal(18).

11.2. Ciertamente, no se puede desconocer que el nexo del sujeto demandante con el derecho que aduce afectado reviste una esencial importancia para los litigios judiciales en los que se debate la responsabilidad patrimonial, habida cuenta de que la titularidad mencionada permite (i) establecer el individuo destinatario de la reparación, en tanto que es en el patrimonio de quien soporta el daño en el que surge el derecho a ser indemnizado(19), y (ii) facilita identificar cuál es la situación que se vio alterada negativamente, para efectos de intentar retornarla al estado en el que se encontraba antes del acaecimiento del daño, lo que a su vez se relaciona con la delimitación del resarcimiento que procede de conformidad con el principio de reparación integral, comoquiera que la magnitud de la indemnización debe corresponder de manera exacta con la entidad del daño(20).

11.3. En consecuencia, resulta diáfano que para resolver un litigio en específico, al juez de lo contencioso administrativo se encuentra obligado a entrar a dilucidar la existencia de una conexión entre el actor y el derecho o el bien que arguye como menoscabado, puesto que se reitera, sólo así podría hacerlo beneficiario de la restitución que solicita.

11.4. Conviene precisar que el aspecto denotado no sólo se relaciona con la misma existencia del perjuicio para quien lo aduce producido, sino que también tiene que ver con la legitimación en la causa por activa al interior de un asunto jurisdiccional. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado:

Que el perjuicio sea sufrido por la persona que solicita reparación es un principio elemental del derecho de la responsabilidad(21).

(…) Es oportuno, entonces, anotar que el carácter personal del perjuicio se presenta en forma pura. Sólo hay que establecer que el hecho dañino causó un perjuicio a la persona que solicita la indemnización.

(…) Puesto que se parte entonces del supuesto de que el título con el cual se comparece al proceso es lícito, el estudio de este aspecto del perjuicio lleva a precisar la forma como operan las reglas para que se dé la identidad entre demandante y título, y se establezca, de contera, el daño personal. Si dicha identidad se presenta, se puede afirmar que la víctima sufre un daño, salvo que se pruebe que su título no es legal.

(…) Se debe sólo mirar si el título con que comparece al proceso legitima al demandante para actuar. Es así como tal concepción nos permite centrarnos en el estudio de la existencia del título jurídico con el cual el demandante concurre al proceso, lo cual nos relaciona con el concepto de legitimario ad causam por activa.

(…) Es así como el carácter personal del perjuicio estará presente cuando el demandante relaciona el daño padecido con los derechos que tiene sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecer una titularidad jurídica sobre el derecho que tiene respecto del bien menguado. En este entendido se recuerda un concepto elemental del derecho de daños, claramente enunciado por De Cupis cuando afirma que “lo que el derecho tutela, el daño vulnera”(22), y por ello el demandante en un proceso debe establecer que tenía el derecho que vulneró el daño, como requisito para establecer que en efecto hubo lesión en su patrimonio. Es la lógica del artículo 2342 del Código Civil colombiano cuando enuncia que “puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso”. Dentro de esta concepción se puede afirmar que, “en consecuencia, es claro que la lesión de un derecho constituye una condición de existencia del daño, necesaria para que proceda la indemnización. La lesión del derecho es entonces un elemento para apreciar el perjuicio reparable”(23). //Es así como carácter personal y legitimación por activa en la causa se confunden.

(…) [C]on independencia de quien pida, el demandante debe aportar la prueba del título de su derecho para reclamar, es decir, la identidad entre resarcimiento pedido y derecho a obtenerlo, de conformidad con el ya citado artículo 2342 del Código Civil.

(…) Si el demandante invoca la calidad de propietario de un bien debe probar dicha calidad.

(…) La lógica que viene de describirse respecto de la propiedad invocada como título es similar a la que se da cuando se presenta cualquier otro título.

(…) Se debe también anotar que no se excluye la hipótesis de la acumulación alternativa de títulos para pedir, pues bien pueden presentarse casos en los cuales se invocan varios derechos simultáneamente.

(…) También se observa en la jurisprudencia colombiana la tendencia a otorgar indemnización a pesar de que el título con el cual se compareció al proceso no se logre establecer, siempre y cuando se establezca otro título que permita dicho otorgamiento(24).

11.5. En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda(25).

11.6. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. Al respecto, se ha establecido:

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(26).(27)

11.7. Igualmente, cabe destacar que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que ésta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto procesal sino sustancial del litigio(28). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados, estudio que jurisprudencialmente se ha considerado que puede ser realizado de oficio —ver párrafos 6.1 y 6.2—.

11.8. En este orden de ideas, la Sala observa que en los casos en que se demanda con el fin de obtener la reparación de un daño, los demandantes, en principio, tienen el deber de demostrar la relación que invocan con éste o en otros términos, la titularidad del derecho que aseveraron ostentar y que a partir del hecho dañoso fue lesionado, de tal forma que demuestren la existencia del daño que aseveran que les fue causado y su interés para demandar o legitimación en la causa por activa.

11.9. Con observancia de lo expuesto, la Sala advierte que a los demandantes no les asiste un interés sustancial en relación con las pretensiones que elevaron derivadas de los supuestos perjuicios que padeció la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. a partir de la investigación penal que se adelantó contra ellos, por lo que al no habérseles causado dichos detrimentos, es evidente que éstos no cumplen con la condición personal de existencia del perjuicio y en ese orden de ideas, dichos demandantes no se encuentran legitimados materialmente para demandar su reparación.

11.10. En efecto, no se puede perder de vista que la sociedad B&B Ingenieros Cía. Ltda. se trata de una persona jurídica que ostenta los atributos de la personalidad y por ende, tiene un patrimonio contentivo de sus derechos(29), los cuales, según los demandantes, fueron vulnerados por la pesquisa de la que ellos fueron objeto, lo que equívocamente los llevó a que elevaran pretensiones para que esos derechos les fueran reparados, cuando en ningún momento fueron sus titulares y por consiguiente, no padecieron su detrimento.

11.11. En ese orden de ideas, los señores Bayeh Rangel lógicamente no podían demandar el resarcimiento de derechos vulnerados que nos le pertenecían, imposibilidad que a su vez se encuentra expresamente establecida por el ordenamiento jurídico(30), de modo que ahora resulta completamente inviable acceder a esas peticiones para concederles indemnización alguna, en tanto ello significaría repararlos por los detrimentos que sufrió otra persona.

11.12. En consecuencia, se advierte que en relación con las pretensiones relacionadas con los perjuicios que supuestamente se le habrían causado a la persona jurídica, se configuró la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Juan Carlos Bayeh Rangel y Taffy Nicolás Bayeh Rangel, detrimentos que en cualquier caso, cabe agregar que a pesar de que fueron los únicos que intentaron ser probados por dichos accionantes, no tienen relación alguna con la pesquisa penal que se reduce en el hecho por el cual demandaron a la Nación-Fiscalía General de la Nación.

11.13. Ciertamente, además de que los demandantes pretendieron erróneamente obtener la reparación de los daños que sufrió una persona diferente a ellos, se observa que también intentaron hacer pasar algunas situaciones nocivas que dicha persona jurídica padeció como si fuesen consecuencias del actuar de la entidad demandada, por la simple e irreflexiva razón de que la pesquisa penal que se les adelantó precluyó a su favor, cuando entre ellas no existió conexión alguna.

11.14. Al respecto, los demandantes adujeron que a dicha sociedad se le causaron múltiples perjuicios derivados de la investigación penal y la prejudicialidad que se decretó con ocasión de la misma, a saber, que (i) perdiera los bienes inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 190-7809 y 190-134; (ii) se liquidaran unilateralmente los contratos 168 y 095 de 2003, celebrados con la ESE José Prudencio Padilla, y se embargaran los dineros derivados de los mismos; (iii) se le sancionara en los contratos 2248, 2509, 3610 y 1255 de 2006, celebrados con el Invías; (iv) no pudiera volver a contratar con el Estado desde el año 2006, debido a las declaratorias de caducidad que se resolvieron en esos negocios jurídicos; (v) incumpliera sus obligaciones tributarias, lo que conllevó a que se le iniciaran los procedimientos correspondiente para obtener el pago de las mismas, y (vi) no pudiera pagar a sus proveedores, lo que le originó varios procesos ejecutivos.

11.15. La Sala advierte que dichas circunstancias negativas no se desprendieron de la investigación penal que se adelantó en contra de los señores Bayeh Rangel, sino que tienen sus causas en diferentes escenarios situacionales totalmente ajenos a la Nación-Fiscalía General de la Nación, habida cuenta de que:

(i) la pérdida de los inmuebles referidos tiene su origen en la falta de pago de un crédito que la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda. seguramente adquirió con el señor Eduardo Nicolás Cujia Guerra, quien obtuvo la propiedad de dichos bienes en el año 2007, luego de su remate —ver párrafo 8.7—, bienes cuyo embargo (a) no tienen nexo con la suspensión por prejudicialidad que se decretó por la existencia de la investigación penal señalada, puesto que la misma únicamente se produjo en el proceso ejecutivo adelantado por el señor Juan Carlos David Acosta —debido a que se debía investigar si en el mismo se cometió el delito de fraude procesal; ver párrafos 8.5.2 y 8.5.5—, y la suspensión de dicho proceso, de conformidad con lo que se tiene probado, no influyó en el proceso ejecutivo iniciado por el señor Cujia Guerra, puesto que tales bienes fueron rematados antes del 19 de enero de 2007, cuando la investigación penal todavía se adelantaba, y (b) en cualquier caso, el que hubiese sido afectada por la prejudicialidad no tiene efecto alguno sobre la posterior pérdida de los bienes, puesto que esa consecuencia habría ocurrido de cualquier forma ante la falta de pago por parte del a sociedad;

(ii) en relación con los contratos celebrados con la ESE José Prudencio Padilla, sólo se probó que fueron liquidados unilateralmente los contratos 168 y 139 del 2003 —no existe prueba de la liquidación del contrato 95 del 2003—, liquidaciones que se debieron a los latentes incumplimientos en su ejecución por parte de la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda., sin que se hubiese acreditado que ello se debiera al procedimiento penal que se adelantó en contra de los demandantes a comienzos del año 2005 —ver párrafo 8.5— y, por el contrario, a pesar de que en relación con el primer negocio jurídico no se tiene mayor información —solo que se cumplió en un 48%—, el plazo del segundo negocio jurídico venció el 24 de abril de 2004, de modo que es imposible que la aducida pesquisa penal hubiese afectado su desarrollo —ver párrafo 8.2—;

(iii) no se tiene prueba de que se hubiesen embargado los dineros que le fueran entrar a la sociedad aludida con ocasión de otros acuerdos suscritos con la ESE José Prudencio Padilla, puesto que a pesar de que se ordenó que ello se hiciera respecto del contrato 135 de 2003, no se sabe si esa medida se concretó —ver párrafos 8.3.3 y 8.3.4—, medidas que en todo caso no imposibilitaban que dicha persona jurídica cumpliera con sus obligaciones contractuales, habida consideración de que lo único que puede ser objeto de embargo y retención son los dineros que le entrarían como utilidad, más no de aquéllos destinados a la ejecución contractual;

(iv) a la misma conclusión se puede arribar en relación con las caducidades decretadas en los contratos que la sociedad en comento celebró con el Invías, máxime cuando no hay prueba alguna que vincule sus incumplimientos con la investigación penal adelantada en contra de los señores Bayeh Rangel, y en sentido opuesto, del despliegue de los contratos que se tiene conocimiento, dicha persona jurídica siempre invocó otras causas como motivos de sus supuestas imposibilidades de ejecutar adecuadamente tales contratos —ver párrafos 8.6 a 8.6.2—, y

(v) tampoco hay medios de prueba que conecte el comportamiento de la Nación-Fiscalía General de la Nación con el incumplimiento de las demás obligaciones tributarias y contractuales de la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda., lo que parece poco probable, en consideración a que algunos de los incumplimientos en el pago de tributos de dicha persona jurídica se dieron desde el año 2000, y las demandas ejecutivas que se conoce que se le incoaron datan desde antes de que se iniciara la pesquisa penal, cuyas ejecuciones no se probó que de manera alguna se viesen alteradas por la misma.

11.16. Con observancia de todo lo expuesto, las pretensiones relacionadas con los perjuicios referidos serán denegadas, puesto que además de que se configuró la falta de legitimación en la causa por activa o falta de interés sustancial de los accionantes al respecto, también es evidente que no existe ningún tipo de conexión entre tales detrimentos y la Nación-Fiscalía General de la Nación.

12. Finalmente, la Sala advierte que las pretensiones que los accionantes elevaron en relación con sus supuestos daños materiales y morales tampoco pueden prosperar, en consideración a que no acreditaron debidamente la existencia de dichos detrimentos en incumplimiento de su carga probatoria dispuesta por el artículo 177(31) del Código de Procedimiento Civil.

12.1. Ciertamente, los demandantes no aportaron prueba alguna que respaldara la supuesta privación de los ingresos económicos que dejaron de percibir con ocasión de la investigación penal que se les adelantó, punto en el que se debe tener en cuenta que contrario a lo que adujeron, en ningún momento soportaron una detención que les imposibilitara obtener una remuneración a partir de su trabajo, razones por las cuales no es factible tener por demostrado los detrimentos de lucro cesante cuya indemnización buscaron y por consiguiente, tales pretensiones serán denegadas.

12.2. De otro lado, tampoco allegaron ningún elemento de convicción a partir del cual se pueda evidenciar que sufrieron moralmente a raíz de la pesquisa, detrimento que jurisprudencialmente se ha señalado que siempre se debe encontrar acreditado y que no es posible presumir. En efecto, sobre la prueba de los perjuicios morales esta Subsección ha señalado:

12.1. En efecto, si bien le asistió razón al accionante al aseverar que el detrimento moral, como daño antijurídico demandado, es un perjuicio cuya estimación y tasación resulta difícil, puesto que no es factible medir en dinero la lesión a los sentimientos, la congoja, el dolor o el sufrimiento de una persona, lo que hace que el juez deba liquidar su indemnización apelando a su buen arbitrio o criterio, ello no implica que en un proceso de responsabilidad, la parte demandante se vea exonerada de acreditar su ocurrencia, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177(…) del Código de Procedimiento Civil, sería a dicho extremo del litigio al que le corresponde acreditar los supuestos fácticos de las normas cuyos efectos persigue para que se declare la obligación de su contraparte de repararle el daño que asevera como causado y que por ende, tiene que probar.

12.2. Asimismo, cabe precisar que el daño no es un elemento frente al cual se pueda aplicar de entrada una presunción de su existencia, lo que ocurrió por algún período de la jurisprudencia de esta Corporación únicamente respecto de la falla del servicio —falla presunta del servicio— como título jurídico de imputación en los casos de prestación de servicios médicos asistenciales —postura jurisprudencial ya recogida—, toda vez que su causación requiere siempre del despliegue de una actividad probatoria por la parte actora, lo que sucede hasta en los casos en donde el daño moral adquiere su mayor dimensión —muerte, lesiones personales, privación injusta de la libertad—, en tanto para inferir su producción se requiere la acreditación de la afectación correspondiente a los derechos respectivos de la víctima directa —como la lesión, la privación de la libertad, pero no de la defunción por razones claras—, y la acreditación del parentesco o vínculo de los afectados indirectos con dicha víctima. Así lo ha entendido la Sala Plena de la Sección Tercera de la siguiente manera:

En cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado —al igual que demás perjuicios— a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, el Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso(32).

Sin contrariar el principio que se deja visto, pero teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo de padecimientos que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia se corresponda con la exteriorización de su presencia, ha entendido esta Corporación(33) que es posible presumirlos para el caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.

Idénticos parámetros jurisprudenciales maneja actualmente la Corte Suprema de Justicia(34) que ha entendido que la valoración de este tipo de perjuicios corresponde al juez, quien podrá declarar su existencia con base en la prueba indiciaria, en la cual, el parentesco resulta ser un elemento que permite deducir y tener por demostrado el afecto derivado de las relaciones familiares(35).

(…) Así las cosas, en esta oportunidad, la Sala reitera la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan(36).

12.3. Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que del simple inicio de una pesquisa disciplinaria, conforme a las reglas de la experiencia, no es posible inferir de manera automática la ocurrencia de un perjuicio moral, la Sala advierte que si bien la parte demandante sustentó probatoriamente los eventos objetivos que aseveró en su demanda relacionados con que por la compulsa de copias de la Procuraduría General de la Nación, a él se le abrió por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca dicha investigación disciplinaria, no se puede perder de vista que no probó el detrimento que adujo como ocasionado y en consecuencia, no es posible acceder a las pretensiones que invocó en su libelo introductorio tanto en contra del Estado como del funcionario público pertinente(37).

12.3. Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, que por la simple existencia de un procedimiento penal que el Estado tramita en cumplimientos de sus funciones no es posible deducir irreflexivamente la causación de los perjuicios morales invocados por los accionantes, sus pretensiones al respecto también serán denegadas, máxime cuando la investigación penal del sub judice se adelantó con el mayor respeto posible de los derechos de los investigados, puesto que de los simples medios probatorios se puede colegir que la autoridad competente (i) a pesar de tener los indicios necesarios para privar de la libertad a los señores Bayeh Rangel, se abstuvo de hacerlo en tanto no lo consideró necesario, y (ii) observó una comportamiento diligente en la contestación de las peticiones de las partes, en la práctica y recolección de pruebas, y en el adelantamiento de las actuaciones necesarias para adoptar una decisión de fondo, punto en el que se debe tener en cuenta los múltiples recursos presentados por los procesados que requirieron tiempo para su resolución.

12.4. Resta agregar que en todo caso, los demandantes referidos tenían el deber jurídico de soportar el adelantamiento de la investigación que se tramitó en su contra tal como se presentó, en consideración a que como se advirtió, la autoridad competente tenía indicios para ello y observó una conducta diligente al respecto, por lo que entrada no es factible aseverar que dicha pesquisa hubiese sido arbitraria y en consecuencia, las consecuencias negativas que se hubiesen desprendido de ella, en principio, no se tratarían de daños antijurídicos sino de meras cargas que les correspondía afrontar(38).

13. De conformidad con todo lo señalado, en consideración a que en el presente asunto se configuró la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes en relación con ciertas pretensiones, lo que implica su denegatoria, y que dichos accionantes omitieron acreditar los daños personales que aseveraron padecer, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia.

VI. Costas.

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

15. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, el 25 de agosto de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase»

Aclaración de Voto.

Con el debido respeto por la posición mayoritaria, expongo a continuación las razones que me llevaron a aclarar el voto, en relación con las consideraciones expuestas en la Sentencia de 14 de septiembre de 2017, que tienen que ver con el señalamiento según el cual “a los demandantes no les asiste un interés sustancial en relación con las pretensiones que elevaron derivadas de los supuestos perjuicios que padeció la sociedad B&B Ingenieros y Cía. Ltda., a partir de la investigación penal que se adelantó contra ellos”.

En el sub judice se confirmó la decisión denegatoria del Tribunal Administrativo del Cesar, básicamente, porque los demandantes (i) no probaron cómo la investigación penal que afrontaron afectó a la firma B&B Ingenieros Cía. Ltda., en la cual fungían como Gerente y Jefe de Operaciones y (ii) dirigieron las pretensiones al resarcimiento de los detrimentos enfrentados por la aludida empresa, en el marco de su actividad contractual, se señala:

1.1. Ciertamente, además de que los demandantes pretendieron erróneamente obtener la reparación de los daños que sufrió una persona diferente a ellos, se observa que también intentaron hacer pasar algunas situaciones nocivas que dicha persona jurídica padeció como si fuesen consecuencias del actuar de la entidad demandada, por la simple e irreflexiva razón de que la pesquisa penal que se les adelantó precluyó a su favor, cuando entre ellas no existió conexión alguna.

1.2. Al respecto, los demandantes adujeron que a dicha sociedad se le causaron múltiples perjuicios derivados de la investigación penal y la prejudicialidad que se decretó con ocasión de la misma, a saber, que (1) perdiera los bienes inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 190-7809 y 190-134; (ii) se liquidaran unilateralmente los contratos 168 y 095 de 2003, celebrados con la ESE José Prudencio Padilla, y se embargaran los dineros derivados de los mismos; (iii) se le sancionara en los contratos 2248, 2509, 3610 y 1255 de 2006, celebrados con el Invías; (iv) no pudiera volver a contratar con el Estado desde el año 2006, debido a las declaratorias de caducidad que se resolvieron en esos negocios jurídicos; (y) incumpliera sus obligaciones tributarias, lo que conllevó a que se le iniciaran los procedimientos correspondiente para obtener el pago de las mismas, y (vi) no pudiera pagar a sus proveedores, lo que le originó varios procesos ejecutivos.

(…)

1.3. La Sala advierte que dichas circunstancias negativas no se desprendieron de la investigación penal que se adelantó en contra de los señores Bayeh Rangel, sino que tienen sus causas en diferentes escenarios situacionales totalmente ajenos a la Nación-Fiscalía General de la Nación (...).

Si bien comparto la decisión de la mayoría, considero que se debió (i) ahondar en el deber de soportar las investigaciones administrativas y penales, como una carga propia de la convivencia y (ii) concluir que, como no se acreditó que el proceso afrontado por los socios afectó la firma B&B Ingenieros Cía. Ltda., a ésta última le correspondía asumir sus incumplimientos contractuales y las consecuencias derivadas de los mismos.

En lo anteriores términos dejo expuesta mi aclaración de voto.

Fecha ut supra. 

Magistrada: Stella Conto Díaz del Castillo.

1. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

2. “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

3. “Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.//En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

4. [2] Sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 500012331000199706093-01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

5. [3] Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 0500131030012002, M.P. Ruth Marina Díaz.

6. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7. Consejo de Estado, Sala Plena de Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), C.P. Enrique Gil Botero.

8. “Cuando en un proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil, la medida se comunicará inmediatamente, sin necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate.//El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial. Dicho auto es apelable en el efecto diferido y se comunicará por oficio al juez del proceso laboral o al funcionario que adelante el de jurisdicción coactiva (…)”.

9. “Cuando iniciado un proceso penal y el fallo que se deba dictar en él, haya de influir necesariamente en la decisión dentro de un proceso de la jurisdicción ordinaria de especialidad diferente a la penal, lo comunicará al juez que conoce de este, quien podrá decretar la suspensión, por el término legal que corresponda o hasta la ejecutoria de la providencia que ponga fin a la actuación procesal penal”.

10. “El juez decretará la suspensión del proceso: //1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en él haya de influir necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez que conoce de éste. //2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley (…)”.

11. “Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión. //La suspensión a que se refieren los numerales 1º y 2º del artículo precedente, sólo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia. //La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir del hecho que la genere o de la ejecutoria del auto que la decrete, el cual es apelable en el efecto suspensivo. El que la niegue, en el devolutivo”.

12. “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.//No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.//Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.//En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

13. “(…) la naturaleza jurídica de la pretensión, como manifestación del demandante para que se vincule al demandado mediante una sentencia en determinado sentido y para ciertos efectos jurídicos concretos (…), atribuye al actor la facultad, en ejercicio del principio dispositivo, de dirigir el proceso hacia un fin y de determinar el camino correspondiente. El juez, por su parte, en aplicación del principio de congruencia (…), deberá estarse a ese camino, es decir, a la causa petendi y al petitum, para la toma de la decisión final en el proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1994-00379-01(18285), C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

14. Así lo ha considerado esta Subsección con anterioridad. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Subsección Tercera, Sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2002-01263-01(33775), y del 28 mayo de 2015, Exp. 250000-23-26-000-2004-00228-01(32665), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

15. “La vida diaria ofrece al observador más distraído el espectáculo de una serie múltiple y heterogénea de daños. Daño no significa más que nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable”. Adriano De Cupis, El Daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Bosch, Bogotá, 1996, p. 81. Por su parte, la doctrina jurídica colombiana ha señalado: “(…) el daño en sentido jurídico reproduce el sentido común del término: alteración negativa de un estado de cosas existente. (…) Se puede extraer el elemento común de lo hasta aquí expresado para llegar a la siguiente definición: daño es la aminoración patrimonial sufrida por la víctima (…)”. Juan Carlos Henao Pérez, El Daño, Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés, ed. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 94, 95, 101, 102.

16. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de junio de 2007, Exp. 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Con fundamento en la concepción de daño antijurídico, el Consejo de Estado ha manifestado que “no importa si el actuar de la Administración fue legal o no, (…) puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado”. Consejo de Estado, Sentencia del 11 de mayo de 2006, Exp. 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Igualmente, revisar: Corte Constitucional, Sentencia C-038 del 1 de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

17. En este sentido, esta Subsección ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias del 29 de agosto y del 9 de octubre de 2014, Exp. 55001-23-31-000-1998-00029-01(30391) y 50001-23-31-000-2001-00106-01(27438), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

18. “Tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia hablan de que el perjuicio debe ser personal para que haya lugar a su indemnización, (…) en tratándose de daños ciertos, pasados o futuros, no es pensable que personas diferentes de la víctima o de sus sucesores puedan reclamar indemnización del perjuicio causado (…). Ello se desprende del principio según el cual nadie puede enriquecerse a costa ajena, ni mucho menos pedir indemnización de un daño que no ha sufrido. Es aquí donde se erige el axioma de que el daño debe ser personal de quien pretende su reparación”. Javier Tamayo Jaramillo, “Tratado de Responsabilidad Civil”, tomo II, ed. Legis, Colombia, Bogotá D.C., p. 421, 425.

19. Aspecto que se identifica con la función resarcitoria de la responsabilidad. Al respecto, la doctrina jurídica ha señalado lo siguiente: “El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 37. “Conocido es el paso de un modelo clásico de responsabilidad entendida como sanción derivada de la realización de un comportamiento prohibido , a un modelo que pone en el centro del debate le hecho dañoso y su función reparadora (…) de ahí que la función resarcitoria se muestre como fundamental dentro del derecho de la responsabilidad civil, pues responde a una necesidad que se podría decir lógica, de devolver a la víctima lo que ha perdido; prueba de ello es la pregonada necesidad de una “reparación integral”. Esta expresión, corolario de la función reparadora, refleja esa exigencia según la cual todo daño debe ser resarcido”. Édgar Cortés, Responsabilidad Civil y Daños a la Persona, el daño a la Salud en la Experiencia Italiana, ¿Un modelo para América Latina, Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2009, p. 61 y 62.

20. Artículo 16 de la Ley 446 de 1998: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. Sobre el referido principio de reparación integral, la doctrina italiana ha señalado: “El resarcimiento es una reparación que corresponde a la medida del daño. No puede servir para enriquecer al perjudicado, superando tal medida. Semejante enriquecimiento sería extraño a su función reparadora y equilibradora e introduciría, a cargo del responsable, una pena privada.//La pena privada, encaminada a castigar al culpable, podía implicar, a favor del perjudicado un beneficio superior al daño sufrido (…). Pero una vez superada históricamente tal institución, la reacción contra el daño privado no puede encaminarse más que hacer conseguir al perjudicado la reparación del daño.//Como oportunamente expusimos (num. 101) no importa, respecto al resarcimiento, que el enriquecimiento del responsable sea inferior o superior a la medida del daño. La inferioridad o superioridad de tal enriquecimiento no influye en el resarcimiento en el sentido de disminuirlo o de aumentarlo, ya que es una circunstancia extraña al derecho del perjudicado”. Adriano De Cupis, El Daño, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Ed. Bosch, Bogotá, 1996, p. 753.

21. [2] Este enunciado se observa claramente en la doctrina. Así, en derecho colombiano, el profeso Tamayo Jaramillo sostiene “tradicionalmente doctrina y jurisprudencia enuncian que el perjuicio debe ser personal para que haya derecho a reparación. Ello significa que la víctima del daño o sus causahabientes pueden demandar reparación” (De la responsabilidad civil, cit., T. 2 p.80). En derecho francés Laurent Richer afirma que el “conjunto de la doctrina considera el carácter personal del perjuicio como una condición de fondo de la existencia del derecho a reparación” (“Prejudice réparable”), en Répertoire de la Responsabilité de la Puissance Publique, cit., Nª 46).

22. [34] De Cupis. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, cit., p. 109.

23. [35] Deguergue. Jurisprudence et doctrine dans l`élaboration du droit de la responsabilité administrative, cit., p. 412.

24. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. P. 87, 88, 93, 102, 103, 111, 113, 114, 115.

25. “(…) la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina y para los juicios de cognición desde dos puntos de vista: de hecho y material. Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado; quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. En cambio la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Es decir, todo legitimado de hecho no necesariamente será legitimado material, pues sólo están legitimados materialmente quienes participaron realmente en los hechos que le dieron origen a la formulación de la demanda” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de junio de 2004, Exp. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452), C.P. María Elena Giraldo Gómez.

26. [6] A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “… si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001); Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Radicación: 10973.

27. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 52001-23-31-000-1997-08625-01(19753), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

28. Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, Sentencia del 1 de marzo de 2006, Exp. 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

29. Artículo 73 del Código Civil: “Las personas son naturales o jurídicas.//De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro”. Artículo 633 ibídem: “Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.//Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.//Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter”. Por su parte, la doctrina jurídica ha señalado: “Toda persona tiene un patrimonio, porque, como atributo necesario o inherente a la personalidad, no se puede concebir una persona sin un patrimonio, pues este es el continente, no el contenido. La persona tiene siempre aptitud para tener derechos y contraer obligaciones (…)”. Angarita Gómez, Jorge. “Lecciones de Derecho Civil, Tomo I, Personas y Representación de Incapaces”. Quinta edición. Editorial Temis, 2005, .p. 240.

30. Artículo 637 del Código Civil: “Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación.//Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad.//Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente”.

31. “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

32. [27] Corte constitucional Sentencia T-212 de 2012. “la libertad a un juez para que tome una decisión bajo su arbitrio judicial, no es un permiso para no dar razones que sustenten lo decidido, no es una autorización para tomar decisiones con base en razonamientos secretos ni tampoco para tomar decisiones basado en emociones o pálpitos. Como se indicó, por el contrario, demanda un mayor cuidado en el juez al momento de hacer públicas las razones de su decisión”.

33. [29] El tema de los perjuicios morales ha sido de una constante evolución en la jurisdicción contenciosa. Es así como en sentencia de la Sala Plena del 5 de noviembre de 1997, expediente S-259 se estimó la posibilidad de presumirlos tratándose de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores, pero que debía probarse respecto de los demás familiares. Posteriormente en Sentencia del 17 de julio de 1992, la Sección Tercera consagró en favor de todos los hermanos, menores y mayores, la presunción del perjuicio moral. Y por último la Sección ha precisado que la presunción del daño moral operaba respecto de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, precisando que si no se demostraba el parentesco y la legitimación se sustentaba en la condición de damnificado del demandante. éste tenía la carga de demostrarlo.

34. [30] Al igual que el Consejo de Estado, la Corte Suprema en un primer momento histórico negó la posibilidad de presumir los perjuicios morales, al considerar que su causación debía estar debidamente acreditada dentro del proceso. Sólo a partir del año 1997, rectificó su postura jurisprudencial en el sentido de aceptar la prueba indiciaria y, con ella, la presunción por parentesco, como sustento de una condena por perjuicios morales.

35. [31] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de agosto de 1997, M.P. Carlos Esteban Jaramillo S. Oportunidad en la cual explicó: “si bien es cierto que no basta con invocar sin más la existencia de un agravio moral, también es verdad que no…se exige una prueba irrefragable de su real ocurrencia, prueba está del todo imposible por la naturaleza de esta clase de daños, pero que a pesar de esta circunstancia, bien puede deducírsela de signos exteriores cuya verificación la ley difiere al discreto arbitrio judicial, luego corresponde por norma general al prudente juicio de los sentenciadores, en cada caso, reconocerlo como daño indemnizable, atendiendo al hecho generador de responsabilidad y a las circunstancias particulares que rodean dicho caso que, a su vez, han de suministrar las bases de cálculo adecuadas para fijar el monto de la satisfacción pecuniaria debido por este concepto… para efectos de la indemnización de perjuicios no patrimoniales por la pérdida de una persona allegada, al demostrar el cercano parentesco entre el actor y esta última, se acredita sin duda la existencia de una relación que en guarda del postulado de razonabilidad en las inferencias jurisdiccionales, permite construir la presunción del daño moral o afectivo, que por lo mismo puede ser desvirtuada por la parte interesada.”

36. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 23 de agosto de 2012, Exp. 18001-23-31-000-1999-00454-01(24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.

37. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 31 de julio de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2004-00138-01(31528), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

38. Así se ha pronunciado esta Subsección frente a supuestos similares.Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 31 de julio de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2004-00138-01(31528), C.P. Danilo Rojas Betancourth.