Sentencia 2010-00048/42562 de noviembre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 73001-23-31-000-2010-00048-01 (42.562)

Actores: C. A. L. G. y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otro

Ref.: Acción de reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

«EXTRACTOS: IV. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(15), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Caducidad de la acción.

En concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(16), en los eventos de privación injusta de la libertad el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o queda ejecutoriada la providencia absolutoria —lo último que ocurra—.

En el asunto sub examine, se encuentra acreditado que, el 24 de diciembre de 2007, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) profirió sentencia penal absolutoria en favor del señor C. A. L. G. decisión que fue recurrida en apelación por la Fiscalía General de la Nación. El recurso de apelación se declaró desierto —7 de febrero de 2008—, pues el recurrente no lo sustentó dentro del término concedido.

Pues bien, por la remisión que hace la Ley 600 de 2000(17) —con la cual se tramitó el proceso penal— a las normas del Código de Procedimiento Civil, se tiene que “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva” (CPC, art. 331).

Conforme a la anterior, la Sala tomará como fecha de ejecutoria de la sentencia del 24 de diciembre de 2007, que absolvió de responsabilidad penal al señor L. G., la fecha en que quedó ejecutoriada la providencia que declaró desierto el recurso de apelación que contra ella se interpuso, esto es, el 4 de marzo de 2008.

Así las cosas, la acción de reparación directa debía ejercerse, en los términos del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, hasta el 5 de marzo de 2010. Como la demanda se presentó el 3 de febrero de ese mismo año, resulta claro que ello ocurrió dentro de la oportunidad legal prevista para tal fin.

3. El régimen de responsabilidad aplicable al asunto que se somete a decisión judicial.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que, como la privación de la libertad del señor C. A. L. G. se produjo, según la demanda, hasta el 27 de diciembre de 2007, ello ocurrió en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 65 establece:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(18), se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

En sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siembre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996(19) (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el, mismo, pues, en virtud del principio iuranovitcuria, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión(20).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(21).

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociado(22). Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención(23).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa(24). Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención(25).

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos(26): el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente, de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo(27).

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el derogado artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado, de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor H. le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”(28).

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del citado artículo 414 del anterior Código de Procedimiento Penal o —en la opinión mayoritaria de la Sala— a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Precisado todo lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de conformidad con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los actores, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor C. A. L. G.

4. El caso concreto y valoración probatoria.

La parte actora solicitó la declaratoria de responsabilidad del Estado, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor C. A. L. G., quien fue vinculado a una investigación penal como coautor de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privado de las Fuerzas Militares, investigación en la cual la Fiscalía General de la Nación le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva y le profirió resolución de acusación. Ese proceso concluyó con sentencia absolutoria en favor del procesado.

El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que la actuación de la Fiscalía no fue arbitraria o caprichosa, si se tiene en cuenta que en contra del procesado existían los indicios graves de responsabilidad necesarios para adoptar medidas restrictivas de la libertad.

La parte actora apeló la decisión del a quo, para lo cual sostuvo que desde la instrucción se supo que la sindicación del señor L. G. estaba soportaba en meras conjeturas o especulaciones del ente instructor, razón para que el juez penal lo absolviera de responsabilidad penal, dada la ausencia de pruebas en su contra, lo cual significó que aquél no cometió el delito y, por ello, surgió para el Estado la obligación de reparar el daño que la privación causó.

Pues bien, conforme al material probatorio, se tiene claro que, por la denuncia presentada ante la Seccional de Fiscalías del Guamo (Tolima), se supo que el 19 de agosto de 2005, en la vía que del Guamo conduce a Saldaña, cinco hombres armados con fusiles de largo alcance interceptaron un camión que transportaba productos de la XXX (entre ellos, galletas, aceites, pastas, jugos, chocolates y cafés, según acta de inventarios), retuvieron al conductor y, kilómetros más adelante, lo liberaron y abandonaron el automotor sin la mercancía que llevaba adentro. La cual fue avaluada en $ 21.000.000.

El 26 de agosto siguiente, fue capturado el señor C. A. L. G., en una finca cercana a Saldaña (Tolima). En su indagatoria, aseguró que desconocía el origen ilícito de la mercancía y enfatizó que; unos días antes, fue contactado por un comerciante de Ibagué, quien le manifestó que tenía un supermercado que le iban a embargar y que, para no perder la mercancía que tenía allí, le pagaría una comisión por ayudar a venderla. En la misma diligencia dijo que fue así como recibió un listado de víveres y que, cuando llegó a la finca donde supuestamente se encontraban los productos, fue capturado por miembros encubiertos de la SIJIN.

El 13 de septiembre de 2005(29), la Fiscalía Séptima Especializada de Ibagué calificó la situación jurídica del señor C. A. L. G. con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario como coautor de los delitos de “… secuestro simple, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

El 22 de marzo de 2006(30), la misma fiscalía calificó el sumario con resolución de acusación en contra del procesado y, en ,consecuencia, mantuvo la medida de aseguramiento impuesta en su contra.

El 24 de diciembre de 2007(31), el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué profirió sentencia absolutoria en favor del acusado, para lo cual sostuvo (se transcribe tal como obra en la foliatura):

“Es importante señalar que la materialidad de los delitos de secuestro simple, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares no admite ninguna duda, porque el causal probatorio recaudado y aportado al proceso da cuenta que efectivamente el 16 de agosto de 2005 se perpetró la retención ilegal del señor …, por parte de un grupo de individuos que lo abordaron y además de retenerlo en contra de su voluntad, hurtaron el camión que conducía avaluado en $ 80.000.000, la mercancía que transportaba y que era de propiedad de la empresa XXX avaluada en $ 21.000.000 y un celular por valor de $ 100.000, de propiedad del ofendido …

“… es un hecho incontrovertible que el grupo de maleantes que propiciaron la lesión al bien jurídico de la libertad individual, también vulneraron el patrimonio económico en cuanto se apoderaron del vehículo, de la mercancía y del celular, en una actitud más que reprochable …

“(…)

“Una vez demostradas la tipicidad de las conductas punibles así como su antijuridicidad, entrará el despacho a valorar los medios de convicción aportados al proceso para determinar la responsabilidad que se predica en cabeza del procesado, quien fue legalmente vinculado al proceso y se le imputa coautoría en la ejecución de los reatos.

“Luego del estudio del proceso, encuentra el despacho que si bien la prueba recaudada pudo servir de referente para que la fiscalía impusiera la medida de aseguramiento y llamara a responder en juicio al procesado … la evidencia no varió para tomarla de base para edificar en ella una sentencia condenatoria, por esa razón el fallo será absolutorio, tal como lo peticionó el fiscal y el señor defensor.

“Para comenzar es importante traer a colación la versión que dio el procesado en sus diferentes salidas procesales, en el sentido de informar que fue abordado por un sujeto que se le presentó como J., un comerciante que se encontraba en quiebra, y le propuso que si podía colaborarle a vender u ofrecer una mercancía de la que le entregó un listado, sin siquiera indicarle el lugar donde la tenía, pues, según él, tenía que llamarlo primero a un abonado celular que le entregó para el efecto. Se podría decir que es completamente ingenua la exculpación que da el vinculado en relación con los hechos, porque es en realidad extraño que hubiera aceptado ofrecer la mercancía sin que hubiera por lo menos averiguado su procedencia u origen, no obstante, esa particular manera de ver las cosas, no rebasa el campo de la especulación y la conjetura porque en realidad que no existeningún medio de prueba que apunte a señalar que L. G. hubieraparticipado en el hurto y en el secuestro, aspecto que impide pregonar suresponsabilidad en los reatos.

“Desde luego que fue C. A. L. G., la persona que entró en negociación con el agente de la policía encubierto y quien trasladó a la autoridad a la finca donde se encontraba guardada la mercancía, pero también es cierto que el procesado indicó que el día anterior a su captura conversó con el sujeto J. y éste le indicó el sitio donde debía mostrar el producto, luego se puede … inferir que actuó en cumplimiento de los parámetros fijados por el individuo que tenía la mercancía y con la única finalidad de obtener por el mandado una ganancia económica que le representaba la intermediación como vendedor, hecho que también justifica el listado del producto, porque de no tenerlo no podía entrar a negociar u ofrecer …

“Según el expediente y las personas que fueron retenidas en la finca … fueron personas distintas a C. A. L., los que descargaron la mercancía en el inmueble y aquellas personas que durante el curso de la semana estuvieron visitando la casa para verificar sobre su custodia, en consecuencia, no es factible establecer, con total seguridad, una relación de amistad, camaradería o de ilicitud entre el acusado y los sujetos activos del reato, quienes ejercieron la conducta en grupo de cinco personas y más allá, tuvieron contacto con el ofendido, pero ésteintervino en la diligencia de reconocimiento en fila y no reconoció al aquíprocesado como partícipe de los hechos criminosos ocurridos la mañana del 19 de agosto de 2005”.

“De ahí que la evidencia procesal y probatoria no es suficientemente clara ni certera para demostrar que C. A. L. G., hubiera participado con voluntad y acción en desarrollo de los delitos por lo que se procede…

“Sin que sea factible acceder a la petición que elevó el representante de la fiscalía, en el sentido de que se compulse copias del proceso para investigar a C. A. L. G., por un presunto delito de receptación, pues no existeprueba de que la mercancía la hubiera adquirido sabiendo de su ilicitud, comoquiera que siempre argumentó que actuó de buena fe, presunción ésta que no sedesvirtuó pero tampoco se desvirtuó(32)” (se resalta y subraya).

En consecuencia, el juzgado en mención resolvió:

“1. Absolver a C. (sic) A. L. G. … por razón de los cargos que le formuló la Fiscalía Séptima Especializada y que dicen relación a las conductas punibles de secuestro simple, en la persona de … hurto califricado (sic) agravado y porte ilegal de armas de uso privativo …

“2. Corolario de lo anterior … otorgar libertad al procesado”(33).

Según el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Ibagué, el señor C. A. L. G. estuvo detenido desde el 26 de agosto de 2006 y hasta el 27 de diciembre de 2007, fecha esta última en la cual salió en libertad (fl. 44).

De acuerdo con lo expuesto, se encuentra acreditado que el señor C. A. L. G. permaneció privado de la libertad desde el 26 de agosto de 2006 y hasta el 27 de diciembre de 2007 por órdenes de la Fiscalía General de la Nación que lo investigó por la comisión de los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, investigación en la cual le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y le profirió resolución de acusación, pero que concluyó, en etapa de juicio, con sentencia absolutoria, por cuanto la prueba indicó que no cometió las conductas punibles, pues los señalamientos en su contra no fueron lo suficientemente sólidos como para soportar la acusación.

En efecto, en la sentencia penal absolutoria quedó claro que no existió elemento alguno de prueba que permitiera demostrar que el señor L. G. participó en las conductas punibles investigadas —secuestro simple y hurto calificado, ilícitos en los que se emplearon armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares—, pues ni siquiera fue reconocido en fila de personas por el conductor del camión como una de las personas que lo retuvieron, interceptaron el automotor y hurtaron las mercancías, ni se logró demostrar que aquél conocía el origen ilícito de los productos que comercializaba con fines lucrativos.

Entonces, para la Sala, la actuación que adelantó la Fiscalía General de Nación constituyó el factor único y determinante para que la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor L. G. resultara injusta, por cuanto no se probó su responsabilidad penal, lo cual, aunque en la providencia penal transcrita se habla del principio del in dubio pro reo, equivale a que no cometió las conductas punibles que el Estado le imputó, por lo cual se configura una de las circunstancias en que, conformé a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que la parte actora no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó con la privación de la libertad del señor C. A. L. G. y que aquél debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la obligación de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.

La Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima(34), causales que no fueron acreditadas en el plenario.

Ahora, es cierto que en el proceso penal quedó demostrado que la víctima comercializaba, al momento de su captura, una mercancía que había sido hurtada días antes, circunstancia que podría dar lugar a edificar una participación suya en la materialización del daño, en el entendido de que, con ese actuar, dio lugar a la investigación que se le adelantó, pero no puede desconocerse que, según el mismo proceso penal, la fiscalía no pudo demostrar que aquélla (la víctima) conocía del origen ilícito de la mercancía ni pudo desvirtuar la presunción de buena fe, en cuanto afirmó que fue contactado para vender la mercancía, con fines lucrativos (pero sin conocer su procedencia).

Vistas así las cosas, se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, se declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor C. A. L. G.; en consecuencia, procederá a estudiar la indemnización de los perjuicios solicitad en la demanda.

Es del caso precisar que ninguna actuación de la Rama Judicial determinó el daño por el cual se pidió indemnización, razón por la cual se negarán las pretensiones que se dirigieron en su contra.

IV. Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales.

Está acreditado que el señor C. A. L. G. estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario desde el 26 agosto de 2006 y hasta el 27 de diciembre de 2007, es decir, durante 16.3 meses.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño(35); además, la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 28 de agosto de 2014 (exp. 36.149)(36), sugirió una guía para la liquidación de este perjuicio inmaterial, que toma como parámetro el tiempo que duró la detención.

Asimismo, la jurisprudencia de esta Subsección ha manifestado que, con el fin de calcular el monto indemnizatorio por perjuicios morales, se debe tener en cuenta qué tipo de medida afectó a la víctima, esto es, si se trató de una privación de la libertad en establecimiento carcelario, detención domiciliaria o si se le impuso una privación jurídica de la misma, pues la indemnización a reconocer frente a una persona que ha sufrido la restricción de su libertad en establecimiento carcelario no será la misma que se le deba reconocer a quien, pese a padecer una restricción de su libertad, no la soportó allí; así, en los casos en que dicha medida se cumple en un centro carcelario, la indemnización será del 100%(37), mientras que, en los casos en que la privación de la libertad se cumple en el domicilio, el monto a indemnizar debe reducirse en un 30%(38).

Teniendo en cuenta que se acreditó que el señor C. A. L. G. estuvo privado de la libertad en establecimiento carcelario, la indemnización a reconocer corresponderá al 100% del monto sugerido por la jurisprudencia para eventos como el presente en el que esa detención duró 16.3 meses, esto es, 90 smlmv(39).

Ahora, como en el proceso se acreditó también que: i) L. B. y L. F. L. G. son hijos del afectado directo con la medida(40), ii) M. C. G. O. es la madre(41) y iii) O. L. G. es la hermana(42), resulta procedente acceder al perjuicio moral por ellos solicitado, para lo cual se tendrán en cuenta los referidos topes fijados por esta corporación para los eventos en los cuales, como acá, la privación injusta de la libertad dura, 16.3 meses, de manera que reconocerá la suma de 90 smlmv para cada uno de los primeros demandantes, dadas sus calidades de hijos y madre y 45 de los mismos salarios, para la última mencionada, dada su calidad de hermana.

En cuanto a los demandantes J. A. L. G. (hijo), A. M. G. M. (esposa) y V. M. L. G. (hermano), la Sala no accederá al perjuicio moral solicitado, pues no se allegaron las pruebas idóneas de los parentescos que alegaron ni de las pruebas que obran en la foliatura es posible inferir algún padecimiento moral que deba serles indemnizado en su condición de damnificados.

Perjuicios materiales - lucro cesante.

En la demanda se solicitó el pago de los ingresos que dejó de recibir el afectado con la medida, en su condición de comerciante, durante el tiempo que duró su detención.

Como no se acreditó que el señor C. A. L. G. fuera comerciante ni los ingresos que percibía por esa actividad, la Sala liquidará este perjuicio material tomando como ingreso base de liquidación el valor del salario mínimo mensual legal vigente en el año que cursa ($ 737.717), pues la actualización del salario mínimo legal vigente para la fecha en la cual se produjo la detención resulta inferior a aquel otro(43). Esta suma no será incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, como quiera que no se acreditó un vínculo laboral.

Ahora, como período indemnizable se tomarán 16.3 meses, que corresponden al tiempo que duró la detención, sin adicionar los 8.75 meses que, según las estadísticas, tarda una persona en conseguir empleo o acondicionarse a una actividad laboral, por cuanto no se acreditó que el actor tuviera un vínculo laboral vigente al tiempo de su detención; así, la liquidación del lucro cesante para el señor C. A. L. G. es:

S = Ra(1+ i)n - 1
————————
i

Donde “i” es una constante (0.004867) y “n” corresponde al número de meses que duró la detención, es decir, 16.3 meses.

S = $ 737.717(1 + 0.004867)16,3 - 1
——————————
0.004867

S = $ 12.483.057,37.

Condena en costas.

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 23 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar:

a) DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor C. A. L. G.

b) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas de dinero a las personas que se mencionan a continuación.

C. A. L. G.(afectado)90 smlmv
L. B. L. G.(hija)90 smlmv
L. F. L. G.(hijo)90 smlmv
M. C. G. O.(madre)90 smlmv
O. L. G.(hermana)45 smlmv

c) CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a la suma de C. A. L. G., la suma de $ 12.483.057.37, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

d) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) Expediente 2008 00009.

(16) Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

(17) “ART. 23.—Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”.

(18) “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, Actor: Adiela Molina Torres y otros.

(20) En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en sentencia de 19 de octubre 2011, exp. 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio, iuranovit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

(22) Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre de 1992, exp. 7058.

(23) Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, exp. 8666.

(24) Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391.

(25) Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

(26) RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad” en “Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, p. 107.

(27) Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo.

(28) Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 15.980.

(29) Folios 12 a 19, cdno. 1.

(30) Folios 20 a 30, cdno. 1.

(31) Folios 32 a 43, cdno. 1.

(32) Folios 39 a 41, cdno. 1.

(33) Folios 42 y 43, cdno. 1.

(34) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, exp. 17.517, reiterada en sentencia del 15 de abril de 2011, exp. 18.284 y en sentencia del 26 de mayo de 2011, exp. 20.299.

(35) Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002 (exp. 12.076).

(36) “Ahora bien, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del; juez en estos eventos, la Sala formula las siguientes reglas que sirven como guía en la tasación del perjuicio moral de la víctima directa en escenarios de privación injusta de la libertad: i) en los casos en que la privación sea superior a 18 meses, se reconozca la suma de 100 smmlv; ii) cuando supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 smmlv; iii) si excedió los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 smmlv, iv) si fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar corno indemnización la suma equivalente a 70 smmlv, v) de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smmlv, vi) si la medida supera 1 mes pero es inferior a 3 meses, se insinúa el reconocimiento de 35 smmlv, y vii) finalmente, si la detención no supera un mes, la reparación se podrá tasar en el equivalente a 15 smmlv; todo ello para la víctima directa —se insiste— y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados (se resalta).
“Se reitera, los anteriores parámetros objetivos sirven como norte, guía o derrotero a efectos de que se garantice el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los principios de igualdad material y dignidad humana, para lo cual el juez al momento de la valoración del daño moral es preciso que motive con suficiencia las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales se reconoce el respectivo perjuicio”.

(37) Al respecto, ver sentencia del 9 de marzo de 2016, exp. 34.554, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1º de agosto de 2016 (exp. 39.747).

(39) Cuando la medida supere los 12 meses pero sea inferior a 18 meses, se insinúa el reconocimiento de 90 smmlv.

(40) Según registros civiles de nacimiento visibles a folios 3 y 4, cdno. 1.

(41) Según registro civil de nacimiento visible a folio 8, cdno. 1.

(42) Según registros civiles de nacimiento visibles a folios 7 y 8, cdno. 1.

(43) El salario mínimo legal mensual vigente para el 2005 era de $ 381.500 y actualizado a la fecha de esta sentencia asciende a $ 630.442,98.