Sentencia 2010-00033 de febrero 24 de 2010

 

Sentencia 2010-00033 de febrero 24 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente T-11001-22-03-000-2010-00033-01

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil diez.

(Discutido y aprobado en sesión de diecisiete de febrero de dos mil diez).

Se decide la impugnación formulada por Jorge Eliécer Gómez Calderón contra la sentencia de 26 de enero de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se accedió a la demanda de tutela instaurada por el Banco BBVA contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta misma ciudad.

Antecedentes

1. El Banco BBVA aduce que en el proceso ejecutivo hipotecario que promovió contra Jorge Eliécer Gómez Calderón y Mariela Riveros para obtener el pago de un crédito que ascendía a $22’008.777,20, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá a quien correspondió el conocimiento del asunto en primera instancia, dictó sentencia de 7 de abril de 2008 —complementada el 22 de agosto de 2008—, en la cual declaró probadas las excepciones, ordenó la terminación del proceso y condenó al ejecutante a pagar $193’536.936 por el valor cobrado en exceso a los deudores, y $166’528.242 como sanción por el cobro indebido de intereses, más los intereses de esas sumas a partir de la ejecutoria del fallo.

Contra esa decisión —prosigue el accionante—, la parte demandante formuló infructuosamente el recurso de apelación, puesto que el Juzgado Quince Civil del Circuito confirmó el fallo de primer grado mediante sentencia de 18 de agosto de 2009.

A juicio del reclamante, si los juzgadores consideraban que la obligación había sido pagada por los demandados, lo procedente era negar las pretensiones, sin imponer la sanción del artículo 72 de la Ley 45 de 1990 y, en todo caso, la condena por cobro excesivo debió hacerse a través de un proceso verbal, conforme al numeral 2º del artículo 427 del Código de Procedimiento Civil.

Además, afirma que esas decisiones se basaron en un dictamen pericial que carece de fundamento, pues no atendió las pautas de la Circular 7 de la Superintendencia Financiera para la reliquidación de créditos pactados en UPAC, tomó un porcentaje que no correspondía a la corrección monetaria del período revisado, aplicó un doble alivio y distorsionó la tasa de interés pactada por las partes, entre otras cosas.

Finalmente, el accionante refiere que no era procedente la condena al pago de intereses y que, además, los demandados solo pidieron el pago de perjuicios”, de modo que la sentencia resultaba extra petita.

2. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá guardó silencio, mientras que el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de la misma ciudad se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Por su parte, el demandado Jorge Eliécer Gómez Calderón pidió que se negara la demanda.

3. El tribunal accedió al amparo luego de advertir que los juzgadores de instancia acogieron el dictamen elaborado en primera instancia, “con franca inobservancia de las reglas de valoración establecidas en el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil”.

Agregó que el fallo de primer grado “es más emotivo que jurídico”, que en él no se hizo un escrutinio a los soportes de la experticia y que sus argumentos fueron acogidos tan solo porque la prueba no fue objetada, sin tener en cuenta que según los precedentes de la Corte, la opinión de los peritos no“obliga en sí misma y por sí sola”, ni sus opiniones tienen que ser acogidas por el juez “mecánica y ciegamente”, sino que se debe evaluar el grado de convicción que arroja, así no haya sido controvertida por las partes.

De otro lado, el tribunal resaltó que el juzgado accionado pasó por alto varios aspectos que eran relevantes, como que las sentencias de la Corte Constitucional relativas a la UPAC no tenían efectos retroactivos; que debió respetarse la tasa de interés pactada por las partes; que liquidar intereses sobre una unidad de cuenta no constituía anatocismo; y que el procedimiento utilizado por el perito no fue claro.

Por ende, dejó sin valor la sentencia de 18 de agosto de 2009 y ordenó al Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá que resuelva nuevamente la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia.

4. Jorge Eliécer Gómez Calderón impugnó el fallo de tutela anterior, alegando que el tribunal no se refirió a los argumentos que planteó en el curso de esta acción. Así mismo, refiere que no se tuvieron en cuenta las demás pruebas que obraban en el proceso ejecutivo; que no se aplicaron las sentencias SU-846 de 2000 y SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional; que el banco demandante no objetó el dictamen pericial ordenado por el a quo; que el tribunal no respetó un fallo que se encontraba en firme; que pagó en exceso capital e intereses, circunstancia que justifica la sanción prevista en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990; que las normas que regulan la materia ordenaron la reliquidación del crédito desde 1991; y que con la decisión del tribunal se ven afectados sus derechos fundamentales.

Consideraciones

En el caso de ahora, juzga la Corte que la solicitud de amparo debe ser acogida, como quiera que la decisión de dar por terminada la ejecución y condenar al Banco BBVA a pagar $360’065.178, se basó en un dictamen pericial que no fue objeto de ninguna ponderación, pues los juzgadores de instancia lo acogieron sin más, bajo el argumento de que no fue objetado, en contravía de lo dispuesto en el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, que ordena tener en cuenta “la firmeza, precisión y claridad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.

Es que el hecho de que esa prueba resultara medular a la hora de sentenciar la contienda, ameritaba que de ella se hiciera una valoración explícita y acorde con las exigencias legales, de suerte tal que era imprescindible examinar con detalle su contenido, verificar la idoneidad de los procedimientos y metodologías utilizados, analizar su pertinencia frente a los precedentes constitucionales relativos a los créditos en UPAC y, así mismo, corroborar que la reliquidación y la aplicación de los alivios ordenados por la Ley 546 de 1999 estuviera ajustada a las pautas legales y reglamentarias, así como a los lineamientos de la Superintendencia Financiera.

Desde luego que el silencio de las partes en relación con la prueba no constituía una dispensa frente a la necesidad de hacer el mencionado análisis, el cual, valga reiterarlo, representa un mandato legal que debe verse reflejado en la motivación de la sentencia.

Por ende, haber dado pleno alcance a la referida experticia, por el solo hecho de que no fue objetada, constituye un desavío mayúsculo que trasgrede el derecho al debido proceso, no solo por desconocer el deber de valorar la prueba de acuerdo con la sana crítica, sino por la orfandad que ello generó en la motivación del fallo, todo lo cual abre paso a la intervención del juez constitucional. Dicho de otra manera, ante el censurable proceder de la autoridad judicial aquí cuestionada, se torna necesario dejar sin efectos la providencia judicial que decidió el asunto en segundo grado, así sea que esta, desde el punto de vista formal, haya adquirido firmeza, lo cual se generó precisamente por la inexistencia de otros medios ordinarios de impugnación.

Por lo demás, el hecho de que por esta vía se ordene la revisión de una actuación judicial y el proferimiento de un nuevo fallo, no puede equipararse a la violación de los derechos de la parte demandada, pues vistas las circunstancias, es indispensable la adopción de medidas tendientes a remediar el desaliño del juzgado accionado, cuyos efectos, desde luego, no podían permanecer inmunes luego del examen que aquí se realizó.

Y aunque no haya sido objeto de la impugnación, debe ponerse de presente que el juzgado accionado no abonó ninguna reflexión para ver de establecer si estaba asistido de competencia a la hora de imponer, en el curso del proceso ejecutivo, la sanción del artículo 72 de la Ley 45 de 1990, circunstancia que era menester precisar previamente, de acuerdo con la naturaleza del proceso y las precisas facultades que la ley le otorga al juez en este tipo de actuaciones. El silencio al respecto, entonces, se yergue como otra deficiencia argumentativa que incidió en la providencia aquí cuestionada.

Finalmente, en lo que respecta a los planteamientos que hace el impugnante en torno a los precedentes constitucionales que deben aplicarse y la procedencia de la sanción prevista en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, ha de decirse que tales cuestiones habrán de ser analizadas por el juez de la causa, a la hora de cumplir la orden impartida como corolario de esta acción; anticipar cualquier pronunciamiento alrededor del tema, sería irrumpir en competencias ajenas, en perjuicio de la legalidad del proceso.

Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Comuníquese telegráficamente esta decisión a los interesados y envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Magistrados: César Julio Valencia Copete—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—Edgardo Villamil Portilla.