Sentencia 2010-00045 de agosto 25 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exps.: 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00

Consejera Ponente (E):

Dra. Susana Buitrago Valencia

Demandantes: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro

Demandados: Representantes a la Cámara por Boyacá

Electoral: Fallo única instancia

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998, artículo 36; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

La elección de representantes a la Cámara por la circunscripción departamental de Boyacá, periodo constitucional 2010-2014, se acreditó con copia auténtica de la Resolución 1490 de julio 6 de 2010, expedida por el CNE(11).

3. Cuestiones previas.

3.1. Copias informales.

La Sala no tomará en cuenta, como material probatorio para fallar los procesos acumulados, los documentos obrantes de folios 2 a 292 del cuaderno principal del Proceso Electoral Nº 201000045, y de folios 1 a 10 y 30 a 263 del cuaderno principal del Proceso Electoral Nº 201000046, debido a que se trata de copias informales, que no han sido autenticadas bajo ninguna de las formas establecida en el artículo 254(12) del Código de Procedimiento Civil.

3.2. Cargos nuevos.

El apoderado de la señora Sandra Liliana Ortiz Nova, en su alegato de conclusión, planteó la ilegalidad de las resoluciones 776 de abril 19 de 2010 y 983 de mayo 18 de 2010, ambas expedidas por el CNE, por supuesta vulneración al debido proceso, que explica así:

“En este caso el debido proceso se vulneró cuando se adelantó el escrutinio departamental para Cámara de Representantes para la circunscripción de Boyacá, mediante la gestión y toma de decisiones de un solo magistrado, en Sala Unitaria, cuando por ser una corporación integrada por nueve magistrados, debió decidirse cuando menos por seis de ellos”(13).

De igual forma calificó de ilegal la elección impugnada por la falta de identidad existente entre los formularios E-14 Claveros y E-14 Delegados, o como él lo dijera, porque “… los originales son distintos a sus copias…”, lo cual se precisa respecto de unas mesas que no viene al caso identificar.

Pues bien, nada de lo anterior será abordado por la Sala en este fallo, porque de hacerlo se violaría la garantía constitucional del debido proceso, en atención a que se trata de cargos de ilegalidad que no fueron formulados ab initio con la demanda y que por lo mismo el demandado no tuvo oportunidad de contestar, ni de presentar pruebas de descargo.

Tampoco son admisibles los cargos extemporáneamente formulados, por el principio de la congruencia, previsto tanto en el Código Contencioso Administrativo (art. 170), como en el Código de Procedimiento Civil (art. 305), por virtud del cual el fallo debe ocuparse de lo planteado en la demanda o en su corrección oportunamente efectuada, así como de lo contestado por la parte demandada y de sus excepciones. Por tanto, se repite, no serán examinados tales reproches.

3.3. Ineficacia de la admisión de la demanda 201000046.

Al contestar esta demanda el apoderado del Dr. Humphrey Roa Sarmiento pidió dejar sin efectos el auto admisorio de octubre 14 de 2010 (fl. 397), con base en que la misma se inadmitió en dos ocasiones, cuando solo se permite hacerlo por una vez, a lo cual le sigue el rechazo si no se subsanan los defectos indicados.

Aunque le asiste razón al apoderado en lo que afirma, dado que la demanda se inadmitió en dos ocasiones, primero con auto de agosto 12 de 2010 (fl. 265), y luego con auto de septiembre 16 siguiente (fls. 283 y 284), para finalmente admitirse con auto de octubre 14 de 2010 (fl. 397), no encuentra la Sala procedente la petición de dejar sin efectos la última providencia, ya que ninguna norma autoriza tal pronunciamiento, y por el contrario se cuenta en el ordenamiento jurídico con disposición expresa que trata de la intangibilidad del auto que admite la demanda de nulidad electoral, como es el artículo 232 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, que establece que “Contra el auto que admita la demanda no habrá ningún recurso… El auto admisorio de la demanda se ejecutoría al día siguiente de la notificación”. Intangibilidad que opera no solo frente a las partes, sino también respecto del juez de lo electoral, por prevalecer allí el interés general inmerso en la necesidad de hacer claridad sobre las irregularidades que puntualmente hayan sido denunciadas.

4. Pruebas relevantes.

1. Copia auténtica del auto de mayo 20 de 2010 proferido por la Magistrada del CNE Adelina Covo, mediante el cual dispuso incluir en la revisión las mesas solicitadas por los candidatos Marco Tulio Leguizamón Roa (salvo las desistidas) y Sandra Liliana Ortiz Nova, aunque no precisó una sola mesa de votación(14).

2. Copia auténtica del acta general de revisión de escrutinio practicada por la Magistrada del CNE Adelina Covo, en la circunscripción electoral del departamento de Boyacá(15), iniciada el 18 de mayo de 2010, en la cual dicha funcionaria hizo constar:

2.1. Coper (99-09-01): Luego de establecer algunas inconsistencias entre los formularios E-14 digitalizado y E-14 físico, dispuso “… verificar la forma en que quedó realmente la votación, para lo cual se revisaron los votos. Una vez realizada la verificación, los resultados fueron los siguientes: … P. de la U - 102… Votos en E24… 116… Votos en revisión… 114…”(16).

2.2. Chiquinquirá (90-01-09): “… se procede a revisar el contenido de los documentos electorales E-14 digital, E-14 físico, E-24 digital, E-24 físico y el acta de escrutinios municipales. Se deja constancia que hay en el acta municipal consta (sic) que se verificó la sumatoria de votos, concluyendo que se ‘ratificaron los votos’. Se procedió a dar lectura a los resultados reflejados en el formulario E14”(17).

2.3. Villa de Leyva (00-00-17): Una vez examinados los respectivos documentos electorales se determinó “mesa verificada y sin novedad”(18).

2.4. Saboyá (00-00-03): Estableció “… que las tarjetas no marcadas fueron mal contabilizadas”(19), pero que en atención a que las mismas “… no constituyen votos y que no afectaría eventualmente los resultados sobre la votación de la mesa, se remite a la revisión hecha en su momento y se tiene por verificada esta mesa”(20).

2.5. Otanche (99-40-01): Frente a la misma dijo, entre otras cosas, que: “… Se da lectura al acta municipal en la cual constan aclaraciones que consisten básicamente en que el E14 no fue bien diligenciado y por lo tanto tuvo que ser modificado al hacer el escrutinio, lo que sirve de sustento a las diferencias encontradas… Mesa verificada y sin novedad”(21) (negrillas del original).

2.6. Tenza (00-00-08): Al respecto dijo: “… se deja constancia que todos los documentos de esta mesa reportaron 136 sufragantes. El E17 y E20 reportan las 7:30 p.m., del 14 de marzo de 2010, como fecha y hora de recibo de los documentos e ingreso de la mesa. No hay E19 de esta mesa. El acta contiene una declaración en el sentido que el E14 no registró el total de votos para los partidos, el cual corresponde a 111 votos. Por lo tanto, no se encuentran inconsistencias que ameriten profundizar la revisión de esta mesa, por lo cual se da por terminada. Mesa verificada sin novedad”(22) (negrillas del original).

2.7. Tenza (00-00-01): Fue verificada y no se hallaron anomalías. A la solicitud de recontar las tarjetas electorales la magistrada dijo atenerse a lo que decidiera la Sala Plena del CNE(23).

2.8. Tenza (00-00-03): Luego de examinar los documentos electorales señaló: “Mesa verificada y sin novedad”(24) (negrillas del original).

2.9. Tenza (00-00-04): Luego de examinar los respectivos documentos electorales y negarse el reconteo físico de las tarjetas electorales, la magistrada dispuso: “… que se revisen nuevamente Los (sic) E-14 y E-24, para contabilizar los votos reportados. Hecho esto, se ratifica el número de 180 sufragantes y de votos reportados, por lo que se expresa que definitivamente no se ha encontrado mérito para revisar la votación… En tales condiciones, se concluye que la mesa verificada no reporta novedades”(25).

2.10. Tenza (00-00-05): Frente a esta mesa se determinó “… que el E-17 no tiene hora y no hay E-19 de esta mesa”(26). Sin embargo, no adoptó ninguna decisión sobre el particular, pues dijo “… que sobre la petición de la exclusión se dejará para estudio de la Sala Plena, pues no todos los magistrados de esta corporación comparten esa posición de excluir la mesa de plano”(27).

2.11. Tenza (00-00-06): Una vez examinados los diferentes documentos electorales dejó esta anotación: “Mesa verificada sin novedad”(28).

2.12. Tenza (00-00-09): Sobre el particular dijo “… esta mesa se verifica con hallazgo”(29), porque su formulario E-11 identifica en su parte final la mesa 08 de la misma zona y puesto, aunque en su encabezado está correcto; porque 2 personas que firmaron como jurados(30) no figuran dentro de los designados por el registrador municipal con Resolución 01 de enero 18 de 2010, y porque no apareció el formulario E-19.

2.13. Chinavita (00-00-04): Hizo estas apreciaciones: “El E-14 físico totalizó mal el número de votos (en 37), sin embargo, el acta municipal señala que este resultado reportado en el E-14 no corresponde, pues no es 37 sino realmente 221, con lo cual queda justificada y superada la diferencia encontrada… Mesa verificada sin novedad”(31).

2.14. Chinavita (00-00-05): Esta mesa se calificó como “mesa verificada con hallazgo”(32), porque respecto del jurado Alfredo Parada García figura la cédula 4076753, pero al suscribir el acta coloca 4076763.

2.15. Chinavita (00-00-07): Frente a esta mesa anotó que “… se revisó toda la votación reportada en el E-14, sumando cada voto reportado, dando como resultado 133 votos efectivamente, por lo que se deja constancia de que aunque el resumen de la mesa no reportó y sumó debidamente,. Sí (sic) se encuentran discriminados los 133 votos de la mesa a lo largo del formulario E-14. Mesa verificada sin novedad”(33).

2.16. Santa Sofía (00-00-02): La calificó como “mesa verificada con hallazgo” porque 2 jurados no figuraban dentro de los designados(34), y porque había inconsistencia en el total del formulario E-14, por lo cual “… se hizo recuento de votos y se dejó constancia que se encontraban 180 tarjetas electorales”(35).

2.17. Santa Sofía (00-00-03): Examinados los documentos electorales la calificó como “mesa verificada sin novedad”(36).

2.18. Santa Sofía (00-00-04): Además de señalar que en el acta de escrutinio municipal se practicó recuento de votos, que subsanó algunas diferencias en votos, la calificó como “mesa verificada sin novedad”(37).

2.19. Santa Sofía (00-00-06): Luego de establecer que la cédula 23689884 “… no corresponde a los jurados designados, sin comprobar remanentes”, dijo que se trata de una “mesa verificada sin novedad”(38).

2.20. Soatá (00-00-05): Se calificó como “mesa verificada con hallazgo” porque “En el E-14 digital para el partido de la U, aparece punteado, en E-14 físico aparecen 2 votos para la lista de este partido, igual que en el E-24”(39).

2.21. Soatá (00-00-07): Además de advertir que no se había totalizado el formulario E-14 dijo “mesa verificada sin novedad”(40).

2.22. Soatá (00-00-08): Además de la falta de totalización del formulario E-14 dijo “mesa verificada sin novedad”(41).

2.23. Soatá (00-00-10): Frente a la misma dijo “mesa verificada sin novedad”(42).

2.24. Soatá (00-00-12): Se calificó como “mesa verificada con hallazgo”(43) porque 2 jurados no corresponden a los designados, quienes serán verificados en la lista de remanentes.

2.25. Soatá (00-00-13): Además de corroborar el total de sufragantes en el formulario E-14 dijo “mesa verificada sin novedad”(44).

2.26. Soatá (00-00-17): La calificó como “mesa verificada con hallazgo”(45) porque el jurado con cédula 51609961 no aparece dentro de los designados, aunque falta revisar la lista de remanente.

2.27. Soatá (00-00-18): Se calificó como “mesa verificada sin novedad”(46).

3. Copia auténtica de la Resolución 776 de abril 19 de 2010(47), mediante la cual el CNE ordenó la revisión de los escrutinios de las elecciones para Cámara de Representantes por Boyacá (2010-2014), en las siguientes mesas de votación:

MunicipioZonaPuestoMesas
Tenza00001, 3, 4, 5, 6, 8 y 9
Chinavita00004, 5 y 7
Chinavita9919Todas
Santa Sofía00002, 3, 4 y 6
Soatá00003, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17 y 18
Susacón00001, 2, 3, 4, 5 y 6
Susacón99071
Susacón99131
La Capilla00001, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Boyacá00001 a 11
Chiquinquirá020114
Chiquinquirá02022, 8 y 10
Chiquinquirá02017, 11 y 12
Chiquinquirá01018, 11 y 14
Otanche00001 a 12
Buenavista00001 a 9
Coper00001 a 7
Chíquiza00001, 2 y 3
Saboyá00001 a 14
Ramiriquí00002 a 7, 11 a 14, 16, 17 y 18
Ramiriquí99012
Ramiriquí99051
Villa de Leyva00001 a 20
Santana00001 a 16
Samacá00001 a 28

 

4. Copia auténtica de la Resolución 983 de mayo 18 de 2010(48), mediante la cual el CNE adicionó la Resolución 776 de 2010, incluyendo como objeto de revisión las siguientes mesas:

MunicipioZonaPuestoMesas
Chiquinquirá90019 y 10
Chiquinquirá010113
Chiquinquirá02026
Chiquinquirá02018
Chiquinquirá020215
Chita99011
Coper99091
Tunja020513

 

Igualmente aceptó el desistimiento presentado por el apoderado Néstor Guillermo Franco González (no precisa de quién es apoderado), en relación a las siguientes mesas:

MunicipioZonaPuestoMesas
Chiquinquirá02022, 8 y 10
Chiquinquirá02017, 11, 12
Chiquinquirá01018, 11 y 14
Otanche00001 a 12
Buenavista00003 a 9
Coper00001 a 7
Chíquiza00001, 2 y 3
Saboyá00001, 2, 4 a 14
Ramiriquí00002 a 7, 11 a 14, 16, 17 y 18
Ramiriquí99012
Villa de Leyva00002 a 12, 14, 16, 18, 19 y 20
Santana00001 a 7 y 9 a 16
Samacá00001, 2 y 4 a 28

 

5. Copia auténtica de la Resolución 1004 de mayo 19 de 2010(49), dictada por el CNE, mediante la cual se aclaró la Resolución 983 de 2010, así: Se incluye en la revisión Chiquinquirá (01-01-14); y se acepta el desistimiento de Chiquinquirá (02-01-14).

6. Copia auténtica de la Resolución 1100 de mayo 31 de 2010(50), mediante la cual el CNE dispuso: i) Revocar el auto de mayo 20 de 2010 proferido por la Magistrada Adelina Covo; ii) Negar la petición formulada por el apoderado de la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova, en el sentido de incluir en la revisión “… las mesas relacionadas en los anexos 1 y 2 de las que solicita corrección de los E-24”, que según su parte motiva son:

Anexo 1
MunicipioZonaPuestoMesas
Chiquinquirá01021
Garagoa000026
Ramiriquí000012
Socotá99011
Socotá99131
Anexo 2
Tunja02034
Tunja02077
Tunja020912
Garagoa000026
Paipa000039
Puerto Boyacá02017
Sativanorte00005
Sogamoso020210
Sogamoso02052
Tuta00001

 

La razón de la anterior negativa fue:

De otra parte, y con relación a la petición presentada el 26 de mayo de 2010 por el doctor RODRIGUEZ (sic) CHINCHILLA, apoderado de la candidata Ortiz Nova, en la que solicita la revisión de mesas de votación contenidas en los anexos 1 y 2 de la solicitud presentada ante el despacho de la Magistrada Adelina Covo, debe precisarse que de acuerdo con su petición, tales mesas se encuentran relacionadas en el numeral III), en el que solicita la corrección de los E24 de las mesas de votación que relaciona en los anexos, por lo cual es claro que no solicitó la verificación de las mesas en mención, ni los documentos electorales correspondientes a las mismas, sino solamente la mencionada corrección, petición abiertamente improcedente en cuanto debe ser el resultado de la verificación que se realiza mediante la revisión, por lo cual será denegada”(51).

Y, iii) continuar el proceso de revisión frente a las siguientes mesas:

MunicipioZonaPuestoMesas
Tenza00001, 3, 4, 5, 6 y 9
Chinavita00004, 5 y 7
Chinavita99191
Santa Sofía00002, 3, 4 y 6
Soatá00005, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17 y 18
Chiquinquirá90019
Chiquinquirá010117
Chiquinquirá02012, 5 y 9
Coper99181
Coper99221
Chíquiza99503
Saboyá00003

 

7. Copia auténtica de la Resolución 1366 de junio 26 de 2010(52), expedida por el CNE, mediante la cual se dispuso: i) Culminar los escrutinios en esa circunscripción electoral; ii) Ordenar como resultado de la revisión, que en principio contempló 71 mesas pero que se redujo a 23, las siguientes correcciones relativas a las mesas aquí demandadas:

MunicipioZonaPuestoMesaObservación
Coper00002E-24 dato real Partido de la U candidato 102 (2)
Coper99091E24 dato real P. Liberal - Lista (7)
E24 dato real P. de la U - Lista (13)
E24 dato real P. de la U - 102 (114)
E24 dato real P. de la U - 103 (9)
E24 dato real P. ASA - Lista (1)
E24 dato real votos en blanco (4)
E24 dato real votos nulos (30)
E24 dato real votos no marcados (15)
Coper99221E24 dato real de sufragantes (110)
E24 dato real P. de la U - 102 (45)
Chiquinquirá02015Dato real circunscripción territorial votos en blanco (6)
Dato real comunidades negras votos en blanco (1)
Villa de Leyva00001Dato real total E14 y E24 (196)
Villa de Leyva00015E24 dato real total (220)
E24 dato real P. de la U - 103 (10)
Chíquiza99503E24 datos reales P. Liberal: Lista (0), 101 (16), 102 (58), 103 (2), 105 (6), 106 (4), total votos por candidatos (86), total votos por partido (86), votación total (233)
Chíquiza00002E14 dato real circunscripción territorial P. Verde (8).
P. de la U - Lista (0), 102 (5), 104 (2) y 105 (2)
Buenavista00002E24 dato real P. Conservador - Lista (6); Polo Democrático Alternativo - 504 (1)
Tenza00009Ordenar a la comisión escrutadora retirar la última hoja del E11 y adjuntarla al E11 de la mesa 8
Soatá00006, 12 y 17Ordenar a delegados del registrador verificar si jurados con cédula 46360616 (mesa 6), 24081502 y 6613210 (mesa 12), y 51609961 (mesa 17), corresponden al listado de remanentes; de lo contrario, compulsar copias a la FGN.
Santa Sofía00002Ordenar a delegados del registrador verificar si jurados con cédula 52504113 y 23275085 corresponden al listado de remanentes; de lo contrario, compulsar copias a la FGN.
Tenza00009Ordenar a delegados del registrador verificar si jurados con cédula 33676542 y 6768861 corresponden al listado de remanentes; de lo contrario, compulsar copias a la FGN.

 

Frente a las mesas restantes hizo la siguiente observación en la parte motiva:

“Ahora bien, del análisis de los resultados de la revisión sobre los datos consignados en los formularios electorales puestos a disposición de la corporación, así como de las respectivas actas de escrutinio zonales y municipales, permiten concluir que en lo referente a la elección de Representante a la Cámara por la circunscripción territorial del departamento de BOYACA (sic), no se observaron inconsistencias que llevaran a realizar segunda etapa de procedimiento de revisión sobre la totalidad de las mesas de votación dispuestas, dado que los resultados electorales en su gran mayoría coincidían entre uno y otro formulario o las diferencias observadas correspondían al resultado del recuento de votos realizado durante el respectivo escrutinio, de lo cual daban fe las respectivas actas”(53).

8. Copia auténtica de la Resolución 1440 de julio 1º de 2010(54), mediante la cual el CNE dispuso: i) Rechazar, por falta de sustentación, el recurso de reposición propuesto por el apoderado del candidato Marco Tulio Leguizamón Roa; ii) No reponer la Resolución 1366 de 2010; iii) Aclarar el artículo 2º de la misma resolución, en el sentido que la orden allí emitida es a los delegados departamentales del Registrador en Boyacá; iv) Cumplir la Resolución 1366 de 2010.

9. Oficio DGE-1455 de mayo 4 de 2011, suscrito por el director de gestión electoral de la RNEC, según el cual “… las denominadas actas de preconteo… no existen, …” y que en el Acuerdo 09 de junio de 1990, del CNE, se estableció que “Los boletines… tienen mero carácter informativo y jamás pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección…”(55).

10. Escrito dirigido por el apoderado del candidato Marco Tulio Leguizamón Roa, al presidente del CNE, radicado el 31 de marzo de 2010 a las 10:16 a.m., mediante el cual solicitó:

“…, se sirva avocar conocimiento del escrutinio departamental realizado en Boyacá, para Cámara de Representantes, y en específico respecto a los municipios de TENZA, CHINAVITA, MACANAL, SOCHA, TUNJA, CHIQUINQUIRA (sic), SAN PABLO DE BORBUR, COSCUEZ, BUENAVISTA, COPER, CHIQUIZA (sic), MARIPI (sic), MUZO.

Esta petición la hago, en razón a que por razones que desconocemos, la comisión escrutadora departamental rechazó todas las reclamaciones que se presentaron durante los escrutinios departamentales, por variados motivos, al tiempo que se negó la concesión de recursos de reposición o apelación contra tales decisiones, e igualmente durante esa fase no fue posible acceder a los formularios E17 de las mesas instaladas en esas localidades, para su verificación, con lo cual se cerceno (sic) el derecho al debido proceso y a la defensa”(56).

11. Escrito dirigido por el apoderado del candidato Marco Tulio Leguizamón Roa, al presidente del CNE, radicado en abril 7 de 2010 a las 6:43 p.m. mediante el cual formuló “Solicitud de reconteo” frente a las siguientes mesas de votación:

MunicipioZonaPuestoMesas
Tenza00001, 3, 4, 5, 6, 8 y 9
Chinavita00004, 5 y 7
Chinavita99191
Santa Sofía00002, 3, 4 y 6
Soatá00003, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17 y 18
Susacón00001 a 6
Susacón99071
Susacón99131
La Capilla00001 a 7
Boyacá(57)00001 a 11
Chiquinquirá02017, 11, 12 y 14
Chiquinquirá02022, 8 y 10
Chiquinquirá01018, 11 y 14
Otanche00001 a 12
Buenavista00001 a 9
Coper00001 a 7
Chíquiza00001 a 3
Saboyá00001 a 14
Ramiriquí00002, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18
Ramiriquí99012
Ramiriquí99051
Villa de Leyva00001 a 20
Santana00001 a 16
Samacá00001 a 28

 

La petición se fundamentó así:

“De estos mismos municipios y mesas, solicito se me permita acceso a los E.11 y E.17 para verificar su legalidad y oportunidad.

Esta petición la hago, en razón a que por razones que desconocemos, la comisión escrutadora departamental rechazo (sic) todas las reclamaciones que se presentaron durante los escrutinios departamentales, por variados motivos, al tiempo que se negó la concesión de recursos de reposición o apelación contra tales decisiones, e igualmente durante esa fase no fue posible acceder a los formularios E.17 de las mesas instaladas en esas localidades, para su verificación, con lo cual se cerceno (sic) el derecho al debido proceso y a la defensa”(58).

12. Solicitud formulada por el apoderado de la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova(59), radicada en junio 21 de 2010 a las 5:02 p.m., quien la denominó “… Alegatos de conclusión frente a la revisión del escrutinio…” practicada por la Magistrada Adelina Covo en mayo 18 de 2010. Respecto a las mesas denunciadas en la demanda (pág. 6 de esta providencia), solo frente a 2 se formularon reparos, a saber:

MunicipioZonaPuestoMesaObservación
Chiquinquirá900109Candidato 102 P. de la U. E14 (0 votos) y E24 (32 votos). Ni en acta escrutinio municipal ni en acta de sala unitaria se hizo recuento.
Coper990901No invocó la irregularidad denunciada en la demanda (E14 ≠ E24 P. de la U - 102), sino que pidió excluir 36 votos (sic), porque no fue posible practicar cotejo dactilar con 29 sufragantes y porque en otros 6 hubo error en datos biográficos.

 

13. Recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova(60), en contra de la Resolución 1366 de junio 26 de 2010, con nota de presentación personal ante el CNE de junio 30 de 2010 a las 5:50(61).

14. Escrito del apoderado de la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova, dirigido a la Magistrada del CNE Adelina Covo, radicado en mayo 12 de 2010(62), mediante el cual concreta las irregularidades materia de revisión en los anexos 1 y 2(63), que referidos a los casos denunciados en la demanda (pág. 6 de esta providencia), corresponden a todas las mesas indicadas respecto del candidato 102 del Partido de la U, y algunas mesas de las señaladas frente a la candidata 103 del mismo partido, salvo las siguientes, que no fueron incluidas en el citado memorial:

MunicipioZonaPuestoMesa
Chiquinquirá020202
Guateque000011
Puerto Boyacá020111
Puerto Boyacá020212
Sogamoso020512
Turmequé000009

 

5. Proceso Electoral Nº 201000045 de Sandra Liliana Ortiz Nova.

5.1. Excepciones.

5.1.1. Inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones.

La excepción cuestiona la demanda tras considerar que en el petitum no se puede incluir, como objeto de anulación, el formulario E.24CA departamental de Boyacá, porque como lo entiende el actor, quien para ello cita el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, en este tipo de proceso solamente se puede demandar la nulidad del acto que declara la elección, y ningún otro.

De tomarse aisladamente el artículo 229 en cita, tendría que conferirse la razón al excepcionante, en atención a que allí se dispone que para obtener la nulidad de una elección “… deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, ...”. Sin embargo, el objeto del proceso electoral no se agota en esa disposición y por ello es necesario hacer una interpretación sistemática de las normas alusivas a la materia, con las cuales se puede establecer que dentro del mismo también puede comprenderse la mencionada acta.

En efecto, en el artículo 223 ibídem se precisa que “Las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos…”, con lo que se evidencia que también puede impugnarse la legalidad de esas actas; además, en el artículo 227 de la misma obra se dispone:

“Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra los actos de las corporaciones electorales para que se anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos” (negrillas de la Sala).

Las anteriores disposiciones permiten a la Sala establecer que la demanda interpuesta por la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova no es inepta, ya que en el proceso electoral el accionante bien puede demandar solamente el acto de elección o también ese tipo de actas, si en su criterio el vicio de nulidad se ha materializado allí. Así la excepción no prospera.

5.1.2. Inepta demanda por falta de integración del petitum.

Encuentra la parte demandada que esta excepción se configura porque al afirmarse en el hecho 3º de la demanda que hubo “… un enorme número de reclamaciones respecto a inconsistencias y errores en mesas de votación de diversos municipios…” (fl. 294), era imperativo para el actor impugnar igualmente la legalidad de las decisiones proferidas por las comisiones escrutadoras; y porque, al denunciarse la ocurrencia de falsedades en los registros electorales, y en vigencia del requisito de procedibilidad implementado con el Acto Legislativo 01 de 2009, la accionante estaba obligada a demandar, junto al acto de elección, la legalidad de las decisiones proferidas por el CNE para cumplir con ese requisito, esto es las resoluciones 776 de abril 19 “Por la cual se DISPONE LA REVISION (sic) de los escrutinios de las votaciones para Cámara de Representantes realizadas el 14 de marzo de 2010, en la circunscripción de BOYACA (sic), municipios de TENZA, CHINAVITA, SANTA SOFIA (sic), SOATA (sic), SUSACON (sic), LA CAPILLA, BOYACA (sic), CHIQUINQUIRA (sic), OTANCHE, BUENAVISTA, COPER, CHIQUIZA (sic), SABOYA (sic), RAMIRIQUI (sic), VILLA DE LEYVA, SANTANA Y SAMACA (sic)”, 1100 de junio 2 “Por la cual se ADOPTAN DECISIONES CON RELACION (sic) A LA REVISION (sic) de los escrutinios de las votaciones para Cámara de Representantes realizadas el 14 de marzo de 2010, en la circunscripción de BOYACA (sic)” y 1366 de junio 26 “Por la cual se adoptan decisiones con relación a la revisión de los escrutinios correspondientes a las elecciones para Cámara de Representantes en el departamento de BOYACA (sic)”, todas de 2010.

En lo que respecta al primero de los señalamientos, esto es al deber los actos administrativos que resolvieron causales de reclamación, observa la Sala que el planteamiento sólo es cierto en lo jurídico mas no en lo fáctico. La jurisprudencia de esta Sección precisó que desde la reforma efectuada al artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, con el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, las causales de reclamación, que hasta ese entonces constituían a su vez causales de nulidad, dejaron de tener este alcance, de modo que en el proceso electoral no se pueden conocer directamente las anomalías previstas como causales de reclamación, lo que no obsta para que si así lo decide el actor, impugne el acto que las resolvió concediéndolas o negándolas, junto con el acto de elección(64).

Por ello, cuando el proceso electoral se funda en hechos constitutivos de causales de reclamación, que si bien fueron sometidos a consideración de las autoridades electorales, no fueron igualmente demandadas sus decisiones administrativas ante la jurisdicción, la jurisprudencia ha dicho que en esos casos no se puede practicar examen de legalidad a esas resoluciones, en atención a que el juicio de legalidad debe pasar primero por el control jurídico de las decisiones que hayan expedido las comisiones escrutadoras para dar respuesta a esas peticiones; y, si ello no ocurre, la consecuencia jurídica para tal omisión es un fallo desestimatorio, ante la imposibilidad que tiene el juez electoral para abordar tales situaciones(65).

Pese a las anteriores precisiones jurídicas, encuentra la Sala que la excepción, en esta parte, no está llamada a prosperar, comoquiera que los señalamientos que se hacen en el hecho 3 de la demanda, si bien se refieren a causales de reclamación, no están determinados, lo cual deja la acusación en el terreno de la especulación y por lo mismo sin sustento fáctico a la excepción.

Ahora, en cuanto a la ineptitud de la demanda por no haberse impugnado igualmente la legalidad de las resoluciones 776 de abril 19, 1100 de junio 2 y 1366 de junio 26, todas de 2010, proferidas por el CNE, para agotar el requisito de procedibilidad previsto en el Acto Legislativo 01 de 2009, determinará la Sala si a la luz de ese presupuesto deben impugnarse las decisiones que sobre el particular adopte el CNE, y en caso de optarse por la afirmativa, si las mencionadas resoluciones debieron demandarse en el sub lite.

Con el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009(66), se adicionó al artículo 237 Constitucional el siguiente numeral:

“7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley.

PAR.—Para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

Por decisión del constituyente el carácter directo(67) que el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo, prevé para el proceso electoral ya no opera frente a los asuntos en que se juzgue la nulidad de elecciones populares, por causas atribuibles a “irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio”, ya que en tales eventos es requisito sine qua non para poder acceder a la jurisdicción, que tales anomalías hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE, antes de expedirse el acto que declara la elección.

Así, se trata de un requisito que si bien debe acreditarse procesalmente, por parte del actor, para el curso normal de la demanda, su agotamiento en sede administrativa bien puede producirse a instancia de cualquier ciudadano, dado que el constituyente no delimitó una legitimación por activa para ello, lo que debe entenderse como que tales irregularidades pueden denunciarse ante las autoridades electorales por cualquier persona.

En cuanto a la oportunidad, es claro que se satisface el requisito si las irregularidades son puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de que se expida el acto declaratorio de elección, aspecto razonable porque aún existe la posibilidad de que las anomalías probadas puedan ser corregidas y de esa forma el escrutinio sea resultado exacto de la voluntad popular expresada en las urnas.

Respecto a su objeto dirá la Sala que el requisito de procedibilidad únicamente puede ocuparse de irregularidades constitutivas de causales o motivos de nulidad existentes en el proceso de votación y en el escrutinio, es decir, de todos aquellos fenómenos suscitados durante el curso de la jornada electoral o al realizarse los escrutinios, concernientes entre otras, a falsedades en los registros electorales.

Y, finalmente, para el agotamiento del mencionado requisito basta con que las irregularidades constitutivas de nulidad hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE, lo cual tiene dos implicaciones frente a la excepción estudiada.

De una parte, que si pese a la denuncia de las irregularidades la autoridad electoral omite estudiarlas en su totalidad pues solo se pronuncia sobre algunas y deja de estudiar las demás, la demanda de nulidad electoral bien puede interponerse demostrando el agotamiento del señalado requisito, para lo cual le bastará anexar a la demanda copia hábil de la petición radicada por cualquier persona ante la respectiva autoridad con tal fin; y, sin que esté obligado a demandar más decisiones que el acto declaratorio de elección.

En cambio, si a esa solicitud le sigue la decisión de la autoridad electoral, acogiendo o no lo pedido por el interesado, no solo es claro que el requisito de procedibilidad se ha agotado cabalmente, sino también que en el proceso de nulidad electoral, además de impugnarse el acto que declara la elección, es imperativo demandar la legalidad de tal decisión administrativa, pues aunque preceda al acto de elección no puede calificarse como un acto previo o de trámite, comoquiera que con el mismo se adoptan decisiones definitivas en torno a irregularidades sucedidas durante las votaciones y los escrutinios.

Además de su carácter definitivo, las resoluciones que así profieran las autoridades electorales, gozan del atributo de la presunción de ser legales o conformes al ordenamiento jurídico, presunción iuris tantum que solo puede removerse haciéndolas objeto del petitum de la acción electoral, y desarrollando en su contra el aspecto formal que debe contener toda demanda dirigida contra actos administrativos, regulado en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, valga decir que “Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”.

Por ende, si al agotarse el requisito de procedibilidad la autoridad electoral profiere actos administrativos decidiendo las irregularidades denunciadas, en el proceso deberá impugnarse tanto el acto de elección, como los actos que despacharon las irregularidades puestas en conocimiento de la autoridad electoral, con la precisión que lo demandado en el proceso haga parte de lo que fue puesto en conocimiento y decidido por las autoridades electorales, ya que de existir casos no contemplados en las peticiones, sobre los mismos no podrá pronunciarse el juez de lo electoral por falta de agotamiento del citado requisito.

Ahora bien, luego de cotejar la demanda con las peticiones formuladas por los apoderados designados por la actora en los escrutinios, y con las resoluciones que según el excepcionante debieron ser igualmente impugnadas en este proceso, observa la Sala que no era necesario demandar las resoluciones 776 de abril 19 y 1100 de junio 2, ambas de 2010, puesto que si bien hacen parte de las actuaciones adelantadas por el CNE respecto de algunas irregularidades denunciadas, no contienen decisiones de fondo sobre las irregularidades puntualmente denunciadas en torno a la alteración de la votación de los candidatos 102 y 103 del Partido de la U, en cuanto a lo registrado en los formularios E-14 y E-24.

En efecto, la Resolución 776 dispuso: (i) revisar los escrutinios de las elecciones para Cámara de Representantes en Boyacá en un número importante de mesas, (ii) trasladar esa documentación electoral con el acompañamiento de la fuerza pública, de lo cual se notificaría a las comisiones escrutadoras, y (iii) pedir el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Y la Resolución 1100 resolvió: (i) Revocar el auto de mayo 20 de 2010, que dispuso revisar unas mesas de votación indicadas por los aquí demandantes, (ii) Negar la petición elevada por la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova, quien solicitó incluir en la revisión algunas mesas de votación, y (iii) Continuar el proceso de revisión frente a las mesas allí señaladas.

Como se podrá notar, las resoluciones 776 de abril 19 y 1100 de junio 2, ambas de 2010, si bien dictan algunas medidas en torno el proceso de revisión en curso, no contienen decisiones administrativas frente a la materialidad de la falsedad que en los registros de los formularios E-14 y E-24, se denunciaron con respecto a los candidatos 102 y 103 del Partido de la U, motivo por el cual no son actos administrativos que debieran demandarse junto con el acto de elección.

Y, para determinar qué decisiones adoptó la Resolución 1366 de junio 26 de 2010, la Sala tabula en el siguiente cuadro(68) la información arrojada por las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, así:

MunicipiosDemandaSolicitudes Sandra OrtizSolicitudes Marco T. LeguizamónRes. 776/10Res. 983/10Res. 1004/10Res. 1100/10Acta General Revisión Mag. Adelina CovoRes. 1366/10
Exp. 45Exp. 4612/05/201021/06/201031/03/201007/04/2010AdicionaDesisteAdicionaDesisteRevoca Auto Mayo 20/10Niega Revisión Anexos 1 y 2Continuar RevisiónSeleccionaRevisadasCorregidas
Aquitania00-00-12X
Chiquinquirá02-02-02X X
Chiquinquirá02-01-08XX
Chiquinquirá02-02-13X
Chiquinquirá02-02-15XX
Chiquinquirá90-01-09XXXXXX
Coper99-09-01XXXXXXX
Garagoa00-00-26XX
Guateque00-00-11
Otanche99-40-01XXX
Pto. Boyacá02-01-07XX
Pto. Boyacá02-01-11
Pto. Boyacá02-02-12
Ramiriquí00-00-13XX X
Saboyá00-00-03XXXXX
Socha00-00-05X
Sogamoso02-05-02XX
Sogamoso02-05-12
Tópaga99-70-01X
Tunja02-07-07XX
Tunja02-09-12XX
Tunja02-05-13XX
Turmequé00-00-09
Villa Leyva00-00-17XXXX

 

Según lo anterior, que se reitera está fundado en las pruebas regular y oportunamente recaudadas, la Resolución 1366 de junio 26 de 2010 del CNE, en cuanto a las mesas contenidas en la presente demanda, únicamente adoptó decisión de fondo sobre la mesa de votación 99-09-01 de Coper, frente a la cual dispuso:

“2. Municipio Coper. Zona 99 puesto 9, cantino, mesa 01:

ORDENAR LA CORRECCION (sic) de los resultados contenidos en el formulario E-24; las cifras que deberán registrarse son:

Partido/candidatoDatos reales
P. Liberal - Lista7
P. de la U - Lista13
P. de la U - 102114
P. de la U - 1039
P. ASA - Lista1
Votos en blanco4
Votos nulos30
Votos no marcados15”(69)

Esta corrección se asumió con base en los siguientes hallazgos:

“El E-14 Delegados, en los casos de listas con voto preferente, no registra la votación obtenida a favor de cada candidato, como si (sic) consta en el E14 Claveros.

A medida que avanzó la revisión en audiencia se estableció que fue de común ocurrencia esta situación; así mismo, con base en los resultados obtenidos en la verificación de la votación se pudo dilucidar claramente los votos depositados por el electorado”(70).

Pues bien, como la Resolución 1366 de junio 26 de 2010 del CNE únicamente adoptó decisión frente a la mesa de votación 99-09-01 de Coper, con la demanda debió pedirse igualmente la nulidad de esa resolución, situación que por haberse omitido lleva a tener por demostrada la excepción que se examina, lo cual impide a la Sala abordar sustancialmente el cargo planteado frente a esa mesa.

5.1.3. Inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el Acto Legislativo 01 de 2009.

Para la parte demandada la excepción se configura porque la demanda formula cargos indeterminados, no identifica las peticiones interpuestas para agotar el requisito de procedibilidad, ni las decisiones administrativas que las despacharon, de lo cual no hay copia hábil y porque en las diferentes actuaciones administrativas ninguna mención se hizo a las siguientes mesas de votación: Aquitania 00-00-12; Chiquinquirá 02-01-08, 02-02-02, 13 y 15; Garagoa 00-00-26; Ramiriquí 00-00-13; Socha 00-00-05; Sogamoso 02-05-02 y 12; Tópaga 99-70-01; Tunja 02-05-13, 02-07-07, 02-09-12; Guateque 00-00-11; Puerto Boyacá 02-01-07 y 11, 02-02-12; y Turmequé 00-00-09.

Como ya lo precisó la Sala frente a la anterior excepción, el requisito de procedibilidad implementado con el Acto Legislativo 01 de 2009, se agota cabalmente si el demandante en el proceso electoral anexa a su demanda prueba documental de haber puesto en conocimiento de las respectivas autoridades electorales, la existencia de “irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio”, independientemente del trámite que a tal solicitud haya dado el CNE, pues por los términos en que se concibió ese requisito, lo actuado u omitido por la administración no determina la satisfacción de ese presupuesto, sino solamente “someterlas, … a examen de la autoridad administrativa correspondiente”.

Para determinar frente a qué mesas se agotó el requisito de procedibilidad, la Sala retoma el cuadro(71) empleado para la excepción anterior, en el que se pueden apreciar las mesas demandadas, las solicitudes formuladas por la accionante y respecto de qué mesas, así como las resoluciones expedidas por el CNE para darles trámite y en especial para decidir lo concerniente.

MunicipiosDemandaSolicitudes Sandra OrtizSolicitudes Marco T. LeguizamónRes. 776/10Res. 983/10Res. 1004/10Res. 1100/10Acta General Revisión Mag. Adelina CovoRes. 1366/10
Exp. 45Exp. 4612/05/201021/06/201031/03/201007/04/2010AdicionaDesisteAdicionaDesisteRevoca Auto Mayo 20/10Niega Revisión Anexos 1 y 2Continuar RevisiónSeleccionaRevisadasCorregidas
Aquitania00-00-12X
Chiquinquirá02-02-02X X
Chiquinquirá02-01-08XX
Chiquinquirá02-02-13X
Chiquinquirá02-02-15XX
Chiquinquirá90-01-09XXXXXX
Coper99-09-01XXXXXXX
Garagoa00-00-26XX
Guateque00-00-11
Otanche99-40-01XXX
Pto. Boyacá02-01-07XX
Pto. Boyacá02-01-11
Pto. Boyacá02-02-12
Ramiriquí00-00-13XX X
Saboyá00-00-03XXXXX
Socha00-00-05X
Sogamoso02-05-02XX
Sogamoso02-05-12
Tópaga99-70-01X
Tunja02-07-07XX
Tunja02-09-12XX
Tunja02-05-13XX
Turmequé00-00-09
Villa Leyva00-00-17XXXX

 

Con el mismo se logra establecer que el requisito de procedibilidad sí se agotó para la gran mayoría de mesas indicadas en la demanda, salvo para las siguientes: Chiquinquirá 02-02-02, Guateque 00-00-11, Puerto Boyacá 02-01-11 y 02-02-12, Sogamoso 02-05-12 y Turmequé 00-00-09. Se precisa por la Sala que si bien frente a la mesa 02-02-02 de Chiquinquirá se aceptó un desistimiento mediante Resolución 983 de 2010, en el proceso no existe prueba de haberse solicitado agotamiento de dicho requisito frente a esa mesa; y, que las demás mesas mencionadas en este párrafo, según el acervo probatorio, no fueron objeto de petición ni mención alguna en los pronunciamientos del CNE traídos al proceso.

Por otra parte, tampoco resulta acreditado el requisito en lo que respecta a las irregularidades aludidas en el tercer cargo de la demanda, en lo que concierne a la votación del movimiento Apertura Liberal y del Partido Conservador Colombiano, así como de suplantaciones no individualizadas(72), puesto que no se probó en el plenario que esas supuestas irregularidades, por cierto indeterminadas, hayan sido sometidas a consideración del CNE.

Por consiguiente, se declarará probada la excepción únicamente en cuanto a las siguientes mesas de votación: Chiquinquirá 02-02-02, Guateque 00-00-11, Puerto Boyacá 02-01-11 y 02-02-12, Sogamoso 02-05-12 y Turmequé 00-00-09, así como frente a los reparos que en el tercer cargo se hacen frente a la votación del movimiento Apertura Liberal y del Partido Conservador Colombiano, al igual que de las suplantaciones que si bien se mencionaron no se individualizaron en la demanda.

5.2. Cargos de la demanda.

5.2.1. Primer cargo: Violación al debido proceso. Se cuestiona a través de este cargo, pero en forma genérica, las actuaciones de la Sala Unitaria de la Magistrada Adelina Covo y de la Sala Plena del CNE, frente a quienes afirma que dieron “trato subjetivo” a las peticiones de revisión que se presentaron en el departamento de Boyacá, ya que la magistrada no solo creó unos parámetros para cada caso (que no especifica), sino que también los aplicó para unas mesas y no para todas las que ordenó revisar, con lo cual violó el protocolo implementado con la Resolución 754 de 2010 del CNE.

Examinados los anteriores planteamientos encuentra la Sala que el cargo no prospera, por lo siguiente:

En primer lugar, por su carácter indeterminado, en atención a que el supuesto “trato subjetivo” de las autoridades electorales no se concretó por la demandante, quien debió frente a cada caso precisar la forma como ello ocurrió respecto de cada una de las peticiones elevadas por la señora Sandra Liliana Ortiz Nova; carácter genérico que igualmente se predica de los parámetros de selección, que según ella se hicieron operar de distinta manera para las diferentes mesas invocadas, dado que la demanda careció de precisión sobre el particular.

En segundo lugar, porque el cargo pasó por alto el requisito procedimental establecido en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, ya que estando obligada la accionante a indicar la norma violada, se conformó con invocar, en general, la Resolución 754 de abril 9 de 2010 “Por la cual se adopta el protocolo de revisión de escrutinios”, expedida por el CNE, sin detenerse a indicar cuál de sus disposiciones se infringió y con qué actuación en particular, labor que no puede desplegar la Sala porque sería un estudio oficioso, desconocería el carácter rogado de esta jurisdicción y porque vulneraría los derechos fundamentales del demandado.

Y, en tercer lugar, porque si el inconformismo de la accionante radica en que no fueron seleccionadas para revisión todas las mesas denunciadas por supuestas irregularidades, que es adonde apuntan los criterios de selección establecidos por el CNE en su Resolución 754 de 2010, a ello dirá la Sala que tal circunstancia no hace nulo el acto de elección, puesto que no se trata de una decisión administrativa sobre la materialidad de las falsedades denunciadas, sino de un pronunciamiento sobre la viabilidad de seleccionar o no para revisión unas determinadas mesas.

La falta de incidencia de esa decisión en la validez del acto de elección se pone de presente con el hecho de que al haberse agotado el requisito de procedibilidad frente a las mesas no seleccionadas, bien puede instaurarse demanda electoral contra dicha elección, en la que por supuesto pueden alegarse como fundamentos de ilegalidad los mismos supuestos de hecho que las autoridades electorales decidieron no seleccionar para agotar tal requisito. Por tanto, el cargo no prospera.

Segundo Cargo: El acta de escrutinio para Cámara departamental de Boyacá es nula por cuanto se presentan elementos apócrifos que sirvieron para su formación (CCA, art. 223.2). El cargo se determina por las diferencias entre los formularios E-14 y E-24, que se presentaron en torno a los votos obtenidos por los candidatos Pablo Aristóbulo Sierra León y Sandra Liliana Ortiz Nova, 102 y 103 del Partido de la U respectivamente, y que expuso debidamente detallados en los siguientes cuadros, salvo las mesas frente a las cuales prosperaron las excepciones, a saber:

Pablo Aristóbulo Sierra León - Candidato 102 Partido de la U
MunicipioZonaPuestoMesaE-14 D(73)E-24
Aquitania00001201
Chiquinquirá020108037
Chiquinquirá02021506
Chiquinquirá900109032
Garagoa00002602
Villa de Leyva000017042
Otanche99400101
Ramiriquí00001307
Saboyá000003032
Socha00000507
Sogamoso02050203
Tópaga99700103

Sandra Liliana Ortiz Nova - Candidata 103 Partido de la U
MunicipioZonaPuestoMesaPrecon.E-14 D.E-24
Tunja020513-100
Tunja020707-1817
Tunja020912-84
Chiquinquirá020213-122
Garagoa000026-20
Puerto Boyacá020107-30
Sogamoso020502-30

 

Antes de abordar el estudio del cargo precisa la Sala que la demandante cuestiona la votación registrada para los candidatos 102 y 103 del Partido de la U en los formularios E-14 y E-24, pero que cuando alude al primero lo hace refiriéndose a los dos ejemplares que se expiden del mismo, en ocasiones habla del que va con destino a delegados y en ocasiones trata del que va para claveros; incluso en parte las anomalías las relaciona con las diferencias que se dieron entre esos ejemplares, al que por momentos sólo identifica como E-14.

Por ejemplo, al desarrollar este cargo el demandante hace las siguientes alusiones: “Sobre la diferencia que surja entre los formularios E-14 o actas de escrutinio de las mesas y los formularios E-24, …” (fl. 298); “… lo cual se logra a partir del cotejo de los formularios E-14 y E-24” (fl. 299); “A continuación detallo, municipios, zonas, puestos y mesas de votación cuyo E-14 no coincide plenamente con los datos vertidos en el correspondiente E.24…” (fl. 300); las tablas presentadas traen columnas de “E14”, así como otras tablas contienen columnas para “E-14 Delegados”, y más adelante dice que “Es importante insistir en que no todas las diferencias encontradas entre el E14 delegados y E14 de claveros se justifican con el reconteo de mesa porque en las actas de escrutinio municipal se reportan sin novedad” (fl. 328).

Lo anterior para significar que el estudio que enseguida se desarrolla no puede considerarse oficioso en cuanto valora el cargo de cara a los dos ejemplares que legalmente se expiden del formulario E-14, pues lo que se hace es interpretar la demanda para darle su verdadero alcance y de esa forma garantizar el acceso a la administración de justicia tanto de la demandante.

Ahora, aunque el fenómeno de la falsedad o apocrificidad en los registros electorales es causal de nulidad, porque así lo establece el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo (Mod. L. 62/88, art. 17), y porque materialmente logra alterar la votación libre, mayoritaria y legítima que resguarda el Código Electoral(74), el cargo no está llamado a prosperar por las siguientes razones:

En primer lugar, porque la falsedad denunciada por la demandante parte de comparar los resultados que frente a los candidatos 102 y 103 del Partido de la U, se presentaron en el formulario E-14 Delegados y en el formulario E-24 municipal, sin tomar en cuenta que el primero de ellos no es el documento con el que legalmente debe realizarse el escrutinio.

Según el derrotero que legalmente debe seguir el proceso de escrutinio, una vez finalizada la jornada electoral los jurados de votación deben practicar el escrutinio de los votos depositados en la respectiva mesa, cómputo que debe hacerse constar en la denominada acta de escrutinio de jurados de votación o Formulario E-14, con la precisión de los votos que haya obtenido cada alternativa política, incluidos por supuesto el voto en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas. De esa acta o formulario los jurados deben expedir “dos (2) ejemplares iguales... [que] serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil” (C.E., art. 142; mod. L. 6ª/90, art. 12). Lo anterior determina que en la práctica se cuente con 2 formularios E-14, uno conocido como E-14 Claveros y otro como E-14 Delegados.

Como su nombre lo indica, el Formulario E-14 Claveros se designa así por ser el documento que, junto a los demás documentos electorales (salvo el E-14 Delegados), es entregado por el presidente del jurado a los registradores municipales o a sus delegados, quienes a su vez son los encargados de “entrega[rlos] a los claveros respectivos dentro del término que se les haya señalado” (art. 144 ib.; mod. L. 62/88, art. 8º), para que sean estos los que finalmente los “… introdu[zcan] y guard[en] en un (1) arca de tres (3) cerraduras o candados denominados arca triclave” (C.E., art. 145).

El martes siguiente a la jornada electoral, a las 9:00 a.m., y una vez abierta el arca triclave, se da inicio al escrutinio con base en los documentos allí introducidos, el cual se desarrolla hasta las 9:00 p.m., del mismo día, y si no logra culminarse se continuará por los siguientes días calendario en la misma jornada, hasta finalizarlo (arts. 160 y 163 Ib. mod. L. 62/88, art. 11).

Esta breve descripción permite a la Sala evidenciar que del acta de escrutinio de jurados de votación o Formulario E-14, se expiden dos ejemplares, uno que se deposita en el arca triclave y otro que se remite a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Igualmente permite advertir que el escrutinio se realiza con el Formulario E-14 Claveros y no con el formulario E-14 Delegados, por ser el primero el depositado en el arca triclave y que sirve de soporte al conteo de la votación. Y que los dos ejemplares deben ser “iguales” entre sí y son “válidos”, es decir que los votos registrados en uno deben tener plena correspondencia con los votos consignados en el otro; además, la validez no hace más que reproducir la presunción de legalidad inherente a los documentos públicos, que en este caso se predica de ambos documentos.

Lo discurrido permite afirmar a la Sala que el cargo por falsedad en los registros electorales, cuando se cotejan los formularios E-14 y E-24, debe formularse comparando la información registrada en el último contra lo consignado en el E-14 Claveros, por ser este el documento que se emplea para consignar la votación resultante del escrutinio que en la mesa realizan los jurados.

Ahora, contra lo dicho podría afirmarse que si los 2 ejemplares del E-14 tienen que ser iguales entre sí, y además de ello válidos, ninguna distinción habría de hacerse entre esos documentos para efectos de plantear el cargo por falsedad. Sin embargo, tal hipótesis no sería admitida por la Sala porque (i) la experiencia ha demostrado —como en este caso— que no siempre son iguales esos ejemplares, (ii) la cadena de custodia es más rigurosa y garantista frente al E-14 Claveros, y (iii) pese a que los dos ejemplares se presumen legales o válidos, y cierto su contenido, la sana crítica permite al juez de lo electoral asignar mérito probatorio a cada uno de los mismos, sistema que lleva a reconocer mayor credibilidad a la información reportada por el documento cuya seguridad queda resguardada con la intervención de los jurados, de los testigos electorales, de los delegados del Registrador, de la fuerza pública y de los claveros, esto es el E-14 Claveros.

En segundo lugar, porque frente a algunas mesas la demandante plantea la falsedad haciendo la comparación con inclusión de un documento que ella denomina “preconteo”. Pues bien, la falsedad no puede estructurarse con base en las diferencias que puedan surgir respecto de ese documento, ya que como lo hizo saber el director de gestión electoral de la RNEC, con su Oficio DGE-1455 de mayo 4 de 2011, “… las denominadas actas de preconteo… no existen, …”, y si por alguna razón los jurados emplean papelería oficial o no, con el fin de ir llevando las cuentas de los votos escrutados en la mesa, la misma no tiene la calidad de documento electoral, no solo porque carece de reconocimiento en la legislación electoral, sino también porque su naturaleza provisional es superada por los resultados definitivos y oficialmente consignados en las actas.

Y, en tercer lugar, porque examinada la sustantividad del cargo, en cuanto a las mesas frente a las cuales se agotó el requisito de procedibilidad y que no quedaron excluidas del estudio por razón de la prosperidad de las excepciones examinadas, las irregularidades probadas dentro del plenario no tienen la incidencia requerida para anular el acto acusado, como así lo revela el siguiente estudio(75):


 

Pablo Aristóbulo Sierra León - Candidato 102 Partido de la U
MunicipioZonaPuestMesaE14CE14DE24Acta Municipal de EscrutinioActa Dptl
(Anexo 1 fls. 198 a 223)
Acta Rev. Mag. Adelina Covo
(Exp. 20100045 fls. 411 a 467)
Resolución 1366/10
(Exp. 20100045 fls. 495 a 546)
Aquitania0000120 (C. 1 Pruebas fl. 7)0 (C. 1 Pruebas fl. 1)1 (C. 1 Pruebas fl. 12)“Sin novedad” (C. 1 Pruebas fl. 123)“Sin novedad. Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 202).Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Chiquinquirá02010837 (C. 2 Pruebas fl. 39)0 (C. 2 Pruebas fl. 1)37 (C. 2 Pruebas fl. 60)“Sin novedad” (C. 2 Pruebas fl. 242)“Sin novedad. Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 205)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Chiquinquirá0202156 (C. 2 Pruebas fl. 27)0 (C. 2 Pruebas fl. 4)6 (C. 2 Pruebas fl. 73)“Sin novedad” (C. 2 Pruebas fl. 240)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Chiquinquirá90010939 (C.2 Pruebas fl. 33)0 (C.2 Pruebas fl. 7)32 (C.2 Pruebas fl. 87)“Se verifican las sumatorias y se ratifica el total de votos” (C.2 Pruebas fl. 248)Dispuso: “… se procede a revisar el contenido de los documentos electorales E-14 digital, E-14 físico, E-24 digital, E-24 físico y el acta de escrutinios municipales. Se deja constancia que hay en el acta municipal consta (sic) que se verificó la sumatoria de votos, concluyendo que se ‘ratificaron los votos’. Se procedió a dar lectura a los resultados reflejados en el formulario E14” (fl. 419)Sin revisión ni corrección
Garagoa0000260 (C. 3 Pruebas fl. 4)0 (C. 3 Pruebas fl. 1)2 (C. 3 Pruebas fl. 10)Sin observación sobre el particular (C. 3 Pruebas fl. 93)“Sin novedad. Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 207)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Villa de Leyva00001742 (C. 4 Pruebas fl. 68)0 (C. 4 Pruebas fl. 1)42 (C. 4 Pruebas fl. 6)“Sin novedad” (C. 4 Pruebas fl. 64)“Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 214)Se determinó: “Mesa verificada y sin novedad” (fl. 426)Sin revisión ni corrección
Otanche9940011 (C. 5 Pruebas fl. 37)0 (C. 5 Pruebas fl. 11)1 (C. 5 Pruebas fl. 15)“por el candidato ciento dos (102) no registraron votación en la realidad hay un (1) voto” (C. 5 Pruebas fl. 8)Sin observaciones sobre el particular (fl. 209)Al respecto dijo que: “… Se da lectura al acta municipal en la cual constan aclaraciones que consisten básicamente en que el E14 no fue bien diligenciado y por lo tanto tuvo que ser modificado al hacer el escrutinio, lo que sirve de sustento a las diferencias encontradas… Mesa verificada y sin novedad” (fl. 430)Sin revisión ni corrección
Ramiriquí0000137 (C. 6 Pruebas fl. 56)0 (C. 6 Pruebas fl. 9)No hay prueba“Sin novedad” (C. 6 Pruebas fl.5)“Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fls. 210 y 211)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Saboyá00000332 (C. 16 Pruebas fl. 60)32 (C. 16 Pruebas fl. 57)32 (C. 16 Pruebas fl. 26)“Sin novedad” (C. 16 Pruebas fl. 52)“Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 211)Estableció “… que las tarjetas no marcados (sic) fueron mal contabilizadas” (fl. 428), pero que en atención a que las mismas “… no constituyen votos y que no afectaría eventualmente los resultados sobre la votación de la mesa, se remite a la revisión hecha en su momento y se tiene por verificada esta mesa” (fl. 464)Sin revisión ni corrección
Socha0000057 (C. 7 Pruebas fl. 4)0 (C. 7 Pruebas fl. 1)7 (C. 7 Pruebas fl. 8)“Sin novedad” (C. 7 Pruebas fl. 62)“Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado”. (fl. 212)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Sogamoso0205023 (C. 8 Pruebas fl. 4)0 (C. 8 Pruebas fl. 1)3 (C. 8 Pruebas fl. 14)“Sin novedad” (C. 8 Pruebas fl. 117)Sin observaciones sobre el particular (fls. 212 y 213)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Tópaga9970013 (C. 9 Pruebas fl. 8)0 (C. 9 Pruebas fl. 5)3 (C. 9 Pruebas fl. 26)“Sin novedad” (C. 9 Pruebas fl. 3)“Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 214)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección



Sandra Liliana Ortiz Nova - Candidata 103 Partido de la U
MunicipioZonaPuestMesaE14CE14DE24Acta Municipal de EscrutinioActa Departamental de Escrutinio
(Anexo 1 fls. 198 a 223)
Acta Rev. Mag. Adelina Covo
(Exp. 20100045 fls. 411 a 467)
Resolución 1366/10
(Exp. 20100045 fls. 495 a 546)
Tunja02051310 (C. 15 Pruebas fl. 1)10 (C. 15 Pruebas fl. 4)0 (C. 15 Pruebas fl. 34)“Para el candidato 103 no son 10 sino 9” (C. 15 Pruebas fl. 205)Sin observaciones sobre el particular (fl. 214)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Tunja02070718 (C. 15 Pruebas fl. 7)18 (C. 15 Pruebas fl. 10)17 (C. 15 Pruebas fl. 47)Se dejó la siguiente constancia: “La mesa número 7 fue contada materialmente pues no fue encontrado E14, …” (C. 15 Pruebas fl. 171)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Tunja0209128 (C. 15 Pruebas fl. 13)8 (C. 15 Pruebas fl. 16)4 (C. 15 Pruebas fl. 60)Sin observaciones sobre el particular (C. 15 Pruebas fl. 172)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Chiquinquirá02021312 (C. 2 Pruebas fl. 21)12 (C. 2 Pruebas fl. 13)2 (C. 2 Pruebas fl. 73)“Sin novedad” (C. 2 Pruebas fl. 237)“Sin novedad. Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 205)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Garagoa0000262 (C. 3 Pruebas fl. 4)2 (C. 3 Pruebas fl. 1)0 (C. 3 Pruebas fl. 10)Sin observación sobre el particular (C. 3 Pruebas fl. 93)“Sin novedad. Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 207)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Puerto Boyacá0201073 (C. 12 Pruebas fl. 7)3 (C. 12 Pruebas fl. 10)0 (C. 12 Pruebas fl. 20)“Sin novedad” (C. 12 Pruebas fl. 61)“Sin reclamaciones o apelaciones. El secretario manifiesta que se ha dado por terminada la lectura del municipio, quedando debidamente escrutado” (fl. 210)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección
Sogamoso0205020 (C. 8 Pruebas fl. 4)3 (C. 8 Pruebas fl. 1)0 (C. 8 Pruebas fl. 14)“Sin novedad” (C. 8 Pruebas fl. 117)Sin observaciones sobre el particular (fls. 212 y 213)Sin observaciones sobre el particular.Sin revisión ni corrección

 


 

Lo arrojado por el estudio anterior se condensa, a su vez, en el siguiente cuadro:

Pablo Aristóbulo Sierra León - Candidato 102 Partido de la U
MunicipioZonaPuestoMesaE14CE24JustificadaDiferencia
Aquitania00001201No+1
Chiquinquirá0201083737-0
Chiquinquirá02021566-0
Chiquinquirá9001093932No-7
Garagoa00002602No+2
Villa de Leyva0000174242-0
Otanche99400111-0
Ramiriquí0000137?--
Saboyá0000033232-0
Socha00000577-0
Sogamoso02050233-0
Tópaga99700133-0
Sandra Liliana Ortiz Nova - Candidato 103 Partido de la U
Tunja020513100No-9(76)
Tunja0207071817-1
Tunja02091284No-4
Chiquinquirá020213122No-10
Garagoa00002620No-2
Puerto Boyacá02010730No-3
Sogamoso02050200-0

 

Del anterior estudio resulta que frente al candidato Pablo Aristóbulo Sierra León (P. de la U - 102), es normal la situación de las siguientes mesas: Chiquinquirá 02-01-08 y 02-02-15; Villa de Leyva 00-00-17; Otanche 99-40-01; Saboyá 00-00-03; Socha 00-00-05; Sogamoso 02-05-02 y Tópaga 99-70-01. Lo anterior, debido a que no se presentó ninguna diferencia en la votación registrada para el mismo en los formularios E-14 Claveros y E-24. En cambio, respecto del mismo candidato resultó irregular la votación de las siguientes mesas: Aquitania 00-00-12 porque sin justificación se le computó 1 voto más; Chiquinquirá 90-01-09 porque sin justificación le restaron 7 votos, y Garagoa 00-00-26 porque sin justificación le adicionaron 2 votos. Se tiene por improbado el caso de Ramiriquí 00-00-13, puesto que no se aportó el Formulario E-24, lo cual impidió el cotejo respectivo.

En cuanto a la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova (P. de la U - 103), resultó normal la votación en las siguientes mesas: Tunja 02-07-07 porque la diferencia se justificó en un recuento; y, Sogamoso 02-05-02 porque la votación fue la misma tanto en el formulario E-14 Claveros como en el formulario E-24. Por el contrario, se presentó irregularidad en el escrutinio, por variación injustificada de la votación, en las siguientes mesas: Tunja 02-05-13 le restaron 9 votos; Tunja 02-09-12 le restaron 4 votos; Chiquinquirá 02-02-13 le restaron 10 votos; Garagoa 00-00-26 le restaron 2 votos; y, Puerto Boyacá 02-01-07 le restaron 3 votos.

De acuerdo con lo anterior, al candidato Pablo Aristóbulo Sierra León (P. de la U - 102), tendría que adicionársele 4 votos, en tanto que a la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova (P. de la U - 103), la adición sería de 28 votos. Como el candidato Sierra León obtuvo 14.510 votos, el ajuste lo llevaría a 14.514 votos, y como la candidata Ortiz Nova alcanzó 14.476 votos, la adición la llevaría a 14.504 votos. En definitiva, el resultado electoral no cambiaría, ventaja que le conservaría al demandado su curul, con lo que resulta infundado el cargo.

Ahora, en gracia de discusión y aunque se tomara en cuenta igualmente el caso de Coper 99-09-01, que fue excluido debido a que prosperó la excepción inepta demanda por falta de integración del petitum, estudio que no implica un deber para el operador jurídico en todos los procesos electorales, el resultado electoral no cambiaría. Las pruebas arrojan la siguiente información:

Pablo Aristóbulo Sierra León - Candidato 102 Partido de la U
E14CE14DE24Acta Municipal de EscrutinioActa Dptl
(Anexo 1 fls. 198 a 223)
Acta Rev. Mag. Adelina Covo
(Exp. 20100045 fls. 411 a 467)
Resolución 1366/10
(Exp. 20100045 fls. 495 a 546)
116 (C. 10 Pruebas fl. 109)0 (C. 10 Pruebas fl. 1)116 (C. 10 Pruebas fl. 5)“El reconteo se hace porque se encuentran tachones en el Formulario E-14… 010 Partido Social de la Unidad Nacional:… Candidatos:… 102: 116 votos” (C. 10 Pruebas fl. 94 y 95)Sin observaciones sobre el particular (fl. 204)Dispuso: “… verificar la forma en que quedó realmente la votación, para lo cual se revisaron los votos. Una vez realizada la verificación, los resultados fueron los siguientes:… P. de la U - 102… Votos en E24… 116… Votos en Revisión…114…” (fl. 414)Dispuso: “Ordenar la corrección de los resultados contenidos en el formulario E-24; las cifras que deberán registrarse son:… Partido/Candidato… P. de la U - 102… Datos Reales… 114…” (fls. 543 y 544)

 

El anterior estudio revela que la situación sería normal entre el E14 Claveros y el E24, porque contienen la misma votación, esto es 116 votos, avalado por el reconteo efectuado por la comisión escrutadora municipal. Sin embargo, tras la intervención de la Magistrada Adelina Covo y la Sala Plena del CNE, la verificación de la información determinó que la votación real de ese candidato era de 114 votos, situación que al no verse reflejada en el E-24 aportado al proceso daría pie a sostener que indebidamente se le computaron al candidato 2 votos más. Así, al realizar los ajustes respectivos a la votación resultante del estudio, se tendría que el candidato Pablo Aristóbulo Sierra León (P. de la U - 102), quedaría con 14.512 votos, en tanto que la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova (P. de la U - 103), seguiría con 14.504 votos, sin posibilidad de disputarle la curul al demandado. En definitiva, este cargo no prospera.

Tercer cargo: En el municipio de Coper 99-09-01 existen irregularidades que afectan la votación y hacen excluible dicha mesa. El fundamento radica en que la mesa se seleccionó para revisión por darse algunos de los criterios establecidos en el artículo 3º de la Resolución 754 del CNE, como son:

i. Ni el preconteo ni el Formulario E-14 registran votación especial;

ii. El Formulario E-24 no registra 24 votos a favor del movimiento Apertura Liberal, que sí figuran en el preconteo y el Formulario E-14;

iii. No se registró 1 voto por el Partido Conservador Colombiano (PCC);

iv. En el acta municipal de escrutinio se hizo recuento de votos porque se omitieron 8 votos que sí fueron tenidos en cuenta en el Formulario E-24, “… estos 8 votos están repartidos en 10 votos menos para la lista del partido de la U y dos votos más para del (sic) candidato 106 del Partido Conservador” (fl. 327);

v. El movimiento Apertura Liberal obtuvo para Senado 40 votos y en las actas de la misma zona y puesto “… se repite la misma información de sufragantes y votos por candidato y partido” (fl. 328);

vi. En la revisión efectuada por el CNE se varió lo realizado por la comisión escrutadora municipal, se comprobó que no hubo suplantación de electores, ni tarjetas electorales falsas o ajenas a la mesa. Con reposición se solicitó a su Sala Plena profundizar en el estudio, pero lo negó, lo cual “… explicaría la pérdida de votos del movimiento apertura liberal” (fl. 328);

vii. En cuanto al candidato Pablo Aristóbulo Sierra León dijo que las diferencias detectadas en los formularios E-14 delegados y claveros no se justifican con el reconteo de mesa “… porque en las actas de escrutinio municipal se reportan sin novedad” (fl. 328), que el CNE no se pronunció sobre algunos hallazgos y que aquél incrementó su votación en 375 votos comparando los formularios E-14 y E-24, lo cual ocurrió en 12 mesas y en 6 municipios, información que presentó literalmente de la siguiente manera:

MunicipioNº de mesas con candidatos que incrementaron su votación desde 0 en una mesa con E14 con votosSuma de la Variación entre E14 y E24
CHIQUINQUIRA (sic)5151
COPER2128
VILLA DE LEIVA (sic)142
SABOYA (sic)132
OTANCHE11
SOCOTA (sic)221
Total general10 (sic)375

 

Finalmente, califica de atípica la votación obtenida por ese candidato en la mesa de Coper porque en este municipio no obtuvo su máxima votación, la cual alcanzó en zona rural de Maripí con 77 votos; porque su votación en Coper pasó de 167 (E-14), a 292 (E-24) y 283 (CNE); y porque el 40% de su votación la obtuvo en esa mesa, mientras que en la mesa 2 del mismo puesto alcanzó 8 votos.

No obstante la vaguedad con que se presentan las imputaciones, en gracia de discusión y a título meramente enunciativo, la Sala expone las razones que fundan la improsperidad del cargo:

En primer lugar, porque en esta providencia ya se determinó que prosperaba la excepción de inepta demanda por falta de integración del petitum, debido a que la parte actora omitió demandar, junto al acto de elección, la Resolución 1366 de junio 26 de 2010 del CNE, que adoptó decisión de fondo sobre el particular.

En segundo lugar, porque igualmente se estableció en esta providencia, igualmente en gracia de discusión, que de omitirse la declaración anterior, la materialidad de la irregularidad apenas daría para restarle 2 votos al candidato Sierra León, lo cual no cambiaría el resultado electoral.

Así mismo, porque la prosperidad de la excepción falta de agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el Acto Legislativo 01 de 2009, igualmente cobijó las anomalías denunciadas en este cargo, atinentes a la votación del movimiento Apertura Liberal y del Partido Conservador Colombiano, así como suplantaciones no individualizadas, que según lo informa la propia demandante tienen que ver con la votación para Senado, lo cual resulta absolutamente ajeno a este proceso.

Y, en cuarto lugar, porque según lo entiende la demandante, la nulidad se desprende de hechos “probabilísticos” como que el candidato Sierra León no obtuvo su máxima votación en Coper sino en Maripí o por la alta concentración de votación que se suscitó en la misma. Al respecto aclara la Sala que la Resolución 0754 de abril 9 de 2010 “Por la cual se adopta el protocolo de revisión de escrutinios”, expedida por el CNE, fija en su artículo 3º unos parámetros que permiten establecer si debe o no revisarse una mesa; empero, de la presencia de algunas de esas circunstancias no se sigue necesariamente que la votación de la mesa sea falsa, pues lo que procede es la verificación de la votación de la mesa, a efecto de confirmar o descartar alguna irregularidad, tal como sucedió en este caso donde la mesa no solo fue objeto de examen por parte de la comisión escrutadora municipal, sino que también fue materia de revisión por cuenta de la Magistrada Adelina Covo, al igual que de la Sala Plena del CNE, quienes tras el recuento del caso ajustaron los resultados electorales a la verdad, que no fue desvirtuada en este proceso.

Y, en cuanto al señalamiento de que el candidato Pablo Aristóbulo Sierra León incrementó su votación en 375 votos, luego de comparar los formularios E-14 y E-24, en las mesas indicadas en el cuadro que antecede, entiende la Sala que se refieren a las mismas que ya se estudiaron en cargos anteriores y que no resultaron ciertas en su totalidad; además, si se llegara a tratar de otras mesas, el cargo tampoco podría examinarse por su falta de determinación, ya que en ninguna parte precisa las mesas ni la información requerida para poder adelantar el estudio de la falsedad.

Los cargos cuarto, basado en que las irregularidades denunciadas cambiarían el resultado electoral, quinto, que se apoya en que las mismas irregularidades alteraron la voluntad popular, y sexto, cuyo sustento es la violación de los derechos políticos de la actora porque el CNE se abstuvo de revisar todas las anomalías denunciadas, no prosperan porque se cimientan en razones que la Sala ya desvirtuó, de un lado porque las alteraciones en los formularios E-14 y E-24 que fueron probadas, carecen de relevancia para cambiar el resultado electoral, y del otro porque la omisión del CNE en examinar todas las inconsistencias puestas en conocimiento no hace per se falsos los registros electorales.

6. Proceso Electoral Nº 201000046 de Marco Tulio Leguizamón Roa.

6.1. Excepciones.

6.1.1. Ausencia total de cargo o causal de nulidad concreta, seria, responsable, soportada debidamente tanto en lo fáctico como en lo jurídico. Como su fundamento es que la demanda se basa en “cargos abstractos y generales”, es claro que no se trata de una excepción, sino de un planteamiento que implica examen de fondo.

6.1.2. Caducidad de la demanda en relación con las resoluciones 1100 y 1336 de 2010 del CNE y del Auto de 20-05-2010, demandados en el literal c) de la demanda. Afirma el apoderado que la impugnación de estos actos se dio cuando ya había expirado el término de la caducidad de la acción electoral.

Para la Sala la excepción es infundada porque no advierte que según el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo (Mod. D. 2304/89, art. 23; L. 446/98, art. 44), los 20 días de la caducidad se cuentan “… a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección…”. Por lo mismo, dicho cómputo no puede calcularse tomando en cuenta actos previos al que declara la elección, así estos puedan tener alguna injerencia en el mismo, y deban incluirse como demandados junto al que proclama la elección.

Ahora, como la elección acusada se declaró mediante Resolución 1490 de julio 6 de 2010, notificada en estrados el mismo día, los 20 días de que se disponían para instaurar la demanda de nulidad electoral vencían el 4 de agosto de 2010, de modo que al haberse presentado la demanda ese día, su introducción a la jurisdicción fue oportuna.

De otra parte, si bien la pretensión de anular las resoluciones 1100 y 1366 de 2010 del CNE, se formuló con el escrito de corrección radicado el 28 de septiembre de 2010 (fls. 286 a 295), en acatamiento del auto inadmisorio fechado en septiembre 16 de 2010 (fl. 283), cuando ya había expirado el término de caducidad (ago. 4/10), esa circunstancia tampoco da pie a declarar la prosperidad de la caducidad de la acción frente a tales resoluciones, puesto que la jurisprudencia de la Sección ha dicho que ello aplica respecto de cargos nuevos, calidad que no se puede alegar frente a esas actuaciones administrativas, porque ya habían sido mencionadas en la demanda inicial radicada el 4 de agosto de 2010 (fls. 13 a 27), en los hechos 13, 14 y 17, y en los cargos que cuestionan el hecho de no haberse revisado la totalidad de irregularidades puestas en conocimiento del CNE.

Por tanto, la excepción no prospera.

6.1.3. Indebido agotamiento del requisito de procedibilidad contemplado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución. La concreta el apoderado en que para el momento en que el candidato o su apoderado pidieron el recuento de votos o hicieron las reclamaciones, ya había concluido el escrutinio, lo cual no es procedente porque la competencia asignada al CNE en el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución, no es nueva oportunidad para formular reclamaciones o para que se ubiquen irregularidades no precisadas.

Aunque confusamente se titula la excepción con referencia al parágrafo del artículo 237 Constitucional, en tanto que su argumentación alude al artículo 265 numeral 4º de la misma obra, ambos modificados por el Acto Legislativo 01 de 2009, observa la Sala que la improsperidad de la excepción viene marcada por el hecho que no es acertado afirmar que el agotamiento del requisito de procedibilidad tiene como límite máximo de formulación la conclusión de los escrutinios, pues como claramente lo indica aquel precepto, al CNE se le puede poner en conocimiento de irregularidades en la votación y en el escrutinio “antes de la declaratoria de elección”, como así lo preceptúa el parágrafo del numeral 7º del artículo 237 Constitucional (adicionado por el A.L. 01/09, art. 8º), y el artículo 9º de la Resolución 552 de marzo 10 de 2010 “Por la cual se establecen unos procedimientos de control a los escrutinios”, expedida por el CNE(77).

Y, en cuanto a los demás planteamientos de la excepción, relativos a que la facultad de revisión implementada con el numeral 4º del artículo 265 Constitucional (Mod. A.L. 01/09, art. 12), no se puede ejercer para conocer de causales de reclamación, que sólo pueden presentarse en las oportunidades previstas en el Código Electoral, pero que no fueron precisadas en la demanda, dirá la Sala que como se cuestiona la determinación de los cargos de la misma, que es un punto coincidente con la materialidad de la acusación de la demanda, allí será estudiado. Por tanto, se tendrá por impróspera la excepción en la parte estudiada.

6.1.4. Inexistencia absoluta de la nulidad pretendida respecto de los actos acusados. Como señala igualmente la imprecisión e indeterminación de la demanda, su estudio se hará al momento de examinar ese libelo.

6.1.5. Ilegitimidad sustantiva por activa. Ya que su fundamento corresponde al indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, que ya se desestimó en la excepción 6.1.3, donde se determinó que ello no estaba sujeto al momento de culminación del escrutinio, sino a la expedición del acto de elección, la Sala lo halla igualmente infundado.

6.1.6. Falta de fundamento fáctico-jurídico de la acción. Como en su respaldo se afirma que la elección estuvo ajustada a derecho, encuentra la Sala que no se trata de una excepción sino de un argumento de fondo. Así, las excepciones se tendrán por infundadas.

6.2. Cargos.

El ciudadano Marco Tulio Leguizamón Roa demandó la elección de Representantes a la Cámara por Boyacá (2010-2014), al igual que las resoluciones 1100 y 1366 de 2010, expedidas por el CNE, con el fin de que “… se ordene efectuar la revisión de mesas de votación en los municipios de Tenza, …; ChinavitaSanta Sofía…, Soata (sic)…, Susacon (sic)…; y La Capilla… y así mismo a la verificación física de los votos de las mismas, en lo que concierne a los candidatos a la Cámara de Representantes HUMPREY (sic) ROA SARMIENTO Y MARCO TULIO LEGUIZAMON (sic) ROA, del Partido Conservador Colombiano”, para “que una vez efectuada la revisión y verificación física de los votos en su autenticidad, se cotejen esos resultados en específico, con los datos vertidos en las actas de escrutinio de mesa E.14, E.24 y E.26 y en los demás documentos electorales, a fin de determinar que exista armonía entre los votos realmente depositados en cada una de esas mesas, y los datos registrados en las actas de escrutinio…”(78).

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 numeral 4º del Código Contencioso Administrativo, y en la necesidad de salvaguardar el debido proceso, así como la garantía del derecho a la defensa de los sujetos pasivos de la relación jurídico-procesal, se ha dicho por esta Sala que los procesos electorales, basados en causales objetivas de nulidad o en irregularidades ocurridas en las votaciones y en los escrutinios, deben tener una determinación cuantitativa y cualitativa, o un mínimo de precisión en los señalamientos o imputaciones que se formulan.

La determinación cuantitativa alude al número de casos que frente a cada fenómeno o irregularidad se produjeron durante la respectiva elección; y la precisión cualitativa hace referencia a los elementos identificadores de cada una de las anomalías que son puestas en conocimiento de esta jurisdicción.

Así, por ejemplo, la cualificación en las suplantaciones, se cumple si el actor identifica su número, la zona, el puesto y la mesa donde ocurrieron, así como el cupo numérico frente al que se produjo, su titular y el nombre del suplantador, si es que la caligrafía permite su identificación; o como podría ser también, la alteración que de ordinario se hace en cuanto a la votación de los candidatos, como en la demanda anterior, donde algunas modificaciones injustificadas experimenta la votación al pasarla de un formulario al otro, evento en el cual recae en el actor la carga de individualizar la mesa de votación, así como la votación registrada en cada documento electoral.

Esa posición jurisprudencial la ha mantenido la Sala de tiempo atrás, frente a lo que debe ser la demanda en cuanto a su determinación, con pronunciamientos como el siguiente:

“2. Debida concreción y formulación de los cargos contra un acto de carácter electoral.

El ejercicio del derecho de acción impone a los demandantes el cumplimento de ciertos requisitos procesales de la demanda, los que se encuentran enlistados en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, y de los cuales se pueden destacar los siguientes: La concreción de los aspectos fácticos que sirven de sustento a las censuras, las normas que se estiman transgredidas y el porqué de tales vulneraciones, así como el señalamiento concreto de las irregularidades o vicios que afectan el acto que declara una elección.

El Código Contencioso Administrativo (art. 223), en materia contenciosa electoral, consagra causales específicas de nulidad, entre ellas, la falsedad o apocrificidad de los registros electorales, cuya proposición no se agota con el señalamiento de la posible existencia de la irregularidad o de la alteración de los resultados electorales contenidos en los diferentes documentos, es decir, no basta alegar que se ha producido un fraude generalizado, sino que es necesario concretar la forma como aquel tuvo ocurrencia y solicitar o aportar las pruebas que demuestren las irregularidades demandadas, pues el juez no puede en el devenir procesal suplir las falencias de las partes, tanto en la formulación de los cargos como en materia probatoria y realizar un estudio oficioso integral en la sentencia sobre cargos que se formularon de manera general e imprecisa.

En lo que se refiere a los fundamentos fácticos que sirven de sustento a los censuras que se proponen contra la legalidad de un acto de contenido electoral, la Sala ha dicho reiteradamente(79) que le corresponde al demandante plantearlas de manera concreta y precisa, sin que pueda limitarse a exponerlas de forma genérica, abstracta y sin especificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia, a la espera de que el juez en el curso del proceso deba establecerlo. Y ello, por cuanto tal esclarecimiento así vagamente planteado no puede trasladarse al juzgador, pues implicaría sustituir la obligación que por virtud de la ley le fue asignada al actor, en detrimento del principio de igualdad de las partes en el proceso que el sentenciador debe garantizar, y que se traduce en que exista un equilibrio en el tratamiento de las posiciones y probanzas y durante todo el transcurso del juicio, a fin de evitar discriminaciones que puedan propiciar favorecimiento a una parte procesal”(80).

Posición que reiteró recientemente la Sala con el siguiente pronunciamiento:

“El ejercicio del derecho de acción impone a los demandantes el cumplimiento de ciertos requisitos procesales previstos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, entre los que se destacan: la concreción de los aspectos fácticos relevantes que sirven de sustento a las censuras, la prueba de los mismos, la precisión de las normas que se estiman transgredidas por el acto impugnado y el porqué de dichas vulneraciones, así como la formulación de los cargos mediante el señalamiento concreto y detenido de las irregularidades o vicios que afectan el acto mediante el cual se declara una elección; por consiguiente, quien alega la ilegalidad de un acto administrativo electoral le corresponde la carga procesal de concretar y determinar con la debida precisión las censuras jurídicas y fácticas que fundamentan el ataque para desvirtuar la presunción de legalidad que lo ampara.

Las censuras que contra la legalidad de un acto administrativo se plantean en la demanda fijan el marco de la litis para que el demandado ejerza su derecho de defensa y delimitan la función falladora del juez”(81).

Así, la demanda de nulidad electoral, fundada en causales objetivas, tales como la falsedad en los registros electorales, no admite acusaciones vagas, generalizadas u omnicomprensivas, en la medida que sobre el actor pesa el principio de la justicia rogada, y por lo mismo, la carga de presentarle al juez de lo electoral, con la debida precisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la alteración de la verdad electoral, sin esperar que sea el juez, quien prevalido de sus competencias legales, se adentre en la búsqueda de irregularidades inéditas, puesto que su función se contrae a la constatación de los hechos denunciados en la demanda, pero no a la revisión oficiosa de registros electorales.

Además, como por virtud del requisito de procedibilidad implementado con el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de julio 14 de 2009, la demanda de nulidad electoral, que se funde en irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, debe acreditar que esas anomalías fueron sometidas a examen de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE, antes de producirse la declaratoria de elección, es claro para la Sala que el requisito de determinación de tales irregularidades igualmente opera frente a las solicitudes que al efecto han debido presentar los interesados.

Por lo mismo, la determinación de las irregularidades debe darse tanto en las irregularidades en la etapa de los escrutinios, que se pidan examinar a título de requisito de procedibilidad, como en la demanda, con la precisión que las anomalías denunciadas ante el juez de lo electoral no pueden ser distintas de las que oportunamente se hayan sometido a examen de la respectiva autoridad electoral, esto es, por el mismo motivo y en las mismas mesas.

Una vez realizadas las anteriores acotaciones, observa la Sala que la demanda y las peticiones allegadas al proceso para acreditar la satisfacción de ese requisito constitucional, carecen de la determinación necesaria para que pueda abordarse el fondo de la discusión planteada con esta acción.

En efecto, con escrito presentado en marzo 31 de 2010, por el apoderado del candidato Marco Tulio Leguizamón Roa, al presidente del CNE, se dijo:

“…, se sirva avocar conocimiento del escrutinio departamental realizado en Boyacá, para Cámara de Representantes, y en específico respecto a los municipios de TENZA, CHINAVITA, MACANAL, SOCHA, TUNJA, CHIQUINQUIRA (sic), SAN PABLO DE BORBUR, COSCUEZ, BUENAVISTA, COPER, CHIQUIZA (sic), MARIPI (sic), MUZO.

Esta petición la hago, en razón a que por razones que desconocemos, la comisión escrutadora departamental rechazó todas las reclamaciones que se presentaron durante los escrutinios departamentales, por variados motivos, al tiempo que se negó la concesión de recursos de reposición o apelación contra tales decisiones, e igualmente durante esa fase no fue posible acceder a los formularios E17 de las mesas instaladas en esas localidades, para su verificación, con lo cual se cerceno (sic) el derecho al debido proceso y a la defensa”(82).

Y, con escrito de abril 7 de 2010, el apoderado del candidato Marco Tulio Leguizamón Roa, formuló al presidente del CNE “solicitud de reconteo” frente a las siguientes mesas de votación:

MunicipioZonaPuestoMesas
Tenza00001, 3, 4, 5, 6, 8 y 9
Chinavita00004, 5 y 7
Chinavita99191
Santa Sofía00002, 3, 4 y 6
Soatá00003, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17 y 18
Susacón00001 a 6
Susacón99071
Susacón99131
La Capilla00001 a 7
Boyacá(83)00001 a 11
Chiquinquirá020114
Chiquinquirá02022, 8 y 10
Chiquinquirá02017, 11, y 12
Chiquinquirá01018, 11 y 14
Otanche00001 a 12
Buenavista00001 a 9
Coper00001 a 7
Chíquiza00001 a 3
Saboyá00001 a 14
Ramiriquí00002, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18
Villa de Leyva00001 a 20
Santana00001 a 16
Samacá00001 a 28

 

Petición que fue genérica e imprecisa pues solamente se planteó:

“De estos mismos municipios y mesas, solicito se me permita acceso a los E.11 y E.17 para verificar su legalidad y oportunidad.

Esta petición la hago, en razón a que por razones que desconocemos, la comisión escrutadora departamental rechazo (sic) todas las reclamaciones que se presentaron durante los escrutinios departamentales, por variados motivos, al tiempo que se negó la concesión de recursos de reposición o apelación contra tales decisiones, e igualmente durante esa fase no fue posible acceder a los formularios E.17 de las mesas instaladas en esas localidades, para su verificación, con lo cual se cerceno (sic) el derecho al debido proceso y a la defensa”(84).

De esas solicitudes se tiene que lo pedido ante las autoridades electorales fue verdaderamente impreciso, que no hubo una determinación cuantitativa ni cualitativa de supuestas falsedades, y que el apoderado del candidato se conformó con denunciar que “la comisión escrutadora departamental rechazó todas las reclamaciones que se presentaron durante los escrutinios departamentales”, frente a un número considerable de mesas de votación y municipios, pero sin indicar el tipo de irregularidad que se suscitó y sus elementos característicos.

Ahora, si las anomalías giraron en torno a causales de reclamación, como así lo afirma en sus peticiones el apoderado del candidato Marco Tulio Leguizamón Roa, el requisito de procedibilidad adoptado con el Acto Legislativo 01 de 2009 no podía invocarse con tal fin, puesto que su objeto son las “irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio”, constitutivas de causales de nulidad, mas no esas causales de reclamación, que siguen rigiéndose por las normas del Código Electoral.

Pues bien, la indeterminación de las peticiones se trasladó a la demanda, donde si bien lo único coincidente entre las mismas son los municipios y las mesas, no se detalla en lo más mínimo irregularidad alguna, al punto que luego de solicitarse la nulidad del acto acusado, se pide “… efectuar la revisión de [esas] mesas de votación… con la verificación física de los votos…”, con el propósito de que se cotejen los documentos electorales y se determine “… que exista armonía entre los votos realmente depositados en cada una de esas mesas, y los datos registrados en las actas de escrutinio…”. En pocas palabras, el actor aspira a que sea la Sala quien se dé a la tarea de ubicar las irregularidades que puedan existir en los documentos electorales, y luego efectúe las correcciones del caso, lo cual no se acepta porque en este proceso no son válidas las revisiones oficiosas de documentos electorales, en búsqueda de anomalías que debió la parte interesada determinar antes de la declaratoria de elección, para ponerlas en conocimiento de las autoridades electorales, y luego sí poder acudir a la jurisdicción.

Por otro lado, el fracaso de los cargos tercero, cuarto y quinto, referidos a elementos falsos o apócrifos, violación de derechos políticos y violación del régimen electoral, es consecuencia lógica de la improsperidad de los cargos anteriores, debido a que ante la ausencia de un sólo caso de falsedad cabalmente precisado, no puede afirmarse que al actor le violaron sus derechos políticos o que el régimen electoral fue transgredido, ya que por la argumentación en ellos esgrimida, lo mínimo que se necesitaba para su éxito era que fueron ciertos los señalamientos de apocrificidad o falsedad, que como se vio no pasaron de ser conjeturas e imputaciones cuya determinación se esperaba lograr con el estudio oficioso de documentos electorales para parte de la Sala. Así, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

7. Conclusiones.

De lo discurrido en precedencia se tiene que se declarará infundada la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, propuesta en el Proceso Electoral Nº 2010-00045, dentro del cual se acogerán igualmente las excepciones de Inepta demanda por falta de integración del petitum y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el Acto Legislativo 01 de 2009, en los precisos términos que se indicaron en la parte motiva de esta providencia.

Las excepciones propuestas dentro del Proceso Electoral Nº 2010-00046, se tendrán por infundadas. Y, en lo atinente a las pretensiones de los procesos acumulados, se negarán, ya que en la demanda 2010-00045 las irregularidades probadas carecen de la incidencia necesaria para cambiar el resultado electoral; y porque en la demanda 2010-00046 faltó determinación en los cargos presentados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar Infundada la excepción de Inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, propuesta dentro del Proceso Electoral Nº 2010-00045 seguido por Sandra Liliana Ortiz Nova.

2. Declarar probada la excepción de inepta demanda por falta de integración del petitum, propuesta dentro del Proceso Electoral Nº 2010-00045, únicamente respecto de la mesa 01 zona 99 puesto 09 de Coper.

3. Declarar probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el Acto Legislativo 01 de 2009, propuesta dentro del Proceso Electoral Nº 2010-00045, únicamente en cuanto a las siguientes mesas de votación: Chiquinquirá zona 02 puesto 02 mesa 02, Guateque zona 00 puesto 00 mesa 11, Puerto Boyacá zona 02 puesto 01 mesa 11 y zona 02 puesto 02 mesa 12, Sogamoso zona 02 puesto 05 mesa 12, y Turmequé zona 00 puesto 00 mesa 09; así como frente a los reparos que en el tercer cargo de la demanda se hacen frente a la votación del movimiento Apertura Liberal y del Partido Conservador Colombiano, al igual que de suplantaciones no individualizadas.

4. Declarar infundadas las excepciones propuestas dentro del Proceso Electoral Nº 2010-00046.

5. Denegar las pretensiones de las demandas de nulidad electoral Nos. 110010328000201000045-01 y 110010328000201000046-01, interpuestas en su orden por los ciudadanos Sandra Liliana Ortiz Nova y Marco Tulio Leguizamón Roa, contra la elección de Representantes a la Cámara por el departamento de Boyacá, periodo constitucional 2010-2014.

6. Reconocer al doctor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra como apoderado judicial de la Representante Dra. Sandra Liliana Ortiz Nova, en los términos y para los fines del memorial poder conferido.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(11) Exp. 2010-00046. C. 1 folios 276 a 281.

(12) Esta norma preceptúa:

“ART. 254.—Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

(13) Expediente 2010-00045 folio 589. El planteamiento lo apoya en el fallo proferido por esta Sección el 24 de junio de 2010 (Exp. 2009-00051).

(14) Expediente 2010-00045 folio 408.

(15) Expediente 2010-00045 folios 411 a 467.

(16) Ibídem folio 414.

(17) Ibídem folio 419.

(18) Ibídem folio 426.

(19) Ibídem folio 428.

(20) Ibídem folio 464.

(21) Ibídem folio 430.

(22) Ibídem folios 438 y 439.

(23) Ibídem folios 442 y 443.

(24) Ibídem folio 447.

(25) Ibídem folios 447 a 449.

(26) Ibídem folio 449.

(27) Ibídem folio 449.

(28) Ibídem folios 449 y 450.

(29) Ibídem folios 450 y 451.

(30) Se refiere a los cedulados 33676542 y 6768861.

(31) Ibídem folio 451.

(32) Ibídem folios 451 y 452.

(33) Ibídem folio 452.

(34) Se refiere a los cedulados 52504113 y 23275085.

(35) Ibídem folio 453.

(36) Ibídem folios 453 y 454.

(37) Ibídem folio 454.

(38) Ibídem folio 455.

(39) Ibídem folio 455.

(40) Ibídem folio 456.

(41) Ibídem folio 457.

(42) Ibídem folio 457.

(43) Ibídem folio 457.

(44) Ibídem folio 458.

(45) Ibídem folio 458.

(46) Ibídem folios 458 y 459.

(47) Ibídem folios 468 y 475.

(48) Ibídem folios 476 a 479.

(49) Ibídem folio 480.

(50) Ibídem folios 483 a 494.

(51) Ibídem folio 492.

(52) Ibídem folios 495 a 546.

(53) Ibídem folio 519.

(54) Ibídem folios 547 a 551.

(55) Ibídem folios 571 a 573.

(56) Expediente 2010-00046 folio 296.

(57) Precisa en el escrito frente a estas mesas “errores aritméticos, no coincide E-11 con E-14”.

(58) Expediente 2010-00046 folios 297 y 298.

(59) Anexo 1 folios 224 a 231.

(60) Ibídem folios 240 a 254.

(61) En el artículo 6º de la parte resolutiva de la Resolución 1366 de junio 26 de 2010, se dispuso: “Contra la presente resolución procede el recurso de reposición que deberá interponerse y sustentarse en la misma audiencia” (negrillas de la Sala). Nótese que el recurso de reposición se interpuso extemporáneamente, en junio 30 de 2010.

(62) Anexo 1 folios 264 a 275.

(63) Ibídem folios 255 y 256.

(64) Al efecto pueden consultarse, entre muchas más, las siguientes sentencias de la Sección: 1. Abril 29 de 2010, Expediente 2007-00239; 2. Febrero 23 de 2007, expedientes 3972 y 4025; 3. Abril 19 de 2007, expedientes 3976 y 3977; 4. Mayo 4 de 2007, Expediente 4013; 5. Diciembre 14 de 2001, Expediente 2765; 6. Diciembre 7 de 2001, Expediente 2001-01441; 7. Septiembre 19 de 2008, expedientes 4027 y 4028; 8. Marzo 27 de 2009, Expediente 2007-00523; 9. Agosto 4 de 2009, Expediente 2008-00007, y 10. Julio 9 de 2009 Expediente 2007-00132.

(65) Así lo reiteró esta Sección en reciente pronunciamiento, que dijo:

“En el asunto en estudio, examinadas las pretensiones de las demandas presentadas por los señores Ibo Ardila Pico y Julio César Guerra Tulena, constata la Sala que en ninguna de ellas se solicitó que se declarara la nulidad de las referidas resoluciones.

Huelga decir que con la demanda se fija el marco jurídico del litigio a resolver determinante de la actividad que incumbe a las partes y la consiguiente función falladora del juez; en consecuencia, en virtud del principio de justicia rogada, cuando no se acusa la nulidad de determinados actos administrativos, como ocurre en este caso con las resoluciones 01, 02, 04, 010, 012, 013, 016, 019, 020, 021, 022, 025, 026, 028, 029, 030, 032, 033, 035, 036, 038, 044, 046, 047, 050, 052, 055 y 066 de 7 de noviembre de 2007, no le es dable al juez alejarse del tenor de la demanda, ni suplir las eventuales omisiones de los actores porque estaría obrando de oficio o extra petita.

En conclusión, no es procedente realizar pronunciamiento judicial respecto de la legalidad de las resoluciones que rechazaron las reclamaciones porque estos actos administrativos no fueron demandados; y en consecuencia, respecto de ellos no procede control vía jurisdiccional” (fallo de ago. 26/2010. Exp. 2007-00245. Actor: Ibo Ardila Pico y otro. Demandado: gobernador de Sucre).

(66) Fue corregido con el artículo 1º del Decreto 3259 de 2009.

(67) Esta disposición consagra el carácter directo del proceso electoral al señalar que “Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra los actos de las corporaciones electorales para que se anulen,…” (negrillas de la Sala).

(68) El propósito de dicho cuadro es mostrar, en forma secuencial, lo acontecido con relación a cada una de las mesas invocadas en la demanda, desde que se formularon las peticiones por la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova, hasta que se llegó a una decisión definitiva sobre sus denuncias. Con tal fin, se emplean las siguientes columnas: “Municipios” relativa a las entidades territoriales donde ocurrió la irregularidad. “Demanda” que contiene las mesas específicas donde según la actora se materializó la falsedad, para lo cual se identifican por ejemplo como “00-00-12” en representación de la zona, el puesto y la mesa respectivamente. “Solicitudes Sandra Ortiz”, dividida a su vez en dos columnas que corresponden a las peticiones probadas en el plenario respecto a los mismos señalamientos efectuados en su demanda; aunque también existe la columna “Solicitudes Marco T. Leguizamón” la misma no se diligencia por ahora ya que se está estudiando el otro proceso acumulado. Enseguida aparece una columna para cada una de las resoluciones y actuaciones que se probaron respecto a las irregularidades denunciadas. Y por último, las “X” se emplean para identificar frente a qué mesa hubo solicitudes, actuaciones o decisiones administrativas por parte de las autoridades electorales.

(69) Expediente 2010-00045 C. 1 folio 544.

(70) Ib. folio 521.

(71) Como este cuadro contiene la misma estructura del cuadro inmediatamente anterior, la Sala se remite a la explicación que a pie de página se dio sobre el mismo. Sin embargo, se aclara que en esta oportunidad la ausencia de las “X” frente a las mesas de votación permitirá establecer si hubo solicitudes o actuaciones administrativas por parte de las autoridades electorales en torno a lo denunciado en la demanda. Por tanto, en aquellos eventos en que no se registre ninguna “X” frente a las mesas de votación, tanto en solicitudes como en actuaciones administrativas, será porque se omitió poner en conocimiento de las autoridades electorales las irregularidades, esto es porque no se agotó el requisito de procedibilidad.

(72) Sobre esta especie de fraude electoral puede consultarse, entre otras, la sentencia proferida por esta Sección el 27 de febrero de 2003, dentro del proceso electoral radicado bajo el Nº 2495-2487, en la que se sostuvo:

“[m]odalidad de fraude electoral por la actividad desplegada por quienes tienen acceso a las urnas para introducir en ellas votos no depositados por sufragantes y colocar a la vez nombres y apellidos de votantes ficticios, o trazos ilegibles, o cualquier otra expresión o señal distinta al nombre del ciudadano titular de la cédula que figura frente a la casilla dispuesta para ello en el Formulario E-11, lista y registro de votantes; se trata de un proceso de suplantación de electores ausentes, generalmente realizada por miembros del jurado de votación, que configura la causal de nulidad por falsedad de las actas de escrutinio, porque en estas se contabilizan votos ilegalmente depositados para obtener un resultado electoral distinto al que corresponde a la voluntad legítima del electorado. La irregularidad de tales votos se sustenta en la alteración de la realidad procesal mediante la adición de factores cuantitativos y cualitativos ficticios por parte de los jurados, en abierta violación del artículo 114 del Código Electoral”.

(73) Se refiere al formulario dirigido a delegados del registrador.

(74) Además, así lo ha determinado la jurisprudencia de la Sección, que para casos de diferencias entre formularios E-14 y E-24 ha precisado:

“Conviene precisar que los eventuales vicios de falsedad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de las comisiones escrutadoras zonales o municipales, tienen ocurrencia cuando existe disconformidad entre los datos consignados en el Formulario E-14 y los datos registrados en el Formulario E-24, es decir, cuando se presentan modificaciones en este último, sin que medie causa legal para ello, v. gr., recuento de votos. Así, la exigencia de la debida determinación del cargo bajo esta modalidad se cumple mediante la indicación de los siguientes requisitos: i) zona, puesto y mesa donde se ubican los formularios que se cuestionan, ii) la existencia de diferencias o incongruencias entre los datos consignados en el Formulario E-14 y los datos registrados por la respectiva comisión escrutadora en el E-24, con precisión del partido o del candidato respecto del cual se advierte esa discrepancia y, iii) que al ser distinto el dato consignado, no exista explicación o justificación para ello”. Fallo de julio 6 de 2009. Procesos electorales acumulados Nos. 4056, 4084, 4086, 4087, 4089, 4090, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107. Demandantes: Ernesto Urbano Varón y otros.

(75) La siguiente tabla tiene como finalidad evidenciar la votación que en cada formulario se consignó con relación a los candidatos 102 y 103 del Partido de la U, en las mesas de votación que sí deben examinarse, al igual que las actuaciones desplegadas por las distintas autoridades electorales para corregir las anomalías denunciadas y detectadas; por ello, se destina una columna para lo actuado por la comisión escrutadora municipal, la comisión escrutadora departamental, la Magistrada del Consejo Nacional Electoral y la Sala Plena de esa entidad.

(76) Recuérdese que en el acta de escrutinio municipal se dejó constancia que “Para el candidato 103 no son 10 sino 9”. Razón por la cual lo que no se justificó fue el hecho de no haberle reconocido en el E-24 los 9 votos.

(77) Esta disposición, que fue modificada por el CNE con la Resolución 1480 de julio 3 de 2010, dice en lo pertinente:

“ART. NOVENO.—De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la Constitución, en cualquier momento de los escrutinios podrán presentarse solicitudes por irregularidades en el proceso de votación y escrutinio, siempre que no se haya procedido a la declaración de elección. (…)” (negrillas de la Sala).

(78) Lo transcrito corresponde a los literales c), d) y e) del capítulo de pretensiones.

(79) C.E. Sentencia del 28-07-02, Expediente 3602.

(80) Fallo de agosto 27 de 2009. Expediente: 440012331000200700246-01. Actor: María de los Remedios García Arpushana y otra. Demandado: alcalde municipal de Uribia.

(81) Fallo de mayo 6 de 2010. Expediente: 050012331000200703351-01. Actor: Darío de Jesús Preciado Zapata y otro. Demandado: alcalde municipal de Bello.

(82) Expediente 2010-00046 folio 296.

(83) Precisa en el escrito frente a estas mesas “errores aritméticos, no coincide E-11 con E-14”.

(84) Expediente 2010-00046 folios 297 y 298.