Sentencia 2010-00036 de enero 31 de 2013

 

Sentencia 2010-00036 de enero 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 230012331000201000036 01

Número interno: 2106-2012

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Germán Darío Sánchez Oyola - Autoridades departamentales.

Bogotá D. C., treinta y uno de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

El problema jurídico se contrae a determinar si el señor Germán Darío Sánchez Oyola tiene derecho a que su pensión de jubilación se reliquide con el promedio de todos los factores salariales que devengó durante el último año de servicio, previo a adquirir su estatus pensional, a pesar, de que la solicitud y reconocimiento fue posterior a ello.

Con el objeto de resolver el problema expuesto, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

• De acuerdo con la partida de bautismo, obrante a folio 18, se evidencia que el señor Germán Darío Sánchez Oyola nació el 5 de junio de 1938.

• Mediante Resolución 00945 de 2 de mayo de 1997, el Director del Departamento Administrativo de Salud de Córdoba, reconoció y pagó al señor Germán Darío Sánchez Oyola por concepto de las diferencias salariales y prestacionales, ocasionadas entre salarios de los cargos de Auxiliar de Administración Financiera y el de Tesorero, la suma de $14.987.082 (fls. 12 a 16).

• El 28 de agosto de 1997, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Seguro Social, Seccional Córdoba, certificó que el demandante trabajó para esta institución desde el 1º de febrero de 1971 hasta el 20 de junio de 1978, desempeñándose como Jefe de Riesgos (fl. 103).

• Por medio de la Resolución 00217 de 15 de enero de 1998, el Director del Fondo Territorial de Pensiones y División de Cesantías de Córdoba, reconoció a favor del señor Sánchez Oyola, la pensión de jubilación con efectividad a partir del 1º de septiembre de 1997. Para el efecto dispuso (fls. 30 a 32):

“Que el señor(a) Germán Sánchez Oyola, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.565.049 expedida en Sahagún, en escrito que presentado a esta entidad, según radicación fecha (sic) de septiembre 1º de 1997 solicita el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación.

Que demuestra haber prestado los siguientes servicios al Estado:

Instituto Seguro Social 7 años 4 meses 19 días = 2.659 días

Dasalud 16 años 2 meses 22 días = 5.812 días

Que cuenta con más de 50 años de edad, nació el 5 de junio de 1938, no ha recibido pensión ni compensación del Tesoro Nacional y su último cargo desempeñado fue el de auxiliar administrativo.

La cuantía de la pensión equivale al 75% del último promedio mensual de los sueldos devengados en el último año de servicios y beben (sic) pagarla en proporción al tiempo servido las (sic) entidades en las cuales el peticionario trabajó durante los últimos veinte años, de acuerdo al Decreto 546 de 1971 en su artículo 6º, así:

Salario básico un (1) mes de sueldo$3.870.843/12 =$322.570
Bonificación por servicios$202.297/12 =$16.858
Prima anual de servicios$219.155/12 =$18.263
Prima vacacional$167.566/12 =$13.964
Prima navidad$393.357/12 =$32.780
Prima alimentación$188.991/12 =$15.750
Prima antigüedad$80.643/12 =$6.720
Sobre sueldo auxilio económico$500.772/12 =$41.731
  $431.076

 

Promedio: $431.076 x 75% = 323.307”.

• Mediante Resolución 0006130 de 24 de diciembre de 1998, el Gobernador del Departamento de Córdoba, no accedió a la solicitud de reliquidación de la pensión reconocida a favor de señor Germán Darío Sánchez Oyola, tendiendo en cuenta como base de liquidación el salario de tesorero, por considerar que (fls. 37 a 39):

“… el reconocimiento del porcentaje salarial establecido en la Resolución 00217 del 15 de enero de 1998, se ajusta a la normatividad legal pertinente, toda vez que el último cargo desempeñado por el señor Sánchez Oyola fue el de auxiliar de administración financiera.

Que el Gobierno Departamental – secretaría jurídica emitió en fecha 14 de septiembre de 1998 concepto desfavorable a la solicitud elevada por el señor Germán Sánchez Oyola el cual reza “Al peticionario no le asiste el derecho reclamado porque su pensión le fue otorgada teniendo en cuenta el último cargo desempeñado, o sea el de auxiliar de administración financiera”.

• En virtud de la Resolución 000094 de 14 de febrero de 2005(1), el Gobernador del Departamento de Córdoba, negó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante. Lo anterior bajo las siguientes consideraciones (fls. 42 y 43):

“Que partiendo de la fecha del reconocimiento de la pensión 15 de enero de 1998, el señor Germán Darío Sánchez Oyola, contaba con el término de tres (3) años para hacer su reclamo, término que venció el 15 de enero de 2001.

De lo anterior se concluye que no es procedente el pago de la reliquidación pensional solicitada por el señor Germán Darío Sánchez Oyola, por cuanto el derecho a tal reclamo se ha extinguido por prescripción del derecho”.

• El 20 de abril de 2006, el coordinador del grupo de gestión documental de la subdirección de servicios de la dirección administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, certificó que el actor estuvo laborando tiempo completo como ayudante de almacén IV-4 desde el 15 de junio de 1960 hasta el 12 de marzo de 1963 (fl. 17).

• A folios 106 a 117, se encuentra copia de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por la cual declara, entre otros, que el demandante tiene derecho al pago y reconocimiento de la diferencia de sueldos existente entre los cargos de auxiliar de administración financiera y tesorero del Departamento Administrativo de Salud de Córdoba.

• El 5 de septiembre de 2007, el secretario de Hacienda Departamental le comunicó al entonces apoderado del actor, que (fl. 48):

“El día 30 de septiembre de 2004, el señor Germán Darío Sánchez Oyola elevó petición en igual sentido que en esta oportunidad y la Administración Departamental le dio respuesta mediante Resolución 0000094 de 14 de febrero de 2005, notificada el día 24 de febrero del mismo mes y año, razón por la cual no es necesario un nuevo pronunciamiento de la entidad”.

Establecido lo anterior pasa la Sala a resolver el sub júdice en el siguiente orden: i) el régimen de transición; ii) el régimen pensional aplicable; y, iii) del caso en concreto.

i. Régimen de transición.

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían sometidos.

No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo 36 preceptúa lo siguiente:

“ART. 36.—Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

(…).”.

Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, de tal manera que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1º de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, es pertinente determinar cuál era la norma anterior que regulaba su situación pensional para efectos de establecer la cuantía de la prestación que fue reconocida por la entidad accionada.

ii. Régimen pensional aplicable al caso concreto.

Con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen general de pensiones estaba contemplado en la Ley 33 de 1985, la cual en su artículo 1º dispone:

“ART. 1º—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

(…).

PAR. 2º—Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad si son mujeres o cincuenta y cinco (55) sin son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.

PAR. 3º—En todo caso los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de esta ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta ley”.

Esta norma, en su artículo 3º, estableció la forma como se liquidaría la pensión de jubilación. A su vez, esta disposición fue modificada por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 en la siguiente forma:

“ART. 1º—Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha caja, ya sea que la remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

En todo caso las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, es la Ley 33 de 1985.

Entre tanto, como en otras oportunidades lo ha expresado esta corporación, cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la pensión, especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación y así lo solicitó en la demanda(2).

iii. Del caso en concreto.

En el presente asunto, el demandante pretende que le sea reliquidada la pensión de jubilación, teniendo en cuenta para el efecto, todos los factores salariales devengados en el periodo comprendido entre el 5 de junio de 1992 y el 5 de junio de 1993, tiempo en el cual, estuvo desempeñándose como tesorero - pagador del servicio seccional de salud de Córdoba.

Adicionalmente, solicitó reliquidar y pagar las diferencias entre lo que se ha venido pagando por concepto de la Resolución 00217 de 15 de enero de 1998 y lo que en realidad le corresponde por haber ocupado dicho cargo al momento en que adquirió su estatus pensional.

Por su parte, la entidad recurrente alega que la pensión otorgada al demandante se encuentra ajustada a la ley, como quiera que fue liquidada teniendo en cuenta el salario que percibió durante el último año de servicios.

De cara a dicho escenario, es necesario que la Sala desarrolle los siguientes interrogantes:

a. ¿Cuándo el señor Germán Darío Sánchez Oyola adquirió el estatus pensional?

Para despejar este cuestionamiento, es necesario tener presente, en primer lugar, el régimen pensional aplicable, el cual, y como se dispuso anteriormente es la Ley 33 de 1985; y en segundo lugar, la edad del actor y el tiempo de servicios, pues al momento en que se cumplan al mismo tiempo con los citados requisitos, se puede afirmar que se configura el estatus pensional.

En el presente caso, por ejemplo, el actor tiene acreditado que prestó sus servicios de la siguiente manera:

EntidadDesdeHastaTiempo total
Ministerio de Hacienda y Crédito Público15 de junio de 196012 de marzo de 19632 años, 8 meses y 27 días
Instituto de Seguros Sociales1º de febrero de 197120 de junio de 19787 años, 4 meses y 19 días
Servicio de Salud de Córdoba8 de septiembre de 19791 de septiembre de 199716 años, 2 meses y 22 días
Total26 años, 4 meses y 8 días.

Por su parte, y de acuerdo al Registro Civil de Nacimiento, se encuentra probado que el demandante nació el nació el 5 de junio de 1938.

Visto lo anterior, es claro que el Sánchez Oyola adquirió su estatus pensional el 5 de junio de 1993, fecha en la cual además de haber cumplido con los 55 años que señala la Ley 33 de 1985, contaba con 21 años, 3 meses y 13 días de servicios prestados en entidades públicas.

b. ¿Es viable liquidar la pensión, con el salario más alto que obtuvo el trabajador, entre el momento en que adquirió el estatus pensional y su retiro?

La respuesta es enfática, NO, pues la Ley 33 de 1985, régimen pensional aplicable el caso en concreto, fue muy clara al momento de establecer qué periodo se debería tener presente para efectos de determinar el monto de la pensión. Veamos:

“ART. 1º—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”. (Lo subrayado y en negrilla es de la Sala).

Nótese que la citada disposición no da lugar para interpretación jurídica adicional, es por ello, que no es viable reliquidar la pensión en los términos señalados por el señor Sánchez Oyola pues es claro que su último año de servicios se causó entre el 2 de septiembre de 1996 hasta el 1 de septiembre de 1996; sobre el particular, esta corporación(3) ha sostenido respecto de la exégesis del “último año” que:

“… este último año, cuando el servidor aún no se ha retirado definitivamente ha correspondido al último año de servicios certificado, pero para el reconocimiento “definitivo” de esta prestación periódica debe corresponder verdaderamente al año anterior al retiro definitivo y real del servicio”.

En virtud de lo anterior, no se puede considerar, como lo sostiene el a quo, que se debe reliquidar la pensión del demandado atendiendo el inciso 6º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993(4), específicamente, en cuanto a la favorabilidad y a los derechos adquiridos, puesto que para aplicar el primero de los beneficios, se requiere que coexistan varias normas laborales vigentes que regulan una misma situación en forma diferente, evento en el cual habrá de aplicarse la disposición que resulte más benéfica para el trabajador; por su parte, la “garantía de los derechos adquiridos se predica de aquellas prerrogativas que una vez consolidada la situación jurídica particular y subjetiva o individual y constituido así el derecho concreto, resultan infrangibles frente a una nueva legislación(5).

Falta por decir, que a pesar de que el demandado para el 5 de junio de 1993 ya había adquirido su estatus pensional, lo cierto es que nunca lo consolidó pues no presentó la debida reclamación administrativa en aras a que le fuera reconocida su prestación, motivo por el cual, y en consideración al principio de la inescindibilidad de la ley, la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad(6).

En virtud de lo anterior, como la pensión de jubilación del señor Germán Darío Sánchez Oyola fue liquidada de conformidad con la Ley 33 de 1985, los argumentos que expuso la entidad recurrente están llamados a prosperar, y en consecuencia, se deberá revocar la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, denegarlas.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 19 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, que instauró en su oportunidad el señor Germán Darío Sánchez Oyola contra el Departamento de Córdoba.

En su lugar,

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

 

(1) Tanto el demandante como el a quo confunden la fecha de expedición del citado acto administrativo, pues creen que corresponde al día en que la secretaría de gestión administrativa expidió copia autentica, esto es, 21 de noviembre de 2008; cuando en su lugar es, 14 de febrero de 2005.

(2) Al respecto ver la sentencia de 13 de marzo de 2003, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda de esta corporación, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero, Radicación: 17001-23-31-000-1999-0627-01(4526-01), Actor: Carlos Enrique Ruiz Restrepo, Demandado: Universidad Nacional de Colombia.

(3) Consejo de Estado, Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicación 25000-23-25-000-2001-09331-01 (2294-05), Actor: Alba Lucy Albarracín de Valenzuela, C.P.: Tarsicio Cáceres Toro.

(4) “Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos”.

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de junio de 1997. Radicación: AI 004. Actor: Julio Hernando González Cortes. Magistrado Ponente: Libardo Rodríguez Rodríguez.

(6) Es prohibido dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen pueda ofrecer.