Sentencia 2010-00040 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 66001233100020100004001

Nº Interno: 19398

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Personero municipal de Pereira contra el departamento de Risaralda

Bogotá D.C, dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala proveer sobre la legalidad de la ordenanza 012 de 7 de mayo del 2009, expedida por la Asamblea Departamental de Risaralda, en cuanto incluyó los contratos y convenios celebrados por los municipios del departamento, entre los hechos generadores del impuesto de estampilla prodesarrollo departamental, según se deduce del concepto de violación explicado en la demanda.

En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si la disposición referida, contenida en el artículo 3º (lit. b) ibídem, se ajusta a la facultad impositiva constitucionalmente reconocida a las asambleas departamentales, o si, por el contrario, constituye una extralimitación de funciones de ese órgano colegiado, de cara a la autonomía territorial de los municipios.

Para resolver, se observa:

El literal b) del artículo 3º de la ordenanza objeto de la pretensión de nulidad, dispone:

“Hecho generador: generan la obligación de cancelar la estampilla prodesarrollo, los siguientes hechos y actos:

a) Todos los contratos y convenios con sus modificaciones, con o sin formalidades plenas, suscritos por el departamento y sus entidades descentralizadas del orden departamental, tales como: establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado; sociedades de economía mixta con el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado; empresas sociales del Estado; Empresas de servicios públicos domiciliarios y demás entidades del orden departamental, incluida la contraloría y la asamblea departamental, en los cuales estos actúen como contratantes.

b) Todos los contratos y convenios con sus modificaciones, con o sin formalidades plenas, suscritos por los 14 municipios del departamento y sus entidades descentralizadas del orden municipal, tales como: establecimientos públicos; empresas industriales y comerciales del Estado; sociedades de economía mixta con el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado, empresas sociales del Estado; empresas de servicios públicos domiciliarios y demás entidades del orden municipal, incluida la contraloría, la personería y los concejos.

c) Todos los contratos y convenios con sus modificaciones, con o sin formalidades plenas, suscritos entre las entidades estipuladas en el literal a) y b).

d) Todos los contratos y convenios con sus modificaciones, con o sin formalidades plenas, suscritos en el área metropolitana y las asociaciones de municipios.

PAR.—el valor de la estampilla será descontado del primer pago que realicen cada una de las entidades contratantes”.

En nuestro sistema jurídico las estampillas operan bajo tres modalidades a saber: sellos postales que deben pagar los remitentes que usan el servicio de correo; certificados de pago de impuesto al consumo de productos gravados, según el sistema único de transporte; y tributos departamentales, municipales y distritales, con destinación específica.

Como tributos, las estampillas tienen origen en los sellos postales utilizados en el sistema de correos. De hecho, en sus inicios, se emplearon para recaudar el impuesto de timbre adhiriendo su forma física a los documentos otorgados o aceptados, como medio de control de pago, una vez dicho impuesto se causaba. Posteriormente, en 1949, se connotó como tributo territorial con la primera ley de autorización para la emisión de la estampilla “Bodas de oro del departamento del Atlántico”(1).

En general, la estampilla prodesarrollo departamental ha sido concebida por esta Sala como un tributo departamental y municipal, creado por mandato legal y que, según las regulaciones locales en concordancia con la ley que la crea, se paga por la realización de ciertos actos, contratos o actuaciones con entidades públicas(2).

Dicha estampilla fue creada por el artículo 32 de la Ley 3ª de 1986 “por la cual se expiden normas de administración departamental” al referirse a los asuntos fiscales de los departamentos, a modo de permisión a las asambleas departamentales para ordenar emitirla, con un límite de monto y bajo el único objetivo económico de recaudar ingresos para construir infraestructura educativa, sanitaria y deportiva. Transcribe la norma:

“Autorízase a las asambleas para ordenar la emisión de estampillas “Pro-desarrollo departamental”, cuyo producido se destinará a construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva. Las ordenanzas que dispongan cada emisión determinarán su monto, que no podrá ser superior a la cuarta parte del correspondiente presupuesto departamental; la tarifa, que no podrá exceder el dos por ciento (2%) del valor del documento o instrumento gravado; las exenciones a que hubiere lugar; las características de las estampillas; y todo lo demás que se considere necesario para garantizar su recaudo y adecuada inversión”.

Esta disposición fue reproducida por el artículo 170 del Código de Régimen Departamental, al regular lo concerniente a las rentas departamentales, a través de su capítulo II.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley(3) que originó la normativa de autorización, esta pretendió fortalecer la autonomía departamental fiscal y alcanzar una mayor descentralización, como se lee a continuación:

“El logro descentralista está en buena parte condicionado a la institucionalización de mecanismos que permitan agilizar el ejercicio de las funciones atribuidas y el manejo de los recursos disponibles, porque es evidente que la presencia de requisitos y controles innecesarios obstruye el margen de autonomía necesario para lograr rapidez y eficiencia en la prestación de los servicios y en la ejecución de las obras. El proyecto busca a través de distintos instrumentos fortalecer la autonomía departamental en lo administrativo y lo fiscal”.

Ahora bien, dentro de la noción de estado social de derecho que supone el sometimiento de todos los elementos que lo integran al orden jurídico preestablecido, el principio de legalidad de los tributos que expresa la regla de competencia territorial prevista en el numeral 4º del artículo 300 de la Constitución Política, según la cual, los tributos y contribuciones departamentales deben decretarse “de conformidad con la ley”, no puede entenderse circunscrito a la “ley de autorización” independientemente de que ella sea condición primigenia del acto departamental.

Y es que por su propia connotación, la ley de autorizaciones solo está llamada a crear el tributo fijando sus elementos esenciales o, por lo menos, según la jurisprudencia actual de esta Sección, a establecer las pautas necesarias para determinar su hecho generador, presuponiéndose la concordancia del mismo con las demás disposiciones jurídicas promulgadas e igualmente obligatorias a menos que el mismo legislador establezca excepciones concretas de aplicación.

Desde esta perspectiva se pone de presente la facultad coreguladora entre el legislativo y los cuerpos colegiados territoriales para determinar los elementos sustanciales del impuesto de estampillas, como de hecho se concibe en la Sentencia C-413 de 1996, que validó el contenido generalísimo del artículo 49 de la Ley 191 de 1995 a la luz del artículo 338 de la Constitución Política, por establecer un impuesto departamental cuyos elementos y características podían ser establecidos por las asambleas departamentales en virtud del principio de autonomía territorial.

En lo pertinente para el análisis que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, la sentencia citada señaló:

“2. Facultades de asambleas y concejos en materia impositiva

(...)

Ahora bien, la exigencia de los enunciados que componen el precepto tributario, al tenor del artículo 338 de la Carta, debe aplicarse y hacerse efectiva en relación con el nivel del gravamen correspondiente, pues de la norma constitucional no surge una sola competencia en cuanto al ejercicio de la potestad impositiva ni tampoco un solo grado de tributos.

Ante lo afirmado en la demanda, es necesario destacar que el aludido precepto constitucional no tiene el sentido de concentrar en el Congreso la competencia exclusiva y excluyente para establecer los elementos de todo tributo, incluidos los que establezcan las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales, pues ello implicaría, ni más ni menos, el desconocimiento del ámbito propio e inalienable que la Constitución reconoce a las entidades territoriales en cuanto al establecimiento de gravámenes en sus respectivos territorios.

Al contrario, elemento de primordial importancia en el sistema tributario colombiano desde la vigencia de la Constitución de 1886 (art. 43), ahora reafirmado, desarrollado y profundizado por la Carta Política de 1991, es el de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales (C.P., art. 1º), entre cuyos derechos básicos está el de “administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones” (art. 287, num. 3º, en armonía con C.P., arts. 294, 295, 300-4 y 313-4).

Particularmente los artículos 300, numeral 4º, y 313, numeral 4º, confieren a asambleas y concejos autoridad suficiente para decretar, de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y contribuciones que su sostenimiento requiere.

Cuando la Constitución estatuye que tales competencias de los cuerpos de elección popular habrán de ser ejercidas de acuerdo con la ley no está dando lugar a la absorción de la facultad por parte del Congreso, de tal manera que las asambleas y los concejos deban ceder absolutamente su poder de imposición al legislador. Este, por el contrario, al fijar las pautas y directrices dentro de las cuales obrarán esas corporaciones, tiene que dejar a ellas el margen que les ha sido asignado constitucionalmente para disponer, cada una dentro de las circunstancias y necesidades específicas de la correspondiente entidad territorial, lo que concierne a las características de los gravámenes que vayan a cobrar.

(...)

Dicho mandato constitucional (se refiere a C.P., art. 338) no se agota, entonces, en la previsión de los poderes del Congreso en materia tributaria, ni en la consagración de los requisitos que deben reunir las leyes mediante las cuales los ejerza, sino que reconoce la existencia de los distintos niveles tributarios, dejando el respectivo espacio a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales para percibir, por la vía de impuestos, tasas y contribuciones, las rentas que habrán de aplicar para la realización de sus funciones y para la afirmación de su autonomía.

Dentro de ese contexto, la referencia a la obligación de señalar en el acto creador del impuesto los elementos esenciales de la obligación tributaria ha de entenderse hecha, según el tipo de gravamen, por el nivel territorial al que corresponda, de lo cual se infiere que si el legislador, como puede hacerlo (arts. 295, 300-4 y 313-4), decide regular o establecer normas generales sobre tributos del orden departamental, municipal o distrital, no se le puede exigir, ni debe permitírsele, que en la ley respectiva incluya directamente todos los componentes del tributo (hecho gravable, base gravable, sujetos activos, sujetos pasivos y tarifas) o, en los casos de tasas y contribuciones, el método y el sistema para recuperación de costos o la participación en beneficios —como sí está obligado a hacerlo tratándose de tributos nacionales—, pues su función no es, ni puede ser, según las reglas de la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, la de sustituir a los órganos de estas en el ejercicio de la competencia que les ha sido asignada por la Constitución.

(...)”.

A su turno, la Sentencia C-1097 del 2001 examinó la constitucionalidad de la norma que autorizó la creación de la estampilla procultura (L. 397/97, art. 38), indicando que cuando la ley faculta a las asambleas o concejos para crear un tributo, estas corporaciones están en libertad de decretarlo o no, e incluso derogar en sus respectivas jurisdicciones el tributo decretado; y que en esa hipótesis la ley de facultades mantiene su vigencia formal a voluntad del Congreso, al paso que su eficacia práctica depende con exclusividad de las asambleas y concejos.

De acuerdo con ello, la Corte puntualizó que mientras en los tributos de linaje nacional el Congreso goza de poderes plenos, en lo tocante a los tributos territoriales su competencia es compartida con las asambleas y concejos, a menos que se quiera soslayar el principio de autonomía territorial que informa la Constitución.

Por su parte y acogiendo las orientaciones de las sentencias C-504 del 2002 y C-035 del 2009, entre otras, esta Sección modificó la línea jurisprudencial que venía aplicando en materia de facultad impositiva de las entidades territoriales, a propósito de la demanda de nulidad contra el Acuerdo Municipal 0627 de 2006, por el cual el Concejo de Manizales estableció el impuesto al teléfono destinado a la seguridad ciudadana en dicho territorio.

Fue así como en sentencia del 9 de julio del 2009,(4) la Sala puso de presente que bajo la vigencia de la Constitución de 1886 la facultad impositiva de los municipios era derivada en cuanto se supeditaba a las leyes expedidas por el Congreso, pero que tal directriz había sufrido una variante en el año 1991, cuando el constituyente dispuso que la ley, las ordenanzas y los acuerdos podían determinar los elementos del tributo, en concordancia con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, consagrados en los artículos 1º, 287-3, 300-4 y 313-4 de la Carta, que confirieron a las asambleas departamentales y a los concejos municipales la potestad de establecer los diferentes aspectos de la obligación tributaria.

De acuerdo con lo anterior, se concluyó que la facultad para determinar los presupuestos objetivos de los gravámenes no es exclusiva del Congreso, pues ello haría nugatoria la autorización que la Constitución confirió expresamente a los departamentos y municipios sobre tales aspectos, a través de su artículo 338.

Al tiempo, se precisó que la competencia municipal en materia impositiva no es ilimitada ni puede excederse al punto de establecer tributos ex novo, pues la facultad creadora está atribuida al Congreso. Por tanto, solo a partir del establecimiento legal del impuesto, los entes territoriales pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando la ley creadora no los ha fijado directamente.

De acuerdo con lo anterior, el fallo retomó el criterio de la sentencia del 15 de octubre de 1999 (Exp. 9456) según el cual, en virtud del principio de predeterminación, el establecimiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria correspondía exclusivamente a los organismos de representación popular, porque el propio artículo 338 de la Constitución había asignado a las leyes, las ordenanzas y los acuerdos la función indelegable de señalar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos.

En ese sentido, el referido fallo precisó:

“...creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que esta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular”... y, “Teniendo en cuenta que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, esta debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este”.

Este criterio en materia de facultad impositiva de concejos municipales, aplica igualmente a las asambleas departamentales como entidades territoriales autónomas y detentadoras del poder tributario derivado que constitucionalmente se reconoce.

En ese sentido, la sentencia proferida el 12 de marzo de 2012 (Exp. 18744, CP. Martha Teresa Briceño) que examinó la legalidad de la ordenanza departamental que estableció la “estampilla probienestar centro del anciano” en el departamento del Amazonas, sobre los contratos celebrados por las personas naturales y jurídicas con los municipios de Leticia y Puerto Nariño, entre otros, puntualizó que, si bien las asambleas departamentales y los concejos municipales no pueden crear tributos, en desarrollo de su autonomía impositiva sí pueden definir los elementos básicos de los tributos creados, que no hubiere regulado el legislador.

En consecuencia y dentro del marco jurisprudencial traído a colación, es claro que la Asamblea Departamental de Risaralda podía establecer los elementos sustanciales del impuesto de estampilla prodesarrollo departamental a partir de la norma legal que lo autorizó, pues al disponer el límite de la tarifa sobre el valor del “documento o instrumento gravado”, ella dio cuenta del aspecto material del tributo como determinante de su hecho generador y supuesto revelador de la capacidad contributiva que se quiere gravar, correspondiéndole a las asambleas departamentales concretar esos documentos o instrumentos.

Acorde con esa distinción, el artículo 3º de la ordenanza demandada se ajusta a los parámetros de la ley que autoriza la emisión de estampillas pro desarrollo fronterizo, en cuanto consagra los contratos celebrados por las entidades territoriales como hechos generadores del impuesto, porque aquellos, en sí mismos, hacen parte del género “documentos” que la ley consideró gravables.

Ello, de paso sea anotar, consulta la esencia intrínseca del impuesto y la identidad que esta le endilga como tributo perfeccionado sobre cada instrumento físico al que pueden adherirse estampillas, dado el carácter comprobatorio de las mismas al que expresamente se refirió la ya citada Sentencia C-1097 del 2001, a partir del cual esta Sala analizó la naturaleza documentaria del impuesto de estampillas pro desarrollo fronterizo, en fallo proferido el 13 de septiembre del 2012 (Exp. 18537).

Lo anterior, unido a que el artículo 170 del Decreto 1222 de 1986 no previó expresamente una limitante espacial para aplicar el impuesto que se examina a los contratos del orden municipal, conduciría a pensar que, en principio, la estampilla prodesarrollo departamental puede recaer sobre los contratos municipales.

Sin embargo, una conclusión en tal sentido por la exégesis interpretativa de la norma departamental, sesga el principio tributario de justicia en el marco de la legalidad, en cuanto deforma el ámbito geográfico de imposición de cara al sujeto activo de la relación jurídico tributaria, quien funge como acreedor de la obligación sustancial que ella involucra y ostenta la legitimación para exigir su cumplimiento.

En el género de la hacienda pública, la administración tributaria nacional y las administraciones territoriales en sus diferentes niveles aparecen como sujetos activos de la mencionada relación,(5) en cuanto detentadoras de la potestad tributaria que permite aplicar normas y procedimientos asociados a la titularidad de obligaciones y deberes tributarios, por supuesto, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Ello responde a la inevitable e inescindible conexión entre los hechos gravados con un determinado territorio, como lugar en el que ellos se realizan y factor determinante de su extensión, y que, en el mejor de los casos, la propia ley debería delimitar para garantizar la eficacia de las normas fiscales territoriales.

Bajo esa premisa, surgida en el marco de la organización territorial que dispuso el constituyente de 1991, en la que los departamentos y los municipios gozan de autonomía para administrar los asuntos de sus respectivos territorios con la consiguiente facultad de decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, la referida sentencia del 12 de marzo del 2012, anotó:

“Así las cosas, la autonomía se predica respecto del nivel central de las entidades territoriales, igualmente de los entes territoriales entre sí, de manera tal que su gestión y funciones no pueden verse afectadas por injerencia indebida de las demás.

En las relaciones entre departamentos y municipios, los primeros ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios(6); mientras que el municipio, en los términos del artículo 311 constitucional, es la entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, y tiene adscritas importantes competencias como “prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes,” con lo cual tiene una preeminencia en el desarrollo social y económico que le hace merecedor de una mayor garantía en cuanto a su autonomía.

(...).

Se concluye que con base en la autonomía de los entes territoriales, y de la forma como las leyes 48 de 1986 y 687 de 2001 diseñaron la estampilla (se refiere a la estampilla para centros de bienestar del anciano y centros de vida para la tercera edad), la Asamblea Departamental del Amazonas no podía gravar actos, contratos u operaciones realizadas en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, porque tal competencia, es privativa de los concejos de dichos municipios, quienes tienen la libertad de adoptar la estampilla y fijar su regulación conforme a la ley de creación

(...).

Para la Sala, la estampilla autorizada por la ley, ha de tener un ámbito espacial para su aplicación y desarrollo en la respectiva entidad territorial... sin la intervención de las autoridades del departamento se terminaría gravando cualquier tipo de acto, contrato u operación.

(...)

para que se configure el hecho generador de la estampilla, se requiere que el acto, contrato u operación se realice en el territorio del departamento, y que cuente con la intervención de esta autoridad, no solo como sujeto activo de la relación tributaria, sino como un interviniente real en la operación que se grava con la estampilla.

(...)

Resulta ajeno a la estructura impositiva de las tasas parafiscales, como la “estampilla probienestar del anciano”, que se pretenda gravar operaciones entre particulares sin la participación de la entidad territorial, o entre entidades de derecho público que no pertenecen al sector central o descentralizado del respectivo departamento. Además, porque con ello se viola el artículo 71(5) del Decreto-Ley 1222 de 1986, que prohíbe a las asambleas departamentales, “imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravados por la ley,” como sería el caso del impuesto de industria y comercio que además, de ser municipal recae sobre las actividades comerciales, industriales o de servicios realizadas en el respectivo municipio. En consecuencia se confirma el fallo, pero por las razones expuestas en este acápite”.

Expuesto así el criterio de la Sala frente a la transgresión del principio de autonomía territorial respecto de hechos generadores de estampillas departamentales asociados a contratos suscritos con municipios ubicados dentro de los departamentos que son sujetos activos del tributo, y dado que esos razonamientos se retomaron en la sentencia del pasado 4 de abril (Exp. 18660), para anular la norma por la cual el Consejo Comisarial del Amazonas estableció la “estampilla prodesarrollo comisarial” sobre contratos celebrados con los municipios de Leticia y Puerto Nariño; esta Sala resolverá el caso de autos en el mismo sentido, por similitud temática.

En consecuencia, entendiendo que los contratos suscritos por el departamento con los municipios son pasibles de gravarse con el impuesto de estampillas, no así los contratos que estos últimos suscriben con terceros distintos del departamento, es claro que la sentencia apelada se ajusta a derecho en cuanto anuló el literal b) del artículo 3º de la ordenanza 012 del 7 de mayo del 2009.

Por lo demás y revisada la motivación de la declaratoria de nulidad del artículo 6º de la ordenanza demandada,(7) contra la cual la alzada no formuló reparo específico, se precisará el alcance limitado que le dio el a quo en dicha motivación al prever la anulación solo respecto de las entidades que no forman parte del orden departamental, conforme con el análisis que hizo respecto de la extralimitación de funciones de la asamblea departamental para gravar contratos y convenios del nivel municipal, por ser ello una competencia restrictiva de los respectivos concejos municipales.

Con ese cometido, se modificará el numeral 1º del fallo impugnado para disponer la nulidad parcial del referido artículo 6º bajo el parámetro considerado por el a quo, es decir, en cuanto grava contratos y convenios celebrados por el municipio y sus entidades descentralizadas con personas distintas al departamento y/o las entidades descentralizadas del orden departamental.

Ello, se paso sea anotar, se ajusta a la lógica consecuencia de la declaratoria de nulidad del literal b) del artículo 3º de la ordenanza 012 del 7 de mayo del 2009, y reviste de coherencia al examen de legalidad que impuso el cargo de la apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE el numeral 1º de la sentencia del 30 de noviembre del 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el personero municipal de Pereira contra el departamento de Risaralda, en el siguiente sentido:

“Declárase la nulidad del literal b) del artículo 3º de la ordenanza 012 del 7 de mayo de 2009.

Así mismo, anúlase parcialmente el artículo 6º ibídem, en cuanto se relaciona con las tarifas previstas para los contratos y convenios celebrados por el municipio y sus entidades descentralizadas, con personas distintas al departamento y/o las entidades descentralizadas del orden departamental”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Piza rodríguez, Julio Roberto, Régimen Impositivo de las entidades territoriales en Colombia, primera edición, 2008, pp. 389-390.

(2) Sentencia del 4 de marzo del 2010, Expediente 16557.

En fallo del 5 de octubre del 2006, la Sala refirió dicho tributo como tributo asociado a “tasas parafiscales”, en la medida en que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, pues constituye un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público; de carácter excepcional, en cuanto al sujeto pasivo del tributo; con recursos revertidos en beneficio de un sector específico; y destinado a sufragar gastos en que incurren las entidades que desarrollan o prestan un servicio público, como función propia del Estado (C-768/2010)

(3) Proyecto de Ley 93 de 1984.

(4) Expediente 16544. Consejera ponente: Martha Teresa Briceño.

(5) Bravo Arteaga, Juan Rafael, Nociones fundamentales de Derecho Tributario, Editorial Legis, 2002.

(6) Constitución Política, artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.

(7) ART. 6º—Otros actos y tarifas. También serán objeto del cobro de la estampilla los siguientes actos:

Instituto, secretarias, inspecciones u oficinas de transito
Registro inicial, traspaso, traslado de cuenta, radicado cuenta, cambio de color, cambio de servicio, cambio de empresa, grabar motor, grabar chasis/serie, transformación, duplicado licencia de tránsito, inscripción alerta, cancelación de matrícula, cambio de placa y cambio de motor

$ 6,000
Secretaría de salud departamental y municipal, empresas sociales del Estado del orden departamental y municipal y entidades descentralizadas del orden departamental y municipal.
Actos administrativos de inscripción de todos los profesionales en el área de la salud.
$ 3,000
Actos administrativos para conceder licencias de salud ocupacional y licencias de equipos de rayos X, inscripciones a las farmacias, droguerías, servicios farmacéuticos, depósitos de medicamentos para el manejo de los medicamentos de control especial

$ 3,000
Conceptos sanitarios que emita la secretaría de salud departamental y la secretaría de salud municipal
$ 3,000
Secretaría de hacienda
Expedición de tornaguías para licores, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, que realice el departamento
$ 10,000
Actos contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en la oficina de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio
0.5% del V/r del
Acto
actos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en la oficina de registro o en las cámaras de comercio
$ 25.000
Resoluciones de nuevas autorizaciones de bodega a distribuidores y7º productores de productos sujetos al pago del impuesto al consumo.
4 SMDLV
Resoluciones de nuevas autorizaciones de ingreso por cada marca de producto sujetos al pago del impuesto al consumo2 SMDLV
La celebración de contratos de licores mayores a 20º, adiciones, Prórrogas y sesiones celebradas con la administración departamental
2%
Secretaría de gobierno
En todos los actos administrativos que se expidas sobre personerías jurídicas, copia o fotocopia de estatutos o reforma a estatutos
$ 3,000
Del salario mínimo legal mensual vigente por cada pasaporte que expida el gobierno departamental5% smdlmv
Secretaría de educación departamental y municipal
Certificados para homologación de estudios en el exterior$ 5,000
Certificados de créditos para escalafón$ 5,000
Certificados de tiempo de servicio$ 5,000
Licencias de funcionamiento para las instituciones de educación formal e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano ( antes denominadas no formal)
$ 25,000
Resoluciones de registro de nuevos programas de estudio de instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano (IETDH)
$ 25,000
Licencias de iniciación de labores, formularios de inscripción y renovación de establecimientos de educación formal de instituciones educativas de carácter privado por cada nivel que se dé en la secretaria de educación departamental$ 25,000
Actualizaciones de los programas de educación y registro de las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano (no formal)$ 15,000
Cancelación de la licencia de funcionamiento de instituciones educativas formal e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano (antes denominados de educación no formal).
$ 15,000
Cambio de nombre o razón social de establecimiento educativo de naturaleza privada$ 15.000
Cambio de rector o director de centro educativo de naturaleza privada$ 15.000
Reconocimiento de nueva junta directiva y de representante legal de corporaciones y fundaciones que se dediquen a labores educativas
$ 15.000
Secretaría administrativa
Las actas de posesión de registrador de instrumentos públicos, registradores delegados del estado civil, los notarios y los magistrados
$ 15.000
Tiempos de servicio, paz y salvo;
Certificaciones; constancias; copia o fotocopia de actos
administrativos;

$ 1.000 por cada
hoja
Actas de posesiones de empleados públicos y trabajadores oficiales que deben posesionarse ante el gobernador, de acuerdo a la ley, en propiedad o por encargo.
Se incluye los miembros de la fuerza pública, cuando se posesionan en cargos públicos en la administración general


0.5% de la remuneración

Venta de bienes del departamento en subasta pública
2% del valor de la
venta

Contratos de arrendamiento que suscriba el sector central o descentralizado del departamento
0.3% a cargo del propietario del inmueble.
Cámaras de comercio del departamento
Registro de contratistas, proveedores y consultores ante las cámaras de comercio del departamento2% del valor del formulario