Sentencia 2010-00031/45664 de agosto 17 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 68001-23-31-000-2010-00031-01 (45.664)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Jairo Hernández y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil diecisiete

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por los demandantes contra la sentencia del 26 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Extractos «II. Consideraciones:

2.1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer el recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008(2), de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2.2. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite fallar, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el tema objeto de debate es la privación de la libertad de la que fue víctima Jairo Hernández, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el citado artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver de manera anticipada.

2.3. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(3).

En este caso, la providencia por medio de la cual se absolvió a Jairo Hernández quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2008 y la demanda fue interpuesta el 13 de enero de 2010, por lo tanto ésta se interpuso dentro del término de ley.

2.4. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto.

Previo analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido Jairo Hernández, lo cual ocurrió en vigencia de la Ley 270 de 1996(4), que establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(5), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996..”(6) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(7).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(8).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados(9).

Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(10).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(11). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(12).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(13): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(14).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(15).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (C.P., artículo 28) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”(16).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., artículo 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (C.P., artículo 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (artículo 29 eiusdem)(17).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”(18).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(19).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o —en la opinión de la mayoría de la Sala— porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda de que tal daño se torna antijurídico y debe ser reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P., las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o —en la opinión mayoritaria de la Sala— por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores.

2.5. El caso concreto.

Los demandantes pretenden la indemnización por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad domiciliaria de la que fue víctima Jairo Hernández.

Obra proveído del 7 de septiembre de 2007, proferido por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja, mediante el cual impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Jairo Hernández por el delito de concusión, le sustituyó la medida por detención domiciliaria y ordenó su captura (fls. 91 a 99 del cuaderno 1).

A folio 100 se encuentra la orden de captura, la cual se hizo efectiva el 12 de septiembre de 2007, según consta en el oficio suscrito por el funcionario de Policía Judicial, donde, además, se dejó al capturado a disposición de la Fiscal Novena Seccional de Barrancabermeja (fl. 102 del cuaderno uno).

A folio 104 se encuentra el acta de derechos del capturado y al 105 la de la diligencia de compromiso de la detención domiciliaria, suscrita el 13 de septiembre de 2007 por Jairo Hernández, la fiscal y el asistente judicial.

En proveído del 27 de diciembre de 2007, la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, profirió resolución de acusación contra Jairo Hernández por el delito de concusión y le mantuvo la detención domiciliaria (fls. 121 a 131 del cuaderno uno).

En sentencia del 31 de octubre de 2008, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja absolvió a Jairo Hernández y ordenó librar la boleta de libertad; para lo cual adujo lo siguiente (se transcribe tal como aparece en el expediente):

“En este punto del proceso no existen pruebas concretas que corroboren la denuncia del señor CARPIO OROZCO, y aunque esta es un medio de prueba, se requiere que las afirmaciones que se encuentran allí consignadas sean probadas para establecer si los hechos realmente ocurrieron y la forma como estos se dieron. Para que de esta forma se corrobore; la versión del denunciante, ó por el contrario se desvirtué, y conforme a estos elementos de juicio y convicción, es que el juzgador profiere una decisión ajusta a derecho.

(…)

Igualmente no es posible sustentar la sentencia condenatoria en contra de JAIRO HERNANDEZ por medio de la débil prueba indiciaria, fundamentados en la presencia o no del acusado en el lugar de los hechos y la carencia de testigos directos que dieran fe de lo realmente ocurrido, nos conduce todo lo anterior, indefectiblemente, a la consolidación de la duda, la cual por principio constitucional y legal siempre debe resolverse a favor del reo, como de vieja data lo tiene decantado la jurisprudencia que mas adelante rememoramos.

Queda claro entonces que no existen pruebas que permitan inferir que el señor Julio Hernandez, le hubiese exigido al señor JORGE CARPIO OROZCO, suma de dinero alguna para evitar confeccionar en su contra el mentado comparendo o para evitar reportarlo ante su jefe inmediato, ni tampoco prueba de lo contrario. Por lo que estamos ante una duda razonable. Duda que en virtud de la ley penal adjetiva, debe resolverse a favor del procesado (inc. 2º del art. 7º del C.P.P. Ley 600 de 2000). Dado que como ya lo advertimos; el Juez al realizar la valoración de la prueba conforme las reglas de la sana crítica, debe llegar a la convicción sobre la existencia del hecho y la certeza de la culpabilidad del implicado, situación que en este caso en particular no ha ocurrido. Ya que en este punto procesal no se ha logrado demostrar la autoría del señor JAIRO HERNANDEZ, en la conducta punible que se le imputa.

Se observa que, si bien la sentencia fue apelada por la Fiscalía, ésta no sustentó el recurso; en consecuencia, el Juzgado Primero del Circuito Penal, en auto del 21 de noviembre de 2008, declaró desierto el recurso y, según certificación suscrita por el secretario del Juzgado en mención, el fallo del 31 de octubre de 2008, está ejecutoriado.

Con el material relacionado se acreditó, entonces, que Jairo Hernández fue capturado, vinculado a un proceso penal y acusado como autor del delito de concusión, por la Fiscalía Novena Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Barrancabermeja; sin embargo, el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad lo absolvió.

Ahora, pone de presente la Sala que, aunque en la sentencia absolutoria el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja sostuvo que aplicó el principio del in dubio pro reo para absolver de responsabilidad penal al acá demandante, lo cierto es que, según ella misma, no fue posible establecer que éste cometió el delito que se le imputó.

En efecto, recuérdese que, según dicha sentencia, “En este punto del proceso no existen pruebas concretas que corroboren la denuncia del señor Carpio Orozco, y aunque esta es un medio de prueba, se requiere que las afirmaciones que se encuentran allí consignadas sean probadas para establecer si los hechos realmente ocurrieron y la forma como estos se dieron”, es más, sostiene que “Ya que en este punto procesal no se ha logrado demostrar la autoría del señor Jairo Hernandez, en la conducta punible que se le imputa”.

Así, la situación descrita constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según la jurisprudencia de esta Corporación, esto es, que el acusado no cometió el delito imputado.

Entonces, la imposición de la medida de aseguramiento y la consiguiente restricción de la libertad de la cual fue objeto el demandante constituyen, a todas luces, un daño antijurídico.

Resulta necesario, pues indemnizar a quien tuvo que soportar injustificadamente la privación de su derecho a la libertad y la afectación física, real y efectiva de sus derechos.

La Sala insiste en que, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados, en el asunto sub júdice. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(20), las cuales no fueron acreditadas en el plenario.

Hechas las anteriores precisiones, se revocará la sentencia del 26 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Indemnización de perjuicios.

2.6.1. Perjuicio moral.

En la demanda se solicitó el pago de 400 smlmv para Jairo Hernández (víctima), y 200 smlmv para cada uno de los demás actores, a saber: Jairo Andrés Hernández Tirado, Andrea Camila Hernández Tirado, María Victoria Hernández Picón, Amy Karoline Hernández Rondón (hijos)(21), María Eva Aragón Barrios (cónyuge)(22), Esperanza Hernández (madre)(23), Samuel Miranda Hernández, Elías Miranda Hernández, Ismenia Miranda Hernández, Alvaro Hernández, Ruth María Miranda Hernández y Pablo Hernández (hermanos)(24).

Ahora, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción tanto de la persona que fue privada injustamente de su libertad(25); como de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(26).

Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, en caso de privación injusta de la libertad, la Sala de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(27), estableció los siguientes parámetros:

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ver tabla
Reparación del daño moral en caso de privación injusta de la libertad
 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.Víctima directa, cónyuge o compañero( a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidadParientes en el segundo grado de consanguinidadParientes en el tercer grado de consanguinidadParientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo gradoTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del monto de la víctima directa35% del monto de la víctima directa25% del monto de la víctima directa15% del monto de la víctima directa
SMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 meses e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 meses e inferior a 128040282012
Superior a 6 meses e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 meses e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 mes e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

También se debe tener en cuenta si se trató de una privación de la libertad en establecimiento carcelario, detención domiciliaria o si se le impuso una privación jurídica de la libertad, pues, dependiendo el caso, el monto es disminuido.

Esta Subsección señaló que el quantum indemnizatorio en casos de privación jurídica de la libertad debe ser reducido en un 50%(28) y cuando una persona fue víctima de una privación injusta de la libertad pero que estuvo recluida en su domicilio, el monto a indemnizar debe ser disminuido en un 30%(29).

Se encuentra acreditado que Jairo Hernández fue capturado el 12 de septiembre de 2007 y permaneció en detención domiciliaria hasta el 31 de octubre de 2008, cuando fue puesto en libertad, de modo que, estuvo privado de su libertad durante 409 días (13.63 meses).

Por consiguiente (aplicando el monto que correspondería según la tabla menos la reducción del 30% del quantum indemnizatorio) se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, 63 smmlv para Jairo Hernández, 63 smmlv para Esperanza Hernández, 63 smmlv para Jairo Andrés Hernández Tirado, 63 smmlv para Andrea Camila Hernández Tirado, 63 smmlv para María Victoria Hernández Picón, (63) smmlv para Amy Karoline Hernández Rondón, 63 smmlv para María Eva Aragón Barrios, 31.5 smmlv para Samuel Miranda Hernández, 31.5 smmlv para Elías Miranda Hernández, 31.5 smmlv para Ismenia Miranda Hernández, 31.5 smmlv para Alvaro Hernández, 31.5 smmlv para Ruth María Miranda Hernández y 31.5 smmlv para Pablo Hernández.

2.6.2. Perjuicios materiales.

Lucro cesante

Por este concepto, se solicitó la suma de $16.526.700, a favor de Jairo Hernández, que “dejó de percibir durante el período de detención física” (fl. 12 del cuaderno uno).

Si bien al proceso no se allegó documento que acreditara la actividad productiva a la que se dedicaba Jairo Hernández cuando fue privado de la libertad, lo cierto es que las providencias proferidas dentro del proceso penal adelantado contra él dan cuenta de que era un servidor público, pues se desempeñaba como alférez de tránsito en Barrancabermeja.

Ahora, no se demostró que Jairo Hernández haya sido suspendido del ejercicio de sus funciones o retirado del servicio de la entidad policial por la vinculación a la investigación penal, como tampoco que se haya hecho en acatamiento de una orden judicial, pues se echa de menos la resolución, decreto o certificación en la que ello conste.

No obstante, debe precisarse que, en cuanto a la medida de suspensión derivada del acatamiento de una orden judicial, la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado que ella no comporta la extinción del vínculo laboral, toda vez que tal medida consiste en una condición resolutoria que, posteriormente, será determinada con las consecuencias del proceso penal, razón por la cual, en los eventos donde el trabajador resulte favorecido, la suspensión del cargo desaparece de manera retroactiva, debiendo el empleador cancelar los salarios y prestaciones sociales por todo el tiempo que duró la suspensión.

Con fundamento en el anterior criterio esta Subsección ha considerado:

“En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 25 de enero de 2007(30), al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso Radicado 730012331000199613147-01 (IJ-004) señaló:

‘El levantamiento de la suspensión - Efectos.

‘En el momento en que la medida judicial se levante, decisión que la autoridad judicial debe comunicar a la respectiva autoridad administrativa, cesan los efectos de la suspensión.

Ahora en eventos como el de autos, en el que el funcionario suspendido no fue condenado, debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante dicha etapa, retrotrayéndose la situación al momento en que fue suspendido del cargo, es decir (sic) como si nunca hubiera sido separado del servicio, y por ende tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir (sic) como si el trabajador efectivamente hubiera prestado el servicio por efectos de la función legal. En otras palabras vuelven las cosas al estado anterior.

‘(…).

La administración debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al término en cuestión, no siendo de recibo el argumento esgrimido por ella en el sentido de que no hubo prestación del servicio, pues ese era el efecto lógico y jurídico del acto de suspensión que expidió y con el cual autorizó, en forma implícita, la no prestación del servicio.

‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

‘Si bien es cierto que la suspensión del actor no fue iniciativa del ente territorial con el que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no lo releva de su condición de empleador y por ende no lo exonera del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión’:

“Este criterio fue reiterado, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en los siguientes términos(31):

‘De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado(32) ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (numeral 4º del artículo 66 del CCA), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.

En ese orden, cuando la condición resolutoria desaparece su efecto es retroactivo, esto es, desde la fecha en la que se dispuso la suspensión, en consecuencia queda sin sustento el acto que impuso la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos aunque no se haya prestado el servicio. En el momento en que la medida judicial se levante, cesan sus efectos.

En casos en los que el funcionario suspendido no fue condenado, el efecto lógico es que debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante el retiro temporal del cargo, su situación debe restablecerse a la que tenía al momento en que fue suspendido, es decir como si no hubiera sido separado del servicio, y en consecuencia tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir que vuelven las cosas al estado anterior.

‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

‘(…).

‘En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la Entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo’ (Se resalta).

“Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los intereses moratorios derivados de los emolumentos dejados de per cibi r por los señores …, en calidad de servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos procedentes de una relación laboral administrativa que no tuvo solución de continuidad —pues como quedó acreditado en el expediente fueron efectivamente reintegrados mediante Resolución 0207 del 17 de febrero de 2004—, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral”(33) (se resalta).

En tal sentido, es claro que los perjuicios por lucro cesante, derivados de la supuesta suspensión en el cargo que pudo haber sufrido Jairo Hernández debieron ser reclamados a la institución a la cual prestaba sus servicios, tal como lo ha considerado esta Sala en sentencias como la que acaba de transcribirse.

Por consiguiente, se negará esta pretensión.

2.6.3. Daño a bienes constitucionalmente protegidos, denominado por el actor como “daño a la vida de relación”.

Los demandantes solicitaron el pago de 200 smlmv para cada uno de los demandantes.

Al respecto, es necesario tener en cuenta que la afectación a los derechos a la familia, la dignidad, la honra y el buen nombre encuadran, perfectamente, en lo que hoy la jurisprudencia de esta Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos.

Es indispensable manifestar que este tipo de perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en diversas oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 (Expediente 11842) se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por el de daño a la vida de relación y allí se precisó que éste “corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico”, de modo que “debe la Sala desechar definitivamente su utilización”.

Posteriormente, la Sala abandonó la denominación de “daño a la vida de relación” y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, bajo el entendido de que, cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, por lo que aquél no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas(34).

Luego, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sala dijo que:

“(…) que la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación(35).

Por último, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (Expediente 32.988), la Sala hizo las siguientes precisiones en torno a los perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

“ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

“iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

“iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al (sic) grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º (sic) de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas 'de crianza', en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado”.

Según lo expuesto, esta Corporación ha concluido que es procedente el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios inmateriales distintos a los de carácter moral, a título de daño a bienes constitucionalmente protegidos —como el derecho a la honra y el derecho al buen nombre—, los cuales, en este caso, resultaron afectados con la medida impuesta al demandante, razón por la cual se encuentra que dicha vulneración se concretó en punto al artículo 21 de la Constitución Política.

En efecto, en el proceso obran testimonios(36) que dan cuenta que la detención de Jairo Hernández fue publicada en la prensa y divulgada en la radio y televisión, actuaciones que afectaron su honra y buen nombre.

Así las cosas, al identificar los bienes constitucionalmente protegidos que resultaron afectados con la medida impuesta al ahora demandante, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó reparar a título de “daño a la vida de relación”. Ahora, es cierto que se reclamó por dicho concepto una indemnización en salarios mínimos para cada uno de los demandantes, pero también es cierto que, como se mencionó atrás, éste se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y, de manera excepcional, a través de una reparación económica cuando se encuentre que aquéllas, es decir, las medidas no pecuniarias, resultan insuficientes para reparar integralmente a la víctima, caso en el cual se podrá imponer una condena de hasta 100 SMLMV, únicamente para la víctima directa del daño.

Entonces, al observar que los derechos a la honra y al buen nombre de Jairo Hernández se vieron afectados por la privación injusta de su libertad, la Sala considera que, para este caso, resulta pertinente privilegiar la medida reparatoria no indemnizatoria, para lo cual se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que, a fin de resarcir el perjuicio causado, divulgue que el acá demandante fue absuelto del delito por el cual estuvo privado injustamente de la libertad, lo cual deberá hacerse por radio y a través de un periódico de amplia circulación de Barrancabermeja.

III. Condena en costas

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia del 26 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander; en su lugar,

1. Declárase la responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Jairo Hernández.

2. Condénase a la Nación -Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales, 63 smmlv para Jairo Hernández, 63 smmlv para Esperanza Hernández, 63 smmlv para Jairo Andrés Hernández Tirado, 63 smmlv para Andrea Camila Hernández Tirado, 63 smmlv para María Victoria Hernández Picón, 63 smmlv para Amy Karoline Hernández Rondón, 63 smmlv para María Eva Aragón Barrios, 31.5 smmlv para Samuel Miranda Hernández, 31.5 smmlv para Elías Miranda Hernández, 31.5 smmlv para Ismenia Miranda Hernández, 31.5 smmlv para Alvaro Hernández, 31.5 smmlv para Ruth María Miranda Hernández y 31.5 smmlv para Pablo Hernández.

3. Ordénase a la Fiscalía General de la Nación que divulgue que el acá demandante fue absuelto del delito por el cual estuvo privado injustamente de la libertad, lo cual deberá hacerse por radio y a través de un periódico de amplia circulación de Barrancabermeja.

4. Niéganse las demás pretensiones.

5. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C. de P.C.

6. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase»

(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009.

(3) Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (Expediente 13622) y del 11 de agosto de 2011 (Expediente 21801).

(4) La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.

(5) “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, Expediente 15463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(7) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Expediente 19151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15463.

(9) Sección Tercera, Sentencia de 1º de octubre de 1992, Expediente 7058.

(10) Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994, Expediente 8666.

(11) Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, Expediente 9391.

(12) Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995, Expediente 10056.

(13) Rodríguez Villamizar, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107.

(14) Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, Expediente 11754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

(15) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15980.

(16) García Morillo, Joaquín: “Los derechos de libertad (I) la libertad personal”, en López Guerra, Luis et al. “Derecho Constitucional”, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pág. 258.

(17) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la Ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

(18) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(19) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(20) Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 8 de julio de 2009 (Expediente 17517), de 15 de abril de 2011 (Expediente 18284) y de 26 de mayo de 2001 (Expediente 20299), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

(21) Calidades que se encuentran acreditados del folio 31 al 34 del cuaderno 1.

(22) Calidad que se encuentra acreditada a folio 35 del cuaderno 1.

(23) Calidad que se encuentra acreditada a folio 24 del cuaderno 1.

(24) Calidades que se encuentran acreditadas del folio 25 al 30 del cuaderno 1.

(25) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, Expediente 12076.

(26) Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 15980.

(27) Expediente 36149.

(28) Sentencia del 9 de marzo de 2016, Expediente 25000-23-26-000-2005-02453-01(34554).

(29) Sentencia del 1º de agosto de 2016, Expediente 76001-23-31-000-2005-02506-01 (39747).

(30) Original del texto: Radicación 05001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.

(31) Original del texto: Radicación 25000-23-25-000-2003-05439-01 (0090-09), C.P. Alfonso Vargas Rincón.

(32) Original del texto: Sentencias de 6 de marzo de 1997, Expediente 12310, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, Expediente 1618-03, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 

(33) Sentencia del 12 de mayo de 2016, Expediente 40182.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1º de noviembre de 2007 (Expediente 16407).

(35) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre 2011 (Expediente 19031).

(36) Visibles a folios 171, 174, 177 del cuaderno 1.