Sentencia 2010-00049/41853 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 73001 23 31 000 2010 00049 01 (41853)

Actor: Teodoro Flórez Ramírez

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., seis de julio de dos mil diecisiete

Extractos: «V. Consideraciones.

1. Competencia y ejercicio oportuno de la acción.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(8), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

En cuanto a la oportunidad para formular la acción indemnizatoria, advierte la Sala que, según el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, el término de caducidad es de dos años y se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(9).

En el presente asunto, advierte la Sala que la demanda se presentó en tiempo oportuno, toda vez que la sentencia por medio de la cual se precluyó la investigación y se absolvió al señor Teodoro Flórez Ramírez quedó ejecutoriada el 21 de diciembre de 2007(10), lo cual implicaba, en principio, que el término de caducidad fenecía el 22 de diciembre de 2009; no obstante, el 19 de octubre de este último año se presentó solicitud de conciliación extrajudicial (es decir, faltando 2 meses y 3 días para que expirara el término de caducidad de la acción), audiencia que se declaró fallida el 19 de enero de 2010. Así, entonces, los dos meses y 3 días restantes para que operara dicha caducidad vencían el 22 de marzo de 2010 y, como quiera que la demanda se formuló el 4 de febrero del mismo año, dable es concluir que se presentó en tiempo oportuno (fl. 101 cdno. 1).

2. Prelación de fallo.(11) 

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.

En el presente caso, el objeto de debate se refiere a la privación injusta de la libertad del señor Teodoro Flórez Ramírez, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, en las cuales ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

3. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad (reiteración de jurisprudencia).

En cuanto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —anterior Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

Bajo este escenario, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone la declaración de ésta en todos los eventos en los cuales quien ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta era atípica.

De igual forma, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado contempla la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva en aquellos eventos en los cuales se aplica, dentro del proceso penal respectivo, el principio universal de in dubio pro reo(12).

Así, pues, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, así se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si se da alguna de las causales recién mencionadas o se estructura una falla en el servicio se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados, siempre que quien demanda no tenga el deber jurídico de soportarlos.

Bajo este panorama, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Teodoro Flórez Ramírez.

4. El caso concreto.

En la demanda se indicó que el señor Teodoro Flórez Ramírez fue privado injustamente de la libertad por cuenta de las actuaciones adelantadas por la demandada, que lo vinculó a una investigación penal por los delitos de extorsión y rebelión, la cual terminó en su favor al considerarse que no cometió dichos delitos.

Por su parte, la Fiscalía afirmó que la medida de aseguramiento se ajustó a derecho, pues, para imponerla, se cumplieron todos los requisitos señalados en la ley y las actuaciones surtidas en la investigación penal estuvieron suficientemente soportadas en la prueba recaudada, la cual el imputado tuvo la oportunidad de controvertir.

El Tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, como quiera que no se demostró que la Fiscalía haya sido “…desatinada, arbitraria o injusta…”, pues la medida de aseguramiento se dictó con fundamento en la normativa procedimental vigente para el momento de los hechos y la absolución no devino de la atipicidad de la conducta, sino de la aplicación del principio de in dubio pro reo.

Pues bien, luego de analizar los elementos de prueba válidamente aportados al proceso, para la Sala no hay duda de que la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue la que constituyó el factor determinante para que la detención del señor Flórez Ramírez resultara injusta.

En efecto, de las pruebas que obran en el plenario se advierte que la Fiscalía 6 Especializada de Ibagué (Tolima) ordenó la captura del señor Teodoro Flórez Ramírez, quien fue capturado por la Policía Nacional el 20 de agosto de 2007, presuntamente por haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, extorsión y rebelión (fls. 5 a 8, cdno. 9).

Con posterioridad, en auto del 28 de agosto de 2007, la misma Fiscalía le dictó medida de aseguramiento —consistente en detención preventiva—, como presunto responsable únicamente de los delitos de extorsión y rebelión. En dicha providencia se dijo (se transcribe conforme obra, inclusive con errores):

“En punto de la demostración de la materialidad del ilícito noticiado, no existe el menor asomo de duda en el sub examen, pues así lo develan con suficiente claridad desde las declaraciones rendidas por la señora Margarita Navas Morales, Eduardo Zabala Bahamon, Pablo Emilio Zabala Lozano, Pablo Ducuara, entre otros, además el informe de la avanzada del GAULA Policía, en el que de manera exhaustiva se da cuenta de las extorsiones de que venían siendo víctimas los comerciantes y agricultores de la ciudad de Purificación, a quienes el Frente XXV de las Farc, al mando del presunto a. Tito o Julio, Alfredo, Kiko o Héctor, les exigían grandes sumas de dinero, a cambio de dejarlos trabajar o de lo contrario tomarían represalias contra ellos o sus familias.

“Como sustento de lo anterior contamos con la deposición clara y concreta de la señora Margarita Rosa Navas Morales, Pablo Ducuara, quienes concitan en dar cuenta del flagelo a que los tienen sometidos el Frente XXV de las Farc, en el Municipio de Purificación, donde los extorsionaban cobrándoles altas cuotas de dinero e incluso en especie como el caso del señor Pablo Ducuara, a quien le exigieron dos semovientes para completar con la cuota exigida, so pena de recibir las consecuencias graves para sus vidas y sus familias.

“Ahora bien, en el plenario aparece el informe 85 rendido por el investigador Carlos Alberto Duran Hernández, visto a folio 173 del cuaderno número 2, en el que anexa copia de las entrevistas realizadas a las víctimas Eduardo Zabala Bahamon y Pablo Emilio Zabala Lozano, quienes cancelaron la suma de $6’000.000 y $10’000.000 respectivamente, dineros que por orden de alias Alfredo, fue entregado en forma personal al señor Julio Ignacio Correcha Sarta, quien en años anteriores se desempeñó como Alcalde de Purificación, quien reside a la entrada del pueblo quien es conocido como el Loco.

“Igualmente se cuenta en el plenario con inspección judicial realizada al proceso 202074, de interceptaciones telefónicas que se generaron del abonado celular 3108513733, para el día 21 de julio de 200, a las 7:34, narran los diálogos sostenidos por Martin Vasquez Camacho, alias Alfredo o Kiko, jefe de finanzas del frente XXV de las Farc, portador del mencionado celular, donde éste sujeto le dice que si ya consiguió el encargo, el sujeto le dice que no y que lo va a necesitar porque el señor Hernán López, quien tiene una pescadería en prado, le debe desde hace 5 o 4 años, que cobre que con intereses la cuenta sube a doce, que le debía tres, que le de dos millones y se quede con diez, que esta persona tiene un poco de pescado, como también el sujeto Alfredo hace referencia a un contrato con Don Domingo, quien llegaba de Bogotá, e igualmente le pregunta que si no ha visto a Correcha, que lo consiga que le diga que necesita hablar con él que es elegante.

“Del celular número 3122609406, el 25 de agosto de 2006, alías Alfredo, hace mención a un sujeto alias EL grande o Peludo, le dice que pregunte por un señor Teodoro, que tiene una lencería en Prado, y efectivamente alias Alfredo le marca al sujeto Teodoro, le dice que no se ocupe que espere a un amigo que viene por ahí, que es pequeño, bajito, peludo el pecho, y Teodoro le contesta que va para Ibagué, a un reunión del Comité.

“Lo anterior se corrobora por el mismo dicho del sindicado en su injurada, quien al colocársele los audios a que se hace referencia indica que respecto a lo de Hernán Lopez, lo hizo con el fin de que le pagara lo que le debía para pagarle al hombre y en lo que respecta al tal Domingo, nunca lo conoció y lo de Correcha, él lo nombró pero nunca ha tenido trato con él.

“Lo ya referido nos permite predicar del proceder del incriminado Teodoro Florez Ramírez, su Tipicidad, pues el mismo encuadra perfectamente en el tipo penal dispuesto por el legislador en el Canon 244 de la Ley 599 de 2000, Modificado por el Art. 5º de la Ley 733 de 2002, Extorsión y como presunto en grado de cómplice (Art. 30 C.P.) del delito de Rebelión, descrito en el canon 467 de nuestro ordenamiento penal colombiano, pues conforme se da cuenta son varias las personas que han venido siendo afectadas con múltiples exigencias económicas, por parte del frente XXV de las Farc, concretamente en la población de Purificación y alrededores” (fls. 26 y 27, cdno. 9).

No obstante, el 21 de diciembre de 2007, la misma fiscalía precluyó la investigación penal en favor del señor Teodoro Flórez Ramírez, entre otros, para lo cual manifestó que no habían pruebas concretas de su participación en los hechos por los cuales fue investigado, razón por la cual no era posible endilgarle responsabilidad alguna por los delitos imputados. Se transcribe de dicha providencia, lo siguiente (inclusive con errores):

“En su resolución de situación jurídica, se le profirió resolución de medida de aseguramiento como responsable de las conductas de extorsión y rebelión. En su indagatoria rebeló que debido al marginamiento a que se encuentra su predio, es fácil presa de atropellos de cualquier persona y máxime por las Farc, que son quienes dominan en la zona y así en sucesivas ocasiones ha sido llamados por alias Alfredo, persona a la que le ha soportado sus requerimientos y que había tratado de evadirle, como en el caso en que le dijo que tenía una cita con el Comité de ganaderos en Tolima, [cuando] no era así, como lo demostró posteriormente con la constancia que le expidió el respectivo Comité de ganaderos del Tolima, y cuyo original se puede observar en el material probatorio.

“En igual sentido los directivos del Comité de ganaderos del Tolima, encabezados por su presidente, vicepresidente y personal directivo, nos relacionan que el señor Teodoro Florez Ramírez, sí integra el comité y que les ha anunciado los atropellos que se cometen en su jurisdicción por cuenta de las Farc, e incluso en un reunión que tuvieron con el señor Comandante de la Policía del Tolima.

“A lo anterior es bueno tener en cuenta lo afirmado por el Dr Alvaro Andrés Buitrago Cadavid, en la que se dice que no existen pruebas concretas de que su poderdante hubiere hecho extorsiones y que únicamente se tiene como pruebas lo referente a los audios, que ninguna de las personas que han sido extorsionadas lo acusan de que hubiere sido partícipe de estas conductas, y del informe 85 a folio 173 del cuaderno 2, se consta igualmente su no conocimiento de estas conductas. Es de añadir que en el caso concreto de Pablo Emilio Zabala Lozano, el que no entregó los famosos diez millones de pesos, igualmente manifiesta no conocerlo y por lo que no se puede tener con conocimiento de causa.

“Como segunda impresión que el hecho de que le hubiere dicho a alias Alfredo, lo de la deuda que le debía Hernán López, obedecía a que aquel señor [se refiere a alias “Alfredo”] le estaba cobrando a su protegido y por ello en su indagatoria había referido ‘lo hice con el fin de que me pagara lo que me pide el hombre’.

“En el presente caso si tenemos los audios que comunicaban a alias Alfredo con Teodoro Flórez, estas versiones que se escuchan obedecen estrictamente al comportamiento que se tenía que asumir en una condición en la que estando en un paraje tan alejado de las autoridades no tenía otra forma de evadir o evadirse él y su familia de la carga que le imponía estar atento a la comunicación, lo que nos da un principio de duda, que se deben resolver a favor del señor Teodoro Flórez Ramírez, porque esa famosa familiaridad obedecía más a un principio de defensa que se hacía, por un lado y por otra parte a las denuncias que realizó ante las autoridades de los atropellos que venían sufriendo, como así lo denunció ante las autoridades del Comité de ganaderos del Tolima, luego aquí se dan las bases del in dubio pro reo, librándose como consecuencia la resolución de preclusión” (se resalta, fls. 172 y 173, cdno. 7).

Por otra parte, se tiene por acreditado que el señor Flórez Ramírez estuvo recluido en la Penitenciaria Nacional de Picaleña desde el 21 de agosto de 2007(13) hasta el 21 de diciembre del mismo año, fecha esta última en que recobró su libertad por orden de la mencionada Fiscalía 6 Especializada de Ibagué (Tolima), como consta a folios 16 y 54 del cuaderno 9.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que, en efecto, el señor Teodoro Flórez Ramírez fue privado de la libertad por la Fiscalía, la cual lo vinculó a una investigación penal por los delitos de extorsión y rebelión, cuando, en realidad, no se descubrieron pruebas concretas que permitieran establecer su responsabilidad penal en la comisión de dichos delitos, pues ninguna de las personas que estaban siendo extorsionadas lo incriminaron, mucho menos lo relacionaron como miembro de las Farc, al tiempo que las razones que llevaron a la preclusión de la investigación se contraen a la inexistencia de elementos de juicio que permitieran señalarlo como responsable de tales delitos.

La situación descrita, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, según la jurisprudencia de esta Corporación(14), cual es que el sindicado no haya cometido el delito; por tanto y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas señaladas, para la Sala se encuentra demostrado el daño alegado, dado que el señor Teodoro Flórez Ramírez estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal desde el 21 de agosto de 2007 hasta el 21 de diciembre del mismo año (por el lapso de 4 meses), cuando finalmente se precluyó la investigación y se dispuso su libertad.

Con todo, si bien es cierto la lesión al derecho de la libertad personal del señor Flórez Ramírez generó perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar, también es cierto que en la producción de esa lesión concurrió el sindicado, pues, con su conducta, se expuso a la investigación penal.

En efecto, el comportamiento del sindicado revela su actuar culposo, pues la medida de aseguramiento se dictó dadas las interceptaciones telefónicas que se hicieron a las conversaciones que sostuvo con Martín Vásquez Camacho, alias “Alfredo” o “Kiko”, en las cuales el señor Flórez Ramírez solicitaba el apoyo de las Farc para exigir el pago de unos dineros que presuntamente le adeudaban, comportamiento éste que revela, por lo menos, su cercanía o empatía con dicha organización guerrillera; por tanto, la conducta de la mencionada víctima influyó de manera cierta y eficaz en la producción del resultado dañoso.

Puestas así las cosas y dado que el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el monto de la indemnización cuando contribuye a la producción del hecho dañino (concausa)(15), la Sala disminuirá la condena a que haya lugar, en atención a la concurrencia de culpas acreditada en el presente asunto.

En consecuencia y teniendo en cuenta que la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación también incidió en la producción del daño alegado en el presente asunto, se revocará la sentencia apelada y se declarará su responsabilidad por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Teodoro Flórez Ramírez; no obstante, la indemnización se disminuirá en un 50%, dada la participación de la víctima directa en los hechos.

5. Liquidación de perjuicios.

5.1 Perjuicios morales.

Por la privación injusta de la libertad del señor Teodoro Flórez Ramírez, además de él, concurrieron al proceso los señores Carlos Alberto Flórez Barrios, Ronal Teodoro, Favián Gerardo y Mario Alberto Flórez García (hijos). Para acreditar tales calidades, obran en el expediente los registros civiles de nacimiento de cada uno de ellos (fls. 129, 130, 131 y 132, cdno. 1) [recuérdese que, en la reforma a la demanda, se renunció a esta pretensión por parte de la señora María del Rosario Barrios Ángel —fls. 133, cdno. 1—].

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño y de sus familiares(16); por consiguiente y teniendo en cuenta que, en sentencia de unificación(17), se fijaron los topes para efectos de indemnizar los perjuicios morales en los casos de privación injusta de la libertad, y atendiendo al hecho de que se debe respetar el principio de congruencia en relación con lo pedido en la demanda, se reconocerá una indemnización de 12.5 smlmv(18), de manera individual, favor de los señores Teodoro Flórez Ramírez (víctima directa), Carlos Alberto Flórez Barrios, Ronal Teodoro, Favián Gerardo y Mario Alberto Flórez García (hijos).

5.2. Lucro cesante.

Si bien en el expediente no existe prueba que acredite que el señor Teodoro Flórez Ramírez desarrollaba algún tipo de actividad económica, lo cierto es que éste, al momento de su detención, se encontraba en edad productiva (47 años)(19) y tenía la capacidad de ejercer una actividad laboral o comercial que le permitiera recibir por lo menos un salario mínimo.

Ahora, el salario mínimo para la época de los hechos era de $433.700(20), suma que, actualizada ($649.889.30), resulta ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente para este año ($737.717); por tanto, se tomará en cuenta este último salario, para efectos de la indemnización.

El lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado, es decir, el tiempo durante el cual el señor Teodoro Flórez Ramírez estuvo privado de la libertad, contabilizado, como se dijo atrás, desde el 21 de agosto de 2007 hasta el 21 de diciembre del mismo año, o sea, 4 meses; pero, no se tendrá en cuenta el lapso que, según las estadísticas, tarda una persona en Colombia para conseguir trabajo o acondicionarse a un empleo, como quiera que no se probó desvinculación laboral alguna como consecuencia de la privación injusta de la libertad.

Así, entonces, la liquidación del lucro cesante se hace aplicando la siguiente fórmula:

FORMULAS-004901-A
 

Donde “S” es la suma a pagar, “Ra” es la renta actualizada, “i” es una constante (0.004867) y “n” corresponde al número de meses transcurridos desde el 21 de agosto de 2007 hasta el 21 de diciembre del mismo año (4 meses). Aplicando la fórmula:

FORMULAS-004901-B
 

S= $2’972.480,80

No obstante, como se dijo anteriormente, dicha monto se disminuirá en un porcentaje del 50%, dada la concurrencia de culpas acreditada en el presente asunto.

Por lo anterior, al señor Teodoro Flórez Ramírez le corresponde una indemnización por lucro cesante de $1’486.240,4.

5.3. Se niega el daño emergente solicitado (pago de honorarios del abogado que asumió la defensa en el proceso penal), toda vez que no se aportó el contrato de prestación de servicios profesionales, recibos de pago u otro medio de prueba que permita establecer que, efectivamente, el extremo demandante contrató y pagó los servicios de quien asumió la defensa técnica del señor Teodoro Flórez Ramírez en el proceso penal.

6. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la Sentencia del 30 de junio de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima. En su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Teodoro Flórez Ramírez.

2. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas:

Para Teodoro Flórez Ramírez: 12.5 smlmv

Para Carlos Alberto Flórez Barrios: 12.5 smlmv

Para Ronal Teodoro Flórez García: 12.5 smlmv

Para Favián Gerardo Flórez García: 12.5 smlmv

Para Mario Alberto Flórez García: 12.5 smlmv

3. CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar la suma de $1’486.240,4, por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante), en favor del señor Teodoro Flórez Ramírez.

4. NIÉGANSE las demás pretensiones.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo.

3. Sin costas.

4. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

8. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009 M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622.

10. Fl. 54, cdno. 9.

11. De conformidad con el Acta 9 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 25 de abril de 2013.

12. Tesis que el suscrito ponente de esta providencia no comparte.

13. La captura se produjo el 20 de agosto de 2007, pero, solo al día siguiente, fue recluido en establecimiento carcelario.

14. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168 y del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

15. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente19.043.

16. Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076

17. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149.

18. Se solicitó el monto de 25 smlmv, pero se disminuye a 12.5, dada la concurrencia de culpas enunciada anteriormente.

19. Fl. 21, cdno.1.

20. Decreto 2910 del 31 de diciembre de 2001.