Sentencia 2010-00039 octubre 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

Conjuez Ponente:

Henry Joya Pineda

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 850013331001201000039-02

Nº interno: 1901-2011

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Pedro Pablo Hernán Torres Beltrán

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección ejecutiva de administración judicial

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo normado en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, corresponde al Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, resolver las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Bajo el anterior contexto, una vez admitido el recurso de apelación en el Consejo de Estado, mediante auto de 19 de septiembre de 2011, y verificado el traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para alegar de conclusión, a través de decisión de 05 de diciembre de 2011 (fls. 286 y 288); con informe que no hubo al respecto manifestación alguna de parte (fl. 289), los integrantes de la Sección Segunda, mediante proveído de 08 de marzo de 2012, se declararon impedidos para conocer del asunto; en consecuencia, se remitió el expediente a la Sección Tercera para que decidiera sobre lo manifestado por sus homólogos (fls. 290 y ss.).

La Sección Tercera, mediante proveído de 04 de julio de 2012, declaró fundado el impedimento y dispuso enviar el expediente a la Secretaría de la Sección Segunda a fin de efectuar el sorteo de Conjueces que reemplazarían a los señores Consejeros en el conocimiento del presente asunto (fls. 299 a 302).

El 30 de julio de 2012, se realizó el sorteo de Conjueces y de Conjuez Ponente, por orden del Presidente de la Sección Segunda (folio 304); el proceso ingresó al Despacho del Conjuez Ponente el 07 de septiembre de 2012 (fl. 310).

Aceptados los impedimentos manifestados por los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y los presentados por los señores conjueces a quienes le fue asignado el asunto, corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de primera instancia.

V. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala de Conjueces, para resolver el presente caso, dado los antecedentes fácticos y jurídicos relacionados y acreditados dentro de la actuación, advierte que el debate se genera en torno de la aplicación y cumplimiento de las preceptivas del Decreto 610 de 1998, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago al demandante de la bonificación por compensación allí regulada, tal como lo resolvió el fallador de primera instancia a favor de éste, con la declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos por la dirección de administración judicial de la Rama Judicial.

Bajo el anterior contexto, el tema de vigencia de la bonificación por compensación junto con el de la prescripción y los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad, vinculados de manera inescindible, son los llamados a resolver en el presente caso y, por consiguiente, se procede al análisis de cada uno de ellos de la siguiente manera:

El Consejo de Estado en sentencia proferida por la Sección Segunda, Sala de Conjueces, de fecha 14 de diciembre de 2011(1), declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, y, por consiguiente, a partir de esa fecha se revivió los efectos del Decreto 610 de 1998, dando lugar, para los beneficiarios de la disposición, al reconocimiento y pago de las diferencias salariales a su favor por la bonificación por compensación, equivalentes al 80% de lo que devengan mensualmente los magistrados de las Altas Cortes.

Respecto al tema de la bonificación por compensación, esta Sala de Conjueces, igualmente, da cuenta del hecho que el mismo, a manera de regla, fue objeto de estudio y de decisión a través de la sentencia de unificación jurisprudencial,(2) de fecha 18 de mayo de 2016, dictada por la Sección Segunda, Sala de Conjueces de esta corporación, en donde se señalaron los parámetros para la solución de controversias relacionadas con la aplicación del Decreto 610 de 1998, del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y la negación de la prescripción trienal, en los casos de reajuste salarial y pensional de conformidad con el Decreto 610 de 1998.

De lo anterior, se tiene que sobre la temática propuesta en el recurso de apelación existe sentencia de unificación jurisprudencial proferida por el Consejo de Estado, a través de la Sala de Conjueces, la que constituye precedente jurisprudencial, por lo que es forzosa su aplicación, tanto para operadores judiciales como administrativos, de conformidad con lo normado en el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con lo decidido por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-634 de 2011.(3)

En la sentencia de Unificación Jurisprudencial en cita, la Sala se pronunció sobre la prescripción trienal del reajuste salarial y pensional, de conformidad con las preceptivas de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y el 102 del Decreto 1848 de 1969, precisando que las acciones consagradas en el primer decreto prescriben en tres años, los cuales empiezan a contarse desde que la obligación se haya hecho exigible. Así mismo, recordó que el simple reclamo del empleado ante la autoridad competente sobre un derecho laboral debidamente determinado interrumpe la prescripción por un período igual.

No obstante, indicó que cuando coexisten dos regímenes salariales diferentes, como en el presente caso, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, dado que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998 que reconoce la bonificación por compensación y el régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la bonificación por gestión judicial, por lo que sólo puede hablarse de exigibilidad a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir, el 28 de enero de 2012.

La Sala de Conjueces en la sentencia de unificación jurisprudencial en punto al tema de la prescripción adoptó, como fundamento y regla de lo allí decidido, igualmente, las razones expuestas sobre este tópico en el fallo de segunda instancia proferido por la misma Sala de Conjueces en sentencia de 10 de octubre de 2013, proferida dentro del expediente Nº 2008-0024, con ponencia del doctor GABRIEL DE VEGA PINZÓN, en la cual se desestima la prescripción trienal ante la falta de exigibilidad del derecho frente a la concurrencia de los regímenes legales consagrados en el Decreto 610 de 1998 y en el Decreto 4040 de 2004, para lo cual reprodujo un apartado de la sentencia de 10 de octubre de 2013, así:

«Se debe resaltar que dicho término de prescripción se cuenta desde que el derecho se hace exigible. De esta manera, no se puede hablar de prescripción de los derechos laborales sin la previa exigibilidad de los mismos. Es preciso señalar entonces que, en el presente caso, la exigibilidad del derecho se encontraba en discusión, precisamente, en razón de la vigencia del Decreto 4040 de 2004... (...)».(4)

Dado lo anterior, se desestiman las razones que sustentan el recurso de apelación de la demandada, no sólo porque el tema de la bonificación por compensación en los supuestos que acompañan la demanda ya se encuentra definido a partir de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, con efectos ex tunc, sino también cuando se repara respecto a la prescripción, tema estrechamente vinculado con éste, que el momento de exigibilidad en el presente caso de conformidad con la sentencia de unificación Jurisprudencial, se reputa sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de la bonificación por gestión judicial, momento para el cual el demandante ya había interpuesto la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la actuación que ocupa la atención de la Sala de Conjueces.

Los argumentos esgrimidos, los cuales dan cuenta del hecho que el doctor PEDRO PABLO HERNÁN TORRES BELTRÁN, en su condición de servidor púbico de la Rama Judicial, es beneficiario de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998, por el lapso reclamado, llevan a esta Sala de Conjueces a desestimar las razones del recurso de alzada y a confirmar el fallo proferido por el Tribunal A quo; en el entendido que, para el efecto, deberá estarse lo resuelto en las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Sala de Conjueces de esta corporación, de 14 de diciembre de 2011, dentro del expediente 2005-0244-01 (10067-2005), conjuez P. CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA, con ejecutoria el 28 de enero de 2012, y de Unificación Jurisprudencial, del 18 de mayo de 2016, dictada dentro del expediente radicado bajo el Nº 2010-00246-02 (0845-15), Conjuez Ponente: JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA.

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Conjueces de la Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. ESTARSE a lo resuelto en las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Sala de Conjueces de esta corporación, de 14 de diciembre de 2011, dentro del expediente 2005-0244-01 (10067-2005), conjuez ponente CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA, con ejecutoria el 28 de enero de 2012, y de unificación jurisprudencial, del 18 de mayo de 2016, dictada dentro del expediente radicado bajo el Nº 2010-00246-02 (0845-15), conjuez ponente JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA.

2. CONFÍRMESE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare, Sala de conjueces, de fecha 2 de junio de 2011.

A la presente sentencia se dará cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de Conjueces en sesión de la fecha.

Conjueces: Henry Joya Pineda, Ponente—Jorge Iván Acuña Arrieta—Carmen Anaya de Castellanos—Héctor Alfonso Carvajal Londoño—Pedro Simón Vargas Sáenz».

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Segunda, Sala de Conjueces, Rad. 2005-00244-01 (10067-2005), Sentencia de 14 de diciembre de 2011, conjuez ponente Carlos Arturo Orjuela Góngora. Esta decisión quedó ejecutoriada el 28 de enero de 2012.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Segunda, Sala de Conjueces, Rad. 250023250002010000246-02 (0845-2015), conjuez ponente. Jorge Iván Acuña Arrieta.

3 Corte Constitucional, Sala Plena, Exp. D-8413, Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, mediante la cual se declaró exequible el artículo10 de la Ley 1437de 2011.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secc. Segunda, Sala de Conjueces. Rad. 73001-23-31-000-2008-00224-02, Actor: Luis Avelino Cortés Forero. Demandado: Nación- Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conjuez ponente Gabriel de Vega Pinzón.