Sentencia 2010-00025 de diciembre 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 23001-23-31-000-2010-00025-01 (42243)

Actor: R. A. S. T. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Ref.: Apelación de sentencia. Acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «III. CONSIDERACIONES

3.1. Sobre los presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(15).

La acción de reparación directa estaba vigente al momento de la presentación de la demanda, toda vez que el término de 2 años para acudir ante la jurisdicción comenzó a contarse a partir de la ejecutoria del auto proferido el 10 de marzo de 2008, con el que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería decretó la prescripción de la acción penal, y al interponerse el libelo introductorio el 28 de enero de 2010, se tiene que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

Lo anterior aplica para reclamar los daños irrogados por los dos períodos en los cuales el actor estuvo privado de la libertad, es decir, desde el 10 de octubre de 2002 al 22 de octubre de 2002 y desde el 12 de octubre de 2007 hasta el 12 de marzo de 2008.

El señor R. A. S. T. es la víctima directa de la privación de la libertad que dio origen a este proceso; la señora F. T. R. y el señor R. S. H. demostraron ser sus padres, respectivamente, lo cual se observa del registro civil de nacimiento del señor S.(16); O. M. S. Á. es hijo de la víctima, según lo que consta en su registro civil de nacimiento(17); F. C. S. T. es la hermana de la víctima, demostrado con su registro civil de nacimiento(18), en este se observa que es hija de F. T. R. y de R. S. H., padres de R. A. S. T.; C. A. Á. M. es su cónyuge, condición que quedó acreditada con el registro civil de matrimonio.(19)

Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(20); y es criterio reiterado y pacífico en esta corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió R. A. S. T. ha obrado como causa de un grave dolor en sus progenitores, hijo, hermana y cónyuge, y que por tanto, tanto aquel, como estos, se encuentran legitimados para la causa, por activa.

En lo que concierne a la demandada, no obstante la solidez que presenta la postura de la Sala acerca de la exclusión de la falta de legitimación en la causa del ámbito de las excepciones de fondo en cuanto se trata de razón de una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(21), considera pertinente que su análisis en el presente caso se lleve a efecto dentro del acápite atinente al estudio de la imputación, dada la conexidad que existe entre las actuaciones adelantadas por los organismos demandados y su relación mediata o inmediata con el daño.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

La parte demandante, dentro del relato que ofrece en el libelo introductorio como sustento fáctico de sus pretensiones, hace relación a estos dos elementos, para presentar, por un lado, el daño sufrido, su extensión, intensidad y modalidades, y por otro, las actuaciones u omisiones que endilga a las demandadas y en cuya virtud les imputa la responsabilidad que pide, sea declarada en esta sentencia. En torno a estos dos elementos gravita la carga probatoria que esa parte soportaba, y por tanto, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en el hecho de la afrenta que padeció R. A. S. T. en su libertad física, en su salud, en su honra, en su derecho al sosiego y a la paz interior y en la vida de relación, por causa de la imputación, de la captura, de la detención preventiva y de la resolución acusatoria de las que fue víctima directa; y en el agravio que soportaron su hijo, hermana, padres y cónyuge, tanto en su derecho a la paz y al sosiego interior, como en su vida de relación en los casos de sus padres, hermana, cónyuge e hijo.

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

3.2.1.1. La afrenta a la libertad física de R. A. S. T., con los siguientes documentos que allegó el actor en copias simples(22), como anexos de la demanda: 

— Acta de imposición de derechos del capturado.(23)

— Certificación del 6 de julio de 2009, proferida por el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Montería, en la que hizo constar que el señor R. A. S. T. estuvo detenido en dicho centro carcelario desde el 10 de octubre de 2002 y fue dejado en libertad el 22 de octubre de 2002, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por orden de la Fiscalía Primera de Vida bajo el radicado Nro. 36981, y volvió a ser recluido por ese mismo delito y el mismo radicado el 12 de octubre de 2007 y fue dejado en libertad el 12 de marzo de 2008 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería.(24)

— Certificación del 12 de octubre de 1990, proferida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, en la que hizo constar que el señor R. S. T. participó en el seminario taller sobre juntas de vigilancia y revisoría fiscal realizado durante los días 11 y 12 de octubre de 1990, en la ciudad de Montería, con una intensidad horaria de 20 horas.(25)

— Copia auténtica de la providencia del 18 de octubre de 2002, proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los jueces penales del circuito, unidad de delitos contra la vida, integridad personal, libertad y formación sexual e integridad moral de la ciudad de Montería, dentro del radicado Nº XXX, en la que resolvió la situación jurídica del señor R. A. S. T., y se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva.(26)

— Copia auténtica de la decisión del 14 de septiembre de 2005, proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los jueces penales del circuito, unidad de delitos contra la vida, integridad personal, libertad y formación sexual e integridad moral de la ciudad de Montería, mediante la cual se profirió resolución de acusación en contra del señor R. A. S. T. como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso con incesto agravado, se le libró orden de captura y se le impuso medida de aseguramiento.(27)

— Copia auténtica del auto del 10 de marzo de 2008, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, en el que se decretó la prescripción de la acción penal en favor del señor R. A. S. T. en libertad definitiva.(28)

Queda de esta forma establecida que el señor R. A. S. T. estuvo privado de la libertad desde el 10 de octubre de 2002 hasta el 22 de octubre de 2002 y entre el 11 de octubre de 2007 y el 12 de marzo de 2008.

3.2.2. Sobre la imputación.

— Copia auténtica de la providencia del 18 de octubre de 2002, proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los jueces penales del circuito, unidad de delitos contra la vida, integridad personal, libertad y formación sexual e integridad moral de la ciudad de Montería, dentro del radicado Nº XXX, en la que resolvió la situación jurídica del señor R. A. S. T., y se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva, toda vez que hasta el momento se tenía la denuncia realizada por su hija D. C. S. Á., en la que indicó que desde hace 3 años no vivía con su padre, y el dictamen médico legal practicado a la víctima en el que se dictaminó una desfloración mayor a 10 días, por lo que no se podía afirmar de forma inequívoca que fue el sindicado y padre de la denunciante, quien estuvo sexualmente con su hija, motivo por el que no se encontraron los presupuestos exigidos en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal para proferir medida de aseguramiento. Asimismo, se ordenó su libertad inmediata.(29)

— Copia auténtica de la decisión del 14 de septiembre de 2005, proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante los jueces penales del circuito, unidad de delitos contra la vida, integridad personal, libertad y formación sexual e integridad moral de la ciudad de Montería, mediante la cual se profirió resolución de acusación en contra del señor R. A. S. T. como presunto autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso con incesto agravado, se le libró orden de captura y se le impuso medida de aseguramiento. En esa oportunidad, el ente acusador encontró probada la existencia del hecho con el dictamen sexológico de D. S. Á., en la que se concluyó que presentaba una desfloración antigua, y además, se refirió respecto de los abusos sexuales recaídos en las ya hoy adultas Y. S. y A. Á. N., que se encontraron acreditados con el dicho de la denunciante quien describió de forma detallada que en el año 2002 ellas fueron maltratadas y abusadas por el sindicado, dicho que además fue corroborado con los testimonios de las mismas víctimas y con el de la señora M. M. C., y encontró también pruebas que comprometieran la responsabilidad del sumariado en los delitos investigados.(30)

— Copia auténtica del auto del 10 de marzo de 2008, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, en este se decretó la prescripción de la acción penal en favor del señor R. A. S. T. en libertad definitiva, decisión que se fundamentó en que la interrupción del término de la prescripción solo era factible con la ejecutoria de la resolución de acusación, lo cual acaeció el 14 de septiembre de 2005, cuando habían transcurrido 10 años desde cuando ocurrieron los últimos ayuntamientos carnales, es decir, en 1995, año en el que la víctima cumplió los 14 años, por consiguiente, se configuró la prescripción de la acción, lo cual no era imputable al ente acusador, sino a la demora en la presentación de la denuncia que dio inicio a la respectiva investigación penal.(31)

— Constancia proferida por la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, en la que se indicó que la apoderada de los actores presentó la solicitud de conciliación el 17 de septiembre de 2009, y que se daba por cumplido el requisito de procedibilidad exigido para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa.(32)

— Acta de conciliación del 9 de diciembre de 2009, llevada a cabo por las partes ante la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, la cual fue declarada fallida.(33)

— Copia auténtica del proceso penal llevado a cabo en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, contra el señor R. S. T., por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y heterogéneo con el delito de incesto.(34)

— Denuncia presentada el 9 de octubre de 2002, por la señora D. C. S. Á. ante el Cuerpo Técnico de Investigación – Unidad Investigativa de la Fiscalía General de la Nación en Montería, contra su padre el señor R. A. S. T., en la que relató que desde los 6 años aquél la acariciaba y tuvo relaciones, le tapaba la boca, la tomaba de las manos e incluso una vez la golpeó en el estómago y otra le rompió la boca, y su mamá una vez la encontró llorando cuando ella tenía 10 años y le contó que su padre la había abusado, a lo que ella no le creyó, por lo que su mamá le reclamó a su padre, quien negó todo y luego la maltrató a ella y le pegó. Describió que ese día iba a dormir con su prima A., cuando su padre fue a su cama e hizo el amor con ella y le dijo que ya lo había hecho con A. y que ella seguía, lo cual ocurrió en Canalete, posteriormente, en Cereté siguió aconteciendo lo mismo, con ellos vivía una familiar llamada E., a quien su padre la mandaba a hacer mandados para quedarse solo con ella y aprovechar y amenazarla, lo que siguió pasando hasta que ella cumplió los 17 años, porque ella se fue para donde su abuela M. L. N., a lo que ella empezó a estudiar pero estaba afectada y le tocó salir del colegio. Narró que en el mes de septiembre fue al médico con su madre porque le bajaba flujo amarillo y le daban punzones en los ovarios, a lo que el doctor preguntó que si había tenido relaciones y ella contestó que sí, y al salir del médico le contó a su mamá que había tenido relaciones con su padre, la cual calló un rato y después le preguntó el por qué no le había contado, a lo que ella respondió que ya lo había hecho pero que ella no le había creído, y que como en ese momento ella tenía novio su padre estaba molesto, tal vez celoso.(35)

— Providencia del 9 de octubre de 2002, proferida por la Fiscalía 16 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Montería, en la que se ordenó apertura de instrucción contra el señor R. A. S. T. por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años e incesto.(36)

— Orden de captura proferida contra el señor R. A. S. T. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años e incesto.(37)

— Informe de captura del sindicado R. A. S. T., realizado el 10 de octubre de 2002 y acta de imposición de derechos al capturado de la misma fecha.(38)

— Diligencia de indagatoria del señor R. A. S. T., de fecha 11 de octubre de 2002, en la que negó la comisión del que se le imputaba sobre su hija.(39)

— Dictamen médico legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Córdoba, el 10 de octubre de 2002, en el que se concluyó que la joven D. C. S. Á. presentó desfloración antigua, es decir, mayo de 10 días.(40)

— Ampliación de la denuncia presentada por la joven D. C. S. Á. contra su padre, el 17 de octubre de 2003.(41)

— Declaración jurada de la señora A. M. Á. N., llevada a cabo el 17 de octubre de 2003, en la que manifestó que el señor R. A. S. T. cuando ella tenía entre 7 u 8 años, se metía a su cuarto donde ella dormía con D. C. S. y al mismo tiempo abusaba de las dos, tocándoles las partes con las manos y en ocasiones les pasaba su pene por sus genitales, y en otras le introducía un dedo en su vulva, lo cual ocurrió hasta que ella cumplió los 10 años, cuando ella se fue a vivir a Montería.(42)

— Declaración jurada de la señora M. N. M. C., abuela materna de las víctimas, realizada el 23 de diciembre de 2003, en la que relató que en una oportunidad D. fue a su casa en octubre del año pasado en compañía de la mamá, el hermanito y la hermana menor llamada P., y cuando llegaron D. estaba llorando y manifestó del abuso sexual que hacía su padre desde los 6 o 7 años, lo cual estaba escondido, al tiempo que narró que su hermana P. y su prima A. también fueron abusadas sexualmente por parte de su padre, lo que ocurría cuando estaban solas, asimismo, ese día se enteraron de las amenazas y de las formas en las que ese señor abusaba de sus hijas, luego, refirió que P., quien ahora vivía con ella, al igual que D. están notoriamente afectadas por ese hecho. Expuso, a su vez, que el padre de las niñas abusaba de ellas en cualquier lugar al que iban, e indicó que se enteró del abuso sobre su nieta P. porque su hija C. llegó al medio día del campo a la casa, cuando vio todo cerrado, por lo que decidió empujar la puerta y lo encontró a él desnudo y a P. en el baño en igual estado, y desde ese momento se supo todo. También sostuvo que su nieta D. tuvo que dejar la escuela con ocasión de lo afectada que estaba por dicha circunstancia, y advirtió que en una oportunidad que ella estaba hablando con un muchacho, su padre la insultó y le pegó, y D. ese día se tomó un veneno, y como su hijo era enfermero la logró salvar.(43)

— Declaración jurada de la joven Y. P. S. Á., adelantada el 23 de diciembre de 2003, en la que reseñó que desde los 10 años su padre R. S. abusaba de ella, al igual que de su otra hermana D., y en una de esas oportunidades, aquél la amarraba, le quitaba la ropa, la golpeaba, le introducía su pene, la besaba en su cuerpo y en sus partes íntimas y le hacía cantidad de cosas, lo cual ocurrió en varias ocasiones, muchas de ellas mientras que su madre no estaba en la casa y ellas estaban solas, realizando sus acciones cuando ellas estaban en Canalete, en Cereté y en una vereda llamada el P. M., situación que su hermana se la dijo a su mamá pero ella no le creía, por lo tanto, cuando cumplió los 15 años de edad, ella se vino para donde una amiga en una vereda cerca de Canalete, y cuando regresó para arreglar las cosas todo volvió a ser lo mismo, pues su padre la golpeó y ella le decía a su mamá que necesitaba hablar con ella personalmente pero él no dejaba. Se dejó constancia que en ese momento la declarante se notaba un poco ida y muy pocas palabras en sus respuestas, debido a que su estado de ánimo y capacidad psicológica estaba afectada. Manifestó que ella era testigo presencial de los abusos que hacía su padre con su otra hermana, y en cuanto a su prima Elsy, pese a que ella decía también ser víctima de su padre, no lo podía afirmar, pero dijo que en una ocasión ella salió corriendo de la casa en Cereté, manifestando que su padre la violó, lo cual también fue manifestado por su otra hermana. Finalizó exponiendo que su madre se dio cuenta una de las veces en las que su padre la violaba cuando aquella no estaba en casa, motivo por el que su papá se metió al cuarto, la abusó y cuando su mamá regresó lo encontró a él desnudo y a ella en el suelo con la ropa puesta, pero ya había sido abusada.(44)

— Oficio Nº 1413 del 26 de marzo de 2004, en el que el Fiscal Uno del Grupo de Vida le comunicó al Fiscal Cuarto de la Unidad de Vida que en su despacho se llevaba un proceso con radicación Nº XXX contra el señor R. A. S. T. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, siendo la víctima Y. P. S. Á.(45)

— Concepto emitido por la Procuraduría 134 Judicial II Penal dentro del proceso de marras, en el que solicitó que se calificara el mérito del sumario con resolución de acusación en contra del señor R. A. S. T., por el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y no por incesto, al presentarse el concurso de conductas punibles, al tener en cuenta el criterio de que el procesado debiera quedar sometido a la disposición que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto.(46)

— Orden de captura Nro. 0494791, contra el señor R. A. S. T., por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.(47)

— Acta de derechos del capturado del 11 de octubre de 2007.(48)

— Auto del 28 de noviembre de 2007, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, en este se le designó al señor R. A. S. T. como defensor de oficio al doctor I. T. T. R., para que continuara con la etapa del juicio.(49)

— Diligencia de audiencia pública llevada a cabo el 29 de enero de 2008 contra el señor R. A. S. T., procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y heterogéneo con el delito de incesto.(50)

— Cancelación de la orden de captura del señor R. A. S. T., sindicado de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con incesto agravado, de fecha 8 de mayo de 2008.(51)

— Constancia de fecha 12 de mayo de 2010, en la que el Secretario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería refirió que el auto del 10 de marzo de 2010, en el que se decretó la prescripción de la acción penal estaba debidamente notificado y ejecutoriado, y que el proceso de la referencia estaba archivado.(52)

— Certificación proferida por el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería del 27 de mayo de 2010, en la que indicó que el señor R. A. S. T. estuvo recluido dos veces en el citado establecimiento, del 10 de octubre de 2002 al 22 de octubre de 2002 y del 12 de octubre de 2007 hasta el 12 de marzo de 2008.(53)

3.3. Problema jurídico.

Teniendo en cuenta el objeto del recurso de apelación y el alcance del mismo, se tiene que el caso sub judice se centra en el siguiente planteamiento:

— ¿Hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Fiscalía General de la Nación por los daños irrogados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor R. A. S. T.?

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

En primer lugar, es necesario resaltar que la Sala le dará valor a las pruebas practicadas en los procesos disciplinarios y penales adelantados por los mismos supuestos fácticos del sub judice, que fueron trasladados al expediente de la referencia.

El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil preceptuó que las pruebas practicadas válidamente en un proceso pueden ser trasladadas a otro sin más formalidades en copia auténtica, y se apreciarán sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con su audiencia.

La excepción a esta regla, salvo cuando la parte contraria lo ha aceptado, procede su valoración si tratándose de dictámenes e informes técnicos se permitió su contradicción (arts. 238 y 239, C.P.C.P.(sic)), de documentos su tacha (art. 289, CPC) y de testimonios su ratificación (art. 229, ib.).

En este asunto, la parte accionante solicitó con el libelo introductorio que se oficiara al Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería para que remitiera copia íntegra y auténtica del expediente penal adelantado contra el señor R. A. S. T. por el delito de acceso carnal con menor de catorce años, prueba que fue decretada mediante el auto del 22 de abril de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, y allegada al proceso de la referencia, y no fue controvertida en la contestación de la demanda ni en los alegatos de conclusión, motivo por el que se le dará valor probatorio.

Se ha afirmado por la jurisprudencia de esta Subsección que otro de los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada consiste en que la parte demandada dentro del proceso contencioso administrativo se allana de forma incondicional y expresa a la solicitud de pruebas presentada por los actores en el respectivo proceso y cuando las partes de forma conjunta solicitan o aportan los testimonios practicados en la investigación disciplinaria.(54)

Y a su vez, se ha indicado mediante sentencia de unificación que en los casos en los que las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y al tratarse de un proceso que se adelanta contra una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el cabal cumplimiento de las formalidades procesales, han sido recaudados por otra entidad del mismo orden, se debe entender que al ser la persona accionada la Nación, es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que lleva a que, por ser testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el posterior proceso, son plenamente susceptibles de valoración, de acuerdo con la hermenéutica más estricta que puede hacerse de las formalidades preceptuadas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.(55)

Lo anterior cobra todavía mayor fuerza si se tiene de presente que, en virtud del principio de colaboración que rige a todas las entidades del Estado, a estas se les exige que las actuaciones llevadas a cabo sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en el resultado, sobre todo si se trata de entes estatales del mismo orden, de tal suerte que una descoordinación en las actividades de los entes estatales no puede recaer sobre los administrados, quienes en varias ocasiones presentan dificultades para recaudar y aportar al proceso contencioso administrativo las pruebas adelantadas en los respectivos trámites administrativos llevados a cabo por las respectivas entidades.(56)

Al tener en cuenta lo anterior, se le dará valor probatorio al proceso penal allegado al plenario, en consideración a que estas pruebas fueran practicadas por la misma entidad que es demandada en este asunto, y además, es una entidad de orden nacional, como es la Fiscalía General de la Nación, y de acuerdo con la posición unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, se debe concluir que es la misma persona jurídica que la practicó en aquella oportunidad y la que es demandada en este asunto y contra quien se pretenden hacer valer.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a imputarle responsabilidad al ente demandado por la privación de la que fue objeto el señor R. A. S. T., o si por el contrario, se debe confirmar la decisión del a quo.

El daño consistió en la privación de la libertad de la que fue objeto el señor R. A. S. G. dentro del proceso penal con número de radicación XXX, adelantado en su contra por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con incesto agravado, la cual se configuró en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería en dos lapsos: la primera acaeció entre el 10 de octubre de 2002, fecha en la que fue capturado, y el 22 de octubre de 2002, al ser ordenada su libertad por el ente acusador al resolver su situación jurídica mediante proveído del 18 de octubre del mismo año; y la segunda privación aconteció entre el 12 de octubre de 2007, como consecuencia de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía en su contra por los delitos investigados, en la que se le dictó orden de captura y se le impuso medida de aseguramiento, y el 11 de marzo de 2008, data en la que quedó libre el sindicado como consecuencia del auto proferido el 10 del mismo mes y año en el que se decretó la prescripción de la acción penal y se ordenó su libertad inmediata.

Dicho daño tiene la connotación de antijurídico, toda vez que la víctima, el señor R. A. S. T., no tiene el deber jurídico de soportarlo, en atención a que la antijuricidad de la privación de su libertad quedó al descubierta con la providencia del 10 de marzo de 2008, al decretarse la prescripción de la acción penal.

Establecido el primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, procede la Subsección a estudiar si ese daño antijurídico le es imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación.

Comoquiera que a favor de la víctima se profirió una decisión de prescripción de la acción penal por los delitos que era investigado, se indica que el título de imputación aplicable al caso sub examine es el de falla del servicio.

En el recurso de alzada, esgrimió la parte recurrente que el a quo en primera instancia tuvo por no contestada la demanda mediante auto que quedó ejecutoriado, no obstante, en la sentencia objeto de impugnación estudió y declaró probadas las excepciones propuestas por la Nación – Fiscalía General de la Nación, cuando aquellas debieron dejarse por fuera de la litis.

No comparte esta Sala dicha apreciación, por cuanto si bien la primera instancia tuvo por no contestada la demanda, no es menos cierto que el Decreto 01 de 1984, norma vigente para la fecha de la presentación del libelo inicial, preceptuó en el inciso segundo de su artículo 164(57) que en la sentencia se decidirán las excepciones propuestas y cualquier otra que el fallador encontrare acreditada, por consiguiente, podía el Tribunal Administrativo de Córdoba llegar a las mismas conclusiones a las que llegó la Nación - Fiscalía General de la Nación de acuerdo con la valoración probatoria que hiciere de los elementos aportados al caso sub judice, en atención a la facultad que le otorga el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(58), disposición vigente para el momento en que se practicaron las pruebas.

Al señor R. A. S. T. se le inició la investigación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años sobre su hija D. C. S. Á. e incesto, con ocasión de la denuncia que esta presentó ante el Cuerpo Técnico de Investigación – Unidad Investigativa de la Fiscalía General de la Nación en Montería el 9 de octubre de 2002, en la que refirió que desde los 6 hasta los 15 años fue víctima de abusos por parte de su padre.

En la misma fecha, se solicitó al Instituto de Medicina Legal un examen sexológico a la joven D. C. S. Á., cuyo resultado, que fue entregado al día siguiente, arrojó desfloración antigua, es decir, superior a 10 días, y en esta data se dictó Resolución de Apertura de Instrucción contra el señor R. A. S. T. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años e incesto, para lo cual se ordenó escucharlo en diligencia de indagatoria y su captura, diligencia que se realizó el 11 de octubre de 2002.

El 18 de octubre de 2002, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los jueces Penales del Circuito – Unidad de delitos contra la vida, integridad personal, libertad y formación sexual e integridad moral resolvió su situación jurídica al abstenerse de proferirle medida de aseguramiento, y ordenó su libertad.

El 17 de octubre de 2003, la joven D. C. S. Á. rindió diligencia de ampliación de la denuncia.

Posteriormente, se recepcionaron las declaraciones juradas de A. M. Á. N., M. N. M. C. y Y. P. S. Á.

El 14 de septiembre de 2005, la Fiscalía Cuarta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Montería profirió resolución de acusación en contra del señor R. A. S. T. por el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con el delito de incesto agravado, le impuso medida de aseguramiento y libró orden de captura en su contra, quien fue capturado el 11 de octubre de 2007 y puesto a disposición del Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería.

El 10 de marzo de 2008, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería decretó la prescripción de la acción penal y dispuso dejar en libertad definitiva al señor R. A. S. T.

El Decreto 100 de 1980, en el que se había proferido el Código Penal vigente para la fecha de la comisión del delito, plasmó en su artículo 80(59) que prescribiría la acción penal en un lapso igual al máximo de la pena si fuere privativa de la libertad, no obstante, en ningún evento sería inferior a 5 años ni superior a 20 años, y para tal efecto, serían tenidas en cuenta las circunstancias de agravación y atenuación concurrentes.

De conformidad con artículo 26 ibídem(60), y en consideración a que la imputación se realizó por un concurso de hechos punibles, se tiene que el señor R. A. S. T. quedó sometido a la que estableciera la pena más alta, incrementada hasta en otro tanto. Así las cosas, al observar que los delitos imputados fueron los de acceso carnal abusivo con menor de 14 años e incesto, se concluye que de conformidad con el artículo 259(61) y 303 ejusdem(62) la pena más grave corresponde al primero, al cual se le estableció de 4 a 10 años de prisión, y por la circunstancia de ser agravado, la pena correspondería al aumento de la tercera parte a la mitad, al tenor del artículo 306 de la misma codificación.(63)

En el proveído, en el que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería decretó la prescripción de la acción penal, se reseñó que las conductas punibles comenzaron en 1988 y continuaron hasta 1995, ciclo anual en el que la víctima cumplió los 14 años, por consiguiente, el término para que ocurriera la prescripción transcurrió hasta el 2005, año en el que en el mes de septiembre se profirió la resolución de acusación, la cual lleva consigo la interrupción de la prescripción de la acción, lo cual permite pregonar que la acusación no puede entenderse como resultado de un yerro fáctico o jurídico.

Para esta corporación, la decisión mediante la cual se decretó la prescripción de la acción penal emerge de una diferencia respecto de la hermenéutica de la imputación, comoquiera que el Juez Primero Penal del Circuito de Montería fundó su interpretación como si solo se hubiese imputado un solo delito agravado, circunstancia en la que la pena máxima solo se aumentaría de una tercera parte a la mitad, para lo cual tomó como consecuencia un plazo menor de prescripción de la acción penal al que le correspondería al plenario.

Por otro lado, se resalta que la providencia mediante la cual se decretó la prescripción de la acción dentro del proceso penal no estudió la conducta del sindicado ni hizo alusión a las pruebas materiales aportadas al mismo, es decir, no fue equivalente a una decisión absolutoria del delito imputado al señor R. A. S. T.. Por ende, al no encuadrarse dentro de los presupuestos contenidos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado, es menester que la parte actora acredite la falla del servicio de la entidad demandada para obtener la reparación del daño irrogado como consecuencia de la privación injusta de la libertad.

Así pues, se tiene que la Fiscalía libró orden de captura contra el demandante con fundamento en la denuncia realizada por su hija la joven D. C. S. Á., en la que relató cómo su padre la accedía carnalmente desde que tenía 6 años hasta que cumplió los 15 años de edad, al tiempo que la amenazaba para que no denunciara los hechos.

Al resolver su situación jurídica, se abstuvo el ente acusador de imponerle medida de aseguramiento, al no encontrar hasta ese momento los suficientes elementos que probaran de conformidad con el ordenamiento jurídico para restringirle su libertad, debido a que reposaba en el expediente la denuncia y el dictamen médico-legal con el que se dio el resultado del examen sexológico.

Esta circunstancia cambió con posterioridad, toda vez que al proceso se allegaron la ampliación de la denuncia, al igual que las declaraciones juradas de A. M. Á. N., M. N. M. C. y Y. P. S. Á., las que fueron contundentes para que la Fiscalía al momento de calificar el mérito del sumario dictara la resolución de acusación en contra del señor Ricardo Antonio Solano López por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso con incesto agravado, librara nuevamente orden de captura y le impusiera medida de aseguramiento, al existir indicios graves de su responsabilidad.

Luego, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería decretó la prescripción de la acción penal, al advertir que esta circunstancia no era imputable a la actuación del ente acusador, quien siempre actuó de conformidad con las funciones otorgadas por la Constitución y la ley, sino a la demora en la presentación de la denuncia penal.

En ese sentido, se colige que con las pruebas aportadas al proceso, la parte actora no demostró que el daño antijurídico que se le fue causado le es imputable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, en atención a que no se acreditó que esta entidad hubiese incurrido en una falla del servicio al momento de imponerle la medida de aseguramiento dentro del proceso penal adelantado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con incesto agravado sobre su hija D. C. S. Á.

Por el contrario, de las pruebas allegadas al plenario se desprende que el señor R. A. S. T. no fue absuelto por el tipo penal que se le sindicaba, sino que en su favor operó el fenómeno de la prescripción de la acción penal, por consiguiente, no existe certeza respecto de su no responsabilidad en la comisión del delito.

A lo anterior se agrega que las pruebas aportadas al proceso son claras en apuntar a que el señor R. A. S. T. golpeaba y maltrataba a sus hijas D. C. S. Á. y que abusaba de ella, al igual que de su otra hija Y. P. S. Á., con quien fue en una ocasión fue descubierto desnudo en pleno acto sexual en el cuarto de su casa por su esposa, cuando esta había salido y regresó sin avisar. Asimismo, de las pruebas testimoniales se infiere que las víctimas del delito eran amenazadas por el demandante, para lo que se tiene de presente, además, que todos convivían en el seno de un mismo hogar al momento en que se perpetraron las conductas punibles, lo que permite deducir que era mucho más difícil la puesta en conocimiento del delito perpetrado.

Inclusive, el señor R. A. S. T. narró tanto en la diligencia de indagatoria como en la audiencia pública que su hija D. en una ocasión fue sorprendida por la madre con un muchacho, que ella amenazó con contarle a él sobre esa situación, por lo que D. intentó ingerir un veneno por miedo a que él se enterara, de lo que se desprende que su hija tenía un elevado grado de temor sobre su progenitor, de tal magnitud que prefirió intentar quitarse la vida a ser reprendida y agredida por su padre.

A lo anterior se adiciona que en la indagatoria, el actor refirió que en una ocasión la maltrató, cuando fue por primera vez que la encontraron encerrada con un muchacho, pero que no fue de forma severa, sino verbalmente y con un manoteo.

También obra el oficio proferido por la Fiscalía Uno del Grupo de Vida dirigida a la Fiscalía Cuarta de la Unidad de Vida, de fecha 26 de marzo de 2004, en el que comunicó que en ese despacho cursaba el proceso con radicado interno Nº XXX contra el señor R. A. S. T. por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en el que figuró como la víctima Y. P. S. Á., hermana de D., la denunciante en el proceso penal de marras.

Así las cosas, se tiene que el señor R. A. S. T. con su conducta generó que sus hijas interpusieran la respectiva denuncia penal contra él cuando ya no estaban bajo el seno de su hogar, por lo que se agrega que además de no se presentarse una falla en el servicio por parte del ente demandado, la actuación del actor, al tenor del artículo 70 de la Ley 270 de 1996(64), también propició para que se le privara de la libertad dentro del respectivo proceso penal.

Doctrinalmente se ha establecido que en la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, la culpa exclusiva de la víctima enerva el plano fáctico de la imputación, generándose la imposibilidad de imputar daños a la administración de justicia cuando aquellos tienen su fuente en el actuar del privado de la libertad, por lo que se necesita para su configuración que se verifique si su comportamiento activo u omisivo fue determinante en la producción del daño, teniendo en consecuencia injerencia en su origen, a lo que se agrega la acreditación del dolo o la culpa grave del sujeto, ya sea de manera previa o concomitante al proceso penal.(65)

A su vez se ha afirmado que en cada caso concreto debe examinarse si el comportamiento activo u omisivo de la víctima tuvo injerencia y en qué medida, en la producción del año, de lo que pueda colegirse que su proceder tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad del Estado, en razón a que su conducta realizada sea la causa del daño y la raíz determinante de este.(66)

En ese sentido, se afirma que el comportamiento del señor R. A. S. T. fue determinante en la producción del daño, toda vez que las pruebas allegadas al proceso son claras y contundentes en aseverar que aquel abusaba y agredía a su hija D., al igual que a Y. P. y a A. M., corroborado con sus testimonios y con el de la señora M. N. M. C., abuela materna de las víctimas y quien había advertido que ellas normalmente pasaban tristes y pesaradas(sic), en los que describen de forma precisa y detallada como el perpetrador cometía los ayuntamientos carnales y las agresiones físicas y verbales, así como las amenazas sobre las menores de edad quienes convivieron con él durante varios años.

Tal era la magnitud de las agresiones sexuales, que las propias víctimas afirmaron haberse ido de su hogar, la joven Y. P. a los 15 años y D. C. a los 17 años, respectivamente.

La declaración de la denunciante revela un testimonio conmovedor de una mujer que pese a haber llegado a la edad adulta, no ha podido superar y sobreponerse a los abusos sexuales de los que era víctima desde sus 6 años, al igual que las demás declarantes en el proceso de la referencia, como su hermana Y. P., quien al dar su testimonio de lo ocurrido, se dejó constancia en el proceso penal que su estado de ánimo y capacidad psicológica estaba afectada, por lo que se le notaba muy ida.

Dichas pruebas, al contrario de lo que señaló el señor R. A. S. T. en la diligencia de indagatoria y en la audiencia pública, no pueden tener como motivo lograr la independencia y la libertad de las víctimas respecto de su agresor, comoquiera que aquellas ya habían huido de su hogar años antes de emitir sus declaraciones, precisamente para buscar escapar de los constantes abusos sexuales que les eran irrogados.

Y tampoco se estima acertada la razón esbozada por el actor en el proceso penal de que su hija D. buscaba quedar bien con el novio que tenía, con el que pensaba casarse y, por ende, justificar su experiencia sexual, debido a que en tal evento no se concibe de manera lógica la ocurrencia de inculpar a su propio progenitor de ser el autor de esos abusos sexuales, habida cuenta que le hubiera sido suficiente atribuirle a cualquier otra persona o a algún compañero sentimental, incluso, a algún desconocido, las relaciones sexuales, pero no a su propio padre, tal como señaló el ente acusador en la resolución de acusación.

Finalmente, la circunstancia de que en su favor se haya decretado la prescripción de la acción penal, no le da derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Fiscalía General de la Nación cuando su actuación eminentemente dolosa fue la causante del daño cuya reparación pretende en el caso sub examine, por consiguiente, su conducta exclusiva enervó el plano fáctico de la imputación, aunado a que tampoco demostró la falla del servicio.

En cuanto al medio exceptivo de culpa de un tercero, decretado este por el tribunal de primera instancia, la Sala hace un especial llamado de atención, en primer lugar, debido a que en la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por daños irrogados con ocasión de la privación injusta de la libertad, no prospera dicho medio exceptivo.

Además, se itera que el a quo declaró probada la excepción de marras “dado que si la hija de S. T. no lo hubiese denunciado, probablemente el proceso iniciado contra éste no hubiere existido”, lo que denota una discriminación de género, a lo que se recalca que los funcionarios judiciales tienden a afianzar los estereotipos sociales discriminatorios en lugar de buscar aborrecerlos, sobre todo al estar en presencia de delitos de naturaleza sexual, con los que el administrador de justicia debe propender por proteger la integridad de la mujer.

En efecto, la Ley 51 de 1981, con la que se aprobó en Colombia la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980, significó en su artículo 1(67) la expresión discriminación contra la mujer, y en su artículo 2(68) indicó que los Estados partes condenaban la discriminación contra la mujer en todas sus formas, así como convenían en seguir una política encaminada a eliminar dicha situación, razón por la que se establecieron una serie de compromisos.

De igual forma, la Ley 248 de 1995, con la que se aprobó la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, conceptualizó en su artículo 1(69) la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y en el artículo 2(70) ejusdem se preceptuó que dicho concepto contenía la violencia física, sexual y psicológica, que acontezca, entre otras, dentro de la familia o unidad doméstica, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que entre otros comprende el abuso sexual, el maltrato sexual y la violación.

La Ley 742 de 2002, “por medio de la cual se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)”, por su parte, previó en el literal g de su artículo 7(71) que la violación, la esclavitud sexual u otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, entre otras, serán entendidos como un “crimen de lesa humanidad”.

En idéntico sentido, la Ley 984 de 2005, a través de la que se aprobó el “Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), es otro instrumento internacional con el que Colombia ha adquirido la obligación de eliminar todas las maneras posibles de violencia contra la mujer, y en su artículo 1º(72) se reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Violencia contra la Mujer, para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con lo establecido en su artículo 2(73), legislación que en su artículo 17(74) ibídem prohibió reserva alguna al protocolo de marras.

Todos estos instrumentos, entre otros, vinculan al Estado colombiano, en virtud del bloque de constitucionalidad, en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de 1991,(75) y el propio artículo 43 ibídem(76) prescribió que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación y tendrá los mismos derechos que el hombre.

A su vez, en la normatividad interna se encuentra la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, en la que se definió en su artículo 2(77) la violencia contra la mujer, en el 3(78) el concepto de daño hacia la mujer, y en el artículo 7(79) ibídem reconoció como derechos de las mujeres, entre otros, a la integridad física, sexual y psicológica, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación y a la salud sexual y reproductiva, sin que se pudiera entender la enunciación de los mismos como la negación de otros derechos que siendo inherentes a las mujeres no se encuentren de forma expresa en el ordenamiento jurídico, al tenor del artículo 5º ejusdem.(80)

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha emitido diversos pronunciamientos en los cuales se ha advertido a las autoridades el deber de propender por aborrecer las prácticas de discriminación de género contra la mujer y todo tipo de violencia contra ellas en diferentes situaciones fácticas, entre las que se destacan: i) falla en el servicio médico que produjo la muerte de una mujer como consecuencia de un error de diagnóstico y por omisión en el tratamiento médico adecuado a la paciente;(81) ii) extralimitación en el uso de la fuerza pública en los procedimientos de policía contra una mujer;(82) iii) privación injusta de la libertad de una mujer que había quedado en estado de embarazo fruto de un abuso sexual por presuntamente haber estrangulado a su bebé recién nacida;(83) iv) terminación de contrato de trabajo de trabajadora en estado de embarazo,(84) v) dragoneante que causó el óbito de su compañera con arma de dotación oficial mientras ella dormía en su habitación y a la que se encontró signo de maltrato;(85) vi) traslado de empleada pública nombrada en propiedad a otra sede en otro municipio, que velaba por el mantenimiento de sus padres adultos de la tercera edad que padecían de graves enfermedades y quien estaba en proceso de divorcio, sin atender a un fin constitucionalmente exigible.(86)

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, también ha decantado jurisprudencia en torno al enfoque de género en sentencias de casación, en los siguientes casos: i) acceso carnal violento sobre una menor de edad que era dejada en cuidados de una persona, fruto de cual la víctima quedó en estado de embarazo y con posterioridad dio luz a la niña que luego fue reconocida por su victimario;(87) ii) homicidio con arma blanca de una señora por su compañero, quien en varias ocasiones la había agredido, humillado y amenazado, caso en el que la Corte Suprema de Justicia casó parcialmente la sentencia impugnada y declaró que en el delito concurrió también el agravante consistente en “por el hecho de ser mujer”;(88) iii) acceso carnal violento en persona protegida, en concurso con secuestro simple y tortura en persona protegida por parte de un miembro del grupo ilegal de las Águilas Negras a una joven a quien le había ultimado a la madre y a la hermana con anterioridad, fallo en el que se hizo alusión a las circunstancias de las mujeres víctimas del conflicto armado;(89) iv) y acceso carnal violento en persona protegida, en concurso con tortura en persona protegida y secuestro simple.(90)

De igual forma, la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento en sede de tutela en el caso del suicidio del joven Sergio Urrego, fue enfática en afirmar que uno de los ámbitos más importantes para el amparo del derecho a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad es el absoluto respeto por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual, protección que se debe hacer más estricta en los menores de edad, y la prohibición de discriminación por razón del género u orientación sexual es ecuménica, configurándose en un trato de hostigamiento que debe ser reprochado y prevenido.(91)

En ese sentido, y al tener en cuenta la normatividad interna e internacional alusiva al enfoque de género, así como la jurisprudencia de las Altas Cortes en torno al tema, para esta corporación no es de recibo que el Tribunal Administrativo de Córdoba atribuya la privación de la libertad del señor R. A. S. T. a la conducta de su hija S. T., debido a que si ella no lo hubiese denunciado, probablemente el proceso nunca hubiera existido.

Lo anterior debido a que las pruebas aportadas al caso sub examine permiten inferir que la joven D. C. S. Á. era víctima de accesos carnales abusivos por parte del señor R. A. S. T., al igual que su hermana Y. P. S. Á. y A. M. Á. N., y que tal como lo refirió la denunciante, al igual que las declarantes en este proceso, no habían puesto en conocimiento de las autoridades la comisión de dicha conducta punible: en primer lugar, por los años que tenían cuando ocurrían los ayuntamientos carnales, en atención a que a esa edad las personas no tienen una plena formación sexual para disponer de forma libre y consciente de sus actuaciones en torno a la sexualidad; en segundo término, porque eran objeto de amenazas y de coacción de su perpetrador el señor R. A. S. T., quien les advertía que les “mochaba la cabeza” o las dejaba embarazadas en caso de que revelaran lo que él hacía con ellas.

Es más, en la propia audiencia llevada a cabo en el proceso penal antes de decretarse la preclusión de la acción, el señor R. S. indicó que en una ocasión su hija D. había intentado envenenarse debido a que la madre la había encontrado encerrada con un muchacho y ella le dijo a su hija que se lo iba a contar a él apenas viniera del trabajo y como le dio miedo decidió ingerir el veneno antes de que él llegara, de lo cual se desprende que el propio demandante reconoció en su declaración, dentro del proceso penal, que su hija D. le tenía temor, de tan gran magnitud que, según él, ella intentó quitarse la vida antes que él tuviese conocimiento del hecho de que fue sorprendida con un muchacho.

Además, es una regla de la experiencia que en los casos de delitos sexuales dentro del mismo núcleo familiar, las víctimas no denuncian las comisiones de las conductas punibles en atención a que conviven con su agresor, lo que les ocasiona por miedo y temor a ser nuevamente objeto de violencia por parte de este, quien suele reincidir en la comisión de la agresión, aprovechando su posición física y psicológica dominante sobre la persona agredida.

Desde esta perspectiva, no concibe esta subsección que el tribunal de primera instancia haya optado por declarar probado el medio exceptivo de culpa de un tercero, al estimar que si la joven D. C. no hubiere denunciado al actor, probablemente el proceso penal nunca hubiera existido. Se rechaza dicha atribución, en atención a que no es posible que las propias víctimas, además de padecer por varios años las terribles conductas punibles por las que se dio pie a la investigación penal contra el señor R. A. S. T., tengan ahora que soportar que las autoridades judiciales, que aún con las funciones establecidas en el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución Política de 1991(92), les endilguen a la conducta de haber puesto en conocimiento la comisión del delito sexual, el daño antijurídico consistente en la privación de la libertad padecida por el perpetrador.

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba del 28 de julio de 2011, mediante esta se negaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

3.6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente.

Revisado el expediente, y teniendo en cuenta las pautas referidas con anterioridad, con las que se confirmará la sentencia de primera instancia, la Sala señala que la actuación llevada a cabo por la parte actora configura una temeridad.

En efecto, la jurisprudencia de esta corporación ha decantado que la norma citada ut supra faculta al juez para decidir razonadamente si procede o no la condena en costas con fundamento en la conducta asumida por las partes.

Así, la Sección Cuarta del Consejo de Estado(93) refirió al respecto:

“Para determinar el alcance de dicha expresión el juez administrativo suele acudir a otros conceptos jurídicos tales como temeridad, mala fe, abuso del derecho -en el ejercicio del derecho de acción o de la oposición que se ejerce frente a las pretensiones de la demanda-, etcétera. Todos esos conceptos permiten evaluar la conducta de las partes y determinar la procedencia de la condena en costas.  

Tales conceptos están desarrollados, entre otras, en las siguientes normas: En el artículo 6º Código Penal, que establece que los particulares sólo son responsables por infringir la Constitución y la ley, y que los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En el artículo 83 ib., que exige que las actuaciones de los particulares estén ceñidas al postulado de la buena fe. En el artículo 95 ibídem, que obliga a los ciudadanos a respetar los derechos ajenos y a no abusar de los propios, y a colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. En el artículo 71 Código de Procedimiento Civil, que obliga a los sujetos procesales a proceder con lealtad y buena fe; a obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de los derechos procesales, y a prestar colaboración al juez para la práctica de audiencias y pruebas. Y en el artículo 74 ibíd., que establece eventos en los que existe temeridad o mala fe, así: a) cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda o de su oposición; b) cuando se aleguen hechos contrarios a la realidad; c) cuando se utilice el proceso, incidente o trámite para fines ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; d) cuando se obstruya la práctica de pruebas, y e) cuando se entorpezca o dilate reiteradamente el desarrollo normal del proceso”. 

De igual manera, la Sección Tercera de esta corporación ha significado que la mala fe consiste en el conocimiento de la falta de fundamento de los hechos y de la pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto o de los vicios de su título.(94)

En este caso, la parte actora dio inicio al presente litigio aún a sabiendas de que se produjo la privación de la libertad por su propia conducta dolosa, y que era diáfano que las pretensiones del libelo introductorio no iban a tener vocación de prosperidad, que además no se demostró una falla del servicio, de haber revictimizado a los miembros de su familia que padecieron las conductas sexuales y de haber apelado la sentencia denegatoria de primera instancia, se le condenará en costas a la parte actora, y estas serán tasadas por la Secretaría de la Sección.

3.7. Compulsa de copias.

En el expediente de la referencia se observa que entre las pretensiones de la demanda está el reconocimiento del daño emergente consistente en el pago de los honorarios que efectuó el señor R. A. S. T. al abogado I. W. T. R., quien lo representó en el proceso penal, y a folio 24 del cuaderno 1 del tribunal se encuentra el certificado en el que el citado profesional del derecho hizo constar que había recibido por parte del señor R. S. el valor de $ 5.000.000, por concepto de pago de honorarios profesionales como defensor contractual en el proceso que se le adelantó por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, que culminó por prescripción de la acción penal, mediante providencia del 10 de marzo de 2008.

No obstante, también se denota que mediante providencia del 28 de noviembre de 2007, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, obrante a folio 241 del cuaderno 1 del tribunal, se le designó al señor R. A. S. T. como defensor de oficio al doctor I. T. T. R., para que continuara con la etapa del juicio en el proceso penal.

Si bien se aportó el poder otorgado por el señor S. T. al doctor I. T. T. R. visible a folio 242 del cuaderno 1 del Tribunal, reconocido en auto del 13 de diciembre de 2007 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, no obra documento en el que el doctor I. T. T. R. no hubiera aceptado su designación como defensor de oficio, por consiguiente, esta corporación considera pertinente confirmar la compulsación de copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, para que provean sobre el estudio de la conducta del profesional del derecho frente a una posible infracción a las normas sobre la ética del abogado, y serán las respectivas autoridades quienes tendrán la facultad de determinar una eventual responsabilidad.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 2 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

2. CONDENAR en costas a la parte actora, las cuales serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal.

3. COMPULSAR copias del expediente de la referencia con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

4. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque, aclaración de voto Cfr. Rad. 36146/15».

15 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Fl. 19 del cdno. 1 del tribunal.

17 Fl. 20 del cdno. 1 del tribunal.

18 Fl. 21 del cdno. 1 del tribunal.

19 Fl. 22 del cdno. 1 del tribunal.

20 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, Exp. 13356.

22 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Decreto 01 de 1984, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. La Sala valorará los documentos presentados en copia simple, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero, en la que se estableció que las copias simples serían valoradas en “(...) los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.

23 Fls. 118 del cdno. 1 del tribunal.

24 Fl. 25 del cdno. 1 del tribunal.

25 Fl. 26 del cdno. 1 del tribunal.

26 Fls. 33 a 38 del cdno. 1 del tribunal.

27 Fls. 39 a 49 del cdno. 1 del tribunal.

28 Fls. 50 a 53 del cdno. 1 del tribunal.

29 Fls. 33 a 38 del cdno. 1 del tribunal.

30 Fls. 39 a 49 del cdno. 1 del tribunal.

31 Fls. 50 a 53 del cdno. 1 del tribunal.

32 Fls. 55 a 57 del cdno. 1 del tribunal.

33 Fls. 58 a 60 del cdno. 1 del tribunal.

34 Fls. 103 a 260 del cdno. 1 del tribunal.

35 Fls. 105 a 107 del cdno. 1 del tribunal.

36 Fls. 110 a 112 del cdno. 1 del tribunal.

37 Fl. 115 del cdno. 1 del tribunal.

38 Fls. 116 a 118 del cdno. 1 del tribunal.

39 Fls. 120 a 124 del cdno. 1 del tribunal.

40 Fl. 132 del cdno. 1 del tribunal.

41 Fls. 149 a 151 del cdno. 1 del tribunal.

42 Fls. 153 y 154 del cdno. 1 del tribunal.

43 Fls. 162 y 162 del cdno. 1 del tribunal.

44 Fls. 164 y 165 del cdno. 1 del tribunal.

45 Fl. 175 del cdno. 1 del tribunal.

46 Fls. 181 a 187 del cdno. 1 del tribunal.

47 Fls. 202 a 207 del cdno. 1 del tribunal.

48 Fls. 230 y 231 del cdno. 1 del tribunal.

49 Fl. 241 del cdno. 1 del tribunal.

50 Fls. 245 a 249 del cdno. 1 del tribunal.

51 Fl. 255 del cdno. 1 del tribunal.

52 Fl. 257 del cdno. 1 del tribunal.

53 Fl. 259 del cdno. 1 del tribunal.

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 10 de noviembre de 2016, Rad. 19001-23 31-000-2010-00115-01, Nº Interno 56282. Se cita la sentencia del 3 de diciembre de 2004, Nº Interno 26737.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 11 de septiembre de 2013, Rad. 41001-23-31-000-1994-07654-01, Nº Interno 20601. También consultar sentencia de la Subsección C del 10 de noviembre de 2016, Rad. 19001-23 31-000-2010-00115-01, Nº Interno 56282.

56 Ídem. Al respecto, el artículo 113 de la Constitución Política de 1991 señaló:

ART. 113.—Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. (Negrillas fuera de texto).

57 ART. 164.—En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus.

58 ART. 187.—Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

59 ART. 80.—Término de prescripción de la acción. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte. Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes.
En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción prescribirá en cinco años.

60 ART. 26.—Concurso de hechos punibles. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto.

61 ART. 259.—Incesto. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> El que realice acceso carnal u otro acto erótico sexual con un descendiente o ascendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.

62 ART. 303.—Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> <Modificado por el artículo 5o. de la Ley 360 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> El que acceda carnalmente a persona menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.

63 ART. 306.—Circunstancias de agravación punitiva. <Decreto derogado por la Ley 599 de 2000> La pena para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentará de una tercera parte a la mitad en los casos siguientes:

1. Si se cometiere con el concurso de otro u otras personas.

2. Si el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza.

3. Si la víctima quedare embarazada.

4. Si se produjere contaminación venérea, y

5. Si el delito se realizare sobre persona menor de diez años

64 ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

65 Responsabilidad extracontractual del Estado, de Enrique Gil Botero, Sexta Edición, Editorial Temis, Obras Jurídicas, Bogotá, Colombia, 2013, págs. 500 a 505.

66 Responsabilidad del Estado y sus regímenes, de Wilson Ruiz Orejuela, Segunda Edición, ECOE Ediciones, 2015, págs. 511 y 512.

67 ART. 1º—A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

68 ART. 2º—Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

69 ART. 1º—Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

70 ART. 2º—Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

71 ART. 7º—Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

(...)

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

72 ART. 1º—Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2º.

73 ART. 2º—Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento.

74 ART. 17.—No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.

75 ART. 93.—Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

76 ART. 43.—La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

77 ART. 2º—Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

78 ART. 3º—Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las siguientes definiciones de daño:

a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.

b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.

c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.

Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.

d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

79 ART. 7º—Derechos de las mujeres. Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal.

80 ART. 5º—Garantías mínimas. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en el ordenamiento jurídico, no debe entenderse como negación de otros que siendo inherentes a las mujeres no figuren expresamente en él.

81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 13 de junio de 2013, Rad. 54001-23-31-000-1997-12161-01, Nº Interno 26800, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de octubre de 2014, Rad. 20001-23-31-000-2005-01640-01, Nº Interno 40411, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 20 de octubre de 2014, Rad. 05001-23-31-000-2004-04210-01, Nº Interno 40060, C.P. Enrique Gil Botero.

84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de tutela del 12 de febrero de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2014-03807-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 28 de mayo de 2015, Rad. 17001-23-31-000-2000-01183-01, Nº Interno 26958, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

86 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de tutela del 8 de junio de 2016, Rad. 68001-23-33-000-2016-00171-01, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

87 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 6 de mayo de 2015, SP 5395-2015, Nº Interno 43880, M.P. María del Rosario González Muñoz.

88 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 4 de marzo de 2015, SP 2190-2015, Nº Interno 41457, M.P. Patricia Salazar Cuéllar.

89 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 20 de noviembre de 2014, S P15901-2014, Nº Interno 41373, M.P. José Luis Barceló Camacho.

90 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 12 de noviembre de 2014, SP 15512-2014, Nº Interno 39392, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

91 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, T-478 de 2015, Sentencia del 3 de agosto de 2015, Exp. T-4.734.501, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

92 ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 29 de septiembre de 2011, Rad. 25000-23-27-000-2003-00376-01, Nº Interno 17893.

94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 15 de abril de 2004, Rad. 76001-23-31-000-2001-04017-01, acción popular.