Sentencia 2008-00028/43574 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SUBSECCIÓN C - SECCIÓN TERCERA

Rad.: 270012331000201000028 01 (43.574)

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: T.M.A. y otros

Demandado: Nación —Fiscalía General de la Nación—

Proceso: Acción de Reparación Directa

Asunto: Recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Se confirma sentencia de primera instancia que negó privación injusta de la libertad por encontrarse acreditada la culpa exclusiva de la víctima/ Restrictor: Aspectos procesales —legitimación en la causa— caducidad de la acción / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado —El derecho a la libertad individual— Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

Bogotá D.C. veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Extractos «V. Consideraciones

1. Aspectos procesales

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(12), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes el señor T.M.A., en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar, la señora M.S. del R.C.V. (cónyuge), los señores D. y S.M.C. y C.A.M.D. (hijos), L.M.A. (madre), J.M.A., E.V.A. y B.Y.M.A. (hermanos), y el señor J.F.I.M (sobrino), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Seccionales en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del CCA, que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(13), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(14). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(15).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(16).

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 24 de enero de 2008(17) y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 4 de marzo de 2010, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8º del artículo 136 del CCA, teniendo en cuenta que este fue interrumpido mediante solicitud de conciliación presentada el día 15 de diciembre de 2009 ante la Procuraduría cuarenta y uno (41) Judicial Administrativa de Quibdó y llevada a cabo el día 4 de marzo de 2010(18).

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”(19).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(20) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(21).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(22).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”(23)

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(24)-(25) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(26).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural o domiciliaria, esto es que la restricción de la libertad cualquiera que sea su naturaleza haya sido efectiva(27).

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

Es pertinente precisar que respecto la norma transcrita la Corte Constitucional C-037 de 1996 señaló que:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa.

(…)”. (Resalta fuera del texto)

Asimismo, la culpa exclusiva de la víctima, es entendida como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, y tal situación releva de responsabilidad al Estado cuando la producción del daño se ha ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que esta debe asumir las consecuencias de su proceder.

Y se entiende por culpa grave no cualquier equivocación, error de juicio o actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, sino aquel comportamiento que revista tal gravedad que implique “manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suele emplear en sus negocios propios”, en los términos del artículo 63 Código Civil.

A la sazón, está Sala de Subsección ha precisado:

“La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil”(28).

En este orden de ideas, aunque el actuar irregular y negligente del privado de la libertad frente a los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad o el comportamiento por él asumido dentro del curso del proceso punitivo no haya sido suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria en su contra, en sede de responsabilidad civil y administrativa, y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, podría llegar a configurar la culpa grave y exclusiva de la víctima, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

Dicho de otra manera, que la parte demandante haya sido absuelta por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues debe revisarse la culpa del penalmente investigado, pues, pese a que su actuación no haya tenido la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí puede exonerar patrimonialmente a la entidad demandada.

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

5. Caso concreto.

Solicita el apoderado de la parte demandante, se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien su poderdante con su actuar pudo haber generado la investigación que se surtió en su contra, no tenía que soportar la carga de la privación de la libertad, la cual fue decretada en su consideración por fuera del marco normativo que por favorabilidad debía darse aplicación, tal y como lo concluyó la Fiscalía Once (11) Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito de Quibdó en su proveído de fecha 19 de diciembre de 2005, y en consecuencia, se debe condenar a la entidad demandada.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, descartando que no se haya configurado alguna causal eximente de responsabilidad a favor del demandado, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del A quo y condenar a la entidad demandada.

De esta manera, se tiene demostrado que mediante auto del 12 de mayo de 2004(29) la Fiscalía Sexta (6ª) de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, decretó apertura de instrucción en contra del señor T.M.A., exalcalde municipal del Alto Baudó, para que respondiese por haber incurrido presumiblemente en el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, de allí que se ordenara su vinculación al proceso mediante indagatoria.

Rendida la indagatoria por parte del hoy accionante el día 21 de junio de 2005(30), la Fiscalía Sexta (6ª) Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, mediante proveído del 21 de julio del mismo año(31), impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de este, al determinar que era responsable en calidad de autor del delito de interés indebido en la celebración de contratos, y ordenó su captura.

Dicha decisión fue recurrida en apelación por la defensa técnica del procesado, la cual fue resuelta por la Fiscalía Once (11) Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, a través de interlocutorio de fecha 30 de agosto de 2005(32), donde dispuso confirmar en su totalidad la providencia atacada.

No obstante, mediante escrito de fecha 27 de septiembre del mismo año, la defensa del detenido solicitó que la medida de aseguramiento fuera sustituida por la detención domiciliaria, solicitud frente a la cual la entidad persecutora accedió a través de auto del 29 de septiembre de 2005(33).

Posteriormente, el ente instructor mediante proveído del 2 de noviembre de 2005 profirió resolución de acusación en contra del señor M.A. por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en donde ordenó mantener la medida de aseguramiento de detención preventiva “intraresidencial” impuesta en el auto referido en el párrafo anterior; sin embargo, contra dicha providencia fue interpuesto recurso de apelación por el apoderado del señor M., decisión confirmada por la Fiscalía Once (11) Delegada ante el Tribunal Superior de Quibdó, mediante proveído de fecha 19 de diciembre de 2005(34), en el cual se decidió modificar la tipificación de la acusación por el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, así como, revocar la medida de aseguramiento impuesta al hoy accionante, y dispuso en consecuencia su libertad inmediata.

Así las cosas, y luego de desarrollada la etapa de juzgamiento, el Juzgado Penal del Circuito de Istmina - Chocó, absolvió al señor T.M.A. por medio de sentencia de fecha de 28 de noviembre de 2007, al considerar “(…) el inculpado T.M., al celebrar el contrato descalificado, no sabía que realizaba un comportamiento prohibido por el ordenamiento penal, (…) por ende, no podía querer y mucho menos pretender acomodar su actuar a la descripción típica y antijurídica glosada en el injusto de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (…)”(35).

Frente a esta decisión, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado desierto mediante auto del 24 de enero de 2008(36) por el Juez de conocimiento, toda vez que la sustentación del mismo se realizó de forma extemporánea.

Conforme con lo anterior, la Sala determinará si la conducta del actor se enmarca dentro de una causal eximente de responsabilidad, como lo es el hecho de la víctima, tal y como lo señaló el A quo, o si por el contrario, la parte demandada está llamada a responder por la privación de su libertad.

En efecto, la Sala encuentra que en diligencia de indagatoria(37) llevada a cabo el día 21 de junio de 2005 rendida por el señor T.M.A., dentro del proceso penal que se seguía en su contra por el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, afirmó que previo a la suscripción del contrato, el hoy accionante se basó en el concepto dado por su Secretario de Planeación, quien sugirió seleccionar como contratista al señor Libardo Sanmartín(38).

En consecuencia de lo anterior, el entonces funcionario contrató de forma directa al señor Libardo Sanmartín, con el objetivo de que realizara la obra del acueducto del municipio Nauca del Alto Baudó, sin haberse percatado que la cuantía de este sobrepasaba los topes establecidos por el legislador para la contratación directa; así lo reveló en su momento la Fiscalía Sexta (6ª) Seccional de Quibdó - Chocó, a través de proveído de fecha 21 de julio de 2005(39) en el que luego de referir diferentes elementos probatorios, concluyó que se debía imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor M.A.(40).

Esta situación, es reafirmada por la misma Fiscalía en providencia de fecha 2 de noviembre de 2005(41), por medio de la cual se resolvió acusar al hoy accionante, indicando que este debía responder como autor del delito de interés indebido en la celebración de contratos desestimando sus exculpaciones y reiteró que debido a su calidad de Alcalde, no podía confiarse solamente en el informe entregado por su Secretario de Planeación.

Fue así como, el Juzgado Penal del Circuito de Istmina - Chocó a pesar de haber considerado que el actuar del señor M.A. no constituía una conducta punible al no demostrarse que el investigado haya actuado con convicción y conciencia en la vulneración del ordenamiento contractual del Estado, calificó la conducta del agente como negligente y culposa, dado a la omisión de los principios que rigen dicha actividad, pues “debió ejercer los controles necesarios para determinar la legalidad del proceso de contratación. De allí que el comportamiento del acusado parece subsumirse en el marco de una conducta culposa y no dolosa; con la anotación que el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales no admite comisión por culpa”

Conforme con los anteriores medios de prueba, la Sala llega a la conclusión que la privación de que fue objeto el demandante fue causada por su propio actuar, pues al celebrar de manera directa un contrato de obra pública en su calidad de alcalde del municipio de Alto Baudó, cuya cuantía excedía la permitida para este tipo de contratación, obligó a que la Fiscalía General de la Nación iniciara las investigaciones pertinentes para poder establecer el por qué suscribió un contrato prescindiendo de los procesos de selección objetiva establecidos en el estatuto de contratación estatal.

Es así como, el hecho de que el propio señor M.A. manifestara en su indagatoria la forma en que llevó a cabo el procedimiento previo para adjudicar el contrato de obra referido, como haber fundamentado su decisión en el informe suscrito por su Secretario de Planeación, el cual había señalado la propuesta más conveniente, hecho que le indicó a la Fiscalía que el aquí demandante podía estar incurso en un delito, debiendo realizar las indagaciones pertinentes.

Adicionalmente, está el hecho que el valor del contrato asignado superaba los montos permitidos para contratar de forma directa según el régimen de contratación estatal, así como quedó establecido tanto por la Contraloría General de la República como por la Fiscalía General de la Nación durante el desarrollo del proceso penal objeto de estudio.

Lo anterior, le indica a la Sala que la celebración del Contrato Nº 006 de 2002, para la construcción del acueducto de la comunidad de Nauca - Alto Baudó por valor de $ 77.627.469, de manera directa, prescindiendo de los procedimientos de selección establecidos en la Ley 80 de 1993, fue lo que ocasionó que la Fiscalía General de la Nación decidiera iniciar una investigación penal que le permitiera esclarecer la verdad de los hechos.

De manera que, al momento de restringírsele la libertad del accionante, el ente acusador contaba con pruebas que le indicaban que el actor en este proceso podía estar incurso en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, posteriormente readecuado a la celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales; por tanto, fue el proceder del propio investigado el que dio lugar al proceso penal que se adelantó en su contra.

Así, se evidencia que el aquí accionante actuó de manera negligente e imprudente al manifestar a la autoridad competente que: i) Había celebrado un contrato de obra pública, cuyo objeto era la construcción del acueducto de la comunidad de Nauca, confiado en las labores realizadas por su Secretario de Planeación, y ii) No haberse percatado que debido a la cuantía del contrato suscrito, había prescindido de la realización de un proceso licitatorio, a pesar de ser abogado.

Es por esto, que el Estado en el ejercicio legítimo de sus funciones debía iniciar la investigación penal que le permitiera esclarecer si el aquí accionante había incurrido en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, posteriormente readecuado a la celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, al suscribir un contrato sin adelantar un proceso de selección, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993; evidenciándose así, que fue el propio proceder del señor T.M.A., el que generó que el aparato judicial se pusiera en movimiento para poder esclarecer la verdad de los hechos.

Olvida el demandante que aunque el literal a del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece la posibilidad de prescindir del proceso de licitación y contratar directamente en los casos de menor cuantía, lo cierto es que, para la época de los hechos, el municipio de Alto Baudó del cual era representante legal el hoy accionante, tenía un presupuesto anual de 13.660 S.M.L.M.V, de acuerdo a lo conceptuado por la Contraloría Departamental del Chocó(42), de manera que, el monto para contratar de manera directa se limitaba a 250 S.M.L.M.V. que en pesos representaban la suma de $ 77.250.001, suma que frente al valor del contrato suscrito por el entonces Alcalde, superaba el amparo reconocido en dicha disposición normativa, y que al no mediar otra justificación, debía llevarse a cabo su contratación a través de licitación pública.

En otras palabras y con sujeción al artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 63 del Código Civil, la Sala encuentra acreditado que el comportamiento del demandante desconoce los parámetros de cuidado y diligencia que una persona de poca prudencia hubiera empleado en sus negocios propios, y en consecuencia es configurativo de la culpa grave y exclusiva de la víctima.

De esta manera, la Sala encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que establece que en caso de responsabilidad del Estado por el actuar de sus funcionarios y empleados judiciales “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”.

Por otra parte, para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por el recurrente en su escrito de apelación cuando indicó que lo único que debía soportar su poderdante era la investigación penal que se siguió en su contra, mas no la privación que se originó como consecuencia de ella, pues el delito por el cual se le investigó, esto es, interés ilícito en la celebración de contratos, no daba para que se impusiera medida de aseguramiento con detención preventiva, debiendo entonces dar aplicación al principio de favorabilidad, como finalmente lo hizo la Fiscalía Once (11) Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó en proveído de fecha 19 de diciembre de 2005(43), bajo el amparo de interpretación de la norma adjetiva vigente para la época de los hechos.

Todo lo anterior, no riñe con el hecho de que el Juez del caso en ejercicio de sus funciones y en aplicación del arbitrio judicial considerara que los medios de prueba recaudados no eran suficientes para endilgar responsabilidad al acusado, pues una cosa es la naturaleza del proceso penal y otra la del contencioso administrativo.

En suma, la Sala resalta que como se dijo en la parte conceptual de estas consideraciones, aunque el demandante fue absuelto por la justicia penal, ello no quiere decir, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración, pues no puede pasarse por alto la culpa del penalmente investigado, ya que si bien su actuación no tuvo la magnitud para configurar el delito endilgado en su contra, sí exonera patrimonialmente a la entidad demandada. 

En este sentido también se dijo que sí el actuar irregular y negligente de la parte actora no fue suficiente ante la justicia penal para proferir una sentencia condenatoria, en sede de responsabilidad sí lo es para encontrar acreditada la culpa grave y exclusiva de la víctima en los hechos que dieron lugar a la investigación penal y, por supuesto, a la privación de la libertad de la que fue objeto la parte demandante, y exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.

En conclusión, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Choco el 19 de diciembre de 2011, por encontrarse probada la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Choco, por los fundamentos expuestos en esta providencia.

2. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

(13) “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Resaltado fuera de texto)

(14) Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Radicado 10909.

(15) Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Radicado 33372.

(16) Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Radicado 40.324.

(17) Fl. 272, cdno. 3.

(18) Fl. 12, cdno. 1.

(19) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(20) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 174.

(21) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, Expediente 10923.

(22) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200(sic), Expediente 15989.

(23) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

(24) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(25) Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

(26) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056.

(27) Debe aclararse que en lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 22 de enero de 2014. Expediente 27.689. En otra oportunidad, la Sala precisó que debe demostrarse “que con dicha medida se hubiera materializado la afectación efectiva de la libre locomoción, por cuanto no se acreditó entre otras, que [los demandantes] tuvieran la necesidad o proyecto para salir del país o que su vida personal o profesional les demandara salir del país con alta frecuencia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Expediente 41.326

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2013, Radicado 27.577.

(29) Fls. 105 - 106, cdno. 2.

(30) Fls. 134 - 140, cdno. 2.

(31) Fls. 148 - 167, cdno. 2.

(32) Fls. 202 - 214, cdno. 2.

(33) Fls. 8 - 13, cdno. 3.

(34) Fls. 103 - 124, cdno. 3.

(35) Fl. 213, cdno. 3.

(36) Fl. 271, cdno. 3.

(37) En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Expediente 36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, Expediente 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Expediente 44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

(38) Fl. 136, cdno. 2.

(39) Fls. 148 - 167, cdno. 2.

(40) Fls. 160 - 161, cdno. 2.

(41) Fls. 51 - 77, cdno. 3.

(42) Fl. 50, cdno. 2.

(43) Fls. 103 - 124, cdno. 3.