Sentencia 2010-00059 de marzo 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA - DESCONGESTIÓN

Rad.: 25000232400020100005901

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Actor: Combustibles y Transportes Hernández y Cía. Ltda.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho - Confirma decisión de negar las pretensiones de la demanda - Análisis del principio de legalidad de la infracción aduanera - Competencia para resolver el recurso de reposición en el procedimiento sancionatorio cambiario a cargo de la DIAN.

Bogotá, D. C., quince de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 129 del C.C.A. y con el numeral 1º del Acuerdo 357 del 5 de diciembre de 2017, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para proferir fallo en los procesos de segunda instancia que sean remitidos por los despachos de la Sección Primera, dentro de los cuales, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º del citado acuerdo, el despacho del doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, remitió el proceso de la referencia.

En el caso concreto, la Sala precisa que limitará el análisis a lo decidido en la sentencia de primera instancia y a los argumentos expuestos en el escrito de apelación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(17), de conformidad con el cual “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”.

2. Actos administrativos acusados.

Corresponden a los siguientes actos sancionatorios:

2.1. La Resolución 03-241-423-601-229-2607 del 28 de noviembre de 2008(18), por medio de la cual el jefe de la división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por medio del cual se impuso a la sociedad Combustibles y Transportes Hernández Ltda., una multa en favor de la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN por la suma de seiscientos veintitrés millones doscientos treinta mil seiscientos dieciocho pesos ($623.230.618), por violación del parágrafo 5º del literal a) del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y la Reglamentaria DCIN 83 de 2004 numeral 8.6, por utilizar en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2006 la cuenta corriente de compensación especial 8201042499 del Regions Bank - Miami con código 1194481.001 asignado por el Banco de la República para operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2.2. La Resolución 000664 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, en el sentido de confirmar la decisión.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia apelada, para lo cual estudiarán los argumentos de apelación, referidos a las causales de nulidad invocadas en la demanda relacionadas con la falta de competencia y la infracción de normas de superior jerarquía, en cuanto fueron reiteradas en el recurso de apelación.

4. Razones jurídicas de la decisión.

Bajo el panorama expuesto, la Sala resuelve el problema jurídico que subyace al caso concreto, para lo cual, por razones de orden metodológico, abordará los siguientes ejes temáticos:

(i) Infracciones cambiarias y competencia especial de la DIAN en esta materia.

(ii) El error en que se incurrió en la sentencia de primera instancia, sobre el mes en que ocurrió el manejo equivocado de la cuenta de compensación;

(iii) Exoneración de control cambiario a la sociedad, en virtud de la existencia de instrumentos de derecho internacional.

(iv) Competencia de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la decisión sancionatoria.

(v) Violación del principio de legalidad.

(vi) Proporcionalidad de la sanción.

4.1. Infracciones cambiarias y competencia especial de la DIAN.

Con fundamento en el diseño institucional acogido por la legislación colombiana en materia cambiaria, se advierte que la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y la DIAN, aplican regímenes sancionatorios distintos, regulados los dos primeros por los decretos leyes 1746 de 1991 y 663 de 1993 y el último por los Nos. 1092 de 1996(19) y 1074 de 1999(20), cuya aplicación depende de la naturaleza de la infracción cambiaria en la que se incurra(21).

En el caso de la DIAN, las normas relacionadas le confieren potestad sancionatoria con respecto al control de cambios relacionados con la importación y exportación de bienes y servicios; gastos asociados a las operaciones de comercio exterior y financiación de importaciones y exportaciones, entre otras.

Cabe destacar que en el régimen sancionatorio de la DIAN, se define la infracción cambiaria como “una contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del régimen de cambios vigentes al momento de la transgresión, a la cual corresponde una sanción cuyas finalidades son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección del orden público”(22).

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-343 de 2006(23), precisó que en materia de infracciones cambiarias los decretos que se relacionaron en precedencia contienen el conjunto de obligaciones, deberes y omisiones predefinidas por el legislador, cuyo incumplimiento acarrea la imposición de las sanciones legales previstas.

En la misma providencia, la Corte consideró que el legislador extraordinario señaló los elementos esenciales de la contravención administrativa en materia cambiaria, con lo cual es posible válidamente establecer una remisión a textos normativos sin rango ni fuerza de ley, sin por ello incurrir en una trasgresión del principio de reserva de ley. Conclusión a la que se llega a partir de la lectura sistemática de las normas que establecen el régimen sancionatorio cambiario aplicable a las operaciones competencia de la DIAN.

4.2. Error en que se incurrió en la sentencia de primera instancia.

Según el demandante en la sentencia de primera instancia se incurrió en un error en relación con el mes al que correspondían los reportes de las operaciones cambiarias, en tanto se señaló el mes de abril del año 2007, por lo que concluyó que la sentencia apelada fue copiada de otra proferida en relación con las mismas partes y sobre la misma situación fáctica.

Al respecto, la Sala destaca que al referirse a los actos administrativos censurados el a quo pudo haber incurrido en un lapsus calami o error de transcripción, el cual de ninguna manera afecta la validez de la decisión ni tiene la capacidad de incidir en el sentido de la sentencia, que se encuentra debidamente motivada, se pronunció sobre todos los extremos de la litis, y expuso con suficiencia argumentativa las razones por las cuales los cargos de nulidad no tenían la posibilidad de prosperar en tanto no lograban desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos.

En efecto, al revisar la sentencia de primera instancia se advierte que no existe error alguno en la mención de los actos administrativos demandados, de tal manera que no queda duda alguna de que el pronunciamiento se refirió a los mismos.

Adicional a lo anterior, se advierte que el error no se presentó en la parte resolutiva de la decisión ni tiene la posibilidad de incidir en la misma, por lo que ni siquiera sería materia de corrección a través de los mecanismos que la ley prevé para ello.

4.3. Exoneración de control cambiario a la sociedad, en virtud de la existencia de instrumentos de derecho internacional.

Previo a abordar este argumento de apelación, la Sala advierte que la Sección Primera de esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse sobre una situación fáctica idéntica a la que es objeto de análisis en esta oportunidad, en la sentencia del 26 de marzo de 2015(24), dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la misma sociedad que aquí tiene la calidad de demandante –Combustibles y Transportes Hernández y Cía Ltda.–, en contra de la DIAN, en la que los actos censurados correspondían a sanciones impuestas por las mismas autoridades administrativas y con ocasión de infracción cambiaria que es objeto de examen el sub lite.

En la referida sentencia, se resolvieron iguales problemas jurídicos a los planteados en esta oportunidad y, con respecto a la alegación relacionada con la exoneración del control cambiario en virtud del convenio celebrado entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos por la proveniencia de los recursos del presupuesto del Departamento de Defensa para ejecución de fondos de cooperación internacional, dentro del marco del Acuerdo General sobre Asistencia Económica, Técnica y Afín, se consideró que no cobijaba la situación que dio lugar a la sanción y, por ende, no constituía causal de invalidez de los actos censurados.

En esa oportunidad, la Sección Primera del Consejo de Estado, concluyó que:

“… la excepción de controles cambiarios prevista en el convenio tantas veces aludido, solamente se refiere a aquellos fondos o recursos de cooperación internacional procedentes del presupuesto de los Estados Unidos de América que sean objeto de canalización a través de las cuentas de compensación especial abiertas con este único propósito. Entender lo contrario, en el sentido de hacer extensiva la mencionada excepción a otro tipo de operaciones distintas de las mencionadas en el artículo IV, sería tanto como permitir que las cuentas de compensación especial abiertas por los contratistas del gobierno de los Estados Unidos, puedan ser utilizadas para la realización de cualquier tipo de operaciones cambiarias, lo cual no consulta realmente el espíritu del Convenio invocado por la parte actora ni lo establecido en las disposiciones anteriormente citadas”.

Tal conclusión se acoge igualmente en la presente providencia, partiendo del contenido del artículo IV del convenio en cuestión, que contiene la regla de exoneración acordada, en los siguientes términos:

“Artículo IV. A fin de asegurar para el pueblo de Colombia los beneficios máximos provenientes de la ayuda que se proporcionará en virtud del presente Convenio, se dispone:

a) Los bienes o fondos utilizados o que se utilizaren con relación a este Convenio por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América o de cualquier contratista financiado por ese Gobierno estarán exentos del pago de todo impuesto sobre la propiedad o el uso de cualesquiera otros impuestos, de requisitos relacionados con inversiones o depósitos de controles cambiarios en Colombia […] (El subrayado es de la Sala)

El contenido del convenio fue ampliamente valorado en los actos administrativos censurados en conjunto con los medios de convicción allegados a la actuación, a la luz de las normas jurídicas que regulan la materia y en los conceptos de la DIAN 00298 del 3 de enero de 2000 y 017066 del 23 del 25 de febrero de 2000, en los que se establece que las exenciones y limitaciones allí previstas no pueden interpretarse en forma analógica o extensiva.

Se destacó que, en el caso concreto, la sociedad abrió en el Regional Bank de Miami una cuenta corriente de compensación especial que inscribió en el Banco de la República, diligenciando los formularios correspondientes que reflejaban las operaciones realizadas, habiendo incurrido en la infracción cambiaria, por realizar transacciones diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario para las cuentas corrientes de compensación especial, situación que no está amparada por el convenio internacional aducido por la parte demandante.

Lo anterior, toda vez que no se está ejerciendo control sobre los fondos provenientes del convenio sino sobre la realización de operaciones cambiarias no autorizadas por el régimen especial en una cuenta corriente de compensación especial cuyo titular es la sociedad demandante y que no se encuentra amparada por el mismo.

Cabe precisar que las cuentas corrientes de compensación especial, son aquellas a través de las cuales los residentes en el país pueden celebrar operaciones cambiarias sobre divisas cuyo manejo debe canalizarse obligatoriamente en el mercado cambiario(25). Se encuentran reguladas en los artículos 56 y 79 parágrafo 5º de la Resolución Externa 8 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, en los siguientes términos:

“Artículo 56. Mecanismo de compensación. En adición a lo previsto en el artículo anterior, los residentes que utilicen cuentas bancarias en el exterior para operaciones que deban canalizarse a través del mercado cambiario deberán registrarlas en el Banco de la República bajo la modalidad de cuentas de compensación.

El registro de las cuentas de compensación deberá efectuarse a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de la realización de una operación que deba canalizarse a través del mercado cambiario.

Los residentes, si así lo acuerdan, deberán utilizar las cuentas de compensación para girar y recibir divisas correspondientes al cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones internas cuyo pago no está expresamente autorizado en moneda extranjera en esta resolución.

El Banco de la República reglamentará los términos y las condiciones aplicables para el registro, la presentación de las declaraciones de cambio, el suministro de información, los ingresos, egresos y traslados de divisas.

Artículo 79 […] Parágrafo 5º. Los residentes podrán cumplir en moneda extranjera obligaciones derivadas de operaciones internas, si así lo acuerdan, mediante el giro o recepción de divisas en cuentas de compensación abiertas para el efecto.

Estas operaciones estarán sujetas a las siguientes condiciones:

a. Las cuentas a través de las cuales se giren las divisas para el cumplimiento de las obligaciones entre residentes únicamente podrán constituirse con recursos provenientes de operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario.

Estas divisas deberán utilizarse para cumplir las obligaciones entre residentes. Los saldos podrán venderse a los intermediarios del mercado cambiario o a los titulares de otras cuentas de compensación.

b. Los recursos de las cuentas a través de las cuales se reciban divisas provenientes del cumplimiento de obligaciones entre residentes solo podrán utilizarse para realizar operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. Así mismo, los saldos podrán venderse a los intermediarios del mercado cambiario o a los titulares de otras cuentas de compensación.

c. Las cuentas a que se refiere el presente parágrafo estarán sometidas a las obligaciones previstas en el artículo 56 de esta resolución.

d. Las cuentas a las que se refiere el presente parágrafo podrán presentar ingresos o egresos por concepto de gastos de administración y manejo, errores bancarios y constitución o redención de inversiones financieras efectuadas con recursos de la misma cuenta”(26). (Negrillas de la Sala)

Por su parte, la Circular Reglamentaria DCIN 083 de 16 de diciembre de 2004 proferida por el Banco de la República(27), consagró las condiciones para el manejo de esta modalidad de cuentas.

De lo expuesto en precedencia se concluye que las cuentas de compensación especial solamente pueden ser utilizadas para realizar operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario y sus titulares tienen la obligación de registrarlas ante el Banco de la República y cumplir en relación con ellas los requisitos y condiciones establecidos, sin que les sea dable anteponer el origen de los recursos como causal de falta de competencia de la DIAN para ejercer el control y la potestad sancionatoria en relación con las transacciones realizadas.

Por las consideraciones expuestas este cargo no está llamado a prosperar.

4.4. Competencia de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la decisión sancionatoria.

Se encuentra demostrado que el recurso de reposición interpuesto por la sociedad demandante contra la resolución que le impuso la sanción cambiaria fue resuelto por la Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, quien profirió la Resolución 000664 del 31 de julio de 2009.

La competencia para proferir el acto se fundamentó en las reglas generales que le confieren potestad sancionatoria en materia cambiaria a la DIAN y, además, en lo preceptuado por el artículo 25 del Decreto-Ley 1092 de 1996, “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”, norma especial que es del siguiente tenor:

“Artículo 25 del Decreto 1092 de 1996.- Recurso contra la resolución sancionatoria. Contra la resolución que imponga la multa procederá únicamente el recurso de reposición ante la División Jurídica de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales o la dependencia que haga sus veces o ante la División de Análisis, Supervisión y Control de la Subdirección Jurídica, según corresponda por competencia, dentro del mes siguiente a su notificación”.

Esta norma, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, no fue derogada por el Decreto 4048 de 2008(28), permaneciendo vigente hasta la expedición del 2245 de 2011, que en su artículo 43 precisó que “El presente decreto rige desde la fecha su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, Decretos-Ley 1092 de 1996 y 1074 de 1999”, de tal manera que se encontraba vigente para la fecha en que se resolvió el recurso de reposición por la referida dependencia.

Tampoco resulta de recibo el argumento según el cual en el Decreto 4048 de 2008 se olvidó regular la competencia para resolver el recurso de reposición, pues este decreto se encargó de modificar la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no de establecer el régimen sancionatorio en materia cambiaria, el cual se encontraba regulado en el Decreto 1092 de 1996 en forma especial y se encontraba vigente.

Si bien resulta extraña la denominación del recurso como de “reposición” que en principio debe ser resuelto por el mismo funcionario que dictó el acto objeto de impugnación, al tenor de lo dispuesto por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, lo cierto que tal denominación no escapa al ámbito de configuración del legislador extraordinario, quien tenía la potestad de nominarlo y de asignar la competencia a una dependencia en particular en un régimen especial.

Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que las normas que componen el régimen jurídico cambiario son de carácter especial, de tal manera que prevalecen sobre las normas del C.C.A. y por ello el artículo 50-1 ejusdem no puede ser aplicado en este caso por tratarse de una norma de carácter subsidiario, como igualmente lo concluyó la Sección Primera de esta corporación, en la sentencia que se citó en precedencia.

Cabe igualmente resaltar que el Decreto-Ley 1092 de 1996 que –se reitera– se encontraba vigente para la fecha del acuerdo goza de presunción de legalidad, habiendo sido ampliamente conocido por la sociedad demandante que la competencia para resolver el recurso de reposición estaba asignada a la División de Gestión Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá.

Esta circunstancia aparece demostrada en el trámite administrativo, por cuanto el recurso de reposición interpuesto por escrito radicado el 23 de diciembre de 2008 que obra a folios 267 y siguientes del anexo contentivo de la actuación administrativa sancionatoria, aparece dirigido a esta dependencia, sin que en esa oportunidad se hubiera cuestionado la competencia para resolverlo.

Tampoco la parte actora cuestionó la competencia con ocasión del proferimiento por parte de la División de Gestión Jurídica, del Auto 000181 del 13 de febrero de 2009, por medio del cual se decretó la práctica de pruebas para efectos de resolver el recurso de reposición, trámite en que la sociedad participó activamente, presentando el memorial del 6 de marzo de 2009, visible en los folios 340 a 341 del anexo.

4.5. Violación del principio de legalidad.

Sobre el principio de legalidad y la tipicidad en materia de sanciones cambiarios se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-343 del 2006 en sentido de señalar que en materia administrativa sancionatoria “las conductas o comportamientos que constituyen falta administrativa, no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación típica”.

Explicó que el literal aa) del Decreto-Ley 1074 de 1999 define la infracción cambiaria como la transgresión de las disposiciones constitutivas del régimen de cambios, es decir, que hace una remisión normativa, la que –a su juicio–, como técnica legislativa, no es per se inconstitucional cuando se analiza desde la perspectiva del principio de tipicidad.

Lo anterior implica que la disposición en cuestión requiere completarse con otros preceptos jurídicos a los que se remite, debiendo comprender unos contenidos mínimos que le permitan al intérprete y ejecutor de la norma identificar un determinado cuerpo normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones al respecto.

Además, es necesario que las normas a las que se remite contengan, en efecto, los elementos que permiten definir con precisión y claridad la conducta sancionada, de forma tal que su aplicación se efectúe con el respeto debido al principio de tipicidad.

Examinó específicamente la tipicidad en el régimen cambiario para concluir que en el mismo se establecen cuáles son las operaciones cuyo control y vigilancia fueron encomendadas a la DIAN –importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las operaciones de comercio exterior y financiación de importaciones y exportaciones–, de tal manera que “el legislador de manera previa y general dispuso los elementos de lo que configura una infracción cambiaria, concepto éste que se llena de sentido a partir de la expedición de normas que efectúen autoridades diferentes al legislador, a través de las cuales se detalle la forma de cumplir con los deberes, obligaciones y prohibiciones contenidos en la ley. En este contexto, no puede predicarse de la norma acusada que la misma faculta a la autoridad sancionadora para imponer frente a cualquier conducta una sanción por considerarla infracción cambiaria, y de esta manera desconocer el principio de tipicidad”.

Siendo este el marco conceptual que regula la tipicidad en materia cambiaria, se advierte que si bien le asiste razón al accionante en cuanto a que el ordenamiento jurídico no establece de manera expresa la prohibición de utilizar las cuentas de compensación especial para realizar operaciones cambiarias identificadas bajo el numeral cambiario 1712, como lo reportó la demandante, resulta evidente que los artículos 7º y 79 literal a) parágrafo 5º de la Resolución Externa 8 de 2000, 4º del Decreto 1735 de 1993, 1º del Decreto-Ley 1074 de 1999 y del numeral 8.6.1 de la Circular Reglamentaria DCIN 083 de 16 de diciembre de 2004 proferidas por la Junta Directiva del Banco de la República, al disponer cuál es el tipo de ingresos permitido para ese tipo de cuentas, define con claridad que “sus ingresos únicamente podrán provenir de operaciones que obligatoriamente deban canalizarse a través del mercado cambiario”.

Tal precepto normativo fue incumplido por la sociedad, siendo anterior al hecho que se le imputó, destacando la Sala que el pliego de cargos precisó con absoluta claridad y sin ambigüedad la conducta que le merecía el reproche a la luz de las normas que establecían el régimen cambiario.

En ese orden de ideas, como el ingreso reportado por la sociedad actora corresponde a operaciones de venta de mercancías no consideradas exportación, ese sólo hecho es más que suficiente para concluir que la cuenta corriente de compensación especial fue utilizada para realizar operaciones no permitidas, lo cual entraña una infracción cambiaria en los términos mencionados(29).

4.6. Proporcionalidad de la sanción.

En los actos administrativos censurados se precisó que el Decreto 1092 de 1996, modificado por el Decreto-Ley 1074 de 1999, que establece el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias y consideró que para la conducta cuya concreción se dio en el sub examine correspondía la sanción consignada en el literal r) del artículo 3º del Decreto 1092 de 1996, modificado por el artículo 1º del Decreto 1074 de 1999 por utilizar cuentas corrientes especiales de compensación para operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario.

El precepto que contiene la sanción establece el monto correspondiente, en los siguientes términos: “r) Por utilizar las cuentas corrientes de compensación especiales para operaciones diferentes a las autorizadas por el Régimen Cambiario, se impondrá una multa del veinte por ciento (20%) del valor de la operación respectiva, sin exceder de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales”, extremos que fueron debidamente respetados en el acto administrativo sancionatorio, en el que se explicó las razones por las cuales según el monto de las operaciones realizadas en la cuenta, correspondía la sanción impuesta.

Lo anterior por cuanto no es dable olvidar que en esta materia, la competencia de los funcionarios administrativos más que discrecional es una competencia reglada, como lo precisó la Corte en la Sentencia C-071 de 1994, en el sentido que “el orden jurídico establece de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto”.

En consecuencia, en este específico aspecto de la decisión no se vulneraron las normas de superior jerarquía, toda vez que la misma resulta respetuosa de los principios de legalidad, razonabilidad, proporcional, y se advierte carente de arbitrariedad, correspondiendo estrictamente a la prevista por el legislador quien en su oportunidad observó tales criterios para su determinación.

5. Conclusión.

Del estudio de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, no encuentra la Sala alguno que tenga la capacidad desvirtuar las conclusiones a las que arribó el a quo en torno a la validez de los actos administrativos al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad que los ampara, motivo por el cual se confirmará la sentencia recurrida.

6. Costas.

No se condenará en costas en esta instancia, por cuanto no se advierte que la parte vencida haya desplegado una conducta temeraria en las actuaciones procesales.

6. (Sic) Otras decisiones.

La Sala observa que en el trámite de la segunda instancia del proceso se allegaron los siguientes poderes:

En el folio 35 del cuaderno número 2, obra el poder conferido por la Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a las abogadas Ángela María Rodríguez Hernández y Nancy Piedad Téllez Ramírez, la primera de las cuales presentó renuncia al poder, según escrito que obra en el folio 55 del expediente.

En consecuencia, la Sala con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, normatividad adjetiva que rige el presente trámite, entiende terminado el mandado conferido a la abogada Gina Fernanda Rodríguez Páez, quien venía actuando en el proceso en representación de la DIAN; aceptará la renuncia presentada por la abogada Ángela María Rodríguez Hernández y le reconocerá personería para actuar en el presente proceso a Nancy Piedad Téllez Ramírez, en los términos y para los efectos del mandato conferido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta - Descongestión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. Falla:

1. CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección “C”, en Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLARAR terminado el mandado conferido a la abogada Gina Fernanda Rodríguez Páez.

3. ACEPTAR la renuncia del mandato conferido a la Ángela María Rodríguez Hernández.

4 RECONOCER PERSONERÍA adjetiva para actuar en el presente proceso en representación de la DIAN a la abogada Nancy Piedad Téllez Ramírez, en los términos y para los efectos del mandato conferido.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

17 Aplicable al presente asunto en virtud de lo dispuesto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso “c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el término del traslado para alegar corrió entre el 11 de septiembre de 2013 y el 24 de septiembre de 2013 (fl. 15 reverso cuaderno número 2), el presente asunto se encuentra para fallo previó a la entrada en vigencia del Código General del Proceso (1º de enero de 2014, como lo dispone su artículo 627 y como lo definió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto de 25 de junio de 2014, Expediente 49.299, C. P. Enrique Gil Botero.

18 El acto administrativo obra a folios 21 a 31 del cuaderno número 3.

19 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.

20 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.

21 Ver al respecto la Sentencia C-564 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

22 Cfr. artículo 2° del Decreto-Ley 1092 de 1996.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-343 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinoza.

24 Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 2500-23-24-000-2010-00084-01, M. P. Guillermo Vargas Ayala.

25 El inciso 1° de la ley marco de los cambios internacionales, al referirse al mercado cambiario dispone: “Artículo 6º. Mercado cambiario. El mercado cambiario estará constituido por la totalidad de las divisas que deban ser transferidas o negociadas por conducto de los intermediarios que se autoricen en desarrollo de esta Ley. El Gobierno Nacional fijará las normas tendientes a organizar y regular el funcionamiento de este mercado. Además, establecerá las operaciones de cambio cuyo producto en moneda extranjera no deba ser transferido o negociado a través del mercado cambiario y los mecanismos que podrán utilizarse para la posesión o negociación de las divisas correspondientes en el país. […]”.

26 Este artículo fue modificado R.E. 2/2010, Art.14 º. Boletín Banco de la República.

27 8.6. Cuentas corrientes de compensación especiales para manejo de operaciones internas:
Los residentes en el país podrán efectuar y recibir pagos en moneda extranjera correspondientes al cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones internas, si así lo acuerdan, siempre y cuando éstos se realicen por conducto de una cuenta corriente de compensación abierta para el efecto, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5º del artículo 79 de la R.E. 8/2000 J.D.
8.6.1. Condiciones de las cuentas establecidas por quien efectúa un pago por obligaciones entre residentes.
La cuenta corriente de compensación que se utilice para estos propósitos, deberá ser constituida especialmente con tal fin, en instituciones financieras del exterior, y sus ingresos únicamente podrán provenir de operaciones que obligatoriamente deban canalizarse a través del mercado cambiario, previstas en el artículo 7º de la R.E.8/2000 J.D.

28 Este decreto, de conformidad con lo previsto por el artículo 53 no derogó el Decreto-Ley 1092 de 1996. La norma que contiene las derogaciones es del siguiente tenor: “El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1071 de 1999 a excepción de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º y 31; el Decreto 1265 de 1999, el Decreto 2689 de 1999, el Decreto 517 de 2001, el Decreto 4271 de 2005, el Decreto 4756 de 2005 y el Decreto 2392 de 2006”.

29 Ob. cit., cita 24.