Sentencia 2010-00047 de mayo 31 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad. 63001-23-31-000-2010-00047 01(2410-11)

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Actor: Gloria Teresa Martínez Valencia

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico se contrae a determinar si la actora tiene derecho a que Cajanal le reconozca, liquide y pague una pensión gracia, en aplicación del régimen especial consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

Con el objeto de resolver el problema expuesto, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

— De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía, la señora Gloria Teresa Martínez Valencia nació el 20 de febrero de 1957 (fls. 9 y 39).

— La coordinadora de servicios administrativos de la secretaría departamental de la gobernación del Quindío, certificó (fl. 46):

“Que Gloria Teresa Martínez Valencia, con cédula de ciudadanía 24.488.696, prestó sus servicios al departamento del Quindío como docente, de la siguiente manera:

— Según Decreto 312 del 28 de mayo 1980, a partir del 19 de mayo de 1980, nómbrase a la licenciada en tecnología educativa profesora del departamento, ubicada en el bachillerato rural Marco Fidel Suárez del municipio de Montenegro, mientras dura la licencia concedida a la señora María Hortensia Arango de Álvarez, con 7 horas semanales, y hasta el 30 de mayo de 1980.

— Según Decreto 415 del 29 de julio de 1980, a partir del 17 de julio de 1980, nómbrase a la licenciada en tecnología educativa profesora del departamento, ubicada en el bachillerato comercial Antonio Nariño del municipio de Calarcá, mientras dura la licencia concedida a Norma Inés Albán Ramírez, con 7 horas semanales y hasta el 5 de septiembre de 1980 (sic) y hasta el 15 de agosto de 1980.

— Según Decreto 480 del 22 de agosto de 1980, a partir del 20 de agosto de 1980, nómbrase a la licenciada en tecnología educativa profesora del departamento, ubicada en el bachillerato comercial Antonio Nariño del Municipio de Calarcá, mientras dura la licencia concedida a Norma Inés Albán Ramírez, con 7 horas semanales y hasta el 5 de septiembre de 1980”.

— El 14 de enero de 1994, el director del centro auxiliar de servicios docentes, CASD, de Armenia hizo constar (fl. 14):

“Que la licenciada Gloria Teresa Martínez Valencia, identificada con cédula de ciudadanía 24.488.696 de Armenia (Q), laboró como técnico operativo con funciones docentes en ayudas audiovisuales, en el centro auxiliar de servicios docentes, CASD, de Armenia, desde el 27 de agosto de 1980, hasta el 8 de septiembre de 1992”.

— El 15 de mayo de 2007, la secretaría de educación del municipio de Armenia, hizo constar que la accionante “presta sus servicios en el nivel básica primaria, vinculación: en propiedad, como nacional en forma continua”. Igualmente, se relaciona la siguiente historia laboral (fls. 10 a 11):

NovedadActo númeroFec. PosFec. Hasta
CASD Quindío - Hermógenes Maza - Armenia
Posesión por nombramiento
Técnico operativo - en propiedad

Res. 13958

27 ago. 1980

9 sep. 1992
ESC RUR Corinto - Armenia
Posesión por nombramiento
Maestro (A) - en propiedad

D. 230

10 sep. 1992

29 mar. 1994
Francisco Miranda - Armenia
Traslado
Maestro (A) - en propiedad

D. 115

30 mar. 1994

22 mar. 2000
Centro Docente Ciudad Milagro - Armenia
Traslado
Director - en propiedad

R. 0164

23 mar. 2000

26 jun. 2001
Centro Docente La Florida - Armenia
Traslado
Maestro (A) - en propiedad

R. 359

27 jun. 2001

11 jul. 2002
Centro Docente Ciudad Milagro - Armenia
Terminación asignación de funciones
Maestro (A) - en propiedad

R. 358

27 jun. 2001

11 jul. 2002
Colegio Santa Teresa de Jesús - Armenia
Traslado
Docente - en propiedad

R. 0312

12 jul. 2002

— El 4 de marzo de 2008, mediante la Resolución 9459, el gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE le negó a la actora el reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada argumentando que “no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, es decir 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital” (fls. 24 a 30).

— El 11 de noviembre de 2008, a través de la Resolución 55483, el gerente general de la entidad accionada desató el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó (fls. 87 a 91).

De conformidad con el anterior acervo probatorio, procede la Sala a analizar la naturaleza de la pensión gracia y el marco jurídico que le dio origen y desarrollo, para así determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento de esta prestación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

(i) Aspectos generales de la pensión gracia.

La Ley 114 de 1913 consagró en favor de los maestros de escuelas primarias oficiales el derecho a devengar una pensión vitalicia de jubilación, previo cumplimiento de los requisitos de edad, tiempo de servicios y calidades personales previstos en la misma. Entre los aspectos regulados por esta disposición se encuentran los relativos a la prestación del servicio por un término no menor de 20 años, las condiciones especiales en materia pensional sobre la cuantía y la posibilidad de acumular servicios prestados en diversas épocas.

Este beneficio tuvo como fundamento para su consagración las precarias circunstancias salariales en las que se encontraban los profesores de las referidas instituciones educativas, por cuanto sus salarios y prestaciones sociales estaban a cargo de entidades territoriales que no disponían de los recursos suficientes para sufragar la deuda laboral adquirida.

Es decir, que la pensión gracia se constituyó en un beneficio a cargo de la Nación encaminado a aminorar la desigualdad existente entre sus destinatarios, cuya remuneración tenía un bajo poder adquisitivo, y los educadores con nombramiento del Ministerio de Educación Nacional, que devengaban salarios superiores.

Posteriormente se expidió la Ley 116 de 1928, que en su artículo 6º estableció lo siguiente:

“Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección”.

Por su parte la Ley 37 de 1933, en su artículo 3º, inciso segundo, dispuso:

“Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.

Por último, el literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 preceptúa:

“Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación”.

De los antecedentes normativos precitados se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuelas primarias oficiales, como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como empleados y profesores de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, siempre que la vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional.

(ii) Del caso concreto

La señora Gloria Teresa Martínez Valencia solicita el reconocimiento de la pensión gracia por considerar que acredita 20 años de servicio en la docencia oficial del orden territorial, tiene más de 50 años de edad y cumple con las demás exigencias previstas por la Ley 114 de 1913. A su vez, la interesada manifiesta que ostentó la condición de docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

En orden a desatar la controversia es preciso indicar que la pensión gracia tuvo como finalidad compensar a los docentes que vieron disminuidos sus derechos laborales por haber estado vinculados a entidades territoriales que no tenían los recursos suficientes para pagar sus salarios y prestaciones sociales, por lo tanto la vinculación nacional se contrapone al fin para el cual fue prevista la pensión gracia, pues los docentes nacionales no veían tal detrimento en sus derechos laborales.

Al respecto, es oportuno citar la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, con ponencia del magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, mediante la cual se hizo referencia a la importancia de que el docente haya prestado sus servicios en entidades del orden territorial y en virtud de nombramientos de autoridades del mismo orden, así(2):

“El numeral 3º del artículo 4º Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional...” (en este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la L. 114/13).

(...).

Debe advertir la Sala que dado el carácter excepcional con que fue instituida la pensión gracia, para su reconocimiento y pago es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos, como que el interesado haya prestado los servicios en planteles departamentales o municipales.

(...)”.

De conformidad con la normatividad que dio origen a la pensión gracia, y la interpretación jurisprudencial efectuada en la materia, es válido concluir que esta prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital o municipal, sin que sea posible acumular tiempos del orden Nacional.

Ahora bien, el literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que “Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Es decir, que esta norma impuso un límite en el tiempo para efectos de acceder al beneficio pensional en referencia, en el sentido que el docente debía estar vinculado al 31 de diciembre de 1980, pues la misma se orientó a derogar la vigencia de la aludida prestación especial.

La tesis anteriormente expuesta fue esbozada por la Sala Plena en la citada sentencia, así:

“3. El artículo 15 Nº 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

‘Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación’.

4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad ‘con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación’, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto esta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera ‘... otra pensión o recompensa de carácter nacional’.

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el de colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la ‘pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año’, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, num. 2, art. 15 ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de estar vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 ‘tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (...) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos’. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley”.

En este orden de ideas, el literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la Ley 43 de 1975 de la educación primaria como de la secundaria. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “... con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto esta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “... otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

En virtud de lo anterior, aquellos docentes vinculados con posterioridad a 31 de diciembre de 1980, por disposición de la normativa en referencia, tienen derecho únicamente a recibir una pensión ordinaria de jubilación.

Por su parte, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-084 de 1999, indicó que el referido límite se encontraba ajustado al ordenamiento constitucional vigente y no vulneraba el derecho a la igualdad, por las siguientes razones:

“(...).

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, solo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún ‘derecho adquirido’, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una ‘mera expectativa’ la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación”.

Descendiendo al caso concreto, en consonancia con el acervo probatorio allegado al expediente, se observa que para efectos de demostrar el cumplimiento relacionado con la vinculación docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, la demandante aduce los siguientes periodos:

a) Del 19 de mayo de 1980 al 30 de mayo de 1980: Nombrada mediante Decreto 312 de 28 de mayo de 1980, expedido por el gobernador del departamento del Quindío, como profesora de dicho ente territorial, ubicada en el bachillerato Rural Marco Fidel Suárez del municipio de Montenegro.

b) Del 17 de julio de 1980 al 15 de agosto de 1980: Nombrada mediante Decreto 415 de 29 de julio de 1980, expedido por el gobernador del departamento del Quindío, como profesora de dicho ente territorial, ubicada en el bachillerato comercial Antonio Nariño del municipio de Calarcá.

c) Del 20 de agosto de 1980 al 5 de septiembre de 1980: Nombrada mediante Decreto 480 de 22 de agosto de 1980, expedido por el gobernador del departamento del Quindío, como profesora de dicho ente territorial, ubicada en el bachillerato comercial Antonio Nariño del municipio de Calarcá.

d) Del 27 de agosto de 1980 al 9 de septiembre de 1992: Nombrada mediante Resolución 13958, en el cargo de técnico operativo en el CASD Quindío.

e) Del 10 de septiembre de 1992 hasta el 15 de mayo de 2007(3): Nombrada mediante Decreto 230 de 2 de septiembre de 1992, expedido por el alcalde del municipio de Armenia, como docente de básica primaria en la escuela rural Corinto de la vereda la India y trasladada mediante sucesivos actos administrativos a diversas instituciones de dicho ente territorial.

Ahora bien, en primer término es preciso hacer referencia al servicio prestado en el CASD Quindío, pues no solo el nombramiento fue anterior al 31 de diciembre de 1980, sino que se extendió por un término superior a 12 años y, por lo tanto, repercute notablemente al momento de computar el tiempo de servicios requeridos para acceder a la pensión gracia reclamada.

Al respecto, se observa que existe contradicción probatoria en torno a la naturaleza docente del cargo desempeñado en el referido centro auxiliar de servicios docentes, pues la denominación del mismo corresponde a un cargo administrativo, pero la entidad certifica que la actora se desempeñó como docente, situación que deviene en una deficiencia probatoria imputable a la demandante, tal como lo advirtió el Ministerio Público en el concepto emitido ante esta instancia.

Sin embargo, no solo la anterior situación conlleva a desestimar los tiempos laborados en el CASD Quindío, sino que de acuerdo con las certificaciones aportadas al proceso, en consonancia con la normatividad que le dio origen a dichos centros, se concluye que la demandante tenía una vinculación del orden Nacional y, por lo tanto, la misma tampoco podría tenerse en cuenta para el reconocimiento del beneficio pensional en referencia, por las razones ampliamente expuestas.

En efecto, la Secretaría de Educación del municipio de Armenia, hizo constar que la accionante “presta sus servicios en el nivel básica primaria, vinculación: en propiedad, como nacional en forma continua”, relacionando, igualmente, el tiempo laborado en el CASD (fls. 10 a 11).

A su turno, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 327 de 1979, creó los centros auxiliares de servicios docentes CASD, norma de la cual se destacan los siguientes apartes:

“(...).

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1962 del 20 de noviembre de 1969 estableció la enseñanza media diversificada en el país;

Que mediante el Decreto Extraordinario 88 de enero 26 de 1976, se ordenó la diversificación de la educación en el nivel de educación media vocacional e intermedia profesional;

Que es conveniente, por razones técnicas, administrativas y económicas establecer centros y mecanismos que permitan la integración de los distintos recursos educativos y su óptima utilización para la extensión de la educación media diversificada;

Que el Gobierno Nacional construyó y dotó lasdes [sic] para el funcionamiento de los centros auxiliares de servicios docentes en diversas ciudades del país,

DECRETA:

ART. 1º—Establécense en el país como unidades administrativas especiales dependientes del Ministerio de Educación Nacional los centros auxiliares de servicios docentes, CASD, con el propósito de ofrecer servicios educativos en el ciclo de educación media vocacional, a los planteles que adopten el currículo de educación media diversificada.

ART. 2º—A partir de 1979 funcionarán centros auxiliares de servicios docentes, CASD, en las ciudades Florencia, Sabanalarga, Villavicencio, Medellín, Cúcuta, Manizales, Barrancabermeja y Armenia.

ART. 3º—Los centros auxiliares de servicios docentes, CASD, prestarán los servicios que a continuación se determinan:

a) Formación regular, mediante la preparación sistemática y gradual que se ofrezca a los alumnos de los colegios adscritos como parte de la acción educativa desarrollada conjuntamente por los colegios y el centro. Esta función se cumple a través de los programas de enseñanza académica vocacional de tipo práctico;

b) Asesoría y asistencia técnicopedagógica a los planteles adscritos y a los demás establecimientos que las soliciten;

c) Coordinación de las actividades docentes que realiza el centro y os [sic] que desarrollen los planteles adscritos;

d) Capacitación y perfeccionamiento mediante programas educativos especiales para adultos, y de actualización científica y tecnológica para alumnos egresados del centro.

(...).

ART. 8º—En el presupuesto ordinario del Ministerio de Educación Nacional se asignarán las partidas correspondientes para el funcionamiento de tales centros.

(...)”.

A su turno, el Decreto 546 de 1979, “por el cual se crea la planta de personal de carácter administrativo para los centros auxiliares de servicios docentes, CASD”, dispuso:

“(...).

CONSIDERANDO

(...).

Que el funcionamiento de este programa requiere la creación de cargos administrativos, indispensables para el logro de los objetivos de los centros auxiliares de servicios docentes, CASD.

Que es necesario establecer la planta de personal de carácter administrativo, con el fin de que estos establecimientos puedan desarrollar los programas que les han sido asignados.

DECRETA:

ART. 1º—Créase la planta de personal de carácter administrativo para los centros auxiliares de servicios docentes, CASD, establecidos por el Decreto 327 de 1979, con los siguientes cargos:

Nº de cargosDenominaciónCódigoGrado salarialSueldo básico
(...)   
5Técnico operativo..............40800911.500
9Técnico operativo..............4080079.800
(...)

ART. 2º—El Ministro de Educación Nacional procederá conforme a las disposiciones legales vigentes, a designar el personal que deba ocupar los cargos que se crean por el presente decreto.

(...)”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas se observa que los CASD, así como el personal vinculado a estos, se encontraban adscritos al Ministerio de Educación Nacional. Entre tanto, el Decreto 546 de 1979 reitera que el cargo desempeñado por la demandante tenía el carácter de administrativo.

Para abundar en razonamientos, es preciso referenciar la siguiente información consignada en la página web del CASD Quindío(4), pues resulta concordante con los decretos anteriormente citados. Así, en torno a su historia, se indica:

“Antecedentes históricos del CASD

El programa CASD, fue creado por el gobierno nacional mediante el Decreto 327 del 19 de febrero de 1979. Como una estrategia de racionalización del recurso humano y físico al servicio de la educación media. CASD significaba centro auxiliares de servicios docentes, fueron creados 23 de estos centros en las principales ciudades del país y atendían en cada uno a una red de colegios que se les adscribían para que sus estudiantes cursaran los componentes vocacionales de su educación media dedicando para ello dos días de su escolaridad semanal.

El CASD del Quindío inició su actividad con estudiantes a partir del año 1981 ofreciendo servicios educativos apoyado en las áreas de industria, salud y nutrición, comercio y ciencias naturales de acuerdo con la Resolución 496 del 27 de noviembre de 1998 mediante la cual se regulaba para la época la educación media vocacional.

(...).

Durante su primera década de funcionamiento, los CASD dependían o eran administrados por un equipo técnico existente en el Ministerio de Educación Nacional el cual trazaba políticas, orientaba los currículos, intermediaba la capacitación y La vinculación de docentes y administrativos desde el MEN.

Con la expedición de la ley 60 de 1993 o ley de competencias y recursos, se inicia el proceso de descentralización para organismos como el CASD que dependían en su toma de decisiones del gobierno nacional, para que sean administradas por los entes territoriales; esta ley ordena la incorporación de los CASD a las estructuras departamentales hecho que se concreta para el Quindío mediante la Ordenanza 29 de diciembre 7 de 1995 en la cual se incorpora el CASD como institución educativa de carácter especial.

(...)”.

En un caso con contornos similares al presente, se concluyó que el tiempo laborado en el CASD no podía tenerse en cuenta para efectos de la pensión gracia, argumentando lo siguiente(5):

“Da cuenta el plenario que la demandante cumplió 50 años de edad el 12 de noviembre de 1997 (fl. 71) y conforme a la certificación que obra a folio 73, prestó sus servicios a la docencia departamental, durante un lapso aproximado de 9 años; el tiempo restante fue laborado para el centro auxiliar de servicios docentes CASD, entidad creada y administrada por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 1º de abril de 1996, fecha a partir de la cual el departamento de Antioquia asumió en forma directa la administración del personal docente y administrativo a su servicio, como da cuenta la certificación que aparece a folio 34.

Significa lo anterior, que la actora no cumple los requisitos para tener derecho a la pensión gracia, pues como ya se dijo los 20 años de servicio exigidos en las normas que gobiernan la pensión gracia, deben ser prestados en planteles del orden territorial o nacionalizados por virtud de la Ley 43 de 1975, cuestión que no aconteció en el sub lite, pues el citado centro docente tuvo el carácter de establecimiento del orden nacional hasta el año de 1996 y, por ende, los servicios prestado al mismo, con anterioridad a tal fecha, se consideran tiempos nacionales”.

En este orden de ideas, el tiempo laborado por la actora en el centro auxiliar de servicios docentes, CASD del Quindío, no puede computarse como años de servicio para acceder a la pensión gracia porque, en principio, se desempeñó en un cargo administrativo y, además, ostentó una vinculación del orden nacional, situación que no solo se contrapone a la finalidad de esta prestación especial sino a la normatividad que la creó y desarrolló, tal como se explicó anteriormente.

Por su parte, los demás tiempos aducidos por la demandante corresponden a los siguientes periodos, a saber: a) antes del 31 de diciembre de 1980: 1 mes y 27 días(6); y, b) después del 31 de diciembre de 1980: 14 años, 8 mes y 6 días(7), los cuales no resultan suficientes para reconocer dicho beneficio pensional, toda vez que no son iguales o superiores a los 20 años que exige la ley para el efecto, teniendo en cuenta que en el expediente no obra certificación alguna que acredite tiempos posteriores.

Así las cosas, el proveído impugnado, que negó las súplicas de la demanda, merece ser confirmado.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 25 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró “no probadas las excepciones de inepta demanda y prescripción propuestas por la accionada”; y, negó las súplicas de la demanda incoada por Gloria Teresa Martínez Valencia contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE.

Reconócese personería a la abogada Constanza Elena Aparicio Escamilla, identificada con cédula de ciudadanía 51.694.950 y tarjeta profesional Nº 85.112 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la entidad demandada, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder efectuada por el abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, visible a folio 269 del expediente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(2) Sentencia de 29 de agosto de 1997, Expediente S-699, actor: Wilberto Therán Mogollón.

(3) Se toma esta fecha, por cuanto corresponde a la última certificación de servicios obrante en el expediente (fls. 10 a 11).

(4) http://www.casdquindio.edu.co/?mod=p&id=35

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, sentencia de 19 de septiembre de 2002, Radicación 05001233100020000134 01 (4404/01), actora: Edilma de Jesús Barrera Cataño.

(6) Este periodo corresponde a las licencias que cubrió la demandante en el departamento del Quindío, de conformidad con los decretos 312 de 28 de mayo de 1980, 415 de 29 de julio de 1980 y 480 de 22 de agosto de 1980, expedidos por el gobernador de dicho ente territorial (fl. 46).

(7) Este tiempo concierne al periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 1992 al 5 de mayo de 2007, por cuanto corresponde a la última certificación de servicios obrante en el expediente (fls. 10 a 11).