Sentencia 2010-00056/2543-2014 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Expediente: 68001 23 31 000 2010 00056 01 (2543-2014)

Demandante: Martín Alberto Gómez Rueda

Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, representado por la Fiduciaria Popular S.A. (Fidupopular S.A.)

Tema: Contrato realidad

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete

Extractos “V. Consideraciones de la Sala.

5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA), esta Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda instancia.

5.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de la Empresa Social del Estado Francisco de Maula Santander, representado por la Fiduciaria Popular S. A. (Fidupopular S.A.), el pago de las prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como contratista, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación de servicios (o cualquiera que sea su denominación) que celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.

5.3. Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído a plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación se destaca:

a) Escrito del actor, fechado 17 de junio de 2009 (según la entidad, en s respuesta, se recibió el 10 de septiembre siguiente), en el que solicita de la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación que se reconozca la existencia de una relación laboral y no un contrato de prestación de servicios y el pago de prestaciones sociales (fls. 18-22).

b) Oficio LIQ 14863 de 17 de septiembre de 2014, de la apoderada general del liquidador, por la cual resuelve de manera negativa la petición del accionante antes reseñada, en el sentido de que “(...) no posible el reconocimiento del tiempo de servicios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales solicitadas, por la sencilla razón de que dichos 'beneficios son incompatibles con la naturaleza jurídica de la relación contractual que sostuvo la ESE FPS con Usted (...)” (fls. 23-24).

c) Certificación de 17 de junio de 2008, de la coordinadora de talento humano (e.), sobre los contratos de prestación de servicios celebrados entre la entidad demandada y el accionante como médico especialista en cirugía plástica (fls. 15-16) así:

No.
Contrato
Fecha
Inicio
Fecha TerminaciónDuración
(Días)
V.A 01683901/07/200330/11/2003150
AD 01 V.A 01683901/12/200331/12/200330
AD 02 V.A 01683901/01/200415/02/200445
49316/02/200430/03/200445
88501/04/200431/05/200460
256201/06/200431/08/200490
521701/09/200430/09/200430
531301/10/200431/10/200430
538901/11/200430/11/200430
546623/12/200425/01/200543
7926/01/200531/08/2005216
59301/09/200530/09/200530
63001/10/200531/10/200530
AD 01 CT 63001/11/200523/11/200523
83928/12/200520/01/200624
1821/01/200628/02/200641
19901/03/200631/03/200630
37901/04/200630/04/200630
58501/05/200630/09/20065
82601/10/200631/12/20063
302/01/200731/03/200789
18901/04/200730/06/200790
37801/07/200730/09/200790
53901/10/200703/12/200763
73113/12/200715/01/200833
6416/01/200814/03/200858
TOTAL1408

d) Oficio de 12 de diciembre de 2012, del coordinador grupo de entidades liquidadas, del Ministerio de Salud y Protección Social, dirigido al Tribunal Administrativo de Santander en descongestión, en el que se adjuntan “copia auténtica de los contratos que se encontraron en el fondo documental de la ESE Francisco de Paula Santander - En Liquidación y que se suscribieron con el doctor Martín Alberto Gómez”. Dichas copias corresponden a los contrato antes relacionados en la tabla (fls. 129-183).

e) Memorando Dirección UHC 775 de 31 de agosto de 2004, del director (e.) de la Unidad Hospitalaria Los Comuneros-Cañaveral, sobre horario y permiso del personal administrativo y asistencial (fl. 30).

f) Testimonios de los señores Carmenza Gómez Ortiz, María Cristina Jaime Plata y Gerardo Luna Pedraza (fls. 87-92).

De la pruebas que obran en el proceso, se desprende que el actor, en s condición de médico especialista en cirugía plástica, prestaba servicios a Instituto de Seguros Sociales antes del 1º de julio de 2003; pero, mediante cesión del contrato V.A.016839, de esta fecha, se vinculó a la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander —hasta el 14 de marzo de 2008 “(...) en atención a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, el cuál dispuso la escisión del Instituto de Seguros Sociales creó la Empresa Social del Estado Francisco de Paul Santander, hemos acordado por parte del Cedente, ceder a Cesionario, a partir del 1º de julio de 2003, todos los derechos obligaciones estipulados en el contrato V.A. 016839, celebrado con Martin Aberto Gomez Rueda, cuyo objeto es la prestación de servicios como Médico Especialista Cirugía Plástica en Clínica Los Comuneros-Santander (...)” (fl. 132) (sic para todo el texto).

Ahora bien, el contrato de prestación de servicios se ha definido como el celebrado por las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las instituciones; sus condiciones están dadas, entre otras normas, por el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993(1), modificado por el Decreto 165 de 1997; el Decreto 2209 de 1998, que, al dictar normas sobre austeridad del gasto para las entidades que manejan recursos del tesoro nacional, reguló el tema; y el Decreto 2170 de 2002, que, en relación con esas contrataciones, además de indicar la manera de selección del contratista, precisa que “solo se realizarán para fines específicos no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar”.

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajó los términos del contrato y de la ley contractual.

Y, al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997(2), precisó la disparidad entre el contrato de prestación de servicios y él de carácter laboral: la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo, y, además, determinó que “el elemento de subordinación o dependencia es el, que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que (...) en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente”.

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relacione laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende a la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda(3) recordó que i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; ii) le corresponde la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económico laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se de los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

Dicho esto, se tiene que en folios 129-183 del expediente obran fotocopias de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la entidad accionada y el actor (para atender, entre otros, consultas de urgencias y los procedimientos derivados de ellas, programadas, de paciente hospitalizado y participar en juntas médico-quirúrgicas), los cuales han sido antes relacionados en una tabla, que forma parte de la certificación de 17 de junio de 2008, de la coordinadora de talento humano (e.) de la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación (fl. 15-16), en la que se declara sobre la existencia de esos documentos.

Al respecto, se puede observar que entre un contrato y otro no hubo solución de continuidad, pues la prestación del servicio fue permanente entre el 1º de julio de 2003 y el 14 de marzo de 2008, lo que, en principio, desnaturaliza la finalidad del contrato de prestación de servicios, según lo establecido en el artículo 32, numeral 3º, de la Ley 80 de 1993, en el sentido de que “En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable(4)

Después de acabada la vinculación contractual, el actor presentó reclamación administrativa, fechada 17 de junio de 2009 y recibida, según lo afirma la entidad en su respuesta (fl. 23), el 10 de septiembre siguiente, ante la apoderada general de la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación y la cual fue respondida de manera negativa por oficio LIQ 14863 de 17 de septiembre del mismo año. Y, más tarde, para agotar el requisito, de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó de la Procuraduría General de la Nación (procuraduría judicial 47 en asuntos administrativos), el 9 de octubre siguiente, el trámite conciliación extrajudicial con la accionada que culminó, el 1º de diciembre de 2009 carente de acuerdo (fl. 25), o sea, que durante este último lapso, el término de los 4 meses para incoar la acción, conforme al artículo 136; numeral 2, del Código Contencioso Administrativo(5), estuvo suspendido(6). Por ello, el 3 de febrero de 2010 el actor entabló e tiempo la demanda, sin que ocurriera el fenómeno de la caducidad, así como tampoco la prescripción trienal sobre los derechos reclamados, instituida en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968(7), como lo alega la recurrente.

Como los reparos concretos formulados por la apelante se limitan, además d la prescripción y la caducidad de la acción; a que en el proceso no se encuentra probada la existencia de la relación laboral por la falta de sus tres elementos (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación), la resolución del recurso se hará sobre estos aspectos.

En efecto, fuera de la prueba documental recaudada, se escuchó en audiencia de pruebas, el 18 de octubre de 2012, los testimonios de los señores Carmenza Gómez Ortiz, pensionada y exfuncionaria dé la EPS Francisco de Paul Santander; María Cristina Jaimes Plata, médica cirujana plástica; y Gerardo Luna Pedraza, médico internista (fls. 87-92), que coinciden en afirmar que el accionante realizó actividades de médico especialista en cirugía plástica, que recibía órdenes de la subgerencia de salud y que desempeñaba las mimas funciones de sus homólogos de planta de personal. Se transcriben apartes de sus declaraciones:

Carmenza Gómez Ortiz:

(...)

Preguntada: Que cargo ocupaba el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco de Paula Santander. Contesto: Médico especialista en cirugía plástica. Preguntado: Concretamente elle funciones tenía el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco de Paula Santander, en otras palabras que funciones cumplía. Contesto: Propias del cargo de cirujano plástico cumpliendo agenda, asignada por la subgerencia de salud y desde luego las órdenes dadas por la misma. El doctor Martín tenía una franja de urgencias al mes de atención de pacientes en urgencias y en piso, y en los pisos de hospitalización, tenía tina agenda de actividades científicas una vez al mes junto con los otros profesionales de la cirugía plástica, tenía seis horas a la semana de cirugía programada, a parte de las que salían de urgencias, consulta externa, los turnos de urgencias se pasaba al servicio de urgencia como los dos días antes de terminar el anterior mes para que se diera cumplimiento con todas las especialidades, yo los trascribía y los repartía a todos los registros de especialización, consulta externa y el departamento de urgencias. Preguntado: En el Seguro Social y en la ESE Francisco de Paila Santander, cuantos médicos especialistas en cirugía plástica había. Contesto: Cuando era Seguro Social tres o cuatro y en la ESE quedaron dos, el Dr. Martín Alberto y otro. Preguntado: Las funciones que usted mencionó anteriormente cumplidas por el Dr. Martín Alberto Gómez eran similares a las que cumplía los demás médicos de cirugía plástica. Contesto: Sí. Preguntado: Concretamente cual era el horario de trabajo que cumplía el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco de Paula Santander. Contesto: El contrato era de cuarenta y o4ho horas. Seis .horas al mes de actividad científica donde se evaluaban los casos para definir conductas, los casos difíciles, urgencias quince días, tenían un franja en la mañana fija y en el transcurso del día y de noche de disponibilidad los quince días, si los llamaban de noche tenían que ir, la consulta externa y la cirugía programada, que podían ser seis horas ya sea de mañana o tarde, no puedo decir como estaban, programadas las horas, tenían que atender los pacientes que generaba la consulta externa, la cirugía y las urgencias, eran pacientes que quedaban hospitalizados y tenían que hacerle seguimiento hasta darlos de alta. Preguntado: El Dr. Martín Alberto Gómez para efectos de cumplir las actividades que usted acaba de mencionar recibía algún tipo de orden o instrucción. Contesto: Si ellos tenían la agenda de trabajo, que era la hacía la persona que estuviera en la subgerencia de salud quien estuviera desempeñando ese cargo (sic para toda la cita).

(...)

María Cristina Jaimes Plata:

(...)

Preguntado: Manifieste al despacho los hechos que conoce acerca de la presente acción. Contesto: Yo sé que el Dr. Martín Gómez laboró en la clínica comuneros de la ESE Francisco de Paula Santander, empecé a laborar con él en el año 2006, pero él llevaba ya varios años laborando. Él cumplía la agenda que ordenaba la dirección de la clínica comuneros tanto en consulta externa como cirugía programada, hacía turno de urgencias de quince días de disponibilidad, asistíamos a las juntas médicas que eran seis: horas mensuales, programadas igualmente, en los quince días de disponibilidad, él respondía las ínter consultas de cirugía plástica, valoraba los pacientes hospitalizados por cirugía plástica, pues yo conozco que nunca por este tipo de trabajó, tuvimos derecho a vacaciones, no éramos afiliados por esta actividad a riesgos profesionales, ni a pensión ni salud, no nos pagaron cesantías, ni intereses a las cesantías. . Preguntada: Que cargo ocupaba el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco de Paula Santander. Contesto: Cirujano plástico. Preguntado: Concretamente que funciones tenía el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco Paula Santander, en otras palabras que funciones cumplía. Contesto: Cumplía una agenda programada por la dirección médica que consistía en hacer consulta especializada de cirugía plástica, cirugía programada de cirugía plástica, disponibilidad de urgencia de cirugía plástica quince días del mes, valoración de pacientes hospitalizados y de Ínter consultas quince días del mes y asistir a las juntas médicas programadas por dirección médica de seis horas una vez al mes. Preguntado: En el Seguro Social y en la ESE Francisco de Paula Santander, cuantos médicos especialistas en cirugía plástica había. Contesto: En el momento en que yo entré a la ESE Francisco de Paula Santander éramos el Dr. Martín y yo, antes que yo llegará sé que estaba el Dr. Martín, el Dr. Jorge Armando Carvajal y Carlos Martínez, eran ellos quienes hacían las funciones asistenciales. Preguntado: Las funciones que usted mencionó anteriormente cumplidas por el Dr. Martín Alberto Gómez eran similares a las que cumplía los demás médicos de cirugía plástica. Contesto: Si las mismas, antes que yo llegará no sé, en ese momento en que yo llegue eran las mismas. Preguntado: Concretamente cual era el horario de trabajo que cumplía el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco de Paula Santander. Contesto: Entonces el horario era, hacia consulta programada los lunes por la tarde creo, la consulta era de dos a siete de la tarde los lunes en el segundo piso de la clínica, y cirugía programada los viernes de dos a siete. La junta médica eran de seis horas de acuerdo a la fecha programa mensual por dirección médica, la valoración eran todos los días mientras uno éste de turno, en esos quince días tocaba valorar los pacientes, no era un horario estricto corno la consulta. En urgencias era disponibilidad y se hacían cirugía. Preguntado: El Dr. Martín Alberto Gómez para efectos de cumplir las actividades que usted acaba de mencionar recibía algún tipo de orden o instrucción (sic para toda la cita).

(...)

Gerardo Luna Pedraza:

(...)

Preguntada: Que cargo ocupaba el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco de Paula Santander. Contesto: El cargo era como cirujano plástico. Preguntado: Concretamente que funciones tenía el Dr. Martín Alberto Gómez tanto en el Seguro Social como en la ESE Francisco Paula Santander, en otras palabras que funciones cumplía. Contesto: Realmente era consulta externa, que es una de las actividades que realiza los especialista lo cual desarrollaba los lunes en la clínica comuneros en el segundo piso, y la otra actividad era como cirujano plástico propia de su actividad lo cual hacía en el tercer piso de la clínica comuneros y era los viernes, y la otra actividad era la disponibilidad de quince días y en esa disponibilidad atendía pacientes tanto en urgencias como en hospitalización, en hospitalización era diariamente de acuerdo a la evolución; esas eran Sus actividades principales cumplía agenda que demarca cada mes y él la cumplía. Pues si tenía una agenda tenía alguien como director de eso, alguien que ele coordinaba esa agenda (....), Preguntado: Las funciones que usted mencionó anteriormente cumplidas por el Dr. Martín Alberto Gómez 9Lan similares a las que cumplían los demás médicos de cirugía plástica. Contesto: Me imagino que sí, porque las agencias especialista son iguales, para mi área eran las mismas. Preguntado: El Dr. Martín Alberto Gómez para efectos de cumplir las actividades que usted acaba de mencionar recibía algún tipo de orden o instrucción. Contesto: Sí, tenía su agenda y había un director que le exigía cumplir con esa agenda y hasta donde lo conozco cumplía con su actividad y agenda como se le exigía. Allí, teníamos un gerente y un subdirector que estaban pendientes de nuestras agendas y que se cumplieran (sic para toda la cita).

(...)

Como se puede observar, estos testimonios son dignos de ser creíble por cuanto son consistentes y armónicos en los hechos narrados entre sí, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se demuestran dos de loS1 tres elementos de la relación laboral: la prestación personal del servicio y la subordinación, y, sobre todo, que el demandante ejerció la labor en forma subordinada o dependiente respecto del empleador, sujeto a órdenes del director y del subdirector de salud. El tercer factor (la remuneración) se encuentra establecido en los contratos de prestación de servicios ejecutados con el valor de los honorarios recibidos durante su ejecución (fls. 129-183).

Así las cosas, en atención a que en el presente caso se encuentra demostrada 1 existencia de una relación laboral disfrazada bajo contratos u órdenes d prestación de servicios, hay lugar a dar aplicación a los principios de igualdad e irrenunciabilidad de derechos en materia laboral (arts. 13 y 53 de la C.N.); y, en consecuencia, la Sala estima que se debe confirmar la sentencia de primera instancia.

En este orden, con fundamento en los elementos de juicio allegados expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la san crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia e nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMASE la Sentencia proferida el 20 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander en descongestión, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Martín Alberto Gómez Rueda contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Francisco de Paula Santander en Liquidación, representado por la sociedad Fiduciaria Popular S. A. (Fidupopular S.A.), conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase él expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase».

1. “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el termino estrictamente indispensable”.

2. Corte Constitucional, Sentencia de 19 de marzo de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca.

4. En un caso similar, esta Corporación dijo: “Esta desproporción en la utilización de la figura prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, evidencia indiscutiblemente que la contratación de la actora se dio con el ánimo de emplearla de modo permanente en la entidad, pero con el desconocimiento de sus derechos salariales y prestacionales de carácter irrenunciable y en abierta pugna con el principio constitucional de igualdad”. Consejo de. Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 10 de octubre de 2013, radicación 250002325000200701378 02 (2106-2011), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, actora: Gladys Ceballos Palacios, demandada: ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en Liquidación.

5. Código Contencioso Administrativo, artículo 136, numeral 2º. “La de restablecimiento del derecho caducará a cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la, publicación, notificación, comunicación ejecución del acto (...)”.

6. Decreto 1716 de 2009, artículo 3º. “Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende e término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, o
c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
(...)”.

7. Decreto 3135 de 1968, artículo 41. “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres dios, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.