Sentencia 2010-00043 de diciembre 14 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2010-00043-01(39338)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: acción contractual

Actor: Liberty Seguros S.A.

Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá

Bogotá, D.C., catorce de diciembre dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Procedencia del recurso de apelación.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo(3) y teniendo en cuenta que el auto objeto de impugnación fue proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la corporación es competente para conocer del proceso en segunda instancia.

2. Procedencia de la conciliación como mecanismo idóneo para liquidar un contrato estatal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del estatuto general de la contratación de la administración pública, las entidades a las que se refiere el artículo 2º ibídem y los contratistas deben buscar la solución de las diferencias y discrepancias que surjan en virtud de la actividad contractual de forma ágil, rápida y directa. Para tales efectos, la norma los faculta para hacer uso de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en dicha normatividad y, además, para acudir, entre otras, a la conciliación y a la transacción.

En concordancia con esa disposición legal, debe analizarse también el artículo 60 del mismo estatuto, según el cual “en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaron las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo” (destaca la Sala).

En ese contexto normativo, razonable resulta concluir que la conciliación constituye un medio idóneo para adoptar la liquidación de un contrato estatal, en los eventos en los que existen diferencias que impidan que dicho acto contractual se lleve a cabo de manera directa únicamente entre las partes o en los que la entidad contratante incumpla con su deber de liquidar, por cuanto la normatividad que gobierna la contratación estatal así lo prevé y, además, porque dicha alternativa de solución de conflictos no es incompatible con la liquidación bilateral del contrato o por mutuo acuerdo.

En efecto, como ya en otras oportunidades lo ha dicho la Sección, la naturaleza jurídica de la liquidación bilateral o por mutuo acuerdo constituye un negocio jurídico en el que las partes hacen ejercicio de su autonomía para definir las prestaciones mutuas existentes entre sí(4), de igual manera, la conciliación es un mecanismo que les permite ejercer su propia autonomía para llegar a los acuerdos que se pretenden lograr a través suyo, de mutuo acuerdo y en forma directa, pero con la intervención de un tercero facilitador neutral y calificado, que en el caso de las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo solo puede ser, por expresa disposición del artículo 23 de la Ley 640 de 2001, un agente del Ministerio Público asignado a esta jurisdicción.

Adicionalmente a lo anterior, resulta necesario destacar que las materias que son objeto de la liquidación del contrato estatal son susceptibles de ser conciliadas.

Para llegar a tal conclusión es necesario realizar un análisis de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, de conformidad con el cual, en materia contencioso administrativa solo son conciliables los conflictos que sean de carácter particular y de contenido económico que puedan ser ventilados ante esta jurisdicción a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código de lo Contencioso Administrativo, así como de lo previsto en los artículos 65 ibídem y 19 de la Ley 640 de 2001, que señalan que los asuntos conciliables son aquellos susceptibles de transacción, desistimiento, conciliación y los demás que expresamente señale la ley, en concordancia con las materias que se someten a la liquidación de un contrato estatal.

Para tales efectos, viene a ser oportuno precisar que la liquidación del contrato tiene por objeto establecer: “(i) el estado en que quedaron las obligaciones que surgieron de la ejecución de aquel; (ii) los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, según lo ejecutado y lo pagado; (iii) las garantías inherentes al objeto contractual y excepcionalmente (iv) los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo”(5).

Así entonces, siendo que con dicho acto contractual se pretende declarar a paz y salvo a las partes respecto de las obligaciones y derechos que se adquirieron en virtud de un contrato, razonable resulta colegir que los conflictos que para arribar a tal fin se presenten son de carácter particular, ya que provienen de lo pactado expresamente en un negocio jurídico, lo que significa que su contenido no es abstracto y, además, que los asuntos que se debaten son susceptibles de valoración económica o patrimonial.

Dentro del marco de las mismas consideraciones, resulta razonable señalar que los derechos que para tal efecto se debaten, además de ser de carácter particular y contenido económico, se radican en cabeza de las partes del contrato, lo que supone, para el particular contratista, un interés individual que le permite disponer libremente de ellos y, para la entidad contratante, la misma facultad pero enmarcada dentro de los límites que ha impuesto la ley y que han sido desarrollados por la jurisprudencia, esto es, la debida representación de las personas que concilian, la capacidad o facultad que tengan los representantes o conciliadores para conciliar, la disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes, que no haya operado el fenómeno jurídico de la caducidad, que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación y que el acuerdo conciliatorio que se logre no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta también que la liquidación de un contrato estatal, según lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 (norma aplicable al contrato 1509-00-2004), artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, puede llevarse a cabo de manera bilateral entre las partes del contrato, unilateralmente por parte de la entidad contratante o, en caso de incumplimiento de la obligación de liquidar, el interesado, dentro del plazo legal previsto para ello, podrá acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ejercicio de la acción de controversias contractuales para obtener la liquidación judicial del mismo.

No obstante lo anterior, no puede pasarse por alto que a partir del 24 de enero de 2002(6), fecha de entrada en vigencia de la Ley 640 de 2001, se estableció como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio de las acciones de reparación directa y controversias contractuales previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, respectivamente, agotar el trámite de la conciliación extrajudicial cuando el conflicto que a través de aquellas se pretenda dirimir sea de carácter conciliable(7), requisito de procedibilidad que fue reiterado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual, además, se extendió la obligación procesal a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho(8).

En ese contexto y dado que, como ya quedó establecido, las materias que se someten a la liquidación del contrato estatal son conciliables, para llevar a cabo este acto contractual por vía judicial es necesario agotar dicho requisito de procedibilidad, bien sea porque existen controversias que impiden a las partes liquidar el contrato de mutuo acuerdo o porque la entidad se ha sustraído de su obligación de liquidarlo dentro de los términos legales que han sido previstos para ello.

En consecuencia, no solamente es posible acudir a dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos para adoptar la liquidación de un contrato de mutuo acuerdo, sino que cuando lo que se pretenda sea liquidarlo por vía judicial, tal procedimiento debe imperativamente intentarse, porque constituye requisito sine qua non para acceder a la administración de justicia con tal objetivo.

En este punto de la providencia considera la Sala necesario precisar que aunque en anteriores oportunidades(9) la corporación se había pronunciado en sentido contrario al señalar que era improcedente adoptar la liquidación de un contrato a través de la conciliación, lo cierto es que para el momento en que los asuntos que así se resolvieron se sometieron a dicho trámite extrajudicial, este no se había establecido como requisito de procedibilidad en materia de acción de controversias contractuales y, en consecuencia, las circunstancias que en ese momento jurisprudencial se atendían eran diferentes a las que en la actualidad motivan este pronunciamiento.

2.1. La liquidación del contrato dentro del término de caducidad.

Debe precisarse también, para efectos de resolver los motivos de la apelación, que el tiempo dentro del cual las partes del contrato se encuentran facultadas para hacer uso de la conciliación con fines de agotar el referido requisito de procedibilidad, solo está limitado por efecto de la caducidad de la acción judicial de controversias contractuales y, por tanto, no le asiste razón al tribunal al manifestar que como las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, aún estaban dentro del término para liquidarlo bilateral o unilateralmente no estaban habilitadas para acudir a la conciliación como mecanismo alternativo para resolver acerca de dicho acto contractual.

Adicionalmente, frente al mismo argumento del tribunal corresponde a la Sala también precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887(10) la disposición legal acogida por el a quo para arribar a dicha conclusión no es aplicable al contrato objeto de la liquidación, toda vez que este fue celebrado el 15 de diciembre de 2004, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 (fls. 1 a 14 del expediente); las normas aplicables a la liquidación del contrato 1509-00-2004 son las previstas en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 en su texto vigente para la fecha de su celebración(11), en concordancia con lo pactado al respecto en la cláusula sexta del otrosí del 12 de enero de 2007(12).

En ese sentido y comoquiera que según acta de terminación y recibo de obra que se encuentra en el expediente a folios 1023 a 1028, el contrato terminó el 30 de enero de 2008, las partes para llevar a cabo su liquidación de manera bilateral, según lo acordado por ellas en la citada cláusula sexta, tenían 120 días calendario contados a partir del día siguiente a su terminación y, la entidad, para hacerlo de manera unilateral contaba con 2 meses más a partir de la finalización del término anterior, esto es, 6 meses que irían desde el 1º de febrero hasta el 1º de agosto de 2008.

En ese escenario y de conformidad con lo previsto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales que debía ser ejercida por las partes para obtener la liquidación judicial del contrato empezó a correr desde el 2 de agosto del 2008 y como la solicitud de conciliación se presentó el 1º de julio de ese mismo año, fuerza concluir que las partes estaban habilitadas en el tiempo para surtir dicho trámite como requisito de procedibilidad para acceder a la administración de justicia.

Vistas así las cosas, deviene entonces además que la decisión del tribunal de instancia para improbar por esas razones el acuerdo conciliatorio implica, para quien se ve afectado por la falta de liquidación del contrato, la imposibilidad de acceder a la administración de justicia con el objetivo de realizar dicho acto contractual por vía judicial, pues para ello se vería obligado a surtir un trámite conciliatorio que necesariamente debe estar llamado al fracaso para poder accionar o a dejar vencer el término de caducidad previsto para ello mientras espera pacientemente a que la entidad cumpla su obligación de hacerlo.

2.2. La aprobación judicial del acuerdo conciliatorio.

Ahora bien, dado que en el auto que se impugna se señaló que al haber llegado las partes a un acuerdo dentro del trámite conciliatorio iniciado por Liberty Seguros S.A., el mecanismo alternativo de solución de conflictos había cumplido su cometido y que, en consecuencia, no era necesario acudir al juez del contrato para que este realice tal acto contractual, resulta necesario hacer la siguiente precisión:

Si bien lo que se pretende con el trámite de la conciliación prejudicial es precaver un litigio posterior, ya que si la conciliación es exitosa, los interesados evitan un desgaste innecesario ante la administración de justicia y garantizan la solución de sus conflictos en forma expedita, lo anterior no significa que el acuerdo conciliatorio así logrado se extraiga del control judicial obligatorio al que por disposición expresa del artículo 24 de la Ley 640 de 2001 están sometidas las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo, para que la jurisdicción, a través del juez o corporación competente, imparta su aprobación o improbación.

En ese sentido, si llevados a la conciliación los desacuerdos contractuales que limitan a las partes para adoptar la liquidación en la forma prevista en la normatividad contractual pertinente se logra un consenso entre ellas que permita finiquitar la relación contractual, además de dar cumplimiento a la obligación que les fue impuesta a las partes del contrato por el legislador en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993(13), se evita, por supuesto, adelantar un proceso judicial contencioso con todo lo que ello implica, pero no el control judicial al que por expresa disposición legal debe estar sometido para producir plenos efectos. En consecuencia, la Sala abordará el estudio de fondo el acuerdo conciliatorio consignado en el acta 046 de 2010/457-2009 de 29 de enero de 2010.

3. El acuerdo conciliatorio.

Al hacer referencia a materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que les es inherente, la ley establece exigencias especiales que debe tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación.

De manera reiterada el Consejo de Estado ha señalado que el acuerdo conciliatorio prejudicial se somete a los siguientes supuestos de aprobación:

a. La debida representación de las personas que concilian

b. La capacidad o facultad que tengan los representantes o conciliadores para conciliar.

c. La legitimación de las partes que concilian.

d. La disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes.

e. Que no haya operado la caducidad de la acción.

f. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente respaldado en la actuación.

g. Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público.

Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del artículo 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo para el patrimonio público o violatorio de la ley.

Así entonces, la Sala previo a pronunciarse respecto de la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio logrado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., y Liberty Seguros S.A. el 29 de enero de enero de 2010, pasará a estudiar las exigencias especiales que acaban de ser citadas:

3.1. Representación y capacidad de las partes.

3.1.1. Del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.

La entidad convocada, que según lo señalado en el artículo 1º del Acuerdo 28 del 4 de diciembre de 1992 del Concejo de Santafé de Bogotá es un establecimiento público de orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Gobierno, acudió al trámite conciliatorio prejudicial a través de apoderado debidamente constituido y facultado expresamente para ello (fl. 37 del expediente).

3.1.2. De Liberty Seguros S.A.

La aseguradora acudió al trámite de la conciliación prejudicial a través de apoderado debidamente constituido y facultado expresamente para conciliar (fl. 27 del expediente).

3.2. Legitimación en la causa(14). 

3.2.1. Del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.

El FVS se encuentra legitimado para hacer parte del trámite conciliatorio prejudicial que por las diferencias surgidas para liquidar el contrato de obra No. 1509-00-2004 se llevó a cabo ante la Procuraduría 56 Administrativa Judicial, por cuanto lo suscribió en calidad de contratista y, por consiguiente, a él, como sujeto de derechos y obligaciones del referido acuerdo, le asiste un interés directo para actuar en el proceso.

3.2.1.(sic) De Liberty Seguros S.A.

El contrato No. 1509-00-2004 que fue suscrito el 15 de diciembre de 2004 entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad Bogotá y el Consorcio Seguridad Ciudad Bolívar para construir hasta su terminación el edificio para el funcionamiento de la estación de policía E-19 de Ciudad Bolívar, localidad de Ciudad Bolívar.

Debido a los atrasos considerables de la obra que fueron reportados en informe de interventoría del contrato que hacían imposible su entrega en el tiempo pactado, Liberty Seguros S.A., en su calidad de garante(15) y de acuerdo con lo estipulado en la cláusula séptima de las condiciones generales de la póliza de cumplimiento 49822, para evitar traumatismos de una reclamación y la paralización del proyecto, expresó su voluntad de tomar a cargo la terminación de la obra(16).

Con el fin de evitar la paralización de las obras, preservar el objeto del contrato y lograr su culminación, el 26 de octubre de 2006 se suscribió el “Acta de acuerdo marco celebrado entre Liberty Seguros S.A., el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito de Bogotá y el Consorcio Seguridad Bolívar para la terminación del contrato 1509-00-2004”, en la que se fijaron los términos y condiciones en las que se produciría la cesión del citado contrato previa autorización de la entidad contratante.

En el mismo documento, se señaló que el fundamento legal de la cesión del contrato se encontraba consignado en los artículos 3º, 4º, numeral 1º, 13, 18 parágrafo 2º y 68 de la Ley 80 de 1993 (fls. 17 a 22 del expediente).

Según consta en el numeral décimo del “Acuerdo final celebrado con ocasión del contrato de obra 1509-00-2004 (...)” de 22 de diciembre de 2006, suscrito por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, el Consorcio Seguridad Ciudad Bolívar, Liberty Seguros S.A. y otros, la entidad contratante autorizó y aceptó la cesión del contrato de obra a favor de la compañía aseguradora, dando cumplimiento a lo estipulado respecto de la cesión en la cláusula 16ª del contrato(17) (fls. 23 a 33 del expediente).

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2006, se suscribió entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y Liberty Seguros S.A., un Otrosí al contrato de obra 1509-00-2004, actuación con la cual se formalizó la cesión hecha por el Consorcio Seguridad Ciudad Bolívar a la compañía aseguradora y aceptada por la entidad contratante (fls. 34 a 39 del expediente).

En ese contexto y en armonía con lo señalado por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo que limitó el ejercicio de la acción contractual a las partes del contrato(18), indudable resulta para la Sala que con la cesión del contrato la aseguradora se convirtió en una de ellas y, en tal virtud, le asiste un interés directo respecto de tales derechos y obligaciones, por lo que, en consecuencia, se encuentra legitimada en la causa para participar del proceso conciliatorio que se surtió con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.

3.3. La disponibilidad de los derechos económicos.

Respecto de la disponibilidad de los derechos económicos reconocidos por las partes en la liquidación, a juicio de la Sala, se satisface este presupuesto, toda vez que, como se dejó establecido en el acápite segundo de la parte considerativa de la presente providencia, se trata de un conflicto de carácter particular y de contenido económico.

3.4. La caducidad de la acción.

Según se dejó expuesto en el numeral 2.2 del acápite segundo de la parte considerativa del presente proveído, la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A. al momento en que solicitó ante la Procuraduría General de la Nación la conciliación prejudicial se encontraba dentro del término de caducidad previsto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para acudir ante la Jurisdicción con el objeto obtener en sede judicial la liquidación del contrato. La Sala se permite reiterar lo señalado al respecto en el mencionado acápite.

3.5. Pruebas y legalidad.

En cuanto corresponde a este requisito, la Sala observa que las obligaciones que fueron reconocidas por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., no se pueden deducir de las pruebas obrantes en el expediente porque existen dudas sobre varios aspectos que dieron lugar a la conciliación.

En efecto, una vez revisados en su integridad los documentos que fueron aportados por la aseguradora para efectos de soportar probatoriamente los acuerdos logrados entre esta y el Fondo de Seguridad y vigilancia de Bogotá, que constan en el acta 046 de 2010/457-2009 de 29 de enero de 2010, encuentra la Sala que no es posible con fundamento en ellos determinar con certeza la existencia de los hechos y de los presupuesto jurídicos que darían lugar al reconocimiento de todas y cada una de las sumas de dinero propuestas y aceptadas a través del mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Así, por ejemplo, en lo relacionado con la petición de reajuste integral de precios respecto de todas las obras contractuales que restaban por ejecutar, observa la Sala que según lo pactado por las partes en la cláusula tercera del “Otrosí al contrato de obra 1509-00-2004 cedido a Liberty Seguros S.A...”, la operación se realizaría “de conformidad con las condiciones del mercado al momento”, sin embargo, ninguna de las pruebas aportadas da cuenta de la forma ni de los criterios que se adoptaron para realizar el citado reajuste.

Adicionalmente, obra a folios 1023 a 1028 del expediente, “Acta de terminación y recibo técnico de obra” del 30 de enero de 2008, en donde consta que, conforme la revisión realizada por la interventoría a la obra, a esa fecha se encontraron trabajos pendientes de terminación, corrección o prueba de funcionamiento, en razón de lo cual la aseguradora cesionaria del contrato se comprometió a dar las explicaciones del caso y a solucionar los inconvenientes dentro de las fechas indicadas para cada caso, sin embargo, no obra en el expediente prueba alguna que permita establecer que en efecto se hubiere dado cumplimiento a los compromisos adquiridos, como tampoco que la obra hubiere sido recibida a satisfacción por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá.

Así pues, no es posible conocer con claridad el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes surgidas con ocasión de la celebración del contrato de obra 1509-00-2004 y de su posterior cesión a favor de Liberty Seguros S.A., así como tampoco la legalidad del ajuste de cuentas ni el balance final de las mismas efectuado a través de la conciliación prejudicial, propios de la liquidación de un contrato, razón por la cual forzoso resulta para la Sala confirmar el auto proferido el 25 de marzo de 2010, a través del cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca resolvió improbar el acuerdo conciliatorio prejudicial que reposa en el acta 046 de 2010/457-2009 de 29 de enero de 2010, pero por las razones expuestas en esta providencia, lo contrario sería, además de violatorio de la ley, lesivo para el patrimonio público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto proferido el 25 de marzo de 2010, a través del cual la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca resolvió improbar el acuerdo conciliatorio prejudicial que reposa en el acta 046 de 2010/457-2009 de 29 de enero de 2010, suscrita por la señora Procuradora 56 Administrativa Judicial y las partes solicitante y convocada, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) “ART. 181.—Apelación. (...) Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos: (...).

5. El que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2001, Expediente 11689, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de enero de 2009. Exp. 16796. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) “ART. 50.—Vigencia. (...) esta ley empezará a regir un (1) año después de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”. Publicada en el Diario Oficial 44303 del 24 de enero de 2001.

(7) “ART. 37.—Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable (...)”.

(8) “ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”.

(9) Ver auto del 12 de julio de 2001, Exp. 19736. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, reiterado en auto del 14 de marzo de 2002, Exp. 20975. C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(10) “ART. 38.—En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración

(11) Artículo 60 derogado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Artículo 61 derogado por el artículo 32 ibídem. “ART. 32.—Derogatoria. A partir de la vigencia de la presente ley, quedan derogados los siguientes artículos de la Ley 80 de 1993: (...) el inciso 1º del artículo 60, con excepción de la expresión “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación” el artículo 61”.

(12) “... La liquidación del contrato deberá efectuarse dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la terminación del contrato y recibo definitivo de la obra”

(13) “ART. 68.—Las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción”.

(14) La jurisprudencia de la Sala ha determinado que la legitimación en la causa como presupuesto de la acción “(...) es la identidad del demandante con la persona a quien la ley le otorga la vocación jurídica para reclamar la titularidad de un derecho y por pasiva la identidad del demandado, con aquel a quien se le puede exigir la obligación correlativa que se deriva del primero (...)”. Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias: sentencias del 8 de agosto de 1988; Exp. 5154; sentencia de 13 de febrero de 1996, Exp. 11213; sentencia de 12 de diciembre de 2001, Exp. 20456.

(15) El numeral 6 del otrosí al contrato de obra cedido por el Consorcio Seguridad Ciudad Bolívar a Liberty Seguros S.A. se consignó: “6. Que las pólizas del contrato fueron otorgadas por la Compañía Liberty Seguros S.A., mediante garantía única de cumplimiento estatal 492822, la cual ampara los riesgos de cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales y estabilidad de las obras”.

(16) La citada circunstancia quedó consignada en el “Acta de acuerdo marco celebrado entre Liberty Seguros S.A. y Seguridad del Distrito de Bogotá y el Consorcio Ciudad Bolívar para la terminación del contrato 1509-00-2004” obrante a folios 17 s 22 del expediente. Folios 25 a 28. Así como en el acta de “Acuerdo final celebrado con ocasión del contrato de obra 1509-00-2004 suscrito entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., y el Consorcio Seguridad Ciudad Bolívar, el 15 de diciembre de 2004. Cesión del contrato a Liberty Seguros S.A.” obrante a folios 23 a 33 del expediente y en el “Otrosí al contrato de obra 1509-00-2004 cedido a Liberty Seguros S.A. por el Consorcio Seguridad Bolívar y celebrado con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá” obrante a folios 34 a 40 del expediente.

(17) “Decimo sexta. Cesión y subcontratos: el contratista no podrá ceder ni subcontratar parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este contrato, sin la autorización previa del fondo...”.

(18) La norma, en la parte pertinente prescribe: “ART. 87.—De las controversias contractuales (subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente): cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.

(...).