Sentencia 2010-00030 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 17001 23 31 000 2010 00030 01 (0709-13)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Apelación sentencia

Autoridades nacionales

Actor: Luis Gerardo Salazar Muñoz

Bogotá, D. C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad del Decreto 1318 de junio 30 de 2009 expedido por la Procuradora General de la Nación (E), mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Luis Gerardo Salazar Muñoz, en el cargo de procurador 29 judicial II administrativo de Manizales, código 3PJ, grado EC.

El demandante alega desviación de poder del nominador en el ejercicio de la facultad discrecional, teniendo en consideración que la medida no fue adoptada en aras del buen servicio público, lo que se vio reflejado en la falta de nombramiento de su reemplazo en forma simultánea con la insubsistencia.

En efecto, de conformidad con las pruebas arrimadas al expediente se puede establecer que una vez se dispuso la insubsistencia del nombramiento del demandante se encargó de sus funciones a la procuradora 29 judicial II de la ciudad de Manizales, como consta en el Decreto 1319 de junio 30 de 2009(2).

Sin embargo, de conformidad con la documental visible a folios 35 y 36 del cuaderno 3 de pruebas, se puede establecer que a pesar del encargo antes referido, la procuraduría en que el demandante desempeñaba su función no sufrió atrasos y, por el contrario, siguieron surtiéndose los trámites pertinentes dentro de las audiencias de conciliación prejudicial programadas.

A la misma conclusión se arribó en la declaración rendida por Gabriel Darío Ríos Giraldo(3), quien si bien se refirió a la participación activa, normal en el trámite conciliatorio por parte del demandante cuando fungía como procurador, también señaló que a pesar de que hubo un gran cúmulo de trabajo para la procuradora que fue encargada del despacho en que fue declarado insubsistente el demandante, no tuvo inconvenientes con la celebración de las audiencias previamente señaladas, pues se llevaron a cabo con normalidad.

Lo anterior desvirtúa el argumento del demandante relacionado con un posible desmejoramiento del servicio posterior a la declaratoria de su insubsistencia, causado por el encargo de funciones, pues si bien se adoptó dicha medida, ello no repercutió en desmedro del cumplimiento cabal de las funciones propias del despacho encargado.

Con el material probatorio allegado se puede establecer que el funcionario que reemplazó al demandante fue Jhon James Montoya Castro, a quien se le nombró mediante Decreto 2012 de septiembre 9 de 2009(4), funcionario que previamente había laborado en la Procuraduría General de la Nación en el cargo de procurador 5º judicial II agrario de Manizales, código 3PJ, grado EC y su nombramiento se había declarado insubsistente mediante Decreto 1282 de junio 30 de 2009(5); sin embargo, ese hecho no tiene relevancia, ni incidencia en el cuestionamiento de la legalidad del acto cuya legalidad se estudia, pues para tomar posesión del empleo la persona nombrada debe cumplir el lleno de requisitos que la ley exige para desempeñar el mismo y, conforme a la documental que obra en el cuaderno 3.2 se concluye que sí cumplía los mismos, pues tenía el título de abogado(6), especialización en gestión pública(7) y en derecho administrativo(8), experiencia laboral como docente(9), como procurador judicial(10), entre otros cargos y, en ningún momento se puede considerar que el haber desempeñado previamente un empleo en la misma entidad y haber sido desvinculado de esta, pueda ser obstáculo para ser designado nuevamente para ocupar otro empleo en la misma entidad y mucho menos desvirtúa la legalidad del acto de insubsistencia del nombramiento de quien lo precedía en dicho empleo.

Ahora bien, el demandante formula un reproche consistente en la falta de aportación de la totalidad de pruebas requeridas a la entidad demandada en el auto correspondiente, en especial, la certificación de los procuradores judiciales cuyos nombramientos fueron declarados insubsistentes y posteriormente vinculados nuevamente al transcurrir pocas semanas; el número de funcionarios cuyos nombramientos fueron declarados insubsistentes a partir del año 2009, después de la posesión del actual Procurador General de la Nación; los documentos que justificaron la ampliación de la planta de cargos de procurador judicial administrativo I y II y el certificado de las fechas en que se nombraron los procuradores administrativos en el departamento de Caldas.

Para recaudar las referidas pruebas se libró el Oficio 734 (fl. 463), reiterado el 20 de octubre de 2011 (fl. 518) y el 15 de noviembre de 2011 (fl. 523).

Revisados los cuadernos de pruebas se observa que en el cuaderno 3.3 en los folios posteriores al 694 aparecen las justificaciones de la modificación de la planta de personal de la procuraduría, y la información restante pedida en el oficio antes mencionado fue suministrada mediante Oficio SG 5165 de noviembre 3 de 2011, obrante de folios 685 a 689 del mismo anexo.

Lo anterior desvirtúa el argumento de que la entidad omitió el deber de allegar las pruebas que, a juicio del demandante, podrían demostrar la ilegalidad del acto acusado.

Valga resaltar que el objeto de las referidas pruebas consistía en demostrar que con posterioridad a la vinculación del Procurador General de la Nación se produjo en la entidad un despido masivo en aras de favorecer intereses políticos del jefe del Ministerio Público.

De lo informado en el oficio en mención se puede establecer que realmente fueron desvinculados 94 funcionarios que ejercían cargos de libre nombramiento y remoción, respecto de los cuales se hizo uso de la medida discrecional; sin embargo, no se demostró que fueran razones ajenas al servicio público las que motivaron la desvinculación del demandante y el hecho de que se hubieran presentado otras desvinculaciones en épocas cercanas a la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, por sí solo no constituye prueba de desviación de poder por parte del nominador.

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo las decisiones discrecionales deben ser adecuadas a los fines de la norma que las autoriza y en caso del ejercicio de dicha facultad respecto de cargos de libre nombramiento y remoción se presume que es una decisión encaminada a garantizar el buen servicio público, presunción que no fue desvirtuada en el caso bajo análisis, lo que impone confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del once (11) de octubre de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que denegó las súplicas de la demanda promovida por el señor Luis Gerardo Salazar Muñoz contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Folio 634 del cuaderno 3.3.

(3) La declaración reposa en el CD adjunto al expediente, en el folio 2 bis del cuaderno 3.

(4) Folio 452 cuaderno 3.2.

(5) Folio 428 del cuaderno 3.2.

(6) Folios 405 y 406 cuaderno 3.2.

(7) Folios 403 del cuaderno 3.2.

(8) Folio 404 ib.

(9) Folio 401 de esa foliatura.

(10) Folio 409 ídem.