Sentencia 2010-00061 de mayo 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expedientes acumulados: 110010328000-2010-00061-00, 110010328000201000065-00, 110010328000201000068-00, 110010328000201000072-00, 110010328000201000073-00, 110010328000201000075-00, 110010328000201000077-00, 110010328000201000079-00, 110010328000201000080-00, 110010328000201000081-00, 110010328000201000082-00, 110010328000201000083-00, 110010328000201000084-00, 110010328000201000085-00, 110010328000201000088-00, 110010328000201000089-00, 110010328000201000090-00, 110010328000201000091-00, 110010328000201000092-00.

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros.

Demandado: Senadores de la República 2010-2014.

Electoral única instancia: Fallo de única instancia.

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil trece.

Agotados los trámites propios del proceso y sin que existan nulidades procesales que impidan abordar el fondo del asunto, se profiere fallo de única instancia dentro de los Procesos Electorales acumulados promovidos por Astrid Sánchez Montes de Oca, Sigifredo López Tobón, José Manuel Abuchaibe Escolar, Carlos Fernando Motoa Solarte, Guillermo García Realpe, Luis Fernando Duque García, Sebastián Fausto Méndez Toloza, Arturo Yepes Alzate, Carlos Ramón González Merchán, Herbert Rudecindo Mosquera Castro, Eduardo Carlos Merlano Morales, Partido Conservador Colombiano, Lidio Arturo García Turbay, Víctor Velásquez Reyes y otros, Rodrigo Lara Restrepo, Clara Isabel Pinillos Abozaglo, Rodrigo Romero Hernández, Fuad Rapag Matar y Arturo Yepes Alzate(1) contra quienes resultaron elegidos Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014, según Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral (Consejo Nacional Electoral).

I. Las demandas

1. Proceso electoral 201000061 de Astrid Sánchez Montes de Oca.

1.1. Pretensiones(2).

Con la demanda se pidió:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad del acta de escrutinios formulario E-26, de fecha diez y ocho (18) de julio del año dos mil diez (2010) y de la Resolución 1787 de la misma fecha, por medio de las cuales, el Consejo Nacional Electoral computó el resultado final de las votaciones depositadas el 14 de marzo de 2010 para el Senado de la República, definió y determinó la composición del mismo y ordenó la expedición de las respectivas credenciales para el período constitucional 2010-2014.

SEGUNDA: Que se declare que son nulos los actos administrativos proferidos por el Consejo Nacional Electoral dentro de la audiencia pública de escrutinios dispuesta por esa entidad para el departamento de Chocó, de acuerdo con los cuales se introdujeron modificaciones a los escrutinios municipales y departamentales celebrados y específicamente las resoluciones: 1271, 1336, 1337, 1338, 1339, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1407, 1409, 1410, 1425, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1589, 1590, 1595, 1596, 1597, 1616, 1623, 1686, 1687, 1688, 1689, 1708, 1710, 1711, 1739 y 1740, todas de 2010, proferidas todas con base en la revisión dispuesta para ese departamento y con las cuales se afectaron los resultados parciales y se realizó la declaración de la composición del Senado de la República.

TERCERA: Que son nulas de manera específica las resoluciones 1271 de junio 17, 1337, 1338 y 1339 de junio 23, 1541,1545 y 1546 de julio 7 y 1623 de julio 11 de 2010 en cuanto decidieron dejar sin efecto las actas de escrutinio municipal [E-24] de los municipios de Lloró, Litoral de San Juan, Medio Atrato y Medio San Juan, disponiendo la contabilización de los votos con base en el E-14 o acta de jurados.

CUARTA: Que son nulas las resoluciones 1336 de junio 23 y 1616 de julio 10 de 2010, en cuanto ordenaron ilegalmente la exclusión de algunas mesas de votación por razón de una supuesta extemporaneidad en la entrega de los documentos electorales por parte de los jurados de votación, lo que no es cierto de acuerdo con los hechos de la demanda.

QUINTA: Que es nula específicamente la Resolución 1425 de 30 de junio y la 1711 de julio 14 de 2010 en cuanto ordenó (sic) excluir las mesas de votación del puesto Villa Colombia, municipio de Bajo Baudó, con base en una supuesta mezcla de las tarjetas electorales, decisión que no se compadece con la verdad electoral.

SEXTA: Que son nulas las resoluciones 1410 del 29 de junio y la 1710 del 14 de julio de 2010 en cuanto ordenaron excluir del cómputo general de votos la mesa 99 de la zona 80 puesto 1 del corregimiento Puerto Alegre (Nauca) del municipio de Alto Baudó, por cuanto los argumentos en que se funda la decisión no corresponden a la realidad conforme a los hechos de la demanda.

SÉPTIMA: Que son nulos los registros consignados en el E-26 Senado, en cuanto el Consejo Nacional Electoral omitió contabilizar votación legalmente consignada en las actas de jurado y en los E-24 del departamento de Chocó, afectando la verdad electoral de la candidata 14 del Partido de Unidad Nacional, respecto de quien no tuvo en cuenta la votación de las siguientes mesas:

MunicipioZonaPuestoMesa
Medio San Juan001
Jurado001
Carmen del Darién99151
Carmen del Darién99302
Medio Atrato9901
Medio Atrato99282
Medio Atrato99601

OCTAVA: Que es nulo el registro electoral correspondiente al departamento de Sucre, en cuanto a lo consignado en la zona 1 puesto 3 mesa 8 del municipio de Sincelejo, toda vez que en el formato E-26 se consignó falsamente para el candidato 85 del Partido Social de Unidad Nacional, una votación que no corresponde con el acta de jurados, afectando la verdad electoral conforme se demostrara (sic) en los hechos de la demanda.

NOVENA: Que son nulos los registros consignados en las actas de escrutinio del municipio de Magangué, departamento de Bolívar, por cuanto en la zona 2 puesto 3 mesa 4; en la zona 99 puesto 1 mesa 1 y en la zona 99 puesto 17, mesa 3, de ese municipio, al candidato 85 del Partido de Unidad Nacional le fueron registrados falsamente en el E-26 votos que no aparecen relacionados en el E-14 de delegados, afectando la verdad electoral como se demostrara (sic) en los hechos de la demanda.

DÉCIMA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, las cuales necesariamente implican una modificación del orden de la votación en la lista del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) y por ende la composición actual del Senado, se ordene la realización de un nuevo escrutinio y con base en el mismo se cancele(n) las credenciales de quien(es) resulte(n) afectados(s) con el nuevo escrutinio y se otorgue(n) la(s) que corresponda(n) conforme al sistema electoral vigente”.

1.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. Astrid Sánchez Montes de Oca participó en la contienda electoral como candidata al Senado de la República por el Partido de Unidad Nacional (Partido de la U) con el Nº 14 en la tarjeta electoral.

3. El Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 265 de la Constitución Política, y en el Acto Legislativo 1 de 2009, asumió los escrutinios departamentales y dispuso la revisión de los efectuados. A los magistrados José Joaquín Vives y Ciro Muñoz Oñate les correspondió por reparto la revisión de los escrutinios de Cámara de Representantes del departamento de Chocó y Senado de los departamentos de Chocó, Sucre y Guajira, respectivamente.

4. Para llevar a cabo su labor el Consejo Nacional Electoral ordenó el traslado a Bogotá de todos los documentos electorales de los departamentos de Chocó, a través de las resoluciones 646 y 660 de 26 de marzo, 697 de 30 de marzo y 731 de 7 de abril de 2010; Sucre, mediante las resoluciones 657 de 26 de marzo y 765 de 15 de abril de 2010; Guajira, por Resolución 942 de 10 de mayo de 2010; Bolívar, según resoluciones 664 de 27 de marzo y 763 de 15 de abril de 2010; y Magdalena, a través de las resoluciones 662 de 26 de marzo y 711 de 30 de marzo de 2010 “…tal como se ilustra en el anexo 1”.

5. El Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución 754 de 9 de abril de 2010, “protocolo” general de revisión de escrutinios, sin tener competencia para expedir normas de carácter estatutario, dicho acto fue publicado en el Diario Oficial el 21 de abril, quince días después de haberse iniciado el proceso de revisión.

6. Que aunque el mencionado “protocolo” creó en el Consejo Nacional Electoral unas salas unitarias, y estas fueron conformadas por cada uno de los magistrados de la corporación con la orden de que sus decisiones debían ser objeto de apelación y por consiguiente de discernimiento ante su Sala Plena, dentro del proceso de revisión el conocimiento lo asumió directamente la Sala Plena y las decisiones fueron objeto de reposición en quebranto de la verdad electoral y la transparencia del proceso.

7. Que de conformidad con los datos electorales parcialmente divulgados en la página Web por las autoridades competentes hasta el momento en que se decidió el proceso de revisión de los escrutinios al Partido de la U le correspondían 28 curules y los tres últimos escaños del partido se los disputaban los candidatos Jorge Ballesteros de la Guajira, Fuad Rapag Matar del Magdalena y Astrid Sánchez del Chocó; el escaño 29 lo ostentaba Eduardo Carlos Merlano de Sucre. Y aunque la revisión de los escrutinios de los departamentos de la Guajira, Chocó y Sucre le fue asignada al magistrado Ciro Muñoz Oñate, el proceso de revisión no tuvo un trato igual en los tres departamentos; mientras que en los departamentos de la Guajira y Sucre el proceso se limitó a resolver algunas reclamaciones y en ellos no se hizo el uso de la facultad oficiosa, en el departamento de Chocó dicha facultad fue utilizada en forma desmesurada y recurrente, las proporciones de revisión de los escrutinios varían de un 90% a un 30% de un departamento a los otros.

8. El proceso de revisión de los escrutinios no se cumplió de manera uniforme y simultánea; la demora de dos meses en el traslado de los documentos electorales de los departamentos de Bolívar y Magdalena, en los que se definían las curules de Fuad Rapag y Eduardo Carlos Merlano, éste último con una cuantiosa votación en el municipio de Magangué (Bolívar), no es excusa para que ello se hiciera a la carrera y sin la rigurosidad del caso.

9. Para ejemplificar el tratamiento discriminatorio se aduce que mientras que en el proceso de revisión del departamento del Chocó se profirieron 18 actos administrativos en los demás departamentos (Magdalena, Bolívar, Guajira y Sucre) no se produjeron más de tres actos; es así como través de las resoluciones 1271 del municipio de Lloró, 1336 de los municipios de Quibdó, Unión Panamericana, Istmina, Tadó, y El Litoral de San Juan, 1337 de El Litoral de San Juan, 1338 del Medio Atrato, 1339 del Medio San Juan, 1368 del Carmen del Darién, 1369 de Acandí, 1370 de Sipí, 1371 de Jurado, 1372 de Río Sucio, 1407 de Bagadó, 1409 de Medio Baudó, 1410 de Alto Baudó, 1425 de Bajo Baudó, 1589 de Condoto, 1590 de Istmina, 1596 de Bojayá, y 1597 de Cértegui, se causó de manera intencional una afectación al resultado de la votación adquirida por la candidata Astrid Sánchez Montes de Oca.

10. Paralelo al proceso de revisión y escrutinio departamental se inició el escrutinio nacional, los documentos electorales del departamento de Chocó fueron remitidos a tiempo al Consejo Nacional Electoral mientras que los de Magdalena y Bolívar tardíamente.

11. El proceso de revisión del departamento de Chocó se llevó a cabo entre el 28 de abril y el 5 de mayo con relación a Cámara de Representantes, y entre el 10 de mayo y el 3 de junio de 2010 con respecto a Senado de la República; en desarrollo del mismo se produjeron varios actos administrativos que fueron notificados en audiencia, el término para que estos actos fueran recurridos nunca superó las doce horas, se quebrantó con ello el debido proceso y el derecho de contradicción.

12. Mediante resolución y sin haberse realizado el escrutinio nacional ni haber quedado en firme las resoluciones donde se incluían o excluían mesas en el País se entregaron credenciales a los candidatos elegidos para Parlamento Andino; que sin finalizar el escrutinio departamental se dispuso en algunos casos sobre la composición de la Cámara de Representantes; y que se produjeron actos que luego de ser notificados fueron destruidos o que siendo notificados en horas de la tarde aparecieron como ejecutados en horas de la mañana.

13. Dentro del proceso de revisión de los escrutinios del departamento de Chocó el Consejo Nacional Electoral profirió varios actos administrativos que admiten la declaración de nulidad, no sólo porque ellos se expidieron con base en otro acto ilegal, la Resolución 754 de 2010, sino porque por sí solos constituyen una violación a la ley, estos son: 1) los que anularon en la práctica las actas de escrutinio municipal (E-24) realizadas por las comisiones escrutadoras y ordenaron que la contabilización de los votos en esos municipios se hiciera con base en las actas de jurado o formularios E-14; 2) los que excluyeron del cómputo de votos mesas con el argumento de que los pliegos electorales de éstas fueron entregados extemporáneamente; 3) los que excluyeron del cómputo de votos mesas con el argumento de que se presentó suplantación de electores; y 4) los que excluyeron del cómputo de votos algunas mesas por cuanto las tarjetas de estas supuestamente aparecieron mezcladas.

14. Pese a la presunción de legalidad que cobija las actas de escrutinio municipal el Consejo Nacional Electoral invocando facultades constitucionales y legales, anuló las actas de los municipios de Lloró, Litoral San Juan, Medio Atrato y Medio San Juan (Chocó), a través de las resoluciones 1271, 1337 y 1546, 1338 y 1541, y 1339 y 1545. Como la decisión afectó la totalidad de las mesas se ordenó la contabilización de los votos de estas con base en los formularios E-14 y no como debía hacerse con observancia de los E-24. Se hace en este punto la precisión de que el Consejo Nacional Electoral no mantuvo la misma posición con respecto a otros municipios, que en algunos casos se contó con base en el E-24, como en Acandi, Carmen del Darién, Jurado, Río Sucio, Alto Baudó, Medio Baudó e Istmina (ver cuadros fl. 316 con municipios, mesas y resoluciones) y en otros casos con observación del E-14 (como Acandí, Sipí, Juradó y Río Sucio), en un trato desigual.

15. La orden contenida en la Resolución 1338 de 23 de junio, confirmada por la Resolución 1541 de 7 de julio, en el sentido de aplicar el E-14 en los municipios de Lloró, Litoral de San Juan, Medio San Juan y Medio Atrato, fue modificada por el Consejo Nacional Electoral para el municipio de Medio Atrato por Resolución 1623 de 11 de julio de 2010, bajo el argumento de una corrección por error de digitación.

Dicho “error de digitación” esgrimido por la autoridad electoral en la Resolución 1623 no es cierto porque en la Resolución 1338 se ordenó tener en cuenta los E-14 en todo el municipio de Medio Atrato; en la Resolución 1541, que resuelve el recurso de reposición contra la misma, se confirmó y ordenó tener en cuenta los E-14 de tan solo cinco (5) mesas de quince (15) en total; y posteriormente en forma extraña y dolosa al encontrarse ejecutoriada la Resolución 1541 a través de una nueva resolución de corrección sobre la parte resolutiva de varias resoluciones por contener supuestamente errores de digitación se decide que para el caso concreto se debe tener en cuenta el formulario E-14 como base para contabilizar ya no todas las mesas como se ordenó originalmente en la Resolución 1338, ni tampoco las cinco (5) que se escogieron en la Resolución 1541, sino diez (10) mesas, y ello constituye una nueva decisión. Esta providencia fue objeto de recurso pero el mismo fue negado.

La gravedad del hecho anterior y la falsedad del registro ordenado se verifica por cuanto la última de las decisiones tomadas pretende la exclusión de la contabilización de los E-14 de las mesas que se detallan en el cuadro de la pretensión séptima de la demanda, para que por descarte se apliquen los E-24 que figuran en cero (0) a diferencia de los E-14 que registran una votación de 112 votos a favor de la candidata 14 del Partido de la U.

Es así como en el municipio Medio Atrato, en la zona 0, puesto 0, mesa 1, la candidata 14 del Partido de Unidad Nacional aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de cero (0) votos y en el E-14 delegados publicado en la página Web de la Registraduría con una votación de (22) votos; en la zona 99, puesto 28, mesa 1, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de cero (0) votos y en el E-14 delegados con una votación de (26) votos; en la zona 99, puesto 60, mesa 1, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de (0) votos y en el E-14 delegados con una votación de (65) votos. Sin explicación alguna para la omisión de estos votos (Invoca el anexo 2).

16. Si bien algunas de las mesas escrutadas efectivamente aparecen con los pliegos entregados por fuera de las once de la noche (11:00 p.m.), la decisión de exclusión por extemporaneidad contenida en la Resolución 1336 de 23 de junio de 2010, confirmada por Resolución 1616 de 11 de julio, es ilegal y discutible con relación a ciertas mesas de votación [Ver mesas fl. 319]. El acto de exclusión de estas mesas tuvo en cuenta de manera simple la hora de las once de la noche (11:00 p.m.), que aparece consignada en los formularios E-17, desconoce que un “segundo” de tiempo no puede ser suficiente para cercenar la utilidad del voto de los ciudadanos y afectar sus derechos fundamentales.

En el sub lite nada impedía que se consignara como hora de entrega de los documentos electorales un “segundo” antes de las once de la noche (11:00 p.m.), este hecho de la supuesta extemporaneidad pasó desapercibido tanto para los jurados como para el delegado, el registro se entendió ajustado en tiempo y así también lo percibió la comisión escrutadora en cuanto no dispuso la exclusión por este motivo.

La interpretación del “segundo” de más, que de acuerdo con la norma sería la diferencia entre “antes de las once de la noche” y las “once de la noche” que se imputa a quien entrega los pliegos desconoce que el proceso de recibo de los documentos y la simple elaboración del formulario por sí solos causan más de un segundo. Se cita al respecto sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 8 de mayo de 2009, radicación 2007-00124-01, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

De acuerdo con la interpretación normativa hecha por la jurisprudencia del Consejo de Estado se entiende que el plazo máximo a partir del cual se configura la extemporaneidad es el de las once de la noche (11:00 p.m.), con lo que aquellos documentos que figuran entregados a esa hora no pueden ser afectados con la exclusión so pena de afectar los derechos fundamentales tanto del que vota como de quien se votó.

Según lo consignado en la misma resolución de exclusión los formularios E-20 referentes a las mesas excluidas se elaboraron a las 11:10 p.m., y en el caso de la mesa del corregimiento de Isla Mono del municipio de Litoral de San Juan, conforme a la certificación allegada por la delegada a las 11:00 p.m., del día 14 de marzo, en tanto que para introducirlos al arca triclave se tenía hasta el día 15 de marzo a las 6:00 p.m., según Resolución 2001 de 4 de marzo de 2010.

Es improcedente la exclusión que se hace de las mesas 09 y 011 del puesto de San Judas Tadeo de municipio de Quibdó a través de la Resolución 1336 con base en lo decidido en el proceso de revisión para Cámara de Representantes y las resoluciones 1 de 13 de mayo, 9 y 10 de 21 de mayo de 2010. Lo que ordena la Resolución 1 es la contabilización de las mesas más no su exclusión; si las susodichas mesas entraron al arca triclave a las 10:20 p.m., y la hora señalada en el E-17 por el delegado refleja una diferencia de una hora (11:20 p.m.) existe un error, una falsedad en el registro del E-17.

En el puesto San Judas Tadeo la hora de entrega de los pliegos electorales no es clara, no existe certeza sobre quien elaboró los E-17 como tampoco en qué momento ello se hizo. Como no fue posible tener acceso a la información de ello ante el Consejo Nacional Electoral se recurrió a los jurados y algunos accedieron a declarar ante Notario que los pliegos en la mayoría de los casos se entregaron antes de la 11:00 p.m., que fueron recibidos por tres delegados distintos del registrador y que no recuerdan haber suscrito documento de entrega de la información (ver anexo).

La votación excluida en relación con las mesas indicadas en este hecho alcanza la cifra de 490 votos excluidos para la candidata 14 del Partido de la U. Se anexó para los efectos cuadro que consigna las mesas en las que el E-20 fue recibido antes que el E-17 [Ver mesas fls. 324 y 325].

17. La decisión de excluir las mesas 1 y 2 del corregimiento Villa Colombia del municipio de Bajo Baudó en el departamento de Chocó contenida en las resoluciones 1425 y 1711 de 11 de julio de 2010, es ilegal. Si bien es cierto la causal aludida en el numeral 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, hace alusión a la mezcla de tarjetas electorales o votos y en el proceso de revisión se encontró que las 250 tarjetas depositadas en la mesa 1 corresponden a la mesa 2 y las 149 de la mesa 2 corresponden a la mesa 1, no obstante que los demás documentos electorales del kit aparecen correctamente asignados a las mesas, la exclusión no podía efectuarse porque la mezcla a que alude la norma no es una mezcla de cualquier naturaleza como la asume equívocamente el Consejo Nacional Electoral. Se cita al respecto lo considerado por la Corte Constitucional en Sentencia C-142 de 2001, que hace mención a que el legislador ha previsto tres situaciones en las que se presenta nulidad de las actas de escrutinio; por violencia contra los escrutadores, por destrucción de las papeletas de votación o por mezcla de las mismas a causa de un hecho de violencia.

En la mesa 2 no se estableció si las tarjetas pertenecían a otra mesa y en caso afirmativo a cual o si simplemente se trató de un error de la firma encargada de suministrar la logística como quedó demostrado en un caso similar. En la mesa 1 no se puede hablar técnicamente de que las tarjetas fueron mezcladas puesto que la totalidad de las 149 tarjetas corresponden a la misma mesa solo que aparecen embaladas en la bolsa de la mesa 2, puede existir tan solo un error en la identificación del sobre o bolsa, pero esta situación no fue objeto de discusión en el proceso de revisión.

Los documentos electorales nunca fueron puestos a disposición durante el proceso de revisión en este caso en contravía a lo dispuesto por el artículo 192 del Código Electoral y el principio de publicidad. El acto por el cual se excluyeron las mesas, la Resolución 1425, carece de motivación a la luz del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el acto sólo se limitó a manifestar que no fue posible determinar el momento en que las tarjetas fueron mezcladas.

18. A través de las resoluciones 1410 de 29 de junio y 1710 de 14 de julio de 2010 y en aplicación de la Resolución 754 de 2010 el Consejo Nacional Electoral excluyó del cómputo general de los votos la mesa 001, de la zona 99, del puesto 80, de Puerto Alegre (Nauca) del municipio de Alto Baudó, bajo el argumento de que se presentaron en ella una serie de irregularidades (suplantaciones) que cobijan al menos el 60% de los electores registrados. Para tomar esa decisión simplemente se tuvo en cuenta por el organismo el procedimiento cumplido durante el proceso de revisión para Cámara de Representantes. Los documentos electorales y las diligencias adelantadas de naturaleza pericial base de la decisión no fueron puestos a disposición de los interesados durante la revisión de Senado en oposición al principio de publicidad y el derecho de contradicción.

Frente a las posibles irregularidades en el diligenciamiento del formulario E-11, supuesto argumento para la revisión, se dispuso en su momento un examen pericial para determinar la correspondencia de las impresiones dactilares con los números de cédula y los nombres contenidos en ellos; este examen se limitó a las respectivas casillas del formulario y su correspondencia con la huella, el estudio ordenado debió ser más completo, no debió limitarse a las simples casillas. En aras de dilucidar el tema y probar que no hubo la pretendida suplantación se buscó a los electores que votaron en la mesa excluida y se les recibió declaración ante Notario, las que se allegan y piden que sean ratificadas en la etapa probatoria (ver anexo).

Si el criterio adoptado es que la mesa se excluye por cuanto la irregularidad (suplantación) supera el 60%, con las pruebas que se acompañan, ese porcentaje se controvierte. Más de la mitad de la mesa certificó que votó y colocó su huella dejando en entredicho lo afirmado por los peritos en revisión.

19. A consecuencia del proceso de revisión se efectuaron falsos registros que inflaron la votación del candidato 85 del Partido de Unidad Nacional: — En el municipio de Magangué (Bolívar) en la zona 2, puesto 3, mesa 4, el candidato 85 del Partido de Unidad Nacional aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de cinco (5) votos y en el E-14 de delegados publicado en la página Web de la Registraduría con una votación de cero (0) votos; en la zona 1, puesto 3, mesa 15, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de cuatro (4) votos y en el E-14 de delegados con una votación de cero (0) votos; en la zona 99, puesto 84, mesa 2, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de veinticuatro (24) votos y en el E-14 de delegados con una votación de cero (0) votos; en la zona 99, puesto 84, mesa 3, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de cuatro (4) votos y en el E-14 de delegados con una votación de cero (0) votos; en la zona 99, puesto 1, mesa 1, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de veintiuno (21) votos y en el E-14 de delegados con una votación de cero (0) votos, votación que le pertenece al candidato 89 del mismo partido y que se puede apreciar claramente en el E-14; — En el municipio de Barranca de Loba (Bolívar) en la zona 0, puesto 0, mesa 7, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de seis (6) votos y en el E-14 de delegados con una votación de cero (0) votos; — En el municipio de Cicuco (Bolívar) en la zona 0, puesto 0, mesa 3, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de ocho (8) votos y en el E-14 de delegados con una votación de cero (0) votos; — En el municipio de Cartagena (Bolívar) en la zona 15, puesto 3, mesa 3, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de cinco (5) votos y en el E-14 de delegados con una votación de un (1) votos; — En el municipio de Sincelejo (Sucre) en la zona 3, puesto 5, mesa 5, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de treinta y dos (32) votos y en el E-14 de delegados no aparece votación registrada; en la zona 3, puesto 3, mesa 19, aparece en el formulario E-26 definitivo con una cantidad de veintitrés (23) votos, no obstante que la mesa fue revisada conforme a la Resolución 1374 de 26 de junio de 2010 sin que allí le figuren votos [Ver mesas fls. 330-331].

20. La votación de la candidata 14 del Partido de Unidad Nacional consignada en el formulario E-26 definitivo y que se tuvo en cuenta para la declaración de elección del Senado de la República y la asignación de curules no corresponde a la verdad. Se omitieron en él los siguientes votos a favor de Astrid Sánchez Montes de Oca: del municipio de Medio San Juan (Chocó), Z.00, P.00, M.001: 41 votos; del municipio de Jurado (Chocó), Z.00, P.00, M.001: 34 votos; del municipio Carmen del Darién (Chocó), Z.99, P.15, M.001:1 voto y Z.99, P.30, M.002: 1 voto.

21. Se argumenta que a consecuencia de los hechos advertidos en los puntos anteriores a la candidata Astrid Sánchez Montes de Oca no se le contabilizaron ciertos votos, razón por la cual no le fue expedida la credencial 28 asignada a su partido [Ver mesas fls. 332-333].

22. Se manifiesta que si prospera la demanda y se hace un nuevo escrutinio se debe modificar el orden de la lista del Partido de Unidad Nacional, dado que entre ella y el señor Eduardo Carlos Merlano, a quien se le otorgó la credencial, existió inicialmente una diferencia de tan solo ciento setenta y un votos (171) y ella supera esta cantidad. Por consiguiente se debe cancelar la credencial del señor Merlano y se debe declarar su elección.

23. Las modificaciones hechas con el nuevo escrutinio afectarán parcialmente los resultados electorales de Senado específicamente la última curul del Partido de Unidad Nacional.

24. Pese a la actitud insistente para obtener las documentales del caso ante el Consejo Nacional Electoral y ante la omisión de este organismo solicita que se decreten como prueba todos los documentos electorales que permitan estructurar sus acusaciones.

25. Los actos administrativos por los cuales se concluyó el proceso de revisión fueron cuestionados en sede administrativa a través del recurso de reposición por ser contrarios a la verdad electoral. A nombre de la candidata Astrid Sánchez Montes de Oca se recurrieron las resoluciones 1336, 1337, 1338, 1339, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1407, 1409, 1410, 1425, 1589, 1590, 1596 y 1597, de ellas sólo se repuso parcialmente la 1336. Como la Resolución 1271 se notificó en audiencia y no fue recurrida de manera inmediata se atacó por vía de revocatoria directa, la Resolución 1364 de 26 de junio negó esta solicitud. La Resolución 1336 fue confirmada por la Resolución 1616; la Resolución 1623 se expidió para aparentemente corregir un error de digitación, frente a ella se presentó reposición pero este fue negado, ello motivó una solicitud de revocatoria que se denegó con base en la Resolución 1739.

Las resoluciones 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545 y 1546 confirman y niegan los recursos propuestos contra las resoluciones originales como igualmente lo hacen las resoluciones 1595, 1616, 1686, 1687, 1688, 1689, 1708, 1710 y 1711, por lo que se pide la nulidad tanto de las primeramente expedidas como de las que revuelven los recursos presentados.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Constitucionales; artículos 29, 40 y 256, Acto Legislativo 1 de 2009. De orden legal; artículos 84, 223, 226, 227 y demás concordantes del Código Contencioso Administrativo, Código Penal, capítulo de Delitos Electorales.

Se manifiesta que fue de público conocimiento que en el proceso de revisión y escrutinio ante el Consejo Nacional Electoral se favorecería al candidato 85 del Partido de Unidad Nacional, y que el consejo actuó durante todo el proceso de manera errada con base en las resoluciones 552 y 754 por él expedidas; dispuso primero la revisión de los escrutinios y posteriormente en el ejercicio de aparentes facultades constitucionales y legales reglamentó él mismo el procedimiento de revisión sin tener competencia para ello, fijó por resolución lo que se encuentra reservado a la ley, como por ejemplo: la estimación de porcentajes para determinar la procedencia de la exclusión o no de una mesa.

Como el acto que sirvió de soporte al proceso de revisión se expidió con base en una probada falta de competencia y con claro abuso de poder, los actos proferidos en desarrollo del mismo son anulables.

La posición asumida por el Consejo Nacional Electoral de que en cuatro municipios no existían motivos para que las comisiones escrutadoras procedieran al reconteo de votos y la orden de que en estas municipalidades se contabilizara la votación con base en los formularios E-14 y no en los E-24, es equívoca. Desconoce la facultad oficiosa que tienen las comisiones, el hecho de que las reclamaciones ante el consejo pueden también ser presentadas por primera vez ante las mismas y la presunción de legalidad de las actas de escrutinio.

La supuesta disminución de los votos no marcados es una mera especulación que debió dilucidarse acudiendo al conteo físico.

Desestimar y excluir la cuantiosa votación contenida en las mesas excluidas por extemporaneidad atenta contra el principio de la eficacia del voto. El hecho de que los formularios E-20 de las mesas acusadas aparezcan diligenciados en el tiempo antes que los formularios E-17 explican y soportan la entrega oportuna de los documentos electorales.

La decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral de exclusión de una mesa del municipio de Alto Baudó por supuesta suplantación durante el proceso de revisión tuvo en cuenta simplemente el procedimiento cumplido durante el proceso de revisión para Cámara de Representantes. Los documentos electorales y las diligencias adelantadas de naturaleza pericial, base de la decisión, no fueron puestos a disposición de los interesados durante la revisión de Senado en oposición al principio de publicidad y el derecho de contradicción.

La determinación del Consejo Nacional Electoral de excluir durante el proceso de revisión dos mesas por supuesta mezcla de tarjetas electorales carece de fundamento. Si las tarjetas corresponde todas a una mesa y el kit electoral aparece completo, mal puede hablarse de mezcla por el hecho de haber sido embaladas en la bolsa de otra mesa.

1.4. Contestación.

1.4.1. Registraduría Nacional del Estado Civil.

La entidad contestó la demanda a través de apoderado y solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación por pasiva. Argumenta que de conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 la entidad competente para conocer y decidir de los recursos que se interpongan con respecto a los escrutinios generales y que debe hacer la declaratoria de elección es el Consejo Nacional Electoral. Los delegados del Registrador Nacional únicamente actúan como secretarios de la comisión escrutadora de acuerdo con lo prescrito por el artículo 181 del C.E.

1.4.2. Senador Eduardo Carlos Merlano Morales.

A través de apoderado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma. Con respecto a la pretensión primera, argumentó que las solicitudes de nulidad del acta de escrutinio formulario E-26 y de la Resolución 1787 sólo serán procedentes en el caso en que se encuentren demostrados los hechos alegados; con respecto a las pretensiones segunda a sexta, que los actos administrativos en ellas acusados son actos de trámite y no son acusables ante esta jurisdicción; en relación a las pretensiones séptima a novena, que los registros electorales por sí solos no son susceptibles de demanda ante esta jurisdicción; y en relación con la pretensión décima, que sólo será procedente si se demuestran las irregularidades demandadas.

Frente a los hechos argumentó que son ciertos el uno, dos, tres y cuatro; que no es cierto el cinco, porque el Consejo Nacional Electoral actuó conforme a derecho a la luz de lo preceptuado en el artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, y los artículos 187 y 192 del Código Electoral, y porque no se pueden acumular a las pretensiones de esta demanda peticiones referentes a la legalidad del “protocolo” de revisión de los escrutinios; que no es un hecho sino apreciación subjetiva el hecho seis, por cuanto el recurso de apelación contra las decisiones de las salas unitarias se interponen ante el Consejo Nacional Electoral y el de reposición ante el mismo ente electoral; que no es cierto el hecho siete, porque los datos consignados en los reportes, comunicación de resultados electorales o preconteo, no son documentos electorales; que es una apreciación personal el hecho ocho, porque sólo demuestra una ausencia de actividad en las actuaciones de escrutinio y revisión adelantadas; que es una afirmación especulativa y una acusación temeraria el hecho nueve porque se desconoce por la parte actora que los escrutinios deben ser reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector y que como el Senado de la República es una circunscripción electoral de carácter nacional, corresponde a los candidatos ejercer la labor de vigilancia de los escrutinios auxiliares, municipales y departamentales a través de las reclamaciones y los recursos ante dichas autoridades electorales; que no es propiamente un hecho el hecho diez sino una afirmación especulativa (sin argumento alguno); que el hecho once carece de fundamento frente a las pretensiones de la demanda, y que en él se ignora que el artículo 167 del C.E., dispone que en los escrutinios realizados en las comisiones escrutadoras distritales y municipales no se aceptan reclamos o apelaciones que no sean formulados por escrito en el acto mismo del escrutinio, que en las diferentes instancias de los escrutinios no son aplicables los términos previstos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, y que el término de las doce horas afirmado en la demanda no es cierto por cuanto la sustentación de los recursos se presentó al día siguiente, 24 horas después de su radicación; que el hecho doce es una afirmación ajena a las pretensiones y hechos de la demanda (sin argumento alguno); que en el hecho trece se argumentó en extenso que las afirmaciones con relación a la Resolución 754 son meras especulaciones y acerca del punto 1) que el Consejo Nacional Electoral simplemente aplicó el protocolo de revisión, acerca del punto 2) que el Consejo Nacional Electoral hizo uso del artículo 192 del C.E., acerca del punto 3) que el Consejo Nacional Electoral hizo uso de la facultad consagrada en el artículo 6º de la Resolución 754 de 2010; y con relación al punto 4) que fue palpable la manipulación y alteración de los resultados electorales porque ni se marcaron los votos nulos ni en blanco, como tampoco se reportaron las tarjetas no marcadas, y se marcó para un solo candidato en la mesa 1, 283 votos de 284, y en la mesa 2, 145 votos de 149.

Con relación al hecho catorce se argumentó que éste no es un hecho sino una falsa afirmación, luego de un minucioso detalle de lo ocurrido en varias mesas se concluyó que efectivamente existió una alteración de los resultados electorales a favor de la candidata Astrid Montes de Oca, que fue propiciada por el sistema de recuento de votos; adicionalmente se argumenta que en el hecho quince la parte actora incurre en un grave error o pretende hacer incurrir al fallador en él porque insiste en demostrar que en el formulario E-26 se consignaron guarismos electorales mesa a mesa; con respecto al hecho dieciséis se concluye que bajo el tenor literal del artículo 144 del C.E., modificado por el artículo 8º de la Ley 62 de 1988, todos los pliegos electorales que aparecen sospechosamente entregados a las once de la noche (11:00 p.m.), fueron entregados extemporáneamente; en relación con el hecho diecisiete se afirma que le corresponde a la parte actora demostrar que la aducida mezcla de votos hallada en las mesas acusadas obedeció a razones de violencia; que no es cierto el hecho dieciocho porque aunque las normas electorales establecen los recursos procedentes para hacer uso del derecho de defensa y contradicción, cosa distinta es que la demandante o su apoderado no hayan hecho uso de ellos, los actos administrativos proferidos por el Consejo Nacional Electoral fueron notificados en estrados y contra los mismos los interesados interpusieron los recursos de reposición y apelación, todos los recursos fueron debidamente sustentados, ello contradice lo dicho por la libelista. Las experticias de dactiloscopia y verificación dactilar sobre las huellas plasmadas en los formularios E-11 fueron pertinentes, conducentes y completas; con respecto al hecho diecinueve se advierte que como en el E-26 definitivo no se registran votos por mesas, es imposible su confrontación con los E-14. Con respecto a las mesas acusadas del municipio de Magangué, zona 1, puesto 3, mesa 15; zona 99, puesto 84, mesa 2; zona 99, puesto 84, mesa 2 y zona 99, puesto 84, mesa 3, y de los municipios de Barranca la Loba, Cicuco y Cartagena (cuadro anexo), se advierte que no se ha agotado el requisito de procedibilidad.

En el hecho veinte se evidencia que la parte actora desconoce el procedimiento de los escrutinios y su característica escalonada, se confunde el formulario E-26 con el formulario E-24; en el hecho veintiuno se expone un criterio personal, la parte actora carece de fundamentos de hecho y de derecho para controvertir la verdad electoral, la demandante sin reparo alguno suma a su favor las cifras de todos los votos fruto de las maniobras fraudulentas hallados en el proceso de revisión sin detenerse en el análisis de las irregularidades; lo expuesto como hechos veintidós, veintitrés y veinticuatro no son hechos (sin argumentación alguna); frente a lo dicho en el hecho veinticinco se sostiene que cuando proceden recursos contra las decisiones proferidas en audiencia y estas son notificadas en estrados, ellos deben ser presentados y sustentados en el mismo acto de notificación. En todas las decisiones notificadas por el Consejo Nacional Electoral los recursos se presentaron de manera oral en el acto de audiencia y el término para la sustentación de los mismos precluía al día siguiente en audiencia previamente citada.

Sobre los cargos expuestos en el libelo demandatorio hizo las siguientes observaciones:

Se debe descartar de plano el estudio de la presente demanda y se debe proferir un fallo inhibitorio si se tiene en cuenta que no son de recibo los cargos que giran en torna a la Resolución 754 de 2010, y que de aceptarlos implicaría una indebida acumulación de pretensiones. En la demanda los cargos se dirigen contra el procedimiento de “protocolo” de revisión electoral creado por el Consejo Nacional Electoral pero nada se dice con relación al acto de elección que es el objeto de la acción.

No se agotó el requisito de procedibilidad, la actora no fue sujeto activo de las reclamaciones que se presentaron en el curso del proceso, su apoderado lo manifestó así en la demanda.

No pueden estudiarse los cargos que se hacen a los actos administrativos distintos al definitivo, porque por ser estos actos intermedios o de trámite no son susceptibles de demanda, tampoco pueden estudiarse los referentes a los registros electorales a la luz del artículo 229 del Código Contencioso Administrativo.

Como excepciones propuso: a) Ineptitud formal de la demanda por ausencia del concepto de violación. En el escrito de demanda se relacionan como transgredidas normas que en nada amparan la pretensión de nulidad instada, es inexistente la argumentación jurídica frente a los hechos y las pretensiones. Aunque por auto de 16 de septiembre de 2010 el despacho ponente inadmitió la demanda y ordenó reformular el acápite de normas violadas y el concepto de violación ello no se cumplió; b) Ineptitud formal de la demanda por ausencia de agotamiento del requisito de procedibilidad. Con respecto a las mesas acusadas del municipio de Magangué, zona 1, puesto 3, mesa 15; zona 99, puesto 84, mesa 2; y zona 99, puesto 84, mesa 3, y de los municipios de Barranco la Loba, Cicuco y Cartagena (ver cuadro anexo), de conformidad con lo argumentado en contra del hecho número diecinueve; c) Indebida acumulación de pretensiones. porque en la misma demanda se plantearon cargos de nulidad contra actos de carácter general, tales como la Resolución 754 de 9 de abril de 2010 y contra actos de contenido particular, como la Resolución 1787 de 2010; y d) todas aquellas que el ponente encuentre probadas conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

2. Proceso electoral 201000065 de Sigifredo López Tobón.

2.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:

“PRIMERA: Que son nulas las resoluciones 1780 y 1787 de 18 de julio de 2010 expedidas por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto por la primera se abstiene de tramitar unas solicitudes de examen del proceso de votación y escrutinio presentadas como requisito de procedibilidad de la acción electoral pertinente, y por la segunda se declara la elección de Senado de la República para el período constitucional 2010-2014 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales, comoquiera que las actas de escrutinio de los jurados de votación o de las comisiones escrutadoras sobre las cuales se sustenta dicho acto, contienen registros electorales falsos o apócrifos, o son falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su formación y/o configuraron causales genéricas de nulidad indicadas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la nulidad anterior, se ordene la práctica de nuevos escrutinios para la elección o conformación del Senado de la República para el período constitucional 2010-2014, con exclusión de los votos emitidos en las mesas de votación que funcionaron en los puestos de votación instados (sic) en los departamentos y municipios del país que se relacionan a continuación:

Departamento de Antioquia

1. Municipio de Envigado… (ver mesas fl. 2).

2. Municipio de Dabeiba… (ver mesas fl. 2).

3. Municipio de la Ceja: Las arcas triclave que contenían la totalidad de la votación de este municipio, fueron trasladadas siendo las 08:50 AM del día siguiente a la votación, desde la inspección municipal hasta la biblioteca municipal en un vehículo dispuesto por el comandante (E) de la Estación de Policía La Ceja, es decir, no fueron trasladadas el mismo día de la votación al lugar dispuesto para los efectos, según consta en Oficio 0303 MD-ESCEJ-DISSEI-DEANT-20.1, firmado por dicho comandante (E), subteniente Peña Trejos Yeninson, por lo cual deben ser anuladas.

Departamento de Bolívar

1. Municipio de Achí… (ver mesas fl. 3).

2. Municipio de Calamar… (ver mesas fl. 3).

3. Municipio de Córdoba… (ver mesas fl. 3).

4. Municipio de Magangué… (ver mesas fl. 3).

5. Municipio de Arjona… (ver mesas fl. 3).

6. Municipio de El Carmen de Bolívar… (ver mesas fl. 4).

7. Municipio de San Juan de Nepomuceno… (ver mesas fl. 4).

8. Municipio de María la Baja… (ver mesas fl. 4).

9. Municipio de Margarita… (ver mesas fl. 4).

10. Municipio del Guamo… (ver mesas fl. 4).

11. Municipio de San Martín de Loba… (ver mesas fl. 5).

12. Municipio de Clemencia… (ver mesas fl. 5).

13. Municipio de Montecristo… (ver mesas fl. 5).

14. Municipio de Norosí… (ver mesas fl. 5).

15. Municipio de Villanueva… (ver mesas fl. 5).

16. Municipio de Mompox… (ver mesas fl. 5).

17. Municipio de Turbaco… (ver mesas fl. 5).

18. Municipio de Mahates… (ver mesas fl. 6).

19. Municipio de San Jacinto del Cauca… (ver mesas fl. 6).

20. Municipio de San Jacinto… (ver mesas fl. 6).

21. Municipio de Talaigua Nuevo… (ver mesas fl. 6).

Departamento del Cauca

1. Municipio de Caloto… (ver mesas fl. 6).

2. Municipio de Corinto… (ver mesas fl. 7).

3. Municipio de Guapi… (ver mesas fl. 7).

4. Municipio de Guachene… (ver mesas fl. 7).

5. Municipio de López de Micay… (ver mesas fl. 7).

6. Municipio de Patía (El Bordo)… (ver mesas fl. 7).

7. Municipio de Timbiquí… (ver mesas fl. 7).

8. Municipio de Padilla… (ver mesas fl. 7).

Departamento del Chocó

1. Municipio de Carmen del Darién… (ver mesas fl. 8).

2. Municipio de Bajo Baudó… (ver mesas fl. 8).

3. Municipio de Istmina… (ver mesas fl. 8).

4. Municipio de Alto Baudó… (ver mesas fl. 8).

5. Municipio de Tadó… (ver mesas fl. 8).

6. Municipio de Lloró… (ver mesas fl. 8).

7. Municipio de Atrato (Yoto)… (ver mesas fl. 8).

Departamento de Nariño.

1. Municipio de Olaya Herrera… (ver mesas fl. 9).

2. Municipio de Tumaco… (ver mesas fl. 9).

3. Municipio de San Pablo… (ver mesas fl. 9).

4. Municipio de Roberto Payán… (ver mesas fl. 10).

5. Municipio del Charco… (ver mesas fl. 10).

6. Municipio de Linares… (ver mesas fl. 10).

7. Municipio de Taminango… (ver mesas fl. 10).

8. Municipio de Pasto… (ver mesas fl. 10).

9. Municipio de Colón… (ver mesas fl. 10).

10. Municipio de Cumbal… (ver mesas fl. 10).

11. Municipio de Sandoná… (ver mesas fl. 10).

12. municipio de Ipiales… (ver mesas fl. 11).

13. Municipio de San Lorenzo… (ver mesas fl. 11).

14. Municipio de La Cruz… (ver mesas fl. 11).

Departamento de Risaralda

1. Municipio de Dosquebradas… (ver mesas fl. 11).

Departamento del Valle del Cauca

1. Municipio de Buenaventura… (ver mesas fl. 11).

2. Municipio de Yotoco… (ver mesas fl. 12).

3. Municipio de Cerrito… (ver mesas fl. 12).

TERCERA: Que en la audiencia pública de práctica de los nuevos escrutinios, se expidan las credenciales que correspondan a las personas legalmente elegidas como Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014”.

2.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. El 16 de marzo de 2010 el Consejo Nacional Electoral inició audiencia de escrutinio en la que se presentaron recursos de queja y reclamaciones que fueron oportunamente resueltos.

3. El Consejo Nacional Electoral mediante resoluciones decidió las solicitudes de revisión respecto de las votaciones del 14 de marzo.

4. Con la Resolución 1780 de 18 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar solicitudes de examen del proceso de votación y escrutinio, configurando causal de nulidad.

5. El argumento del Consejo Nacional Electoral para no tramitar las solicitudes, fue el que las mismas no eran susceptibles de ser razonablemente tramitadas en tan poco tiempo.

6. El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, con fundamento en las resoluciones que en esta se mencionan.

7. Las mesas relacionadas en las pretensiones adolecen de irregularidades que configuran las causales de nulidad de los artículos 223 y/o 84 del Código Contencioso Administrativo, esos vicios son los siguientes:

I. Departamento de Antioquia.

1. El arca triclave del municipio de La Ceja fue trasladada a las 08:50 a.m., del día siguiente a la votación según consta en Oficio 0303 MD-ESCEJ-DISSEI-DEANT-20.1, firmado por el comandante (E) de la Estación de esa localidad, por lo que debe ser anulada.

2. Las mesas indicadas en las pretensiones son anulables dado que las cifras de los E-14 no concuerdan con las de los E-24.

Todos los votos irregulares beneficiaron al candidato al Senado Luís Fernando Duque García del Partido Liberal identificado en el tarjetón como L22.

II. Departamento de Bolívar.

1. Municipio de El Carmen de Bolívar: No se totalizaron los sufragantes efectivos ni los votos por partido.

2. Municipio de San Martín de Loba: La mesa 14, zona 0, puesto 0, es anulable por presentar error aritmético, carecer del total de sufragantes y del total de la votación.

3. El resto de mesas relacionadas son anulables por no coincidir las cifras de los E-14 con las de los E-24 en la mayoría de los casos o por no existir E-14 que soportara el E-24, y no presentarse conteo físico de votos.

Todos los votos irregulares beneficiaron a Lidio Arturo García Turbay del Partido Liberal identificado en el tarjetón como L30.

III. Departamento del Cauca.

En todas las mesas relacionadas en las pretensiones existen diferencias entre los E-14 y los E-24, además los E-14 están en blanco en la casilla de número de sufragantes, o mal diligenciados. En el municipio de Padilla el E-14 es ilegible.

Todos los votos irregulares beneficiaron al candidato Edison Delgado Ruiz del Partido Liberal identificado L44.

IV. Departamento de Chocó.

1. Municipio del Carmen del Darién: Existen diferencias entre los E-14 y los E-24 en las mesas citadas en las pretensiones.

2. Municipio de Bajo Baudó: En la mesa 1 los datos del E-14 no coinciden con los del E-24. En la mesa 2 los jurados no corresponden a los asignados a la mesa y los tarjetones electorales no corresponden a la mesa. Además, el Consejo Nacional Electoral omitió efectuar el conteo voto a voto.

3. Municipio de Istmina: Los resultados anotados en el acta general de escrutinio no corresponden con los del E-14 y E-24; y, no existió E-2 designando jurados remanentes.

4. Municipio de Alto Baudó; Los jurados no corresponden a los asignados a la mesa.

5. Municipio de Tadó: En las mesas 7 a 18 de la zona 0 Puesto 1, no se pudieron “abrir” y constatar los formularios E-14, y se elaboró el E-24 sin haber efectuado reconteo. En el resto de mesas existen diferencias entre E-14 y E-24.

6. Municipio de Lloró: En todas las mesas hay diferencias entre E-14 y E-24; en algunas mesas el E-11 se encuentra en blanco.

7. Municipio de Atrato (Yoto): En la mesa 3 de la zona 0, puesto 0, un jurado firmó dos veces. En el resto de mesas no se totalizaron los votos por partido.

Todos los votos irregulares favorecieron a Luis Fernando Duque García del Partido Liberal identificado en el tarjetón como L22.

V. Departamento de Nariño.

1. Municipio de Olaya Herrera: Las mesas 14, 1, 2 y 1 (sic) de las zonas 0 y 99, son anulables por inexistencia de los E-14 y carencia de conteo físico.

2. Municipio de Tumaco: Las mesas de la zona 99 puesto de votación Alto Santo Domingo, Bajo Jagua, Baquería Carretera, Candelo Rio Rosario, El Retorno, Inguapi la Chiricana, Isla Grande Río Mira, Juan Domingo, Kilómetro 35, Kilómetro 58, La Aduana (Rio Mira), La Honda (Río Chagui), Las Vegas, Mascarey, Playón Río Mira, Puerto Nidia, Pueblo Nuevo, Puente Agua Clara, Vuelta de Candelillas, San José, Puerto Palma, El Progreso Santo Domingo, Zabaleta (Caserío Bajo India), son anulables por “supuesta inexistencia de dichas mesas” y ausencia de E-14; el resto de las mesas de este municipio adolecen de inexistencia de E-14.

3. Municipio de San Pablo: Todas las mesas aludidas son nulas por inexistencia del E-14.

4. Municipio de Roberto de Payán: La mesa citada es anulable por inexistencia del E-14.

5. Municipio de El Charco: La mesa 11 zona 0 puesto 0 es anulable por inexistencia del E-14.

6. Municipio de Linares: En la mesa 1, zona 0, puesto 0, no se totalizaron los votos y el E-14 está mal diligenciado. En la mesa 4, zona 0, puesto 0, la lista de sufragantes no fue diligenciada y no se totalizaron votos. La mesa 10, zona 0, puesto 0, adolece de inexistencia del E-14.

7. Municipio de Taminango: Las mesas 2, 9, 11, 17 y 18 son nulas por inexistencia del E-14.

8. Municipio de Pasto: Las mesas 2 y 6 de la zona 5, puesto 6, son anulables por diferencias entre los E-14 y los E-24; el resto de mesas citadas son nulas por inexistencia del E-14.

9. Municipio de Colón: La mesa demandada es nula por inexistencia del E-14.

10. Municipio de Cumbal: Todas las mesas demandadas son nulas por inexistencia del E-14.

11. Municipio de Sandoná: Todas las mesas demandadas son nulas por inexistencia del E-14.

12. Municipio de Ipiales: Todas las mesas demandas son nulas por inexistencia del E-14.

13. Municipio de San Lorenzo: La mesa 11, zona 0, puesto 0, es nula por inexistencia del E-14; La mesa 4 zona 0, puesto 0, es nula por diferencias entre E-14 y E-24, y porque no hubo conteo físico de votos; la mesa 6 zona 99, puesto 1, carece de lista de sufragantes.

14. Municipio de La Cruz: Las mesas demandadas presentan votación súbita a favor del candidato 20 del Partido Liberal; además, los E-14 presentan tachaduras y enmendaduras. Por último, todas las irregularidades ocurridas en este departamento beneficiaron a dicho candidato.

VI. Departamento de Risaralda.

Municipio de Dosquebradas: La mesa 8, zona 1, puesto 5, y las mesas 1, 2, 3, 4, 6, zona 99, puesto 3, son nulas por diferencias E-14 y E-24; el resto de mesas demandadas adolecen de inexistencia del E-14. Con las irregularidades se benefició a Edinson Delgado Ruiz, candidato al Senado identificado en el tarjetón como L44. Además, no se hizo conteo físico de votos.

VII. Departamento del Valle del Cauca.

1. Municipio de Buenaventura: a) Inexistencia de E-14… (ver fl. 17). b) Diferencias E-14 y E-24… (ver fl. 17). c) Por no tener los E-14 el número mínimo de firmas de jurados… (ver fl. 17). d) Tachaduras, enmendaduras y errores aritméticos… (ver fl. 17). e) Por no haber diligencia de cierre en el E-11 y en un caso por carencia de firma de los jurados… (ver fl. 17). f) Firma de jurados no coincide entre E-11 y E-14… (ver fl. 18). g) E-11 sin totalizar, E-14 sólo tiene una firma de Jurado… (ver fl. 18).

2. Municipio de Yotoco: Las firmas de jurados en E-11 y E-14 no concuerdan.

3. Municipio de Cerrito: Mesa 1, zona 2, puesto 1, aparecen dos jurados de facto. Mesa 4, zona 2, puesto 1, la firma de un jurado es diferente en E-11 y E-14. Mesa 6, zona, puesto 2 en E-14 de Cámara de Representantes intervienen jurados de facto. Mesa 1, zona 90, puesto 1, tres jurados de facto. Mesa 1, zona 99, puesto 9, dos jurados de facto. Mesa 1, zona 99, puesto 11, votación súbita. Mesa 10, zona 99, puesto 15, un jurado de facto. Mesa 6, zona 99, puesto 29, un jurado de facto. Mesa 7, zona 99, puesto 29, jurado de facto. Mesa 15 zona 99, puesto 15, un jurado de facto. Mesa 1, zona 99, puesto 29, fue abierta por dos jurados autorizados y cerrada por uno no autorizado. Mesa 3, zona 99, puesto 29, E-11 no tiene firma de apertura y cierre.

Todos los votos irregulares beneficiaron a Edinson Delgado Ruíz, candidato del Partido Liberal, identificado en el tarjetón como L44.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Disposiciones violadas: De la Constitución Política los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 13, 23, 29, 40, 132, 171, 258 y 265. Del Código Electoral los artículos 48 numerales 4º y 6º, 101, 134, 136, 142, 143, 144 y ss., 163, 164, 192 numerales 1º, 3º, 7º y 11. Del Código Contencioso Administrativo, los artículos 84 inciso 2º, 128 numeral 3º, 223 numerales 2º y 3º, y 249. De la Ley 163 de 1994 el artículo 5º numeral 2º.

Primer cargo: (i) Registro en los formularios E-24 de mayor o menor número de votos de los consignados en las actas de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14, sin que medie justificación alguna (ii) Inexistencia de formulario E-14 que sirviera de soporte al E-24 y no hubo conteo físico (recuento) para establecer la votación de cada uno de ellos (iii) En otros casos los resultados de acta general de escrutinio no coincide con los resultados anotados en los formularios E-14 y E-24 (iv) La lista de sufragantes E-11, se encuentra en blanco, es decir, no es posible establecer las personas que realmente votaron en ella; en otros casos aparece sin firmas de apertura y cierre de mesa. Concretó el cargo en que las situaciones denunciadas afectaron la autenticidad de los registros consignados en los E-14 y E-24. Destacó que los datos consignados en los E-14 deben coincidir con los de los E-24, y que sin mediar causa legal alguna que esté debidamente expresada en el acta general de escrutinio que sea el fundamento legal de la diferencia entre los datos de los dos documentos, se presume una grave inconsistencia que altera ilegalmente la verdad electoral, lo cual configura la causal 2ª de nulidad del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Expuso que la inexistencia de documentos E-14 concomitante al no recuento de votos destruye la presunción de certeza de los datos consignados en los E-24. Argumentó que el diligenciamiento del E-11 permite establecer el numero cierto de votantes, y al no haberse llenado, no se puede establecer ese fundamental dato, lo cual igualmente genera nulidad.

Segundo cargo: (i) Los jurados no corresponden a los asignados a la mesa (jurados de hecho o usurpadores) y tampoco corresponden los tarjetones electorales (ii) Supuesta inexistencia de mesas de votación (iii) Una misma persona aparece firmando dos veces, para con ello establecer la comparecencia al proceso de la mayoría de los jurados que exige la Ley 163 de 1994. Afirmó que los jurados de facto usurparon funciones y actuaron de manera irregular, pues no existe prueba de que hayan sido nombrados legalmente. Manifestó que al firmarse las actas por falsos funcionarios, carentes de competencia constitucional, se viciaron los actos administrativos subsiguientes que se desprendían de los falsamente signados y dentro de estos el acto general de elección. En cuanto a los tarjetones expresó que cuando se varía su destinación final, sin causa legal, estando previamente asignados, los votos que en estos se consignan pierden validez. Por último aseveró que cuando un jurado firma dos veces se configura la presencia de vicios que constituyen nulidad.

Tercer cargo: El formulario E-14 correspondiente a varias de las mesas de votación, es ilegible, presenta tachaduras y enmendaduras; en otros casos no se pudo abrir para efectos de constatar su contenido. Manifestó que los registros ilegibles, tachados o enmendados, no pueden garantizar la veracidad de la información contenida en ellos, ni dar certeza jurídica contraviniendo así la esencia del título VII capítulo I del Código Electoral. Destacó que en las condiciones que se presentaron no se pudo cumplir con lo normado por el artículo 163 del Código Electoral cuando menciona “…En seguida se procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación”.

Cuarto cargo: Entrega extemporánea del arca triclave en el municipio de La Ceja, Antioquia. Argumentó que el arca triclave con la votación fueron trasladadas siendo las 8:50 a.m., del día siguiente a la votación, vulnerando así lo normado por el artículo 144 del Código Electoral.

2.4. Contestación de la demanda.

2.4.1. Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por intermedio de apoderada contestó la demanda manifestando que de conformidad con el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, no se encuentra legitimada como parte pasiva en el proceso de la referencia; expuso que está claramente referenciado en la parte introductoria que la demanda está dirigida en contra de la “Nación - Organización Electoral, Consejo Nacional Electoral”; además, adujo que no es corporación electoral. Por último invocó el artículo 265 de la Constitución para manifestar que fue el Consejo Nacional Electoral quien en ejercicio de sus competencias profirió los actos administrativos que son objeto de esta acción y las funciones desplegadas por la Registraduría no están relacionadas con la actividad del Consejo Nacional Electoral. Solicita se desvincule de la acción.

2.4.2. Consejo Nacional Electoral.

Por intermedio de apoderado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y solicitó desestimarlas. Adujo que la pretensión anulatoria contra la Resolución 1780 de 2010 es un contrasentido porque ésta es condición sine qua non del proceso de nulidad electoral por cuanto declaró el agotamiento del requisito de procedibilidad; además, la solicitud de nulidad, en caso de ser acogida, tendría efectos ex tunc generando la inexistencia del acto administrativo ab initio y por consiguiente, el incumplimiento del requisito. Manifestó la falta de vocación de prosperidad de la solicitud de nulidad puesto que las peticiones de revisión del proceso de votación y escrutinio por presuntas irregularidades fueron presentadas hasta el 15 de julio de 2010, tres días antes de la declaratoria de elección de Senado de la República, hecho que impidió un correcto estudio de fondo conforme a los postulados del derecho fundamental al debido proceso, del derecho a la publicidad, derecho de defensa, el derecho al aporte y contradicción de pruebas, derecho de impugnación frente a las medidas que lo puedan afectar, y el derecho a obtener una decisión en un plazo sensato, puesto que el Congreso debía posesionarse el 20 de julio. Destacó que era imposible surtir en debida forma cada una de las etapas del estudio de las solicitudes y que es plenamente aplicable el aforismo “Impossibilium nulla obligatio est” puesto que el cumplimiento de las obligaciones del Consejo Nacional Electoral resultaba fácticamente irrealizable, dadas las circunstancias de tiempo y ante la imposibilidad de abstenerse de proclamar la elección, por ser esta declaración de interés general y además por presumirse su legalidad hasta tanto la autoridad judicial competente no determine lo contrario.

3. Proceso electoral 201000068 de José Manuel Abuchaibe Escolar.

3.1. Pretensiones(3).

Con la demanda se pidió:

“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección del Senado de la República, Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, para el período constitucional 2010-2014, expedido por el Consejo Nacional Electoral.

SEGUNDA: Que se declare que son nulos los siguientes actos administrativos proferidos durante el proceso de escrutinio y revisiones por la organización electoral, por expedición irregular de los mismos, según describiremos en esta demanda:

Resolución 1781 de 18 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1757 de 16 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1740 del 15 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1734 del 15 de julio de 2010 “...”.

Resolución 1733 del 15 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1731 del 15 de julio de 2010 “...”.

Resolución 1729 del 15 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1727 del 15 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1719 del 15 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1718 del 15 de julio de 2010 “...”.

Resolución 1715 del 15 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1714 del 15 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1711 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1710 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1708 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1707 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1706 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1704 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1703 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1700 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1698 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1697 del 14 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1689 del 13 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1688 del 13 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1687 del 13 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1686 del 13 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1685 del 13 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1677 del 13 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1666 del 12 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1661 del 12 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1647 del 12 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1646 del 12 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1645 del 12 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1637 del 11 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1635 del 11 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1634 del 11 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1633 del 11 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1629 del 11 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1625 del 11 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1623 del 11 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1616 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1614 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1613 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1612 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1611 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1610 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1609 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1608 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1607 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1606 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1604 del 10 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1601 del 9 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1597 del 9 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1596 del 9 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1590 del 9 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1589 del 9 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1573 del 8 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1571 del 8 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1569 del 8 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1568 del 8 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1560 del 8 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1546 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1545 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1544 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1543 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1542 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1541 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1540 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1539 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1538 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1537 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1535 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1534 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1524 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1519 del 7 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1507 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1505 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1503 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1501 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1498 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1497 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1494 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1493 del 6 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1479 del 3 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1477 del 2 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1474 del 3 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1473 del 3 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1472 del 3 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1471 del 3 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1470 del 3 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1469 del 3 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1467 del 2 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1466 del 2 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1465 del 2 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1464 del 2 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1463 del 2 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1462 del 2 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1452 del 1 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1450 del 1 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1448 del 1 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1446 del 1 de julio de 2010 “…”.

Resolución 1435 del 30 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1434 del 30 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1432 del 30 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1425 del 30 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1422 del 30 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1410 del 29 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1409 del 29 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1407 del 29 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1386 del 29 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1385 del 29 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1378 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1376 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1375 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1372 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1371 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1370 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1369 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1368 del 26 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1348 del 24 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1339 del 23 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1338 del 23 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1337 del 23 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1332 del 23 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1330 del 23 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1321 del 22 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1271 del 17 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1267 del 17 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1263 de 2010 (17 de junio) “…”.

Resolución 1252 del 17 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1254 del 17 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1247 del 17 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1234 de 2010 (10 de junio) “…”.

Resolución 1205 del 9 de junio de 2010 “…”.

Resolución 1027 del 24 de mayo de 2010 “…”.

Resolución 1028 del 24 de mayo de 2010 “…”.

Resolución 929 del 10 de mayo de 2010 “…”.

Resolución 905 del 3 de mayo de 2010 “…”.

Resolución 900 del 28 de abril de 2010 “…”.

Resolución 829 del 23 de abril de 2010 “…”.

Resolución 809 del 23 de abril de 2010 “…”.

Resolución 799 del 22 de abril de 2010 “…”.

Resolución 790 del 20 de abril de 2010 “…”.

Resolución 789 del 20 de abril de 2010 “…”.

Resolución 788 del 20 de abril de 2010 “…”.

Resolución 784 del 20 de abril de 2010 “…”.

Resolución 782 del 20 de abril de 2010 “…”.

Resolución 776 del 19 de abril de 2010 “…”.

Resolución 772 del 19 de abril de 2010 “…”.

Resolución 770 del 15 de abril de 2010 “…”.

Resolución 767 del 15 de abril de 2010 “…”.

Resolución 766 del 15 de abril de 2010 “…”.

Resolución 764 del 15 de abril de 2010 “…”.

Resolución 763 del 15 de abril de 2010 “…”.

Resolución 759 del 14 de abril de 2010 “…”.

Resolución 738 del 9 de abril de 2010 “…”.

Resolución 734 del 7 de abril de 2010 “…”.

Resolución 733 del 7 de abril de 2010 “…”.

Resolución 731 del 7 de abril de 2010 “…”.

Resolución 730 del 7 de abril de 2010 “…”.

Resolución 729 del 7 de abril de 2010 “…”.

Resolución 728 del 7 de abril de 2010 “…”.

Resolución 719 del 5 de abril de 2010 “…”.

Resolución 717 del 5 de abril de 2010 “…”.

Resolución 715 del 31 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 714 del 31 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 711 del 30 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 697 de marzo 30 “…”.

Resolución 664 del 27 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 663 del 26 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 662 del 26 de marzo de 2010 “…”

Resolución 661 del 26 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 660 del 26 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 657 del 26 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 654 del 26 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 648 del 26 de marzo de 2010 “…”.

Resolución 647 del 26 de marzo de 2010 “…”.

TERCERA: Que una vez declarada la nulidad de los actos administrativos, registros electorales o actas de escrutinio a que se refieren las pretensiones PRIMERA Y SEGUNDA, se ordene que se excluyan o incluyan del cómputo general de votos en ellos contenidos, de acuerdo a las acusaciones que vamos a individualizar en cada caso.

CUARTA: Que como consecuencia de los anterior se ordene practicar y efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un nuevo escrutinio de los votos depositados en todo el territorio nacional y en el exterior en las elecciones del 14 de marzo de 2010 para Senado de la República, período 2010-2014, escrutinio que deberá practicarse con base únicamente en los registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del proceso a que dé lugar esta demanda.

QUINTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva declaración de elección de Senado de la República, período 2010-2014, se ordene expedir y efectivamente se expidan las nuevas credenciales de Senadores de la República para el período citado a quienes correspondan, y que se comunique la anterior novedad al Consejo Nacional Electoral, al Presidente de la República, al señor Registrador Nacional del Estado Civil y al señor Ministro del interior”.

3.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las votaciones para el Congreso de la República, Parlamento Andino y Consulta de Partidos en los distintos departamentos del país y en el exterior

2. Luego de indicar el número de mesas instaladas para esta elección y su discriminación, afirmó que con la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Senado de la República para el período constitucional 2010-2014.

3. El acto de declaración de elección, adolece de graves y ostensibles violaciones al sistema electoral, al efectuarse varios escrutinios departamentales viciados de nulidad y contra expresas prescripciones legales; además, el Consejo Nacional Electoral no efectuó el escrutinio nacional como lo establece la constitución y las normas legales. Muchos registros electorales fueron alterados y aparecen modificados con abierta transgresión del régimen electoral.

“El Consejo Nacional Electoral al tratar de aplicar el numeral 4º del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 que modificó el artículo 265 de la Constitución Política,…” la reglamentó por medio de la Resolución 754 de 2010, modificando de esta forma la legislación electoral vigente y violando así la Constitución Nacional.

La Resolución 754 de 2010 introdujo nuevas normas acerca de nulidades o exclusiones de mesas y votaciones, sobre modificaciones de escrutinios en firme y estableció exclusiones de huellas y tarjetones no firmados, creó salas unitarias y dividió la atribución de revisión en cada uno de los magistrados y las decisiones que fueran apeladas se decidirían en Sala Plena.

Durante el proceso de revisión, mediante un concepto el Consejo Nacional Electoral y sin modificar el acto administrativo suprimió la doble instancia decidiendo “…aprobar en sala plena las resoluciones que decidían sobre la revisión, sin que previamente se pronunciara la Sala Unitaria en primera instancia...”. “El Consejo Nacional Electoral se extralimitó en sus funciones relacionadas con el proceso electoral, ya que en ninguna parte del Acto Legislativo 1 de 2009 se le concedió facultades para reglamentarlo”. “…el proceso de escrutinios consagrado en el Código Electoral vigente está gobernado por el principio de la eventualidad o de la preclusión…”, es decir, las decisiones administrativas en firme que fueren adoptadas por una comisión escrutadora, no pueden ser desconocidas por una jerárquicamente superior. “Esto fue desconocido por el Consejo Nacional Electoral creando un desbarajuste que incide en la validez de muchas actas de escrutinio electorales”.

Que “A pesar de lo expresado en el numeral 4º del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, la revisión que se le atribuye al Consejo Nacional Electoral debió efectuarse de acuerdo a la normas electorales vigentes, sin que se pueda permitir que se modifiquen o adicionen esas leyes sino a través de una ley estatutaria. Su aplicación actual debió hacerse respetando la normatividad vigente”. Que según la excepción de inconstitucionalidad la constitución impone el grado más alto dentro de la jerarquía de las normas, es decir, debe existir armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de rango inferior, y si no la hay, la Carta ordena que se apliquen las disposiciones constitucionales en aquellos casos en que sea manifiesta la incompatibilidad. Que “Como consecuencia de la inaplicación de la Resolución 754 de 2010, se debe declarar nula toda modificación realizada mediante revisión a los escrutinios efectuados legalmente dentro de las normas del actual Código Electoral…”.

Varias comisiones escrutadoras departamentales y municipales (Magdalena, Bolívar, Chocó, Atlántico, Valle del Cauca, Putumayo y Magangué) no terminaron el escrutinio, y sus funciones fueron desplazadas a Bogotá por el Consejo Nacional Electoral “…como si esas funciones estuvieran subordinadas…”, con lo que se violó la Constitución Política.

4. A partir del Acto Legislativo 1 de 2009 nace el agotamiento del requisito de procedibilidad, el cual no tiene destinatarios específicos como en las reclamaciones (testigos electorales, candidatos y sus apoderados); es decir, son dos figuras jurídicamente distintas que el Consejo Nacional Electoral confundió e integró en una misma situación. El demandante radicó oficio para agotar el requisito de procedibilidad como apoderado del partido PIN por irregularidades en el proceso de votación, frente a lo cual no obtuvo respuesta.

5. El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 754 de 9 de abril de 2010 y la publicó en el Diario Oficial 47.687 del 21 de los mismos, por la cual se adopta el protocolo de revisión de escrutinios, señalando las decisiones a adoptar durante el desarrollo de la audiencia de revisión; es decir, un mes y medio después de las elecciones, lo que alteró las normas vigentes con las que los colombianos fueron al proceso electoral, originando una violación al debido proceso y al principio de la seguridad jurídica. El artículo 58 Constitucional preceptúa que una ley posterior estaría impedida para regir una situación jurídica que ha surgido con anterioridad a su vigencia.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral aplicó la Resolución 754 de 2010 publicada el 21 de abril, a decisiones sobre revisión expedidas antes de esta fecha como las resoluciones de 2010: 647, 648, 654, 657, 660, 661 de 26 de marzo; 697, 711 de 30 de marzo, 714, 715 de 31 de marzo; 719 de 5 de abril; 729, 730, 731, 733, 734 de 7 de abril; 738 de 9 de abril; 759 de 14 de abril; 763, 764, 766, 767, 770 de 15 de abril; 772 de 19 de abril, 782, 784, 788, 789, 790, de 20 de abril.

El Consejo Nacional Electoral inaplicó la Resolución 754 de 2010, con lo cual incurrió en vía de hecho, ya que decidió aprobar en Sala Plena asuntos que previamente correspondían a las Salas Unitarias, y de esta manera se asignaron competencias sin modificar el contenido del protocolo de revisión.

La misma entidad asumió en la práctica las funciones de los delegados del Consejo Nacional Electoral dentro de los escrutinios departamentales, ya que muchos documentos electorales fueron trasladados a Bogotá para asumir el conocimiento directo de los escrutinios, sin dejar copias autenticas de los mismos en la sede de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil de cada departamento, lo que traería como consecuencia que los documentos originales debieran ser analizados previamente en Bogotá sobre su autenticidad, ya que no hubo cómo confrontar si los mismos fueron adulterados durante su traslado. Mediante las siguientes resoluciones se ordenó asumir los escrutinios por parte del Consejo Nacional Electoral para Senado de la República: resoluciones 662, 663, 664, 697, 711, 714, 717 de 2010. Esta situación impidió que los escrutinios generales culminaran en los respectivos departamentos, tal como lo ordena el Código Electoral.

La misma corporación rechazó in limine numerosas solicitudes que agotaban el requisito de procedibilidad, porque mezcló las reclamaciones con las solicitudes de revisión, es decir, las rechazó por no poderlas presentar cualquier persona, aunque después subsanó ese mal manejo por medio de la Resolución 1480 de 2010 al explicar que cualquier persona podía presentar solicitud de revisión, pero aunque consciente de su error y habiendo rechazado varias solicitudes, en vez de subsanar la irregularidad generada por la Resolución 552 de 2010, guardó silencio y continuó con los escrutinios y revisiones. Estas son algunas de las decisiones del Consejo Nacional Electoral al respecto: Resoluciones 1027, 1028, 1205, 1252, 1254 de 2010.

De igual forma, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 1271 de 2010 dispuso que en el municipio de Lloró el escrutinio no se hiciera con fundamento en el E-24 elaborado por la comisión escrutadora municipal, sino con base en el formulario E-14.

6. La ilegalidad de la Resolución 1781 de 18 de julio de 2010, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral ordenó publicar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil los E-24 y E-26 modificados, se configura porque las modificaciones no se conocieron en audiencia y no fueron notificadas en estrados, es decir, los E-24 y E-26 departamental no fueron base del conteo de la votación por el Consejo Nacional Electoral. Como refuerzo de lo anterior copió in extenso lo dispuesto en la Resolución 420 del 8 de marzo de 2006, expedida por el Consejo Nacional Electoral, “Por la cual se fija el procedimiento para el escrutinio general de las votaciones nacionales del Congreso de la República”, para insistir en que se conocieron las resultados de la revisión a nivel de esos formularios.

7. Los departamentos y municipios involucrados en esta irregularidad están contenidos en las siguientes resoluciones: 660 del 26 de marzo de 2010 y 731 de 7 de abril de 2010 (departamento del Chocó); 647 de 26 de marzo de 2010 (departamento Nariño); 648 de 26 de marzo de 2010; 730 de 7 de abril de 2010; 764 de 15 de abril de 2010 (departamento del Valle del Cauca); 661 de 26 de marzo de 2010 (departamento del Cesar); 654 de 26 de marzo; 733 de 7 de abril; 767 de 15 de abril (departamento de Córdoba); 657 de 26 de marzo de 2010 (departamento de Sucre); 662 de 26 de marzo de 2010 (departamento del Magdalena); 663 de 26 de marzo 2010; 664 de 27 marzo de 2010; 729 de 7 de abril de 2010, la cual tuvo las siguientes modificaciones: Resolución 697 de 30 marzo y Resolución 663 de 26 de marzo; y 763 de 15 de abril de 2010 (departamento de Bolívar); 715 de 31 de marzo 2010 (departamento de Santander); 717 de 5 de abril de 2010 (departamento del Putumayo); 719 de 5 de abril de 2010; 772 de 19 de abril de 2010 (departamento del Cauca); 728 de 7 de abril de 2010 (departamento de Norte de Santander); 738 de 9 de abril de 2010 (departamento del Meta); 766 de 15 de abril de 2010 (departamento de Casanare); 770 de 15 de abril de 2010 (departamento de Cundinamarca); 776 de 19 de abril de 2010 (departamento de Boyacá); 900 de 28 de abril de 2010 (Bogotá); 1267 de 17 de junio de 2010 (departamento del Atlántico); 799 de 22 de abril de 2010 (departamento de Antioquia).

8. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral no tenían facultades para conocer del trámite de revisión, porque la competencia otorgada por la Sala es para las reclamaciones como consta en el acta 011 de 2010 del mismo Consejo Nacional Electoral. Además, la Resolución 65 de 1996 “por la cual se dicta el reglamento de la corporación” dispone el reparto de los negocios, para las reclamaciones y no para las revisiones, afirmación que sustenta el apoderado en el artículo 7º de la Resolución 420 del 8 de marzo de 2006, que establece un procedimiento de escrutinios conformado por una fase cognoscitiva, una valorativa y otra decisoria.

9. El 8 de junio de 2010 demandó ante esta Sección la nulidad de la Resolución 754 de 2010 y el 29 de marzo de 2010 radicó una petición de consulta sobre la aplicación del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009 ante el Consejo Nacional Electoral y el 19 de abril del mismo año se reiteró la petición. Se generó una respuesta el 8 de julio de 2010 por la magistrada Adelina Covo y mediante Resolución 1480 de 2010 se modificó el numeral 1º del artículo 9º de la Resolución 552 de 2010, después de haber culminado los escrutinios, y no se revocó el artículo 10 de la misma resolución a pesar de varias solicitudes radicadas, y de los graves problemas que traía al debido proceso el que el Consejo Nacional Electoral se hubiera abrogado la facultad de culminar los escrutinios, lo cual ejemplifica con lo ocurrido en el departamento de Bolívar, en particular el municipio de Magangué, cuyo escrutinio culminó en Bogotá, decisión que califica como “…un absurdo jurídico,…”. Y, concluye diciendo que “Estamos ante un grave obstáculo que vició la declaratoria de una elección con la utilización irregular de un procedimiento de revisión que no fue reglamentado su aplicación en una ley estatutaria electoral, sino por los mismos magistrados que lo esgrimieron” (lo resaltado es del original).

10. Recuerda que los actos administrativos son nulos de acuerdo con las causales previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

11. La nulidad de los registros electorales se produce por la violación del sistema electoral vigente, lo cual alteró el resultado de la elección demandada.

12. De acuerdo con el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, se demanda la nulidad de la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, mediante el cual se declaró la elección de Senadores.

13. La demanda se formuló oportunamente, sin que se hubiera configurado la caducidad de la acción.

14. Recalca la importancia del debido proceso, así como la prontitud con que deben fallarse los procesos electorales, en los términos previstos en el artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2009.

3.3. Normas violadas y concepto de violación.

El demandante invocó como vulnerados los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29 y 40 (nums. 1º y 2º), 123, 152- lit. C y 265 numerales 4º, 8º y 13 de la Constitución Política. Los artículos 1º, 2º, 134 al 193 del Código Electoral; y, los artículos 84 y 62 del Código Contencioso Administrativo.

Concreta que el proceso de elección de los Senadores de la República para el período 2010-2014 impugnado, demuestra un “…desarrollo irregular y doloso en cada una de las fases de escrutinio, “revisión” y declaratoria de elección…” porque desconocieron el debido proceso y de esta forma se vieron afectadas ilegal y antidemocráticamente las elecciones.

Que es irregular la expedición de la Resolución 1787 de 2010 porque se contabilizaron votos que fueron depositados sin las formalidades exigidas por la organización electoral y falsamente motivados en los hechos en que se basa y que determinan su producción y condicionan su legalidad como cuando no se respetan las etapas electorales, su principio de preclusión, cuando los E-24 no coinciden con los E-14 y estos con los E-11 ó cuando los documentos fueron modificados por el Consejo Nacional Electoral durante la etapa de revisión sin tener competencia para hacerlo.

El proceso electoral se basa en el principio de preclusividad, es decir, agotada una etapa se continúa con la subsiguiente, sin que sea posible retrotraer la actuación ya consolidada.

El demandante sostuvo que el proceso de elección no tuvo plenas garantías, como lo ordena el art 265 Superior, quebrantó los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29 y 40 (nums. 1º y 2º), 123, 152, lit. C y 265 numerales 4º, 8º, 13 de la misma Carta Política.

Manifestó que el proceso de elección de Senadores de la República para el período 2010-2014, no se desarrolló en condiciones de plenas garantías, ya que la voluntad popular fue desconocida por virtud de procedimientos ilegales, utilizados durante los escrutinios y revisiones por parte de la organización electoral. No fueron precisamente los ciudadanos, con derecho al voto, los que en limpio ejercicio de ese derecho-deber constitucional, eligieron directamente a algunos de los actuales Senadores de la República, sino que más bien fueron los magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes lograron imponer su “ley”, y con violación del debido proceso y en desconocimiento de normas legales y constitucionales, lograron modificar los resultados electorales.

El demandante dice que la petición sobre la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad a la Resolución 754 de 2010, hace parte del concepto de violación a tener en cuenta.

La Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 debe ser declarada nula porque se configura las causales generales de nulidad del acto administrativo previsto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

El actor frente a la Resolución 1781 de 18 de julio de 2010 y sus argumentos de ilegalidad cuenta que el Consejo Nacional Electoral en las audiencias públicas de escrutinio se limitó a notificar resoluciones sobre decisiones de revisión y sustentaciones y no a que se conocieran los resultados definitivos de los E-24 y E-26, argumento que hizo extensivo en general a las decisiones sobre revisión.

Que “Con la Resolución 1781 de 2010 el Consejo Nacional Electoral omitió realizar el escrutinio general de la votación nacional correspondiente al senado de la república…” es decir, no contabilizó en audiencia pública los votos depositados a favor de cada candidato o lista, tan solo ordenó publicar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil los E-24 y E-26 modificados. Lo publicado en la web, violó el debido proceso porque vulneró las actas departamentales en firme, ya que las modificaciones no se conocieron en la audiencia y no fueron notificadas en estrados. Además, transgredió la Resolución 420 de 8 de marzo de 2006 que da firmeza al E-24 y E-26 departamental que debieron ser la base del conteo de la votación por el Consejo Nacional Electoral, y de esta forma, hacer las respectivas declaraciones de elección y expedir las credenciales.

Las resoluciones 1757, 1740, 1734, 1733, 1731, 1729, 1727, 1719, 1718, 1715, 1714, 1711, 1710, 1708, 1707, 1706, 1704, 1703, 1700, 1698, 1697, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1677, 1666, 1661, 1647, 1646, 1645, 1637, 1635, 1634, 1633, 1629, 1625, 1623, 1616, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608,1607, 1606, 1604, 1601, 1597, 1596, 1590, 1589, 1573, 1571, 1569, 1568, 1560, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1535, 1534, 1524, 1519, 1507, 1505, 1503, 1501, 1498, 1497, 1494, 1493, 1479, 1477, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1452, 1450, 1448, 1446, 1435, 1434, 1432, 1425, 1422, 1410, 1409, 1407, 1386, 1385, 1378, 1376, 1375, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1348, 1339, 1338, 1337, 1332, 1330, 1321, 1271, 1267, 1247, 929, 905, 790, 789, 788, 784, 782, 776, 772, 770, 767, 766, 764, 763, 759, 738, 734, 733, 731, 730, 729, 719, 715, 714, 711, 697, 661, 660, 667, 654, 648 y 647, expedidas por el Consejo Nacional Electoral durante el proceso de revisión, violaron leyes electorales y la Constitución Nacional, mediante un proceso de revisión que configuró nuevas causales de nulidad y procedimientos contrarios a las leyes electorales.

El Consejo Nacional Electoral al tratar de aplicar el numeral 4º del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 que modificó el artículo 265 de la Constitución Política, pretendió conocer del cargo de nulidad por falsedad electoral, durante el proceso de escrutinio y de revisión, lo que mostró desorden en la aplicación de las etapas del proceso electoral, por ejemplo en la Resolución 1740 de 2010.

Precisó con respecto a la Resolución 754 de 2010 que, esta introdujo nuevas normas acerca de nulidades o exclusiones de mesas y votación, trató sobre modificaciones de escrutinios en firme y contempló un proceso para juzgar los escrutinio realizados, es decir, el Consejo Nacional Electoral modificó las normas sobre el escrutinio y la validez del voto, al establecer exclusiones por huellas y tarjetones no firmados. Así, reformó todo el Código Electoral, y por lo mismo esta resolución constituiría una ley estatutaria en sentido material.

El demandante indicó que el mismo Consejo Nacional Electoral no respetó la vigencia de la Resolución 754 de 2010, la cual había creado una doble instancia, lo que era garantía de un debido proceso, pero mediante un concepto que expide la Sala Plena de esa corporación, se suprime radicalmente la doble instancia. Las siguientes decisiones violaron el protocolo expedido por el Consejo Nacional Electoral omitiendo el pronunciamiento de la Sala unitaria: Resoluciones 1757, 1740, 1734, 1733, 1731, 1729, 1727, 1719, 1718, 1715, 1714, 1711, 1710, 1708, 1707, 1706, 1704, 1703, 1700, 1698, 1697, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1677, 1666, 1661, 1647, 1646, 1645, 1637, 1635, 1634, 1633, 1629, 1625, 1623, 1616, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608,1607, 1606, 1604, 1601, 1597, 1596, 1590, 1589, 1573, 1571, 1569, 1568, 1560, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1535, 1534, 1524, 1519, 1507, 1505, 1503, 1501, 1498, 1497, 1494, 1493, 1479, 1477, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1452, 1450, 1448, 1446, 1435, 1434, 1432, 1425, 1422, 1410, 1409, 1407, 1386, 1385, 1378, 1376, 1375, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1348, 1339, 1338, 1337, 1332, 1330, 1321, 1271, 1247, 0929, 0905.

El Consejo Nacional Electoral desconoció el principio de eventualidad o de la prelusión que rige en el derecho electoral, es decir, los escrutinio de cada comisión escrutadora será una etapa agotada y firme, sin que se pueda retrotraer abordando en una instancia superior lo que era del conocimiento de una instancia inferior y más importante es que las decisiones administrativas en firme que fueren adoptadas por una comisión escrutadora, no pueden ser desconocidas por una jerárquicamente superior.

A juicio del demandante, a pesar de lo expresado en el numeral 4º del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, la revisión atribuida al Consejo Nacional Electoral debió efectuarse con observancia de las normas electorales vigentes. Si la pretensión de esa entidad era reglamentar el procedimiento de revisión requería de ley estatutaria como lo prevé el art 152 de la Constitución Política (el accionante indica que los consejeros Giraldo y Osorio salvaron el voto con este argumento de la ley estatutaria en los actos de exclusión de votación en el bajo Baudó), ya que el acto legislativo no le concedió facultad para tal efecto.

El principio de la excepción de inconstitucionalidad (C.P., art. 4º), en el evento en que una norma jerárquica inferior contradiga, en forma clara y ostensible, una superior, el funcionario pertinente estará en la obligación de inaplicar la norma para el caso en concreto, dando primacía a los principios y garantías constitucionales.

Así mismo la transgresión del debido proceso se evidencia en que las normas sobre escrutinios y votaciones vigentes al momento de las elecciones fueron alteradas por la Resolución 754 de 9 de abril de 2010, la cual se publicó en el Diario Oficial el 21 de ese mismo mes y año, es decir, un mes y medio después de las elecciones. El claro mandato que se incluye en la Carta señala que, por regla general, la norma aplicable al caso determinado es aquella que se encuentra vigente al momento de la comisión del hecho imputado, lo que en otros términos significa que los efectos de la norma jurídica no son retroactivos, es decir, según la prohibición del artículo 58 Constitucional, una ley posterior no puede regir la situación jurídica surgida con anterioridad.

El demandante puntualiza las resoluciones que fueron expedidas antes del 21 de abril de 2010, ordenando el proceso de revisión de los escrutinios y documentos electorales con aplicación de la Resolución 754 de 9 de abril de 2010, la cual solo se publicó el 21 siguiente: 647, 648, 654, 657, 660, 661 de 26 de marzo de 2010; 697, 711 de 30 de marzo de 2010; 714, 715 de 31 de marzo de 2010; 719 de 5 de abril de 2010; 729, 730, 731, 733, 734 de 7 de abril de 2010; 738 de 9 de abril de 2010; 759 de 14 de abril; 763, 764, 766, 767, 770 de 15 de abril; 772 de 19 de abril; 782, 784, 788, 789, 790 de 20 de abril de 2010.

Arguyó que en caso de inaplicación de la Resolución 754 de 2010, debe declararse nula toda modificación realizada mediante revisión a los escrutinios efectuados legalmente dentro de las normas del actual Código Electoral, y en consecuencia solicitó restablecer el orden jurídico.

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral desplazó a varios de sus delegados en los departamentos del país, asumiendo en la práctica, el ejercicio de las funciones que le correspondían legalmente. Se arrogó funciones que no le atribuyen la Constitución ni la ley, a ningún título, e invadió la órbita de competencia de sus delegados, dentro de los escrutinios departamentales. Es decir, se atribuyó la facultad de asumir el conocimiento directo de cualquier escrutinio y de esta forma no garantizó a los ciudadanos, testigos electorales y candidatos de cada circunscripción electoral departamental que el escrutinio general se realizara y se concluyera en la capital de su departamento.

Algunos casos en que se ordenaron asumir los escrutinios, que no eran de competencia del Consejo Nacional Electoral: Resoluciones 662, 663, 664, 697, 711, 714, 717 de 2010. Incluso algunos de los escrutinios se trasladaron a Bogotá por orden de esa corporación, que pasó por alto normas constitucionales y legales ya citadas.

Por último, afirma la ilegalidad de las resoluciones 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1534, 1524, 1519, 1409, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1339, 1338, 1337 y 1271 del Consejo Nacional Electoral, porque “…tomaron como base del escrutinio el formulario E-14 y desconocieron el formulario E-24, declarando la nulidad de los recuentos de votos que hicieran las comisiones escrutadoras”. Este proceder viola el principio de legalidad, debido a que no era del resorte del Consejo Nacional Electoral esa atribución, dando cabida a la causal de nulidad de falta de competencia.

3.4. Contestación.

Se guardó silencio.

4. Proceso electoral 201000072 de Carlos Fernando Motoa Solarte.

4.1. Pretensiones.

Con la demanda(4) se pidió:

“1ª. Que declaren la nulidad de la Resolución 1787 de julio 18 de 2010 del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se declaró la elección de Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014.

2ª. Que declaren la nulidad del acta de escrutinio de los votos para el Senado de la República de las elecciones de 14 de marzo de 2010, formulario E-26 Nacional, del Consejo Nacional Electoral, realizado el 18 de julio de 2010.

3ª. Que declaren la nulidad de las actas de escrutinio y los registros electorales correspondientes a los formularios E-24 y E-26 por no contabilizar sin justificación alguna un número de votos a favor de mi poderdante, los cuales aparecen registrados en los formularios E-14, no recontados, correspondientes a las mesas de votación que a continuación enumero: 1) Departamento de Antioquia. Bello. Zona 1, puesto 6, mesa 3 (-1), zona 3, puesto 3, mesa 16 (-1), Copacabana. Zona 90, puesto 1, mesa 9 (-1); 2) Departamento del Atlántico. Barranquilla. Zona 9, puesto 1, mesa 9 (-1), zona 10, puesto 1, mesa 3 (-2), zona 13, puesto 5, mesa 14 (-1), zona 16, puesto 3, mesa 16 (-1), Soledad. Zona 1, puesto 4, mesa 5 (-1), zona 2, puesto 4, mesa 1 (-1), zona 3, puesto 1, mesa 10 (-1), zona 3, puesto 5, mesa 32 (-1); 3) Bogotá, D.C. Bogotá, zona 2, puesto 1, mesa 3 (-2), zona 2, puesto 6, mesa 2 (-1), zona 5, puesto 13, mesa 22 (-1), zona 6, puesto 9, mesa 8 (-1), zona 7, puesto 4, mesa 21 (-1), zona 8, puesto 3, mesa 12 (-3), zona 8, puesto 14, mesa 16 (-5), zona 9, puesto 16, mesa 1 (-1), zona 10, puesto 3, mesa 6 (-1), zona 10, puesto 31, mesa 12 (-1), zona 13, puesto 5, mesa 27 (-1), zona 13, puesto 9, mesa 37 (-2), zona 13, puesto 13, mesa 4 (-1), zona 16, puesto 18, mesa 11 (-1); 4) Departamento del Meta. Villavicencio. Zona 2, puesto 1, mesa 31 (-1), zona 5, puesto 2, mesa 20 (-4); 5) Departamento del Tolima. Espinal. Zona 2, puesto 2, mesa 7 (-1), Flandes. Zona 0, puesto 0, mesa 6 (-1), zona 0, puesto 0, mesa 22 (-1), Guamo. Zona 1, puesto 1, mesa 5 (-1), Rioblanco. Zona 99, puesto 2, mesa 2 (-1); 6) Departamento del Valle del Cauca. Buga. Zona 1, puesto 3, mesa 5 (-1), zona 1, puesto 3, mesa 6 (0), zona 3, puesto 2, mesa 1 (0), zona 90, puesto 1, mesa 1 (-10), zona 90, puesto 1, mesa 3 (-1), zona 99, puesto 3, mesa 1 (-1), zona 99, puesto 11, mesa 3 (-10), Cali. Zona 6, puesto 2, mesa 32 (-2), zona 10, puesto 1, mesa 28 (-1), zona 13, puesto 3, mesa 2 (-3), zona 14, puesto 3, mesa 2 (-3), zona 15, puesto 1, mesa 11 (-2), zona 17, puesto 4, mesa 16 (-1), zona 19, puesto 1, mesa 7 (-1), zona 21, puesto 3, mesa 19 (-2), zona 22, puesto 4, mesa 16 (-1), Calima Darién. Zona 0, puesto 0, mesa 14 (-1), Jamundí. Zona 2, puesto 2, mesa 11 (-1), Palmira. Zona 3, puesto 4, mesa 6 (-9)(5), zona 2, puesto 3, mesa 1 (-1), San Pedro. Zona 0, puesto 0, mesa 4 (-2), zona 0, puesto 0, mesa 6 (-1), Zarzal. Zona 1, puesto 1, mesa 3 (-2), zona 2, puesto 2, mesa 13 (-1), zona 2, puesto 2, mesa 16 (-2), zona 99, puesto 1, mesa 2 (-1).

4ª. Que declaren igualmente la nulidad de las actas de escrutinio del Consejo Nacional Electoral por no aparecer en ellas, sin resolución que motive la exclusión, votos a favor del candidato número 10 del Partido Cambio Radical, mi poderdante, registrados en el formulario E-24, correspondiente a algunas mesas ubicadas en puestos de votación de las zonas 26 y 27 del municipio de Cali, tal como lo indica la comparación entre los formularios E-24 de los escrutinios departamentales y los de mesa a mesa producto de la revisión realizada por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con la relación, que se hace a continuación: Zona 26, puesto 1: Mesa 8: 11 votos; puesto 3: Mesa 7: 3 votos; mesa 15: 3 votos; mesa 16: 4 votos; mesa 28: 4 votos; puesto 4: Mesa 5: 2 votos; mesa 7: 3 votos; mesa 30: 5 votos; mesa 33: 3 votos; puesto 5: Mesa 1: 11 votos; puesto 6: Mesa 3: 1 voto. Zona 27; puesto 2: Mesa 12: 1 voto; mesa 36: 3 votos; mesa 42: 2 votos; puesto 3: Mesa 1: 4 votos.

5ª. Que, asimismo, declaren parcialmente nulas las actas de escrutinio y sus registros electorales con los formularios E-24 y E-26, en cuanto se contabiliza en ellos sin justificación alguna un número de votos a favor de otro ciudadano del Partido Cambio Radical que no aparecen registrados en los formularios E-14, los cuales se resaltan en negrillas y entre paréntesis, correspondiente a las mesas de votación que a continuación enumero: 1) Cundinamarca. Cajicá, zona 1, puesto 2, mesa 1, (1); Cáqueza, zona 0, puesto 0, mesa 7, (2); Chía, zona 2, puesto 1, mesa 1, (1); zona 90, puesto 1, mesa 21, (1); El Colegio, zona 0, puesto 0, mesa 2, (2); Funza, zona 2, puesto 1, mesa 13, (1); zona 2, puesto 1, mesa 14, (1); zona 2, puesto 3, mesa 5, (1); zona 90, puesto 1, mesa 1, (2); zona 90, puesto 1, mesa 6, (2); Manta, zona 0, puesto 0, mesa 2, (1); San Francisco, zona 0, puesto 0, mesa 7, (1); Simijaca, zona 0, puesto 0, mesa 18, (2); Soacha, zona 3, puesto 3, mesa 7, (2); zona 6, puesto 2, mesa 4, (8); zona 6, puesto 4, mesa 19, (1); Une, zona 0, puesto 0, mesa 8, (7); Viotá, zona 0, puesto 5, mesa 5, (1); Guaduas, zona 0, puesto 0, mesa 34, (1); 2) Vichada. Puerto Carreño, zona 0, puesto 1, mesa 13, (1); 3) Caldas. Manizales, zona 2, puesto 5, mesa 4, (1); zona 3, puesto 2, mesa 23, (1); zona 7, puesto 1, mesa 3, (1); La Dorada, zona 1, puesto 1, mesa 8, (1); zona 2, puesto 2, mesa 1, (6); zona 90, puesto 1, mesa 9, (1); Victoria, zona 0, (sic) mesa 5, (1); 4) Guaviare. San José del Guaviare, zona 1, puesto 2, mesa 16, (1); 5) Antioquia. Medellín, zona 2, puesto 1, mesa 36, (1); zona 6, puesto 1, mesa 8, (1); zona 9, puesto 2, mesa 10, (10); zona 12, puesto 4, mesa 25, (1); zona 12, puesto 4, mesa 41, (1); zona 16, puesto 1, mesa 2, (1); zona 17, puesto 2, mesa 42, (1); zona 19, puesto 1, mesa 15, (1); zona 24, puesto 3, mesa 23, (1); zona 25, puesto 3, mesa 16, (1); zona 25, puesto 3, mesa 27, (1); zona 27, puesto 1, mesa 12, (1); Betulia, zona 0, puesto 0, mesa 15, (3); Caldas, zona 90, puesto 1, mesa 24, (9); Caramanta, zona 0, puesto 0, mesa 9, (1); Caucasia, zona 1, puesto 1, mesa 20, (1); Nechí, zona 0, puesto 0, mesa 6, (1); Yarumal, zona 1, puesto 1, mesa 2, (1); zona 1, puesto 2, mesa (sic), (2); 6) Arauca. Arauca, zona 1, puesto 5, mesa 13, (1); zona 90, puesto 1, mesa 5, (10); zona 99, puesto 7, mesa 1, (1); Arauquita, zona 99, puesto 7, mesa 1, (1); 7) Guajira. Villanueva, zona 0, puesto 0, mesa 35, (2); 8) Tolima. Ibagué, zona 5, puesto 10, mesa 1, (1); zona 7, puesto 5, mesa 6, (1); Alpujarra, zona 0, puesto 0, mesa 3, (1); Líbano, zona 99, puesto 25, mesa 2, (5); Melgar, zona 2, puesto 2, mesa 5, (1); Villahermosa, zona 0, puesto 0, mesa 6, (1); 9) Meta. Villavicencio, zona 1, puesto 2, mesa 6, (1); Puerto Lleras, zona 0, puesto 0, mesa 4, (1); 10) Bogotá, zona 1, puesto 2, mesa 57, (1); zona 1, puesto 3, mesa 19, (3); zona 1, puesto 4, mesa 21, (1); zona 1, puesto 7, mesa 1, (1); zona 1, puesto 8, mesa 23, (1); zona 1, puesto 15, mesa 7, (3); zona 1, puesto 15, mesa 9, (7); zona 2, puesto 7, mesa 12, (1); zona 2, puesto 8, mesa 2, (1); zona 4, puesto 3, mesa 7, (1); zona 4, puesto 20, mesa 16, (1); zona 6, puesto 1, mesa 19, (4); zona 6, puesto 1, mesa 20, (3); zona 6, puesto 6, mesa 18, (1); zona 7, puesto 7, mesa 70, (1); zona 7, puesto 8, mesa 22, (3); zona 7, puesto 12, mesa 8, (6); zona 7, puesto 12, mesa 25, (1); zona 8, puesto 11, mesa 4, (1); zona 8, puesto 26, mesa 10, (1); zona 8, puesto 27, mesa 1, (2); zona 8, puesto 37, mesa 53, (1); zona 8, puesto 51, mesa 5, (1); zona 9, puesto 1, mesa 2, (3); zona 10, puesto 1, mesa 19, (1); zona 10, puesto 7, mesa 28, (3); zona 10, puesto 10, mesa 2, (2); zona 10, puesto 21, mesa 25, (6); zona 10, puesto 21, mesa 31, (6); zona 10, puesto 25, mesa 22, (1); zona 10, puesto 28, mesa 24, (7); zona 10, puesto 31, mesa 4, (6); zona 12, puesto 1, mesa 27, (2); zona 12, puesto 9, mesa 19, (1); zona 13, puesto 5, mesa 13, (2); zona 13, puesto 10, mesa 22, (2); zona 13, puesto 13, mesa 5, (1); zona 13, puesto 20, mesa 7, (5); zona 16, puesto 10, mesa 15, (1); zona 16, puesto 20, mesa 5, (1); zona 16, puesto 20, mesa 23, (1); zona 17, puesto 2, mesa 53, (1); zona 18, puesto 1, mesa 17, (2); zona 18, puesto 9, mesa 4, (3); zona 19, puesto 26, mesa 10, (1); 11) Valle del Cauca. Cali, zona 1, puesto 3, mesa 17, (1); 12) Huila. Neiva, zona 1, puesto 1, mesa 7, (4); zona 1, puesto 1, mesa 9, (4); zona 1, puesto 2, mesa 7, (4); zona 1, puesto 5, mesa 7, (3); zona 1, puesto 7, mesa 18, (6); zona 2, puesto 1, mesa 10, (1); zona 1, puesto 2, mesa 21, (2); zona 2, puesto 2, mesa 3, (4); zona 3, puesto 2, mesa 3, (3); zona 3, puesto 3, mesa 11, (5); zona 3, puesto 4, mesa 15, (7); zona 3, puesto 4, mesa 25, (2); zona 4, puesto 1, mesa 9, (4); zona 4, puesto 1, mesa 19, (9); zona 90, puesto 1, mesa 2, (1); zona 90, puesto 1, mesa 15, (3); zona 90, puesto 1, mesa 21, (9); Acevedo, zona 0, puesto 0, mesa 9, (6); zona 99, puesto 1, mesa 5, (2); Agrado, zona 0, puesto 0, mesa 12, (10); Altamira, zona 0, puesto 0, mesa 5, (1); Baraya, zona 0, puesto 0, mesa 9, (13); Campoalegre, zona 1, puesto 1, mesa 1, (7); zona 1, puesto 1, mesa 3, (3); zona 1, puesto 2, mesa 13, (3); Tesalia (Carnicerías), zona 0, puesto 0, mesa 8, (3); zona 0, puesto 0, mesa 10, (3); Colombia, zona 0, puesto 0, mesa 2, (1).

6ª Que declaren la nulidad de las actas de escrutinio que no tuvieron en cuenta los votos a favor de mi poderdante registrados en el formulario E-24 por diferir de las del formulario E-14, en la zonas, mesas y puestos que se enuncian a continuación: Departamento del Chocó. Litoral de San Juan. Zona 0, puesto 0, mesa 3, (-15); zona 0, puesto 0, mesa 4, (-29); zona 99, puesto 30, mesa 1, (-10); zona 99, puesto 40, mesa 1, (-1);

7ª Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las actas de escrutinio y registros electorales solicitadas en las pretensiones anteriores, ordenen en el primer caso contabilizar los votos del formulario E-14 no registrados en los formularios E-24 y E-26 así como también contabilizar los votos registrados en el formulario E-24 de acuerdo a lo solicitado en la pretensión 6ª; y, en el segundo, excluir del cómputo general los votos irregularmente registrados en los formularios E-24 y E-26 de los candidatos que da cuenta la pretensión quinta, a pesar de no existir en esos casos votación registrada en el formulario E-14.

8ª Que ordenen la práctica de un nuevo escrutinio, en el día y hora que para ello fije la sentencia, la cual deberá efectuarse acorde con las inclusiones y exclusiones de votos solicitadas en las pretensiones anteriores.

9ª Que, fundamentados en los resultados de los nuevos escrutinios, declaren nuevamente la elección de Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014, y por ende, expidan las nuevas credenciales a los respectivos congresistas, previa cancelación de las anteriores y comuniquen la sentencia al Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Presidente del Senado de la República y a las demás autoridades que el Consejo de Estado estime conveniente”.

(…).

“Además de las formuladas en la demanda original, para que sean tenidas como pretensiones:

3) (sic) Que declaren la nulidad de la Resolución 1780 de julio 18 de 2010, por la cual el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar unas solicitudes de la parte actora, según los hechos 1.7; 1.14; 1.49, y declaró agotado el requisito de procedibilidad (Texto anexado a la demanda que se ordena corregir).

4) (sic) Que se declaren la nulidad de las resoluciones que decidieron solicitudes y/o reclamaciones y recursos de reposición interpuestos por la parte actora y se tomaron decisiones que perjudicaron electoralmente a mi poderdante, las cuales enumero a continuación:

1. Resolución 1102 de 31 de mayo de 2010, por la cual se rechaza una reclamación;

2. Resolución 1318 de junio 22 de 2010, por la cual se negó la solicitud de revisión de los escrutinios de Bogotá;

3. Resolución 1325 de junio 22 de 2010, por la cual se rechazan las solicitudes de revisión de los escrutinios del Meta;

4. Resolución 1381 de junio 29 de 2010, por la cual se resuelve la reclamación de mi poderdante durante los escrutinios de Cundinamarca;

5. Resolución 1319 de junio 22 de 2010, por la cual se niega la solicitud de revisión hecha por mi poderdante de los escrutinios del departamento del Tolima;

6. Resolución 1321 de junio 22 de 2010, por la cual se adoptó decisión respecto de los escrutinios del municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca;

7. Resolución 1485 de julio 3 de 2010, por la cual se resuelve el recurso de reposición confirmando la Resolución 1321 de junio 22 de 2010, interpuesto por mi poderdante;

8. Resolución 1329 de junio 23 de 2010, por la cual se decide la solicitud de revisión de los escrutinios de algunos municipios del departamento del Huila;

9. Resolución 1421 de junio 30 de 2010, por la cual se rechaza un recurso de reposición de mi poderdante contra la Resolución 1329 de junio 323 de 2010, interpuesto por mi poderdante;

10. Resolución 1330 de junio 23 de 2010, relacionada con el escrutinio de Buga;

11. Resolución 1486 de julio 3 de 2010, por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución 1330 de junio 23 de 2010, interpuesto por mi poderdante;

12. Resolución 1337 de junio 23 de 2010, por la cual se decide tener como base el formulario E-14 en los escrutinios del municipio de Litoral de San Juan;

13. Resolución 1546 de julio 7 de 2010, por la cual se decide el recurso de reposición contra la Resolución 1337 de 23 de junio de 2010;

14. Resolución 1457 de julio 2 de 2010, por la cual se rechaza la solicitud de examen dactiloscópico de los documentos electorales de varios municipios de país;

15. Resolución 1479 de julio 3 de 2010, por la cual se le excluyeron unos votos a mi poderdante;

16. Resolución 1680 de julio 13 de 2010, por la cual se confirmó la Resolución 1479 de 2010;

17. Resolución 1721 de julio 15 de 2010, por la cual se deciden unas reclamaciones presentadas durante la audiencia de escrutinios del Valle del Cauca;

18. Resolución 1667 de julio 13 de 2010, en la cual se presentan incoherencias en escrutinios en varias mesas de votación”.

4.2. Fundamentos de hecho.

Como hechos(6) de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. Carlos Fernando Motoa Solarte participó en la contienda electoral como candidato al Senado de la República por el Partido Cambio Radical con el Nº 10 en la tarjeta electoral.

3. Como durante la etapa de los escrutinios se elevaron ante las autoridades diferentes denuncias por posibles irregularidades en el proceso de elección se ordenó por el Consejo Nacional Electoral la revisión de los escrutinios y de los documentos electorales de algunos departamentos.

4. Carlos Fernando Motoa Solarte presentó sendas reclamaciones ante el Consejo Nacional Electoral por error aritmético e inconsistencias en los formularios electorales de varios departamentos con el propósito de que se le revisaran y se le reconocieran los votos registrados en los formularios E-14 que no aparecían en los formularios E-24. Estas solicitudes le fueron negadas en algunos casos bajo el argumento de que no se presentó el alegado error, y en otros, porque se consideró que la reclamación no había sido presentada en la diligencia de escrutinios sino ante la subsecretaría del Consejo Nacional Electoral.

5. Situación contraria se presentó en sitios como el municipio de Litoral de San Juan en el departamento del Chocó donde no se le reconocieron al libelista los votos registrados en el formulario E-24 a pesar de ser éste diferente en su número a los votos registrados en el formulario E-14.

6. Los resultados que contienen las actas de escrutinio de los jurados de votación son modificables a consecuencia del recuento de votos, sea este practicado oficiosamente o a solicitud de parte cuando se han presentado las casuales de reclamación previstas en el Código Electoral; cuando no es así se presenta una irregularidad en el escrutinio y ello afecta la validez del acto final de declaratoria de elección.

7. Revisados los resultados electorales obtenidos en las mesas denunciadas, mediante confrontación de las actas de escrutinio de los jurados de votación (E-14) con los resultados registrados por las comisiones escrutadoras en los formularios E-24 se puede establecer que al actor no se le computaron todos los votos a que tenía derecho, y ello incidió directamente en el registro final, como las actas de escrutinio acusadas contienen datos falsos y apócrifos se faltó a la verdad electoral.

8. Frente a la susodicha situación el ahora demandante interpuso los recursos pertinentes ante la Administración y dio así cumplimiento al requisito de procedibilidad.

9. El Consejo Nacional Electoral negó la reclamaciones presentadas y el 18 de julio de 2010 practicó el escrutinio final de los votos emitidos para Senado de la República por cada una de las listas y candidatos, en este escrutinio no aparecen registrados los votos a que se ha hecho referencia en esta demanda, estos desaparecieron en el tránsito del formulario E-14 a los formularios E-24 y E-26.

10. La restitución de votos no contabilizados o la exclusión de votos contabilizados indebidamente en las mesas identificadas tiene como finalidad fortalecer la legitimidad democrática del Congreso de la República y dar mayor transparencia al proceso electoral.

4.3. Normas violadas y concepto de violación(7).

De orden constitucional: los artículos 258, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003 y 265 modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009.

De orden Legal: el artículo 1º del Código Electoral; el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el ordinal 2º del artículo 17 de la Ley 62 de 1988 y el artículo 9º de la Resolución 552 de 2010 del Consejo Nacional Electoral.

Se argumentan como problema jurídico dos situaciones: la primera, tiene que ver con el hecho de que en el formulario E-14 se registran unos votos que no aparecen contabilizados en los escrutinios posteriores que se plasman en los formularios E-24 y E-26; y la segunda, que se relaciona con el hecho inverso en el sentido de que a ciertos candidatos que tuvieron una determinada votación registrada en el formulario E-14 les aparece un mayor número de votos en el formulario E-24, sin que exista una razón de tipo legal para ello.

“1. El principio de procedibilidad”. Luego de una sucinta referencia normativa con respecto al requisito de procedibilidad la parte actora manifestó a manera de conclusión que para el caso sub examine este requisito se cumplió.

“2. Los formularios y el valor de su contenido”. Se argumenta que en principio el contenido de los diferentes formularios electorales deben coincidir, pero que en algunas oportunidades ello no sucede porque se presentan errores aritméticos o falsedades al trasladarse los resultados de un formulario a otro. La exclusión de votos de una lista o de un candidato también puede obedecer a razones de orden legal, la pérdida de votos en un reconteo es justificada.

Cuando se presentan errores aritméticos en un formulario electoral, ello debe ser corregido en el momento de su transcripción en el otro formulario, cuando el error se da en el segundo formulario porque su contenido no coincide con el del documento electoral precedente, debe primar en principio el contenido del primer formulario. Se cita al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Dr. Álvaro González Murcia de 28 de noviembre de 2002 y M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia de 6 de julio de 2009.

En los casos denunciados en donde el actor aparece en el formulario E-24 con menor número de votos que los registrados en el formulario E-14 se debe proceder por la autoridad judicial de la siguiente manera; primero, se debe examinar el caso particular para establecer si la modificación se encuentra justificada o no, y segundo, en el caso de que no lo sea se debe reconocer al afectado dichos votos, so pena de que el acta quede afectada de nulidad. De conformidad con la jurisprudencia las actas de escrutinio son nulas cuando los elementos que han servido para la formación de los registros electorales son falsos o apócrifos.

En el sub judice la diferencia de votos entre la última persona declarada elegida y la primera de los no elegidos (el actor) es tan pequeña que la nulidad o la validación de cualquier voto puede ser determinante para el resultado.

“3. Exclusión irregular de votos”. Aquí se hace mención a tres situaciones:

1. A las diferencias numéricas entre los formularios E-14, E-24 y E-26 presentadas sin ninguna justificación con respecto a las mesas descritas en la pretensión 3 del libelo demandatorio.

Se adiciona inconexamente en este punto la afirmación que de la mesa 8 del puesto 4 de la zona 3 de Palmira (en verdad se trata de la mesa 06 como se enuncia en la pretensión 3ª de la demanda, en la que descontaron 9 votos al candidato 10 del partido Cambio Radical con Res. 1479/2010), se excluyeron los votos del actor porque las tarjetas electorales se encontraron firmadas por un jurado que no estaba nombrado para la mesa. Esta decisión de exclusión de votos carece de fundamento jurídico si se tiene en cuenta la existencia en dicha mesa de otros jurados cuyo nombramiento no fue controvertido.

2. A la exclusión de votos de las zonas 26 y 27 del municipio de Cali en el departamento del Valle del Cauca. Los votos depositados a favor del candidato 10 del Partido Cambio Radical registrados en los formularios E-24 no aparecen en el escrutinio final que se hizo por el Consejo Nacional Electoral, sin que exista una resolución que motive esa exclusión (se relacionan las mesas descritas en la pretensión 4ª) (ver mesas fls.128-129 y 171-173).

En este punto también de forma aislada se manifiesta que se presentaron situaciones en las que no se contabilizaron los votos sufragados por el actor, tal es el caso de lo sucedido en la zona 1, puesto 9, mesa 14 del municipio de Palmira, en donde la Comisión Escrutadora Departamental del Valle ordenó a través de la Resolución 17 de 28 de marzo de 2010 consignar en el E-24 y en el E-26 dos votos contenidos en el E-14 para el candidato Carlos Fernando Motoa Solarte, lo que dicha comisión no podía hacer porque los documentos de Palmira llegaron incompletos, quedando la ejecución de dicho encargo a manos del Consejo Nacional Electoral.

3. Frente al caso del municipio de Litoral de San Juan en el departamento del Chocó sostiene que se presentó una situación particular de no contabilización de votos a su favor con respecto a unas mesas (ver mesas fl.119), basado en la existencia de grandes diferencias entre los votos registrados en el E-24 como consecuencia del recuento de votos, frente a los votos registrados en el E-14. Argumentó que ante esta situación de manera errada la autoridad electoral concluyó que debía primar el número de votos registrados en el E-14, a pesar de que por jurisprudencia se ha establecido que en los casos de recuento se prefiere el voto recontado.

“4. Asignación irregular de votos a otros candidatos”. Otra irregularidad que se presento fue la asignación de votos a otros candidatos en las mesas de votación que se indicaron en la pretensión quinta de la demanda (ver mesas fls. 116-119). En los registros electorales de los formularios E-24 y E-26 se contabilizaron votos a favor de otro candidato del Partido Cambio Radical que no aparecen registrados en el formulario E-14.

En el escrito de corrección de demanda (fls. 174-176) se adicionó al acápite de concepto de violación los siguientes argumentos:

La causal nulidad que afecta el acto que declara de elección es la establecida en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo porque se presentaron en el proceso diferencias de votos sin explicación alguna entre los formularios E-14 y E-24 y esto repercutió en los resultados del formulario E-26 en detrimento de la verdad electoral. Los resultados son falsos o apócrifos, no corresponden a la realidad.

Como se anexaron al escrito de subsanación diez documentos que contienen solicitudes y/o reclamaciones presentadas ante la autoridad electoral, se demostró con ello el agotamiento del requisito de procedibilidad de conformidad con el establecido por el parágrafo del numeral 7º del artículo 237 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009.

Con la Resolución 1780 de julio 18 de 2010 el Consejo Nacional Electoral desconoció el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución.

4.4. Contestación(8).

4.4.1. Senador José Francisco Herrera Acosta.

A través de apoderado contestó la demanda y frente a los hechos argumentó que son ciertos el uno, dos y tres; y que se atiene a lo probado con respecto a los hechos cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Adicionalmente, afirmó en este punto que en las reclamaciones presentadas ante la autoridad escrutadora no se individualizaron las mesas y que ello se hizo de manera genérica e inmotivada.

De otra parte, se opuso a las pretensiones, para lo cual sostuvo que:

1. Las declaraciones pretendidas por el apoderado exceden el poder a él otorgado porque en el escrito de demanda no solo se solicita la nulidad de la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, proferida por el Consejo Nacional Electoral, acto que declara la elección, para lo cual sí está facultado, sino que también pide la invalidez de las actas de escrutinios parciales E-24, del acta final E-26 y de las actas de los jurados de votación E-14.

La formulación de las declaraciones por parte del apoderado contiene un imposible fáctico y jurídico, pues de prosperar las solicitudes de exclusión de las mesas de votación la eliminación de las mismas se haría imposible con respecto a un candidato en específico. La afectación por una irregularidad objetiva impacta a todos los implicados.

2. Las mesas de votación materia de impugnación funcionaron de forma legal y sus documentos electorales son auténticos.

Se destaca lo dicho en la jurisprudencia del Consejo de Estado(9) con respecto a la importancia de que los documentos electorales sean introducidos oportunamente en las arcas triclave, que está claro que los efectos de esa irregularidad (la de ser tardía la entrega) no es constitutiva de causal de nulidad.

4.4.1.1. Excepción de inepta demanda.

Acusa de inepta la demanda por no especificarse cuál es la causal de nulidad invocada, se reprocha en este punto que no se acude como debería en el libelo demandatorio a las causales taxativas del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, y se deja este sin fundamento alguno. El actor confunde las pretensiones de la demanda con las causales de nulidad electoral.

4.4.1.2. El demandante no agotó el requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución, respecto de todos los demandados.

Expone que no se encuentra agotado el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 237 de la Constitución Política, respecto de todos los actos enjuiciados porque las reclamaciones formuladas por el actor durante la etapa de escrutinio y el proceso de revisión fueron dirigidas en contra de la elección de José Francisco Herrera Acosta y no con respecto a la generalidad de los elegidos. Para que el actor pudiese demandar la elección de la totalidad de los Senadores debió individualizar el examen del proceso electoral y de escrutinio de cada Senador. Además se califica de extemporáneas las reclamaciones y se menciona que así lo reconoce el mismo demandante. Por lo anterior solicitó que se dicte fallo inhibitorio en el asunto bajo examen.

Finalmente, se hace mención al proceso de revisión de los escrutinios a la luz del artículo 265 de la Constitución Política, se precisa que durante este proceso no caben las reclamaciones porque estas deben ser formuladas durante el desarrollo del escrutinio como lo dispone el Código Electoral.

5. Proceso electoral 201000073 de Guillermo García Realpe.

5.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió(10):

“PRIMERA: Se declare la nulidad del acto de declaratoria de elección de Senadores de República, contenido en la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 proferido por el Consejo Nacional Electoral, notificado en audiencia pública llevada a cabo en la misma fecha, quedando debidamente ejecutoriada.

SEGUNDA: Como consecuencia de las (sic) anterior declaración, se ordene la práctica de un nuevo escrutinio para Senado de la República 210-2014, con la corrección de los guarismos electorales que así lo permitan y con la exclusión de las mesas de votación en las que se presentaron las irregularidades de fraude electoral, de errores de jurados de votación y de escrutadores no corregidos por las comisiones escrutados, como también de aquellos documentos electorales en donde los errores, tachaduras y enmendaduras impidieron observar el reflejo de la intención de los electores”.

En escrito de corrección visible a folios 207-218 se precisó:

“PRETENSION (sic) PRINCIPAL: Se declare la nulidad del acto declaratorio de elección de Senadores de la República, contenido en la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, proferido por el Consejo Nacional Electoral, notificada en la audiencia de la misma fecha, y de las resoluciones 1459, mediante la cual se rechazaron in limine reclamaciones electorales de los escrutinios en el departamento de Bolívar; 1468 aclaratoria del anterior acto administrativo, la 1704 por medio de la cual se ordenó la expedición de nuevos formularios E-24 y E-26 del departamento de Bolívar y la 1767 mediante la cual se confirma la anterior; 1494, 1496, 1497, 1573, 1601, 1629, 1647, 1729 en el caso de modificación de los resultados de Buenaventura; 1493, 1501, 1503, 1505, 1507, 1535, 1537, 1569, 1571, 1604, 1625, 1633, 1635 en el caso de la revisión de los escrutinios de Cali, (sic) todas expedidas por el Consejo Nacional Electoral en el presente año, en tanto dichas providencias desconocen abierta y claramente lo consagrado en la Constitución Política y el ordenamiento electoral, en la medida que el Consejo Nacional Electoral, no obstante haberle presentado solicitudes de revisión, profirieron actas de revisión realizadas por Salas Unitarias de Revisión y Sala Plena en las Circunscripciones de Bolívar, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Nariño, en las mesas de que trata la presente demanda, y en ellas arbitrariamente se negaron a aceptar las razones de dichas reclamaciones, rechazando unas de plano por motivos ilegales y en otras aceptan de manera incompleta las correcciones, modificaciones o exclusiones, omitiendo disponer las revisiones debidas y procediendo con base en ello a declarar la elección del Senado de la República de manera irregular a través de la Resolución 1787 de 2010”.

5.2. Fundamentos de hecho(11).

Los hechos de la demanda fueron los siguientes:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República.

2. Como se presentaron en el desarrollo del proceso de escrutinio zonal y municipal diferentes irregularidades y con ello se alteró el verdadero querer de los electores se elevaron ante el Consejo Nacional Electoral las reclamaciones y solicitudes de revisión respectivas.

3. En el último boletín de orden nacional para el Senado de la República publicado en la página web de Registraduría Nacional del Estado Civil en la etapa de preconteo (Nº 42), tanto el actor, Guillermo García Realpe, como Luis Fernando Duque García, tenían la expectativa de elección y ocupaban la décima sexta y décima séptima curul por la lista del Partido Liberal Colombiano. Sin embargo, cuando se concluyó el proceso escrutinio de cada uno de los departamentos y se adicionó al resultado el 6,18% de la votación faltante por informar, fueron los candidatos Lidio Arturo García Turbay y Edison Delgado Ruíz los que accedieron a las dos últimas curules del partido. Los aumentos porcentuales inusitados obtenidos por los candidatos fueron:

Cód.PartidoIncremento en %
030Lidio Arturo Garcia Turbay17.39
044Edison Delgado Ruíz12.76
025Sigifredo López Tobón9.06
022Luis Fernando Duque García8.16
020Guillermo García Realpe7.69
008Clara Isabel Pinillos Abozaglo7.41
010Luis Fernando Velasco Chávez4.44

4. Verificados los resultados electorales de cada uno de los municipios y mesas de los departamentos de Bolívar (anexo 1, cuadro 1) y Cesar (anexo 2, cuadro 1), contenidos en las actas de escrutinios suscritas por los jurados de votación (formulario E-14), publicados en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con los consignados en las actas generales de escrutinio zonal y municipal (formularios E-24 y E-26), se constató la existencia de irregularidades e inconsistencias; en el formato de resultados mesa a mesa, conocido como formulario E-24 y en el acta parcial de consolidación de escrutinios formulario E-26 se imputaron votos a favor del candidato 30 del Partido Liberal al Senado de la República, Lidio Arturo García Turbay, sin ningún sustento legal.

5. En las actas de escrutinio (E-14) copia claveros de las siguientes mesas del sector rural del municipio de Mompós Bolívar se advierte un aumento irregular de la votación a favor del candidato 30 del Partido Liberal, Lidio Arturo García Turbay, que se detalla en el anexo 1 cuadro 2, y que en la demanda se especifica frente a estas mesas de votación: zona 99 puesto 05 mesa 2, zona 99 puesto 21 mesa 01, zona 99 puesto 25 mesa 04, zona 99 puesto 29 mesa 01, zona 99 puesto 37 mesa 03, zona 99 puesto 40 mesa 01, zona 99 puesto 41 mesa 01, zona 99 puesto 41 mesa 03, zona 99 puesto 45 mesa 01, zona 99, puesto 55 mesa 01.

6. La misma situación se presentó en el municipio de San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolívar (ver mesas anexo 1 cuadro 3), frente al candidato 30 del Partido Liberal, Lidio Arturo García Turbay.

7. Se argumenta en este punto que llama la atención el hecho de que a pesar de que en el susodicho municipio de San Juan de Nepomuceno el escrutinio se llevó a cabo por dos comisiones (una para la zona 2 y otra para la zona 99) las actas generales de escrutinio por ellas proferidas contienen idénticos textos para justificar de manera genérica el recuento oficioso de los votos y así lograr en el curso de la diligencia modificar los resultados electorales en beneficio de intereses particulares, especialmente los del candidato Lidio Arturo García Turbay (ver anexo 1, cuadro 4).

8. En la misma localidad Bolivarense los votos nulos y no marcados se reflejan en el aumento irregular de la votación del candidato García Turbay (ver mesas anexo 1, cuadro 5).

9. Con respecto al municipio de Clemencia en el departamento de Bolívar se manifiesta que los pliegos electores de esta municipalidad fueron manipulados, que no se integró la comisión interinstitucional de los tres claveros para la introducción y retiro de los pliegos, y que el alcalde y el registrador municipal omitieron nombrar la noche de la elección el reemplazo para un clavero ausente. Esta situación fue comunicada por los delegados a la procuraduría regional a través del Oficio 781 de 30 de marzo de 2010 (ver mesas que deben ser excluidas por esta situación en anexo 1, cuadro 6).

10. En las actas generales de los municipios de San Juan de Nepomuceno y Clemencia las comisiones escrutadoras omitieron dejar constancia expresa del resultado del recuento de votos y de las causales legales que dieron lugar a su práctica.

11. En determinadas mesas del municipio del Carmen de Bolívar se presentaron sustanciales diferencias entre el número de sufragantes contenido en el registro electoral de votantes E-11 y los resultados de la votación consignada en las actas de escrutinios (E-14) y el formato de consolidación E-24 (ver mesas anexo 1, cuadro 7).

12. Por Resolución 1704 de 2010 el Consejo Nacional Electoral sin justificación legal y sin disponer recuento de votos decidió el Consejo Nacional Electoral que ante la ausencia de E-14 ó ante la falta de su diligenciamiento en determinadas mesas (ver anexo 1, cuadro 8) se deben observar los resultados del E-24.

13. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral dispuso la revisión de las mesas singularizadas en el anexo 1, cuadro 9, de que estas fueron incluidas en la Resolución 1704 de 2010 y de que se constató que en ellas existieron falsos registros a favor del candidato 30 del Partido Liberal, Lidio Arturo García Turbay, se omitió modificar en el formulario E-24 y en el acta parcial de escrutinio nacional, formulario E-26 dichas inconsistencias.

14. No obstante que el Consejo Nacional Electoral dispuso la revisión de las mesas singularizadas en el anexo 1, cuadro 10, y de que se constató que en ellas existieron falsos registros a favor del candidato 30 del Partido Liberal, Lidio Arturo García Turbay, estas no fueron incluidas en la Resolución 1704 de 2010 y en consecuencia tampoco fueron modificados los formularios E-24 y E-26.

15. El Consejo Nacional Electoral omitió sin justificación legal la revisión de ochenta (80) mesas sobre las cuales ya se había decretado tal procedimiento en franca violación al debido proceso (ver mesas anexo 1, cuadro 11).

16. Aunque por Resolución 1704 de 2010 el Consejo Nacional Electoral ordenó la corrección numérica con respecto a algunas irregularidades presentadas en la circunscripción del departamento de Bolívar en la parte considerativa del acto omitió precisar de manera particular y concreta los hechos que dieron lugar a estas modificaciones. Esta resolución fue apelada y confirmada por Resolución 1767 de 2010.

17. El Consejo Nacional Electoral omitió en la parte considerativa de la Resolución 1787 de 2010, por la cual se declara la elección de Senado de la República para el período 2010-2014, integrar las resoluciones 1459 de 2 de julio de 2010, mediante la cual se rechazan in limine reclamaciones electorales de Senado departamento de Bolívar, 1468 modificatoria de la anterior, 1704, a través de la cual se ordena la expedición de nuevos formularios E-24 y E-26 del mismo departamento y 1767 por la que se confirma la decisión anterior.

18. Igual presupuesto fáctico al señalado en el ordinal cuatro se presentó en los departamentos del Valle del Cauca (ver mesas anexo 3), Cauca (ver mesas anexo 4), Chocó (ver mesas anexo 5), Risaralda (ver mesas anexo 6) y Nariño (ver mesas anexo 7). En los E-24, resultados mesa a mesa, y en los E-26, acta parcial de consolidación de escrutinios de estas mesas se imputaron votos a favor del candidato 44 del Partido Liberal, Edison Delgado Ruíz (ver mesas anexo 3, cuadro 1) sin que tales registros tuviesen sustento legal en el acta de escrutinios de los jurados de votación, formulario E-14.

19. En el departamento del Valle del Cauca también se imputaron en los E-24 y E-26 votos a favor del candidato 25 del Partido Liberal Colombiano, Sigifredo López Tobón, sin que tales registros tuviesen sustento legal en el E-14 (ver mesas anexo 3, cuadro 2).

20. En el proceso de revisión adelantado por el Consejo Nacional Electoral con respecto al municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, se determinó; 1) la inexistencia de los formularios E-17 de las mesas de la zona 2, puesto 7, Juan José Rondón, a excepción de las mesas 1, 4 y 17 (ver anexo 3, cuadro 3); 2) el hecho de que en las susodichas mesas el formulario E-20, acta de introducción de los pliegos al arca triclave, da cuenta de que esta diligencia se llevó a cabo el día 14 de marzo de 2010 a las 10:20 p.m., antes de la entrega de los pliegos de conformidad con lo certificado en los formularios E-19, en los que yace como hora de entrega las 11:20 p.m., del mismo día, es decir que primero se introdujeron los pliegos electorales al arca y luego se recibieron de manos de los delegados; y 3) la consiguiente exclusión de las mesas por estas irregularidades (ver mesas anexo 3, cuadro 4).

21. Igualmente, en relación con 137 mesas de las zonas 1, 3 y 4 del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, se adujo que tal como se detectó en el proceso de revisión hecho por el Consejo Nacional Electoral, con respecto a ellas no aparecen constancias acerca del diligenciamiento del formulario de entrega de sus pliegos electorales de los jurados de votación a los funcionarios de la Registraduría (formularios E-17), como tampoco del diligenciamiento y hora de entrega de los mismos de los funcionarios de la Registraduría adscritos a los puestos de votación a los registradores auxiliares o especiales del Estado Civil (formularios E-19) (ver mesas anexo 3, cuadro 4).

22. En los municipios de Cali y Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en las mesas discriminadas en el anexo 3, cuadro 5, se presentaron sustanciales diferencias entre el número de sufragantes contenido en el registro general de votantes (E-11) y los resultados de la votación consignados en las actas de escrutinios (E-14) y el formato de consolidación (E-24).

5.3. Normas violadas y concepto de violación.

De orden constitucional; artículo 29 de la Constitución Política.

De orden legal: artículos 134, 135, 142, 147, 148, 149, 164, 170, 172, 173, 174 y 185 del Código Electoral; artículos 35, 59, 84 y 223 del Código Contencioso Administrativo.

Primer cargo: Violación del principio constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, artículos 134 y 135 del C.E., y artículo 59 del Código Contencioso Administrativo. Se afirma todas las etapas del proceso electoral se encuentran regladas por el Código Electoral, del trámite electoral y de su desarrollo se predica el debido proceso con respecto al adecuado funcionamiento de las autoridades electorales y a la marcha del proceso de conformidad con la ley.

Los formularios electorales deben ser fiel reflejo de la realidad. El formulario E-11 que contiene el registro general de votantes de la mesa de votación, debe expresar los nombres de quienes se acercaron a las urnas para votar, la diferencia entre el número de votantes que registran los jurados y el acta de escrutinio de la mesa, formulario E-14, genera un vicio que lo hace anulable. El número de votos no puede ser superior al número de votantes porque cada ciudadano sólo tiene derecho a un voto. Para sustentar su afirmación citó jurisprudencia del Consejo de Estado(12).

Las variaciones entre los guarismos de los formularios E-14 y E-24 sin una razón válida se deben entender también como una violación al debido proceso.

Las diferentes posiciones jurídicas asumidas por el Consejo Nacional Electoral durante el proceso de revisión desconocieron el debido proceso, los principios de audiencia y de defensa, contradicción y publicidad.

Mientras que en algunos casos se dio validez por el Consejo Nacional Electoral en el proceso de revisión a las copias de las actas de los escrutinios E-14 claveros (Res. 1704/2010), en otras decisiones se tomó como base lo consignado en los formularios E-14 delegados (Resolución 1417 de 2010). Se argumentó al respecto que cuando la información entre uno y otro difiere se le debe reconocer valor probatorio a lo consignado en el formulario E-14 delegados, máxime en este caso en donde el derecho de defensa fue ejercido por los candidatos, apoderados y testigos con base en el acta de escrutinio que publicó el Consejo Nacional Electoral en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esto es la copia de delegados.

Como la Registraduría de manera inexplicable eliminó para estas elecciones de Congreso la imposición de la cinta transparente sobre los resultados electorales registrados en el acta de escrutinio E-14 claveros, permitió con ello que este documento fuera modificado de manera irregular e intencional a favor de ciertos candidatos. Como sustento de su afirmación citó la Sentencia C-142 de 7 de febrero de 2001 de la Corte Constitucional.

Con respecto a otras divergentes decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral en flagrante violación al debido proceso se manifestó que: en algunos casos se convalidaron los formularios E-24, no obstante existir copia del acta de escrutinios E-14 delegados, como sucedió en el departamento de Bolívar por Resolución 1704 de 2010; en otros casos se desestimó la exclusión de los votos o al menos su contabilización con base en el acta de escrutinios E-14 delegados (zona 2 y 99 de San Juan de Nepomuceno); en otros se desestimaron los recursos sin análisis alguno, como en el caso de la Resolución 1767 de 2010 que al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1704 de 2010 omitió el examen de cada uno de los fundamentos fácticos y jurídicos señalados en la impugnación; además, se omitió sin justificación legal la revisión de 80 mesas del departamento de Bolívar que había sido ordenada por auto de Sala Unitaria bajo el argumento de que no se allegaron los documentos electorales de estas; se expidió una errada certificación sobre el estado de la revisión de los escrutinios; no se dispuso la corrección de varias de las inconsistencias halladas en el proceso de revisión en el contenido de la Resolución 1704 de 2010; se avaló que los pliegos electorales del municipio de Clemencia en el departamento de Bolívar hayan sido introducidos y retirados por sólo dos claveros; y se dio validez al infundado recuento de votos referenciado en las actas generales de escrutinio zonal y municipal del municipio de San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolívar, situación que contraría la jurisprudencia del Consejo de Estado(13).

Igualmente adujo el demandante que se efectuó recuento de votos sin causa legal con el fin de variar los resultados electorales y beneficiar a candidatos particulares (Chocó), en algunos de estos casos el Consejo Nacional Electoral resolvió desconocer los resultados que arrojó el recuento de votos y estarse a lo resuelto en el E-14 delegados.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se realice un nuevo escrutinio y se corrijan los registros, con base en el E-14 de delegados.

Segundo cargo: Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

1. Frente a la aducida falsedad y apocrificidad de los resultados de la votación registrados en las actas de escrutinios y en los E-24 que benefició a los candidatos 25, 30 y 44 del Partido Liberal, se argumentó que los resultados contenidos en las actas de escrutinio diligenciadas por los jurados de votación sólo son mutables legalmente en la medida en que las comisiones escrutadoras competentes practiquen oficiosamente o a solicitud de parte, un recuento de votos ante la existencia de las causales de reclamación contenidas en el ordenamiento electoral, en especial en los artículos 122, 163, 164 y 192 del Decreto 2241 de 1986. Las modificaciones a la votación obtenida por listas o candidatos que carezcan de justificación legal per se configuran una falsedad o apocrificidad de los registros de votación.

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado un registro o documento electoral es falso o apócrifo cuando se ocultan, modifican o alteran los verdaderos resultados electorales por acción u omisión de las autoridades electorales o de cualquier persona. Las falsedades o circunstancias apócrifas son razón suficiente para anular el acto de elección. Se citan a tono las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 29 de junio de 2001, M.P. Darío Quiñones Pinilla, expediente 2477 y de 6 de julio de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia.

2. Con respecto a la acusada falsedad y apocrificidad por extemporaneidad en la entrega de los pliegos electorales se sostiene que la función de los formularios E-17 y E-19 es la de garantizar la pulcritud de los comicios electorales, que son estos la única prueba para demostrar la hora de entrega de los datos electorales, y que la omisión de su diligenciamiento evidencia la aducida extemporaneidad. Si no se diligencia el formulario E-17 la prueba radica en el formulario E-19 y viceversa, pero si ambos formularios no se encuentran diligenciados o peor no se introducen en los pliegos que deben ser protegidos en cadena de custodia la consecuencia no puede ser la convalidación de los resultados que se tengan en los formularios E-14, sino la nulidad de éstos.

Puntualizó que respecto de las mesas específicamente relacionadas en el cuadro 5 del anexo 3 de la demanda, si bien se cumplió con la cadena de custodia, en el proceso de revisión el Consejo Nacional Electoral demostró que en algunas mesas de votación no se diligenció el E-17, o diligenciado no se consignó la hora de entrega de los pliegos electorales, en otros, no se elaboró el E-19 ó aún habiéndose elaborado no se registró la hora de entrega, razón por la cual deben excluirse.

3. Con relación al argumento de que no fueron corregidas las diferencias halladas en los formularios electorales se reitera que el acto de elección se encuentra viciado de nulidad en tanto que se detectó la apocrificidad de los documentos electorales que sirvieron para su conformación, y que se presentó un mayor número de votos en comparación al número de sufragantes, situación que da cuenta de la existencia de un fenómeno de falsedad. Para sustentar su tesis citó jurisprudencia de la Sección Quinta de esta corporación(14).

Tercer cargo: Expedición de los actos acusados bajo indebida motivación (CCA, art. 84), en abierto desconocimiento del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. Sostuvo que la falsa o indebida motivación se configura cuando los motivos de hecho o de derecho constitutivos de la causa jurídica del acto o los esbozados por la autoridad administrativa no tienen existencia, son ajenos a la realidad o son parcialmente ciertos. En tratándose del proceso administrativo electoral, los motivos del acto administrativo también podrán constar en los documentos electorales preparatorios y en las cifras de consolidación de resultados que van elaborando las diferentes comisiones escrutadoras en los diversos formularios, en cuanto se trata de elementos de hecho (cifras de votación) que conducen a la declaratoria de elección.

Si por alguna razón esos datos numéricos no coinciden con la realidad el acto que declara la elección queda viciado de falsa e indebida motivación.

En este sentido, advirtió que la Resolución 1787 de 2010 adolece de nulidad, en tanto que los documentos electorales que sirvieron de sustento para su formación son falsos y apócrifos (E-11, E-14 y E-24).

5.4. Contestación.

5.4.1. Senador Edinson Delgado Ruíz(15).

A través de apoderado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma.

Frente a los hechos argumentó que es totalmente cierto el hecho uno; es relativamente cierto el hecho dos porque con la revisión hecha por el Consejo Nacional Electoral no solo se cumplió con el requisito de procedibilidad sino que también se buscó la verdad electoral; es cierto el hecho tres sólo en lo referente al boletín 42 y a su hora; se deben probar los hechos décimo octavo en amparo de la verdad electoral y vigésimo segundo para demostrarse el fraude alegado; y son falsos los hechos vigésimo y vigésimo primero por cuanto los formularios E-20 sí existen, se encuentran firmados por la comisión o por los claveros, y tienen constancia de que se entregaron antes de las 11:00 p.m., como lo ordena el Código Electoral. No hubo pronunciamiento respecto a los demás hechos.

Sostuvo que a través de las resoluciones 648 y 764 el Consejo Nacional Electoral ordenó la revisión de los escrutinios de varios municipios del Valle del Cauca, entre ellos Buenaventura y Cali; que con relación al municipio de Buenaventura se revisaron más de 286 mesas y con respecto al municipio de Cali más de 1.500; que como en estos municipios él como candidato tenía su centro político era obvio que en ellos obtuviese un mayor porcentaje en la votación; y que fue el departamento del Valle del Cauca uno de los más revisados por el Consejo Nacional Electoral.

Se deja en tela de juicio que mientras el demandante alega en sus hechos que se deben tener en cuenta para efectos de escrutinio los formularios E-14 de claveros convenientemente, a través de su apoderado solicitó en su momento que únicamente se tuvieran en cuenta los formularios E-14 delegados para la revisión de los escrutinios en el departamento de Bolívar.

Igualmente se argumentó que frente a las situaciones alegadas por el actor en la demanda con respecto al departamento del Valle del Cauca no se cumplió con el requisito de procedibilidad y que las cifras no tienen la entidad suficiente para producir un cambio en la composición del Congreso.

La verificación de los formularios E-14 y E-24 solicitada por la parte actora es una causal de reclamación y no de nulidad. Se cita al respecto las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado 1472 de 7 de diciembre de 1995, 2234 de 1 de julio de 1999, 2477 de 29 de junio de 2001; y 2756-2765 de 14 de diciembre de 2001.

5.5. Coadyuvancias.

5.5.1. Lidio Arturo García Turbay(16).

En forma personal se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que cuando se presentan diferencias entre los formularios E-14 delegados y E-14 claveros deben prevalecer los datos consignados en los E-14 de claveros por ser estos los custodiados por las autoridades electorales. Que el actor no presentó reclamación o solicitud de reconteo ante las comisiones escrutadoras por este concepto, sino que sólo se quejó ante el Consejo Nacional Electoral y éste validó los votos consignados en los E-14 claveros.

Que es inane el argumento expuesto en la demanda de que las actas de las comisiones escrutadoras de los municipios de San Juan (sic) en el departamento de Bolívar son genéricas y textualmente iguales porque existe constancia de que en este municipio hubo recuento de votos.

La afirmación de que en el municipio de Clemencia en el departamento de Bolívar no se integró la comisión interinstitucional de los tres claveros no es cierta, si bien por razones personales uno de los claveros no se encontraba en el municipio para el momento del cierre del acta triclave, el alcalde y el registrador con fundamento en el artículo 149 inciso final del Código Electoral designaron en su momento como reemplazo al ciudadano Edgar Carazo Ortega, y si se presentó alguna confusión en la fecha de la designación, ello se aclaró con Resolución 1 A.

5.5.2. Leonor Mayendy Arellano(17).

Prohijó de manera personal las pretensiones de la demanda. Argumentó que es el Congreso de la República el que a través de una norma estatutaria puede legítimamente reglamentar la organización y el régimen de los partidos y movimientos políticos, del estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales, y que cuando el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución 754 y dictó el reglamento para efectuar el proceso de revisión de los escrutinios se extralimitó en el ejercicio de sus funciones y configuró con ello un claro abuso de poder.

Que durante la etapa de revisión se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral sendas reclamaciones con respecto al tema de las diferencias numéricas entre los formularios E-14 y E-24 y las actas de escrutinio municipal pero que estas fueron negadas de plano.

Y que durante el proceso electoral llevado cabo el 14 de marzo de 2010 se presentaron hechos constitutivos de fraudes electorales que encuadran en las causales 2ª o 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. No se especifica en este punto las irregularidades alegadas ni se identifican las mesas.

En el municipio de Yotoco departamento del Valle del Cauca se presentaron irregularidades consistentes en la existencia de dos actas de escrutinio municipal formularios E-24, ausencia de uno de los miembros de la comisión escrutadora municipal y tachaduras y enmendaduras en los formularios E-14, en esta mención la coadyuvante no individualizó en cuáles mesas. Destacó que como consecuencia de lo anterior en el departamento del Valle del Cauca, el escrutinio departamental se basó en actas falsas o inexistentes y que por ello debería excluirse la votación de todo lo concerniente a este municipio.

Todas las mesas de votación donde se presentaron las irregularidades, falsedades y apocrificidades deberán ser sometidas a un estudio serio, profundo y detallado a través del cotejo y comparación entre los formularios E-11, E-14, E-24 y E-26, las actas de escrutinios expedidas por las comisiones escrutadoras, el ANI y el Censo Electoral, así como en relación con las resoluciones que ordenaron la exclusión de las personas fallecidas del censo electoral y las resoluciones de designación de jurados. Los actos administrativos atacados no guardan congruencia entre sí.

6. Proceso electoral 201000075 de Luis Fernando Duque García.

6.1. Pretensiones.

El capítulo de declaraciones expresa:

“I. Declaraciones

CAPÍTULO I

Que se declare la nulidad de la Resolución 1787 de 2010 por medio de la cual se declara la elección para el período constitucional 2010-2014.

Primer cargo: Violación directa del ordenamiento jurídico vigente (CCA, art. 84) por inaplicación de los artículos 4º, 171, 176, 228, y 265, numerales 1º y 7º, de la Constitución Política y 187 a 193 del Código Electoral.

En el presente cargo, considero que los actos administrativos, Resolución 1787 por medio de la cual se declaró la elección de Senado de la República y resoluciones 1459 del 2 de julio de 2010, mediante las cuales se rechazan in limine reclamaciones electorales por el departamento de Bolívar; Resolución 1704 por medio de la cual se ordena la expedición de nuevos formularios E-24 y E26 del departamento del Bolívar y la 1767 mediante la cual se confirma la anterior ; 1493 por medio de la cual se modifican los resultados de Cali; 1494, 1496, 1497 en el caso de la modificación de los resultados de Buenaventura, 1501, 1503, 1505, 1507, 1535, 1537, 1569, 1571, 1625, 1633, 1635, en el caso de la revisión de Cali, 1573, 1601, 1629, 1647 en el caso de Buenaventura, 1604 en el caso de Cali; 1684 del departamento del Valle, 1729 para Buenaventura y 0754 de 2010) y las proferidas en Sala unitaria de revisión que se enlistan en los hechos y en el acápite de pruebas), desconocen abierta y claramente lo preceptuado en la constitución y la ley Electoral en razón de que el Consejo Nacional Electoral, a pesar que se le presentaron reclamaciones(18) sobre los escrutinios realizados por los delegados del Consejo Nacional Electoral; las comisiones escrutadoras y los jurados de mesa, profirieron actas parciales de revisión realizadas por las Salas Unitarias de Revisión y sala plena en las circunscripciones de los departamentos de Bolívar, Valle, Cauca, Risaralda, Bogotá y Cesar, en las mesas de que trata la presente demanda y en ellas arbitrariamente se negaron a aceptar las razones de dichas reclamaciones, rechazando unas de plano por motivos ilegales, y en otras aceptando de manera incompleta las correcciones, modificaciones o reparaciones, por lo que no se hicieron las revisiones debidas, procediendo con ello a declarar la elección de Senado de la República de manera irregular en la Resolución 1787 de 2010.

La vulneración de la constitución y la ley se hizo evidente cuando se implementaron los procedimientos de control de escrutinios mediante Resolución 552 de 2010 y luego el 9 de abril de 2010 se adoptó un protocolo de revisión de escrutinios mediante la Resolución 754, estableciendo unos procedimientos que abiertamente contravienen no sólo el procedimiento antes establecido, sino también el bloque de constitucionalidad y por ello proponemos de conformidad con el lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Política, la excepción de inconstitucionalidad de las resoluciones 552 y 754 de 2010, lo que conllevará inexorablemente a la declaratoria de nulidad de todos los actos administrativos que se profirieron por el Consejo Nacional Electoral, generando de contera la nulidad de la declaratoria de la elección de Senado de la República contenida en la Resolución 1787 de 2010.

El error del Consejo Nacional Electoral incluso manifiesta se manifiesta en el hecho de que en la Resolución 1704 de 2010 del departamento de Bolívar y 1684 del Valle no se efectuaron las correcciones a los registros siguiendo los parámetros ordenados en la resoluciones 552 y 754 de 2010, tal y como se comprueba en los cuadros de la presente demanda, especialmente el cuadro 1, 3.

La nueva competencia constitucional del Consejo Nacional Electoral, es la de revisar, de oficio o por solitud, los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados, trámite adicional a lo que venía haciendo el Consejo Nacional Electoral y en donde so protexto (sic) de romper con el principio de preclusividad del proceso administrativo electoral fue más allá de lo permisible, con el propósito de garantizar la verdad de los resultados electorales, pero en dicha búsqueda, no se aseguraron la correspondencia de los resultados electorales con la voluntad del electorado puesto que:

No se implementó un criterio unánime de decisión, lo que conllevó a que se generaran decisiones contradictorias, pues el caos que originó el establecimiento de salas unitarias de revisión permitió que se convalidara el fraude y se generara un estado de indefensión total para los abogados y candidatos que veían atónitos cómo se cambiaba de posición según la concepción particular que determinado magistrado hubiere considerado en su función de revisión del escrutinio que le hubiere correspondido analizar.

Se vulneró por ende el debido proceso electoral, garantiza el artículo 29 de la Constitución Política, lo mismo que el derecho de audiencia y defensa, cuya transgresión es causal de nulidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual debe declararse.

Tal como se corrobora en los hechos de la demanda y se sustentará en los conceptos de violación, deviene por tanto declarar la nulidad de la Resolución 1787 de 2010.

Segundo cargo. Violación del principio constitucional del debido proceso.

En el caso examinado no se surtieron a cabalidad las ritualidades propias del escrutinio previstas en los artículos 134 a 193 del Código Electoral. Así, por ejemplo, por inaplicación del protocolo por parte del mismo Consejo Nacional Electoral, y por la falta de criterios unánimes de decisión y por no seguir las directrices señaladas en el artículo 163 del Código Electoral, norma esta modificada por el artículo 11 de la Ley 62 de 1988, se violentó y desconoció el principio fundamental del debido proceso, de audiencia, de defensa y de contradicción y publicidad. Tal es el caso acontecido en las resoluciones 1210, 1390,1684.

Se evidenció que, los magistrados en sala unitaria de revisión de Cauca, Risaralda, Cesar no publicaron el análisis realizado, esto es, si para la revisión realizada en el departamento de Bolívar si participaron todos los interesados en la audiencia pública que duro aproximadamente cuatro meses, para los anteriores departamentos el análisis se realizó vulnerado el derecho de contradicción, pues tales procedimientos se realizaron en privado y no en audiencia vulnerando con ello el procedimiento establecido por el mismo Consejo Nacional Electoral.

Constituye otra flagrante vulneración al debido proceso administrativo electoral, la disparidad de criterios a la hora de hacer prevalecer el formulario E-14 de claveros, sobre el formulario E-14 delegados, pues existieron decisiones que se basaron en formularios E-14 claveros y otras se basaron en el E-14 delegados.

Existe por demás vulneración al debido proceso, el hecho de que se hayan convalidado los formulario E-14 sobre el formulario E-24, cuando se constató que se hizo un recuento de tipo genérico en le respectiva mesa, tal es el caso de las resoluciones 1271, 1338, 1369, 1370, 1371 entre otras que resuelven revisiones hechas en el departamento del Chocó y en otras decisiones ante el mismo hecho se convalidaron los formularios E-24, circunstancias evidenciadas en el departamento de Bolívar - resolución en la resolución (sic) 1704, generándose una clara contradicción de criterios de decisión.

Se vulneró el debido proceso electoral además, porque aún con las pruebas para la toma de decisiones, no se hicieron las correcciones respectivas tal el caso de lo acontecido en el departamento del Valle con la Resolución 1684 y especialmente en los municipios de Cali, Buga y Buenaventura, debidamente explicados en el cuadro 14 de la demanda.

Se vulnera igualmente el debido proceso electoral cuando se rechazan las reclamaciones sin fundamento legal alguno e incluso inaplicado las propias normas que se dieron los magistrados del Consejo Nacional Electoral tal el caso de lo sucedido en el Valle y Bolívar.

Se vulnera el debido proceso, cuando no se dio lectura a la votación de los formularios E-26 departamentales, negándose la oportunidad para la debida reclamación de dichos escrutinios. El Consejo Nacional Electoral certificó el 12 de agosto que “el acta general de escrutinios generales del Congreso de la República de las pasadas elecciones llevadas a cabo el 13 (sic) de marzo de 2010, se encuentra en proceso de revisión y firmas”, circunstancia ésta que explica la absoluta desorganización que se ha tenido en la consolidación de la votación.

Se vulnera el debido proceso, al no practicar el escrutinio en el departamento de Bolívar de 80 mesas, que se ordenaron por la sala unitaria de Revisión, cuando había sido decretada la misma. Los motivos para no proceder a su revisión, se sustentaron en apreciaciones ilegales. Dijo el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 1704 de 2010, que la ausencia del formulario E-11 por la no obtención de los documentos electorales de tales mesas, les impedía conocer fenómenos como el de la posible presencia de más votos que votantes, contrariando con dicha interpretación la ley electoral.

Existen muchos casos en los cuales el Consejo Nacional Electoral omitió realizar revisión de mesas pues se limito a realizar análisis aleatorios, desconociendo su deber de examinar todas las irregularidades denunciadas de manera puntual.

Es vulneración del debido proceso electoral, el hecho comprobado y actualmente investigado por la justicia penal, acerca del rompimiento de la Cadena de custodia sobre documentos electorales remitidos por la delegación de la Registraduría del departamento de Bolívar.

El caso de Clemencia - Bolívar es constitutivo de un claro abuso del debido proceso, al comprobarse que los pliegos fueron supuestamente introducidos por sólo dos claveros (el alcalde y el registrador) sin que se hubiera provis (sic) el cargo que correspondía al juez, y luego se constató el hecho de que el formulario fue realizado dos días después de las elecciones.

Se demostró entonces que la confianza en el proceso electoral adelantado en dicho municipio quedó en entredicho, pues la custodia de los votos obligaba a la plena observancia de las reglas de la ley electoral, por lo que su omisión debe conllevar a la anulación de la votación allí consolidada, habida consideración de que existe una conducta positiva e inobjetada de un fraude electoral de parte de los dos claveros que hicieron suscribir al clavero faltante el formulario de introducción y retiro de pliegos electorales a sabiendas de que este funcionario no actuó, constituyéndose lo anterior incluso en un delito penal.

Fue de público conocimiento y así se vislumbra en algunas de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral que se comprobaron vulneraciones de los sellos y seguridades en los sobres que contienen los pliegos electorales, tal el caso de lo sucedido en el departamento de Bolívar, municipio de Magangué. Hecho demostrado en la Resolución 1744 de 2010 en el caso de la revisión de Cámara de Representantes de Bolívar.

Lo anterior significa que en forma arbitraria e injustificada, el Consejo Nacional Electoral vulneró el bloque de constitucionalidad, puesto que el principio del debido proceso de esta clase de situaciones fue totalmente desconocido conforme se determinará en los hechos de esta demanda, lo que conllevará a la nulidad de la Resolución 1787 de 2010.

Tercer cargo: Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad a lo reglado en la causal 2 a y 3a del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en las actas de escrutinio de los jurados de votación de los puestos y zonas de los municipios relacionadas en los hechos de esta demanda correspondientes a las circunscripciones de los departamentos de Bolívar, Valle, Cauca, Risaralda, Cesar y Bogotá, se encontraron que los registros eran falsos o apócrifos o falsos o apócrifos (sic) eran los elementos que sirvieron para su formación.

Este cargo se constata por la existencia de resultados falsos o apócrifos puesto que el acto administrativo de declaratoria de elección se fundamentó en elementos falsos, tales como los formularios E-14 claveros que contenían registros falsos, habida consideración de que otra era la información que registraba el formulario E-14 delegados, sin que existiera justificación legal para convalidar los guarismos que se observaban en el formulario E-14 copia claveros.

Y también porque se convalidaron los resultados a sabiendas de que el proceso de revisión había permitido demostrar que habían sido introducidos los pliegos electorales de manera extemporánea en municipios como Clemencia y Magangué en el caso de Bolívar y en los municipios de Cali, Buga y Buenaventura, en los puestos, zonas y mesas que se enlistan en el cuadro 14 de esta demanda, que se refiere a la constatación de la ausencia de los formularios E-17 y E-19 y que corresponde a lo efectivamente reflejado en el proceso de revisión adelantado por el Consejo Nacional Electoral en el departamento de Valle.

Se encuentra por tanto plenamente demostrado que el Consejo Nacional Electoral en su labor de revisión no corrigió o excluyó en debida forma las irregularidades denunciadas y detectadas, como ocurrió en el caso de Bolívar y Valle, pues aún ante la ausencia de los formularios E-14 delegados y Claveros o ante la ausencia de los formularios E-17 y E-19 se convalidaron los registros contenidos en el formulario E-24, circunstancia claramente demostrada en los hechos en los (cuadros 9 y 14).

Igualmente son apócrifos los registros contenidos en los formularios E-24 de los puestos, zonas y mesas identificados en los (cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 13 - referidos en los hechos de la demanda), pues el Consejo Nacional Electoral no realizó las correcciones debidas, tales como hacer prevalecer el formulario E-14 delegados, debido a que luego del proceso de revisión se constató que las modificaciones realizadas en el formulario E-24 no se encontraban justificadas en las respectivas actas generales de escrutinio y revisión; y no existen las correcciones debidas cuando se constató que existían diferencias entre los formularios E-11 y E-24 por la comprobación de la existencia de más votos que votantes.

Igualmente el cargo se concreta en la demostración de la Extemporaneidad en la entrega de los pliegos electorales, que se realizó después de las 11 p.m. del día 14 de marzo del 2010, hechos demostrados en varios puestos de votación del municipio de Magangué - departamento de Bolívar, explicado en los hechos de esta demanda, y en el municipio de Buenaventura - departamento del Valle según se explica en el (cuadro 8 referido en los hechos de la demanda), y en el municipio de clemencia - departamento de Bolívar, explicado en el (cuadro 9 referido en los hechos de la demanda), y en los municipios de Cali, Buga y Buenaventura, en los puestos zonas y mesas identificados en el (cuadro 14) de la demanda...

La extemporaneidad es eviente (sic), pues si no se diligenciaron los formularios E-17 y E-19 significa que no existe soporte a las demás fases que componen el proceso electoral y ello denota que se perdió la cadena de custodia sobre tales documentos, lo que conlleva inexorablemente a que se hayan convalidado los resultados electorales fundados en documentos inexistentes que brillan por su ausencia originando con esto la nulidad de la votación de todos los puestos de votación allí involucrados.

La ausencia de los formularios E-17 E-19 significa la inexistencia del documento que permite corroborar el supuesto fáctico que trae la norma para predicar la extemporaneidad, pero corrobora el incumplimiento de una de las solemnidades que sustentan una de las fases primordiales con las cuales se erige la transparencia de cualquier proceso electoral.

Por lo anterior son apócrifos los guarismos consignados en el acto de declaratoria de elección pues los documentos que sirvieron para su formación son inválidos debido a la entrega extemporánea, lo que conlleva a que se declare la nulidad del acto de declaratoria de elección.

Cuarto cargo: En las actas de escrutinio que determinaron la elección del Senado de la República, se detectó la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un mayor número de votos en comparación al número de sufragantes, conforme a los hechos de esta demanda, tal y como se explica en las normas violadas y concepto de la violación.

No se cumplió con lo dispuesto en la Resolución 552 del 10 de marzo de 2010 acerca de los procedimientos de control que debían realizarse en todas las revisiones hechas a los escrutinios.

Los resultados electorales de las mesas de votación del municipio de Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar referidos en el (cuadro 7 de los hechos de la demanda), y en los municipios de Cali y Buenaventura en el departamento del Valle, referido en el (cuadro 13 de los hechos de la demanda), no fueron objeto de estudio inexplicablemente por la sala unitaria de decisión de los departamentos de Bolívar y Valle, por lo que deben ser anulados conforme al criterio jurisprudencia! las irregularidades allí detectadas en relación con la diferencias encontradas entre los formularios E-11 y E-24.

Se pudo realizar el anterior análisis tomando la anotación que se hizo contener en el formulario E-14, en la parte superior de la primera hoja de dicho formulario.

La anterior irregularidad conlleva por tanto la declaratoria de nulidad de la elección, pues tal omisión se presentó por no aplicar en debida forma el protocolo de revisión implementado por el propio Consejo Nacional Electoral.

Quinto cargo: Mesas afectadas con apocrificidad en los registros del E-24.

Las actas de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14 delegados de las mesas de votación para los departamentos de Bolívar, Valle, Cauca, Risaralda, Cesar y la ciudad de Bogotá y los consolidados de esos registros electorales contenidos en los formularios E-24 y las actas de escrutinio expedidas por las comisiones escrutadoras correspondientes a las zonas, puestos y mesas de los municipios enlistados en los hechos de la demanda, para cada una de las circunscripciones electorales que se reclamaron están viciadas de nulidad por contener todos ellos una apocrificidad o falsedad.

Esos documentos y registros electorales reflejan que por acción o por omisión se presentó una adición o sustracción de la votación obtenida por un determinado candidato, pues tal y como se puede evidenciar en las resoluciones que sirven para resolver las reclamaciones, la alteración injustificada de los resultados electorales obtenidos por los candidatos por el Partido Liberal 30, 44, 25 y 8 que aparecen registrados en los formularios E-14 de delegados fueron alterados al consignar cifras diferentes en el respectivo formulario E-24, ya que el propio Consejo Nacional Electoral avaló el fraude al atenerse a los guarismos consignados en el formulario E-14 claveros y no tener en cuenta los formularios E-14 delegados, cuando las actas generales de escrutinio no reportaron las novedades o en su defecto se dudaba sobre la vulneración de la cadena de custodia y no existía elemento probatorio alguno que pudiera permitir dudar sobre la autenticidad del formulario E-14 delegados, que fue el único documento oponible a los actores jurídicos del proceso electoral ante el Consejo Nacional Electoral.

En los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 que se enlistan en los hechos de la demanda y que corresponden a la demostración del presente cuadro se puede vislumbrar las ostensibles diferencias entre las cifras contenidas en el formulario E-14 y E-24 sin que exista justificación alguna en las actas de escrutinio que se acompañan igualmente a la demanda, con los respectivos E-14 y E-24.

Por ello, siguiendo los lineamientos y derroteros establecidos por los numerales 2º y 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, y los que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha trazado a través de las distintas, reiteradas y ratificadas posiciones que sobre esta clase de irregularidades les ha tocado pronunciarse por cuanto suelen presentarse en los procesos electorales como el que nos ocupa, no queda otro camino que solicitar a usted que conforme a esas mismas posiciones jurisprudenciales se dicte la sentencia estimatoria correspondiente, ordenando las correcciones de los documentos electorales que se soportan en dichos guarismos electorales.

Por lo tanto se debe decretar la nulidad de estos registros electorales, para que en el nuevo escrutinio que se debe practicar, se realicen las correcciones pertinentes.

Sexto cargo. Falsa motivación de dos actos administrativos acusados y abuso del poder.

Como se desprende de los cargos anteriores, la motivación que el Consejo Nacional Electoral brindo en los actos administrativos que profirió evidencia la falta de claridad a la hora de aplicar un criterio de decisión sobre la aplicación o no del formulario E-14 delegados.

Adopto para unos eventos el formulario E-14 delegados, cuando no dispuso de los formularios E-14 claveros, tal el caso de las resoluciones por las cuales resolvieron reclamaciones en los departamentos de Cesar y Valle. Y las resoluciones 1417 Atlántico, 1271 choco.

Y en otros eventos al no disponer de los formularios E-14 claveros y si disponer del formulario E-14 delegados, incluso con las actas de las comisiones escrutadoras se abstuvo de tomar decisión, abusando de su poder. Tal el caso de Bolívar no resuelto en la Resolución 1704.

Desconocer recuentos de votos para hacer prevalecer en el departamento del Chocó los formularios E-14 en más de 16 municipios, es además constitutivo de abuso de poder, pues se basó en análisis aleatorios y sin especificar las circunstancias que pudieron suceder a la hora de la redacción de las actas de escrutinio.

No publicitar las actas parciales de revisión proferidas por las salas unitarias de revisión y luego pretermitiendo las garantías procesales otorgadas al decidir en sala plena, sin posibilidad alguna de controvertir lo hecho por el magistrado encargado del estudio de revisión, es otro abuso de poder,

Si una revisión tomó varios meses, tiempo durante el cual se pudo conocer las reglas del juego en materia de defensa procesal, la posibilidad de recurrir en audiencia ante el Consejo Nacional Electoral en pleno cercenaba el derecho de defensa, pues al ser notificado en estrados la posibilidad de controvertir sin elementos probatorios era nula o casi imposible de practicar.

La motivación brindada por el Consejo Nacional Electoral en las resoluciones en las cuales cambia el procedimiento es prueba suficiente de la falsa motivación. El cambio de procedimiento implementado en la Resolución 1704 no se realizó mediante otra resolución emanada de la sala plena sino de un concepto proferido el 26 de junio por la sala plena, mediante el cual se continuó con el proceso de revisión iniciado por las salas unitarias por parte de la sala plena.

Se está violando el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional y se está tergiversando, fundamentando y argumentando contrariando la verdad en la medida que afirman cuestiones distintas a lo consagrado en nuestras reclamaciones, despachando con análisis aleatorios las mismas, constatándose claramente en la parte considerativa y resolutiva de las resoluciones que resuelven las reclamaciones de Bolívar, Valle, Bogotá, Cesar y Cauca un claro abuso del poder.

La desviación de poder que se predica de los actos administrativos acusados se pone en evidencia cuando aprovechando precisamente de las prerrogativas que la Constitución y la Ley les otorga a cada escrutador, indebidamente dejan de cumplir sus funciones, con argumentos interpretativos indebidos, poniendo en peligro el orden jurídico vigente.

Finalmente existe una falsa motivación el desconocer la ley electoral, estableciendo novísimas causales de exclusión de mesas, como es el caso de la posibilidad que el propio Consejo Nacional Electoral se abroga en la Resolución 754 de: “Excluir tarjetas electorales al azar equivalentes al número de votantes que omitieron colocar su huella dactilar en el formulario E-11” o de excluir cuando: “... las suplantaciones de electores en el formulario E-11 sean igual o superior al sesenta por ciento (60%) de los votantes ahí registrados”.

6.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. En el desarrollo de los escrutinios se presentaron irregularidades que afectaron la verdadera voluntad electoral y por ello se formularon reclamaciones ante el Consejo Nacional Electoral a efecto de agotar el requisito de procedibilidad.

3. Se cumplió con lo dispuesto en artículo 9º de la Resolución 552 de 2010, modificado por la Resolución 1480 de 2010, para el agotamiento del requisito de procedibilidad previsto en el “parágrafo del artículo 6º del artículo 237 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009”.

4. En todas las reclamaciones se solicitó la revisión de las inconsistencias entre los formularios E-14D y E-24, y de los documentos electorales E-11, E-17, E-19 y E-20 porque se identificaron irregularidades que podían afectar el resultado de la votación.

5. El accionante ocupaba la curul decimoséptima por la lista con voto preferente del Partido Liberal; no obstante con el resultado de los consolidados del formulario E-24, esta situación cambió.

6. El Consejo Nacional Electoral ordenó el traslado de casi la totalidad de la votación de los departamentos del Valle del Cauca y de Bolívar ante la multiplicidad de denuncias sobre fraudes cometidos.

7. El aumento en la votación de los candidatos 30 y 44 del Partido Liberal, y el porcentaje de la votación que no fue informado en los boletines de prensa o preconteo, obedece a las irregularidades presentadas en el proceso electoral.

8. Se puede solicitar la nulidad de los guarismos electorales con base en las irregularidades que se evidenciaron en el proceso de revisión que adelantó el Consejo Nacional Electoral (ver fl. 398 transcribió apartes de la solicitud que presentó en Bolívar).

9. Con las resoluciones 1417 y 1271 de 2010 el Consejo Nacional Electoral dio validez al formulario E-14D.

10. Insistió en lo señalado en el tercer hecho.

11. Las reclamaciones fueron presentadas con antelación, pero el Consejo Nacional Electoral cambió sus criterios de decisión al establecer un protocolo de revisión, que no aplicó en debida forma, por cuanto omitió celebrar la audiencia de revisión y con ello negó el derecho de apelar la decisión ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, cayó en contradicción a la hora de decidir si tenía como base el formulario E-14 delegados o el E-14 claveros.

12. Las irregularidades que se presentaron fueron las siguientes: i) Las citaciones a audiencia no se realizaron en debida forma; ii) No se aplicó en forma estricta el protocolo de revisión; iii) No se estudiaron los formularios E-11 y E-17; iv) Se validó la información contenida en el E-24 sin que existiera formulario E-14 y sin que sus valores estuvieran justificados en actas de escrutinio; v) Se establecieron parámetros de exclusión de votos que contrarían la ley; vi) Las revisiones en salas unitarias para los departamentos de Valle y Chocó se realizaron en forma clandestina y sin publicidad; vii) Las reclamaciones se rechazaron sin valorarse las pruebas aportadas; viii) No se dio lectura a los formularios E-26 departamentales; ix) El Consejo Nacional Electoral realizó análisis aleatorios sobre las mesas denunciadas, sin cumplir con su función constitucional; x) Se perdió la cadena de custodia de los documentos electorales en departamentos como Bolívar y Valle; y xi) No se realizó el análisis para detectar la extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales en los municipios de Clemencia y Buenaventura, entre otros.

13. Al no haber determinado como base para el estudio de las irregularidades, el formulario E-14 delegados se cometió el principal error, que devino en la violación del debido proceso.

14. El Consejo Nacional Electoral no aceptó, ante la diferencia que se presentó entre el formulario E-14 delegados y E-14 claveros, la prevalencia de los datos contenidos en el primero de estos.

15. Las reclamaciones relacionadas con los municipios de Cauca, Risaralda, Bogotá y Cesar, fueron negadas, en unos casos, sobre la base de que el E-14 claveros contenía la información correcta, y en otros porque hubo recuento de votos, sin que se permitiera conocer el proceso de revisión que permitió llegar a esas conclusiones.

16. El Consejo Nacional Electoral analizó de manera aleatoria las mesas denunciadas.

17. Dentro del proceso de revisión surtido en el departamento de Bolívar se encontraron diferencias entre los formularios E-14 delegados, E-24 y E-26, sin causa que lo justifique, que favorecen al candidato 30 del Partido Liberal (ver mesas cuadro 1)

18. Mediante la Resolución 1704 el Consejo Nacional Electoral reconoció las irregularidades relacionadas en el cuadro 1.

19. Las irregularidades presentadas por diferencias entre los formularios E-14 delegados y E-24 están relacionadas con las mesas de votación cuya revisión ya había sido ordenada por auto de la Sala Unitaria de Revisión.

20. El examen efectuado por la Sala Unitaria de Revisión detectó que en el municipio de Magangué, algunos formularios E-17, E-19 y E-20, no fueron diligenciados, y en otros encontró la extemporaneidad en su entrega, lo que generaría la exclusión de las mesas, las cuales no fueron descartadas, motivo por el cual el actor solicita su nulidad.

21. En el E-14 claveros del municipio de Mompox - Bolívar se advierte que fueron modificados los resultados electorales para beneficiar al candidato 30 del Partido Liberal (ver mesas cuadro 1 y fls. 400 a 402).

22. En el E-14 claveros del municipio de San Juan de Nepomuceno - Bolívar se advierte que fueron modificados los resultados electorales para beneficiar al candidato 30 del Partido Liberal (ver mesas fls. 403 a 404).

23. Un examen al texto de las actas generales de escrutinio de las zonas 2 (urbana) y 99 (rural) del municipio de San Juan de Nepomuceno, muestra que el escrutinio fue practicado por dos comisiones escrutadoras distintas.

24. El texto de las actas generales de escrutinio de las dos comisiones escrutadoras de San Juan de Nepomuceno es idéntico (ver fl. 404).

25. El escrutinio fue practicado por dos comisiones escrutadoras distintas, con el fin de justificar el recuento de votos y así modificar los resultados electorales y beneficiar al candidato 30 del Partido Liberal.

26. Las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales, departamentales y el Consejo Nacional Electoral, no contemplaron mecanismos para corregir las situaciones planteadas en el municipio de San Juan de Nepomuceno.

27. En esta misma “localidad Bolivarense” hubo disminución de los votos nulos y no marcados, y correlativamente aumento de la votación para el candidato 30 del Partido Liberal (ver mesas fls. 404 a 409).

28. En el municipio de Clemencia los pliegos electorales no fueron manipulados de acuerdo a lo previsto en el Código Electoral, toda vez que no se integró la comisión interinstitucional de tres claveros para introducir y retirar los pliegos, y la sustitución del clavero ausente se realizó con posterioridad a la culminación del escrutinio municipal. Por lo anterior, los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil de Bolívar, pusieron en conocimiento de esta situación al Procurador Regional mediante oficio 0781 de 30 de marzo de 2010 (ver fl. 410). Así, a juicio del demandante se debe ordenar la exclusión de los votos de las mesas relacionadas en el cuadro 12.

29. En las actas generales de escrutinio de San Juan de Nepomuceno y Clemencia, las comisiones escrutadoras no dejaron constancia del resultado de los presuntos recuentos y sus causales legales, lo cual evidencia el interés de falsear la información de los registros electorales en beneficio del Candidato 30 del Partido Liberal.

30. En el municipio de El Carmen de Bolívar se reflejaron sustanciales diferencias entre el número de sufragantes del E-11 y los resultados del E-14 y E-24, sin causa que lo justifique (ver mesas cuadro 7).

31. El Consejo Nacional Electoral omitió la revisión de 80 mesas de votación sobre las cuales había ordenado tal procedimiento (ver mesas cuadro 1).

32. El Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 1704 de 2010, ordenó algunas correcciones numéricas de la circunscripción electoral de Bolívar, sin precisar las razones de su decisión. La mentada resolución fue confirmada por la Resolución 1767 de 2010.

33. Con Resolución 1704 de 2010, el Consejo Nacional Electoral también resolvió tener como base los resultados electorales contenidos en el formulario E-24. Lo anterior, sin disponer de recuento de votos y a pesar de que el E-14 no había sido diligenciado (ver cuadro 9 la votación que debe ser excluida).

34. En audiencia de revisión practicada en el departamento de Bolívar se comprobó la existencia de irregularidades en relación con votos que deben ser descontados al candidato 30 del Partido Liberal (ver mesas en cuadro 10 y 11).

35. Dentro del proceso de revisión surtido en el departamento del Cesar se encontraron diferencias entre los formularios E-14 delegados, E-24 y E-26, sin causa que las justifique, que favorecieron al candidato 30 del Partido Liberal (ver cuadro 1).

36. Dentro del proceso de revisión surtido en el departamento del Valle se encontraron diferencias entre los formularios E-14 delegados, E-24 y E-26, sin causa que las justifique, que favorecieron a los candidatos 44 y 25 del Partido Liberal (ver cuadro 3).

37. Dentro del proceso de revisión surtido en el departamento del Cauca se encontraron diferencias entre los formularios E-14 delegados, E-24 y E-26, sin causa que lo justifique, que favorecieron a los candidatos 44 y 25 del Partido Liberal (ver cuadro 4).

38. Dentro del proceso de revisión surtido en Bogotá se encontraron diferencias entre los formularios E-14 delegados, E-24 y E-26, sin causa que las justifique, que favorecieron al candidato 8 del Partido Liberal (ver cuadro 5).

39. Dentro del proceso de revisión adelantado en el departamento de Risaralda se encontraron diferencias entre los formularios E-14 delegados, E-24 y E-26, sin causa que las justifique, que favorecieron al candidato 44 del Partido Liberal (ver cuadro 6).

40. En el departamento del Valle del Cauca se presentó un aumento injustificado de votos que beneficio al candidato 25 del Partido Liberal (ver cuadro 3).

41. En la revisión que adelantó la Sala Unitaria en el municipio de Buenaventura, se constató la inexistencia de los formularios de entrega de los pliegos electorales de los jurados de votación a los funcionarios competentes en la zona 2 puesto 7.

42. La inexistencia del formulario E-17 en el departamento del Valle, específicamente en las mesas de votación localizadas en Buenaventura, genera la nulidad de las actas de escrutinio; no obstante, las reclamaciones relacionadas con este hecho fueron desestimadas pese a la evidente extemporaneidad (ver cuadro 8).

43. El diligenciamiento del formulario E-20 se llevó a cabo a las 10:20 p.m., del 14 de marzo de 2010, mientras que el del formulario E-19, que se diligencia con anterioridad, se entregó a las 11:20 p.m., de la misma fecha, es decir, primero introdujeron y después recibieron.

44. Con base en la falta de congruencia entre la hora de entrega e introducción de pliegos electorales, las mesas que funcionaron en ese puesto de votación deben ser excluidas.

45. Los procedimientos de control de escrutinios previstos en la Resolución 552 de 2010, no se cumplieron.

46. Todas las reclamaciones presentadas por el actor fueron negadas sin previo cotejo entre los formularios electorales, y sin haber efectuado un análisis sobre la fecha y hora de recepción e introducción de los pliegos electorales, situación que deviene en una violación al orden constitucional y legal.

47. El Consejo Nacional Electoral determinó que en los municipios de Lloró, Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Acandí, Sipí, Juradó, Río Sucio y otros, se debía tener como base el formulario E-14.

48. El cuadro 13 relaciona las irregularidades que fueron detectadas en los municipios de Cali y Buenaventura.

49. En el departamento del Valle no se diligenciaron los formularios E-17 y E-19 de todos los puestos de votación (ver mesas cuadro 14).

50. Con las irregularidades presentadas se modificó el resultado electoral.

6.3. Normas violadas y concepto de violación.

El demandante invocó como vulnerados los artículos 228, 258 y 265 de la Constitución Política; los artículos 35, 84, 223, numerales 2º y 5º, del Código Contencioso Administrativo; y los artículos 114, 25, 83, 85, 164, 170, 172, 173, 174 y 185 del Código Electoral; Resoluciones 552, 648, 660, 661, 663, 664, 697, 727, 729, 731, 754, 763, 764, 816, 829, 900, 1200, 1201, 1210, 1271, 1335, 1348, 1364, 1369, 1370, 1371, 1372, 1386, 1390, 1477, 1494, 1496, 1497, 1505, 1537, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1569, 1571, 1601, 1625, 1629, 1633, 1647, 1666, 1684, 1685, 1704, 1707, 1708, 1710, 1711, 1729, 1731, 1767, 1780, 1787 expedidas por el Consejo Nacional Electoral.

(El resumen de los cargos se realizó teniendo en cuenta la información contenida en los fls. 388-396 y 417-432).

Cargo primero: “Violación directa del ordenamiento jurídico vigente (CCA, art. 84) por inaplicación de los artículos 4º, 171, 176, 228 y 265 numerales 1 y 7, de la Constitución Política y 187 a 193 del Código Electoral”.

Con la Resolución 754 de 2010, el Consejo Nacional Electoral desbordó las facultades concedidas por la Constitución y la ley; primero, creó las Salas Unitarias de Revisión para llevar a cabo la etapa de la revisión, lo que generó la posibilidad de tener dos instancias para controvertir las irregularidades. Pero luego, mediante el concepto del 26 de junio, dejó sin efecto lo anterior y desnaturalizó el procedimiento, por ejemplo, en el caso de Bolívar, se generó una violación al debido proceso porque decidieron sobre sus escrutinios en Sala Plena sin pasar primero por las Salas Unitarias.

Las resoluciones 1684 de 2010 para el departamento del Valle y la 1704 de 2010 para Bolívar no efectuaron las correcciones a los registros siguiendo los parámetros de las resoluciones 552 y 754 de 2010, lo que permite evidenciar que no se analizaron los fenómenos de concentración de votación en un solo candidato; ni las participaciones que superaban el promedio de puesto y zona; ni las variaciones de la votación, y desatendieron hechos relevantes como la inexistencia de formularios E-14 y aún así convalidaron la votación contenida en el formulario E-24.

Las resoluciones 1787, 1459, 1704, 1767, 1493, 1496, 1497, 1501, 1503, 1505, 1507, 1535, 1537, 1569, 1571, 16225 (sic), 1633, 1635, 1573, 1601, 1629, 1647, 1604, 1684, 1729, 754 de 2010 y demás proferidas por las Salas Unitarias de revisión reseñadas en los hechos, desconocieron lo preceptuado en la Constitución y la ley electoral, toda vez que a pesar de que se presentaron reclamaciones en las circunscripciones de los departamentos de Bolívar, Valle, Cauca, Risaralda, Bogotá y Cesar, sobre los escrutinios realizados por los delegados del Consejo Nacional Electoral, las comisiones escrutadoras y los jurados de votación, estas fueron rechazadas de plano por “motivos ilegales” y en algunos casos las correcciones solicitadas solo fueron aceptadas parcialmente.

Los procedimientos de control de escrutinios previstos por las resoluciones 552 y 754 de 2010 contradicen la Constitución, la ley electoral y el bloque de constitucionalidad, razón por la que se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

Cargo segundo: “Violación del principio constitucional del debido proceso”.

No se protegió la cadena de custodia, se inaplicó el protocolo de revisión y lo previsto en los artículos 163 a 167 del Código Electoral, no se notició en debida forma las audiencias de revisión, no se practicaron la totalidad de las pruebas que fueron decretadas, se rechazaron las reclamaciones sin sustento legal y sin previa valoración de las pruebas, hubo vulneración de los sellos de seguridad en el municipio de Magangué, y no fue excluido del cómputo, la votación de las mesas ubicadas en los municipios de Cali, Buga y Buenaventura en donde se demostró ausencia de los formulario E-17 y E-19, peor aún corroborada la práctica ilegal de no diligenciarlos con el fin de cambiar el resultado consignado en los formularios E-14 delegados.

El Consejo Nacional Electoral en auto de 11 de junio de 2010 decretó la revisión de 723 mesas, pero omitió la revisión de 80 de ese grupo, bajo el argumento de algunos inconvenientes con la remisión de documentos electorales E-14 y E-11, violando de esta forma el debido proceso ya que desconoció las reclamaciones que recaían en las diferencias entre E-14 y E-24 que no requerían para su verificación del E-11. El Consejo Nacional Electoral disponía de la información suficiente para observar que sobre esas mesas no acusó la existencia de más votos que votantes, pues no existía reclamación en tal sentido, ni orden de revisión oficiosa al respecto, es decir, el E-11 no se requería, al tratarse de diferencias que se presentaron entre el E-14 y E-24.

Por otra parte, si solo apareció el ejemplar de delegados en relación con las mesas determinadas en el auto que ordenaba su revisión, se debió proceder a realizar la revisión sobre las mesas restantes con las actas generales de escrutinio, tal como se precisó en la Resolución 1684 de 2010, toda vez que se trata de una sola acta, diligenciada en dos ejemplares. Así, tendrá validez el ejemplar que cuente con la firma de todos los jurados de votación sobre el que no y la falta de diligenciamiento de ambos constituye motivo suficiente para no reconocer los guarismos contenidos en el formulario E-24.

Esto se fundamenta en lo que señala el Consejo de Estado, según el cual la falta de firmas de los jurados sobre el E-14, genera la nulidad y la ausencia total de firmas en el mismo formulario genera la inexistencia, al igual que la falta de diligenciamiento de E-17 y E-19, por ello procedería la declaratoria de la nulidad de la elección.

La Resolución 1704 de 2010 decidió las solicitudes de revisión correspondientes al departamento de Bolívar, teniendo como base el E-14 claveros. Lo anterior, sin tener en cuenta que existía diferencia entre éste y el E-14 delegados, contrariando así el artículo 142 del Código Electoral que se limita a amparar el principio de legalidad de cualquiera de las dos copias (delegados o claveros), sólo cuando registran idéntica información. En atención a lo dicho, no es dable que se proceda a registrar los resultados contenidos en el E-14 claveros. Además, la Registraduría Nacional del Estado Civil eliminó la imposición de la cinta trasparente sobre los resultados electorales registrados en el acta de escrutinio (claveros); lo cual permitió que, una vez abiertas las arcas triclave e incluso antes de la introducción de pliegos, este documento fuera modificado de manera irregular para aumentar la votación de ciertos candidatos.

Cargo tercero: “Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo”.

La declaratoria de elección se fundamentó en los guarismos falsos o apócrifos contenidos en el formulario E-14 claveros, sin tener en cuenta que existía una diferencia no justificada entre éste y el E-14 delegados y que por ello no era posible validar la copia que se encontraba a disposición de la comisión escrutadora.

En el departamento del Valle, específicamente en los municipios de Cali, Buga y Buenaventura, y en el departamento de Bolívar, municipios de Magangué y Clemencia, se presentó entrega extemporánea de los pliegos electorales y, de esta forma, son apócrifos los guarismos consignados en el acto de declaratoria de elección porque los documentos que sirvieron para su formación fueron invalidados ante la entrega extemporánea.

En el departamento de Bolívar, municipio de Clemencia, al no haber reemplazado al juez clavero, se dejó el proceso de introducción incurso en un ostensible vicio de ilegalidad, donde se observa que en las Actas de Revisión no hay E-11, E14 (delegados y claveros) E-24, E-17, y E-20.

En el departamento del Valle los jurados de votación y los claveros hicieron caso omiso de la obligación de diligenciar los formularios E-17 y E-19, documentos que comprueban la extemporaneidad y al no incluirlos en los pliegos que deben reposar en las urnas triclave para ser protegidos en cadena de custodia, se permite el fraude electoral, porque así tuvieron la posibilidad de modificar la votación.

Cargo cuarto: “En las actas de escrutinio que determinaron la elección del Senado de la República se detectó la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un mayor número de votos en comparación al número de sufragantes”.

Cuando existe una diferencia entre el E-11 y el E-24 y los jurados de votación dejan constancia de que los votos concuerdan con los sufragantes existe una clara falsedad o apocrificidad.

El Consejo de Estado ha realizado pronunciamientos sobre las mesas de votación afectadas, sus actas de escrutinio zonal y municipal, en el sentido que deben estar llamadas a ser excluidas del cómputo general de la votación, como consecuencia de la nulidad de dichas actas.

Carmen de Bolívar, Cali y Buenaventura, muestran una diferencia sustancial entre el E-11 y el E-24, y los resultados contenidos en el E-14. No obstante, no fueron objeto de estudio por parte de la Sala Unitaria de Revisión de los departamentos del Valle y Bolívar.

Cargo quinto: “Mesas afectadas con apocrificidad en los registros del E-24”.

Los formularios electorales E-14 delegados y E-24 de los municipios correspondientes a las circunscripciones de los departamentos de Bolívar, Cesar, Valle, Cauca, Risaralda y Bogotá, eran falsos o apócrifos porque las actas sufrieron alteraciones sustanciales, así por ejemplo, en el E-24 se apreció un aumento de votos injustificado a favor de los candidatos 30, 44, 25 y 8 del Partido Liberal al Senado de la República, cuando las actas de escrutinio diligenciadas por los jurados de votación sólo pueden ser modificadas en atención a la práctica oficiosa o de solicitud de parte de un recuento de votos por parte de la comisión escrutadora y ante la existencia de las causales contempladas en los artículos 122, 163, 164 y 192 del Decreto 2241 de 1986 (citó los cuadros 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Cargo sexto: “Falsa motivación de los actos administrativos acusados y abuso de poder”.

La falsa motivación de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral se configura porque desconocen los criterios de sus propias resoluciones, como la modificación del trámite en la Resolución 1704, la cual no se realizó mediante previa resolución emanada de Sala Plena, sino por un concepto emitido el 26 de junio por esta misma Sala que condujo a que ésta continuara con el proceso de revisión, iniciado por las Salas Unitarias.

Se abusó del poder cuando, con las pruebas y aplicación estricta de las reglas impuestas por el propio Consejo Nacional Electoral, no se corrigieron las irregularidades denunciadas.

La desviación del poder se pone en evidencia cuando el Consejo Nacional Electoral varío sus conceptos para hacer prevalecer en algunas ocasiones el formulario electoral E-14 delegados y en otras el E-14 claveros; cuando en el departamento del Chocó desconoció el recuento de votos e hizo prevalecer en once de sus municipios los guarismos electorales contenidos en el E-14; lo anterior, basado en simples análisis aleatorios y sin especificar las razones de su decisión y cuando no notició en debida forma los resultados contenidos en las actas parciales de revisión.

En consecuencia el acto declaratorio de elección deberá ser declarado nulo por falsa motivación porque los formularios E-11, E-14 y E-24, que los soporta, son ajenos a la realidad.

6.1.4. Contestación de la demanda.

Se guardó silencio.

7. Proceso electoral 201000077 de Sebastián Fausto Méndez Toloza.

7.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió(19):

“1. Que es nulo parcialmente el acto administrativo declaratorio de elección contenido en la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, proferida por el Consejo Nacional Electoral, en lo que respecta a las curules asignadas al Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U., Senado de la República, pretensión invocada conforme a lo ordenado en el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo.

2. Que es nula parcialmente el acta de elección contenida en el formulario E-26 Senado de la República en lo que respecta a la elección de los senadores electos por el Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U, por contener guarismos electorales, falsos o apócrifos que sirvieron para su formación.

3. Que igualmente son nulos los registros electorales E-24 por contener elementos falsos y apócrifos que afectaron el resultado final contenido en el E-26 para Senado de la República.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene un nuevo escrutinio y se excluyan los votos de las mesas, puestos y zonas de los municipios del departamento de Chocó, que adelante son señalados por cuanto el E-24 contiene guarismos electorales que no aparecen consignados en las actas de escrutinio E-14 y sin justificación en las actas generales.

5. Cumplida la anterior pretensión se de (sic) cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 263 Superior, adjudicando las curules por el sistema de cifra repartidora, ordenando los resultados en forma decreciente respecto de los Senadores elegidos por el Partido de la U” (ver mesas fls. 34-41).

7.2. Fundamentos de hecho:

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El día 14 de marzo de 2010 se llevaron a cabo elecciones para el Congreso de la República.

2. Durante los escrutinios municipales realizados en los municipios de las mesas demandadas en la pretensión cuarta, se alteraron [los] resultados electorales, consignando guarismos electorales en los formularios E-24, diferentes a los votos escrutados en las actas E-14 de los jurados de votación, saltos en votos o aumento de los guarismos electorales sin que aparezca justificación en las actas generales de escrutinios(20).

3. De acuerdo con la Resolución 552 de 2010 el Consejo Nacional Electoral avocó la revisión de los escrutinios realizados en el departamento del Chocó.

4. Por reparto el conocimiento de las solicitudes de revisión del departamento del Chocó le correspondió al magistrado Ciro José Muñoz Oñate.

5. Las resoluciones 660 y 731 de 2010 del Consejo Nacional Electoral ordenó la revisión de los escrutinios y documentos electorales de Bajo Baudó, Alto Baudó, Medio Baudó, Novita, Quibdó, Sipí, Itsmina, Bahía Solano, Río Iró, Acandí, Bagadó, Bojayá, Medio Atrato, Condoto, Certeguí, El Carmen del Darién, El Carmen, El Cantón de San Pablo, Juradó, Lloró, Medio San Juan, Nuquí, Río Sucio, Rio Quito, San José del Palmar, El Litoral de San Juan, Tadó, Ungía y Unión Panamericana.

6. El magistrado Ciro José Fuentes Muñoz mediante auto de 7 de mayo de 2010 ordenó convocar a la audiencia especial de revisión de los documentos electorales.

7. La audiencia especial de revisión se llevó a cabo entre el 10 de mayo y el 3 de junio de 2010.

8. Dentro del proceso de revisión se encontraron múltiples irregularidades.

9. El término de caducidad de la acción electoral vence el 17 de agosto de 2010, toda vez que la Resolución 1787 fue expedida el 18 de julio de 2010.

7.3. Normas violadas y concepto de la violación(21).

El demandante invocó como fundamentos normativos: los artículos 1º, 2º, 29, 40 numeral 1º y 263A de la Constitución Política; los artículos 1º, 2º, 177, 192 y 193 del Código Electoral; el artículo 12 y 13 del Acto Legislativo 1 de 2009; la Resolución 552 de marzo 10 de 2010 artículos 9º y 10 y la Resolución 754 de 9 de abril de 2010 artículo 6º numerales 7º y 8º.

En el proceso de escrutinio el número de votos consignado finalmente en el formulario E-24, no corresponde con el número de votos anotado en el acta de escrutinio de los jurados de votación, formulario E-14, razón por la cual los registros allí consignados resultan falsos.

Explicó que las falsedades contenidas en los formularios E-14 y E-24 no fueron advertidas prima facie, por cuanto el proceso de escrutinio se desarrolló en varias etapas, situación que permitió introducir nuevas modificaciones al momento de consolidar los resultados, por eso el Consejo Nacional Electoral suspendió los escrutinios en el departamento del Chocó y ordenó su traslado al Consejo Nacional Electoral.

Afirmó que con las situaciones descritas se violó el concepto de democracia participativa, el derecho de participar en la vida política y el derecho de elegir y ser elegido, por cuanto las modificaciones introducidas sin causa legal alteraron la voluntad popular, en la medida en que los resultados finales no constituyeron la expresión fidedigna del querer ciudadano, máxime cuando con las irregularidades presentadas se benefició a algunos candidatos, y a otros los perjudicó, como al candidato Eduardo Carlos Merlano.

Aseveró que debido a que el resultado en los formularios E-14 configura el contenido de los formularios E-24, y estos a su vez integran el formulario E-26, y que en el caso bajo estudio existen diferencias entre los primeros y los segundos sin que medie causa legal que justifique esa inconsistencia, se está claramente en presencia de una falsedad susceptible de afectar de nulidad el acto que declaró la elección, esto es, la Resolución 1787 de 2010 por cuanto fue proferida con fundamento en datos falsos.

Argumentó que la asignación de curules no respetó el sistema de cifra repartidora previsto en la Constitución, por cuanto los votos tenidos en cuenta para la aplicación de esta figura, no reflejaron la verdad electoral.

Después de retomar el demandante todo lo anteriormente explicado, destacó que el Consejo Nacional Electoral al haber asumido funciones propias de los escrutadores departamentales en la revisión de escrutinios que avocó de oficio, limitó el derecho a presentar reclamaciones con fundamento en las causales del artículo 192 del Código Electoral. Asimismo, al haber efectuado procedimientos aleatorios de revisión, no logró ajustar los resultados a la verdad electoral, máxime cuando los errores aritméticos que encontró no los subsanó de acuerdo a lo previsto en los artículos 6 y 8 del la Resolución 754 de 2010.

7.4. Contestación de la demanda.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio de apoderado, manifestó que los formularios electorales son suscritos por los jurados de votación y las comisiones escrutadoras, que son personas ajenas a la Registraduría, dado que los funcionarios de la misma no contabilizan votos. Destacó que en la demanda se tiene como sujeto pasivo a los Senadores electos por el Partido de la U., y no a la entidad que contesta. El Consejo Nacional Electoral es quien tiene facultades para revisar escrutinios y documentos electorales de cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección. De acuerdo con los artículos 157 y 181 del Código Electoral, los funcionarios electorales tanto Delegados Departamentales como Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores del Estado Civil, fungen exclusivamente como secretarios en las comisiones escrutadoras. Por todo lo mencionado solicitó que se aclarara la posición de la Registraduría y que se desvinculara a la misma del proceso.

8. Proceso electoral 201000079 de Arturo Yepes Alzate

8.1. Pretensiones(22).

Con la demanda se pidió:

“PRIMERA: Se declare nulo el acto administrativo contenido en la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral, luego de los comicios realizados el pasado 14 de marzo de 2010, declaró elegidos a los Senadores de la República, para el período Constitucional 2010-2014, y ordenó la expedición de las respectivas credenciales, limitando la anulación a lo que tiene que ver con la adjudicación de la curul 22 al Partido Conservador Colombiano, lista inscrita con voto preferente, por cuanto se dejaron de contabilizar una cantidad importante de votos al señor Arturo Yepes Alzate, como se expresa en los hecho de la demanda y se prueba documentalmente.

SEGUNDA: Se declare nulos los actos administrativos contenidos en las resoluciones que a continuación se relacionan, que son previos a la decisión final contenida en la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010 y por cuanto en estos no resolvieron o rechazaron las solicitudes de revisión oportunamente presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, y dieron lugar a la decisión contenida en la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010:

a) Resolución 1206 del 9 de junio de 2010…

b) Resolución 1627 del 11 de julio de 2010...

c) Resolución 1752 del 16 de julio de 2010…

d) Resolución 1758 del 16 de julio de 2010…

e) Resolución 1263 del 17 de junio de 2010...

f) Resolución 1677 del 13 de julio de 2010...

g) Resolución 1335 del 23 de junio de 2010...

h) Resolución 1132 del 2 de junio de 2010…

i) Resolución 1222 del 10 de junio de 2010...

j) Resolución 1229 del 10 de junio de 2010...

k) Resolución 1741 del 15 de julio de 2010...

l) Resolución 1462 del 2 de julio de 2010...

m) Resolución 1463 del 2 de julio de 2010...

n) Resolución 1464 del 2 de julio de 2010...

o) Resolución 1465 del 2 de julio de 2010...

p) Resolución 1466 del 2 de julio de 2010...

q) Resolución 1467 del 2 de julio de 2010...

r) Resolución 1522 del 7 de julio de 2010...

s) Resolución 1539 del 7 de julio de 2010…

t) Resolución 1634 del 11 de julio de 2010…

u) Resolución 1472 del 3 de julio de 2010...

v) Resolución 1667 de 13 de julio de 2010…

TERCERA: Se ordene y practique judicialmente por el honorable Consejo de Estado un nuevo escrutinio de los votos sufragados en la lista con voto preferente por el candidato Arturo Yepes Alzate 19 en la tarjeta electoral del Partido Conservador Colombiano, en los departamentos de Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Caldas, Bogotá, D.C., Tolima, La Guajira, Cesar y Meta a partir de las actas de escrutinio de jurados de mesa o formularios E-14 de delegados, circunscribiendo el Escrutinio a los municipios, zonas, puestos y mesas de votación que se indican en el cuerpo de esta demanda.

CUARTA: Como consecuencia del nuevo escrutinio judicial, se declare electo y se le expida la respectiva credencia que acredite al señor Arturo Yepes Alzate como Senador de la República de Colombia, para el período constitucional 2010-2014, candidato 19 legalmente inscrito por el Partido Conservador Colombiano”.

8.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. Para la contienda electoral del 14 de marzo de 2010 se inscribió Arturo Yepes Alzate (Nº 19), por la lista con voto preferente presentada por el Partido Conservador Colombiano.

2. Las diferentes comisiones escrutadoras realizaron el escrutinio con base en los formularios E-14 claveros, resolvieron las reclamaciones presentadas y consolidaron los votos en los formularios E-24.

3. Las comisiones escrutadoras, en los puestos y mesas especificados en el cargo primero, reflejaron en los formularios E-24 votos inferiores a los realmente obtenidos por el actor.

4. El Consejo Nacional Electoral adelantó el proceso de revisión de los escrutinios con fundamento en las resoluciones 552 y 754 de 2010, ante las diferentes solicitudes radicadas, incluso por el apoderado del demandante.

5. la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral distribuyó entre sus Magistrados las diferentes circunscripciones electorales, a fin de practicar el proceso de revisión.

6. Algunos magistrados adelantaron un proceso de revisión público y previa verificación de los formularios E-11, E-14 delegados, E-24 y E-26, pudieron establecer ciertas irregularidades.

7. El formulario E-14 delegados se digitalizó y publicó en la página web de la Registraduría, y sirvió de fundamento para que los candidatos auditaran los escrutinios y demostraran al Consejo Nacional Electoral la ocurrencia de irregularidades.

8. Con el formulario E-14 claveros se practicó el escrutinio por las comisiones escrutadoras.

9. El protocolo establecido en la Resolución 754 de 2010, no fue aplicado por todos los Magistrados, lo cual impidió demostrar las irregularidades cometidas en los formularios E-14 claveros, E-24 y E-26.

10. Aunque los formularios E-14 delegados y E-14 claveros deben expedirse en el mismo momento y con la misma información, se pudo establecer que contenían información diferente a favor de algún o algunos candidatos.

11. En muchos casos se pudo establecer que las comisiones escrutadoras zonales o municipales modificaron los votos registrados en el E-14, sin justificación alguna.

12. En otros casos las comisiones escrutadoras justificaron los cambios con la frase “Mesa recontada”, que sirvió de excusa para hacer toda suerte de cambios.

13. Con base en esos cambios irregulares se escrutaron cifras falsas, que se consignaron en los formularios E-24 y E-26.

14. En las actas de escrutinio las comisiones escrutadoras consignaron una votación inferior a la realmente obtenida por el demandante.

15. Los delegados del Consejo Nacional Electoral tomaron en cuenta esas irregularidades al momento de consolidar la información electoral.

16. El Consejo Nacional Electoral ordenó en revisión y mediante Resolución 1263 del 17 de junio de 2010, el incremento en la votación del actor, pero los cambios no fueron reflejados fielmente en los formularios E-24 y E-26 expedidos por esa entidad.

17. El formulario E-26 o acta de escrutinio general para senado circunscripción nacional, fue el elemento que sirvió para la expedición de la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010.

18. En el acta de escrutinio general para senado circunscripción nacional se consignaron guarismos inferiores a los realmente consignados a favor del actor, si bien esta irregularidad se denuncio, los municipios, zonas, puestos y mesas no se revisaron y si lo fueron, los cambios no se reflejaron.

19. Por lo anterior, la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, es nula en lo relativo con la asignación de la curul 22 al partido Conservador Colombiano, porque se basó en documentos electorales falsos o apócrifos

8.3. Normas violadas y concepto de violación(23).

El demandante invocó como vulnerados los artículos 265 Constitucional numerales 4º, 6º, 8º (Mod. A.L. 1/2009, art. 12) y los artículos 223 numeral 2º, 227 y 229 del Código Contencioso Administrativo.

Primer cargo: Diferencias injustificadas entre las actas de escrutinio del jurado de votación (formulario E-14 delegados) y el formulario E-24, en detrimento del candidato 19 del partido Conservador Colombiano, señor Arturo Yepes Alzate. Concreta que son falsos o apócrifos los E-24 porque las cifras son distintas a las registradas en los E-14 delegados sin que exista justificación a la modificación, lo que afectó al candidato 19 del partido Conservador Colombiano, Arturo Yepes Alzate, ya que su votación fue disminuida al finalizar los escrutinios en las distintas zonas, municipios y departamentos. Esta situación fue irregular e ilegal porque el escrutinio debió realizarse con fundamento en las cifras del E-14 según los artículos 163 y 164 del Código Electoral.

El actor denunció esta falsedad ante el Consejo Nacional Electoral mediante escritos de 14 y 20 de abril de 2010, pero frente a los departamentos, municipios, zonas, puestos y mesas que se relacionan en la demanda fueron rechazadas in limine por medio de la Resolución 1206 de 2010, según esa entidad “…por no presentar los requisitos mínimos para ser atendido…”. Con lo anterior el Consejo Nacional Electoral permitió dejar en el escrutinio cantidades falsas o apócrifas porque los verdaderos votos depositados a favor del candidato 19 del partido Conservador Colombiano son superiores a los consignados por las comisiones escrutadoras, en el acta de escrutinio zonal, municipal y departamental (formularios E-24 y E-26).

El demandante relacionó los departamentos y municipios en los que el Consejo Nacional Electoral rechazó la revisión, no obstante ser evidente la falsedad cometida por las comisiones escrutadoras en detrimento del candidato Arturo Yepes Alzate 19 del Partido Conservador Colombiano:

Departamento de Risaralda, municipios de Pereira, Belén de Umbría, Dosquebradas y La Virginia(24).

• Departamento del Quindío, municipios de Armenia y Calarcá(25).

• Departamento de Cundinamarca, municipios de Cogua, Quipile, San Juan de Rioseco, Soacha, Ubaque, Ubaté y Zipaquirá(26).

• Departamento de Caldas, municipios de Manizales, Filadelfia, Riosucio, Samaná, Villamaría y Viterbo(27).

• Bogotá, Distrito Capital(28).

• Departamento del Tolima, municipios de Ibagué y El Guamo(29).

• Departamento de La Guajira, municipios de Riohacha, Dibulla, Manaure y Uribia(30).

• Departamento del Cesar, municipios de Bosconia y La Jagua de Ibirico(31).

• Departamento del Meta, municipios de Acacías y Vista Hermosa(32).

• Departamento de Antioquia, municipios de Medellín, Belmira, Cisneros, Cocorná, Debia, Itagüí, Nechí, Rionegro, Santuario y Turbo(33).

Estas anomalías dieron lugar a la desaparición de 179 votos al señor Arturo Yepes Alzate, candidato 19 del partido Conservador Colombiano, lo que favoreció al señor Carlos Emiro Barriga Peñaranda, candidato 10 del mismo partido, al que se le asignó la curul 22.

El Consejo Nacional Electoral en vista de tantas irregularidades denunciadas, debió revisar la totalidad de las mesas acusadas, pero lo que ordenó fue una revisión aleatoria, que realizó con los documentos electorales que caprichosamente enviaron los delegados del Registrador Nacional como si la falsedad pudiera calificarse de esta manera y menos en un escrutinio en el que la sumatoria de votos fraudulentos, así sea de unas pocas mesas, incrementa la votación y con ello se tergiversa la verdad electoral. Por tal razón se procede a solicitar la declaratoria de nulidad de las resoluciones ya relacionadas al honorable Consejo de Estado y que ordene el escrutinio de los municipios, zonas, puestos y mesas mencionados en este cargo a fin de establecer la verdad electoral, la cual corresponde a los verdaderos votos depositados a favor del señor Arturo Yepes Alzate.

Pese a que se presentaron solicitudes de revisión ante el Consejo Nacional Electoral, que demostraban variaciones en las votaciones de manera ilegal, registro de votos inexistentes, marcación de votos a favor de un candidato en los votos no marcados, disminución de los votos en blanco, y en si falsedad en los escrutinios (E-24), los magistrados Oscar Giraldo, Pablo Gil de la Hoz y Adelina Covo no procedieron a revisar ninguna mesa, ni por indicio, ya que otros magistrados descubrieron irregularidades y rechazaron las solicitudes de revisión en los departamentos que por reparto les correspondió, tal como se desprende de las Resolución 1335, 1703, 129, 1741, 1222 de 2010.

Finalmente frente al tema de los formularios E-14 dijo que esta se debe extender a dos ejemplares iguales, que deben guardar idéntica información, pero que esta obligación legal no fue atendida por los jurados de votación porque consignaban cifras distintas en el E-14 delegados y el E-14 claveros, lo que generó un sinnúmero de reclamaciones. Esto llevo a que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral le diera prevalencia al E-14 delegados porque “…guarda la verdadera voluntad del elector…”, fue el documento que se grabó, se escaneó el 14 de marzo y se publicó en la Web de la Registraduría, es decir, no fue objeto de manipulaciones o adulteraciones.

Además, por la disminución de votos consignados en los formularios E-24 y E-26, frente a los verdaderamente obtenidos por el señor Arturo Yepes Alzate, y que se encuentran en el E-14 delegados, se debe proceder a la anulación de los actos demandados, porque no atendieron las solicitudes de revisión y verificación de escrutinios presentados por el apoderado de Arturo Yepes Alzate.

Segundo cargo: Falsedades consignadas en el acta de escrutinio general para Senado de la República o formulario E-26 consolidado por el Consejo Nacional Electoral, en detrimento del candidato 19 del partido Conservador Señor Arturo Yepes Alzate. Adujo el actor que el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de la resoluciones 552 y 754 de 2010, expidió la Resolución 1263 de 17 de junio de 2010, que ordenó al registrador corregir los resultados electorales registrados en el E-24 mesa a mesa del municipio de Quipile - Cundinamarca, (zona 00 puesto 00 mesa 02 y zona 99 puesto 07 mesa 02), pero esta decisión no fue atendida en su integridad porque de los 20 votos que ordenó adicionar al actor, sólo le abonaron 10 en el E-26, esto demuestra la falsedad cometida por quienes hicieron las modificaciones ordenadas por el Consejo Nacional Electoral y por ende de los datos consignados en los formularios E-24 y E-26.

Tercer cargo: Falsedades consignadas en el acta de escrutinio general para Senado de la República o formulario E-26 consolidado por el Consejo Nacional Electoral, en detrimento del candidato 19 del Partido Conservado señor Arturo Yepes Alzate. El accionante afirmó que el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 1677 de 13 de julio de 2010, ordenó la expedición de nuevos formularios E-24 y E-26 del departamento de Caldas, pero incurrió en error en su primer artículo al ordenar modificar la votación (14 por 0 votos) al candidato Arturo Yepes Alzate en la mesa 23 del puesto 00 de la zona 00 Manizales - Manzanares, cuando realmente correspondía a la mesa 12 del puesto 02 pasaje del banco cafetero zona 02 del mismo municipio.

Esta resolución fue objeto de recurso de reposición (copia sus argumentos), y mediante la Resolución 1758 de 2010 niegan el recurso y dejan firme su decisión. La censura se sustenta en que la revisión la realizó el Consejo Nacional Electoral sobre los documentos E-14 claveros el cual presenta tachaduras y enmendaduras y no sobre las tarjetas electorales que son la fuente primaría de la voluntad del elector. Sustenta que el Consejo Nacional Electoral al pretender con la simple confrontación del E-14 delegados y del E-14 claveros que presentaban además una serie de irregularidades como tachones en las cantidades y sin verificar las tarjetas electorales depositadas a favor del candidato Arturo Yepes Alzate, es tergiversar la verdad electoral y por ende los E-24 y E-26 son falsos y apócrifos

Algo igual pasó con la Resolución 1627 del 11 de julio de 2010, que ordenó modificar el cómputo general de votos, respecto al actor (ver tabla, fl. 70), y que fue revocada parcialmente mediante Resolución 1752 del 16 de julio de 2010, en la cual el Consejo Nacional Electoral accedió a lo pedido únicamente frente a la mesa 23 zona 02 puesto 02.

Por lo anterior, el demandante pide dejar sin efecto, las modificaciones ordenadas en las resoluciones 1627 de 11 de julio de 2010, confirmada por la Resolución 1752 de 16 de julio de 2010; la Resolución 1677 de 13 de julio de 2010 y su confirmatoria.

El actor indicó que era obligatorio el recuento de votos porque el análisis de los documentos electorales con los que debió hacer el escrutinio (E-14 claveros), presentaban tachaduras y enmendaduras en los guarismos registrados, y según el art. 163 del Código Electoral, el escrutinio se debe realizar con el E-14 claveros, siempre y cuando este documento no presente tachaduras y/o enmendaduras, por lo tanto para cambiarlo el Consejo Nacional Electoral debió constatar este documento. El Consejo Nacional Electoral no podía verificar la revisión con un formulario E-14 claveros que no tenía diligenciada la votación de ningún candidato del Partido Conservador Colombiano, es por eso que debió acudir a los sufragios para corroborar si era verdad o no la votación consignada en los E-24 y E-26 y tampoco podía realizar un análisis entre el E-14 delegados con el E-14 claveros con tachaduras y enmendaduras porque no guardan información consistente de acuerdo con los art. 163 y 164, es decir, él debía realizar un recuento de las tarjetas electorales.

8.4. Contestación.

La apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó escrito en el que solicita la desvinculación del proceso.

9. Proceso electoral 201000080 de Carlos Ramón González Merchán.

9.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:(34)

“1. Se declare la nulidad parcial de la Resolución 1787 de julio 18 de 2010 proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se declara la elección de Senado de la República para el período 2010-2014 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales, en lo concerniente al número de votos obtenidos por la lista del partido verde y sus candidatos con respecto a la (sic) inconsistencias entre los formularios E-14 y su registro en menor número en los formularios E-24 y E-26 que determinaron la expedición de la resolución acusada.

2. Como consecuencia de lo anterior, se practique por el honorable Consejo de Estado nuevo escrutinio y, conforme a los resultados, se declare la elección de los Senadores de la República para el período 2010-2014 asignándole al Partido Verde el número de curules que le corresponden de acuerdo con la votación real depositada por los ciudadanos.

3. Se declare también que son nulos los siguientes actos administrativos:

3.1. Resolución 1398 del 29 de junio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, ‘por medio de la cual se rechazan algunas solicitudes presentadas dentro del proceso de revisión de los escrutinios del departamento del Atlántico’.

3.2. Resolución 1423 del 30 de junio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral ‘por la cual se deniega la solicitud de revisión presentada por el doctor Víctor Arturo Polo Sanmiguel, en su condición de apoderado del señor Rodrigo Romero, candidato al Senado de la República por el Partido verde, sobre los escrutinios realizados en el Distrito de Bogotá para el Senado de la República’.

3.3. Resolución 1567 del 08 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, ‘Por medio de la cual se resuelven una (sic) solicitud de revisión de escrutinios y documentos electorales presentada por el Doctor Carlos Ernesto Rodríguez Chinchilla, en su calidad de apoderado de la Doctora Mercedes del Carmen Maturana, candidata al senado de la República por el Partido Verde, en las pasadas elecciones del 14 de marzo (sic).

“3.4. Resolución 1659 del 12 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, ‘Por medio de la cual se rechazan algunas solicitudes presentadas dentro del proceso de Revisión de los escrutinios al Senado de la República’.

9.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que(35):

1. El día 14 de marzo de 2010 se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso de la República.

2. El partido Verde inscribió una lista con voto preferente integrada por 32 candidatos.

3. Al cierre de la jornada electoral del 14 de marzo de 2010, la Registraduría con fundamento en el artículo 155 del Código Electoral, inició la divulgación de resultados según los formularios E-14 de cada mesa.

4. El último boletín de la Registraduría fue el Nº 42 emitido el 15 de marzo de 2010 a las 6:23 a.m., con reporte del 93.82% de las mesas escrutadas, en el que se informó que el Partido Verde había obtenido 531.293 votos, correspondientes al 4.7703% de los votos totales (ver cuadro, fls. 397 y 398).

5. Ante las irregularidades ocurridas en los escrutinios generales municipales, distritales y departamentales, se formularon múltiples quejas en diferentes municipios y departamentos.

6. Además de las reclamaciones, el Consejo Nacional Electoral dispuso la revisión oficiosa de escrutinios y documentos electorales en diferentes regiones de la circunscripción ordinaria de Senado de la República.

7. Una de las irregularidades que se presentó y que afecta la validez del acto, es la diferencia entre los formularios E-14 con E-24 y E-26 tal y como se especificó en la demanda individualizando cada una de las mesas (ver tabla fls. 398 a 412).

8. Respecto del candidato 7 de la lista del Partido Verde se presentaron diferencias entre los formularios E-14 y los E-24 (ver tablas fls. 412 y 413).

9. La votación del Partido Verde fue afectada en todos los casos en que los E-14 registran un número mayor de votos que el registrado en los E-24 y E-26(36).

10. En el escrutinio efectuado y especialmente en Corferias en Bogotá, fueron reportados como votos nulos aquellos en los que no se había marcado candidato pero sí partido, con lo cual se afectó el principio de eficacia del voto e incidió en la determinación del umbral y de la cifra repartidora, con lo que se lesionaron los intereses del partido(37).

11. Lo narrado puede verificarse en el informe rendido por la Procuraduría General de la Nación respecto de las elecciones.

12. Consolidados los resultados en el formulario E-26 se apreciaron diferencias respecto del preconteo y los formularios E-14 (ver tabla fls. 414 y 415).

13. La información consignada en la tabla anterior evidencia que la votación real del Partido Verde era superior a la consignada finalmente en el acta de escrutinio nacional, lo que afectó la Resolución 1787 con la causal de nulidad del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

14. Los formularios E-14 de los casos mencionados en la demanda no tienen enmendaduras, tachaduras o borrones, por lo que no hubo necesidad de recuento, y menos fundamento para que los datos de los mismos respecto del Partido Verde hayan sido disminuidos en los formularios E-24.

15. Con el reparto interno que se hizo entre los diferentes magistrados del Consejo Nacional Electoral para el conocimiento de las reclamaciones y recursos, se condujo a que las decisiones fueran tomadas directamente por cada magistrado de manera separada, en contravía de lo normado por el artículo 265 de la Constitución, puesto que la competencia para conocer y decidir los recursos sobre los escrutinios generales se encuentra atribuida a la corporación y no a sus integrantes por separado.

16. Las irregularidades denunciadas como fundamento de esta acción fueron sometidas a examen del Consejo Nacional Electoral antes de la declaración de elección, cumpliéndose así el requisito de procedibilidad dispuesto por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2009.

17. Los actos administrativos por medio de los cuales se dispuso la revisión oficiosa de los escrutinios de la elección acusada, violaron el debido proceso administrativo por no cumplir con los requisitos de publicación y citación establecidos en los artículos 14, 15 y 28 del Código Contencioso Administrativo, dado que existían terceros determinados con interés directo en las decisiones.

18. En el trámite de decisión de recursos y reclamaciones, el Consejo Nacional Electoral profirió más de ciento veinte actos administrativos, lo que permite inducir desconfianza y desorden en el proceso, acentuada por la dilación en la entrega de resultados que se dio sólo dos días antes de la posesión de los congresistas.

19. En la página web de la Registraduría se publicaron dos documentos distintos como acta de escrutinio nacional formulario E-26, con diferentes horas y además con diferente número de votos para el Partido Verde. En el primero tenía 512.590 votos y en el segundo 521.503 votos. Adicionalmente, con diferentes cifras sobre el total de votos depositados; todo lo anterior permite desconfiar de la seriedad y transparencia con que asumió el escrutinio de votos para el Senado de la República.

20. Las variaciones entre el preconteo y los escrutinios generales municipales, y la existencia de dos formularios E-26 que se publicaron como escrutinio nacional, pero que no coincidieron entre sí, lesionan la seguridad jurídica y la legitimidad del proceso, así también afectaron la determinación del umbral, de la cifra repartidora y, consecuentemente, el número de curules asignadas a cada partido o movimiento, al igual que la reposición de gastos a las campañas.

21. La falta de concordancia entre los registros consignados en los formularios E-14 y los formularios E-24 y E-26, muestra que estos últimos no expresaron la voluntad real de los ciudadanos. Por tanto, existió falsedad de los registros en los que se basó el acto de elección de Senado de la Republica.

22. El 18 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral expidió el acto demandado.

23. Para efectos de la caducidad de la acción, no han trascurrido 20 días desde la fecha de publicación y/o notificación de la Resolución 1787, hasta la fecha de presentación de la demanda.

24. El acto de elección de Senadores de la República no fue publicado en el Diario Oficial, con violación al literal c) del artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

9.3. Normas violadas y concepto de violación(38).

El demandante invocó como fundamentos normativos: los artículos 2º, 29 y 265.3 de la Constitución; los artículos 1º, 14, 15, 28, 84 y 223 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo; los artículos 163 y 182 del Código Electoral.

El Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 1398 de 2010 rechazó las solicitudes de revisión de 16 de junio de 2010, presentadas por el apoderado del candidato 7 del Partido Verde, respecto a los escrutinios del Distrito de Barranquilla y de los municipios de Galapa, Soledad, Baranoa, Luruaco, Repelón, Sabanalarga y Usiacurí que tuvieron como fundamento diferencias entre los formularios electorales E-14 y E-24. Asimismo, mediante las resoluciones 1423, 1567 y 1659 de 2010 rechazó las reclamaciones relacionadas con los escrutinios realizados en Bogotá, Valle del Cauca, Nariño, Cesar, Córdoba, Sucre, Guajira, Chocó y Casanare.

El rechazo tuvo como sustento la supuesta condición de extemporaneidad de las solicitudes, toda vez que fueron presentadas con posterioridad al 3 de mayo de 2010, aun cuando por disposición del artículo 9º de la Resolución 552 de 2010 las “reclamaciones” por irregularidades en la votación o en los escrutinios pueden presentarse en cualquier momento, siempre y cuando no se haya declarado la elección. Ni siquiera el protocolo expedido por el Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 754, que consagró las “…exóticas ‘salas unitarias de revisión’…”, contemplan extemporaneidad alguna en la presentación de peticiones de revisión. De acuerdo con lo cual, los reclamantes tenían hasta el 18 de julio de 2010, para efectuar sus solicitudes.

Con fundamento en lo dicho, el actor solicitó la nulidad de las citadas resoluciones, por considerar que fueron dictadas con violación de los artículos 14 (citación a terceros), 15 (publicidad) 28 (deber de comunicar) del Código Contencioso Administrativo y 29 constitucional.

9.4. Contestación de la demanda.

Para la Registraduría Nacional del Estado Civil es claro que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se declaren nulos actos administrativos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, y en ninguna parte se observa que la demanda se dirija contra la Registraduría. Expuso que el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 223 trata de las nulidades de los actos proferidos por las corporaciones electorales y no por la Registraduría; además, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución (Mod. A.L. 1/2009), fue el Consejo Nacional Electoral el que ejerció sus competencias, que por demás son totalmente ajenas a la Registraduría. Por lo anterior solicitó la desvinculación del proceso.

10. Proceso electoral 201000081 de Herbert Rudecindo Mosquera Castro(39).

10.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:

“PRIMERA. Que es nula la Resolución 1787 de julio 18 de 2010, proferida por El (sic) Consejo Nacional Electoral, así como los formularios E-24 y E-26 que le sirven de soporte, ajustados por la Registraduría Nacional del Estado Civil conforme al proceso de revisión de escrutinios cumplido por el Consejo Nacional Electoral, documentos con base en los cuales se efectuó la declaración de elección y composición del Senado de la República para el período 2010-2014.

SEGUNDA. Que como quiera que en desarrollo del proceso de revisión de escrutinios para el departamento del Chocó se expidieron las resoluciones números 1271, 1336, 1337, 1338, 1339, 1410, 1425, 1541, 1616, 1710 y 1711 con base en las cuales se afectó la verdad electoral contenida en las actas parciales E-24 y E-26 y la Resolución (sic) de declaración de elección contenida en la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, se declare consecuencialmente la nulidad de las mismas.

TERCERA. Que como consecuencia de las nulidades que deben declararse se modifican los resultados electorales, correspondiendo entonces efectuar un nuevo escrutinio que defina la nueva composición del Senado, ordenando cancelar la o las credenciales que hayan sido expedidas con base en los actos irregulares y se otorguen las que correspondan de acuerdo con el mismo”.

10.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 tuvieron lugar las elecciones para Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino.

2. La Registraduría Nacional del Estado Civil no suministró oportunamente la información sobre los resultados de los escrutinios, en los diferentes departamentos, lo cual puso en duda la transparencia de ese proceso.

3. El Consejo Nacional Electoral dispuso el traslado de los documentos electorales de varios departamentos a la ciudad de Bogotá, para asumir el escrutinio y la revisión de los mismos.

4. El proceso de revisión no se cumplió de manera uniforme e imparcial ya que el magistrado a quien se le adjudicó la revisión, delegó su función en un tercero que contó con supernumerarios para cumplir una función asignada por ley a las comisiones escrutadoras y a los delegados del Consejo Nacional Electoral.

5. El Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 265 de la Constitución Política, en su artículo 12 asignó funciones al Consejo Nacional Electoral para regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral, conocer y decidir sobre los recursos interpuestos, revisar el escrutinio y los documentos electorales, efectuar el escrutinio general de la votación nacional, declarar la elección y expedir credenciales.

6. Mediante la Resolución 552 de 2010 el Consejo Nacional Electoral excedió su competencia, por cuanto fijo un porcentaje a tener en cuenta en el tema de la suplantación de electores.

7. La Resolución 754 de 10 de abril 2010, por la cual el Consejo Nacional Electoral adoptó el protocolo de revisión de los escrutinios, fue expedida y publicada (abr. 21/2010), con posterioridad a la jornada electoral del 14 de marzo del mismo año, situación con la cual violó el principio de legalidad.

8. El artículo 152, literal C de la Constitución Política establece que mediante ley estatutaria, se regularan las funciones electorales(40).

9. Mediante Sentencia C-484 de 1996 la Corte Constitucional advirtió que todas las normas que regulen órganos de administración electoral y procesos electorales, deben ser desarrollados por ley estatutaria.

10. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado el artículo 265 como fuente de potestades de regulación por parte del Consejo Nacional Electoral, no obstante, advierte que dicha facultad sólo se limita a la expedición de normas de naturaleza operativa y administrativa en temas propios de su competencia, circunstancia que no corresponde a lo regulado en la Resolución 754 de 2010.

11. A pesar de que la Resolución 754 de 10 de abril 2010 se expidió con posterioridad a la jornada electoral del 14 de marzo de 2010, su contenido normativo fue aplicado a estos comicios (efecto retroactivo).

12. Con la Resolución 754 el Consejo Nacional Electoral excedió sus facultades porque usurpó la reserva legal para determinados temas como el porcentaje de irregularidades necesario para excluir mesas en los casos de suplantación (60%), se aplicó en algunos departamentos, en otros no y en otros su aplicación se surtió antes que en otros, lo que permitió que los resultados electorales se acomodaran. No se explica cómo siendo la Sala Plena la que adelantó el proceso se hubieran presentado salvamentos de voto en las decisiones adoptadas en Bolívar y Cundinamarca.

13. Con base en la Resolución 754 se produjeron actos conclusivos de una revisión efectuada con criterio desigual y discriminatorio, pues sólo se acogió el protocolo en los departamentos de Chocó y Valle, en tanto que en Bolívar y Magdalena su aplicación fue parcial y se realizó cuando la mayoría de actos administrativos que decidían la revisión para Chocó se encontraban en firme, es decir, dice el actor, se quiso coger cansado a todo el mundo para evitar que la revisión cumpliera con el protocolo y así terminar de ajustar los resultados electorales, tanto que para sustentar los últimos recursos se otorgaron plazos de menos de cinco horas y la audiencia estuvo presidida por el secretario de la comisión, violentando el principio de inmediatez y el debido proceso.

14. Con base en el protocolo contenido en la Resolución 754 el Consejo Nacional Electoral produjo decisiones por Salas Unitarias compuestas por un magistrado y luego a través de un concepto de la misma entidad, expedido por un funcionario distinto a los magistrados, pasaron a ser producidas por la Sala Plena con violación del debido proceso. En el caso de Chocó, constituyen la validación en unos casos de lo realizado por la comisión integrada para revisar y en la mayoría de los casos se limitaron a trasladar decisiones de lo revisado en Cámara, sin haber revisado en Senado lo que configura la misma violación ya señalada.

15. El Consejo Nacional Electoral ordenó la exclusión de algunas mesas de votación en el departamento de Chocó, con fundamento en el hecho que los pliegos electorales fueron entregados de manera extemporánea.

16. El Consejo Nacional Electoral ordenó la exclusión de mesas (Res. 1410 y 1711) en uno de los municipios de Chocó con fundamento en el artículo 6º de la Resolución 754 que dispone que cuando exista suplantación de electores en un porcentaje igual o superior al 60% de los votantes registrados en el E-11 se excluirá la mesa. Lo anterior a pesar de que dicho porcentaje no está previsto en el código electoral y que el procedimiento empleado para establecer las suplantaciones no fue exhaustivo porque no descartó que se tratara de un error de casilla de los jurados de votación.

17. El Consejo Nacional Electoral, con fundamento en la Resolución 754 de 2010 dictó la Resolución 1425 de 2010 y ordenó la exclusión de unas mesas con base en una supuesta mezcla de tarjetas electorales que nunca se presentó, situación que a juicio del actor concreta la falsa motivación del acto, además de ser el resultado de un proceso de revisión ilegítimo.

18. En el departamento del Chocó el Consejo Nacional Electoral desconoció para algunos municipios revisados el acta municipal de escrutinio (Res. 1271, 1337, 1338 y 1339/2010), sin ningún criterio jurídico, esto es, sin que previamente se hubiera verificado que la información contenida en el acta no era válida. No obstante, en otros municipios sí válido su contenido pese a que el criterio del Consejo Nacional Electoral debió ser el mismo en todos los casos, y no estar circunscrito tan solo a 4 municipios en donde se presentó una votación elevada para ciertos candidatos.

19. El Consejo Nacional Electoral ha dilatado el trámite en la entrega de documentos que sirven de prueba, por lo que solicita que los documentos aportados en copia simple sean requeridos en copia autentica al Consejo Nacional Electoral y agregados al proceso.

20. Con base en un procedimiento de revisión ilegal se produjo la Resolución 1787 de 2010 y los formularios E-24 y E-26, los cuales deben ser anulados y en consecuencia efectuarse un nuevo escrutinio.

10.3. Normas violadas y concepto de violación(41).

El demandante invocó como vulnerados los artículos 4º, 29, 40, 121, 150 núm. 10, 152 literal C y 265 de la Constitución Política; artículos 140 de la Ley 5ª de 1992; artículo 1º núm. 3º del Código Electoral; artículos 223, 226, 227 del Código Contencioso Administrativo.

Indicó en su escrito que los E-24 y E-26 son actos previos a la Resolución 1787 de 2010 con la cual se concluyó todo el proceso de revisión y definió la composición del Senado de la República. Cuestionó la legalidad de estos formularios, especialmente los expedidos durante la revisión de los escrutinios en el departamento del Chocó, porque allí se presentó modificación de registros electorales; los votos depositados en algunas mesas no se contabilizaron porque las mesas fueron excluidas como consecuencia de supuestas suplantaciones, extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales y aparente mezcla de tarjetas electorales.

Adujo que con base en todas las decisiones que se tomaron dentro del proceso de revisión se alteró el orden de la lista del partido de la U, y en especial se afectó a la candidata 14 a quien le fueron arrebatados más de tres mil votos, cuando de acuerdo a la cifra repartidora le correspondía una de las 28 curules conseguidas por el partido, pero con las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral que modificaron los resultados electorales en el departamento del Chocó quedó por debajo de la última curul por una diferencia de 171 votos.

Acorde con lo expuesto, la Resolución 1787 de julio 18 de 2010 al igual que los actos intermedios son nulos, ya que violaron la ley y contrariaron disposiciones constitucionales por tomar decisiones que afectaron la verdad electoral, tales como: Excluir mesas por extemporaneidad, por suplantación, por supuesta mezcla de votos y haber dejado de contabilizar votos porque se prefirió el E-14 sobre el E-24.

a) El tema de exclusión por extemporaneidad está contenido en las resoluciones 1336 de junio 23 y 1616 de julio 6 de 2010.

El actor aseveró que el Consejo Nacional Electoral excluyó mesas en las que la hora de entrega de los documentos electorales aparecía como las once de la noche, estando dentro de la oportunidad legal. Aparecen otras mesas en donde si bien la hora del E-17 es posterior a las once, el E-20 contiene una hora por debajo de la consignada en el E-17, esto debido a que la gran mayoría de los formularios E-17 fueron diligenciados por personal sin la debida capacitación, es decir, si el proceso se cumple por etapas, se entendía que la hora del E-20 debió prevalecer sobre el E-17, no siendo viable la exclusión de las mesas.

Esta exclusión por extemporaneidad ilegal, orientó a restarle votos a la candidata 14 del partido de la U, y a favorecer al candidato 85 del mismo partido, quien obtuvo la curul para Senado de la República.

El Consejo Nacional Electoral, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha señalado el plazo de las once de la noche como hora a partir de la cual se entiende extemporánea la entrega. La exclusión de mesas por supuesta extemporaneidad demostró el desconocimiento de la Constitución al desatender el principio de eficacia del voto, con el argumento de que los pliegos electorales fueron entregados un segundo después del plazo estipulado. Las mesas ilegalmente excluidas deben ser contabilizadas ya que el número de votos restados a la candidata 14 del partido de la U son suficientes para alterar el orden de la lista y modificar el resultado electoral.

Para destacar la falsa motivación que acompañó la decisión cuestionada, el Consejo Electoral tomó decisiones contradictorias, tal y como se aprecia en las resoluciones 1336 y 1, 9 y 10 de la revisión en Cámara, que merecen ser comparadas con la Resolución 1748 de 16 de julio de 2010, proferida en la revisión del departamento del Magdalena, donde pretendieron hacer todo lo contrario a lo decidido en Chocó y que fue modificada ante una eventual denuncia penal.

Con lo anterior se desconoce la Constitución (art. 4º), al desatender el operador los preceptos constitucionales, entre ellos los electorales (principio de eficacia del voto), el cual se impone sobre simples formalidades, como el sacrificar el derecho de los ciudadanos con el argumento que de los pliegos electorales se entregaron un segundo después del plazo estipulado, con desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

b) El tema de la suplantación de electores está contenido en las resoluciones 1410 y 1711 de julio de 2010.

El Consejo Nacional Electoral aplicó a la contienda electoral del 14 de marzo de 2010 el proceso de revisión contenido en la Resolución 754 de 2010, cuando esta aún no había sido creada y menos publicada, situación con la cual desconoció que las normas aplicables a cualquier proceso deben ser preexistentes y no de aplicación retroactiva y que además tampoco son aplicables sin cumplir el requisito de publicidad.

Por otra parte en esta misma resolución se atribuyeron competencias a las salas unitarias, las cuales después fueron desechadas. Situación que develó la improvisación que caracterizó el proceso de revisión que adelantó el Consejo Nacional Electoral.

El actor arguyó que el debido proceso se vulneró porque las decisiones que afectaron los registros electorales de Senado, no fueron objeto de contradicción ni puestas de presente en la revisión, sólo se produjo el acto administrativo que excluyó las mesas por extemporaneidad, suplantación(42) y mezcla de votos sin haber discutido el procedimiento, ni permitirse la contradicción.

El demandante sostuvo que el procedimiento adoptado por el Consejo Nacional Electoral para determinar la presencia de suplantaciones no dio certeza sobre la existencia de dicho fenómeno, ya que la decisión tuvo como único sustento la experticia que concluyó que los casos de suplantación excedían el 60% y no corroboró si las personas que aparecían en los formularios eran aptas para votar en la mesa. Así dicho órgano excedió sus facultades cuando ordenó excluir de la votación la totalidad de las mesas en el departamento del Chocó, por cuanto contrario el principio de eficacia del voto y desconoció el criterio de ponderación determinado por la jurisprudencia y por la Ley 1395 de 2010.

c) El tema de la mezcla de tarjetas electorales como causal de exclusión está contenido en la Resolución 1425 de julio de 2010. El Consejo Nacional Electoral señala que entre las mesas 1 y 2 del corregimiento de Villa Rica del municipio de Bajo Baudó del departamento del Chocó hubo mezcla de tarjetas electorales. Para la exclusión se utilizó como sustento el numeral 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, pero la motivación es falsa porque en la mesa 1 no se presentó mezcla de tarjetones, pues si bien ellos aparecen depositados en otro sobre diferente al que le correspondía a la mesa, lo cierto es que no aparecen mezclados con otras tarjetas pertenecientes a otra mesa, es decir, las 149 tarjetas electorales pertenecen a la mesa en su totalidad. Con respecto a la exclusión de los votos de la mesa 2 advirtió que la decisión de nulidad permitirá contabilizar los votos depositados a favor de la candidata 14 del partido de la U.

Hubo vulneración del artículo 40 de la Constitución en dos sentidos: el primero, por violar derechos políticos de la candidata 14 del partido de la U, quien ostentaba el último escaño de ese partido y por lo actuado por el Consejo Nacional Electoral perdió su curul y en su remplazo entró el candidato 85, y segundo, fue burlado el derecho de los electores a elegir al candidato de su preferencia porque el Consejo Nacional Electoral aprovechó las facultades que le otorgó el Acto Legislativo 1 de 2009 para adelantar una revisión discriminatoria. Al departamento del Chocó lo revisaron exhaustivamente porque la intención estaba preconcebida, ayudar al candidato 85, mientras que en Sucre y La Guajira fue somera y superficial a pesar de que le correspondió al mismo magistrado, es decir, el protocolo expedido por el Consejo Nacional Electoral no fue aplicado en forma uniforme.

Por otra parte, se violó el artículo 152 Constitucional ya que el Consejo Nacional Electoral se extralimitó en el ejercicio de sus funciones con la expedición de la Resolución 754 de 9 de abril de 2010, porque a través de esta reguló materias de atribución exclusiva de las leyes estatutarias, el derecho al debido proceso y el principio de legalidad. Así los actos proferidos por el Consejo Nacional Electoral, en razón de la aplicación del protocolo de revisión son anulables en cuanto fueron expedidos en forma irregular, violando reglas de competencia y con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa(43).

d) Por último, el tema de la nulidad de los registros contenidos en los formularios E-24 de las comisiones escrutadoras municipales, para en su lugar disponer la contabilización de los votos con base en los E-14, buscaba simplemente disminuir la votación de la candidata 14 del partido de la U, y efectivamente lo logró, sólo que el procedimiento adoptado, además de contener una subjetiva motivación, es arbitrario, ilegal y excede la competencia del Consejo Nacional Electoral, con ese parámetro se expiden las resoluciones 1271, 1337, 1338, 1339, 1545, 1546 de 2010, que ordenan tener en cuenta los formularios E-14 para la contabilización de los votos en algunos municipios del Chocó.

El Consejo Nacional Electoral ordenó tener en cuenta los formularios electorales E-14 para la contabilización de los votos en algunos municipios del Chocó, por medio de las resoluciones 1271, 1337, 1338, 1339, 1545 y 1546 de 2010. No obstante, esta decisión carece de motivación, por cuanto no es cierto que no se hayan presentado reclamaciones, todo lo contrario, en estos casos los reclamantes pidieron no solo el recuento sino el traslado de los documentos electorales a Bogotá para la realización del escrutinio.

El demandante afirmó que con base en el protocolo de revisión el Consejo Nacional Electoral anuló la votación de mesas que ni siquiera fueron objeto de revisión. Igualmente en el departamento del Chocó respecto de cuatro municipios ordenó desechar los E-24 y en su lugar dispuso que para efecto de contabilización de los votos se tendrían en cuenta solamente los E-14.

Afirmo que el Consejo Nacional Electoral con el argumento de que podía actuar oficiosamente, excedió sus facultades, violó el Código Electoral al punto que dejo sin efecto los resultados de los escrutinios cumplidos por las comisiones municipales(44).

Con fundamento en lo anterior, el actor cuestionó la legalidad de los actos administrativos que dictó el Consejo Nacional Electoral y que le sirvieron de soporte para dictar el acto por medio del cual se declaró la elección, razón por la cual solicitó que se realice un nuevo escrutinio.

10.4. Contestación.

Se guardó silencio.

11. Proceso electoral 201000082 de Eduardo Carlos Merlano Morales.

11.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:

“a) Que se declare la nulidad de contra (sic) el acto administrativo mediante la cual se efectúo la declaratoria de elección de Senado de la República por la Circunscripción Nacional, para el período 2010-2014 proferido por el Consejo Nacional Electoral (Res. 1787, adiada jul. 18/2010).

b) Que se declare la nulidad de las actas E.24 Senado y E.26 Senado Nacional, qué (sic) sirvieron de base para dictar la referida Resolución 1787 de 2010 por parte del Consejo Nacional Electoral.

c) Que ordene efectuar las modificaciones y correcciones a que haya lugar a las actas departamentales de escrutinio para Senado de la República, especialmente en lo que hace referencia a la votación registrada para los distintos partidos y candidatos, acorde lo que se pruebe dentro de este plenario, en audiencia que para el efecto realice el Consejo de Estado, así como las modificaciones y correcciones al E-26 Senado Nacional.

d) Que se ordene efectuar nuevo Escrutinio para la (sic) Senado de la República por la circunscripción Nacional, y con base en ese nuevo escrutinio se efectúe la declaración de elección de quienes deben ocupar las cúrules (sic) de la Senado de la República que constitucionalmente corresponden”.

11.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. Durante los escrutinios departamentales se presentaron reclamaciones solicitando recuentos, correcciones aritméticas e incluso exclusión de mesas, especialmente en el departamento del Chocó.

3. De acuerdo al Acto Legislativo 1 de 2009, el Consejo Nacional Electoral dispuso la revisión de los resultados electorales en todo el territorio nacional tanto para Cámara de Representantes como para el Senado de la República.

4. Los testigos electorales, candidatos y apoderados siguieron los procedimientos previstos en el Código Electoral.

5. Por reparto conoció de reclamaciones y solitudes de revisión en el departamento del Chocó, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, doctor Ciro Muñoz Oñate.

6. Con base en la Resolución 754 de 2010, la Sala Unitaria a cargo del magistrado Ciro Muñoz Oñate dictó las resoluciones 646, 697A, y 731 de 2010, y ordenó trasladar la totalidad de los documentos electorales de las mesas, incluidos los tarjetones y formularios E-2, E-10, E-11, E-12, E-14, E-17, E-19, E-20, E-24 y E-26 del departamento de Chocó, para que el Consejo Nacional Electoral asumiera el conocimiento directo de los escrutinios de los siguientes municipios: Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Certegui, Condoto, El Cantón del San Pablo, El Carmen, El Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó (Puerto Meluk), Medio San Juan, Novita, Nuquí, Quibdó, Río Iro, Río Quito (Paimadó), Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía y Unión Panamericana.

7. El magistrado Muñoz se apoyó en la revisión que desarrolló el magistrado Vives frente a la Cámara de Representantes del departamento de Chocó, para efectuar su propia revisión en asuntos que fueran de común afectación.

8. La Sala Unitaria del magistrado Muñoz y la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, excluyeron un número importante de mesas y ordenaron la corrección de la votación en varios municipios del departamento del Chocó, por existir aumentos de votación injustificados entre los formularios E-14 y el E-24 municipal, a favor de algunos candidatos.

9. El Consejo Nacional Electoral se abstuvo de aplicar similar decisión respecto de otras mesas que decretó revisar y que se ajustaban al protocolo de revisión, a pesar de la evidente existencia de irregularidades.

10. Terminada la revisión, sin que se verificara la totalidad de las inconsistencias encontradas en las mesas de votación, el Consejo Nacional Electoral dictó un cúmulo de resoluciones respecto al departamento de Chocó y luego expidió la Resolución 1787 de 2010.

11. Dentro de los términos previstos, se adelantó el escrutinio zonal y distrital de Bogotá y se presentaron reclamaciones por inconsistencias y errores en mesas de votación, se solicitó recuento de votos, correcciones aritméticas e incluso la exclusión de algunas mesas, sin embargo nada fue concedido por la Comisión Escrutadora Distrital.

12. Conforme al Código Electoral y concluido el escrutinio, “…se concedieron un enorme número de recursos de apelación presentados contra decisiones tomadas por esa Comisión Distrital,…”.

13. La Comisión Escrutadora Distrital envió al Consejo Nacional Electoral su escrutinio y los recursos para que resolviera de fondo, sin haber permitido que actuara la Comisión Escrutadora General (C.E., art. 175), esto vulneró el debido proceso administrativo electoral y, por ende, el escrutinio de Bogotá quedó inconcluso. Además, la pretermisión de esa impidió la oportunidad de presentar reclamaciones por primera vez.

14. En Bogotá, un gran número de pliegos electorales fueron entregados e ingresados al arca triclave de manera extemporánea, lo que conllevaría a ser excluidos del cómputo final de votos.

15. En varios municipios se encontraron diferencias injustificadas entre los formularios electorales E-14 y E-24.

11.3. Normas violadas y concepto de violación(45).

El demandante invocó como vulnerados los artículos 4º, 13, 29 y 40 de la Constitución Política; artículos 4º y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009; artículos 1º, 2º, 3º, 223 causal 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo; los artículos 1º, 2º, 7º, 144, y 184 del Código Electoral, artículo 10 de la Resolución 552 de 2010 y la Resolución 754 de 2010.

En un capítulo que el actor llamó “Cuestión Previa” sostiene que el requisito de procedibilidad no se debe acreditar cuando la autoridad administrativa electoral ordena la revisión oficiosa de documentos electorales, como así ocurrió para el departamento del Chocó, donde el Consejo Nacional Electoral decretó la revisión oficiosa de los escrutinios mediante las resoluciones 646, 660, 697A y 731, por irregularidades y anomalías presentadas en dicha circunscripción electoral.

Primer cargo: Violación al debido proceso. Lo concreta en que la Sala Unitaria del magistrado Ciro Muñoz y la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, dieron “trato subjetivo” a las peticiones de revisión que se presentaron en el departamento del Chocó frente a otros departamentos, y se abstuvo de aplicar los resultados que su misma revisión arrojó respecto de las mesas(46) de votación señaladas oficiosamente, de las que se identificaron irregularidades e inconsistencias en el ejercicio de confrontación de los E-11, E-14 y E-24 entre otros, con lo cual violó el protocolo implementado con la Resolución 754 de 2010 del Consejo Nacional Electoral.

Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral alteró el orden legal preestablecido en las normas electorales, porque al no realizar los escrutinios generales para Senado en el Distrito Capital, cercenó una de las etapas que puede ser usada por cualquier interesado para formular reclamaciones electorales por primera vez y para que la comisión escrutadora general resolviera las apelaciones que venían interpuestas ante las comisiones distritales.

Solicita se tenga en cuenta como prueba trasladada, todo lo aportado en el proceso 2010-0056, el cual cursa en el despacho del doctor Filemón Jiménez.

Segundo cargo: El acta de escrutinio para Senado Nacional es nula por cuanto se presentan elementos apócrifos que sirvieron para su formación (CCA, art. 223.2). Precisó que en el departamento del Chocó y en el Distrito Capital se detallaron mesas de votación por zona y puesto(47) que contienen diferencias entre los E-14 y los E-24, que evidencian incremento sustancial e injustificado en los votos obtenidos por candidatos al Senado de la República, esto conlleva alteración de la verdad electoral que vicia de nulidad el acta de escrutinio de las comisiones escrutadoras, pues contiene información falsa o apócrifa.

Luego de hacer algunas consideraciones sobre esta causal de nulidad, referida a falsedad en documentos electorales, y citar algunas providencias proferidas por el Consejo de Estado(48) alusivas al tema, precisó que deben sanearse los errores aritméticos denunciados ante el Consejo Nacional Electoral cotejando y verificando de forma física los formularios E-14 con los E-24 y los E-26, ya que estos elementos falsos o apócrifos, conducen a la nulidad del acto de elección demandado con fundamento en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo y a la realización de un nuevo escrutinio porque las irregularidades que se presentaron tienen la entidad suficiente para alterar el resultado final de la elección.

Tercer cargo(49): Violación de los derechos políticos por virtud del acto demandado. Luego de hablar del contenido y alcance del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, adujo el demandante que la violación se materializa en que el Consejo Nacional Electoral se abstuvo “…de efectuar de manera plena todas y cada una de las modificaciones que se evidenciaban en el comparativo entre los E-14 y los E-24 para Senado, correspondientes a varios municipios del país, pese a que habían sido determinadas en revisión dentro de la oportunidad correspondiente,…”, esto vulneró el derecho fundamental de los candidatos a una votación válida y real y de los electores a que su decisión no sufra ninguna alteración.

Cuarto cargo(50): Violación al régimen electoral. Con base en lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del Código Electoral, afirma que el Consejo Nacional Electoral violó los principios de imparcialidad, eficacia del voto y proporcionalidad, por cuanto no revisó la totalidad de las mesas y computó los votos registrados en los formularios E-24 municipal y departamental y E-26 nacional, a pesar de no coincidir con los resultados consignados en el E-14, situación que logro alterar la expresión espontánea y auténtica de los ciudadanos y obliga a restarle validez al acto demandado.

Quinto cargo(51): Existe suplantación de electores y falsedad en los formularios E-11, en mesas relacionadas con Senado de la República. Después de hacer algunas apreciaciones sobre el formulario E-11 y sobre la suplantación, solicitó frente a las mesas que relaciona en el “anexo adjunto”(52), la exclusión del escrutinio por violación directa al artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que carecen del E-11, se encuentran irregularmente diligenciados o mutilados, y porque adolecen de suplantación de electores, lo cual afecta la validez de los resultados de cada una de esas mesas de votación.

Sexto cargo(53): Hubo extemporaneidad en la entrega e ingreso de los pliegos electorales a las arcas triclave, que afecta la validez de los registros electorales. El formulario E-17 no registró la hora cierta de la entrega de los pliegos electorales por parte del presidente de la mesa de votación al delegado del registrador, ya que la casilla prevista para dar certeza sobre dicho tiempo está sin diligenciar, lo que no permitió tener certeza de su ingreso en los tiempos previstos en la norma. Tampoco reposa constancia de las autoridades electorales sobre las razones que impidieron el registro exacto de la hora de ingreso o de entrega, con lo cual se descarta que haya habido eximente de responsabilidad. Situación con la cual se configuró la causal de reclamación prevista en el numeral 7º del artículo 192 del Código Electoral.

11.4. Contestación.

Se guardó silencio.

12. Proceso electoral 201000083 del Partido Conservador Colombiano.

12.1. Pretensiones(54).

Con la demanda se pidió:

“PRIMERO: Declarar nulo el Acto Administrativo contenido en la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral, luego de los comicios realizados el pasado 14 de marzo de 2010, estableció el umbral, determinó la cifra repartidora, hizo la adjudicación de curules a los partidos que tuvieron una votación que superó el umbral y declaró elegidos a los Senadores de la Republica (sic), para el período Constitucional 2010-2014, y ordenó la expedición de las respectivas credenciales, limitando la anulación a lo que tiene que ver con la votación del Partido de Integración Nacional PIN que ascendió a un total de 892.720 votos, lo cual le otorgó aparentemente el derecho a la adjudicación de 9 curules para el Partido de Integración Nacional, PIN, lista inscrita con voto preferente y en la cual resultó irregularmente electo en la curul 9 el señor Edgar Espíndola Niño candidato del Partido de Integración Nacional “PIN”, como consecuencia, se reitera de una cifra repartidora calculada sobre la base de una mayor votación que aparentemente le dio la novena curul al PIN.

SEGUNDO: Declarar nulos los actos administrativos contenidos en las resoluciones que a continuación se relacionan:

Resolución 1342 del 24 de junio de 2010…

Resolución 1344 del 24 de junio de 2010…

Resolución 1345 del 24 de junio de 2010…

Resolución 1349 del 24 de junio de 2010…

Resolución 1405 del 29 de junio de 2010…

Resolución 1406 del 29 de junio de 2010…

Resolución 1459 del 02 de julio de 2010…

Resolución 1520 del 07 de julio de 2010…

Resolución 1775 del 17 de julio de 2010…

Resolución 1780 del 18 de julio de 2010…

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración ordenar la cancelación de la credencial que acredita al señor Edgar Espíndola Niño, candidato del Partido de Integración Nacional “PIN” como Senador de la República, para el período constitucional ordinario 2010-2014, y en su lugar a partir de los hechos y pruebas que se aportan al presente escrito de nulidad electoral, se determine una nueva cifra repartidora, y en virtud de ella, se le otorgue una nueva curul, al número veintitrés (23) al Partido Conservador Colombiano.

CUARTO: Se ordene y practique judicialmente por el honorable Consejo de Estado un nuevo escrutinio de los votos sufragados en la lista con voto preferente por los candidatos del Partido de Integración Nacional “PIN” a que hace referencia el cargo uno de esta demanda, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Caqueta (sic), Cauca, Chocó (sic), Cordoba (sic), Huila, Nariño, Sucre, Caldas, Tolima, Norte de Santander, Bogotá D.C (sic), Cundinamarca, Risaralda, Quindio (sic), Cesar, Magdalena, La Guajira, Meta, Antioquia, Atlántico (sic) y Santander a partir de los formularios E-14 de delegados (acta de escrutinio de los jurados de votación), circunscribiendo el escrutinio a los municipios, zonas, puestos y mesas de votación que se indican en el cuerpo de esta demanda.

QUINTO: Determinar el nuevo umbral y la Cifra Repartidora a fin de adjudicar las curules a las que los partidos tienen derecho, en especial las que le corresponden al Partido Conservador Colombiano.

SEXTO: Hacer la nueva declaratoria de elección de Senado de la República para el período constitucional 2010-2014”.

12.2. Fundamentos de hecho(55).

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. Para las elecciones del 14 de marzo de 2010 se inscribió como candidato del PIN el señor Edgar Espíndola Niño, entre otros.

2. Las comisiones escrutadores realizaron los escrutinios con base en los E-14 claveros y posteriormente se consolidaron los E-24.

3. En los puestos y mesas que se especifican en el “Cargo Primero”, y que posteriormente se reflejaron en el E-24, se registraron votos a favor del señor Edgar Espíndola Niño y de los demás candidatos del PIN, que realmente no fueron depositados en las urnas, por lo que los datos de los citados documentos son falsos o apócrifos y por consiguiente los E-26 que se basaron en aquellos también.

4. Con fundamento en las resoluciones 552 de 2010 y 754 de 2010 el Consejo Nacional Electoral adelantó un proceso de revisión como consecuencia de denuncias entre las que se encontraban las del Partido Conservador Colombiano.

5. En el proceso de revisión se distribuyeron las distintas circunscripciones electorales del país entre los miembros del Consejo Nacional Electoral (ver fl. 64).

6. El Partido Conservador luego de realizar una auditoría, solicitó revisión de la votación registrada a los candidatos del PIN, por haber encontrado diferencias entre los formularios E-14 delegados y los formularios E-24, sin que hubiera justificación en el acta general de escrutinio zonal o municipal, considerando que se deben retrotraer las cantidades a los votos que aparecían en los formularios E-14 delegados.

7. El formulario E-14 delegados fue el que se digitalizó y se público en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y con base en él se deben establecer las irregularidades.

8. El formulario E-14 clavero fue el utilizado para realizar el escrutinio.

9. En el proceso de revisión, alguno magistrados siguieron el protocolo fijado en la Resolución 754 de 2010, otros se apartaron del mismo y algunos no realizaron el procedimiento como lo fue para el caso de las solicitudes presentadas por el Partido Conservador Colombiano, con lo que se frustró la posibilidad de demostrar en esa instancia las irregularidades encontradas.

10. En la revisión se pudo establecer que los dos ejemplares del formulario E-14 (claveros y delegados) contenían información distinta a favor de algunos candidatos.

11. En múltiples municipios del país se presentaron recuentos injustificados, esto se dio de manera ilegal y generalizada. Estas actuaciones llevaron al Consejo Nacional Electoral a concluir que se había procedido por fuera de la ley, que las razones para los recuentos no fueron legales, que no se cumplió con los procedimientos y que se presentó un desbordamiento de facultades, para lo cual citó a manera de ejemplo apartes de la Resolución 1271 del 17 de junio de 2010 del Consejo Nacional Electoral.

12. En muchos casos las comisiones escrutadoras modificaron el número de votos registrado en el formulario E-14, sin existir razón legal de por medio.

13. En otros casos se encontró en el acta general una nota que decía “Mesa recontada” como justificación para realizar múltiples cambios.

14. Con fundamento en cambios irregulares las comisiones escrutadoras consignaron cifras falsas en los formularios E24 y E26.

15. En las actas de escrutinio las comisiones escrutadoras consignaron valores superiores a los realmente depositados por los ciudadanos a favor de los candidatos del PIN.

16. Con fundamento en los documentos citados en el hecho anterior se consolidó la información de municipios, incluyendo lógicamente votos falsamente materializados.

17. El acta general de escrutinio para Senado circunscripción nacional (E-26) sirvió de soporte para determinar el umbral electoral, la cifra repartidora y las curules. Esto se materializó en la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010.

18. En el acta general de escrutinio para Senado de la República se consignaron cifras superiores a las depositadas por los ciudadanos en las urnas a favor de los candidatos del PIN. Esta irregularidad fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral por el Partido Conservador, pero los departamentos, municipios, zonas, puestos y mesas denunciados no fueron objeto de revisión.

19. Con fundamento en los hechos se concluye que la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010 es nula dado que la cantidad de votos depositados por los candidatos del PIN, que sirvió de soporte al acto administrativo, no correspondió a la verdad electoral y se basó en documentos electorales falsos o por lo menos apócrifos.

12.3. Normas violadas y concepto de la violación(56).

De la Constitución Política el artículo 265; y, del Código Contencioso Administrativo, los artículos 223 causal 2ª y 227.

Cargo único: Diferencias injustificadas entre las actas de escrutinio del jurado de votación (formulario E-14 delegados) y el formulario E-24, en favor de los candidatos del Partido de Integración Nacional, PIN. Calificó de falsos o apócrifos los formularios E-24 en los que se consignaron cifras distintas a las registradas por los jurados en los formularios E-14 delegados; con esta irregularidad se favoreció a los candidatos del PIN, puesto que se les aumentó injustificadamente la votación. Destacó que las irregularidades fueron oportunamente denunciadas ante el Consejo Nacional Electoral, pero este no realizó la revisión correspondiente.

Puntualizó así los departamentos en los cuales se presentaron irregularidades diciendo que en las mesas citadas la votación consignada por los jurados en el formulario E-14 delegados para el PIN es aumentada sin justificación en el escrutinio zonal o municipal:

1. Departamento del Amazonas: (ver cuadros en fls. 530 a 531).

2. Departamento de Antioquia: (ver cuadros en fls. 532 a 575).

3. Departamento de Arauca: (ver cuadros en fls. 575 a 586).

4. Departamento de Atlántico: (ver cuadros en fls. 586 a 638).

5. Bogotá D.C.: (ver cuadros en fls. 638 a 641).

6. Departamento de Bolívar: (ver cuadros en fls. 641 a 666).

7. Departamento de Boyacá: (ver cuadros en fls. 667 a 680).

8. Departamento de Caldas: (ver cuadros en fls. 680 a 687).

9. Departamento de Caquetá: (ver cuadros en fls. 688 a 695).

10. Departamento del Cauca: (ver cuadros en fls. 696 a 708).

11. Departamento del Chocó: (ver cuadros en fls. 708 a 723).

12. Departamento de Córdoba: (ver cuadros en fls. 723 a 756).

13. Departamento de Cundinamarca: (ver cuadros en fls. 757 a 759).

14. Departamento del Huila: (ver cuadros en fls. 760 a 767).

15. Departamento de Magdalena: (ver cuadros en fls. 767 a 846).

16. Departamento de Nariño: (ver cuadros en fls. 846 a 861).

17. Departamento de Sucre: (ver cuadros en fls. 861 a 887)

18. Departamento del Tolima: (ver cuadros en fls. 888 a 894).

19. Departamento del Meta: (ver cuadros en fls. 894 a 902).

20. Departamento del Valle del Cauca: (ver cuadros en fls. 902 a 976).

21. Departamento de Norte de Santander: (ver cuadros en fls. 976 a 985).

22. Departamento del Quindío: (ver cuadros en fls. 985 a 990).

23. Departamento de Santander: (ver cuadros en fls. 991 a 1021).

24. Departamento de la Guajira: (ver cuadros en fls. 1021 a 1044).

Al finalizar cada cuadro de los departamentos ya mencionados, el actor sostuvo que las irregularidades fueron puestas en conocimiento al Consejo Nacional Electoral, pero estas no fueron atendidas, estudiadas o resueltas, con lo que violó el artículo 265 numeral 4º de la Constitución y los artículos 223 numeral 2º y 227 del Código Contencioso Administrativo, lo que permitió dejar en el escrutinio cantidades falsas o apócrifas, ya que los verdaderos votos del PIN son inferiores a los registrados en los E-24 y E-26. Las diferencias acusadas arrojan un total de 31.802 votos indebidamente aumentados al citado partido político.

Haciendo un solo análisis del concepto de violación, expuso que el rechazo in limine de las solicitudes de revisión permitió que se mantuvieran en firme falsedades en los escrutinios, destacó que las peticiones se encontraban correctamente fundamentadas, razón por la cual fue inexplicable el rechazo o no estudio de las mismas. En cuanto al artículo 265 numeral 4º de la Constitución destacó que este no exige que los requerimientos se presentaran en los escrutinios, por lo que el Consejo Nacional Electoral debió proceder a la revisión pretendida y no a una aleatoria como en realidad se dio, o la no revisión. Reprochó que al estar clara la obligación constitucional del Consejo Nacional Electoral de revisar los escrutinios y documentos electorales cuando se demuestran irregularidades, se hubiere actuado de la manera en que se hizo y se hubieren contabilizado esos votos falsos en el escrutinio nacional.

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral en algunos casos como en Norte de Santander ordenaron la revisión de 26 mesas por existir 243 votos injustificados y tan solo los documentos de 2 mesas fueron enviados por los delegados del Registrador Nacional, por lo que se limitó a la revisión de éstas y con el resto de mesas nada pasó (Res. 1703/2010). En estas razones basó su solicitud de declaratoria de nulidad y de práctica de nuevos escrutinios en aras de establecer la verdad electoral.

Pese a que las solicitudes de revisión presentadas eran serias, documentadas y demostradas frente a que las variaciones en las votaciones se hicieron de manera irregular, los magistrados del Consejo Nacional Electoral las rechazaron. Arguyó además que algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral no tuvieron en cuenta las irregularidades descubiertas por sus pares a título de indicio, lo que suponía que entraran a revisar mesas del departamento que les había correspondido.

En cuanto a los formularios E-14 transcribió el artículo 142 del Código Electoral y argumentó que los dos ejemplares de éste deben ser iguales, pero que en múltiples casos esto no fue así, motivo por el cual los jurados incumplieron su deber al suscribirlos, lo que lleva a darle prevalencia a los valores contenidos en el formulario E-14 delegados, que fue el documento escaneado el mismo día de la votación, y que por ello no estuvo sujeto a manipulación (Citó la Res. 1661/2010 como ejemplo).

Dadas las múltiples inconsistencias enunciadas en los formularios E-14 claveros, insiste en la mayor fuerza probatoria del formulario E-14 delegados.

En cuanto a la falsedad por lo que denominó recuento ilegal, indiscriminado y generalizado, manifestó que con ello se cometió falsedad, ya que abrió la puerta para incluir cifras distintas y superiores a las verdaderamente registradas por los jurados en las mesas, lo cual hace falsos los formularios E-24 y E-26.

Transcribió los artículos 163 y 164 del Código Electoral para exponer en qué casos procedían los recuentos de votos y que de no darse las causales, el escrutinio debía hacerse con base en las actas de los jurados de votación.

Dijo que en los escrutinios para Senado de la República se reflejó que las comisiones escrutadoras se inventaron causales de reclamación y procedieron a realizar un recuento generalizado, ilegal e improcedente de votos configurándose una desviación de poder (Transcribió apartes de sentencias y doctrina para justificar su planteamiento - Ver fls. 1060 a 1064).

Concluyó que la posibilidad de recuento de votos de una mesa, es reglada por ley y de no hacerlo bajo estos parámetros se configuraría una desviación de poder, y como consecuencia de ello lo consignado en el E-24 sería falso o apócrifo.

Reprochó el actuar irregular de las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales y municipales que realizaron recuentos por fuera de la Ley, para inventar causales a fin de consignar en el formulario E-24 guarismos distintos a los del formulario E-14, con miras a modificar la verdad electoral y así favorecer a los candidatos del PIN. Adujó que el Consejo Nacional Electoral abordó el tema tratado anteriormente sólo en Lloró - Chocó (citó Res. 1271/2010, CNE, fl. 1067.).

Por último, manifestó que habiéndose demostrado las falsedades cometidas por las comisiones escrutadoras se debe proceder a decretar la nulidad de la Resolución 1787 de julio 18 del 2010, establecer el umbral, determinar la cifra repartidora y adjudicar las curules de acuerdo con esos datos.

12.4. Contestación de la demanda(57).

El apoderado judicial del señor Álvaro Hernán Caicedo Escobar, representante legal del PIN, y del Senador Edgar Espíndola Niño, dio respuesta a la demanda en los siguientes términos:

Solicitaron fueran despachadas desfavorablemente las pretensiones de la demanda, negando la declaratoria de nulidad de la Resolución 1787 de 2010 y la solicitud de cancelación de la credencial del Senador Espíndola.

Argumentos previos:

Se está pretendiendo el restablecimiento de derechos subjetivos o particulares: Manifestó que teniendo en cuenta pronunciamientos de esta corporación se puede destacar que la demanda electoral no puede buscar el restablecimiento de derechos subjetivos de particulares, sino que debe buscar la prevalencia de la legalidad de los actos electorales.

Desconocimiento del principio de justicia rogada y violación del derecho de defensa: Reprochó que en la demanda se hablara de diferencias entre los formularios E-14 delegados y E-14 claveros, pero que no se determinara en detalle cuáles son los casos y si se presentaron reclamaciones por esos hechos. Además, calificó de falta de claridad el cargo.

Destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado no ha admitido que se hagan señalamientos vagos e imprecisos como los elevados por el demandante cuando mencionó que se habían presentado un número considerable de casos en los que se consignaron en el formulario E-14 claveros cifras distintas y superiores a las registradas en el formulario E-14 delegados. Consideró que si se admiten como sustento de los cargos manifestaciones vagas se estaría contradiciendo el principio de justicia rogada que es una característica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y se estaría atentando contra el derecho de defensa, pues las imputaciones indefinidas impiden al sujeto pasivo ejercer debidamente su derecho de contradicción pues vendría a entender las acusaciones con el fallo.

Insistió en que el accionante no determinó en la demanda ni en sus anexos cuáles fueron los casos de diferencia entre los dos ejemplares del formulario E-14, y esta omisión, según la jurisprudencia de esta corporación, conlleva a que necesariamente se declare la improsperidad del cargo.

Caducidad parcial de la acción: El punto segundo del escrito de corrección de la demanda introdujo la solicitud de declaratoria de nulidad de actos administrativos que no habían sido mencionados en el escrito inicial de demanda. Explicó que de acuerdo con la fecha en la cual fue notificado el acto de elección de Senado la caducidad para ejercer la acción de nulidad electoral se configuró el 18 de agosto de 2010, y que como se pudo observar la corrección de la demandase radicó el 14 de septiembre de 2010 cuando ya había caducado la acción electoral.

Apoyado en la jurisprudencia del Consejo de Estado(58) expuso que la corrección de la demanda globalmente considerada debe cumplir con los parámetros temporales del artículo 230 del Código Contencioso Administrativo, pero cuando se advierte que la corrección de la demanda abarca elementos que representan una adición en aspectos como i) las pretensiones ii) la causa petendi iii) las partes o iv) los cargos, no se debe tener en cuenta únicamente el cumplimiento de lo prescrito por el artículo 230 sino también el término de caducidad de la acción. Destacó que las modificaciones introducidas en las pretensiones para corregir la demanda se efectuaron cuando la acción se encontraba caducada, por lo que únicamente deben ser estudiadas las presentadas en tiempo.

Se demanda basándose en causales de reclamación y no de nulidad: Consideró que la demanda se fundamenta en la existencia de errores aritméticos expuestos durante el escrutinio; destacó que los errores aritméticos deben alegarse como causales de reclamación ante las autoridades electorales pues no tienen la categoría de configurar causales de nulidad electoral; manifestó que el juez sólo puede ocuparse de estudiar los casos cuando se demande el acto administrativo que decidió las reclamaciones junto con el acto de elección.

Transcribió jurisprudencia de apoyo(59), con base en la cual explicó que sólo puede ocuparse la jurisdicción de las causales de reclamación del artículo 192 cuando en la demanda se impugnen, junto con el acto de elección, los actos administrativos que para decidir las reclamaciones hubieran expedido las comisiones escrutadoras, una vez agotado en debida forma el trámite administrativo.

Improcedencia de la acción por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad: Consideró que el demandante confundió el requisito de procedibilidad de orden constitucional, que es para los casos de revisión, con el requisito de procedibilidad en cuanto a las reclamaciones previstas en el artículo 192 del Código Electoral. Destacó que en la demanda no se encuentra probado el cumplimiento del presupuesto procesal de procedibilidad dado que no se dio el agotamiento en presencia de las causales objetivas de nulidad fundadas en irregularidades en el proceso de elección o en el escrutinio, tal como lo dispone la norma constitucional.

Explicó que con la omisión del presupuesto procesal referido, el Magistrado no puede admitir la demanda o su corrección y está impedido para poder estudiar el fondo del asunto. Agregó que en caso de que por inadvertencia se admitiera la demanda que no reúne los requisitos, de todas formas al momento del fallo debe nuevamente hacerse el examen para determinar si se puede estudiar el negocio siendo allí en donde se debe declarar que no se cumplió con este requisito.

Argumentos de fondo:

Mención de los hechos y razones de defensa: Se opuso a los hechos 3, 6, 7, 9, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 de la demanda y expuso inicialmente la sentencia acumulada contra Senado de la República del Consejo de Estado, Sección Quinta. Radicación 2006-00115, para referirse a la incongruencia entre los formularios de jurados y comisiones escrutadoras.

Dijo que el accionante no probó que se hayan alterado las cifras de los formularios E-24, pues reprocha que no se analizó debidamente lo sucedido durante los escrutinios, dado que las diferencias que se presentan obedecen y tienen justificación en el recuentos de votos que omitió analizar, según el actor no tienen justificación 31.802, pero esto según lo anterior se reduce a 9.621 votos respecto de los casos cuestionados con la corrección de la demanda.

Mencionó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado (no especifica cuál), está claro que los boletines electorales y las publicaciones que hace la Registraduría no tienen la calidad de documentos electorales dado su carácter meramente informativo y como estos actos no sirvieron de fundamento para la formación de las actas de escrutinio, no puede aducirse como causal de nulidad la falta de congruencia entre ellos y los resultados electorales registrados en los formularios oficiales.

Expuso que de las resoluciones demandadas en el punto segundo de la acción, omitió el actor la inclusión de varios departamentos que aparecen efectivamente en el mismo numeral del escrito de corrección.

Reseñó que en la demanda no se encuentra especificado de manera detallada en qué consistió la falsedad alegada, pues el actor omitió analizar los recuentos efectuados en las mesas que son los que justifican las diferencias. Calificó de temeraria e incoherente la acción dado que el actor realizó una simple comparación de datos consignados en formularios E-14 delegados y E-24 sin analizar las actas generales de escrutinio de cada municipio para encontrar la justificación de las diferencias acusadas.

Recordó lo expuesto por el Consejo de Estado, quien ha explicado que la discordancia entre las cifras de los formularios E-14 y E-24, por sí sola no constituye una falsedad, dado que puede ocurrir que la misma haya tenido origen en la prosperidad de una reclamación, en el recuento de votos o en correcciones oficiosas por parte de las comisiones escrutadoras, eventos en los cuales se deja constancia en el acta general de escrutinio.

Luego de analizar las resoluciones 1342, 1344, 1345, 1349, 1405, 1406, 1459, 1520, 1775 y 1780 de 2010, expuso que éstas son claras y contundentes al contener la realidad de lo sucedido y que se concreta en que el actor no agotó en debida forma el trámite administrativo de las reclamaciones y revisiones. Acusó a su contraparte de actuar con extemporaneidad dado que ignoró las etapas del proceso de escrutinio en las que procedía la interposición y decisión de las reclamaciones y revisiones electorales.

En cuanto a la Resolución 754 de 2010 expedida por el Consejo Nacional Electoral manifestó que es aplicable la excepción de inconstitucionalidad, por cuanto configuró clara extralimitación de poder, toda vez que se introdujeron normas regulando temas para los cuales no existía competencia alguna.

En cuanto al proceso de escrutinio previsto en el Código Electoral destacó que se encuentra gobernado por el principio de eventualidad o de la preclusión y que cada etapa cumplida adquiere firmeza sin que el escrutador superior pueda remontarse a lo que fue competencia del inferior para efectuar modificaciones.

13. Proceso electoral 201000084 de Lidio Arturo García Turbay.

13.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió(60):

“1. Que se declare la nulidad de la Resolución 1704 expedida el día 15 de julio de 2010 por la Nación - Consejo Nacional Electoral que ordena modificar los formularios E24 y E26 en el departamento de Bolívar, lo que perjudicó al demandante y favoreció al hoy senador Guillermo García Realpe(61).

2. Que se declare la nulidad de la Resolución 1767 expedida el 17 de julio de 2010 por la Nación - Consejo Nacional Electoral que confirmó en todas sus partes la resolución (sic) Nº 1704 de 15 de julio de 2010 antes identificada(62).

3. Que se declare la nulidad de la Resolución 1780 expedida por la Nación - Consejo Nacional Electoral el día 18 de julio de 2010 “por la cual el Consejo Nacional Electoral se abstiene de tramitar unas solicitudes del examen (sic) del proceso de votación y escrutinios por presuntas irregularidades que constituirían causales de nulidad, presentadas como requisito de procedibilidad…(63).

4. Se declare la nulidad del acto administrativo o Resolución 1787 expedido por la Nación (sic) por medio del Consejo Nacional Electoral el día 18 de julio de 2010 en lo relativo a la declaración de la elección de los Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014 con apoyo en la votación impugnada por acción o por omisión en esta demanda(64).

5. Que se cancele la credencial de Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014 a aquellas personas declaradas elegidas por la Organización Electoral Colombiana - Consejo Nacional Electoral, con apoyo o con la contabilización de la votación impugnada en esta demanda como falsa o espurio o ilegitima(65).

6. También como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos demandados, que se ordene la práctica de un nuevo escrutinio con base en los formularios electorales E-14CA (ejemplar claveros) puros y sin manchas depositados por los electores a sus candidatos para Senado de la República período constitucional 2010-2014, y con los E-24 hechos con base en las actas de escrutinio municipales o zonales que modificaron algunos E-14, o sea, con aquellos que no se declaren afectados de nulidad por fraude, falsedad o apocrificidad, en virtud del presente juicio e incluyendo al total de los votos obtenidos por Lidio Arturo Garcia (sic) Turbay aquellos no computados por el Consejo Nacional Electoral sin causa legal alguna que relaciono a continuación:… (ver mesas fls. 439-441).

6. (sic) Así mismo en la práctica del nuevo escrutinio con base en los formularios electorales E-14CA (ejemplar Claveros), puros y sin manchas depositados por los electores a sus candidatos para Senado de la República para el período constitucional 2010-2014, deberán excluirse 129 votos contabilizados fraudulentamente por el Consejo Nacional Electoral a Guillermo García Realpe que relaciono a continuación:… (ver mesas fl. 441).

7. Que por el resultado del nuevo escrutinio, en la audiencia correspondiente se declaren elegidos como Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014 y se expidan las credenciales respectivas a quienes obtengan tal derecho.

8. Que se de (sic) aviso de la nulidad del acto electoral y del nuevo resultado del escrutinio judicial al Consejo Nacional Electoral, al señor Registrador Nacional del Estado Civil, al presidente del Consejo Electoral (sic) y al señor Ministro del Interior y de Justicia, para lo pertinente, de acuerdo con la ley (sic)”.

13.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para integrar el Congreso de la República.

2. Lidio Arturo García Turbay se inscribió como aspirante al Senado de la República, como candidato 30 por el Partido Liberal Colombiano, en la misma lista también se inscribió Guillermo García Realpe a quien le correspondió el Nº 20.

3. En varios escrutinios municipales (Bolívar, Cesar y Nariño) se presentaron falsedades que modificaron los resultados electorales, ya que sumaron votos a Guillermo García Realpe y en contraste no contabilizaron los votos obtenidos por Lidio Arturo García Turbay.

4. En el consolidado de resultados del 19 de mayo de 2010 expedido por el Consejo Nacional Electoral Lidio García registraba a su favor 37.414 votos y Guillermo García 35.814 habiendo una diferencia entre ellos de 1.600 sufragios.

5. Por medio de la Resolución 663 de 2010 el Consejo Nacional Electoral asumió directamente la realización del escrutinio municipal de Magangué.

6. Mediante Auto de 11 de junio de 2010, el señor Pablo Emilio Gil de la Hoz, en su calidad de magistrado, escogió 723 mesas para realizar una revisión incluyendo las reclamaciones hechas por Guillermo García Realpe y otros candidatos de los municipios de Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Cantagallo, Cartagena, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, el Guamo, Hatillo de Loba, Mahates, Margarita, María la Baja, Mompós, Montecristo, Morales, Pinillos, San Cristóbal, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa Sur, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo, Turbaco, Turbaná y Villanueva.

7. Lidio Arturo García presentó distintas reclamaciones el 28 de junio de 2010, respecto de mesas ubicadas en distintos municipios de Nariño, de lo que resalta 24 mesas ubicadas en Pasto, Ipiales y Tumaco, que el Consejo Nacional Electoral no revisó argumentando falta de tiempo violando el derecho a la igualdad en relación con otros candidatos. Por lo anterior, el actor presentó tutela que fue fallada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, quien ordenó al Consejo Nacional Electoral efectuar las revisiones solicitadas dentro de las 18 horas siguientes si fuera pertinente.

8. De lo expuesto se evidencia que el proceso de escrutinio se realizó apartándose de lo reglado en las resoluciones 552 de 2010 y 754 de 2010.

9. El Consejo Nacional Electoral con la Resolución 1704 de 2010 modificó los formularios E-24 y E-26 del departamento de Bolívar y con ello lesionó los intereses del señor García Turbay al restarle votos, situación esta que fue suficiente para que la credencial de Senador le fuera otorgada a Guillermo García Realpe. Esta resolución fue impugnada y posteriormente confirmada mediante la Resolución 1767 de 2010.

10. En el municipio de Aguachica departamento del Cesar, Lidio Arturo García después de estar estructurados los formularios E-14, E-24 y E-26 registraba 239 votos, no obstante, con posterioridad le fueron descontados 34 votos sin justificación. Si bien la Resolución 661 ordenó la revisión de los documentos electorales en este municipio y la Resolución 1466 ordenó modificar los resultados electorales, en ningún momento se ordenó descontar votos a Lidio García Turbay.

11. La falsedad consistió en sumarle 151 votos en el E-24 a Guillermo García Realpe, votos que no tenían soporte en los formularios E-14 y que tampoco fueron consecuencia de modificaciones realizadas en el acta general de escrutinio del departamento de Nariño. La situación descrita ocurrió también en los municipios de San Jacinto —Bolívar y Chiriguaná— Cesar en donde se presentó incremento en la votación a favor del mencionado candidato en 23 y 11 votos respectivamente (ver mesas cuaderno principal fls. 445-455).

Departamento de Bolívar - El Carmen de Bolívar.

Zona 2, puesto 2, mesa 4…

Zona 2, puesto 2, mesa 6…

Departamento de Bolívar - María la Baja.

Zona 0, puesto 0, mesa 15…

Zona 99, puesto 14, mesa 2…

Departamento de Bolívar - San Jacinto.

Zona 00, puesto 00, mesa 38…

Zona 00, puesto 00, mesa 39…

Departamento de Bolívar - San Juan.

Zona 2, puesto 2, mesa 13…

Departamento de Bolívar - Sopla Viento.

Zona 00, puesto 00, mesa 2…

Departamento de Bolívar - San Jacinto del Cauca.

Zona 99, puesto 45, mesa 2…

Departamento de Bolívar - Córdoba.

Zona 99, puesto 80, mesa 1…

Departamento de Bolívar - Arroyo Hondo.

Zona 99, puesto 21, mesa 1…

Departamento de Bolívar - Cartagena.

Zona 6, puesto 2, mesa 35…

Zona 9, puesto 1, mesa 7…

Zona 10, puesto 1, mesa 2…

Zona 10, puesto 3, mesa 6…

Zona 11, puesto 1, mesa 8…

Zona 11, puesto 1, mesa 34…

Zona 14, puesto 1, mesa 47…

Zona 15, puesto 3, mesa 12…

Zona 15, puesto 3, mesa 33…

Zona 17, puesto 2, mesa 4…

Departamento de Bolívar - Santa Catalina.

Zona 99, puesto 21, mesa 4…

Departamento de Bolívar - Turbaco.

Zona 0, puesto 0, mesa 5…

Departamento de Bolívar - Santa Rosa.

Zona 0, puesto 0, mesa 15…

Zona 2, puesto 1, mesa 3…

Departamento del Cesar.

Zona 1, puesto 2, mesa 3…

Zona 1, puesto 2, mesa 11…

Zona 1, puesto 2, mesa 14…

Zona 1, puesto 3, mesa 1…

Zona 1, puesto 3, mesa 2…

Zona 1, puesto 3, mesa 6…

Zona 1, puesto 3, mesa 10…

Zona 1, puesto 3, mesa 11…

Zona 1, puesto 3, mesa 12…

Zona 1, puesto 3, mesa 13…

Zona 1, puesto 3, mesa 14…

Zona 2, puesto 1, mesa 10…

Zona 2, puesto 2, mesa 2…

Zona 2, puesto 3, mesa 15…

Zona 2, puesto 3, mesa 7…

Departamento de Nariño - Pasto.

Zona 2, puesto 1, mesa 9…

Zona 3, puesto 2, mesa 10…

Zona 5, puesto 1, mesa 1…

Zona 5, puesto 6, mesa 2…

Zona 5, puesto 6, mesa 6…

Departamento de Nariño - Tumaco.

Zona 1, puesto 1, mesa 5…

Zona 2, puesto 1, mesa 19…

Zona 2, puesto 2, mesa 19…

Zona 3, puesto 1, mesa 16…

Zona 3, puesto 2 mesa 4…

Zona 3, puesto 3, mesa 4…

Zona 90, puesto 1, mesa 8…

Zona 99, puesto 25, mesa 1…

Zona 99, puesto 30, mesa 2…

Zona 99, puesto 58, mesa 1…

Zona 99, puesto 59, mesa 3…

Zona 99, puesto 64, mesa 1…

Departamento de Nariño - Ipiales.

Zona 1, puesto 1, mesa 9…

Zona 1, puesto 3, mesa 10…

12. Por medio de la Resolución 1787 de 2010 el Consejo Nacional Electoral declaró elegido a Guillermo García Realpe como Senador de la República, pero si no se hubieran presentado las irregularidades denunciadas esa curul hubiera correspondido a Lidio Arturo García Turbay.

13. En la Resolución 1780 de 2010 quedó certificado el agotamiento del requisito de procedibilidad por parte del demandante entre otros.

13.3. Normas violadas y concepto de violación(66).

El demandante invocó como fundamentos normativos: Artículos 2º, 4º, 13, 29, 40 numeral 1º, 258, 265 de la Constitución Nacional; artículos 101, 134, 136, 142, 143, 163, 164, 189, 192 numerales 1º, 3º, 7, 11 y 193 del Código Electoral; artículos 84 y 223 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988; artículo 5º, numeral 2º de la Ley 163 de 1994; artículos 9º y 10 de la Resolución 552 de 2010 del Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral omitió su obligación de establecer criterios unánimes para tomar sus decisiones como órgano colegiado y en cambio configuró salas unitarias que tomaron decisiones contradictorias entre sí y contrarias a lo establecido en los artículos 101, 134, 136, 142, 143 (modificados por el artículo 11 de la Ley 62 de 1988) 163, 164, 189 y los numerales 1º, 3º, 7º, 11 del artículo 192 y 193 de la Ley 62 de 1988 por lo menos en lo que se refiere a los departamentos de Bolívar, Nariño y Cesar.

Con las decisiones tomadas se permitió el fraude electoral y se puso en estado de indefensión a los actores de las audiencias surtidas ante el Consejo Nacional Electoral. Este organismo, con Resolución 1704, confirmada mediante la Resolución 1767 de 2010, modificó los formularios electorales E-24 y E-26 del departamento de Bolívar, decisión que afectó a Lidio Arturo García Turbay puesto que le fueron restados 191 votos sin fundamento alguno, en cambio a Guillermo García Realpe le fueron asignados 23.

Igualmente por Resolución 1780 el Consejo Nacional Electoral declaró agotado el requisito de procedibilidad y se abstuvo de tramitar algunas solicitudes de revisión. Como resultado de lo anterior, en los nuevos formularios E-24 y E-26 del departamento de Nariño se advirtió que a Lidio Arturo García Turbay le restaron 95 votos, en cambio, a Guillermo García Realpe le fueron sumados 106 sin causa legal.

De otra parte, debido a la aplicación inadecuada del procedimiento se obtuvo que al candidato Lidio García Turbay no le fueron contabilizados 296 votos, mientras que a Guillermo García Realpe le fueron asignados 129 sin causa que lo justifique.

A juicio del actor las resoluciones 1704, 1767 y 1780 de 2010 fueron expedidas con violación del procedimiento establecido en el Código Electoral y en el protocolo de revisión; adolecen de la nulidad consagrada en el artículo 223, numeral 2º del Código Contencioso Administrativo, y son violatorias del artículo 29 Constitucional, cuya transgresión es causal de nulidad conforme lo establece el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

No obstante las situaciones en comento se procedió a efectuar la declaratoria de elección por medio de la Resolución 1787 de 2010 que tuvo sustento en las actas y formularios electorales que se acusan en este asunto de falsedad, y con ella la credencial de Senador que le fue otorgada a Guillermo García Realpe.

13.4. Contestación de la demanda.

13.4.1. Guillermo García Realpe.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y en cuanto a los hechos dijo: Son ciertos el primero y el segundo. No es cierto el tercero. No le consta el cuarto. El quinto es cierto, al igual que el sexto. El séptimo no le consta, y precisó que no es cierto que vía tutela se haya ordenado al Consejo Nacional Electoral efectuar las revisiones, por cuanto el derecho amparado al actor fue el de petición. En el octavo el actor confunde el proceso de escrutinio con el de revisión previsto en el numeral 4º del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El noveno no es cierto, toda vez que las decisiones que se tomaron por medio de la Resolución 1704 obedecieron a la corrección de errores encontrados en el proceso de revisión y a que toda la actuación se desplegó dentro del respeto a la garantía del debido proceso. En cuanto a la confirmación de esta decisión por medio de la Resolución 1767 de 2010 manifestó que es simplemente la insistencia por parte del Consejo Nacional Electoral en exponer que el procedimiento realizado respetó las garantías establecidas. El décimo no le consta, pero puntualizó que la Resolución 1466, por medio de la cual se ordenaron modificaciones al escrutinio realizado en el municipio de Aguachica, no fue objeto de solicitud de nulidad por parte del actor, y aclaró que el requisito de procedibilidad únicamente se agotó en cuanto al departamento de Bolívar, pues es del único que aparece mención expresa en la Resolución 1780 de 2010.

El décimo primero no es cierto, por cuanto si bien se presentaron modificaciones en los resultados electorales, éstas obedecieron a correcciones ordenadas con fundamento en un recuento de votos, lo anterior en el marco de un proceso de revisión que respetó el debido proceso y en atención a las irregularidades previamente encontradas en los formularios electorales E-14, E-24 y E-26. Puntualizó que respecto de la pretensión de nulidad contenida en la adición de la demanda, sobre las resoluciones 1645, 1646, 1700 y 1727 de 2010 debe proceder al rechazo parcial, en la medida que no fueron objeto de reclamo en la demanda inicial. Adujó que en relación con las mesas de los municipios de Ipiales y Pasto no fue agotado el requisito de procedibilidad, por lo que frente a este punto deben ser rechazadas las pretensiones. Asimismo señaló que cuando existan diferencias entre los formularios E-14 delegados y E-14 claveros no es posible que el Consejo Nacional Electoral tenga como base la información registrada en alguno de los dos ejemplares. No obstante, en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral resolvió atenerse a los guarismos consignados en el E-14 claveros, aun cuando fue el E-14 delegados el formulario electoral sobre el cual versó la contienda electoral, en la medida que fue éste el que se publicó en la página web de la Registraduría el mismo día de las elecciones.

Con fundamento en lo expuesto indicó que las pretensiones sobre nulidad de las resoluciones 1704, 1767, 1780 y 1787 no están llamadas a prosperar, así como tampoco la solicitud de efectuar un nuevo escrutinio, dado que las múltiples modificaciones ordenadas tuvieron asidero legal en la revisión efectuada y por ello no puede considerarse nulo el acto. Luego de exponer las razones que en su opinión llevarían a darle prevalencia al formulario E-14 delegados, frente al formulario E-14 claveros, cuando se presentan inconsistencias en la información o el último no aparece, destacó que el demandante al manifestar que se habían restado 1434 sufragios con el acto administrativo cuando debieron ser restados únicamente 1243, tácitamente está reconociendo la dimensión y existencia de las irregularidades o falsedades que de manera ilegal y directa lo favorecieron.

13.4.1.1. Excepción de falta de notificación del demandando.

Al respecto adujo que es claro que el demandado en este proceso es Guillermo García Realpe y que a él, de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, se le debió notificar personalmente, ello con fundamento en lo expuesto en el auto de 17 de septiembre de 2010 numeral 4º; solicitó que se ordene la notificación personal de la demanda y la correspondiente fijación en lista para contestar y ejercer debidamente el derecho de defensa.

13.4.1.2. Excepción de caducidad de la acción.

Sostuvo que el demandante en el escrito de reforma de demanda que se debe entender como de adición, incluyó los siguientes municipios y mesas:

“1º Municipio de Córdoba, zona 99 puesto 801 (sic) mesa 001.

2º Distrito de Cartagena de Indias, zona 06 puesto 02 mesa 035.

3º Municipio de Turbaco, zona 02 puesto 01 mesa 003,

4º Municipio de Santa catalina, zona 99 Puesto 21 mesa 004,

5º Municipio de Santa Rosa, zona 00 puesto 00 mesa 015,

6º Municipio de Santa Rosa Sur, zona 00 puesto 00 Mesa 005”

Estas mesas no habían sido objeto de reproche en la demanda inicial, razón por la cual debe declararse que respecto de ellos operó la caducidad de la acción, pues el término para iniciarla era de 20 días que vencían el 17 de agosto de 2010 y la adición de la demanda no permite ser aprovechada como se pretendió, para incluir nuevos municipios o nuevas mesas que no se encontraban en la demanda inicial como se especifica.

13.4.1.3. Excepción de rechazo parcial de la demanda, por no haber subsanado los defectos señalados en el auto que inadmite la demanda, de fecha 17 de septiembre de 2010.

Afirmó que al revisar el escrito con el que subsanó la demanda se encuentra que el demandante solicitó que se declare la nulidad de las resoluciones 1704, 1767, 1780 y 1787 de 2010. La 1704 y la 1767 hacen referencia únicamente al proceso de revisión realizado en el departamento de Bolívar, es decir, que la demanda, la corrección y la adición y sus pretensiones se deben limitar únicamente al análisis de las mesas que correspondan a estos municipios.

En cuanto al departamento de Cesar las reclamaciones fueron resueltas por medio de la Resolución 1466 de 2010 y en el departamento de Nariño las reclamaciones fueron resueltas por medio de la Resolución 1645, 1646, 1700, y 1727 de 2010, actos administrativos que no fueron demandados, entonces se debe proceder al rechazo parcial de la demanda en cuanto los actos administrativos particulares que resolvieron las reclamaciones no fueron objeto de demanda por parte del actor.

13.4.1.4. Excepción de falta de requisito de procedibilidad.

En lo que respecta a los departamentos de Cesar, municipio de Aguachica, y Nariño, municipios de Pasto e Ipiales, no se agotó requisito de procedibilidad porque con la Resolución 1780 de 2010 el Consejo Nacional Electoral declaró cumplido dicho requisito en relación con los candidatos y solicitudes relacionados en la parte motiva de dicho acto, el cual no se refiere a los mentados municipios.

13.4.1.5. Excepción de incidencia de la presunta falsedad.

Teniendo en cuenta que el actor no atacó debidamente las resoluciones de los tres departamentos sobre los que pretende declaraciones de falsedad o apocrificidad, y que únicamente está debidamente configurada la acción electoral en cuanto a procedencia para el departamento de Bolívar, en el cual las variaciones presentadas no tiene la entidad suficiente para modificar la verdad electoral establecida en el escrutinio general adoptado mediante la Resolución 1787 de 2010, resultaría inane el desgaste de la administración de justicia para un proceso electoral que no cambiaría el resultado electoral, especialmente el lo que se refiere a Guillermo García Realpe y Lidio Arturo García Turbay.

Una vez citó el fallo del 4 de octubre de 2002 (exp. 2956), proferido por esta Sección, señaló que la pretensión de la demanda era que el señor Lidio Arturo García obtuviera la credencial de Senador de la República, acción que considera inútil en tanto el demandante ya obtuvo su curul como consecuencia de la Resolución 81 de 4 de noviembre de 2010, por medio de la cual fue llamado a suplir la vacante de Piedad Esneda Córdoba Ruíz, en esa corporación.

13.5. Intervención de terceros.

13.5.1. Jairo Emir Barrios Zabaleta(67).

Con fundamento en el artículo 235 del Código Contencioso Administrativo el ciudadano intervino coadyuvando la demanda. Solicitó que se tuvieran como pruebas las obrantes en el expediente, adicionalmente anexó documentos electorales que también solicitó fueran estimados y por último requirió oficiar a la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral para que se allegaran otros documentos.

14. Proceso electoral 201000085 de Víctor Velásquez Reyes y otros.

14.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:

“1. Que es nula la Resolución 1787 de julio 18 de 2010, expedido (sic) por el Consejo Nacional electoral, identificado como la resolución (sic) 1787 “Por medio del (sic) cual se declara la elección de Senado de la Republica (sic) para el período 2010-2014 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales”, documento que se adjunta debidamente autenticado, tal cual se observa en el presente anexo y transcrito en el acápite de los hechos.

2. Que, como consecuencia de la decisión anterior se ordene la cancelación de las credenciales otorgadas a los Senadores de la Republica (sic) por la circunscripción nacional ordinaria para el período 2010-2014.

3. Que, como secuela de las anteriores determinaciones son nulos de pleno derecho todos los actos administrativos inmersos en el acto que se demanda y que se identifican en el acápite de los hechos de este libelo.

4. Que, como derivación de las decisiones adoptadas son nulos, todos los registros electorales de los jurados de votación y los documentos que, con posterioridad a éstos se elaboraron que se mencionan en acto acusado, Por (sic) presentarse el artículo 223 numeral 1 (sic) modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 que dice a la letra dice (sic):… y que a continuación relaciono:

“Departamento de Magdalena…” (fls. 3-5).

5. Que, como derivación de las decisiones adoptadas son nulos, todos los registros electorales de los jurados de Votación y los documentos que, con posterioridad a éstos se elaboraron que se mencionan en acto acusado, por presentarse el artículo 223 numeral 2º modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 que dice a la letra dice (sic): [Enseguida no detalla nada]

5.-A. Las siguientes mesas presentan apocrificidad por contener datos inexactos entre los E-14 y los E-24, como se demuestra en las pruebas sobre estas mesas. 223-2:

Bogotá… (fls. 5-21).

Caldas… (fls. 21-136).

Cundinamarca… (fls. 136-173).

Magdalena… (fls. 173-205).

Vaupés… (fl. 205).

Guajira… (fls. 205-207).

Risaralda… (fls. 207-219).

Quindío… (fls. 219-231).

Valle del Cauca… (fls. 231-247).

Amazonas… (fls. 247-258).

Antioquia… (fls. 258-265).

Arauca… (fls. 265-310).

Caquetá… (fls. 310-345).

San Andrés… (fls. 346-352).

Córdoba… (fls. 352-384).

Vichada… (fls. 385-410).

Cúcuta… (fls. 410-415).

Chocó… (fls. 415-438).

Cesar… (fls. 438-648).

Atlántico… (fls. 648-666).

Sucre… (fls. 667-682 y 689-704).

Bolívar… (fls. 683-688).

Cauca… (fls. 705-789).

Putumayo… (fls. 790-792).

Nariño… (fls. 793-797).

Meta… (fls. 797-817).

Huila… (fls. 817-831).

Córdoba… (fls. 831-848).

Tolima… (fls. 848-1031).

Santander… (fls. 1031-1048).

Cundinamarca… (fls. 1048-1055).

Vaupés… (fls. 1055-1057).

Risaralda… (fl. 1057).

San José del Guaviare… (fl. 1057).

Quindío… (fls. 1057-1058).

5. c.(68) Las mesas que se relacionan a continuación sus actas de E-14 están firmadas por menos de dos (2) jurados: (fl. 1058).

“Departamento del Magdalena…” (fl. 1058).

“Departamento de Guajira…” (fl. 1058).

5. d. Las mesas que a continuación se relacionan presentan extemporaneidad en el registro E-17, E-19 y E-20.

Todas las mesas de fundación y remolinos presentan extemporaneidad (fl. 1059).

6. Que, como derivación de las decisiones adoptadas son nulos, todos los registros electorales de los jurados de votación y los documentos que, con posterioridad a éstos se elaboraron que se mencionan en acto acusado, por presentarse la causal del artículo 223 numeral 3º modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 que dice a la letra dice:… y que a continuación relaciono: (fl. 1059).

Las siguientes mesas presentan en las actas de E-14 tachaduras o enmendaduras artículo 223-3.

Caldas- Belalcázar… (fls. 1059-1061).

Departamento Cesar… (fls. 1061-1066).

Departamento de Cundinamarca… (fls. 1066-1068).

Departamento de Risaralda… (fl. 1068).

7. Que, como secuela de las anteriores se ordene el traslado de todos los documentos electorales relacionados con la elección del Senado de la Republica (sic) por la circunscripcion (sic) ordinaria nacional y ponerlos a disposición del magistrado que por reparto le correspondiere debiendo incluir las tarjetas electorales y los formularios E-2, E-11, E-12, E-14, E-17, E-19, E-20, E-24 y E-26, las correspondientes actas de escrutinio de las mesas solicitadas y de las actas de revision (sic) que hicieron los consejeros electorales que por peticion (sic) de interesados se realizaron (fl. 1068).

8. Que, como consecuencia de las decisiones anotadas anteriormente, se ordene la realización de un nuevo escrutinio y se haga la correspondiente declaración de Senadores de la Republica (sic) por la circunscripcion (sic) ordianria (sic) nacional para el período constitucional 2010-2014”.

14.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las votaciones para Senado de la República, Cámara de Representantes y Parlamento Andino, período 2010-2014.

2. El Acto Legislativo 1 de 2009, facultó al Consejo Nacional Electoral para reglamentar el proceso de escrutinio y de revisión. Así lo hizo mediante Resolución 552 de 2010.

3. En Bogotá, D.C., se omitió realizar el escrutinio atribuido a los delegados del Consejo Nacional Electoral, situación que generó invalidez de los resultados electorales y de los formularios E-26 tenidos en cuenta para entregar los resultados del Distrito.

4. El 12 de julio de 2010 presentó por medio de apoderado reclamación, ante la existencia de irregularidades en el territorio nacional, pero estas no fueron atendidas.

5. El 18 de julio de 2010 y con Resolución 1780 de 2010, se declaró agotado el requisito de procedibilidad.

6. Por medio de la Resolución 1787 de 2010 se declaró electo el Senado de la República para el período 2010-2014. [El actor transcribió su contenido].

7. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Adelina Covo, salvó voto y mencionó que: (i) Las solicitudes de revisión no fueron atendidas, (ii) el Consejo Nacional Electoral debió agotar la revisión, (iii) de haberse practicado la revisión habría cambiado la votación, y (iv) no se ordenó la lista por voto preferente.

8. Los actos que sirvieron para la expedición de la Resolución 1787 de 2010 fueron:

“Acuerdo 4 de 24 junio de 2010,…

Resolución 1084 del 26 de mayo de 2010,…

Resolución 1086 del 26 de mayo de 2010,…

Resolución 1087 de 26 de mayo de 2010,…

Resolución 1115 del 31 de mayo de 2010,…

Resolución 1117 de 31 de mayo de 2010,…

Resolución 1193 del 9 de junio de 2010,…

Resolución 1204 del 9 de junio de 2010,…

Resolución 1231 del 10 de junio de 2010,…

Resolución 1232 del 10 de junio de 2010,…

Resolución 1237 del 11 de junio de 2010,…

Resolución 1249 del 17 de junio de 2010,…

Resolución 1264 del 17 de junio de 2010,…

Resolución 1265 del 17 de junio de 2010,…

Resolución 1312 del 22 de junio de 2010,…

Resolución 1313 del 22 de junio de 2010,…

Resolución 1323 del 22 de junio de 2010,…

Resolución 1362 del 24 de junio de 2010,…

Resolución 1381 del 20 de junio de 2010,…

Resolución 1382 del 29 de junio de 2010,…

Resolución 1383 del 29 de junio de 2010,…

Resolución 1457 del 2 de julio de 2010,…

Resolución 1627 del 11 de julio de 2010,…

Resolución 1683 del 13 de julio de 2010,…

Resolución 1684 del 13 de julio de 2010,…

Resolución 1699 del 14 de julio de 2010,…

Resolución 1721 del 15 de julio de 2010,…

Resolución 1723 del 15 de julio de 2010,…

Resolución 1752 del 16 de julio de 2010,…

Resolución 1753 del 16 de julio de 2010,…

Resolución 1759 del 16 de julio de 2010,…”

“4.” Ante el Consejo Nacional Electoral y respecto de las elecciones en cuestión, se presentaron múltiples solicitudes de revisión, que fueron decididas con los siguientes actos administrativos:

Resolución 929 del 10 de mayo de 2010,…

Resolución 1193 del 9 de junio de 2010,…

Resolución 1234 del 10 de junio de 2010,…

Resolución 1263 del 17 de junio de 2010,…

Resolución 1264 del 17 de junio de 2010,…

Resolución 1265 del 17 de junio de 2010,…

Resolución 1271 del 17 de junio de 2010,…

Resolución 1328 del 23 de junio de 2010,…

Resolución 1329 del 23 de junio de 2010,…

Resolución 1335 del 23 de junio de 2010,…

Resolución 1336 del 23 de junio de 2010,…

Resolución 1337 del 23 de junio de 2010,…

Resolución 1338 del 23 de junio de 2010,…

Resolución 1339 del 23 de junio de 2010,…

Resolución 1364 del 26 de junio de 2010,…

Resolución 1368 del 26 de junio de 2010,…

Resolución 1369 del 26 de junio de 2010,…

Resolución 1370 del 26 de junio de 2010,…

Resolución 1371 del 26 de junio de 2010:…

Resolución 1372 del 26 de junio de 2010:…

Resolución 1373 del 26 de junio de 2010:…

Resolución 1374 del 26 de junio de 2010:…

Resolución 1407 del 29 de junio de 2010,…

Resolución 1409 del 29 de junio de 2010,…

Resolución 1410 del 29 de junio de 2010,…

Resolución 1416 del 30 de junio de 2010,…

Resolución 1419 de 30 de junio de 2010,…

Resolución 1421 del 30 de junio de 2010,…

Resolución 1425 del 30 de junio de 2010,…

Resolución 1427 de 30 de junio de 2010,…

Resolución 1428 del 30 de junio de 2010,…

Resolución 1470 del 3 de julio de 2010,…

Resolución 1471 del 3 de julio de 2010,…

Resolución 1472 del 3 de julio de 2010,…

Resolución 1473 del 3 de julio de 2010,…

Resolución 1474 del 3 de julio de 2010,…

Resolución 1513 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1540 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1541 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1542 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1543 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1544 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1545 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1546 del 7 de julio de 2010,…

Resolución 1548 del 8 de julio de 2010,…

Resolución 1561 del 8 de julio de 2010,…

Resolución 1580 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1589 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1590 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1591 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1592 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1593 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1594 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1595 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1596 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1597 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1615 del 9 de julio de 2010,…

Resolución 1616 del 10 de julio de 2010,”

Resolución 1623 del 11 de julio de 2010,”

Resolución 1649 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1650 del 11 de julio de 2010,…

Resolución 1654 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1655 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1656 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1657 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1658 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1659 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1660 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1661 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1676 del 13 de julio de 2010,…

Resolución 1677 del 13 de julio de 2010,…

Resolución 1693 del 12 de julio de 2010,…

Resolución 1703 del 14 de julio de 2010,…

Resolución 1707 del 14 de julio de 2010,…

Resolución 1708 del 14 de julio de 2010,…

Resolución 1710 del 14 de julio de 2010,…

Resolución 1711 del 14 de julio de 2010,…

Resolución 1739 del 15 de julio de 2010,…

Resolución 1740 del 15 de julio de 2010,…

Resolución 1741 del 15 de julio de 2010,…

Resolución 1767del (sic) 17 de julio de 2010,…

Resolución 1769 del 17 de julio de 2010,…

Resolución 1770 del 17 de julio de 2010,…

Resolución 1774 del 17 de julio de 2010,…”

“5.” Las solicitudes de revisión presentadas ante el Consejo Nacional Electoral con fundamento en el artículo 237 Constitucional y en las causales de nulidad, fueron resueltas mediante las resoluciones 1780 y 1781 del 18 de julio de 2010.

9. Por medio de la Resolución 1780 de 18 de julio de 2010, el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar la reclamación y revisión y declaró agotado el requisito de procedibilidad presentado por los demandantes.

10. El Consejo Nacional Electoral se abstuvo de estudiar de fondo la solicitud de revisión con fundamento en “el corto tiempo que tenían para la declaratoria de los electos…”.

11. La reclamación presentada tuvo sustento en las inconsistencias que se presentaron en los resultados electorales de todo el territorio nacional.

12. En las mesas de votación mencionadas en los folios 1118 a 1120 se configuró la causal de nulidad del numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

13. a) En las mesas de votación mencionadas de folios 1120 a 2061 “…se presenta un claro aumento de votación injustificado para unos partidos y candidatos, situación esta que se demuestra por la información que existe en E-14 Y (sic) en E-24:…”.

b) Las mesas de votación mencionadas de folios 2062 a 2171 “…carecen de los E-14 y en otros casos estos aparecen mutilados o incompletos”. Si los formularios E-14 no aparecen, no es lógico que aparezcan resultados de esas mesas en los formularios E-24 y E-26, lo cual hace que estos sean falsos o apócrifos.

c) Las mesas de votación mencionadas en el folio 2171 “…sus actas de E-14 están firmadas por menos de dos (2) jurados”. Esta anomalía impide que se tenga en cuenta la votación.

d) Algunas mesas de votación, que no identificó, se “…present[ó] extemporaneidad en el registro E-17, E-19 y E-20”.

e) Las mesas de votación identificadas de folios 2173 a 2182 “…presentan en las actas de E-14 tachaduras o enmendaduras…”.

15(69). Los documentos electorales perdieron la cadena de custodia y por ello fueron objeto de manipulación por personas ajenas e inescrupulosas que cambiaron los resultados electorales, en beneficio de unos candidatos y en detrimento de otros.

16. el demandante argumentó que sus pretensiones están soportadas en diversos fallos judiciales.

“Omisiones del consejo nacional electoral en el caso de las solicitudes de reclamaciones y de solicitudes de revisiones”.

El demandante manifestó que por medio de la Resolución 1780 de 2010, el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de dar trámite a algunas solicitudes de revisión, bajo el argumento de que no contaban con el tiempo suficiente para resolverlas, con lo que se violó el artículo 237 Constitucional, que dice que las solicitudes de revisión pueden ser presentadas en cualquier momento siempre y cuando no se haya declarado la elección. Asimismo, afirmó que el Consejo Nacional Electoral no realizó el escrutinio de delegados en el Distrito Capital, así, como tampoco llevó a cabo “la audiencia especial de escrutinios nacionales”, situación que generó que la información publicitada fuera diferente a la obtenida en el inicio de los escrutinios.

14.3. Normas violadas y concepto de violación.

El demandante invocó como vulnerados los artículos 1º, 2º, 13, 29, 41, 120, 237 y 265, de la Constitución Política. Los artículos 174, 175, 176, 177 y 181 Código de Procedimiento Civil, Acto Legislativo 1 de 2009.

Los demandantes argumentaron que a pesar de que los documentos electorales mostraban incrementos injustificados en la votación en benefició de algunos candidatos y en detrimento de otros, el Consejo Nacional Electoral no los revisó de manera adecuada, situación que permitió que quedaran incólumes los datos apócrifos y falsos contenidos en los distintos formularios, que finalmente sirvieron de base para expedir el acto administrativo por medio del cual se declaró la elección.

14.4. Contestación.

Se guardó silencio.

14.5. Terceros intervinientes(70).

Emiro Raúl Pérez Ariza coadyuvó la demanda y manifestó que a su juicio las elecciones no fueron transparentes en tanto que se presentaron multiplicidad de irregularidades, todas reflejadas en la existencia de datos irreales y formularios electorales E-14 mutilados o inexistentes. Asimismo afirmó que algunos departamentos no fueron objeto de revisión y en otros esta etapa no se surtió de manera exhaustiva. En atención a lo anterior, cuestionó la legalidad de la Resolución 1787 de 2010, en el sentido de que se declare su nulidad y se realice un nuevo escrutinio.

15. Proceso electoral 201000088 de Rodrigo Lara Restrepo(71).

15.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 1787 de fecha 18 de julio de 2010, notificada en audiencia de fecha 18 de julio de 2010 por medio de la cual se declaró la elección de los Senadores de la República de Colombia para el período constitucional 2010-2014, al igual que las resoluciones 1249 de 2010, 1580 de 2010 y 1780 de 2010, expedidas por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por considerar que en ellos se presentan las siguientes causales de nulidad legales y constitucionales(72).

Primer cargo: Por La Violación (sic) directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes, decretos-leyes y actos administrativos nacionales).

En el presente cargo, consideramos que los actos administrativos objeto de nulidad en esta demanda electoral, desconocen abierta y claramente lo preceptuado en el artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, artículo 12, concordante con lo reglado en el numeral 8 del artículo 12 del Decreto-Ley 2241 de 1986, en la medida en que el Consejo Nacional Electoral rechazó de plano y omitió pronunciarse i) de las solicitudes de revisión presentadas el 16 de abril, 21 de abril, 18 y 19 de junio y ii.) de las reclamaciones presentadas en audiencia pública de escrutinios los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de julio por primera vez ante los Honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral interpuestas con base en las causales de reclamación establecidas en el artículo 192 del Código Electoral y artículo 163 de la misma obra, contra los resultados y los formularios electorales de las mesas de votación de los puestos, zonas y municipios que se relacionan en la parte fáctica de esta demanda con base en las pruebas que se arriman y que deberán allegarse, y además, por cuanto, con los mismos actos administrativos impugnados se vulnera igualmente lo preceptuado en los artículos 189 y 193 del Código Electoral.

Segundo cargo: Por la violación del principio constitucional del debido proceso administrativo electoral, plasmado en el artículo 29 de la Carta y desarrollado en el artículo 163 del Código Electoral, conforme lo señalo y desarrollo en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos demandados, una falsa motivación, conforme lo desarrollo igualmente en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados, una clara desviación de poder conforme lo señalo y desarrollo de las (sic) misma manera en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

Quinto cargo: Por contener los actos administrativos demandados, un claro abuso del poder, lo que se sustenta en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

SEGUNDA (sic): No se hace mención alguna.

TERCERA: De conformidad con lo reglado en la causal 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, se declare la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas de votación de los puestos y zonas de votación de las ciudades y municipios, formularios E 24 municipal, E 26 municipal, E 24 departamental, E 26 departamental, E 24 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral, E 26 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral que se relacionan en los hechos de esta demanda, Nulidad (sic) que deberá declararse por cuanto se encontró que el registro que sirvió de base para la formación del Acto (sic) que decretó la Elección (sic) de los actuales Senadores de la república (sic) de Colombia es falso o apócrifo o falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su formación, por cuanto las actas sufrieron alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expidió ya que, tal como se demuestra y acredita en los hechos y con las pruebas que se anexan y se deben arrimar a este proceso.

Los cargos en que se fundamenta esta pretensión son los siguientes:

Primer cargo: Por presentarse el indebido escrutinio y diligenciamiento de la (sic) actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales y municipales de las ciudades y municipios que se describen en los hechos de esta demanda, las cuales están relacionadas con las mesas de votación que se determinan en el acápite de los hechos de la presente demanda, al pretermitirse los requisitos del artículo 163 de (sic) Decreto 2241 de 1986, por lo cual los resultados electorales las citadas actas de escrutinio no se hallan soportados en un registro electoral válido y por lo tanto son apócrifos.

Segundo cargo: Por presentarse en las actas de escrutinio que determinó la elección de los actuales Senadores de la República, la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un Mayor o menor número de votos en comparación al número de sufragantes, conforme da cuenta los hechos de esta demanda.

CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se practique un nuevo escrutinio general de los votos depositados en todo el territorio Nacional para la elección de Senadores de la República, excluyendo del computo general de la votación los votos depositados en las mesas de votación que contienen las actas de escrutinio de los jurados de votación que presenten las irregularidades que acá se han demostrado, así como se consignen lo resultados reales reflejados en los formularios E 14 - actas de escrutinio de mesa de todas y cada una de las mesas de votación relacionadas en esta acción y con la cuales se mutó el resultado electoral de dichas elecciones, conforme los hechos de la presente demanda.

QUINTA: Que se expida a los ciudadanos que resulten ganadores en este nuevo Escrutinio las respectivas credenciales que los acredite como los nuevos Senadores de la República”.

15.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. El 16 de marzo de 2010 se iniciaron los escrutinios de carácter zonal, municipal y distrital.

3. El 21 de marzo de 2010 se dio apertura por parte de los delegados del Consejo Nacional Electoral a los escrutinios de carácter departamental.

4. Durante el proceso de escrutinio departamental se remitieron al Consejo Nacional Electoral los formularios E-24 y E-26 departamentales para efectos del Escrutinio Nacional.

5. A través del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 se facultó al Consejo Nacional Electoral para adelantar de oficio o a solicitud de parte la revisión de los escrutinios, de los resultados y de los documentos electorales, en cualquiera de las etapas del proceso de elección.

6. El Congreso de la República es el único que tiene la facultad para reglamentar a través de una ley estatutaria la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales. El Consejo Nacional Electoral delimitó y fijó los procedimientos para la revisión de los escrutinios, sin tener competencia para ello.

7. El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y sin reglamentación al respecto dictó el protocolo de revisión de los escrutinios a través de la Resolución 754 de 2010.

8. Con fundamento en la mencionada resolución el Consejo Nacional Electoral decidió a partir del 16 de abril de 2010 revisar los escrutinios de varios departamentos. Este proceso se llevó a cabo de manera arbitraria e ilegal a través de diferentes Salas Unitarias.

9. Dentro de la oportunidad legal y atendiendo las observaciones, el procedimiento y el trámite señalado por cada uno de los magistrados de las Salas Unitarias del Consejo Nacional Electoral el demandante formuló varias solicitudes de revisión de los resultados electorales de las siguientes mesas de votación (ver mesas folios 356 a 369).

10. El fundamento de las solicitudes de revisión fue la diferencia numérica entre los datos consignados en los formularios E-14 y E-24 de los municipios y departamentos señalados en el hecho anterior. Los formularios E-24 registran menos votos a favor del actor que los consignados en los formularios E-14, en detrimento de la verdad electoral.

11. El Consejo Nacional Electoral negó de manera arbitraria las solicitudes de revisión enervadas.

12. Todas las solicitudes de revisión presentadas por el demandante ante el Consejo Nacional Electoral fueron negadas de plano por supuesta caducidad.

13. Mientras que al actor le fueron negadas sus solicitudes a otros candidatos estas sí les fueron atendidas en un trato desigual.

14. Copia lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral mediante resoluciones 1398 y 1439 de junio 29 y julio 1º de 2010, respectivamente, sobre rechazo de las solicitudes de revisión del actor con fundamento en una inexistente preclusión de la oportunidad o término para la presentación de las mismas porque estas fueron radicas el 16 de junio de 2010 y la fecha límite para su oportuna presentación data del 3 de mayo del mismo año.

15. Al señor Carlos Fernando Motoa, candidato 10 del Partido Cambio Radical, sí le fueron atendidas sus reclamaciones con respecto a las diferencias numéricas entre los formularios E-14 y E-24; en su caso se ordenó que se debe dar prelación a lo consignado en los formularios E-14.

16. Como al libelista se le negó el derecho de revisión y corrección de los errores de digitación o de discordancia entre los formularios E-14, E-24 y E-26, se le causó con ello un injustificado e inmenso agravio a sus aspiraciones de acceder a una curul en el Congreso de la República.

17. El rechazo de la solicitud de revisión por error aritmético no agota la vía gubernativa electoral, el interesado puede acudir por el mismo motivo a través de una reclamación electoral de manera directa y por las causales establecidas en la ley, bajo el procedimiento y oportunidad previstos para los efectos.

18. El actor presentó sendas reclamaciones con base en lo dicho en el hecho anterior y en lo regulado por los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Resolución 420 de 2006 del Consejo Nacional Electoral, el artículo 9º de la Resolución 552 de 2010 del Consejo Nacional Electoral, y los artículos 188, 192 y 193 del Código Electoral, en concordancia con el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009.

19. Las reclamaciones formuladas por el actor se presentaron en uso de los derechos y facultades previstos en el artículo 192 del Código Electoral.

20. Ante el Consejo Nacional Electoral se pueden presentar por primera vez por parte de los candidatos, sus apoderados y testigos electorales legítimamente constituidos, las reclamaciones de que trata el artículo 192 del Código Electoral siempre y cuando estas no hayan sido objeto de reclamación y/o resolución en las etapas anteriores del proceso administrativo electoral, es decir toda vez que estas no hayan hecho tránsito a cosa juzgada material.

21. Todas las reclamaciones presentadas por el demandante y su apoderado o fueron rechazadas de plano o no fueron objeto de pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral.

22. Se insiste en este punto en que las solicitudes de reclamación y revisión presentadas no fueron atendidas ni tramitadas por parte del Consejo Nacional Electoral, de que éste sólo se limitó a señalarlas como reclamaciones y a rechazarlas de plano, sin que se tuviese al respecto la opción de interponer recurso alguno.

23. La situación descrita en el hecho anterior configura una falsa motivación del acto administrativo, una clara desviación de poder y una evidente denegación de justicia.

24. Con las decisiones objeto de reproche se convalidaron votaciones en contravía del espíritu de la norma y de la voluntad popular.

25. Dentro de las reclamaciones presentadas con base en la causal 11 del artículo 192 del Código Electoral, se encontraban aquellas en donde se presentó un indebido escrutinio y diligenciamiento de las actas de las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales, al pretermitirse los requisitos del artículo 163 del Decreto 2241 de 1986.

26. En la Resolución 1685 de 13 de junio de 2010 el Consejo Nacional Electoral encontró en el municipio de Yotoco en el departamento del Valle del Cauca varias inconsistencias, la existencia de dos actas de escrutinio municipal, la ausencia de uno de los miembros de la comisión escrutadora municipal, y tachaduras y enmendaduras en los formularios E-14 con destino a claveros con evidentes muestras de manipulación y alteración de los mismos; la consecuencia, el escrutinio departamental realizado por los delegados del Consejo Nacional Electoral para el departamento del Valle del Cauca se llevó a cabo con base en un acta de escrutinio falsa e inexistente. Se debió excluir la votación de todo el municipio pero sólo se exceptuó del cómputo general de votos la mesa 9, del puesto 0, de la zona 0 de esta municipalidad. Posteriormente, y en una clara conducta que posiblemente constituye prevaricado por Resolución 1743 de 15 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral ordenó incluir la mesa antes señalada.

27. No existen los formularios E-17 de la zona 2, puesto 7, mesas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 24 del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; los formularios E-19 respectivos señalan que los pliegos electorales fueron recibidos por parte de la organización electoral a las 11:20 p.m., el 14 de marzo de 2010.

No se encuentran diligenciados los formularios E-17 de la zona 2, puesto 7, mesas 15, 20 y 21 y los formularios E-19 respectivos señalan de manera extraña que los pliegos electorales fueron entregados a las 11:20 del mismo día de las elecciones.

Con respecto a estos presupuestos fácticos se presentó en debida forma ante el Consejo Nacional Electoral en diligencia de escrutinios nacionales reclamación fundada en la causal 7 del artículo 192 del Código Electoral en concordancia con el artículo 144 ibídem y la solicitud de exclusión de las mesas.

28. A través de las resoluciones 1763 y 1744 de 2010 el Consejo Nacional Electoral ordenó la exclusión de varias mesas en los municipios de Pivijay en el departamento del Magdalena y Magangué en el departamento de Bolívar, con un criterio absolutamente opuesto al que se adoptó para mantener incólume la votación registrada en todo el municipio de Buenaventura.

29. A través de la Resolución 1780 de 18 de julio de 2010, el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar las reclamaciones presentadas el 14 de julio de 2010.

30. En el departamento de Bolívar no se dio una adecuada revisión de los escrutinios, como tampoco una debida atención a las reclamaciones presentadas, de 81 mesas revisadas sólo se verificaron 52 de ellas, en el proceso se omitió la realización del cotejo de los documentos y formularios electorales, y la votación registrada en el acto de elección fue contraria a la realidad.

31. El señor Carlos Fernando Motoa obtuvo inexplicablemente un total de trece (13) votos en la mesa 7, del puesto 1 de la zona 2 del municipio de El Carmen de Bolívar - Departamento de Bolívar, sin que en las demás mesas hubiera obtenido un voto.

32. Las actuaciones irregulares del Consejo Nacional Electoral fueron plasmadas en el informe final de acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en relación con el proceso de escrutinio.

33. A través de la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Senadores de la República para el período 2010-2014.

34. El Consejo Nacional Electoral se negó a administrar justicia electoral al no atender ni decidir de fondo las reclamaciones presentadas por primera vez ante sus magistrados.

35. Los actos administrativos acusados deben ser declarados nulos por falsa motivación por ser contrarios a la Constitución y la ley.

36. El Consejo Nacional Electoral, en una ostensible desviación de poder, desconoció con su actuar y a través de los actos acusados de rechazo, que estaba legítimamente obligado a conocer y decidir de las reclamaciones electorales presentadas.

37. Las reclamaciones desestimadas por el Consejo Nacional Electoral están llamadas a prosperar.

38. En el proceso electoral del 14 de marzo de 2010 se presentaron hechos constitutivos de fraude electoral que encuadran en cualquiera de las causales de nulidad de los numerales 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

39. Reproduce con sus propias palabras lo establecido en las causales 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

40. No obstante las irregularidades mencionadas, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Senadores de la República.

41. Con las irregularidades individualizadas en la demanda se mutó el resultado electoral.

42. Las irregularidades especificadas en la demanda determinan la procedibilidad y pertinencia de la acción.

43. Se deben declarar nulas las actas de escrutinio que presentan irregularidad y se debe compulsar copia de ello a los órganos de control para que se impongan las respectivas sanciones de carácter penal y disciplinario.

44. Al quedar determinadas las mesas en las que fueron alterados los resultados electorales, se debe proceder a declarar la nulidad de los respectivos documentos electorales.

45. El estudio de resultados electorales corroborará los hechos y las pretensiones de la demanda.

46. Se deben anular las actas de escrutinio y se deben practicar nuevos escrutinios y expedir las credenciales pertinentes.

47. Se insiste en la relevancia de esta demanda.

48. Se reprocha la comisión de conductas delictivas como fundamento de la elección demandada.

49. Se argumenta que los actos administrativos demandados no son congruentes y contravienen lo establecido en el inciso segundo del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 12 y el artículo 14 del Código Electoral.

50. Se insiste en las razones que lo llevaron a incoar esta acción y se hace referencia a la eficacia del voto y la transparencia del proceso electoral.

51. Como a través de la Resolución 1780 de 2010 el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar las solicitudes de examen de los procesos de votación y escrutinio, presentadas por el actor como requisito de procedibilidad, esta también es objeto de demanda a través de la presente acción.

52. Manifiesta que la acción la interpone en término.

15.3. Normas violadas y concepto de la violación.

De la Constitución Política los artículos 29 y 265; del Código Contencioso Administrativo los artículos 84 y 223, numerales 2 y 3; del Código Nacional Electoral, artículos 1º, 163, 164, 182, 189, 192 y 193.

Primer cargo: Violación directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes y decretos-leyes).

Se argumenta al respecto que el Congreso de la República es el único que tiene la facultad para reglamentar a través de una ley estatutaria la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales; que como fue el Consejo Nacional Electoral el que finalmente reglamentó, delimitó y fijó los procedimientos para la revisión de los escrutinios, sin tener la competencia para ello se incurrió por el legislador en una evidente omisión legislativa. El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y sin reglamentación al respecto dictó el protocolo de revisión de los escrutinios a través de la Resolución 754 de 2010.

El Consejo Nacional Electoral se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, no existe disposición alguna que le permita a éste organismo fijar un procedimiento contrario al establecido por el legislador en el Código Electoral; el consejo actúo de manera arbitraria y usurpó las funciones del legislador en una clara desviación de poder.

La Ley 270 de 1996, el Código Contencioso Administrativo y la Carta Política, consagran expresamente que las causales de revisión y las situaciones que fueron analizadas muchas veces al azar por el Consejo Nacional Electoral deben ser avocadas, controvertidas y decididas a través de una acción pública electoral y no directamente por el órgano administrativo electoral.

A la luz de preceptuado por el numeral 3º del artículo 265 de la Constitución Política y el numeral 8º del artículo 12 el Código Electoral es el Consejo Nacional Electoral el competente para conocer y decidir de las reclamaciones presentadas por primera vez durante la etapa de escrutinio del orden nacional.

El Consejo Nacional Electoral desconoció de forma abierta y arbitraria el principio de igualdad, mientras que en algunos casos rechazó de plano por extemporáneas las reclamaciones presentadas por primera vez o no se pronunció con respecto a ellas, en otros accedió a lo por ellas reclamado.

El Consejo Nacional Electoral desconoció las funciones propias que la ley electoral le otorga, omitió su deber legal y constitucional de que en forma oficiosa puede corregir los errores aritméticos presentados cuando los resultados de las votaciones anotados en las actas no coinciden para así garantizar la eficacia y la transparencia del sufragio (Código Electoral, art. 189).

Segundo cargo: Por violación del principio constitucional del debido proceso. Los actos acusados desconocen abierta y claramente el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque rechazaron de plano o no se pronunciaron con respecto a las reclamaciones y solicitudes de revisión oportunamente presentadas, en una clara denegación de justicia.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos impugnados, una falsa motivación.

Se argumenta que de conformidad con lo preceptuado por los artículos 192 y 193 del Código Electoral le compete al Consejo Nacional Electoral conocer de las reclamaciones presentadas por primera vez durante los escrutinios nacionales para Senado de la República y que para ello no se estableció ningún termino preclusivo.

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados una clara desviación de poder.

Se reitera que el Consejo Nacional Electoral interpretó y aplicó de manera errada el artículo 193 del Código Electoral porque la ley no establece limitación ni preclusión alguna con respecto a cada una de las etapas de los escrutinios de carácter auxiliar, municipal, distrital y general, y la declaratoria de elección de Senado de la República corresponde en única instancia a los magistrados del Consejo Nacional Electoral; que por ello, no son válidos los argumentos expuestos con respecto a que las susodichas etapas precluyeron y que él no es el competente para conocer de las reclamaciones presentadas por primera vez con base en la causales de reclamación del artículo 192 del Código Electoral porque estas fueron efectivamente presentadas en forma oportuna ante el órgano competente.

Es una regla general que surge de la interpretación sistemática y hermenéutica del Código Electoral que quien tiene la facultad para declarar la elección conozca por primera vez de las reclamaciones que estén debidamente fundamentadas y relacionadas con cualquiera de las causales de reclamación de que trata el artículo 192 del Código Electoral.

Quinto cargo: Por contener los actos demandados un claro abuso de poder.

El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y en perjuicio del actor omitió hacer uso de la capacidad oficiosa de corrección consagra en el artículo 189 del Código Electoral.

Las reclamaciones que tienen que ver con la causal 3ª del artículo 192 del Código Electoral, basadas en la falta de firmas de las actas de escrutinio de los jurados de votación fueron desatendidas por el Consejo Nacional Electoral con el argumento de que dichas reclamaciones debían ser presentadas ante la comisión escrutadora auxiliar o municipal y no ante la comisión escrutadora general y mucho menos ante él. Se cita al respecto sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 14 de junio de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 13001-23-32-000-2000-0018-01 (2862).

Sexto cargo: Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

Las apocrificidades de los documentos electorales que sirvieron de base para la formación del acta de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14, encajan dentro de las irregularidades establecidas por la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad con lo reglado en las causales 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en el proceso de elección de Senado de la República se presentaron varias irregularidades, en las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas relacionadas en los hechos de la demanda se puede constatar: apocrificidades, falsedades, alteraciones, mutaciones, cambios, tachones, enmendaduras, anotaciones de votos que no concuerda con el numero de sufragantes, similitud de tipos escriturarios en firmas y palabras de varios formularios E-11 provenientes de un sólo manuscrito, desaparición, sustracción o perdida de documentos electorales.

Séptimo cargo: Por presentarse en las actas de escrutinio que determinó la elección de los actuales Senadores de la República para el período 2010-2014, la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un mayor o menor número de votos en comparación al número de sufragantes

Se contabilizaron por los jurados votos que no tienen el respectivo soporte humano en contra de lo realmente expresado por la voluntad popular en las urnas. Cuando esta conducta se desarrolla y no se subsana ni advierte en el momento mismo del escrutinio de la mesa y menos aún no se logra corregir en el escrutinio auxiliar por la omisión misma de la comisión escrutadora auxiliar, dicha irregularidad se convierte en una clara falsedad o apocrificidad. Se citan al respecto sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta de 14 de julio de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 13001-23-31-000-2000-0018-01 (2862); de 12 de junio de 2001, radicación 2457; de 14 de enero de 1999, radicación 1871-1872; de 1º de julio de 1999, radicación 2234; de 10 de agosto de 2000, radicación 2400; de 29 de junio de 2001, radicación 2477; de 28 de noviembre de 2002, radicación 3032; de 3 de abril de 2003, M.P. Álvaro González Murcia, radicación 2906; de 17 de junio de 2004, M.P. María Noemí Hernández Pinzón, radicación 3000, 3009 y 3011.

15.4. Contestación de la demanda.

15.4.1. Carlos Fernando Motoa Solarte.

En nombre propio el Senador contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la misma en los siguientes términos (fls. 510-519):

Argumenta que presentó reclamaciones por errores aritméticos cometidos por las autoridades electorales y por inconsistencias entre los formularios E-14 y E-24 con respecto a varios departamentos; pero que esas reclamaciones le fueron negadas, en unos casos con el argumento de que no se había presentado el alegado error, y en otros, por considerarse que la reclamación no se había presentado en el momento del escrutinio sino ante el Consejo Nacional Electoral.

A la parte actora se le computaron indebidamente votos que no le correspondían o que inicialmente le estaban asignados a otros candidatos (ver mesas fls. 515-519). Lo registrado en los formularios E-14 es en algunos casos diferente a lo registrado en los formularios E-24, o lo registrado en esos formularios no corresponde al escrutinio final. La asignación indebida de votos a la parte actora constituye una causal de nulidad de la prevista en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, que pide sea revisada con esta demanda.

15.4.2. José Francisco Herrera Acosta.

A través de apoderado el Senador José Francisco Herrera Acosta contesta la demanda, se opone a las pretensiones de la misma, solicita un fallo inhibitorio y/o absolutorio y propone una excepción (fls. 521-545).

Afirma el apoderado que el demandante de manera equívoca sustenta que la revisión de que habla el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución, constituye una instancia más dentro del proceso electoral y que allí cabe toda clase de reclamaciones, inclusive las que ya fueron falladas en la etapa de escrutinio. La etapa de escrutinio ante las comisiones escrutadoras fue atendida en debida forma y resuelta en contra de los intereses del accionante.

De conformidad con el Código Electoral las reclamaciones proceden hasta antes de la declaratoria de elección y del escrutinio ante la comisión delegada o integrada por los miembros del Consejo Nacional Electoral, quien resuelve las apelaciones que vienen del escrutinio ante comisiones distritales, municipales y departamentales.

Durante el proceso de revisión de escrutinios no caben reclamaciones ya que la instancia para formularlas es durante el desarrollo del escrutinio como lo dispone el Código Electoral.

15.4.2.1. Excepción de ineptitud de la demanda.

La demanda presenta serias falencias e inconsistencias jurídicas, e indebida acumulación de pretensiones, a saber:

i) La demanda no especifica cuál es la causal invocada. En el acápite de declaraciones de la demanda el actor pretende incluir las casuales pero en su lugar plantea argumentos personales y caprichosos, sin acudir a lo establecido en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. El actor confunde las pretensiones de la demanda con las causales de nulidad electoral;

ii) El demandante no agotó el requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política con respecto a todos los demandados. Las reclamaciones formuladas durante la etapa de escrutinio y luego en el proceso de revisión realizado por el Consejo Nacional Electoral están dirigidas en contra de la elección de José Francisco Herrera Acosta del Partido Cambio Radical, y no con respecto a la generalidad de los elegidos; si el actor demandó la elección de la totalidad de los Senadores de la República estaba en la obligación de individualizar el examen del proceso electoral y de escrutinio de cada Senador. Las reclamaciones fueron presentadas en forma extemporánea. Además, se sustenta en que el actor reconoce que el Consejo Nacional Electoral ya había negado sus solicitudes “…por haber concurrido en forma Extemporánea”.

iii) Individualización del acto acusado e indebida acumulación de pretensiones. La demanda infringe los artículos 223 y 229 del Código Contencioso Administrativo. El demandante no solo acusa la Resolución 1787 de 189 de julio de 2010 y las actas de escrutinio, que son susceptibles de la acción de nulidad electoral, sino que también pone en tela de juicio las resoluciones 1249, 1580 y 1780 de 2010, actos de contenido particular y concreto que la norma no incluye como demandables a través de la presente acción.

iv) Inexistencia de las causales invocadas. Señala que las causales invocadas son inexistentes porque no están previstas en el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, “…pero además no coinciden con la definición del precepto del artículo 84 ib.”.

15.4.2.2. Excepción innominada. Pide que conforme al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, se decrete cualquier medio exceptivo cuyos fundamentos de hecho aparezcan acreditados dentro del proceso.

16. Proceso electoral 201000089 de Clara Isabel Pinillos Abozaglo(73).

16.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 1787 de fecha 18 de julio de 2010, notificada en audiencia de fecha 18 de julio de 2010 por medio de la cual se declaró la elección de los Senadores de la República de Colombia para el período constitucional 2010-2014, al igual que las resoluciones 1650 de 2010 y 1780 de 2010, expedidas por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por considerar que en ellos se presentan las siguientes causales de nulidad legales y constitucionales:…(74)

SEGUNDA: De conformidad con lo reglado en la causal 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, se declare la NULIDAD de las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas de votación de los puestos y zonas de votación de las ciudades y municipios, formularios E24 municipal, E26 municipal, E24 departamental, E26 departamental, E24 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral, E26 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral que se relacionan en los hechos de esta demanda, nulidad que deberá declararse por cuanto se encontró que el registro que sirvió de base para la formación del acto que decretó la elección de los actuales senadores de la república (sic) de Colombia es falso o apócrifo o falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su formación, por cuanto la actas sufrieron alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expidió ya que, tal como se demuestra y acredita en los hechos y con las pruebas que se anexan y se deben arrimar a este proceso(75).

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se practique un nuevo escrutinio general de los votos depositados en todo el territorio Nacional para la elección de Senadores de la República, excluyendo del computo (sic) general de la votación los votos depositados en las mesas de votación que contienen las actas de escrutinio de los jurados de votación que presenten irregularidades que acá se han demostrado así como se consignen lo resultados reales reflejados en los formularios E14 - actas de escrutinio de mesas de todas y cada una de las mesas de votación relacionadas en esta acción y con la cuales se mutó el resultado electoral de dichas elecciones, conforme los hechos de la presente demanda.

CUARTA: Que se expidan a los ciudadanos que resulten ganadores en este nuevo Escrutinio las respectivas credenciales que los acredite como los nuevos Senadores de la República”.

16.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. El 16 de marzo se inició el escrutinio general de la elección.

3. El 21 de marzo se iniciaron los escrutinios departamentales.

4. Durante el proceso de escrutinio fueron llegando al Consejo Nacional Electoral los formularios E-24 y E-26 departamentales para proseguir con el escrutinio nacional.

5. El Acto Legislativo 1 de 2009 facultó al Consejo Nacional Electoral para adelantar de oficio o por solicitud, revisión de escrutinios, resultados y documentos.

6. Existe una omisión legislativa, dado que el Congreso no ha reglamentado con una Ley Estatutaria el ejercicio de la facultad constitucional mencionada en el hecho anterior.

7. El Consejo Nacional Electoral, con abuso de su poder y por medio de la Resolución 754 de 2010, dicto un reglamento de revisión.

8. A partir del 16 de abril de 2010 el Consejo Nacional Electoral decidió revisar los escrutinios de más de 18 departamentos, para lo cual suspendió los escrutinios legales, y lo hizo mediante la conformación de salas unitarias, que en ninguna parte autorizan ni la Constitución ni la ley, lo cual atentó contra la democracia, los candidatos y los propios electores.

9. El demandante formuló solicitudes de revisión en algunas mesas de votación, por diferencias en la votación consignada en los formularios E-14 y E-24, respecto de algunos candidatos (ver fls. 231 a 260).

10. Las solicitudes de revisión se basaron en las diferencias entre los formularios E-14 y E-24 de los municipios y departamentos del hecho anterior.

11. El Consejo Nacional Electoral omitió efectuar las revisiones, en una conducta arbitraria y violatoria de derechos electorales.

12. Todas las solicitudes de revisión presentadas por el demandante, fueron negadas de plano por el Consejo Nacional Electoral aduciendo caducidad. Calificó el acto que negó las revisiones como violatorio del principio de doble instancia.

13. A otros candidatos sí les fueron atendidas sus solicitudes de revisión, lo que afectó al demandante dado que allí se agotó la instancia de revisión.

14. Insiste en lo mencionado en el hecho 12.

15. A diferencia del tratamiento dado al demandante, al señor Carlos Fernando Motoa, candidato 10 de Cambio Radical, quien solicitó revisión con los mismos argumentos, sí se le atendieron sus reclamaciones y se ordenó darle prevalencia a los E-14 de las mesas solicitadas en revisión.

16. Se cercenó al actor el derecho a que fueran revisados y corregidos los errores y diferencias entre los E-14, E-24 y E-26, actuación que causó un injustificado agravio al demandante en cuanto a sus aspiraciones.

17. Sostuvo de manera errada el Consejo Nacional Electoral, que al haber sido negada la revisión, quedaría automáticamente impedido el demandante para presentar reclamación por los mismos hechos.

18. Se presentaron reclamaciones con argumentos que transcribe (ver fls. 261 a 263).

19. Las reclamaciones se presentaron con base en el Artículo 192 del Código Electoral.

20. Expone lo prescrito por el artículo 192 del Código Electoral.

21. Las reclamaciones presentadas por el demandante y su apoderado fueron rechazadas de plano, incluso omitió el Consejo Nacional Electoral, en algunos casos, pronunciarse. Las solicitudes se presentaron correctamente sustentadas y con el soporte probatorio requerido.

22. Insiste en que las solicitudes de reclamación y revisión no fueron atendidas ni tramitadas por parte del Consejo Nacional Electoral, y que éste sólo se limitó a señalarlas como reclamaciones y rechazarlas de plano.

23. Con la situación descrita en el hecho anterior se configuró falsa motivación y desviación de poder, al igual que denegación de justicia.

24. Con las decisiones reprochadas se validaron votaciones que contradicen las normas y la voluntad popular.

25. Con la Resolución 1780 de 2010, el Consejo Nacional Electoral se abstiene de tramitar reclamaciones presentadas en julio 14 con el antecedente de haberse presentado solicitudes en abril, mayo y junio de 2010, en las que se solicitaba revisión de lo allí establecido.

26. En Bolívar no hubo adecuada revisión ni atención de reclamaciones, esto se reflejó en que no se cotejaron los documentos y formularios electorales; por ello la presidenta del Consejo Nacional Electoral salvó su voto al estar inconforme con la revisión y el escrutinio practicado.

27. Las actuaciones irregulares del Consejo Nacional Electoral fueron plasmadas en el informe final de la Procuraduría General de la Nación del proceso de escrutinio.

28. El Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución 1787 en la que declaró la elección de Senadores, como consecuencia de los rechazos de solicitudes de revisión y reclamaciones mencionados.

29. El Consejo Nacional Electoral se negó a administrar justicia al no atender ni decidir las reclamaciones presentadas por primera vez ante los magistrados de esa institución.

30. Como producto de lo mencionado los actos administrativos objeto de esta acción son nulos por falsa motivación.

31. Se configuró desviación de poder cuando el Consejo Nacional Electoral desconoció sus funciones que le obligaban a conocer y decidir de fondo las reclamaciones.

32. Las reclamaciones desestimadas por el Consejo Nacional Electoral están llamadas a prosperar con cualquiera de las pretensiones de la demanda.

33. El proceso electoral del 14 de marzo de 2010, estuvo acompañado de hechos constitutivos de las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

34. Las causales de la mención anterior se sustentan en que el registro es falso o apócrifo, o los elementos que sirvieron para su formación dado que las actas fueron alteradas.

35. No obstante las irregularidades mencionadas, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Senadores.

36. Con las irregularidades individualizadas se mutó el resultado electoral.

37. Las irregularidades especificadas en la demanda determinan la procedibilidad de esta acción.

38. Se deben declarar nulas las actas de escrutinio donde se presentaron irregularidades, y remitir copias a los organismos de control para lo de su cargo.

39. Al quedar determinadas las mesas en las que fueron alterados los resultados electorales, se debe proceder a la corrección declarando la nulidad.

40. El estudio de resultados corroborará los hechos y pretensiones de la demanda.

41. Se debe anular las actas de escrutinio, y ordenar la práctica de nuevos escrutinios y la expedición de credenciales.

42. Insistió en la relevancia de esta demanda.

43. Por medio de la Resolución 1780 de 2010 el Consejo Nacional Electoral decidió no tramitar solicitudes de revisión de votaciones y escrutinios, por lo que se demanda este acto administrativo.

44. Reprocha la comisión de conductas delictivas como fundamento de la elección demandada.

45. Los actos demandados no son congruentes, contravienen lo establecido en el inciso 2º del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 8º de los artículos 12 y 14 del Código Electoral Colombiano.

46. Insiste en las razones que lo llevaron a incoar esta acción.

47. Manifiesta que la acción la interpone en término.

16.3. Normas violadas y concepto de la violación.

De la Constitución Política los artículos 29 y 265. Del Código Contencioso Administrativo los artículos 84 y 223 numeral 2º y 3º. Y del Código Electoral los artículos 1º, 163, 164, 182, 189, 192 y 193.

Primer cargo: Violación directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes y decretos leyes). Manifestó que el Congreso de la República es el único que por medio de ley estatutaria puede reglamentar la organización, régimen de partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales; entonces, existe omisión legislativa, dado que esta corporación no ha hecho lo propio respecto de las facultades entregadas al Consejo Nacional Electoral con el Acto Legislativo 1 de 2009. Reprochó que el Consejo Nacional Electoral abusando de su poder, sin facultad para hacerlo y usurpando funciones, haya expedido la Resolución 754 de 2010, con la que fijó un procedimiento de revisión, contrario al Código Electoral. Destacó que el numeral 3º del artículo 265 Constitucional y el numeral 8º del artículo 12 el Código Electoral hacían competente al Consejo Nacional Electoral para conocer las reclamaciones presentadas por primera vez, lo que correlativamente le imponía la obligación de decidir de fondo las que le fueran presentadas, actuación que no fue así.

Las reclamaciones presentadas por primera vez eran procedentes, no como las calificaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral declarándolas extemporáneas, con base en un término que no fue señalado públicamente. Consideró que se violó el principio de igualdad cuando a unos candidatos y apoderados sí se les resolvieron de fondo sus solicitudes mientras que a otros, en las mismas condiciones, les fueron rechazadas de plano, con desconocimiento del artículo 193 del Código Electoral. Por último expuso que los magistrado del Consejo Nacional Electoral tenían la función oficiosa o a petición de parte, de corregir los errores aritméticos, pero que habiéndose puesto estos últimos de manifiesto a esa corporación, pasaron sin modificación alguna, con lo que se configuró una omisión de deberes legales.

Segundo cargo: Por violación del principio constitucional del debido proceso. Lo concretó en que el Consejo Nacional Electoral al omitir pronunciarse de fondo, cuando rechazó de plano las solicitudes presentadas, violó el debido proceso (C.P., art. 29) y denegó justicia a los peticionarios.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos impugnados, una falsa motivación. Se concreta en que los artículos 192 y 193 del Código Electoral no han establecido preclusión para la oportunidad de reclamar, que fue lo que argumentó el Consejo Nacional Electoral cuando estableció procedimientos contrarios al ordenamiento jurídico vigente y consideró fuera de término algunas solicitudes, en especial en elecciones del orden nacional en las que esa entidad está autorizada para conocer y decidir al respecto. Consideró que dar una interpretación restrictiva en cuanto al derecho de presentar reclamaciones y solicitar revisión de escrutinios, cuando se hace conforme a las causales que establece el código, es caer en falsa motivación del acto administrativo.

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados, una clara desviación de poder. Consideró que se dio una errónea interpretación del artículo 193 del Código Electoral cuando se afirmó que en cada escrutinio (auxiliar, municipal, distrital y general) existen etapas preclusivas. Reprocha que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, sin ser competentes para el caso específico de elección de Senado de la República, hayan declarado que las reclamaciones presentadas por primera vez ante ellos, con base en las causales del artículo 192 del Código Electoral, que habían precluido, pues en este tipo de elecciones dichos funcionarios eran los competentes y obligados a conocer de los requerimientos mientras que el reclamante o peticionario podía escoger a lo largo del proceso el momento e instancia en la cual presentaba su solicitud, lo que es así por tratarse de una elección del orden nacional. Insistió en que el Consejo Nacional Electoral atentó contra el debido proceso y el derecho de defensa, en atención a que una regla que surge de la interpretación sistemática dicho código, es que quien tiene la facultad de declarar la elección puede conocer por primera vez las reclamaciones.

Quinto cargo: Por contener los actos demandados un claro abuso de poder. Manifestó que con la desviación de poder consecuencialmente se produjo abuso de poder, pues quienes expidieron los actos administrativos omitieron aplicar su capacidad oficiosa cuando se les dieron a conocer múltiples irregularidades. Se presentó también cuando se desatendieron las reclamaciones, como falta de firmas del formulario E-14 (C.E., art. 192.3), con el argumento de que las mismas debían ser presentadas ante la comisión escrutadora auxiliar o municipal y no ante la comisión escrutadora general o ante el Consejo Nacional Electoral, razón está por la que se debe corregir el error y anular las mesas que no fueron debidamente excluidas producto de las reclamaciones, dada la ilegalidad con la que se negó la petición (Cito apartes de la sent., jun. 14/2002, rad. 2862).

Sexto cargo: Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Con la apocrificidad de los documentos electorales (formularios E14) especificado en los hechos de la demanda, que sirvieron de base para la formación del acta de escrutinio, se puede afirmar que se presentaron irregularidades que configuran las causales de nulidad que se pretenden declarar. Agregó que en las elecciones se presentaron “…falsedades, alteraciones, mutaciones, cambios, tachones, enmendaduras, anotación de votos que no concuerda con el número de sufragantes, similitud de tipos escriturarios en firmas y palabras de varios formularios E-11, provenientes de un solo manuscriturario, desaparición, sustracción o pérdida de documentos electorales…”, que dice el apoderado individualizar en las pretensiones y hechos de la demanda.

Séptimo cargo: Por presentarse en las actas de escrutinio que determinó la elección de los actuales Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014, la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un mayor o menor número de votos en comparación al número de sufragantes, conforme da (sic) cuenta los hechos de esta demanda. Aseguró que cuando se contabilizaron votos que no tenían ningún soporte, se cambio la voluntad popular, situación esta que se presentó cuando los jurados de votación mutaron la cifras de las mesas sin sustento; cuando esta irregularidad pervive el escrutinio auxiliar, entonces la misma se convierte en una falsedad o apocrificidad, tesis esta que ha sido acogida por esta Sección (sent., jul. 14/2002, rad 2862; y sent., jun. 12/2001, rad. 2457). Concluyó que por presentarse esas circunstancian el cargo está llamado a prosperar.

16.4. Contestación de la demanda.

La Registraduría Nacional del Estado Civil alegó que si bien se solicitó que se declare la nulidad de actos administrativo emitidos por el Consejo Nacional Electoral o bien actos suscritos por jurados de votación corregidos posteriormente por esta entidad, en ninguna parte aprecia que la demanda haya sido dirigida en contra de la Registraduría. Manifestó que fue en desarrollo de las facultades contenidas en el artículo 265 de la Constitución, que el Consejo Nacional Electoral profirió los actos administrativos objeto de esta demanda, a partir de competencias que son absolutamente ajenas a las otorgadas a la Registraduría. Por ello, solicitó la desvinculación de la Registraduría y manifestó la voluntad de colaboración en lo que el despacho considere pertinente.

17. Proceso electoral 201000090 de Rodrigo Romero Hernández(76).

17.1. Pretensiones.

Con la demanda se pidió:

PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 1787 de fecha 18 de julio de 2010, notificada en audiencia de fecha 18 de julio de 2010 por medio de la cual se declaró la elección de los Senadores de la República de Colombia para el período constitucional 2010-2014, al igual que las resoluciones 1650 de 2010 y 1780 de 2010, expedidas por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por considerar que en ellos se presentan las siguientes causales de nulidad legales y constitucionales(77).

Primer cargo: Por la violación directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes, decretos-leyes y actos administrativos nacionales).

En el presente cargo, consideramos que los actos administrativos objeto de nulidad en esta demanda electoral, desconocen abierta y claramente lo preceptuado en el artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, artículo 12, concordante con lo reglado en el numeral 8º del artículo 12 del Decreto-Ley 2241 de 1986, en la medida en que el Consejo Nacional Electoral rechazó de plano y omitió pronunciarse i) de las solicitudes de revisión presentadas el 16 de abril, 21 de abril, 18 y 19 de junio y ii.) de las reclamaciones presentadas en audiencia pública de escrutinios los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de julio por primera vez ante los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral interpuestas con base en las causales de reclamación establecidas en el artículo 192 del Código Electoral y artículo 163 de la misma obra, contra los resultados y los formularios electorales de las mesas de votación de los puestos, zonas y municipios que se relacionan en la parte fáctica de esta demanda con base en las pruebas que se arriman y que deberán allegarse, y además, por cuanto, con los mismos actos administrativos impugnados se vulnera igualmente lo preceptuado en los artículos 189 y 193 del Código Electoral.

Segundo cargo: Por la violación del principio constitucional del debido proceso administrativo electoral, plasmado en el artículo 29 de la Carta y desarrollado en el artículo 163 del Código Electoral, conforme lo señalo y desarrollo en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos demandados, una falsa motivación, conforme lo desarrollo igualmente en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados, una clara desviación de poder conforme lo señalo y desarrollo de las (sic) misma manera en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

Quinto cargo: Por contener los actos administrativos demandados, un claro abuso del poder, lo que se sustenta en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

SEGUNDA: De conformidad con lo reglado en la causal 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, se declare la NULIDAD de las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas de votación de los puestos y zonas de votación de las ciudades y municipios, formularios E 24 municipal, E 26 municipal, E 24 departamental, E 26 departamental, E 24 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral, E 26 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral que se relacionan en los hechos de esta demanda, Nulidad (sic) que deberá declararse por cuanto se encontró que el registro que sirvió de base para la formación del Acto (sic) que decretó la Elección (sic) de los actuales Senadores de la república (sic) de Colombia es falso o apócrifo o falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su formación, por cuanto las actas sufrieron alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expidió ya que, tal como se demuestra y acredita en los hechos y con las pruebas que se anexan y se deben arrimar a este proceso.

Los cargos en que se fundamenta esta pretensión son los siguientes:

Primer cargo: Por presentarse el indebido escrutinio y diligenciamiento de la (sic) actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales y municipales de las ciudades y municipios que se describen en los hechos de esta demanda, las cuales están relacionadas con las mesas de votación que se determinan en el acápite de los hechos de la presente demanda, al pretermitirse los requisitos del artículo 163 de (sic) Decreto 2241 de 1986, por lo cual los resultados electorales de las citadas actas de escrutinio no se hallan soportados en un registro electoral válido y por lo tanto son apócrifos.

Segundo cargo: Por presentarse en las actas de escrutinio que determinó la elección de los actuales Senadores de la República, la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un Mayor (sic) o menor número de votos en comparación al número de sufragantes, conforme da cuenta los hechos de esta demanda.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se practique un nuevo escrutinio general de los votos depositados en todo el territorio Nacional para la elección de Senadores de la República, excluyendo del computo (sic) general de la votación los votos depositados en las mesas de votación que contienen las actas de escrutinio de los jurados de votación que presenten las irregularidades que acá se han demostrado, así como se consignen los resultados reales reflejados en los formularios E 14 - actas de escrutinio de mesa de todas y cada una de las mesas de votación relacionadas en esta acción y con la cuales se mutó el resultado electoral de dichas elecciones, conforme los hechos de la presente demanda.

CUARTA: Que se expida a los ciudadanos que resulten ganadores en este nuevo Escrutinio las respectivas credenciales que los acredite como los nuevos Senadores de la República”.

17.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. El 16 de marzo de 2010 se iniciaron los escrutinios de carácter zonal, municipal y distrital.

3. El 21 de marzo de 2010 se dio apertura por parte de los delegados del Consejo Nacional Electoral a los escrutinios de carácter departamental.

4. Durante el proceso de escrutinio departamental se remitieron al Consejo Nacional Electoral los formularios E-24 y E-26 departamentales para efectos del Escrutinio Nacional.

5. A través del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, se facultó al Consejo Nacional Electoral para adelantar, de oficio o a solicitud de parte, la revisión de los escrutinios, de los resultados y de los documentos electorales, en cualquiera de las etapas del proceso de elección.

6. El Congreso de la República es el único que tiene la facultad para reglamentar, a través de una ley estatutaria, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales. El Consejo Nacional Electoral delimitó y fijó los procedimientos para la revisión de los escrutinios, sin tener competencia para ello.

7. El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y sin reglamentación al respecto dictó el protocolo de revisión de los escrutinios a través de la Resolución 754 de 2010.

8. Con fundamento en la mencionada resolución el Consejo Nacional Electoral decidió, a partir del 16 de abril de 2010, revisar los escrutinios de varios departamentos. Este proceso se llevó a cabo de manera arbitraria e ilegal a través de diferentes Salas Unitarias.

9. Dentro de la oportunidad legal y atendiendo las observaciones, el procedimiento y el trámite señalado por cada uno de los magistrados de las Salas Unitarias del Consejo Nacional Electoral, el demandante formuló varias solicitudes de revisión de los resultados electorales en torno a los candidatos 7, 100 y sólo por la lista del Partido Verde (ver mesas de votación, fls. 221 a 243).

10. El fundamento de las solicitudes de revisión fue la diferencia numérica entre los datos consignados en los formularios E-14 y E-24 de los municipios y departamentos señalados en el hecho anterior. Los formularios E-24 registran menos votos a favor del actor que los consignados en los formularios E-14, en detrimento de la verdad electoral.

11. El Consejo Nacional Electoral se negó de manera arbitraria a efectuar las revisiones solicitadas.

12. Todas las solicitudes de revisión presentadas por el demandante ante el Consejo Nacional Electoral fueron negadas de plano por supuesta caducidad.

13. Mientras que al actor le fueron negadas sus solicitudes a otros candidatos estas sí les fueron atendidas en un trato desigual.

14. El Consejo Nacional Electoral rechazó las solicitudes de revisión del actor con fundamento en una inexistente preclusión de la oportunidad o término para la presentación de las mismas porque estas fueron radicadas el 16 de junio de 2010 y la fecha límite para su oportuna presentación fue el 3 de mayo del mismo año.

15. Al señor Carlos Fernando Motoa, candidato 10 del Partido Cambio Radical, sí le fueron atendidas sus reclamaciones con respecto a las diferencias numéricas entre los formularios E-14 y E-24; en su caso se ordenó que se debe dar prelación a lo consignado en los formularios E-14.

16. Como al libelista se le negó el derecho de revisión y corrección de los errores de digitación o de discordancia entre los formularios E-14, E-24 y E-26, se le causó con ello un injustificado e inmenso agravio a sus aspiraciones de acceder a una curul en el Congreso de la República.

17. El rechazo de la solicitud de revisión por error aritmético no agota la vía gubernativa electoral, el interesado puede acudir por el mismo motivo a través de una reclamación electoral de manera directa y por las causales establecidas en la ley, bajo el procedimiento y oportunidad previstos para los efectos.

18. Transcribe las razones esgrimidas por el actor en el escrito que dirigió al Consejo Nacional Electoral para formular sus reclamaciones y agotar el requisito de procedibilidad.

19. Las reclamaciones formuladas por el actor se presentaron en uso de los derechos y facultades previstos en el artículo 192 del Código Electoral.

20. Ante el Consejo Nacional Electoral se pueden presentar por primera vez, por parte de los candidatos, sus apoderados y testigos electorales legítimamente constituidos, las reclamaciones de que trata el artículo 192 del Código Electoral, siempre y cuando éstas no hayan sido objeto de reclamación y/o resolución en las etapas anteriores del proceso administrativo electoral, es decir toda vez que éstas no hayan hecho tránsito a cosa juzgada material.

21. Todas las reclamaciones presentadas por el demandante y su apoderado o fueron rechazadas de plano o no fueron objeto de pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral.

22. Se insiste en este punto en que las solicitudes de reclamación y revisión presentadas no fueron atendidas ni tramitadas por parte del Consejo Nacional Electoral, y que éste sólo se limitó a señalarlas como reclamaciones y a rechazarlas de plano, sin que se tuviese al respecto la opción de interponer recurso alguno.

23. La situación descrita en el hecho anterior configura una falsa motivación del acto administrativo, una clara desviación de poder y una evidente denegación de justicia.

24. Con las decisiones de reproche se convalidaron votaciones en contravía del espíritu de la norma y la voluntad popular.

25. A través de la Resolución 1780 de 18 de julio de 2010, el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar las reclamaciones presentadas el 14 de julio de 2010.

26. En el departamento de Bolívar no se dio una adecuada revisión de los escrutinios como tampoco una debida atención a las reclamaciones presentadas, de 81 mesas revisadas sólo se verificaron 52 de ellas, en el proceso se omitió la realización del cotejo de los documentos y formularios electorales, y la votación registrada en el acto de elección fue contraria a la realidad.

27. Las actuaciones irregulares del Consejo Nacional Electoral fueron plasmadas en el informe final de acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en relación con el proceso de escrutinio.

28. A través de la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Senadores de la República para el período 2010-2014.

29. El Consejo Nacional Electoral se negó a administrar justicia electoral al no atender ni decidir de fondo las reclamaciones presentadas por primera vez ante sus magistrados.

30. Los actos administrativos acusados deben ser declarados nulos por falsa motivación, ya que no se respetaron las competencias atribuidas en la Constitución y la ley.

31. El Consejo Nacional Electoral, en una ostensible desviación de poder, desconoció con su actuar a través de los actos acusados que está legítimamente obligado a conocer y decidir de las reclamaciones electorales presentadas.

32. Las reclamaciones desestimadas por el Consejo Nacional Electoral están llamadas a prosperar.

33. En el proceso electoral del 14 de marzo de 2010 se presentaron hechos constitutivos de fraude electoral, que encuadran en cualquiera de las causales de nulidad de los numerales 2º y 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

34. Reproduce, con sus propias palabras, lo establecido en las causales 2 y 3 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

35. No obstante las irregularidades mencionadas, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Senadores de la República.

36. Con las irregularidades individualizadas en la demanda se mutó el resultado electoral.

37. Las irregularidades especificadas en la demanda determinan la procedibilidad y pertinencia de la acción.

38. Se deben declarar nulas las actas de escrutinio que presentan irregularidad y se debe compulsar copia de ello a los órganos de control para que se impongan las respectivas sanciones de carácter penal y disciplinario.

39. Al quedar determinadas las mesas en las que fueron alterados los resultados electorales, se debe proceder a declarar la nulidad de los respectivos documentos electorales.

40. El estudio de resultados electorales corroborará los hechos y las pretensiones de la demanda.

41. Se deben anular las actas de escrutinio y se deben practicar nuevos escrutinios y expedir las credenciales pertinentes.

42. Se insiste en la relevancia de esta demanda.

43. Como a través de la Resolución 1780 de 2010 el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar las solicitudes de examen de los procesos de votación y escrutinio, presentadas por el actor como requisito de procedibilidad, esta también es objeto de demanda a través de la presente acción.

44. Se reprocha la comisión de conductas delictivas como fundamento de la elección demandada.

45. Se argumenta que los actos administrativos demandados no son congruentes y contravienen lo establecido en el inciso segundo del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 12 y el artículo 14 del Código Electoral.

46. Se insiste en las razones que lo llevaron a incoar esta acción y se hace referencia a la eficacia del voto y la transparencia del proceso electoral.

47. Manifiesta que la acción la interpone en término.

17.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Disposiciones violadas: De la Constitución Política los artículos 29 y 265; del Código Contencioso Administrativo los artículos 84 y 223, numerales 2º y 3º; del Código Electoral, artículos 1º, 163, 164, 182, 189, 192 y 193.

Primer cargo: Violación directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes y decretos leyes).

Se argumenta al respecto que el Congreso de la República es el único que tiene la facultad para reglamentar, a través de una ley estatutaria, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales; que como fue el Consejo Nacional Electoral el que finalmente reglamentó, delimitó y fijó los procedimientos para la revisión de los escrutinios, sin tener la competencia para ello, se incurrió por el legislador en una evidente omisión legislativa. El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y sin reglamentación al respecto dictó el protocolo de revisión de los escrutinios a través de la Resolución 754 de 2010.

El Consejo Nacional Electoral se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, no existe disposición alguna que le permita a éste organismo fijar un procedimiento contrario al establecido por el legislador en el Código Electoral; el consejo actúo de manera arbitraria y usurpó las funciones del legislador en una clara desviación de poder.

La Ley 270 de 1996, el Código Contencioso Administrativo y la Carta Política, consagran expresamente que las causales de revisión y las situaciones que fueron analizadas muchas veces al azar por el Consejo Nacional Electoral deben ser avocadas, controvertidas y decididas a través de una acción pública electoral, y no directamente por el órgano administrativo electoral.

A la luz de preceptuado por el numeral 3º del artículo 265 de la Constitución Política y el numeral 8º del artículo 12 el Código Electoral, es el Consejo Nacional Electoral el competente para conocer y decidir de las reclamaciones presentadas por primera vez durante la etapa de escrutinio del orden nacional.

El Consejo Nacional Electoral desconoció de forma abierta y arbitraria el principio de igualdad, mientras que en algunos casos rechazó de plano por extemporáneas las reclamaciones presentadas por primera vez o no se pronunció con respecto a ellas, en otros accedió a lo por ellas reclamado.

El Consejo Nacional Electoral desconoció las funciones propias que la ley electoral le otorga, omitió su deber legal y constitucional de que en forma oficiosa puede corregir los errores aritméticos presentados cuando los resultados de las votaciones anotados en las actas no coinciden para así garantizar la eficacia y la transparencia del sufragio (Código Electoral, art. 189).

Segundo cargo: Por violación del principio constitucional del debido proceso.

Los actos acusados desconocen abierta y claramente, el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque rechazan de plano o no se pronuncian con respecto a las reclamaciones y solicitudes de revisión oportunamente presentadas en una clara denegación de justicia.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos impugnados, una falsa motivación.

Se argumenta que de conformidad con lo preceptuado por los artículos 192 y 193 del Código Electoral, le compete al Consejo Nacional Electoral conocer de las reclamaciones presentadas por primera vez durante los escrutinios nacionales para Senado de la República y que para ello no se estableció ningún termino preclusivo.

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados una clara desviación de poder.

Se reitera que el Consejo Nacional Electoral interpretó y aplicó de manera errada el artículo 193 del Código Electoral, porque la ley no establece limitación ni preclusión alguna con respecto a cada una de las etapas de los escrutinios de carácter auxiliar, municipal, distrital y general, y la declaratoria de elección de Senado de la República corresponde en única instancia a los magistrados del Consejo Nacional Electoral; que por ello, no son válidos los argumentos expuestos con respecto a que las susodichas etapas precluyeron y que él no es el competente para conocer de las reclamaciones presentadas por primera vez con base en la causales de reclamación del artículo 192 del Código Electoral, porque estas fueron efectivamente presentadas en forma oportuna ante el órgano competente.

Es una regla general que surge de la interpretación sistemática y hermenéutica del Código Electoral, que quien tiene la facultad para declarar la elección conozca por primera vez de las reclamaciones que estén debidamente fundamentadas y relacionadas con cualquiera de las causales de reclamación de que trata el artículo 192 del Código Electoral.

Quinto cargo: Por contener los actos demandados un claro abuso de poder.

El Consejo Nacional Electoral, en un claro abuso de poder y en perjuicio del actor, omitió hacer uso de la capacidad oficiosa de corrección consagra en el artículo 189 del Código Electoral.

Las reclamaciones que tienen que ver con la causal 3ª del artículo 192 del Código Electoral, basadas en la falta de firmas de las actas de escrutinio de los jurados de votación, fueron desatendidas por el Consejo Nacional Electoral con el argumento de que dichas reclamaciones debían ser presentadas ante la comisión escrutadora auxiliar o municipal y no ante la comisión escrutadora general, y mucho menos ante él. Se cita al respecto sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 14 de junio de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 13001-23-32-000-2000-0018-01 (2862).

Sexto cargo: Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

Las apocrificidades de los documentos electorales que sirvieron de base para la formación del acta de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14, encajan dentro de las irregularidades establecidas por la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad con lo reglado en las causales 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en el proceso de elección de Senado de la República se presentaron varias irregularidades, en las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas relacionadas en los hechos de la demanda se puede constatar: apocrificidades, falsedades, alteraciones, mutaciones, cambios, tachones, enmendaduras, anotaciones de votos que no concuerdan con el número de sufragantes, similitud de tipos escriturarios en firmas y palabras de varios formularios E-11 provenientes de un solo manuscrito, desaparición, sustracción o perdida de documentos electorales.

Séptimo cargo: Por presentarse en las actas de escrutinio que determinó la elección de los actuales Senadores de la República para el período constitucional 2010-2014, la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un mayor o menor número de votos en comparación al número de sufragantes.

Se contabilizaron por los jurados votos que no tienen el respectivo soporte humano en contra de lo realmente expresado por la voluntad popular en las urnas. Cuando esta conducta se desarrolla y no se subsana ni advierte en el momento mismo del escrutinio de la mesa y menos aún no se logra corregir en el escrutinio auxiliar por la omisión misma de la comisión escrutadora auxiliar dicha irregularidad, se convierte en una clara falsedad o apocrificidad. Se citan al respecto sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta de 14 de julio de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 13001-23-31-000-2000-0018-01 (2862); de 12 de junio de 2001, radicación 2457; de 14 de enero de 1999, radicación 1871-1872; de 1º de julio de 1999, radicación 2234; de 10 de agosto de 2000, radicación 2400; de 29 de junio de 2001, radicación 2477; de 28 de noviembre de 2002, radicación 3032; de 3 de abril de 2003, M.P. Álvaro González Murcia, radicación 2906; de 17 de junio de 2004, M.P. María Noemí Hernández Pinzón, radicación 3000, 3009 y 3011.

17.4. Contestación de la demanda.

Se guardó silencio.

17.5. Intervenciones.

17.5.1. Emiro Raúl Pérez Ariza.

Intervino para oponerse a las pretensiones de la demanda (fls. 370-374). Sostuvo que las reclamaciones señaladas fueron rechazadas en su momento por el Consejo Nacional Electoral porque no cumplieron con los requisitos legales, en especial porque no se agotó el requisito de procedibilidad establecido en el Acto Legislativo 1 de 2009.

Agregó que la diferencia entre los datos registrados en los formularios E-14 y E-24 no genera por sí misma adulteración de la verdad electoral, puesto que es posible que el escrutinio municipal o departamental modifique los datos consignados por los jurados de votación, con base en las reclamaciones y recuentos de votos solicitados por los candidatos o sus testigos electorales. La simulación del resultado electoral por diferencias numéricas entre los registros de los formularios E-14 y E-24 solamente se presenta si esa inconsistencia no ha sido sustentada por la corporación que efectúa el escrutinio en segundo grado (sents. del Consejo de Estado, Sección Quinta, jun. 12 2001, rad. 2457; abr. 3/2003, rad. 2906; jun. 17/2004, rad. 3000, 3009 y 3011).

Adujo que para poder concluir que lo denunciado por el actor es en verdad una falsedad, se debe contar con toda la documentación electoral requerida, a fin de descartar que las diferencias obedezcan a modificaciones legalmente justificadas. Finalmente se hace mención al principio de la eficacia del voto, a la presunción de legalidad de los documentos electorales, y a la simpleza de la prueba en los cuadros consignados en la demanda, dado que en ellos no queda claro si la información del acta o registro de jurados E-14 es de delegados o claveros.

18. Proceso electoral 201000091 de Fuad Rapag Matar(78).

18.1. Pretensiones

Con la demanda se pidió:

PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 1787 de fecha 18 de julio de 2010, notificada en audiencia de fecha 18 de julio de 2010 por medio de la cual se declaró la elección de los Senadores de la República de Colombia para el período constitucional 2010-2014, al igual que las resoluciones 1676 de 2010, 1428 de 2010 y 1780 de 2010, expedidas por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, por considerar que en ellos se presentan las siguientes causales de nulidad legales y constitucionales(79).

Primer cargo: Por la violación directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes, decretos-leyes y actos administrativos nacionales).

En el presente cargo, consideramos que los actos administrativos objeto de nulidad en esta demanda electoral, desconocen abierta y claramente lo preceptuado en el artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009, artículo 12, concordante con lo reglado en el numeral 8º del artículo 12 del Decreto-Ley 2241 de 1986, en la medida en que el Consejo Nacional Electoral rechazó de plano y omitió pronunciarse i) de las solicitudes de revisión presentadas el 16 de abril, 21 de abril, 18 y 19 de junio y ii) de las reclamaciones presentadas en audiencia pública de escrutinios los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de julio por primera vez ante los honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral interpuestas con base en las causales de reclamación establecidas en el art. 192 del Código Electoral y artículo 163 de la misma obra, contra los resultados y los formularios electorales de las mesas de votación de los puestos, zonas y municipios que se relacionan en la parte fáctica de esta demanda con base en las pruebas que se arriman y que deberán allegarse, y además, por cuanto, con los mismos actos administrativos impugnados se vulnera igualmente lo preceptuado en los artículos 189 y 193 del Código Electoral.

Segundo cargo: Por violación del principio constitucional del debido proceso administrativo electoral, plasmado en el artículo 29 de la Carta y desarrollado en el artículo 163 del Código Electoral, conforme lo señalo y desarrollo en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos demandados, una falsa motivación, conforme lo desarrollo igualmente en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados, una clara Desviación de poder conforme lo señalo y desarrollo de las (sic) misma manera en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

Quinto cargo: Por contener los actos administrativos demandados, un claro abuso del poder, lo que se sustenta en el acápite de normas violadas y concepto de la violación de esta acción (CCA, art. 84).

SEGUNDA: De conformidad con lo reglado en la causal 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, se declare la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas de votación de los puestos y zonas de votación de las ciudades y municipios, formularios E 24 municipal, E 26 municipal, E 24 departamental, E 26 departamental, E 24 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral, E 26 departamental corregido por el Consejo Nacional Electoral que se relacionan en los hechos de esta demanda, nulidad que deberá declararse por cuanto se encontró que el registro que sirvió de base para la formación del acto que decretó la Elección (sic) de los actuales Senadores de la República de Colombia es falso o apócrifo o falsos o apócrifos los elementos que sirvieron para su formación, por cuanto las actas sufrieron alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expidió ya que, tal como se demuestra y acredita en los hechos y con las pruebas que se anexan y se deben arrimar a este proceso.

Los cargos en que se fundamenta esta pretensión son los siguientes:

Primer cargo: Por presentarse el indebido escrutinio y diligenciamiento de la (sic) actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales y municipales de las ciudades y municipios que se describen en los hechos de esta demanda, las cuales están relacionadas con las mesas de votación que se determinan en el acápite de los hechos de la presente demanda, al pretermitirse los requisitos del artículo 163 de (sic) Decreto 2241 de 1986, por lo cual los resultados electorales de las citadas actas de escrutinio no se hallan soportados en un registro electoral válido y por lo tanto son apócrifos.

Segundo cargo: Por presentarse en las actas de escrutinio que determinó la elección de los actuales Senadores de la República, la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un Mayor (sic) o menor número de votos en comparación al número de sufragantes, conforme da cuenta los hechos de esta demanda.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se practique un nuevo escrutinio general de los votos depositados en todo el territorio Nacional para la elección de Senadores de la República, excluyendo del computo (sic) general de la votación los votos depositados en las mesas de votación que contienen las actas de escrutinio de los jurados de votación que presenten las irregularidades que acá se han demostrado, así como se consignen los resultados reales reflejados en los formularios E 14 - actas de escrutinio de mesa de todas y cada una de las mesas de votación relacionadas en esta acción y con las cuales se mutó el resultado electoral de dichas elecciones, conforme los hechos de la presente demanda.

CUARTA: Que se expidan a los ciudadanos que resulten ganadores en este nuevo Escrutinio (sic) las respectivas credenciales que los acredite como los nuevos Senadores de la República”.

18.2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 14 de marzo de 2010 se realizaron las elecciones para conformar el Congreso de la República 2010-2014.

2. El 16 de marzo de 2010 se iniciaron los escrutinios de carácter zonal, municipal y distrital.

3. El 21 de marzo de 2010 se dio apertura por parte de los delegados del Consejo Nacional Electoral a los escrutinios de carácter departamental.

4. Durante el proceso de escrutinio departamental se remitieron al Consejo Nacional Electoral los formularios E-24 y E-26 departamentales para efectos del escrutinio nacional.

5. A través del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 se facultó al Consejo Nacional Electoral para adelantar de oficio o a solicitud de parte la revisión de los escrutinios, de los resultados y de los documentos electorales, en cualquiera de las etapas del proceso de elección.

6. El Congreso de la República es el único que tiene la facultad para reglamentar a través de una ley estatutaria la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales. El Consejo Nacional Electoral delimitó y fijó los procedimientos para la revisión de los escrutinios, sin tener competencia para ello.

7. El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y sin reglamentación al respecto dictó el protocolo de revisión de los escrutinios a través de la Resolución 754 de 2010.

8. Con fundamento en la mencionada resolución el Consejo Nacional Electoral decidió a partir del 16 de abril de 2010 revisar los escrutinios de varios departamentos. Este proceso se llevó a cabo de manera arbitraria e ilegal a través de Salas Unitarias.

9. Dentro de la oportunidad legal y atendiendo las observaciones, el procedimiento y el trámite señalado por cada uno de los magistrados de las Salas Unitarias del Consejo Nacional Electoral, el demandante formuló varias solicitudes de revisión de los resultados electorales (ver mesas de votación fls. 250 a 289).

10. El fundamento de las solicitudes de revisión fue la diferencia numérica entre los datos consignados en los formularios E-14 y E-24 de los municipios y departamentos señalados en el hecho anterior.

11. El Consejo Nacional Electoral negó de manera arbitraria las solicitudes de revisión.

12. Todas las solicitudes de revisión presentadas por el demandante ante el Consejo Nacional Electoral fueron negadas de plano por supuesta caducidad, con actos expedidos por ese órgano con violación del principio de doble instancia.

13. Mientras que al actor le fueron negadas sus solicitudes a otros candidatos sí les fueron atendidas en un trato desigual.

14. Se argumenta en este punto que el Consejo Nacional Electoral rechazó las solicitudes de revisión del actor con fundamento en una inexistente preclusión de la oportunidad o término para la presentación de las mismas porque estas fueron radicas el 16 de junio de 2010 y la fecha límite para su oportuna presentación era el 3 de mayo del mismo año.

15. Al señor Carlos Fernando Motoa, candidato 10 del Partido Cambio Radical, sí le fueron atendidas sus reclamaciones con respecto a las diferencias numéricas entre los formularios E-14 y E-24; en su caso se dio prelación a lo consignado en los formularios E-14.

16. Como al libelista se le negó el derecho de revisión y corrección de los errores de digitación o de discordancia entre los formularios E-14, E-24 y E-26, se le causó con ello un injustificado e inmenso agravio a sus aspiraciones de acceder a una curul en el Congreso de la República.

17. El rechazo de la solicitud de revisión por error aritmético no agota la vía gubernativa electoral, el interesado puede acudir por el mismo motivo a través de una reclamación electoral de manera directa y por las causales establecidas en la ley, bajo el procedimiento y oportunidad previstos para los efectos.

18. Transcribe las razones esgrimidas por el actor en el escrito que dirigió al Consejo Nacional Electoral para formular sus reclamaciones y agotar el requisito de procedibilidad.

19. Las reclamaciones formuladas por el actor se presentaron en uso de los derechos y facultades previstos en el artículo 192 del Código Electoral.

20. Ante el Consejo Nacional Electoral se pueden presentar por primera vez por parte de los candidatos, sus apoderados y testigos electorales legítimamente constituidos las reclamaciones de que trata el artículo 192 del Código Electoral, siempre y cuando estas no hayan sido objeto de reclamación y/o resolución en las etapas anteriores del proceso administrativo electoral, es decir toda vez que estas no hayan hecho transito a cosa juzgada material.

21. Todas las reclamaciones presentadas por el demandante y su apoderado o fueron rechazadas de plano o no fueron objeto de pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral.

22. Se insiste en este punto en que las solicitudes de reclamación y revisión presentadas no fueron atendidas ni tramitadas por parte del Consejo Nacional Electoral, de que éste sólo se limitó a señalarlas como reclamaciones y a rechazarlas de plano sin que se tuviese al respecto la opción de interponer recurso alguno.

23. La situación descrita en el hecho anterior configura una falsa motivación del acto administrativo, una clara desviación de poder y una evidente denegación de justicia.

24. Con las decisiones de reproche se convalidaron votaciones en contravía del espíritu de la norma y la voluntad popular.

25. A través de la Resolución 1780 de 18 de julio de 2010, el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar las reclamaciones presentadas el 14 de julio de 2010.

26. En el departamento de Bolívar no se dio una adecuada revisión de los escrutinios como tampoco una debida atención a las reclamaciones presentadas, de 81 mesas revisadas sólo se verificaron 52 de ellas, en el proceso se omitió la realización del cotejo de los documentos y formularios electorales, y la votación registrada en el acto de elección fue contraria a la realidad.

27. Las actuaciones irregulares del Consejo Nacional Electoral fueron plasmadas en el informe final de acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, en relación con el proceso de escrutinio.

28. A través de la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de Senadores de la República para el período 2010-2014.

29. El Consejo Nacional Electoral se negó a administrar justicia electoral al no atender ni decidir de fondo las reclamaciones presentadas por primera vez ante sus Magistrados.

30. Los actos administrativos acusados deben ser declarados nulos por falsa motivación, ya que no se respetaron las competencias atribuidas en la Constitución y la ley.

31. El Consejo Nacional Electoral en una ostensible desviación de poder desconoció con su actuar, a través de los actos acusados de rechazo, que está legítimamente obligado a conocer y decidir las reclamaciones electorales presentadas.

32. Las reclamaciones desestimadas por el Consejo Nacional Electoral están llamadas a prosperar.

33. En el proceso electoral del 14 de marzo de 2010 se presentaron hechos constitutivos de fraude electoral que encuadran en cualquiera de las causales de nulidad de los numerales 2º y 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

34. Reproduce, con sus propias palabras, lo establecido en las causales 2 y 3 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

35. No obstante las irregularidades mencionadas, el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Senadores de la República.

36. Con las irregularidades individualizadas en la demanda se mutó el resultado electoral.

37. Las irregularidades especificadas en la demanda determinan la procedibilidad y pertinencia de la acción.

38. Se deben declarar nulas las actas de escrutinio que presentan irregularidad y se debe compulsar copia de ello a los órganos de control para que se impongan las respectivas sanciones de carácter penal y disciplinario.

39. Al quedar determinadas las mesas en las que fueron alterados los resultados electorales, se debe proceder a declarar la nulidad de los respectivos documentos electorales.

40. El estudio de resultados electorales corroborará los hechos y las pretensiones de la demanda.

41. Se deben anular las actas de escrutinio y se deben practicar nuevos escrutinios y expedir las credenciales pertinentes.

42. Se insiste en la relevancia de esta demanda.

43. Se reprocha la comisión de conductas delictivas como fundamento de la elección demandada.

44. Se argumenta que los actos administrativos demandados no son congruentes y contravienen lo establecido en el inciso segundo del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 12 y el artículo 14 del Código Electoral.

45. Se insiste en las razones que lo llevaron a incoar esta acción y se hace referencia a la eficacia del voto y la transparencia del proceso electoral.

46. Como a través de la Resolución 1780 de 2010 el Consejo Nacional Electoral se abstuvo de tramitar las solicitudes de examen de los procesos de votación y escrutinio, presentadas por el actor como requisito de procedibilidad, está también es objeto de demanda a través de la presente acción.

47. Manifiesta que la acción la interpone en término.

18.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Disposiciones violadas

De la Constitución Política los artículos 29 y 265; del Código Contencioso Administrativo los artículos 84 y 223, numerales 2º y 3º; del Código Nacional Electoral, artículos 1º, 163, 164, 182, 189, 192 y 193.

Primer cargo: Violación directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes y decretos leyes)

Se argumenta al respecto que el Congreso de la República es el único que tiene la facultad para reglamentar, a través de una ley estatutaria, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y todo lo concerniente a funciones y garantías electorales; que como fue el Consejo Nacional Electoral el que finalmente reglamentó, delimitó y fijó los procedimientos para la revisión de los escrutinios, sin tener la competencia para ello, se incurrió por el legislador en una evidente omisión legislativa. El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y sin reglamentación al respecto, dictó el protocolo de revisión de los escrutinios a través de la Resolución 754 de 2010.

El Consejo Nacional Electoral se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, no existe disposición alguna que le permita a este organismo fijar un procedimiento contrario al establecido por el legislador en el Código Electoral; además, actuó de manera arbitraria y usurpó las funciones del legislador en una clara desviación de poder.

La Ley 270 de 1996, el Código Contencioso Administrativo y la Constitución Política, consagran expresamente que las causales de revisión y las situaciones que fueron analizadas muchas veces al azar por el Consejo Nacional Electoral deben ser avocadas, controvertidas y decididas a través de una acción pública electoral y no directamente por el órgano administrativo electoral.

A la luz de lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 265 de la Constitución Política y el numeral 8º del artículo 12 el Código Electoral, es el Consejo Nacional Electoral el competente para conocer y decidir de las reclamaciones presentadas por primera vez durante la etapa de escrutinio del orden nacional.

El Consejo Nacional Electoral desconoció de forma abierta y arbitraria el principio de igualdad, mientras que en algunos casos rechazó de plano por extemporáneas las reclamaciones presentadas por primera vez o no se pronunció con respecto a las mismas, en otros accedió a lo reclamado.

El Consejo Nacional Electoral desconoció las funciones propias que la ley electoral le otorga, omitió su deber legal y constitucional de que en forma oficiosa puede corregir los errores aritméticos presentados cuando los resultados de las votaciones anotados en las actas no coinciden, para así garantizar la eficacia y la transparencia del sufragio (Código Electoral, art. 189).

Segundo cargo: Por violación del principio constitucional del debido proceso.

Los actos acusados desconocen abierta y claramente el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque rechazan de plano o no se pronuncian con respecto a las reclamaciones y solicitudes de revisión oportunamente presentadas, en una clara denegación de justicia.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos impugnados, una falsa motivación.

Se argumenta que de conformidad con lo preceptuado por los artículos 192 y 193 del Código Electoral le compete al Consejo Nacional Electoral conocer de las reclamaciones presentadas por primera vez durante los escrutinios nacionales para Senado de la República y que para ello no se estableció ningún término preclusivo.

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados una clara desviación de poder.

Se reitera que el Consejo Nacional Electoral interpretó y aplicó de manera errada el artículo 193 del Código Electoral, porque la ley no establece limitación ni preclusión alguna con respecto a cada una de las etapas de los escrutinios de carácter auxiliar, municipal, distrital y general, y la declaratoria de elección de Senado de la República corresponde en única instancia a los magistrados del Consejo Nacional Electoral; que por ello no son válidos los argumentos expuestos con respecto a que las susodichas etapas precluyeron y que él no es el competente para conocer de las reclamaciones presentadas por primera vez con base en la causales de reclamación del artículo 192 del Código Electoral, porque éstas fueron efectivamente presentadas en forma oportuna ante el órgano competente.

Es una regla general que surge de la interpretación sistemática y hermenéutica del Código Electoral, que quien tiene la facultad para declarar la elección conozca por primera vez de las reclamaciones que estén debidamente fundamentadas y relacionadas con cualquiera de las causales de reclamación de que trata el artículo 192 del Código Electoral.

Quinto cargo: Por contener los actos demandados un claro abuso de poder.

El Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder y en perjuicio del actor omitió hacer uso de la capacidad oficiosa de corrección consagra en el artículo 189 del Código Electoral.

Las reclamaciones que tienen que ver con la causal 3ª del artículo 192 del Código Electoral, basadas en la falta de firmas de las actas de escrutinio de los jurados de votación fueron desatendidas por el Consejo Nacional Electoral con el argumento de que dichas reclamaciones debían ser presentadas ante la comisión escrutadora auxiliar o municipal y no ante la comisión escrutadora general, y mucho menos ante él. Se cita al respecto sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, de 14 de junio de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 13001-23-32-000-2000-0018-01 (2862).

Sexto cargo: Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

Las apocrificidades de los documentos electorales que sirvieron de base para la formación del acta de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14 encajan dentro de las irregularidades establecidas por la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

De conformidad con lo reglado en las causales 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en el proceso de elección de Senado de la República se presentaron varias irregularidades, en las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas relacionadas en los hechos de la demanda se puede constatar: apocrificidades, falsedades, alteraciones, mutaciones, cambios, tachones, enmendaduras, anotaciones de votos que no concuerdan con el número de sufragantes, similitud de tipos escriturarios en firmas y palabras de varios formularios E-11 provenientes de un sólo manuscrito, desaparición, sustracción o pérdida de documentos electorales.

Séptimo cargo: Por presentarse en las actas de escrutinio que determinaron la elección de los actuales Senadores de la República para el período 2010-2014, la apocrificidad de los documentos electorales cuando se refleja un mayor o menor número de votos en comparación al número de sufragantes.

Se contabilizaron por los jurados votos que no tienen el respectivo soporte, en contra de lo realmente expresado por la voluntad popular en las urnas. Cuando esta conducta se desarrolla y no se subsana ni advierte en el momento mismo del escrutinio de la mesa, y menos aún se logra corregir en el escrutinio auxiliar por la omisión misma de la comisión escrutadora auxiliar, dicha irregularidad se convierte en una clara falsedad o apocrificidad. Se citan al respecto sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta de 14 de julio de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 13001-23-31-000-2000-0018-01 (2862); de 12 de junio de 2001, radicación 2457; de 14 de enero de 1999, radicación 1871-1872; de 1º de julio de 1999, radicación 2234; de 10 de agosto de 2000, radicación 2400; de 29 de junio de 2001, radicación 2477; de 28 de noviembre de 2002, radicación 3032; de 3 de abril de 2003, M.P. Álvaro González Murcia, radicación 2906; de 17 de junio de 2004, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, radicación 3000, 3009 y 3011.

18.4. Contestación de la demanda.

Se guardó silencio.

19. Proceso electoral 201000092 de Arturo Yepes Alzate.

19.1. Pretensiones(80).

Con la demanda se pidió:

“PRIMERO: Declarar nulo el acto administrativo contenido en la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral, luego de los comicios realizados el pasado 14 de marzo de 2010, declaró elegidos a los Senadores de la República, para el período Constitucional 2010-2014, y ordenó la expedición de las respectivas credenciales.

SEGUNDO: Declarar nulo (sic) el acta general de escrutinio para Senado de la República o formulario E-26, con fundamento en el cual el Consejo Nacional Electoral, luego de los comicios realizados el pasado 14 de marzo de 2010, declaró elegidos a los Senadores de la República, para el período constitucional ordinario 2010-2014, —Resolución 1787 del 18 de julio de 2010—, y ordenó la expedición de las respectivas credenciales, limitando la anulación en lo que tiene que ver, con los votos asignados al candidato 26 el (sic) Partido Conservador para Senado de la República, señor Alfredo Ape Cuello Baute.

TERCERO: Declarar nulo (sic) los actos administrativos contenidos en las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, mediante los cuales se resolvieron las solicitudes de revisión y verificación de los escrutinios presentados (sic) por el apoderado del doctor Arturo Yepes Alzate, y que a continuación se relacionan:

a) Resolución 1462 del 02 de julio de 2010…

b) Resolución 1463 del 02 de julio de 2010…

c) Resolución 1464 del 02 de julio de 2010…

d) Resolución 1465 del 02 de julio de 2010…

e) Resolución 1466 del 02 de julio de 2010…

f) Resolución 1467 del 02 de julio de 2010…

g) Resolución 1522 del 07 de julio de 2010…

h) Resolución 1539 del 07 de julio de 2010…

i) Resolución 1634 del 11 de julio de 2010…

j) Resolución 1258 del 17 de junio de 2010…

k) Resolución 1335 del 23 de junio de 2010...

l) Resolución 1263 del 17 de junio de 2010…

m) Resolución 1229 del 10 de junio de 2010…

n) Resolución 1741 del 15 de julio de 2010…

o) Resolución 1206 del 09 de junio de 2010…

p) Resolución 1132 del 02 de junio de 2010…

q) Resolución 1222 del 10 de junio de 2010…

r) Resolución 1703 del 14 de julio de 2010…”.

CUARTO: Se ordene y practique judicialmente por el honorable Consejo de Estado un nuevo escrutinio de los votos sufragados en la lista con voto preferente por el candidato Alfredo Ape Cuello Baute No.26 (sic) en la Tarjeta Electoral del partido Conservador Colombiano, en los departamentos de Cesar, Magdalena, Bogotá D.E (sic), Cundinamarca, la Guajira, Meta, Tolima, Norte de Santander a partir de los formularios E-14 de delegados (acta de escrutinio de los jurados de votación), circunscribiendo el escrutinio a los municipios, zonas, puestos y mesas de votación que se indican en el cuerpo de esta demanda”.

19.2. Fundamentos de hecho(81).

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. Para la contienda electoral del 14 de marzo de 2010 se inscribió Alfredo Ape Cuello Baute como candidato al Senado de la República, en la lista con voto preferente 26 por el Partido Conservador Colombiano.

2. Las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales o municipales, realizaron el escrutinio con base en los formularios E-14 claveros, resolvieron reclamaciones presentadas por testigos electorales y una vez terminado consolidaron las cantidades en los formularios E-24.

3. Las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales y municipales en los puestos y mesas especificados en los cargos primero y segundo, reflejaron en los formularos E-24 cantidades superiores a las realmente depositadas a favor del candidato Alfredo Ape Cuello Baute, lo que hace falsos los formularios E-24 y E-26.

4. Con fundamento en las resoluciones 552 y 754 de 2010, el Consejo Nacional Electoral adelantó proceso de revisión de los escrutinios en la mayoría de los departamentos como consecuencia de las múltiples denuncias, incluidas las presentadas por el apoderado del candidato Arturo Yepes Alzate.

5. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral dividió entre los magistrados las circunscripciones electorales del país, a efecto de adelantar el proceso de revisión.

6. Algunos magistrados adelantaron un proceso de revisión público y previa verificación de los formularios E-11, E-14 delegados, E-14 claveros, E-24 y E-26, pudieron establecer irregularidades; además, las diferencias entre los guarismos contenidos en los formularios E-14 delegados y E-24, que no tenían justificación alguna, se retrotraían al primero de los mismos.

7. El formulario E-14 delegados, fue el documento que se digitalizó y publicó en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con este documento los candidatos investigaron irregularidades que se presentaron en el proceso de escrutinio por los jurados de votación y por las comisiones escrutadoras zonales.

8. El formulario E-14 claveros, es el documento con el que se realizó el escrutinio por parte las comisiones escrutadora zonales o municipales.

9. Algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral atendieron la Resolución 754 de 2010, mientras que otros magistrados no realizaron el proceso de revisión o se apartaron de lo previsto en la mencionada resolución, con lo cual no se pudo demostrar las irregularidades, fraudes y falsedades cometidas por los jurados de votación en los formularios E-14 claveros, y por las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales o municipales en los formularios E-24.

10. Aunque los formularios E-14 delegados y E-14 claveros se expiden en el mismo momento y con la misma información, dirigidos a autoridades distintas, en el proceso de revisión que efectuó el Consejo Nacional Electoral se pudo establecer que contenían información diferente a favor de algunos candidatos.

11. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral ante el recuento injustificado y generalizado de votos que realizaron las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales o municipales en varios municipios del país, advirtió la ilegalidad de esta conducta por cuanto el recuento sólo procede en los eventos señalados en los artículos 163 y 164 del Código Electoral.

12. En muchos casos se constató que las comisiones escrutadoras zonales o municipales modificaron los votos registrados en el formulario E-14, sin ninguna justificación.

13. Algunas comisiones escrutadoras municipales o zonales justificaron los cambios en el formulario E-24 con la frase “Mesa recontada”.

14. En los formularios E-24 y E-26 se consignaron datos falsos, producto de las irregularidades presentadas.

15. En las actas de escrutinio municipal o zonal para Senado se consignaron guarismos superiores a los efectivamente depositados a favor del candidato Alfredo Ape Cuello Baute, 26 en la lista del Partido Conservador.

16. El acta de escrutinio departamental se basó en información falsa que benefició al candidato 26 del Partido Conservador, señor Alfredo Ape Cuello Baute.

17. Con fundamento en el formulario E-26 el Consejo Nacional Electoral determinó el umbral y la cifra repartidora, y así distribuyó las curules a proveer entre los diferentes partidos y movimientos políticos, situación que se reflejó en la Resolución 1787 de 2010.

18. El formulario E-26 registra guarismos superiores a los que fueron depositados en favor del candidato 26 del Partido Conservador. A pesar de que esta falsedad fue denunciada oportunamente, el Consejo Nacional Electoral no revisó las mesas denunciadas o si lo fueron los cambios no se reflejaron en el acta general de escrutinio o formulario E-26.

19. El formulario E-26 es nulo respecto de los votos consignados en favor del candidato 26 del Partido Conservador, señor Alfredo Ape Cuello Baute, en la medida que se basó en documentos electorales que son falsos o apócrifos.

19.3. Normas violadas y concepto de violación(82).

El demandante afirmó que con las resoluciones citadas en la pretensión tercera y las resoluciones 1780 y 1787 de 2010 se violó el artículo 265 modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 numerales 4º, 6º y 8º, de la Constitución Política y los artículos 223 numeral 2º y 227 del Código Contencioso Administrativo.

Primer cargo: Diferencias injustificadas entre las Actas de Escrutinio del Jurado de Votación (formulario E-14 delegados) y el formulario E-24, en favor del candidato 26 del Partido Conservador Colombiano, señor Alfredo Ape Cuello Baute.

El demandante argumentó que son falsos o apócrifos los datos contenidos en los formularios E-24 porque contienen cifras distintas a las registradas en los formularios E-14 delegados, sin justificación legal, irregularidades que favorecieron al candidato 26 del partido Conservador Colombiano, señor Alfredo Ape Cuello Baute, porque su votación aumentó al finalizar los escrutinios en las distintas zonas, municipios y departamentos (ver mesas fls. 96-107). El actor puntualiza los departamentos, municipios, zonas, puestos y mesas donde se cometió fraude, los cuales fueron: Cesar(83), Magdalena(84), Bogotá, D.C.(85), Cundinamarca(86), La Guajira(87), Meta(88), Tolima(89) y Norte de Santander(90).

Adujo que a pesar de que las irregularidades fueron denunciadas y se demostró que las comisiones escrutadoras registraron votos inexistentes; desaparecieron votos no marcados y correlativamente marcaron votos en favor de ciertos candidatos y disminuyeron votos en blanco que análogamente aumentaron la votación de algunos aspirantes, el Consejo Nacional Electoral ordenó una revisión aleatoria, para lo cual solicitó información a los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no obstante la documentación allegada fue incompleta por lo que la revisión sobre estas mesas tampoco pudo surtirse en su totalidad.

Por otra parte, indicó que mediante las resoluciones 1258, 1229, 1741, 1206 y 1222 de 2010 el Consejo Nacional Electoral rechazó in limine otras solicitudes de revisión que presentó, violándose con ello el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución Política, el numeral 2º del artículo 223 y el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo. Afirmó que el recuento generalizado de los votos sin fundamento legal, esto es, sin que mediara alguna de las causales previstas en los artículos 163 y 164 del Código Electoral, también se utilizó como modalidad de fraude para variar los resultados electorales.

Señaló que se presentaron diferencias marcadas entre los formularios electorales E-14 delegados y E-14 claveros, situación que reveló que los jurados de votación incumplieron la normativa electoral. En atención a lo anterior, el Consejo Nacional Electoral resolvió tener como base formulario el E-14 delegados para el cómputo definitivo de los votos consignados en las mesas que revisó y ordenó modificar el E-24.

Por último, el accionante concluyó que el Consejo Nacional Electoral en vista de tantas irregularidades denunciadas debió revisar la totalidad de las mesas acusadas, toda vez que con las situaciones descritas permitió dejar en el escrutinio cantidades falsas o apócrifas que tergiversaron la verdad electoral.

Segundo cargo: Recuento ilegal, injustificado y generalizado de las mesas de votación, realizado por las comisiones escrutadoras municipales, modificando los guarismos electorales en favor del candidato 26 del Partido Conservador señor Alfredo Ape Cuello Baute.

El demandante expuso que el recuento ilegal, indiscriminado y generalizado de mesas de votación por parte de los jurados de votación lleva a que los formularios E-24 sean falsos o apócrifos ya que consignaron guarismos distintos y superiores a los verdaderamente registrados en los E-14 delegados favoreciendo al candidato Alfredo Ape Cuello Baute, acto que violó los artículos 163 y 164 del C.E.

Señaló que la norma electoral dispone que no se puede solicitar por parte de los testigos o apoderados electorales el recuento generalizado e indiscriminado de todas las mesas de un municipio, ya que las causales de reclamación son taxativas y se deben individualizar y particularizar en cada mesa, lo mismo ocurre con las comisiones escrutadoras, quienes en cumplimiento de las normas electorales (C.E., arts. 163 y 164) deben dejar claro el estado en el cual encontraron los documentos electorales, lo que acontece con el escrutinio, si se presentan reclamaciones, cuáles fueron las causales, si se autorizó hacer el recuento y la razón de ello, cuál es el resultado de dicho recuento y los cambios por cada candidato; y no como ocurrió en el presente caso en donde las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales o municipales realizaron recuento generalizado e indiscriminado, con fundamento en causales sin soporte normativo, con abuso de sus funciones y con el único objeto de favorecer al candidato 26 por el partido Conservador Colombiano. El actor soportó su fundamento citando jurisprudencia de la Corte Constitucional (ver págs. 129-131) y del Consejo de Estado (ver págs. 134-137).

El actor puntualizó los departamentos, municipios, zonas, puestos y mesas donde se cometió fraude, los cuales fueron: Cesar(91), Cundinamarca(92) y Norte de Santander(93).

Adujo que a pesar de que denunció la presente irregularidad, el Consejo Nacional Electoral no la atendió, situación que permitió que permanecieran en el escrutinio consignados cantidades falsas o apócrifas que tergiversaron la verdad electoral y que por ello violaron el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución Política y el numeral 2º del artículo 223 y el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo.

Por último, solicita que se declare probada la falsedad de las actas de escrutinio auxiliar, zonal, y municipal y se proceda a realizar un nuevo escrutinio en los departamentos, municipios, zonas, puestos y mesas objeto de esta demanda, únicamente respecto de la votación del candidato 26 por el partido Conservador Colombiano.

19.4. Contestación de la demanda.

La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que es el Consejo Nacional Electoral la entidad con facultades para conocer y decidir sobre los recursos que se interpongan sobre los escrutinios generales, declarar la elección y expedir las correspondientes credenciales, y que de acuerdo con el artículo 181 del Código Electoral, los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil fungen exclusivamente como secretarios en las comisiones escrutadoras. Por todo lo mencionado solicitó que en atención a las pretensiones de la demanda, sea desvinculado del proceso.

II. Alegatos de conclusión

1. Expedientes 201000068 y 201000083.

José Manuel Abuchaibe Escolar, en su condición de actor dentro del proceso 201000068 y como apoderado del Senador Edgar Espíndola Niño y del Partido de Integración Nacional, PIN, demandados dentro del proceso 201000083, presentó sus alegatos con escrito radicado el 14 de febrero de 2012 (fls. 1602 a 1624), que en síntesis solicita acceder a las pretensiones de la demanda del proceso 201000068 y que se despachen desfavorablemente todas las pretensiones del proceso 201000083.

Con respecto al requisito de procedibilidad argumentó que a partir del Acto Legislativo 1 de 2009 el ejercicio de la acción electoral presupone el agotamiento del requisito de procedibilidad antes de la declaratoria de elección, a través de la previa reclamación ante las autoridades electorales con respecto a las circunstancias constitutivas de las causales de nulidad por irregularidades en los procesos de votación y escrutinio.

De conformidad con el artículo 247 del Código Contencioso Administrativo es posible intentar el contencioso electoral por la ocurrencia de causales objetivas de nulidad, como la falsedad en los registros electorales, y a consecuencia de ello solicitar la práctica de nuevo escrutinio para corregir las irregularidades probadas.

Jurisprudencial y doctrinariamente constituye un presupuesto procesal de la demanda en materia electoral el agotamiento del requisito de procedibilidad. Ninguna de las demandas radicadas: 2010-00061; 2010-00065; 2010-00072; 2010-00073; 2010-00075; 2010-00077; 2010-00079; 2010-00080; 2010-00081; 2010-00082; 2010-00083; 2010-00084; 2010-00085; 2010-00088; 2010-00089; 2010-00090; 2010-00091 y 2010-00092 cumplen con el citado requisito.

A título de ejemplo cita que en el proceso 201000083 el agotamiento del requisito de procedibilidad fue fundamentado por el actor en las reclamaciones y revisiones que fueron aportadas con el escrito de corrección de la demanda, así como en varias peticiones de cumplimiento del requisito de procedibilidad propuestas durante la etapa de los escrutinios por errores de carácter aritmético, pero que no obra al respecto ningún escrito diferente que se refiera al agotamiento del requisito y que verse sobre las posibles causales de nulidad del acto administrativo. La mención a las causales de reclamación y revisión al momento de agotarse el requisito de procedibilidad y no a las causales de nulidad hace improcedente la acción electoral.

Cuando la demanda carece de los presupuestos y requisitos exigidos por la ley le corresponde al juez inhibirse para proferir una decisión de fondo.

En relación con el proceso 201000068 se advierte que con la demanda se aportó copia autenticada del oficio de 12 de julio de 2010 y de los conceptos 1891 y 2391 de 2010, todos expedidos por el Consejo Nacional Electoral, a través de los cuales se agotó el requisito de procedibilidad; y que el agotamiento del requisito de procedibilidad presentado sí versó sobre las posibles causales de nulidad del acto administrativo que se acusa.

En la totalidad de las demandas presentadas se confunden las reclamaciones con el agotamiento del requisito de procedibilidad, las dos situaciones fueron tratadas como hechos similares. Fue el mismo Consejo Nacional Electoral el que originó dicha confusión e integró en una misma situación estos dos aspectos.

El requisito de procedibilidad de orden constitucional es sustancialmente diferente de las reclamaciones previstas en el artículo 192 del C.E., mientras que en el Código los destinatarios de las normas son los candidatos, sus apoderados o los testigos electorales, en la disposición constitucional que establece el requisito no existen destinatarios específicos, pues lo son los potenciales actores en ejercicio del contencioso electoral en virtud de su legitimación universal en materia electoral.

Se citan al respecto sentencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado, M.P. Susana Buitrago Valencia, de 10 de marzo de 2011, con radicación 110010328000201000020-00, Actor: Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas, Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento de Antioquia; M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, de 1 de septiembre de 2010, con radicación 11001-03-28-000-2010-00051-00, Actor: Jorge Alberto García Herreros Cabrera, Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento de Norte de Santander; M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, de 13 de diciembre de 2010, con radicación 11001-03-28-000-2010-00076-00, Actor: Mercedes del Carmen Maturana Esquivia, Demandado: Senadores de la República.

Como el Consejo Nacional Electoral adoptó el protocolo de revisión de escrutinios y señaló las decisiones a adoptar durante el desarrollo de la audiencia de revisión a través de la Resolución 754 de 9 de abril de 2010, y ésta fue publicada en el Diario Oficial 47.687 el día 21 de ese mismo mes y año, 12 días después de ser aprobada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, todo lo actuado hasta esa fecha de la publicación debió ser revocado. La jornada electoral del 14 de marzo de 2010 se llevó a cabo bajo el imperio de unas normas vigentes sobre escrutinios y votaciones que posteriormente fueron alteradas en una seria violación al debido proceso.

Concluye que no se encuentra en relación con las demandas presentadas a excepción de la por él instaurada (201000068), prueba idónea que demuestre que el requisito de procedibilidad se agotó en presencia de las causales objetivas de nulidad fundadas en irregularidades en los procesos de elección o escrutinio tal como lo dispone la norma constitucional.

En cuanto a la demanda 201000068 ratifica los argumentos expuestos en el escrito de demanda y expone que el Consejo Nacional Electoral, al tratar de aplicar el numeral 4º del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 que modificó el artículo 265 de la Constitución Política, reglamentó la atribución de revisión de los escrutinios y alteró con ello la legislación electoral vigente.

En reciente fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de 19 de septiembre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00041-00, M.P. Susana Buitrago Valencia, dentro del proceso de nulidad del artículo 10 de la Resolución 552, se precisó que las autoridades electorales tienen cierta capacidad reglamentaria pero que esta tiene carácter residual y subordinado, y no puede desconocer la competencia atribuida al Presidente de la República en la materia; para el cabal cumplimiento de sus cometidos las autoridades electorales pueden expedir disposiciones de carácter general sobre aspectos que por su nivel de detalle y su carácter puramente técnico y operativo no hayan sido reglamentados por el Presidente de la República.

Argumentó que el pasado 8 de junio de 2010 se demandó ante el Consejo de Estado la Resolución 754 “Por la cual se adoptó el protocolo de revisión de escrutinios”, y que en la actualidad el proceso ya identificado con radicación 11001032800020100001800 se encuentra acumulado con otros dos procesos y está pendiente de fallo.

La Resolución 754 de 2010 que reglamentó el proceso de revisión determinado en el numeral 4º del artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 que modificó el artículo 265 de la Constitución Política, introdujo nuevas normas acerca de la nulidad o exclusión de mesas y votaciones, y modificación de escrutinios en firme; contempló una nueva etapa de escrutinio que desplazó todas las decisiones tomadas en los escrutinios zonales, municipales, distritales o departamentales; modificó las normas sobre los escrutinios y la validez del voto; y estableció exclusiones por huellas y tarjetones no firmados. El Consejo Nacional Electoral reformó todo el sistema electoral conocido y aplicado hasta la fecha a través de un acto administrativo, reformó el Código Electoral, añadió otras normas al mismo y violó con ello ostensiblemente la Constitución y la ley.

Posteriormente y sin modificarse el contenido de la Resolución 754, el Consejo Nacional Electoral mediante concepto descompuso y transformó la misma, suprimió radicalmente la doble instancia como garantía del debido proceso. El Consejo Nacional Electoral se extralimitó en el ejercicio de sus funciones relacionadas con el proceso electoral porque en ninguna parte del Acto Legislativo 1 de 2009 se le concedió facultades para reglamentarlo.

Se reitera que en las audiencias públicas de escrutinio, efectuadas por el Consejo Nacional Electoral, se hicieron las respectivas notificaciones de las resoluciones proferidas dentro del proceso de revisión, pero que no se dieron a conocer públicamente los resultados definitivos de las actas de escrutinio elaboradas por las comisiones escrutadoras departamentales una vez estas fueron modificadas y consolidadas, es decir los E-24 y E-26 finales.

Las actas departamentales que fueron leídas en las audiencias de escrutinios son la base para el consolidado general, estas conservan su firmeza porque ni se conocieron de sus modificaciones en audiencia ni fueron notificados sus cambios en estrados. Lo publicado al respecto en su momento en la página web fue una impertinencia que violó el debido proceso.

De conformidad con lo preceptuado por los artículos 187 y 192 del C.E., el escrutinio de toda la votación nacional debe practicarse por el Consejo Nacional Electoral con base en las actas y registros válidos de los escrutinios realizados por los delegados, escrutinio departamental, que se encuentren en firme y las actas válidas de los jurados de votación en el exterior. El Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para resolver de las reclamaciones que se presenten por escrito y en forma razonada durante el escrutinio con base en las causales del artículo 192 ibídem.

La atribución especial prevista en el numeral 8º del artículo 265 de la C.P., de realizar el escrutinio general de toda votación nacional y de hacer las respectivas declaraciones de elección y expedición de credenciales significa que el Consejo Nacional Electoral debió contabilizar los sufragios depositados a favor de cada candidato o lista para obtener el resultado y con base en el mismo determinar quienes resultaban electos para los cargos a proveer.

Con la Resolución 1781 de 18 de julio de 2010, el Consejo Nacional Electoral omitió realizar el escrutinio general de la votación nacional correspondiente al Senado de la República para en consecuencia hacer las respectivas declaraciones de elección y expedición de credenciales. Se limitó a publicar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil los formularios E-24 y E-26, con las modificaciones de los resultados definitivos de los escrutinios nacionales y con base en los mismos declaró la elección y entregó credenciales.

Las resoluciones 1757, 1740, 1734, 1733, 1731, 1729, 1727, 1719, 1718, 1715, 1714, 1711, 1710, 1708, 1707, 1706, 1704, 1703, 1700, 1698, 1697, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1677, 1666, 1661, 1647, 1646, 1645, 1637, 1635, 1634, 1633, 1629, 1625, 1623, 1616, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1604, 1601, 1597, 1596, 1590, 1589, 1573, 1571, 1569, 1568, 1560, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1535, 1534, 1524, 1519, 1507, 1505, 1503, 1501, 1498, 1497, 1494, 1493, 1479, 1477, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1452, 1450, 1448, 1446, 1435, 1434, 1432, 1425, 1422, 1410, 1409, 1407, 1386, 1385, 1378, 1376, 1375, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1348, 1339, 1338, 1337, 1332, 1330, 1321, 1271, 1267, 1247, 929, 905, 790, 789, 788, 784, 782, 776, 772, 770, 767, 766, 764, 763, 759, 738, 734, 733, 731, 730, 729, 719, 715, 714, 711, 697, 661, 660, 657, 654, 648 y 647, expedidas por el Consejo Nacional Electoral durante el proceso de revisión, son contrarias a la Constitución y la ley electoral.

Las susodichas resoluciones 1757, 1740, 1734, 1733, 1731, 1729, 1727, 1719, 1718, 1715, 1714, 1711, 1710, 1708, 1707, 1706, 1704, 1703, 1700, 1698, 1697, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1677, 1666, 1661, 1647, 1646, 1645, 1637, 1635, 1634, 1633, 1629, 1625, 1623, 1616, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1604, 1601, 1597, 1596, 1590, 1589, 1573, 1571, 1569, 1568, 1560, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1535, 1534, 1524, 1519, 1507, 1505, 1503, 1501, 1498, 1497, 1494, 1493, 1479, 1477, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1452, 1450, 1448, 1446, 1435, 1434, 1432, 1425, 1422, 1410, 1409, 1407, 1386, 1385, 1378, 1376, 1375, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1348, 1339, 1338, 1337, 1332, 1330, 1321, 1271, 1267, 1247, 0929 y 0905, expedidas por el Consejo Nacional Electoral durante el proceso de revisión, son adicionalmente contrarias al mismo protocolo de revisión.

Las resoluciones 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1534, 1524, 1519, 1409, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1339, 1338, 1337 y 1271 expedidas por el Consejo Nacional Electoral durante el proceso de revisión tomaron como base del escrutinio el formulario E-14 y desconocieron lo consignado en el formulario E-24, además declararon la nulidad de los recuentos de votos que se hicieron por las comisiones escrutadoras.

Las resoluciones 790, 789, 788, 784, 782, 776, 772, 770, 767, 766, 764, 763, 759, 738, 734, 733, 731, 730, 729, 719, 715, 714, 711, 697, 661, 660, 657, 654, 648 y 647 fueron expedidas irregularmente por el Consejo Nacional Electoral antes del día 21 de abril de 2010, es decir sin fundamento antes de la publicación del protocolo de revisión.

Frente a la demanda radicada con el Nº 201000083 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación y afirmó que todos los cargos son vagos e improcedentes. Es un absurdo jurídico que se pretenda con la demanda la realización de un nuevo escrutinio con base en los formularios E-14 delegados ante una supuesta discrepancia entre los formularios E-14 y E-24, cuando en la misma no se analizaron de forma particular las justificaciones que existen al respecto en las actas de escrutinio y además se ha constatado que los E-14 de claveros que fueron objeto de custodia legal son congruentes con los E-24 que se acusan.

Es procedente la excepción de caducidad de la acción. Al efecto precisa que la corrección de la demanda se dio en forma extemporánea, el 14 de septiembre de 2010 cuando se solicitó además de la nulidad del acto de elección, la nulidad de los diferentes actos por los cuales la Administración se pronunció con respecto a las solicitudes de reclamación y revisión. Como el acto de elección (Res. 1787/10), fue notificado por estrados el 18 de julio de 2010, los veinte (20) días de caducidad de la acción electoral previstos en el artículo 136.12 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, vencieron el 17 de agosto de 2010. Las modificaciones introducidas en el acápite de pretensiones al corregir la demanda se hicieron fuera del término de caducidad.

Para que se pueda demandar junto con el acto de elección los actos administrativos expedidos por las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral que decidieron de las reclamaciones y revisiones presentadas por errores aritméticos se debió agotar en debida forma el respectivo trámite administrativo. Las reclamaciones no deben ser parte integral de la demanda, ya que la posibilidad de juzgar los actos mediante los cuales se resuelven las reclamaciones electorales está condicionada a que se adelante y agote la etapa correspondiente ante la autoridad electoral, pues lo contrario implicaría desconocer una de las finalidades que justifica la actual distinción legal entre causales de reclamación y causales de nulidad electoral.

No existe ninguna incongruencia en las mesas que se detallan en la demanda y si se presenta un dato diferente consignado en el E-24 existe explicación o justificación para ello.

La demanda es temeraria, incoherente y carece de justificación probatoria. El demandante trata de fundar la demanda en las incongruencias entre los formularios E-14 delegados y E-14 claveros y al mismo tiempo ataca los recuentos de votos que justifican las diferencias consignadas en los E-24. En la demanda no se encuentra en detalle en qué consiste la falsedad, el actor no hace un análisis de los recuentos en las mesas que justifican las diferencias y del porque considera que estos recuentos fueron ilegales, tampoco analiza las actas generales de escrutinios de cada municipio para encontrar las justificaciones de las diferencias acusadas, sólo se limita a comparar absurdamente el E-14 delegados con los E-24.

El resumen de las cantidades consignadas en los E-24 y que según el actor no tiene justificación alcanzan los 31.802 votos, este valor se reduce a 9.621 votos si se tienen en cuenta los supuestos casos cuestionados en el escrito de corrección.

Se reitera que el agotamiento del requisito de procedibilidad fue fundamentado por el actor en las reclamaciones y revisiones que fueron aportadas con el escrito de corrección de la demanda, así como en los diferentes escritos de petición de cumplimiento de dicho requisito, propuestos durante la etapa de los escrutinios por errores de carácter aritmético, pero que no obra al respecto ningún escrito diferente que se refiera al agotamiento del requisito y que verse sobre las posibles causales de nulidad del acto administrativo.

Se insiste en que la votación total del partido PIN fue de 892.720, que los votos válidos para Senado fueron 10.961.631, que el umbral fue de 219.232 y la cifra repartidora de 99.191 votos, lo que le otorga al partido nueve (9) curules al Senado de la República. Antes del proceso de revisión el PIN tenía una votación de 897.118, por lo que al contabilizarse los resultados de la revisión se descontaron un total de 4.398 votos, pero ello no afecto en nada la composición de las nueve curules asignadas así: 1. Juan Carlos Rizzeto Luce con 84.125 votos; 2. Héctor Julio Alfonso López con 78.767 votos; 3. Carlos Arturo Quintero Marín con 60.816 votos; 4. Hemel Hurtado Angulo con 59.054 votos; 5. Manuel Julián Mazenet Corrales con 59.048 votos; 6. Antonio José Correa Jiménez con 55.931 votos; 7. Teresita García Romero con 53.573 votos; 8. Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado con 51.616 votos; 9. Edgar Espíndola Niño con 42.157 votos.

2. Expediente 201000084.

Lidio Arturo García Turbay, demandante en este proceso, con escrito radicado el 15 de febrero de 2012 (fls. 1626 a 1655), señala que le fueron omitidos del cómputo y resultado electoral 296 (sic) votos en el departamento de Bolívar y 34 votos en el departamento de Cesar. En el departamento de Bolívar: Carmen de Bolívar: 96 votos; María la Baja: 11 votos; San Jacinto: 20 votos; San Juan de Nepomuceno: 6 votos; Soplaviento: 20 votos; San Jacinto del Cauca: 20 votos; Arroyo Hondo: 15 votos; Córdoba: 38 votos; Distrito de Cartagena: 40 votos; Turbaco: 1 voto; Santa Catalina: 4 votos; Santa Rosa: 14 votos; y Santa Rosa del Sur: 1 voto. En el departamento de Cesar: Aguachica: 34 votos.

Se debe acceder a las pretensiones de la demanda y su reforma y como consecuencia se debe declarar la nulidad de los actos acusados por cuanto la Resolución 1787 de 19 de julio de 2010, por la cual el Consejo Nacional Electoral declaró la elección de los Senadores de la República para el período 2010-2014, y los actos denegatorios de las peticiones previas a la misma, con los que se agotó el requisito de procedibilidad, son contrarios a derecho. Al expedirse los actos se incurrió en fraude electoral y en las causales objetivas de nulidad.

Con respecto al requisito de procedibilidad se manifiesta que éste se cumplió y agotó conforme a la ley, y que prueba de ello es que en la Resolución 1780 de 18 de julio de 2010 del Consejo Nacional Electoral, consta en el considerando 1.48 que fue el actor el que a través de apoderado impugnó mesa a mesa los resultados que le fueron contrarios, y en el artículo 2º de la parte resolutiva de la misma se reconoce el agotamiento de ese requisito.

Luego de hacer una mención textual a las pretensiones obrantes en la corrección de la demanda y una referencia sucinta a la demanda presentada por el Senador Guillermo García Realpe (201000073), se argumenta que se encuentra demostrado a través de los diferentes medios probatorios que:

1. En las circunscripciones electorales de Bolívar, Cesar y Nariño se presentaron algunos casos de verdadera falsedad en los documentos electorales que afectaron el resultado de las votaciones anotadas por los jurados de mesa en las actas de escrutinio. La modificación de los resultados implicó una variación sustancial en los sumandos representativos de la votación de Guillermo García Realpe y simultáneamente una alteración de los resultados de Lidio Arturo García Turbay por una sustracción importante de votos; algunos de los documentos soporte del acto de elección son falsos o apócrifos.

2. El Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 663 de 26 de marzo de 2010, en ejercicio de su competencia constitucional de revisión, suspendió el proceso de escrutinio en el municipio de Magangué en el departamento de Bolívar, asumió directamente la realización del mismo y ordenó el traslado de los documentos a la ciudad de Bogotá.

3. Consta en las actas respectivas allegadas al proceso que mediante auto de 11 de junio de 2010, el magistrado ponente de la Sala Unitaria de Revisión del Consejo Nacional Electoral, Dr. Pablo Emilio Gil de la Hoz, escogió 723 mesas para realizar el proceso de revisión e incluyó dentro del mismo las reclamaciones presentadas por los candidatos Guillermo García Realpe, Luis Fernando Duque, Hedison Delgado y Sigifredo López, en relación con los municipios de Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Cantagallo, Cartagena, Cicuco, Clemencia, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Magangué, El Guamo, Hatillo de Loba, Mahates, Margarita, María la Baja, Mompós, Montecristo Morales, Pinillos, San Cristóbal, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa Sur, Simití, Soplaviento, Talaigua Nuevo, Turbaco, Turbaná, y Villanueva.

4. Como el demandante presentó el 28 de junio de 2010 varias reclamaciones con respecto a algunas mesas ubicadas en el departamento de Nariño, especialmente en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco, y estas le fueron negadas en forma verbal ante una posible falta de tiempo para su resolución, en una clara violación al derecho a la igualdad con respecto a los otros candidatos, se formuló una acción de tutela. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, a través de providencia de15 de julio de 2010 le ordenó al Consejo Nacional Electoral que hiciera, si fueren pertinentes, las revisiones solicitadas, pero ello no se cumplió.

5. El proceso de escrutinio llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral se apartó de lo reglado por las resoluciones 552 de 10 de marzo y 754 de 9 de abril de 2010.

6. A través de la Resolución 1704 de 15 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral modificó los formularios E-24 y E-26 del departamento de Bolívar y lesionó con ello los intereses del demandante. Sin fundamento alguno restó del resultado de García Turbay la suma de 191 votos (sic) legítimos. Esta decisión fue recurrida pero finalmente confirmada por Resolución 1762 de 17 de julio de 2010.

7. En el municipio de Aguachica en el departamento de Cesar, después de estar estructurados los formularios E-14, E-24 y E-26, y de que al actor se le registraron 239 votos legítimos en el cómputo final, se le descontaron sin fundamento ni explicación 34 votos. Aunque por Resolución 661 de 15 de marzo de 2010 el Consejo Nacional Electoral ordenó la revisión de los documentos electorales y escrutinios de los municipios del departamento de Cesar, entre otros el de Aguachica, y luego por Resolución 1466 de 2 de julio de 2010, se adoptaron las decisiones dentro del proceso de revisión del escrutinio y de los documentos electorales y se ordenó modificar los resultados del escrutinio municipal correspondiente a ésta circunscripción sin ordenar descuento alguno a Lidio Arturo García Turbay burdamente le quitaron 34 votos.

Posteriormente se argumenta por el actor que la prueba pericial incorporada por él al proceso con fundamento en el artículo 116 de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010, fue elaborada por un profesional experto en estudios de documentología, grafología y dactiloscopia. Que de conformidad con las pruebas documentales, los formularios E-14 claveros, las actas generales, los formularios E-24 y demás formularios allegados por la Registraduría, se puede verificar que en las elecciones del 14 de marzo de 2010 a él como candidato por el Partido Liberal al Senado de la República, 30 en el tarjetón, no le contabilizaron doscientos noventa y cuatro votos (294) (sic) a los cuales tenía derecho y en cambio a Guillermo García Realpe, 20 en el tarjetón, quien fue elegido Senador, se le contabilizaron de manera irregular cinto siete votos (107) a los cuales no tenía derecho.

El dictamen pericial elaborado por el profesional Oscar Fajardo Guzmán tiene plena validez, porque se presentó dentro de la oportunidad procesal debida, se hizo a la luz de los documentos electorales, es claro, preciso y objetivo y no fue controvertido por la parte contraria.

Posteriormente se describe en forma detallada las posibles situaciones de fraude que se encuentran consignadas en el dictamen en relación con las siguientes mesas: del departamento de Bolívar: El Carmen de Bolívar: Zona 2 puesto 2 mesa 4, zona 2 puesto 2 mesa 6; María la Baja: Zona 0 puesto 0 mesa 15, zona 99 puesto 14 mesa 2; San Jacinto: Zona 0 puesto 0 mesa 3, zona 0 puesto 0 mesa 39; San Juan: Zona 2 puesto 2 mesa 13; Sopla viento: Zona 0 puesto 0 mesa 2; San Jacinto del Cauca: Zona 99 puesto 45 mesa 2; Córdoba: Zona 99 puesto 80 mesa 1; Arroyo Hondo: Zona 99 puesto 21 mesa 1; Cartagena: Zona 6 puesto 2 mesa 35; Zona 9 puesto 1 mesa 7, zona 10 puesto 1 mesa 2, zona 10 puesto 3 mesa 6, zona 11 puesto 1 mesa 8, zona 11 puesto 1 mesa 34, zona 14 puesto 1 mesa 47, zona 15 puesto 3 mesa 12, zona 15 puesto 3 mesa 33, zona 17 puesto 2 mesa 4; Santa Catalina: Zona 99 puesto 21 mesa 4; Turbaco: Zona 0 puesto 0 mesa 5; Santa Rosa: Zona 0 puesto 0 mesa 15, zona 2 puesto 1 mesa 3. Del departamento de Cesar, zona 1 puesto 2 mesa 3, zona 1 puesto 2 mesa 11, zona 1 puesto 2 mesa 14, zona 1 puesto 3 mesa 1, zona 1 puesto 3 mesa 2, zona 1 puesto 3 mesa 6, zona 1 puesto 3 mesa 10, zona 1 puesto 3 mesa 11, zona 1 puesto 3 mesa 12, zona 1 puesto 3 mesa 13, zona 1 puesto 3 mesa 14, zona 2 puesto 1 mesa 10, zona 2 puesto 2 mesa 2, zona 2 puesto 3 mesa 15, zona 2 puesto 3 mesa 7. Del departamento de Nariño: Pasto: Zona 2 puesto 1 mesa 9, zona 3 puesto 2 mesa 10, zona 5 puesto 1 mesa 1, zona 5 puesto 6 mesa 2, zona 5 puesto 6 mesa 6; Tumaco: Zona 1 puesto 1 mesa 5, zona 2 puesto 1 mesa 19, zona 2 puesto 2 mesa 19, zona 3 puesto 1 mesa 16, zona 3 puesto 2 mesa 4, zona 3 puesto 3 mesa 4, zona 90 puesto 1 mesa 8, zona 99 puesto 25 mesa 1, zona 99 puesto 30 mesa 2, zona 99 puesto 58 mesa 1, zona 99 puesto 59 mesa 3, zona 99 puesto 64 mesa 1; Ipiales: Zona 1 puesto 1 mesa 9 y Zona 1 puesto 3 mesa 10 (ver fls. 1643-1653).

El alegado resultado fraudulento no solo se encuentra probado a través del dictamen pericial, basta con mirar los formularios E-14 claveros, las actas generales de escrutinio y los formularios E-24, para determinar que las modificaciones hechas en las mesas censuradas carecen de soporte, que no se trata de meros errores aritméticos, sino que son efectivos fraudes electorales que deben ser corregidos por vía jurisdiccional.

De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección en situaciones de normalidad los datos registrados en el formulario E-24 ó cuadro de resultados que utilizan las comisiones, deben coincidir con los anotados por los jurados de votación en el formulario E-14 que le sirve de base. Cuando existe una diferencia numérica entre el dato registrado en el formulario E-24 en relación con lo anotado en el formulario E-14, per se, no constituye una falsedad, puede ocurrir que la misma haya tenido origen en la prosperidad de una reclamación, en el recuento de votos, o en correcciones oficiosas hechas por parte de la comisión escrutadora, eventos que deben quedar consignados en el acta general de escrutinio. Las cifras consignadas por los jurados de votación en los formularios E-14 no son inmutables porque bajo una justificación válida pueden ser objeto de modificación por parte de la comisión escrutadora en los eventos previstos en los artículos 163 y 164 del C.E. La falsedad del registro contenido en el formulario E-24 tiene ocurrencia en aquellos eventos en los que la cifra registrada en este formulario es diferente de la consignada por los jurados de votación en el formulario E-14, sin que medie justificación o explicación válida de esa discrepancia y el acta general de escrutinios tampoco señale nada al respecto.

Se está en presencia de una falsedad o adulteración del formulario E-24 cuando en dicho documento son registradas cifras numéricas de manera injustificada que no guardan relación con las consignadas por los jurados de votación, esto es, que no provienen del recuento de votos, de correcciones oficiosas por parte de la comisión escrutadora o de la respuesta a determinada reclamación electoral y de los cuales no se haya dejado constancia en la respectiva acta general, con el claro propósito de ocultar votos válidamente depositados o de registrar votos inexistentes (ver sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, jul. 8/2010, M.P. Susana Buitrago Valencia).

Finalmente se reitera y concluye que a través de los diferentes medios probatorios se demuestra que las autoridades electorales incurrieron en graves, flagrantes y ostensibles violaciones al sistema electoral en razón a que a Lidio Arturo García Turbay, identificado con el No 30 en el tarjetón, no se le contabilizaron 294 (sic) votos a los cuales tenía derecho y a Guillermo García Realpe, con el No 20 en el tarjetón, elegido Senador, se le contabilizaron de manera irregular 107 votos a los cuales no tenía derecho.

3. Expedientes 201000072 y 201000088.

El Senador José Francisco Herrera Acosta presentó el escrito de alegatos el 16 de febrero de 2012 (fls. 1658 a 1680), con el que solicita que se nieguen las pretensiones de las demandas acumuladas, se declaren probadas las excepciones propuestas y se condene en costas a los accionantes. Para ello, se ratifica en todos y cada uno de los argumentos expuestos en los escritos de contestación, en las pruebas aportadas y en las excepciones de fondo propuestas.

Hace una mención sucinta a las pruebas decretadas y finalmente allegadas para cada proceso y concluye que no se puede deducir a partir del acervo probatorio que se presentó con respecto a los documentos electorales algún tipo de falsedad.

En cuanto a la suplantación de jurados de votación argumenta que no se encuentra probado que se presentó la suplantación de jurados o la presencia dominante de jurados suplantadores, como tampoco el que formularios E-14 hayan sido firmados por estos, tal como se corroboró por el Consejo Nacional Electoral al hacer el proceso de revisión y escrutinio.

No se encuentra evidenciada la existencia de por los menos un jurado impostor, ni mucho menos, que alguno de estos haya diligenciado y suscrito formularios E-14 en el municipio de Soledad como desatinadamente se alega en la demanda.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 3º, 40 y 265 de la Constitución, si se presenta una discrepancia entre la realidad fáctica y jurídica de un acta de escrutinio o registro electoral de cualquier naturaleza y alcance y lo en ella consignado la consecuencia es su nulidad.

En cuanto a la nulidad de registros electorales y actas de escrutinios por la existencia de jurados de votación usurpadores afirma José Francisco Herrera Acosta que tales jurados no existieron y que de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, carece de todo sustento legal la anulación de registros electorales por la actuación de jurados usurpadores cuando lo que se debe es salvaguardar el derecho constitucional fundamental de elegir y ser elegido, y garantizar el principio de la eficacia del voto.

Carece de fundamento jurídico la exclusión de una mesa de votación en la que ha actuado como jurado una persona sin nombramiento, cuando se evidencia que en ella actuaron 2 o más jurados de votación legalmente designados y las actas de escrutinios han sido suscritas por ellos (ver sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, radicación 4060, 4068, 4069, M.P. Filemón Jiménez Ochoa).

Si dentro del debate electoral en el departamento del Atlántico se omitió en algunos casos la elaboración del formulario E-2 ó éste quedó sin firma, ello no es óbice para que se pueda decir que hubo fraude o que las actas son falsas.

En lo que respecta a la modificación de jurados por parte de la autoridad electoral se ajustó a derecho y no es causal para la exclusión de mesas de votación. Para que ello prospere se debe demostrar que los jurados de facto o de hecho fueron mayoría en cada una de las mesas acusadas, el número de jurados de facto debe superar al número de jurados legalmente designados, la firma de los primeros debe ser mayor a la de los de derecho en el formulario E-14 (ver sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, radicación 44001-23-31-003-2008-00007-01 de 14 de agosto de 2009, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón).

Después, al tratar del principio de la confianza legítima, en la actuación administrativa electoral, dijo que el jurado remanente, el cual se cuestiona en esta demanda, se allanó en suficientes razones para confiar íntegra y legítimamente en las actuaciones administrativas surtidas por la Registraduría; actuó objetivamente, fundado en el principio de confianza legítima, dio por sentado que su designación fue legítima, independientemente de que su asignación a una mesa en específico se diera a través del formulario E-2.

El principio de confianza legítima que se invoca para fundamentar la legitimidad de los jurados se desprende de los postulados constitucionales: seguridad jurídica, respeto al acto propio y buena fe; busca proteger al ciudadano frente a las posibles actuaciones inadecuadas o reprochables de la administración.

Los jurados remanentes designados legítimamente, por virtud de este principio, confiaron en los actos administrativos que se expidieron para la realización de las elecciones. La confianza en la Registraduría, como administración pública, y la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones como servidor público transitorio, señalaron su conducta como jurado, independientemente que los actos administrativos (formularios E-2) que en principio tuvieron una apariencia de legalidad en sentido formal, en su contenido pudieron haber presentado problemas de validez por la falta de firma de quien los expidió.

La Corte Constitucional en desarrollo del principio de la confianza legítima ha construido una sub regla, en todas las actuaciones de los particulares, se presume la buena fe; cuando un particular asume el rol de servidor público de manera transitoria, se obliga a cumplir su “función” de manera transparente, impoluta, limpia, sin actitudes engañosas o incorrectas; la base ideológica que inspira el comportamiento de la administración y de los administrados en sus relaciones está conformada por la equidad, la moralidad y la justicia.

Al referirse a las diferencias entre los formularios E-14 y E-24, dijo que según la jurisprudencia de esta Sección el formulario E-14 tiene validez siempre y cuando no se presente el reconteo de votos; si existe reconteo se tiene como válido el formulario E-24. Este cargo se torna insignificante en cuanto se observa que la parte actora no puntualizó ni identificó en cuales mesas se presentó el alegado fenómeno de los supuestos jurados de hecho, ni cuál fue su incidencia mayoritaria en cada una de ellas. No basta con expresar en el libelo demandatorio de forma arbitraria que es falsa el acta de escrutinio de una mesa de votación en la que aparezca un jurado de facto o ilegalmente designado, se debe probar que ellos fueron mayoría en la respectiva mesa y que menos de 2 jurados legalmente designados suscribieron la respectiva acta.

Los actores denunciaron la ocurrencia de supuestas suplantaciones, pero en ninguna parte las determinaron con precisión. Aunque se expone por la parte actora su crítica con respecto a un determinado número de mesas, y en cada una se refiere a la existencia presunta de un (1) jurado de facto, no se discute la legalidad de los otros 5 jurados que debieron actuar allí.

La jurisprudencia de esta Sección, en un nítido perfeccionamiento del principio de justicia rogada contenido en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, ha venido sosteniendo que en los procesos electorales donde se cuestione la legalidad del acto de elección por la presunta ocurrencia de causales objetivas de nulidad, es necesario que la parte demandante indique con la mayor precisión posible los casos particulares que afecten la auténtica expresión de la voluntad popular, al punto que si por ejemplo, se denuncia la presencia de jurados homogéneos, se individualicen con precisión, sin ser posible cargos incorpóreos como los hechos en esta demanda (ver sent. de la Sección Quinta del Consejo de Estado, rad. 2007-00236, M.P. Dra. María Nohemí Hernández).

Al referirse a las supuestas inconsistencias en los nombres registrados de los votantes, dijo el mismo es improcedente por falta de prueba, y que: 1. Ésta irregularidad se puede presentar por error de los jurados de votación en la anotación, o por omisión de los jurados al registrar su verdadero nombre en el formulario E-11. 2. Cuando se presenta un error en la anotación de los nombres, o una equivocación en las casillas donde se registra el voto, la inconsistencia no siempre simula o modifica el resultado electoral. 3. Para deducir la falsedad de un registro por inconsistencias entre el nombre registrado en el formulario E-11 y el nombre del titular de la cédula de ciudadanía, es necesario analizar individualmente la situación planteada para aclarar si se presentó fraude, suplantación de votantes, simulación porque fueron depositados votos que nunca lo fueron por los ciudadanos aptos para sufragar, o equivocación de existencia numérica.

Los votos falsos que originen la nulidad de una elección deben tener la suficiente magnitud cuantitativa para alterar el resultado. Debe desestimarse el cargo planteado porque si bien la parte actora manifiesta que se presentaron durante el proceso electoral en el departamento del Atlántico diferentes fraudes, suplantaciones y demás anomalías no se precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido ni se aportaron las pruebas al respecto.

El proceso electoral no se puede utilizar para descubrir mediante investigación hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino para corroborar, comprobar, que efectivamente los ya descubiertos, concretos y determinados por los demandantes tuvieron ocurrencia.

La instancia de revisión del escrutinio y la aplicación directa del precepto constitucional. A través del Acto Legislativo 1 de 2009, se adicionó el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución, y se estableció una instancia de revisión para los escrutinios y los documentos electorales. Como el legislador omitió la reglamentación de dicho procedimiento fue finalmente el Consejo Nacional Electoral el que en aplicación directa del texto constitucional y para efectos del proceso de revisión de las elecciones de 14 de marzo de 2010 el que llevó a cabo su desarrollo a través de la elaboración de un protocolo.

Fueron los demandantes los que solicitaron ante el Consejo Nacional Electoral la revisión total de los escrutinios de los municipios de Soledad y Manatí en el departamento del Atlántico.

Al tenor de la norma constitucional el proceso de revisión de escrutinios no es una instancia más dentro del proceso electoral. El código electoral permanece inalterable, las normas que regentan el proceso de escrutinio se mantienen y son de obligatorio cumplimiento.

Los demandantes bajo un criterio equivoco sustentan que el proceso de revisión de que habla el numeral 4º del artículo 265 de la Constitución es una instancia más dentro del proceso electoral en donde caben toda clase de reclamaciones, inclusive las que ya fueron falladas en la etapa de escrutinio. La etapa de escrutinio ante las comisiones escrutadoras fue atendida en debida forma.

Se discute con insistencia por la parte actora que las reclamaciones pueden interponerse aún durante el procedimiento de revisión, cuando de conformidad con el código electoral las reclamaciones sólo proceden hasta antes de la declaratoria de elección, y antes del escrutinio ante la comisión delegada e integrada por miembros del Consejo Nacional Electoral, quien resuelve de las apelaciones que vienen del escrutinio ante comisiones distritales, municipales y departamentales, de conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 182 Ib. zonal, y los artículos 177, 180 y 182 del Código Electoral.

Durante el proceso de revisión de los escrutinios no caben reclamaciones, la instancia para formularlas es durante el desarrollo del escrutinio como lo dispone el Código Electoral.

Demanda en forma en el proceso electoral. La presente demanda es inepta por cuanto no se individualiza el acto acusado. La ineptitud de la demanda desde el punto de vista formal sólo es predicable cuando se omite la designación correcta de las partes, no se precisa lo que se demanda, o no se individualiza el acto administrativo cuya nulidad se impetra (ver sent. C.E., Sec. Quinta, rad. exps. Acumulados 639, 623, 624 y otros, M.P. Dra. Amado Gutiérrez (sic)).

Acción electoral. Requisitos para la formulación de la demanda y carga de la prueba. El hecho de que la acción electoral sea pública no significa que se exima al demandante el cumplir con todos los requisitos para la formulación de la demanda, ni que se le exonere de la carga de la prueba. No basta con dar a conocer en forma abstracta que en un proceso electoral se presentaron irregularidades, es preciso determinar y especificar, tratándose de actas y registros electorales, en dónde está la falsedad o la apocrificidad o qué elementos las conformaron y en qué consisten.

Si se alega suplantación de votantes se debe mencionar quien suplantó a quien, indicando no solo la mesa de votación en que se produjo la irregularidad, sino el voto que fue suplantado o falsamente depositado, lo cual no es posible, cuando en forma genérica se señala que hubo suplantación de electores, determinándose únicamente la mesa de votación, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia no pueden los interesados esperar que ante planteamientos generales, sea el juez administrativo quien mediante un proceso de decantación establezca cuales son en definitiva los cargos concretos que se formulan contra el acto de elección (ver sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, rad. 4700123310002202033701, M.P. Filemón Jiménez Ochoa).

Inepta demanda. La formulación de las declaraciones por parte del apoderado contienen un absurdo factico y jurídico, de prosperar las solicitudes de eliminación de mesas de votación, por cuenta de las presuntas irregularidades que se describen confusamente en la demanda, dicha exclusión no sería posible respecto a un candidato en específico, como lo dispone el actor (justicia rogada), sino que debe rogarse respecto a todo el universo que resulte afectado por la irregularidad objetiva sin que le esté permitido al juez electoral ajustar las declaraciones erradamente elevadas, de manera oficiosa, máxime cuando se evidencia que el abogado las hace con conocimiento de causa, puesto que en otra acción por él mismo incoada, contra el mismo acto de elección, persigue similares declaraciones por los mismos hechos pero respecto de otro candidato en específico.

Las causales expuestas en la demanda no se encuentran enlistadas en el art. 223 del Código Contencioso Administrativo. La demanda en estudio no se ciñó a esta preceptiva, optó por sus propios argumentos sin sujetarse a la normativa que determina que sólo son aceptables las seis causas señaladas en la norma.

El demandante plantea un libelo demandatorio plagado de falencias de orden legal que convierten la acción electoral en inocua y en inepta la demanda, porque: 1. No especifica cuál es la causal invocada. El demandante omitió calificar la causal o causales con las cuales fundamenta su demanda. 2. No agotó el requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política con respeto a todos los actos demandados. Las reclamaciones inicialmente formuladas tanto por Rodrigo Lara Restrepo y Carlos Motoa, durante la etapa de escrutinio, como por el apoderado de estos, Dr. Wilton José Molina Siado, durante el proceso de revisión, están dirigidas en contra de la elección de José Herrera Acosta, y no con respecto a la generalidad de los elegidos en toda la circunscripción nacional.

Las reclamaciones inicialmente formuladas por la parte actora no constituyen el examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral (C.N., art. 237, par.), por cuanto estas fueron dirigidas única y exclusivamente en contra de uno solo de los elegidos; sin embargo, la demanda de acción de nulidad electoral, va dirigida en contra de la totalidad de Senadores de la República.

Excepción de falta de cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Se ha establecido en la norma, como requisito de procedibilidad que para concurrir a los estrados judiciales a invocar la acción especial electoral se requiere que previamente el actor haya acudido a las instancias electorales oportunamente, esto es, ante las comisiones escrutadoras municipales, auxiliares, departamentales y el Consejo Nacional Electoral. En el caso bajo examen se ha demandado la nulidad del acto que declara la elección de Senadores de la República, sin que previamente se haya agotado ésta etapa. Es tan cierto ello, que precisamente los demandantes reconocen que el Consejo Nacional Electoral se pronunció mediante varias resoluciones en las cuales quedó plasmado una nugatoria de sus pretensiones, por haber concurrido en forma extemporánea.

Excepción innominada. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, se solicita al despacho que se decrete cualquier medio exceptivo cuyos fundamentos de hecho aparezcan acreditados dentro del proceso.

Características de la acción de nulidad electoral. Uno de los requisitos para que prospere la acción de nulidad de carácter electoral es que debe aparecer debidamente invocado, sustentado y probado el hecho alegado. El cargo de falsedad de las actas de escrutinio sólo tiene vocación de prosperidad cuando la exclusión de los votos comprobadamente falsos tienen la potencialidad de modificar el resultado de la elección acusada (ver sent. de la Sección Quinta del Consejo de Estado, rad. 2007-0232, acumulados, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo). La diferencia entre Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Motoa, y José Francisco Herrera Acosta es notable y extensa, superior a los tres mil quinientos (3.500) votos.

4. Expediente 201000072.

El senador Carlos Fernando Motoa Solarte, con escrito radicado el 16 de febrero de 2012 (fls. 1681 a 1698), y por medio de apoderado judicial, presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos:

“I. Requisito de procedibilidad”. Argumentó que en cumplimiento del auto que ordenó corregir la demanda individualizó las resoluciones demandadas, aportó solicitudes y reclamaciones y anexó copia de los actos administrativos acusados.

“II. Fundamentos de este alegato”. Al respectó solicitó que los argumentos que fueron expuestos en la demanda se consideren incorporados a los alegatos, al mismo tiempo que reiteró la carencia de sustento legal de las decisiones adoptadas por la autoridad electoral en el sentido de que los votos que fueron depositados a favor de Carlos Fernando Motoa Solarte, en su condición de candidato por el Partido Cambio Radical, fueron con posterioridad invalidados, no contabilizados o excluidos del cómputo general sin causa legal que justificara dicha situación.

“1. Las resoluciones acusadas”. Identificó como actos demandados los siguientes: Resolución 1102 de 31 de mayo, Resolución 1318 de 22 de junio, Resolución 1325 de 22 de junio, Resolución 1381 de 29 de junio, Resolución 1319 de 22 de junio, Resolución 1321 de 22 de junio de 2010, Resolución 1485 de 3 de julio, Resolución 1329 de 23 de junio, Resolución 1421 de 30 de junio, Resolución 1330 de 23 de junio, Resolución 1486 de 3 de julio, Resolución 1337 de 23 de junio, Resolución 1546 de 7 de julio, Resolución 1457 de 2 de julio, Resolución 1479 de 3 de julio, Resolución 1680 de 13 de julio, Resolución 1721 de 15 de julio, Resolución 1667 de 13 de julio de 2010.

“2. La Resolución 1780 de 2010”. Manifestó que mediante la misma se resolvieron las reclamaciones que fueron presentadas en audiencia pública el 17 de julio de 2010 y que tuvieron como base las irregularidades ocurridas durante los escrutinios zonales y municipales. En los mencionados escrutinios el formulario electoral E-24 reflejó un aumento injustificado de votos (348) a favor de un determinado candidato del Partido Cambio Radical, al mismo tiempo que mostró que los votos que inicialmente fueron registrados en el E-14 a favor de otros candidatos desaparecieron. Para el actor la mentada resolución desconoce el numeral 4º del artículo 265 constitucional y los artículos 9º y 10 de la Resolución 552 de 2010.

“3. No reconocimiento a mi poderdante de votos registrados en el formulario E-14”. Señaló que la nulidad de las actas de escrutinio y de los formularios E-24 y E-26 que le sirvieron de fundamento a las demás resoluciones debe declararse con fundamento en las irregularidades que se presentaron en relación con la votación que obtuvo el señor Carlos Fernando Motoa Solarte, a quien los votos que le aparecían registrados en el formulario E-14 no le fueron trasladados a los formularios E-24 en las mesas de votación correspondientes a los departamentos de Antioquía, Atlántico, Meta, Tolima y Valle del Cauca, y Bogotá, D.C. (ver mesas fls. 1684 a 1686).

“4. No reconocimiento a mi poderdante de votos registrados en el formulario E-24”. Sobre este punto el actor recalcó la inexistencia de acto administrativo alguno que pudiera servir de sustento legal para la decisión de exclusión de los votos depositados a favor del señor Carlos Fernando Motoa Solarte en las mesas de votación ubicadas en las zonas 26 y 27 de Cali - Valle del Cauca (ver mesas fls. 1686-1687).

Igualmente argumentó que debe declarase la nulidad de las actas de escrutinio que no tuvieron en cuenta los votos depositados en su favor en las zonas 00 y 99 del Litoral de San Juan - Chocó (ver mesas fl. 1687).

“5. El reconocimiento indebido de votos al candidato numero (sic) 9 del partido Cambio Radical”. Argumentó que otro motivo por el cual las actas de escrutinio y sus registros electorales se encuentran viciados de nulidad, consiste en la irregular contabilización de votos que se presentó en favor del candidato 9 del Partido Cambio Radical en las zonas, puestos y mesas descritos en la solicitud de 17 de julio de 2010 y que devino en la existencia de resultados apócrifos y falsos, situación en razón de la cual debe declararse además de la nulidad parcial o total de las actas, ordenarse (i) la contabilización de los votos registrados en el E-14 que sin causa legal fueron dejados de contabilizar; (ii) tener en cuenta los votos que fueron registrados en el E-24 en favor del señor Carlos Fernando Motoa Solarte (pretensión 6ª) y (iii) excluir del cómputo general los votos que irregularmente fueron registrados en los formularios E-24 y E-26 a favor de “los candidatos de que da cuenta la pretensión quinta”.

Las irregularidades descritas se presentaron en los departamentos de Cundinamarca, Vichada, Caldas, Guaviare, Antioquía, Arauca, Guajira, Tolima, Meta, Valle del Cauca y Huila, y Bogotá D.C., (ver mesas fl. 1688 a 1690)

“III Consideraciones jurídicas complementarias”. Sobre el particular el actor expresó que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad, toda vez que con ellos se violan los artículos 258 y 265 numeral 4º constitucional, modificados por los actos legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009 respectivamente; el artículo 1º del C.E.; el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el ordinal 2º del artículo 17 de la Ley 62 de 1988 y el artículo 9º de la Resolución 552 de 2010.

Enfatizó que en el sub judice la diferencia de votos entre la última persona declarada elegida y la primera de los no elegidos (es actor) es tan pequeña que la nulidad o la validación de cualquier voto puede ser determinante para el resultado. Por último recalcó nuevamente sobre las diferencias que presentaron los formularios electorales E-14, E-24 y E-26.

“1. Los formularios y el valor de su contenido”. El actor argumentó que si bien en principio el contenido de los diferentes formularios electorales debe coincidir, en algunas oportunidades ello no sucede porque se presentan errores aritméticos o falsedades al trasladarse los resultados de un formulario a otro. No obstante advirtió que cuando el contenido del segundo formulario no coincide con el del documento electoral precedente debe primar el resultado electoral de este último, salvo que exista causa legal que justifique las diferencias.

De acuerdo con lo dicho, en los eventos en donde al actor le aparecen en el formulario E-24 un número de votos inferior al registrado en el E-14, la autoridad judicial debe establecer si dicha modificación se encuentra justificada o no, y en el caso de que no lo esté, debe reconocer al afectado los votos dejados de contabilizar so pena de que el acta quede viciada de nulidad.

Por último reiteró que en el asunto bajo examen la diferencia de votos entre la última persona declarada elegida y la primera de los no elegidos es tan pequeña que la nulidad o la validación de cualquier voto puede ser determinante para el resultado electoral.

“2. Exclusión irregular de votos”. Sobre este punto argumentó que fueron dos las grandes irregularidades que afectaron el número de votos que finalmente obtuvo el señor Carlos Fernando Motoa Solarte. Sobre la primera adujó que los votos que aparecían registrados en favor de este candidato en el formulario E-14 fueron modificados en su contra, y sin justificación, de acuerdo con los resultados que con posterioridad mostró el E-24 y E-26. Asimismo señaló que en el municipio de Palmira (zona 3 puesto 4 mesa 8) fueron excluidos algunos votos, bajo el argumento de que las tarjetas electorales estaban firmadas por un jurado no habilitado en la mesa. Sobre la segunda indicó que en las zonas 26 y 27 del municipio de Cali - Valle del Cauca los votos registrados en su favor y que fueron registrados en los formularios E-14 y E-24 no aparecen reflejados en el escrutinio final que elaboró el Consejo Nacional Electoral. Lo anterior sin causa legal que justifique la situación (ver mesas fls. 1693 a 1695).

En este punto también manifestó que se presentaron situaciones en las que no se contabilizaron los votos sufragados por el actor, tal es el caso de lo sucedido en la zona 1 puesto 9 mesa 14 de Palmira, donde la Comisión Escrutadora Departamental del Valle ordenó a través de la Resolución 17 de 28 de marzo de 2010 consignar en el E-24 y en el E-26 dos votos contenidos en el E-14 para el candidato Carlos Fernando Motoa Solarte, lo que dicha comisión no podía hacer porque los documentos de Palmira llegaron incompletos, quedando la ejecución de dicho encargo en manos del Consejo Nacional Electoral.

Sostuvo que en el municipio de Litoral de San Juan en el departamento de Chocó la autoridad electoral erradamente ordenó no contabilizar algunos votos que fueron depositados a favor del señor Carlos Fernando Motoa Solarte con fundamento en la existencia de diferencias sustanciales entre los datos consignados en el E-14 y en el E-24 como consecuencia de un recuento de votos. Lo anterior a pesar de que por jurisprudencia se ha establecido que en los casos de recuento se prefiere el voto recontado.

“3. Asignación irregular de votos a otros candidatos”. Al respecto sostuvo que otra de las irregularidades que soportó este proceso electoral radicó en la asignación de votos a favor del candidato 9 del Partido Cambio Radical, votos que a pesar de no aparecer registrados en el E-14 fueron contabilizados en el E-24 y E-26. Sobre este punto se remite a la pretensión 5ª de la demanda.

“IV. Pretensiones en el expediente acumulado 110010328000201000088-00”. Señaló la improcedencia de excluir del cómputo los votos emitidos en la zona 2 puesto 7 del municipio de Buenaventura y los votos emitidos en el municipio de Yotoco - Valle del Cauca, por cuanto en el primer caso se demostró que no existió extemporaneidad en la entrega de los pliegos electorales y en el segundo se constató que la Comisión Escrutadora Departamental realizó el escrutinio, y con ello saneó los posibles vicios de nulidad que pudieran presentarse. Decisión que fue confirmada por Resolución 1685 de 13 de julio de 2010, y frente a la cual aparentemente no se agotó el requisito de procedibilidad.

“V. Conclusión”. Por último, señaló que las diferencias que se presentaron entre los formularios electorales E-14 y E-24 a raíz de la inclusión o exclusión de votos sin causa legal en favor y en perjuicio de unos y otros candidatos, redundaron en la afectación de los resultados contenidos en el E-26, lo anterior, en detrimento de la verdad electoral. Así, en aras de su restauración solicitó que le sean restituidos al señor Carlos Fernando Motoa Solarte los votos que le fueron registrados en el E-14 y que no le aparecen registrados en el E-24.

Asimismo señaló que aportó al proceso las reclamaciones que presentó ante la autoridad electoral y que tuvieron como objeto dar a conocer los hechos constitutivos de nulidad, con el fin de demostrar que agotó el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 7º del artículo 237 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009.

Concluyó que la causal de nulidad que le sirve de sustento legal a su demanda es el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto se presentaron diferencias injustificadas entre los formularios electorales y que con la Resolución 1780 de 2010 el Consejo Nacional Electoral desconoció el numeral 4º del artículo 265 constitucional y los artículos 9º y 10 de la Resolución 552 de 2010.

5. Expedientes acumulados.

La apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó escrito de alegatos de conclusión(94), radicado el 17 de febrero de 2012, y con ellos ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido que la Registraduría debe ser desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, esto, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se declare la nulidad de actos administrativos, cuya expedición correspondió a la esfera de competencia del Consejo Nacional Electoral y que en manera alguna son atribuibles a la Registraduría.

Con el fin de sustentar la aludida falta de legitimación en la causa y así demostrar que las decisiones producidas en desarrollo del proceso electoral le fueron ajenas, en tanto que solo se encargó de organizar la logística de las elecciones, citó entre otros los siguientes artículos del Código Electoral que destacan que los funcionarios de la Registraduría no pueden desempeñarse como jurados de votación, de conformidad con lo previsto en el artículo 104, toda vez que desarrollan “funciones propiamente electorales”; asimismo no intervienen en la elección de los testigos electorales, quienes tiene a su cargo supervigilar las elecciones y formular reclamaciones (arts. 121 y 122); no efectúan los escrutinios en primera instancia, ni determinan la validez o no de los votos depositados en las urnas ya que el ejercicio de dicha función corresponde a los jurados de votación (art. 136); no conforman ni intervienen en la designación de los miembros de las comisiones escrutadoras distritales y municipales, función que corresponde a la Sala Plena de los tribunales superiores de Distrito Judicial (art. 157) quienes a su vez, verifican el recuento de los votos emitidos en las mesas a solicitud de los candidatos o testigos electorales y consignan en las actas el resultado de los votos validos (arts. 164 y 172); no dirimen los desacuerdos que se presentan entre las comisiones escrutadoras distritales y municipales, ya que esta función radica en los delegados del Consejo Nacional Electoral; no efectúa el escrutinio general ni declara la elección y expide las correspondientes credenciales ya que esta competencia es del Consejo Nacional Electoral y sus delegados de conformidad con lo establecido en los artículos 177 y 187. Asimismo afirmó que es al máximo órgano electoral a quien corresponde verificar los escrutinios hechos por sus delegados en los eventos señalados en el artículo 189 y resolver los recursos de apelación interpuestos contra sus decisiones (art. 193), entre otras funciones.

En este sentido, queda claro que la Registraduría no tiene mayor injerencia dentro del proceso electoral, toda vez que como quedó demostrado ni siquiera tiene control sobre los actores que en este proceso intervienen y que tienen a su cargo la toma de decisiones y la vigilancia del proceso en sus distintas etapas. Por todo lo anterior reiteró su solicitud sobre la desvinculación del proceso.

6. Expediente 201000065.

El apoderado del señor Sigifredo López Tobón presentó sus alegatos de conclusión con escrito radicado el 17 de febrero de 2012 (fls. 1708 a 1716), mediante el cual hizo planteamientos sintetizados en estos términos:

Insistió en las pretensiones de la demanda y aseveró que las irregularidades de que adolecen las mesas de votación relacionadas en el acápite “declaraciones” de la demanda configuran las causales de nulidad previstas en los artículos 84 y 223 del Código Contencioso Administrativo, situación que a su vez viola los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 13, 23, 29, 40, 132, 171, 258 y 265 constitucional; los artículos 48-6, 6º, 101, 134, 136, 142, 143, 144, 163, 164, 192-1, 3º, 7º y 11 del C.E.; los artículos 84-2, 128-3, 223-2 y 3º a 249 del Código Contencioso Administrativo, y el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994.

Como irregularidades que configuran las causales previstas en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, indicó:

“(i) Registro en los formularios E-24 de mayor o menor número de votos de los consignados en las actas de escrutinio de los jurados de votación o formularios E-14, sin que medie justificación alguna (ii) inexistencia de formulario E-14 que sirviera de soporte al E-24 y no hubo conteo físico (recuento) para establecer la votación en cada una de ellas (iii) En otros casos los resultados del acta general de escrutinio no coinciden con los anotados en los formularios E-14 y E-24 (iv) Las listas de sufragantes E-11 se encuentran en blanco, es decir, no es posible establecer las personas que realmente votaron en ella; en otros casos aparecen sin firmas de apertura y cierre de mesa”. Adujó el demandante que si bien en principio el contenido de los diferentes formularios electorales debe coincidir, en algunas oportunidades, cuando media causa legal, ello no sucede (recuento de votos, prosperidad de una reclamación). No obstante, la inexistencia de causal que justifique la diferencia, da lugar a presumir que existe una inconsistencia grave que altera la verdad electoral y configura por ello la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Para sustentar su afirmación citó la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia, radicación 11001-03-28-000-2006-00115-00 (4056-4084), 4086,4087, 4089, 4090, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4103, 4104, 4105, 4106 y 4107.

Afirmó que la inexistencia del formulario E-14, aunado al no recuento de los votos, destruye la presunción de certeza de que goza el E-24, por cuanto no es posible determinar el origen de los datos consignados en este formulario, situación que contraviene los artículos 134 y 142 del Código Contencioso Administrativo, y que a su vez da lugar a que se configuren las causales de nulidad previstas en el numeral 2º del artículo 84 y el numeral 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, normativa que también resulta lesionada cuando no se diligencia el formulario E-11 por ser este el que permite establecer el número cierto de votantes.

Debido a que las situaciones descritas afectaron la autenticidad de los registros consignados en los formularios E-14 y E-24, el actor demanda la nulidad del acto de elección y la realización de nuevo escrutinio.

“(i) Los jurados no corresponden a los asignados a la mesa (jurados de hecho o usurpadores) y tampoco corresponden los tarjetones electorales (ii) Supuesta inexistencia de mesas de votación (iii) Una misma persona aparece firmando dos veces, para con ello establecer la comparecencia al proceso de la mayoría de los jurados que exige la Ley 163 de 1994”. Afirmó que en el proceso electoral se presentaron jurados de facto que usurparon funciones y actuaron de manera irregular, pues no existe prueba de que hayan sido nombrados legalmente. Manifestó que al haber sido firmadas las actas por funcionarios carentes de competencia resultaron viciados todos los actos administrativos subsiguientes, que se desprendían de los falsamente signados y dentro de estos el acto general de elección.

En cuanto a los tarjetones expresó que en los eventos en que estos son depositados en mesas de votación diferentes, los votos pierden validez.

“El formulario E-14 correspondiente a varias de las mesas de votación, es ilegible, presenta tachaduras y enmendaduras; en otros casos no se pudo abrir para efectos de constatar su contenido”. Manifestó que los registros ilegibles, tachados o enmendados no dan certeza sobre la veracidad de la información contenida en ellos, situación que contraviene la esencia del Título VII capítulo I del C.E., y el artículo 136 del mismo.

“Entrega extemporánea de arcas triclave en el municipio de La Ceja, Antioquia”. Argumentó que el arca triclave que contenía la votación de este municipio fue trasladada a las 8:50 a.m., del día siguiente a la contienda electoral, de acuerdo con el Oficio 0303 MD-ESCEJ-DEANT-20.1 firmado por el Comandante (E) Subteniente Yennison Peña Trejos, situación que vulneró el artículo 144 del C.E.

Para finalizar, el actor manifestó su desacuerdo con la posición que la Sección ha asumido en la aplicación del principio de la eficacia del voto, contenido en el artículo 3º del C.E., ya que a su juicio, bajo el amparo de este principio esta corporación a pesar de la comprobada existencia de múltiples inconsistencias como las aquí señaladas, resuelve no acceder a las solicitudes de nulidad y por el contrario deja incólumes situaciones irregulares.

7. Expediente 201000061.

El apoderado del Senador Eduardo Carlos Merlano Morales, con escrito presentado el 17 de febrero de 2012 (fls. 1718 a 1732), presentó escrito de alegatos, en el que expresó que su objeto es controvertir los cargos contenidos en la demanda presentada por la candidata Astrid Sánchez Montes de Oca, quien milita en el Partido de la U, al igual que su poderdante.

Sostiene que los cargos no están llamados a prosperar por falta de prueba y por no agotar el requisito de procedibilidad, por lo anterior la demanda no puede tener control de legalidad y la Sección debe inhibirse de resolver.

Falta de requisito de procedibilidad: Cita el parágrafo del artículo 237 de la Constitución, que consagra este requisito “para poder ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo…”. Dice que la accionante misma manifiesta no haber presentado reclamación alguna, es decir no agotó el requisito de procedibilidad sobre las irregularidades presentadas, lo que la deja sin legitimación en la causa por activa.

La demandante hace aseveraciones genéricas en la demanda y cuando se propone la nulidad dentro de una demanda electoral, constituye carga procesal para quien la formula, y en el caso concreto no se cumplió con esta.

Por ende no se puede admitir en la demanda los casos que no agotaron requisito de procedibilidad debiendo entonces abstenerse de efectuar control de legalidad de los actos demandado y por ende declararse inhibida.

Ausencia de violación del debido proceso electoral: Estableció que después de respetarse todo el proceso electoral, y obtenidos los resultados electorales que favorecieron al señor Merlano, se expidió conforme al ordenamiento jurídico el acto de declaratorio de elección como Senador de la República.

Sostuvo que las decisiones de las reclamaciones formuladas por las autoridades electorales competentes, contienen los requisitos de esencia y de validez que los convierte en verdaderos actos administrativos, por ende el proceso de votación y de escrutinio por la organización electoral actuó bajo criterios del respeto a la ley, es decir, su actuación administrativa en ningún momento fue violatoria del debido proceso o de norma alguna de la ley electoral y menos de la Constitución, lo que hace que deba permanecer incólume la presunción de legalidad que ampara el acto de elección aquí demandado.

Insiste que ante las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral existió oportunidad de poner en conocimiento hechos irregulares, y además frente a este tema el Consejo Nacional Electoral actúo en derecho por lo que ahora no puede la demandante pretender anular el acto de elección expedido de forma legal cuando no hizo reclamación alguna. Si bien es cierto que las resoluciones mencionadas han sido violatorias del sistema formal, en el aspecto sustancial son garantistas, en la medida que se incluyó recurso de alzada para las actuaciones de las Salas unitarias.

Efectos de la posible nulidad de la Resolución 754 de 2010 del Consejo Nacional Electoral sobre el artículo 10 del Decreto 552 de 2010 de 19 de septiembre de 2011: Manifiesta que la demanda hace relación a irregularidades de las resoluciones 754 y 552 de 2010, que fijaron el procedimiento o protocolo para la toma de decisiones por el Consejo Nacional Electoral en el proceso de escrutinio.

Con las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral se logra demostrar que aunque las formalidades pudieran estar viciadas o no estuvieron condicionadas en su aplicación, con ello no se afectó el aspecto sustancial del régimen electoral colombiano y de las normas que constituyen el bloque de constitucionalidad al respecto.

Explica que las normas del sistema electoral colombiano comprenden dos aspectos: Las contenidas en los artículos 122 y 192 del C.E., y, las contenidas en el artículo 237 C.P. Sobre la primera, esta no tiene incidencia declaratoria de nulidad de la Resolución 754 de 2010 ya que la demandante no formuló reclamación electoral durante el escrutinio. Y frente al segundo aspecto, la misma no trajo prueba alguna que demostrara el agotamiento del requisito de procedibilidad. La Resolución 754, solamente trata del protocolo de escrutinio al interior del Consejo Nacional Electoral, lo que no afectó las disposiciones que rigen los escrutinios cumplidos en las comisiones escrutadoras, donde la señora Montes de oca no hizo uso de la reclamación, ni de peticiones de saneamiento como requisito de procedibilidad, por lo que deja sin efecto los cargos presentados en la demanda.

Sostiene que aunque se declare la nulidad del mencionado protocolo, por la creación de salas unitarias y por disponer de un procedimiento, esto no conllevaría a que se produzca afectaciones sustanciales de los derechos de los candidatos porque:

1. No se produjo violación al debido proceso electoral, ya que la demandante no presentó reclamación, petición de saneamiento o recurso alguno que hubiera sido sometido a la Resolución 754.

2. La actuación sustancial, no la formal, está amparada por la presunción de legalidad vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos.

3. El contenido de la Resolución 754 refiere las posibles irregularidades que pueden ocurrir en un proceso de escrutinio y la forma como debe procesar al interior del Consejo Nacional Electoral, sin desdibujar su función oficiosa de revisar, cuando asuma por competencia cualquier escrutinio, irregularidad cometida en su desarrollo y la obligación de velar por la verdad electoral.

La demanda se funda en la ilegitimidad del procedimiento para amparar el fraude cometido en las mesas que el Consejo Nacional Electoral detectó al asumir su función escrutadora, conforme a la Constitución y al Código Electoral. Afirmó que su cliente actuó y obtuvo su curul, basado en el principio de la confianza legítima, que generaba la legalidad que al momento de la elección regía en virtud de la 754 y 552 de 2010. El Consejo Nacional Electoral dentro del principio de buena fe y ofreciendo mejores garantías a los candidatos, habiendo incurrido en errores formales, esto no podría afectar los aspectos sustanciales de los escrutinios, por estar salvaguardada su actuación en tales aspectos por sus funciones oficiosas de orden constitucional y legal. Finalmente dice que el demandante no podía acumular indebidamente pretensiones contra el protocolo de revisión, por no ser la acción para tal fin, por tal razón no deben ser tenidos en cuenta.

Iteración de puntos esenciales de la contestación de la demanda: Solicita que se tenga en cuenta que, no es procedente demandar actos administrativos de trámite que sirvieron para la formación de la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 y los registros electorales por no ser susceptibles de demanda (CCA, art. 229) y tampoco los datos consignados en los reportes (tabla o colilla diligenciada por los jurados de votación), por no ser un documento electoral, y sólo ser susceptible de reclamación.

Arguye que la violación al debido proceso no es cierta porque no se aplicó los términos previstos en el artículo 50 Código Contencioso Administrativo ya que la sustentación de los recursos se presentaba al día siguiente (24 horas) y, porque los actos administrativos fueron notificados en estrados y contra los mismos interpusieron recursos de reposición o de apelación debidamente sustentados.

Por otra parte no le asiste razón al demandante sobre el estudio técnico de los formularios E-11 porque expertos en dactiloscopia corroboraron cédulas con registro electoral para verificar al votante con su derecho al voto, verificaron la identidad de las personas y fecha de expedición del documento con el ANI y confrontaron en la GED y SCA imprecisiones dactilares en el E-11.

Insiste que la demandante no fue sujeto activo de reclamaciones por lo que trata de justificar su demanda con los actos administrativos señalados en la demanda. Con el Acto Legislativo 1 de 2009 se convierte en obligatorio el agotamiento del requisito de procedibilidad y en vista de que la demandante ha afirmado no haber agotado la vía administrativa, la demanda está llamada a fracasar.

La demanda elevó cargos de nulidad general por violación de derechos constitucionales a ser elegido, debido proceso, violación del principio de eficacia del voto y falsa motivación, pero todos los cargos los dirigió en contra del procedimiento de protocolo de revisión electoral y no sobre el acto administrativo de elección, por tal razón solicita que la Sala debe apartarse por no ser materia del presente proceso, por no presentar el requisito de procedibilidad y porque frente a los cargos de la Resolución 552 ya hay cosa juzgada.

Finalmente solicita no acceder a las pretensiones una vez se acumule con las demás de su mismo género ya que a la demandante le negaron las pruebas y quedó sin sustento probatorio.

8. Expediente 201000085.

El apoderado designado por los señores Víctor Velásquez Reyes, Jairo Mantilla Colmenares, Robin Javier Hernández Casado, Emel Rojas Castillo y Charles William Schultz Navarro, con escrito radicado el 17 de febrero de 2012 (fls. 1733 a 1737), presentó los alegatos de conclusión, con los que reiteró su solicitud de nulidad de la elección.

Dice que practicadas las pruebas decretadas se observa que los documentos utilizados para proferir la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, son apócrifos. Que el Consejo Nacional Electoral no tuvo la totalidad de los documentos electorales con los que se fundó la declaratoria de elección, otorgándoles la credencial de Senador a candidatos que en realidad no obtuvieron los votos suficientes para ser electos, lo que dejó por fuera a sus representados que sí obtuvieron los votos necesarios para que su elección fuera declarada. La situación se demuestra con los aumentos de votación injustificados para unos partidos y candidatos, existentes en los formularios E-14 y E-24.

Arguye que existen datos inexactos entre los formularios E-14 y E-24, porque se observa que los documentos allegados por la Registraduría contienen aumentos que inciden en los resultados de las curules entregadas, pero que los verdaderos resultados demuestran que sus mandantes debieron obtener las curules.

Las pruebas auténticas que fueron decretadas, practicadas y allegadas es una confesión realizada por la Registraduría, de que los documentos electorales son apócrifos.

Sostiene que la relación de mesas demostró, con las pruebas allegadas, que en forma dolosa algunas personas cometieron fraude en los escrutinios, ya que los datos consignados en los formularios E-24 y E-26 no son verdaderos, lo cual configura la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por lo que debe declarase la nulidad de la Resolución 1787 de 2010 y por ende cancelar las credenciales otorgadas.

De otro lado señala que dentro de las mesas relacionadas en la demanda, unas carecen del formulario E-14, y en otras, aparece mutilado o incompleto. Estos, sirvieron para la elaboración de la Resolución 1787 de 2010 (CCA, art. 223-2; L. 62/88, art. 17). Con los informes de la Registraduría se demuestra que no cuentan con todos los documentos electorales, pero según el Consejo Nacional Electoral están completos, lo que generó que convalidaran resultados inexistentes y otorgaran credenciales a candidatos que carecían de votos.

Alega que si no existe el formulario E-14 no puede existir el formulario E-24, por lo tanto esos resultados serían nulos y modifican los entregados por el Consejo Nacional Electoral en su Resolución 1787 de 2010, es decir, si no existe el formulario E-14, es ilógico que los formularios E-24 y E-26 contengan resultados, ya que los elementos para transcribirlos no existen.

Asevera que los formularios E-14 de las mesas relacionadas en la demanda están firmados por menos de 2 jurados (CCA, art. 223-2; L. 62/88, art. 17). Que esta causal está probada con sólo ese formulario, incluidos en la Resolución 1787 de 2010, pues al no aparecer firmas que avalen la autenticidad de estos elementos no pueden ser computados ni tenidos en cuenta como se ha hecho y tampoco se puede dar validez a los formularios E-24 y E-26.

Sostiene que en las mesas atacadas, el E-14 presenta tachaduras o enmendaduras (art. 223-3, L. 62/88, art. 17). Que la norma y la jurisprudencia han manifestado que los documentos que presentan tachaduras o enmendaduras carecen de validez, ya que no se tiene la certeza de si la información es válida o no, debiendo el mismo Consejo Nacional Electoral verificarla.

Con escrito radicado el 14 de marzo de 2012 (fls. 1980 a 1986), amplió sus alegatos de conclusión. Frente a la demanda formulada por Rodrigo Romero Hernández (201000090), dice que la misma no debe prosperar, en primer lugar, porque las irregularidades denunciadas no modificarían el resultado electoral, dada la diferencia que en votos existe con el candidato cuestionado; y, en segundo lugar, porque no se agotó el requisito de procedibilidad, debido a que las solicitudes formuladas fueron rechazadas in limine, o se hicieron efectivas en revisión o la falta de tiempo impidió su estudio.

Cuestiona igualmente lo expuesto por el mandatario judicial del Senador Edgar Espíndola Niño y del Partido de Integración Nacional, PIN, pues considera que está dirigido a evitar que se detecten las irregularidades ocurridas o a inducir en error a la Sala.

9. Expedientes 201000088, 201000089, 201000090 y 201000091.

Teniendo en cuenta que el escrito de alegatos de conclusión es idéntico para los procesos antes enunciados, la Sala procede a hacer un sólo resumen para los cuatro documentos.

El apoderado de los demandantes presentó alegatos de conclusión de los demandantes Fuad Rapag Matar 201000091 (fls. 1933 a 1959), Clara Isabel Pinillos Abozaglo 201000089 (fls. 1906-1932), Rodrigo Lara Restrepo 201000088 (fls. 1879-1905) y Rodrigo Romero Hernández 201000090 (fls. 1852 a 1877), que en síntesis aducen:

Primer cargo: Violación directa del ordenamiento jurídico vigente (Constitución, leyes y decretos leyes).

El apoderado solicita que se declare la nulidad de la Resolución 1787 de 18 de julio de 2010, por medio de la cual se declaró la elección de los Senadores de la República de Colombia para el período constitucional 2010-2014, así como todos los actos administrativos modificatorios y aclaratorios expedidos por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, porque con base en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, éstos violentan el orden jurídico vigente.

Señala que el Consejo Nacional Electoral en un claro abuso de poder expidió la Resolución 754 de 2010, reglamento o protocolo para la revisión de los escrutinios, pero desconoció que el Congreso de la República es el único facultado para reglamentar todo lo concerniente a las funciones y garantías electorales, por medio de una Ley Estatutaria.

Así mismo, indica que se vulneraron los artículos 265 de la Constitución y el numeral 8º del artículo 12 y 193 del C.E., los cuales expresamente le otorgan competencia al Consejo Nacional Electoral para conocer y resolver las reclamaciones presentadas por primera vez, porque de manera arbitraria se desconoció el principio de igualdad al resolver algunas reclamaciones por medio de actos motivados y en cambio otras que estaban en las mismas o similares circunstancias fueron decididas mediante auto de trámite de rechazo in limine, con lo que se rompe el equilibrio de las cargas públicas.

El apoderado señala que los magistrados desconocieron sus funciones y omitieron cumplir el deber legal que les atribuyó el artículo 189 del C.E., y el Acto Legislativo 1 del 2009, que le otorga la facultad oficiosa al Consejo Nacional Electoral de corregir los errores aritméticos cuando estos no se hallen justificados.

Segundo cargo: Por violación del principio constitucional del debido proceso.

Que con la expedición de los diferentes actos administrativos se desconoció abiertamente el debido proceso (C.P., art. 29), cuando el Consejo Nacional Electoral resolvió rechazar de plano unas reclamaciones y omitió pronunciarse respecto de otras presentadas oportunamente.

Tercer cargo: Por contener los actos administrativos impugnados una falsa motivación.

Alega que en los actos administrativos demandados existe una falsa motivación, en la medida en que se desestimaron por extemporáneas reclamaciones que por primera vez se presentaron ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en virtud de los artículos 192 y 193 del C.E., son éstos últimos los competentes para conocer las reclamaciones presentadas por primera vez durante los escrutinios nacionales para Senado de la República.

Cuarto cargo: Por contener los actos administrativos demandados una clara desviación de poder.

El apoderado señala que el Consejo Nacional Electoral incurre en una desviación de poder, ya que con la interpretación errónea de las normas se omitieron funciones propias de cada Comisión Escrutadora.

Menciona que en virtud del artículo 192 del C.E., los magistrados del Consejo Nacional Electoral conocen de las apelaciones y recursos que se interponen contra las decisiones de sus delegados o de las reclamaciones que por primera vez se presenten durante el proceso de escrutinio de aquellas elecciones, a las que a ellos les compete realizar la declaración de elección, dentro de las que se encuentra el Senado de la República.

Quinto cargo: Por contener los actos administrativos demandados un claro abuso de poder.

Alega que el Consejo Nacional Electoral abusó de su poder, en la medida en que basado en sus facultades constitucionales y legales desconoció todo el ordenamiento jurídico vigente de carácter electoral al negar de plano las reclamaciones presentadas oportunamente.

También incurrió en abuso de poder al expedir los diferentes actos administrativos porque omitieron su facultad oficiosa, consagrada en el artículo 189 del C.E., de ordenar las correcciones de las diferencias injustificadas de los formularios electorales.

Así mismo, porque las reclamaciones relacionadas con la causal 3ª del artículo 192 del C.E., las desatendió con el argumento de que debieron presentarse ante la comisión escrutadora auxiliar o municipal y no ante la comisión escrutadora general y mucho menos ante el Consejo Nacional Electoral. El apoderado cita como fundamento jurisprudencial la sentencia proferida por esta Sección en el expediente 13001-23-31-000-2000-0018-01(2862), M.P. Darío Quiñones Pinilla.

Por configurarse las causales de nulidad 2ª y 3ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

El apoderado empieza por indicar que esta Sección, en sentencia de 3 de abril de 2003 (exp. 2906), M.P. Álvaro González Murcia, ha señalado que la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, obedece a situaciones irregulares que afectan la verdadera voluntad popular, conforme al principio de la eficacia del voto.

Y en este sentido, la falsedad o apocrificidad de un documento sólo origina la nulidad de una elección si es de magnitud suficiente para modificar el resultado electoral.

En el caso concreto, el apoderado señala que durante el proceso de elección del Senado de la República ocurrieron una serie de irregularidades, y asegura que en las actas de escrutinio de los jurados de votación se pudieron constatar varias apocrificidades, falsedades, alteraciones, mutaciones, tachones, entre otras. Aunque el apoderado dijo individualizar las inconsistencias, en verdad no lo hizo al menos en este escrito.

Sexto cargo: Apocrificidad de los documentos electorales, cuando refleja un número mayor o menor de votos en comparación con el número de sufragantes.

Esta irregularidad fue legitimada por los jurados de votación cuando dejaron constancia de que el número de sufragantes (E-11), concuerda con el número de votos consignados en el acta de escrutinio de los jurados de votación (E-14), ya que no incineraron los votos excedentes, lo que produjo una mutación del resultado electoral. Citó como referentes jurisprudenciales las sentencias de abril 3 de 2003 (exp. 2906) y de 17 de junio de 2004 (exp. 3000, 3009 y 3011).

Séptimo cargo: Suplantación de electores que determinó la elección de los actuales Senadores de la República(95).

Asevera el apoderado que los jurados de votación escribieron frente a los números de cédula preimpresos de los formulario E-11, nombres ficticios de sufragantes para justificar la introducción irregular de votos. La anotación de nombres irreales es una burla para la suplantación de electores, y por esta razón debe declararse la nulidad de los E-14 de las mesas en las cuales se presentó esta irregularidad, por cuanto los votos allí contemplados configuran una apocrificidad.

Octavo cargo: Votación por personas fallecidas.

Asegura que la utilización de las cédulas de ciudadanía de personas fallecidas que no han sido retiradas del censo electoral, y sumado a las demás irregularidades que se han mencionado, es suficiente para que mute el resultado electoral y por ello cree que debe decretarse la nulidad del acto que declara la elección del Senado de la República.

Noveno cargo: Doble votación de personas o de jurados de votación.

Que de acuerdo con los hechos de la demanda se presentaron cientos de casos en los que un mismo votante sufragó dos veces en una misma mesa, hecho que se evidencia con sólo acudir al E-11.

Décimo cargo: Suplantación de jurados de votación o actuación de jurados usurpadores o de facto.

Solicita que se haga un nuevo escrutinio de los votos, teniendo en cuenta que debe excluirse la votación registrada en todas aquellas Actas de Jurados de Votación (E-14), en las cuales intervinieron personas que no tenían una designación legal para ejercer el cargo de jurado de votación.

Décimo primer cargo: Personas que tenían la cédula en custodia sufragaron sin dicho documento de identidad.

Alega el apoderado el desconocimiento del artículo 114 del C.E., el cual expresamente señala que el jurado de votación debe exigir al ciudadano la cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al sufragio. Sin embargo, asegura que los jurados de votación permitieron la votación de personas que únicamente contaban con la contraseña, que acredita que el documento se encuentra en trámite.

Décimo segundo cargo: pérdida o extravío de los formularios E-11 y E-14.

Señala el apoderado, que debe considerarse como una apocrificidad la no existencia de soportes que demuestren las personas que efectivamente votaron en cada una de las mesas de votación. Y en este sentido, cuando se extravíe, pierda o destruya intencionalmente estos documentos electorales, debe determinarse la nulidad de las actas de escrutinio de las mesas donde esta situación se presente.

Décimo tercer cargo: Falsedad o suplantación de firmas de jurados de votación.

El apoderado propone ésta como una modalidad de apocrificidad novedosa, que consiste en que una sola persona escribe el nombre y firma por todos los jurados de votación, simulando que todos los jurados de votación firmaron los formularios E-11 y E-14. Por lo anterior, asegura que esta conducta, que prueba con un examen pericial grafológico, altera la verdad electoral plasmada en dichos documentos electorales.

Décimo cuarto cargo: falsedad o apocrificidad en la elaboración de los formularios E-11.

Asegura el apoderado que varios formularios E-11 fueron diligenciados por una misma persona, lo cual es a todas luces irregular, teniendo en cuenta que éste formulario debe ser tramitado por una de persona que ejerce como jurado de votación en una mesa específica. Por lo anterior, solicita la nulidad de las actas de escrutinio de aquellas mesas mencionadas en la demanda, en las que se presentó tal irregularidad.

Finalmente, el apoderado afirma que esta acción electoral está llamada a prosperar porque el número de irregularidades es suficiente para mutar el resultado electoral, y en este sentido, solicita que se anule el acto que declaró la elección del Senado de la República y demás actos administrativos demandados.

10. Expediente 201000061.

El apoderado de la señora Astrid Sánchez Montes de Oca, con escrito radicado el 24 de febrero de 2012 (fls. 1739 a 1755), formuló alegatos de conclusión, que resume la Sala de la siguiente forma:

1. Que se encuentra dentro del término legal para referirse a los alegatos de conclusión porque el auto de 8 de febrero de 2012, notificado por estado el día 10 del mismo mes, fue recurrido legalmente y como consecuencia se interrumpió el término.

2. Todas las causales son objetivas, por lo que no se da la indebida acumulación de pretensiones.

3. Reiteró lo expuesto en la demanda y su corrección, y solicitó que se integre lo establecido en los alegatos con las pruebas allegadas al proceso y las que hacen parte de la comunidad probatoria.

4. Sí agotó el requisito de procedibilidad, por cuanto dentro del término de corrección de la demanda allegó los documentos que lo prueban y la Resolución 1780 de 17 de julio de 2010 del Consejo Nacional Electoral, la cual ratificó su cumplimiento, siendo irrelevante para el agotamiento del requisito que no haya presentado directamente las reclamaciones, pues “las decisiones tomadas durante la revisión, en el escrutinio y antes de la declaración de elección, pueden afectar a quienes no han presentado reclamaciones”(96), tal como sucedió en el presente caso.

5. Hubo violación al principio de igualdad, toda vez que el proceso de revisión para el departamento del Chocó no se hizo igual que en los departamentos de Sucre y Magdalena.

6. Como consecuencia de lo anterior no se atendió la verdad electoral ni el debido proceso.

7. El Consejo Nacional Electoral se extralimitó en el ejercicio de sus funcione porque mediante Resolución 754 de 2010, protocolo de revisión, dispuso un trámite de revisión del proceso electoral para ocuparse de temas que tienen reserva de ley estatutaria.

8. Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que ordenaron no tener en cuenta las actas de escrutinio municipal de Lloró, Litoral de San Juan, Medio Atrato y Medio San Juan, y en cambio contabilizar los votos con base en el formulario E-14, están viciadas de falsa motivación, de surte que la decisión de no tenerlas en cuenta, se sustentó en que el reconteo de votos en la totalidad de las mesas de Lloró significó cambios sustanciales en las votaciones obtenidas por algunos candidatos, pero esto no se logró probar. Como consecuencia del recuento los votos del formulario E-24 variaron severamente, por lo que tuvieron en cuenta los valores del E-14, con lo cual se contrarió la jurisprudencia que establece que si hubo recuento de votos este prevalece.

9. La exclusión de las mesas relacionadas en la demanda que tenían como hora de entrega de los pliegos electorales las once de la noche, fue ilegal porque es la hora máxima permitida por la ley.

10. Las resoluciones 1425 y 1711 del 11 de julio de 2010, que ordenaron la exclusión de dos mesas por mezcla de las tarjetas electorales, son nulas porque en realidad no se cumple el supuesto de la mezcla, ya que lo que ocurrió fue que unas tarjetas electorales de una mesa se embalaron en el sobre de otra y viceversa.

11. Igualmente son nulas las resoluciones 1410 del 29 y 1710 del 29 y 14 de julio de 2010 “en cuanto ordenaron la exclusión del cómputo general de votos de la mesa 1, zona 99, puesto 80, Puerto Alegre (Nauca) del municipio del Bajo Baudó, con base en una causal establecida con posterioridad”(97) a las elecciones y mediante acto administrativo expedido sin competencia por el Consejo Nacional Electoral y “con fundamento en una prueba pericial que no fue controvertida”(98) que no probó a quien pertenecían las huellas del E-11, y si esas personas votaron en esa mesa, como consecuencia de ello se violó lo establecido en el artículo 192 del Código Electoral.

12. Los formularios E-24 y E-26 que sirvieron de base para excluir y dejar de contabilizar votos injustificadamente a favor de la demandante, son nulos, igualmente el E-26 definitivo en los eventos en que sin mediar reconteo, ni modificación por razón de una revisión, le resultaron más votos de los consignados en el E-14 publicado en la página Web de la Registraduría al candidato 85 del Partido de la U.

11. Expediente 201000065.

El apoderado designado por el señor Guillermo García Realpe presentó sus alegatos con escrito radicado el 9 de marzo de 2012 (fls. 1763 a 1851), con el que se pronunció sobre las acciones judiciales que atacaron el acto de elección que pretendían la exclusión de votos que lo favorecían, de la siguiente manera:

1. Demanda de Lidio Arturo García Turbay (201000084). La califica de inepta por cuanto:

1.1. Hay falta de legitimación porque el poder otorgado al apoderado solamente le confiere facultades para perseguir la nulidad de la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, del Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección de Senadores de la República, pero no todos los actos que finalmente incluyó (Res. 1704, 1767 y 1780 del 15, 17 y 18 de jul./2010 respectivamente) en la corrección de la demanda.

Como fundamento normativo citó los artículos 65 y 70 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1986, y como fundamento jurisprudencial mencionó las providencias de 18 de agosto de 2009, M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, de 8 de febrero de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, de 6 de julio de 2001, M.P. Mario Alario Méndez, de 18 de junio de 2004, M.P. Rafael Ostau De La Font Pianeta y la sentencia de 27 de marzo de 2008, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, por medio de las cuales el Consejo de Estado reiteró que en el poder deben determinarse los actos administrativos que se van a demandar.

1.2. Las correcciones se ocuparon de temas diferentes a los enmarcados en la demanda y fueron introducidas por fuera del término de caducidad establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sobre esto la Sección se pronunció en la sentencia del 23 de marzo de 2006.

Como consecuencia de lo anterior, los siguientes son los puntos que adicionó la corrección:

“1. se modifican las pretensiones de la acción adicionando la solicitud de nulidad de otros actos administrativos que sirvieron para la expedición del acto principal de declaración de elección de senadores de la república.

2. Se determinan las normas violadas y el concepto de violación, agregando algunas normas.

3. Es adicionado el acápite de las pruebas.

4. Se agrega un acápite especial del concepto de causal de nulidad”(99).

Señaló enseguida que las nuevas pretensiones se formularon por fuera del término de caducidad y frente a las mismas se debe proferir fallo inhibitorio. Idéntica situación se presentó con respecto a “algunas mesas de votación”. Pidió examinar el requisito de procedibilidad, que según su evaluación sólo se cumplió en “menos del 80%”.

1.3. Luego de algunas apreciaciones jurídicas sobre el requisito de procedibilidad, y de examinar las peticiones radicadas en tal sentido de fechas 6 y 7 de julio de 2010, dijo que el mismo no se cumplió, que las solicitudes fueron genéricas, pero que “62 mesas impugnadas en sede jurisdiccional solo se agotó el requisito de procedibilidad en 10 de ellas”(100).

1.4. Hubo indebida sustanciación de los cargos, comoquiera que el actor no señaló el sentido de la afectación de manera expresa frente a cada norma violada y frente a cada acto administrativo demandado, como lo ha exigido la jurisprudencia de la Sección en providencia del 20 de enero de 2006(101).

1.5. En cuanto a extemporaneidad en la formulación de cargos señaló que el escrito de corrección de la demanda incluyó mesas de votación que no figuran en la demanda, es decir “…que se incluyeron en la subsanación de la demanda posteriormente al vencimiento del término de caducidad de la acción,…” (fl. 1802), las cuales identifica en una tabla. Insistió en que los actos administrativos adicionados con el escrito de corrección de la demanda, fueron impugnados cuando ya se había configurado la caducidad de la acción.

1.6. Presenta al folio 1806 una relación de mesas que no pueden ser objeto de estudio, debido a que en el escrito de corrección de la demanda no fueron incluidas.

1.7. De acuerdo con lo dicho el fallo debe ser inhibitorio por haber inepta demanda por motivos sustanciales y probatorios, toda vez que del acervo probatorio no es posible determinar “los votos correspondientes a un candidato”(102).

Al referirse a los alegatos presentados por el señor Lidio García, señala que éste solicitó que se le tuviera en cuenta una prueba pericial que es medular en su argumentación, frente a la cual se opuso porque el Código Contencioso Administrativo, tiene norma especial en materia de pruebas y ello impide que se integre con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Además, la experticia se aportó después de la fase probatoria, no fue dada en traslado, y todo ello impidió que se controvirtiera. Como la prueba no fue decretada entiende el libelista que fue denegada, sin que sea viable revivirla en los alegatos.

2. Demanda interpuesta por Sigifredo López Tobón (201000065). La califico como inepta por cuanto:

2.1. El poder se confirió a dos abogados. Como no se especificó quién era el principal y quién el suplente, se entiende que el Dr. González Rodríguez es el principal y el otro es el suplente, de modo que las actuaciones del último “…no puede[n] ser tenidas en consideración al momento de redactar la decisión de fondo”, lo cual se apoya en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

2.2. Hubo indebida formulación de cargos e inepta demanda, porque el actor no señaló las normas violadas, ni el concepto de violación en lo que respecta a la Resolución 1780 de 2010 expedida por el Consejo Nacional Electoral, puesto que ni se indicaron las normas violadas ni se explicó el sentido de la infracción.

2.3. El actor no demandó el acto complejo integrado por los actos proferidos después del escrutinio de mesa, es decir todos aquellos que conforman el acto elección, como serían las actas de escrutinio zonal, las actas de escrutinio municipal, las decisiones del Consejo Nacional Electoral y el acta de escrutinio nacional de la misma autoridad, lo que contrarió la jurisprudencia del Consejo de Estado, como la providencia del 11 de noviembre de 2010, radicación 2008-0023.

2.4. Es improcedente el cargo de error aritmético, porque esta no es una causal de nulidad electoral sino una causal de reclamación, como lo ha reiterado la sala en varias sentencias:

“1. Sentencia de 29 de abril de 2010, radicación 2007-00239;

2. Sentencia de 23 de febrero de 2007, radicación 3972 y 4025.

3. Sentencia de 19 de abril de 2007, radicación 3976 y 3977 (…)”.

2.5. Tampoco constituyen causal de nulidad las tachaduras o enmendaduras en el formulario E-14, toda vez que esas irregularidades son zanjadas con el recuento de votos, como lo establece el artículo 163 del Código Electoral, modificado por la Ley 62 de 1988.

2.6. El actor no indicó claramente frente a cuál de los dos ejemplares del formulario E-14 se predica la inexistencia, por lo que habría ineptitud o un fallo inhibitorio; sin embargo, la existencia de uno de ellos convalida los guarismos del otro, y la ausencia de ambos ejemplares no hace nula la elección por la existencia de escrutinios posteriores como el formulario E-24.

2.7. “[La] desaparición, perdida u omisión en el diligenciamiento del formulario E-10 o E-11 no es suficiente…”(103) para decretar la nulidad del acto declarativo de elección, pues debió demostrar que hubo falsedad en los registros electorales, hecho que no se probó en el proceso.

2.8. Con respecto a la concentración de votos a favor del demandado en el departamento de Nariño, no probó el actor que la votación hubiera sido obtenida por medios ilegales o por presión a la población, además el resultado probablemente se debió a que el accionado es oriundo de ese departamento.

3. Acción instaurada por Guillermo García Realpe (201000073):

En este apartado del alegato se reproducen los diferentes planteamientos de la demanda, en particular el capítulo de normas violadas y concepto de violación, razón por la cual la Sala se abstiene de hacer una síntesis de ello. Además, invoca algunas de las pruebas decretadas y recaudadas.

III. Concepto del Ministerio Público

El Procurador 7º Delegado ante el Consejo de Estado, en representación del Ministerio Público, presentó y sustentó en término concepto (fls. 1988-2046). Solicita que en algunos casos se nieguen las pretensiones de las demandas de conformidad con los argumentos que esboza y que en las situaciones restantes en las que efectivamente se verifique la existencia de diferencias numéricas entre los formularios E-14 claveros y los E-24, que alteren el resultado y la verdad electoral, sin una justa causa, se declaren las nulidades correspondientes y se ordene efectuar los escrutinios a que haya lugar.

Precisa que dada la brevedad de los términos y la complejidad que impone la demostración de todos y cada uno de los hechos propuestos como fundamento de las diferentes acciones incoadas, se referirá de manera general a las causales alegadas en las distintas demandas pues es casi imposible efectuar un análisis detallado y pormenorizado de todos y cada uno de los hechos.

Al efecto argumentó frente a las distintas demandas:

Demanda de Sigifredo López Tobón (exp. 201000065)

Primer cargo. Nulidad de la elección con fundamento en la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo. Falsedad o apocrificidad. Contabilización de votos en forma irregular. Diferencias e incongruencias entre el formulario E-14 y el E-24. Esta causal de nulidad la propone el actor en consideración a que ambos documentos deben coincidir en cuanto a las cifras de sus registros.

Frente a este cargo el Ministerio Público hace mención al texto del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo y a un aparte de la sentencia de 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872, M.P. Roberto Medina López, de esta Sección.

Argumenta que efectivamente no deben presentarse diferencias entre los respectivos formularios, pues, el formulario E-24 debe incorporar los resultados que arrojen los escrutinios de mesa que se consignan por parte de los jurados de votación en el E-14; que de conformidad con la jurisprudencia si se presentan divergencias en los guarismos incorporados por las distintas autoridades electorales que intervienen en el proceso de escrutinios, en especial por los jurados de votación, que consignan el resultado de su escrutinio de mesa en el formulario E-14, y los miembros de las comisiones escrutadoras zonales, municipales o distritales, que consignan el resultado de sus escrutinios en el formulario E-24, ello conlleva a una modificación del registro que configura la causal de nulidad; y que aunque los resultados que se consignan en los documentos electorales (E-14 y E-24) deben ser coincidentes ello no siempre sucede por cuanto en el curso de los escrutinios se pueden decidir las reclamaciones elevadas por los testigos electorales, los apoderados de los candidatos o los candidatos mismos, y ello puede suscitar la modificación de los resultados.

La prosperidad de la pretensión de nulidad con fundamento en esta causal le impone al actor demostrar no sólo la existencia de la diferencia, sino que ella carece de razón que la justifique (sents. de esta Sección, ene. 14/99, exp. 1871 y 1872, M.P. Dr. Roberto Medina López, jul. 12/2001, exp. 2457).

Segundo cargo. Nulidad de la elección por cuanto los jurados de votación ejercieron sin estar nombrados o designados en las mesas donde ejercieron — Suplantación de jurados de votación o la actuación de jurados usurpadores o de facto. Se argumenta por el actor que se violó el orden jurídico vigente toda vez que ciertos jurados de votación actuaron de facto o irregularmente.

Arguye la procuraduría que de conformidad con la jurisprudencia los jurados de votación pueden revestir una de las siguientes condiciones: jurados de iure, de hecho o usurpadores; que la intervención de jurados que asumen la función sin el lleno de los requisitos pueda dar lugar a la anulación de los registros de los votos en las mesas en los que se establezca que estos han actuado usurpando tal función; y que para la prosperidad de esta pretensión no basta con indicarse el hecho como tal, sino que se hace necesario precisar los nombres de las personas que no habiendo sido designadas para ejercer la función lo hicieron, asumiendo la condición de usurpadores y que en las mesas de votación en las que sucedió tal hecho el jurado usurpador constituyó mayoría (sent. oct. 2/2009, radicación 11001-03-28-000-2006-00122-00 (4063-4055), M.P. Filemón Jiménez Ochoa).

Dado que en este caso no se señaló quienes fueron los jurados suplantados y cuáles fueron las personas suplantadoras, la pretensión de nulidad que se funda en este hecho no está llamada a prosperar. La actuación como jurados de votación de personas no designadas como tales por las autoridades electorales no convierte, por sí misma, en falsa o apócrifas las actas de escrutinio de las mesas en las que hubieran intervenido, se requiere además que los resultados electorales sean simulados, supuestos, o diferentes a la realidad, que provengan de instrumentos alterados o mutilados y que tales elementos falsos o apócrifos tengan la importancia cuantitativa suficiente para cambiar el resultado.

Tercer cargo. Nulidad por cuanto el formulario E-14 correspondiente a varias mesas de votación, es ilegible, presenta tachaduras y enmendaduras. Señala el demandante que los registros ilegibles, tachados o enmendados no garantizan la veracidad de la información que contienen, no representan certeza jurídica en torno a los votos que supuestamente fueron depositados a favor de cada candidato.

Con respecto este argumento de la parte actora se precisa por la Procuraduría que las tachaduras o enmendaduras que contengan los documentos electorales no constituyen causal de nulidad del acto declaratorio de elección pues el legislador no ha consagrado dicha consecuencia. De conformidad con el artículo 163 del C.E., cuando ello se evidencia, lo que debe hacer el registrador es dejar la constancia pertinente, cotejando de manera oficiosa las actas que tuviere a disposición para verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista o candidato.

El hecho que se hayan presentado o no tachaduras o enmendaduras en los E-14, no es óbice para que se declare la nulidad del acto de elección.

Cuarto cargo. Nulidad por entrega extemporánea de las arcas triclave en el municipio de la Ceja Antioquia. Señala el demandante que las actas triclave que contenían la totalidad de la votación de éste municipio fueron trasladadas siendo las 8:50 a.m. del día siguiente a la votación, desde la inspección municipal hasta la biblioteca municipal, es decir, no fueron trasladadas el mismo día de la votación al lugar dispuesto para el efecto.

Señala el procurador delegado que de conformidad con las normas electorales (C.E., art. 144) una vez culminado el escrutinio de la mesa de votación por los jurados de votación, le corresponde al presidente de la misma efectuar la entrega de los documentos electorales al registrador o a su delegado dentro del término estipulado para el efecto es decir “inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones”. La inobservancia de esta disposición apareja como consecuencia el que los pliegos no sean tenidos en cuenta en el escrutinio.

La jurisprudencia de la Sección ha establecido de manera reiterada que las casuales de reclamación, como el supuesto de hecho señalado aquí por el actor (C.E., art. 192), no pueden alegarse como causales de nulidad por cuanto que no tienen esa categoría. Tampoco pueden alegarse por vía jurisdiccional, salvo que se discuta la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo que negó las reclamaciones, se reproche su contenido o se discuta la omisión de la decisión administrativa, en cuyos casos podrá solicitarse la nulidad de las decisiones, y en consecuencia, de los registros correspondientes.

Como en el caso en estudio, lo que se pretende es la nulidad del acto de elección por la posible entrega extemporánea de unos documentos electorales, y ello no fue objeto de reclamación y por lo tanto no existe acto administrativo que resuelva la misma para ser demandado, el cargo esta llamado al fracaso.

Demanda de Fuad Rapag Matar (exp. 201000091).

Primer cargo. Violación directa del ordenamiento jurídico vigente. Señala el demandante que los actos administrativos objeto de nulidad desconocen el artículo 265 de la C.P., en concordancia con el numeral 8º del artículo 12 del Decreto-Ley 2241 de 1986, porque el Consejo Nacional Electoral rechazó las solicitudes de revisión presentadas los días 16 y 21 de abril, 18 y 19 de junio, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de julio; reclamaciones presentadas por primera vez ante el Consejo Nacional Electoral, fundadas en las causales establecidas en los artículos 163 y 192 del Código Electoral.

Destaca el Ministerio Público que en el auto del 3 de septiembre de 2010 el despacho ponente inadmitió la demanda y le indicó a la parte actora que debía reformular el capítulo de normas violadas y concepto de violación, precisando las disposiciones transgredidas y explicando el por qué se dio su vulneración; pero que cuando el demandante subsanó su escrito desconoció lo indicado y reiteró lo dicho.

El actor argumenta de manera general que los actos administrativos deben ser declarados nulos porque ellos contrarían el ordenamiento jurídico pero no precisa para cada uno de los actos acusados cuál es la norma o normas violadas, y cuáles son los motivos o las razones de la violación.

Como en el asunto en examen la inconformidad se plantea en relación con unas reclamaciones que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral y no en relación con los supuestos que regula la norma no hay lugar a que se señale su violación por no ser el referente normativo que regula el supuesto de hecho. Esto es aplicable al caso del numeral 8º del artículo 12 del Código Electoral, que se refiere a los recursos no a las reclamaciones.

Tampoco se presenta una inobservancia de los artículos 192 y 193 del Código Electoral, como equívocamente se argumenta en el escrito de demanda. Las reclamaciones a las que hace alusión la parte actora fueron sometidas a un trámite especial, el señalado en la Resolución 420 de 2006, conforme a la cual debían surtirse en la audiencia pública de escrutinio. La actuación del Consejo Nacional Electoral al rechazar de plano las solicitudes presentadas sin el lleno de las formalidades se ajusta a lo señalado en este reglamento, en particular al artículo 6º.

Segundo cargo. Violación del principio constitucional del debido proceso. Argumenta el actor que el acto demandado fue expedido con inobservancia del debido proceso y en violación del artículo 29 de la Carta Política, y que el hecho de que el Consejo Nacional Electoral haya rechazado de plano unas reclamaciones y en algunos casos haya omitido un pronunciamiento respecto de ellas configura una transgresión a esta garantía constitucional.

Destaca la delegada que el cargo se fundamentó únicamente en el artículo constitucional y se propuso en relación con la Resolución 420 de 2006, norma que reglamenta todo lo relacionado con la oportunidad y requisitos para reclamar ante el Consejo Nacional Electoral; que la carga demostrativa de la violación de esta garantía no se satisface con la sola indicación al operador jurídico del quebrantamiento del artículo 29 de la C.P., la prosperidad de la pretensión le impone al actor la carga procesal de señalar las disposiciones en las cuales se halle consignado el trámite dejado de adelantar por la autoridad a cuyo cargo está su ejecución (sents. de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mayo 10/2002, rad. 2615, M.P. Dr. Darío Quiñones y de ago. 26/2004, rad. 3430, Nulidad de la elección del personero del municipio de Condoto - Chocó); y que observado el supuesto fáctico que señala el actor en relación con este cargo se tiene que se refiere con carácter general a las reclamaciones, pero no precisa cuáles, a unos hechos generales, y a las decisiones del Consejo Nacional Electoral que rechazaron tales reclamaciones, sin precisión alguna y ello no permite su debido estudio.

En el cuerpo de la demanda y en relación con este cargo el demandante sólo se refiere a las resoluciones 1780 y 1787 de 2010. De la primera, señala que pese a presentar en la oportunidad debida las reclamaciones ante el Consejo Nacional Electoral, esta corporación se abstuvo de tramitarlas y decidirlas y, de la segunda, que en ella se declaró la elección de los Senadores de la República, no obstante el rechazo de plano de las reclamaciones. Considera el procurador delegado que del contenido de la Resolución 1780 de 2010 se observa que en ella no se decidió sobre reclamaciones como lo afirma el actor, el Consejo Nacional Electoral decidió abstenerse de tramitar unas solicitudes de examen del proceso de votación y escrutinio por presuntas irregularidades que se presentaron para efectos de acreditar el requisito de procedibilidad.

Considera la delegada que el argumento del actor no enerva la presunción de legalidad el acto acusado y, por lo mismo, la pretensión fundada en este cargo no debe prosperar.

Tercer cargo. Falsa motivación. Sostiene el actor que los actos demandados fueron expedidos mediante falsa motivación y que el Consejo Nacional Electoral no permitió ni aceptó tramitar las reclamaciones que por primera vez se le presentaron con el argumento que las mismas eran extemporáneas o no representaban hechos relevantes para ser consideradas.

Frente a este cargo sostiene la Procuraduría que de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el vicio de falsa motivación es aquel que afecta el elemento causal del acto administrativo y está referido a los antecedentes de hecho y de derecho que de conformidad con el ordenamiento jurídico facultan su expedición; que para efectos de la configuración de esta causal corresponde al impugnante demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad; que para la prosperidad de la pretensión formulada con base en esta casual, no basta con señalarse que el acto se ha expedido falsamente motivado, se requiere que se pruebe y esta carga probatoria corre a cargo de quien alegue el vicio, se debe desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado; y que para el caso en concreto el actor no realizó actividad alguna encaminada a demostrar fehacientemente la causal de nulidad invocada.

El demandante sólo se limitó a decir que la causal de nulidad se configura porque el Consejo Nacional Electoral para efectos de desestimar las reclamaciones presentadas por su representado y otras personas estableció unos procedimientos contrarios al ordenamiento jurídico vigente, en la medida que no se permitió ni aceptó tramitar y estudiar las reclamaciones que por primera vez se presentaron ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral, esto es, ante la etapa del escrutinio nacional, así como las solicitudes de revisión con el argumento que las mismas eran extemporáneas o que no representaban hechos relevantes para ser considerados. Sobre estos aspectos que según el actor configuran la nulidad no se hizo más que el enunciado. Omitió indicar, por ejemplo, cuáles eran los procedimientos que dice fueron establecidos de manera ilegal, qué reclamaciones no se aceptaron para su trámite, las reclamaciones presentadas, los actos por medio de las cuales se decidieron, cuáles fueron las solicitudes de revisión y cuáles los actos que las decidieron y en los que se rechazó la solicitud indicando la extemporaneidad de la misma.

La falta de precisión en los hechos por parte del actor le acarrea como consecuencia la desestimación de su pretensión.

Cuarto cargo. Desviación de poder. La desviación de poder como causal de nulidad de los actos administrativos se produce cuando la atribución de que está investido un funcionario para expedir un acto administrativo no se ejerce hacia el fin exigido por la ley, sino en busca de logros diferentes; corresponde al impugnante demostrar que la autoridad hizo uso de su facultad con propósitos distintos de aquellos previstos en la disposición que la confiere. El acto administrativo es nulo, cuando se expide con desviación de las funciones propias de quien lo profiere (sents. de la Sección Quinta del Consejo de Estado, sep. 8/2005, rad. 3644, M.P. Darío Quiñones Pinilla y de jul. 1º/99, M.P. Mario Alario Méndez, rad. 2234).

De acuerdo con las normas vigentes, al Consejo Nacional Electoral le corresponde efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. Jurisprudencialmente la causal alegada le impone al actor la carga de demostrar que el Consejo Nacional Electoral no ejerció su función con miras al cumplimiento del fin exigido por la ley sino en busca de logros diferentes y que por tal razón el acto por medio del cual se declaró la elección de los Senadores de la República está viciado de nulidad. Si la demostración de este supuesto se da en debida forma, si no se queda en el enunciado que hizo el actor con carácter general, la pretensión debe ser acogida, en caso contrario debe desestimarse.

La desviación de poder no se presume, se impone su demostración, por ello, no puede estar fundada en apreciaciones subjetivas del actor, se requiere de la demostración de hechos concretos que corroboren la actuación desviada del agente.

Cuando se aduce esta causal le corresponde al actor señalarle al operador de manera precisa la ley cuyo espíritu o fin ha sido alterado con la expedición del acto. Como en el asunto el actor señala que se han desconocido los artículos 192 y 193 del Código Electoral, normas que establecen el régimen de las reclamaciones que se pueden formular en el proceso de escrutinios, pero no regulan lo relacionado con el tema que se definió en relación con los actos administrativos cuya nulidad se demanda se debe negar la pretensión.

Quinto cargo. Abuso de poder. Según lo señalado por el demandante la desviación de poder deviene en abuso de poder. El mismo sucede cuando no existe proporción entre los motivos que fundamentan la decisión y los contemplados en la norma jurídica, cuando el agente de la administración actuando conforme al marco legal de sus competencias utiliza las mismas para variar la verdad o la realidad de los hechos y así obtener intencionalmente un resultado que afecte a una persona determinada. Al igual que en el caso de la desviación de poder se debe demostrar por el actor el abuso, el cual no puede surgir de meras suposiciones o de inferencias subjetivas carentes de respaldo probatorio.

Del marco fijado por el demandante en su escrito de demanda es imposible inferir la existencia de elementos de prueba que corroboren que la actuación del Consejo Nacional Electoral se dio con el ánimo de favorecer la causa electoral de un candidato o partido en especial.

Sexto cargo. Nulidad por falsedad o apocrificidad. Sostiene el actor que en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, y Risaralda; en los municipios, zonas, puestos y mesas señalados en el escrito de demanda se presentaron diferencias entre los guarismos incorporados en los formularios E-14 y E-24; y que esta situación fue reclamada ante las autoridades electorales pero que pese a su demostración el Consejo Nacional Electoral le negó de plano las reclamaciones enervadas aduciendo una supuesta caducidad, no obstante que a otros candidatos si se les decidieron las reclamaciones en dicho sentido.

Aunque el supuesto de hecho presentado en la demanda se refiere de manera clara a la existencia de diferencias entre el formulario E-14 y el E-24, cuando se explica el concepto de violación y la causal de nulidad invocada la demanda se refiere a un sin número de irregularidades que carecen de soporte fáctico y no son configuradoras de la causal de nulidad alegada.

El Ministerio Público considera que el estudio de la nulidad, conforme a los hechos que se enuncian en la demanda, debe efectuarse en relación con la causal del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por falsedad o apocrificidad y limitarse a las mesas enlistadas por el actor. El estudio sólo debe recaer sobre la irregularidad que se señala en los casos propuestos, es decir, la diferencia entre los guarismos que incorporaron los jurados de votación en el formulario E-14 y los que se incorporaron en el formulario E-24.

Los conceptos de falsedad y apocrificidad como componentes de la causal de nulidad de la elección consagrada en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, se han entendido y definido como una mutación de la realidad, conforme a la cual se hace ver como cierto lo que no lo es; estos términos en un principio la jurisprudencia los consideró distintos entre sí (ver sents. de la Sección Quinta del Consejo de Estado, abr. 8/87, M.P. Antonio J. Irisarri Restrepo, exp. 052; de ene. 14/99, M.P. Roberto Medina López, exp. 1871 y 1872; y de sep. 22/99, M.P. Darío Quiñones Pinilla, exp. 2220).

En todos los casos en que los resultados electorales sean simulados o supuestos, se impone la declaratoria de la nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación. Cuando se presentan diferencias entre los guarismos que se incorporan en los formularios E-14 y E-24 se configura la causal de nulidad por falsedad del registro, se entiende que el resultado del E-24 es el producto de una maniobra engañosa encaminada a distorsionar el resultado electoral en beneficio de una aspiración y en detrimento de otras (ver sent. de la Sección Quinta del Consejo de Estado, nov. 17/2005, M.P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 3821).

Las modificaciones originadas en las reclamaciones que se formularan en sede de escrutinios por los testigos electorales, los candidatos o sus apoderados no son constitutivas de falsedad, pues ellas aparecen motivadas (ver sents. jul. 12/2001, exp. 2457 y de nov. 17/2005, exp. 3821).

Si en el caso que propone el actor estos presupuestos se demuestran, es decir, si las diferencias entre el E-14 y el E-24 aparecen injustificadas y responden a la condición de ser una invención y con ellas se altera el resultado electoral se ha de declarar la nulidad, y en caso contrario, se ha desestimar la pretensión. Finalmente manifiesta que no hace referencia al argumento del demandante con respecto a la alteración de las actas porque el interesado no lo explicó ni se refirió a ello en concreto.

Demanda de Luis Alfonso Ramírez Giraldo (exp. 201000083).

Conforme al supuesto fáctico señalado por el actor las diferencias en los guarismos se establece cotejando los formularios E-14 que se elaboran con destino a los delegados y los E-24 elaborados por las comisiones escrutadoras. Al respecto la Procuraduría puntualiza que:

El proceso electoral es por esencia reglado, cada una de sus etapas está debidamente regulada en la ley. Conforme a lo preceptuado por los artículos 142, 152, 163, 169 y 172 del C.E., el escrutinio que realizan las comisiones escrutadoras y las comisiones auxiliares tiene como fundamento los documentos electorales que se han introducido en la respectiva arca triclave, dentro de ellos, los E-14 que los jurados de votación elaboraron y tienen como destino específico los claveros. Del acta de escrutinio que corresponde elaborar a los jurados, se tiene dicho que por razones de organización relacionadas con la difusión de los resultados de la elección y de seguridad, se elaboran dos ejemplares, que se remiten a dos autoridades electorales diferentes, a los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para efectos que se vayan reportando resultados, y a la Comisión Escrutadora Zonal o Municipal, para que con apoyo en la misma se agote la etapa del escrutinio subsiguiente.

En el sub judice se observa que se alega la diferencia con base el formulario E-14 de Delegados, documento que no es el considerado para efectos del escrutinio (ver sent. ago. 25/2011, M.P. Susana Buitrago Valencia, exp. 1001032800020100004500 y 110010328000201000046-00).

Demanda de Arturo Yepes Alzate (exp. 201000079).

Argumenta el actor que las diferencias que se suceden en los documentos electorales E-14 y E-24 en el Distrito Capital Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Tolima, La Guajira, Cesar, Meta y Antioquia, en los municipios, zonas, puestos y mesas por él señalados configuran la causal del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto se trata de diferencias que aparecen sin justificación alguna; que se presentaron falsedades en el formulario E-26 o acta general de escrutinio en detrimento de su aspiración electoral, porque no se cumplió con lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral ante una reclamación que se efectuó con respecto a los escrutinios del municipio de Quipile (Cundinamarca), en donde le reconocieron un total de 20 votos pero en el E-26 sólo se le consignaron 10; y que se presentaron igualmente falsedades en el acta general de escrutinio para Senado de la República o formulario E-26 porque el Consejo Nacional Electoral le negó una solicitud efectuada no obstante la contundencia de los argumentos esgrimidos y se dejó en firme la decisión anterior.

Observa la delegada que para efectos del primer cargo el demandante ha realizado el cotejo considerando los formularios E-14 que se destinan para delegados y no los formularios E-14 destinados a claveros que son los que se escrutan por las comisiones escrutadoras.

En relación con el segundo cargo, conforme al cual se presenta una falsedad en el formulario E-26 por cuanto que en este documento electoral no se consignó la votación obtenida en el municipio de Quipile (C/marca), no obstante que la misma corporación ordenara su corrección, la delegada considera que si el hecho es demostrado se impone efectuar la corrección respectiva e incorporar los 10 votos en el E-26. Si lo anterior altera el resultado final de la elección habrá de declararse la nulidad, de lo contrario no.

Con respecto al tercer cargo se considera por el Ministerio Público que consonante a los supuestos de hecho la situación irregular alegada se sucede en la mesa 12, del puesto 2, del municipio de Manizales, en donde sostiene el actor que los escrutadores por error le adjudicaron al candidato número 14, Gabriel Zapata Correa, la votación por él obtenida como candidato número 19; que como en esta instancia no es posible realizar recuento físico de votos, se debe recurrir a los documentos electorales que resultan pertinentes para la demostración del hecho, en principio el formulario E-14 y el formulario E-24 de la comisión escrutadora y, si como lo afirma el actor del cotejo de estos documentos se establece la veracidad de lo afirmado como supuestos de hecho, se debe proceder a la corrección, y por lo tanto se debe consignar lo correspondiente en el E-24 y, a su vez, en el E-26 final.

Demandas de Rodrigo Romero Hernández (exp. 201000090), Luis Fernando Duque García (exp. 201000075) y Clara Isabel Pinillos (exp. 20100089).

Se advierte por la Procuraduría 7ª Delegada ante el Consejo de Estado que las demandas, excepto los fundamentos de hecho, en sus cargos, normas violadas y explicación del concepto de la violación, corresponden en un todo a la demanda instaurada por el ciudadano Fuad Rapag Matar (2010-00091), y que por tal razón se remite a lo dicho en ella.

Demanda de Herbert Rudecindo Mosquera Castro (exp. 201000081).

Conforme al escrito de demanda se infiere que el actor considera como fundamento de la nulidad deprecada la ilegalidad de algunas decisiones proferidas por el Consejo Nacional Electoral, tras considerar que las mismas exceden el marco de competencias que la ley le ha señalado al Consejo. Los argumentos del demandante llevan a concluir que los actos que fundamentaron las decisiones del Consejo en el caso de los escrutinios del departamento del Chocó, son ilegales, se han de inaplicar y no pueden ser considerados. En principio pareciera que propone una excepción de ilegalidad de las decisiones y su inaplicación.

Las resoluciones 552 y 754 del 2010, mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral estableció unos procedimientos de control a los escrutinios y adoptó el protocolo de revisión de escrutinios respectivamente, se expidieron sin que el consejo tuviera la facultad para ello, pues esta es una materia reservada a la ley. Por consiguiente los actos que se fundan en ellas son nulos.

Considera el Ministerio Público que éste cargo no está llamado a prosperar porque los actos expedidos por el Consejo Nacional Electoral para regular lo relacionado con el control de los escrutinios así como el denominado protocolo de revisión de escrutinios no sólo son obligatorios para el Consejo en cuanto son actos propios sino que además se presumen ajustados a la ley. No existe prueba que indique que han sido objeto de medida de suspensión provisional o hayan sido anulados.

Como en el cuerpo del escrito del actor este manifiesta su inconformidad frente a algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral que se relacionan con causales objetivas, el ministerio se ve en la tarea de analizarlas de la siguiente manera:

— La exclusión de mesas de votación por extemporaneidad en la entrega de los documentos electorales (departamento de Chocó): Luego de hacer una mención sucinta a lo alegado por el actor y al artículo 144 del C.E., concluye la delegada que una vez culminado el escrutinio de la mesa de votación por los jurados de votación le corresponde al Presidente efectuar la entrega de los documentos electorales al registrador o a su delegado dentro del tiempo estipulado para el efecto, es decir, inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las 11:00 p.m., del día de las elecciones. La inobservancia de esta disposición apareja como consecuencia que los pliegos no serán tenidos en cuenta en el escrutinio. El acto de entrega es aquel que efectúa el Presidente del Jurado de la mesa al registrador o a su delegado, las constancias que se dejan sobre la introducción de los documentos en el arca triclave, formularios E-20, no son los que se deben considerar para estos efectos. El acto del Consejo Nacional Electoral que decidió la exclusión de las mesas de votación se ajusta a la ley porque consigna para cada mesa la hora de entrega de los documentos señalada en el formulario E-17.

— La suplantación de electores: no se hizo referencia al respecto.

— La exclusión de la mesa de votación del corregimiento de Villa Colombia del municipio del Bajo Baudó efectuada con fundamento en el numeral 3º del artículo 233 del Código Contencioso Administrativo: Argumenta el Ministerio Público que no debe prosperar el cargo por cuanto la exclusión de la mesa 1, de la zona 99, del puesto 80 del municipio del Alto Baudó, se llevó a cabo en aplicación de la Resolución 754 y ésta se encontraba para la época revestida de la presunción de legalidad.

— La exclusión de las mesas de votación ordenada por la Resolución 1425 de julio de 2010 con fundamento en una mezcla de tarjetones debe ser objeto de prueba, si como lo afirma el actor hubo tal situación se debe acceder a la pretensión.

Demanda de José Manuel Abuchaibe Escolar (exp. 201000068).

Primer cargo. Aplicación de una norma que no estaba vigente al momento en que se adelantó la actuación. Conforme a lo señalado por el actor el proceso de escrutinios que adelantó el Consejo Nacional Electoral se reguló por una disposición que no se encontraba vigente, la Resolución 754 de 2010. La Resolución sólo fue publicada en el Diario Oficial el 21 de abril, por tal razón no era aplicable a situaciones sucedidas con anterioridad.

Lo señalado por el demandante en torno a la vigencia y obligatoriedad de la norma a partir de la publicidad de la misma es cierto, por manera que de probarse que se expidieron actos con fundamento en una disposición no vigente los mismos han de ser declarados nulos.

Segundo cargo. El Acto Legislativo 1 no facultó al Consejo Nacional Electoral para expedir reglamento que regulara el proceso electoral. Como el argumento de este cargo está referido a la legalidad de la Resolución 754 y no al acto acusado se debe desestimar su estudio.

Tercer cargo. Expedición irregular del acto por omitir formalidades previstas en la ley como cuando se contabilizan votos depositados sin las formalidades exigidas por la organización electoral. Indica el demandante que es irregular la expedición del acto administrativo de declaratoria de elección cuando se omiten las formalidades establecidas en la ley, como cuando se contabilizan o computan votos que fueron depositados sin las formalidades exigidas por la organización electoral.

En sentir de la delegada el cargo es demasiado abstracto, no precisa, el demandante los municipios, zonas, puestos, y mesas de votación en las que se sucede el hecho, y en consecuencia, ello no permite su estudio.

Cuarto cargo. Falsa motivación. Sobre este tema la delegada se remite a lo que ya dijo sobre el particular, por manera que, de demostrarse en debida forma la falsa motivación el acto ha de declararse nulo.

Quinto cargo. Violación del debido proceso. El demandante señala que el proceso de elección no se desarrolló en condiciones de plenas garantías y que por ello se desconocieron disposiciones de la Carta Política, como el artículo 265 en concordancia con los artículos 2º, 4º, 6º, 13, 29, 40 numerales 1º y 2º, 123, 152 literal c) y 265 numerales 4º, 8º y 13, porque no se permitió al pueblo del cual emana el poder público, ejercer en forma adecuada su soberanía; dice que la voluntad popular fue desconocida por razón de los procedimientos ilegales utilizados y que en conclusión no fueron los ciudadanos los que eligieron sino el Consejo Nacional Electoral.

Con respecto a este cargo advierte la Procuraduría que el actor no precisa las normas que en concreto fueron desatendidas, ni el trámite que habiéndose establecido en ellas se omitió. Considera, por ello, pertinente remitirse a lo que sobre este tema ya se advirtió.

Sexto cargo. Inaplicación de la Resolución 754. Considera la Vista Fiscal que la Resolución 754 no ha sido anulada ni suspendida, es un acto que se presume ajustado a la ley y por tanto obligatorio.

Séptimo cargo. Desconocimiento del carácter preclusivo del procedimiento. Conforme lo señalado por el demandante el proceso de escrutinios tiene carácter preclusivo, una vez agotada una etapa se seguirá con la subsiguiente. El Consejo Nacional Electoral en desarrollo del proceso electoral consideró que en ejercicio de sus funciones y en especial de la que le impone establecer la verdad electoral podía intervenir el proceso de escrutinios desde su inicio, retrotrajo las actuaciones y modificó las decisiones proferidas por instancias precedentes bajo el amparo de un reglamento que expidió para tal efecto, la Resolución 552 de 2010.

Considera la Procuraduría que como la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la sentencia de 19 de septiembre de 2011, declaró que la disposición que habilitaba al Consejo Nacional Electoral para efectuar la revisión de los escrutinios, Resolución 552, es legalmente condicionada, y dicha decisión opera con efectos “ex nunc”, a futuro, las actuaciones que realizó el Consejo Nacional Electoral con base en ella han quedado incólumes.

Demanda de Guillermo García Realpe (exp. 201000073).

Primer cargo. Nulidad por violación del principio constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, artículos 134 y 135 del Código Electoral y el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo. Señala el actor que las diferencias entre los formularios E-11 y el E-14 no son admitidas por la ley, que el número de votos que registren los jurados en las actas de escrutinio deben ser igual al de los votantes que se han registrado; si el escrutinio realizado por los jurados de votación consigna más votos que el número de ciudadanos sufragantes ese registro demuestra un resultado electoral ajeno a la realidad que trasgrede el debido proceso electoral. Asevera que mientras en la Resolución 1704 de 2010, el Consejo Nacional Electoral decide dar validez al formulario E-14 de claveros, no obstante la diferencia de resultados en los dos ejemplares de este documento electoral, en la Resolución 1417 del mismo año, imprime validez al E-14 de delegados, incurriendo en una flagrante violación al debido proceso.

Argumenta la delegada que la prosperidad de esta pretensión le impone al actor la carga procesal de señalar las disposiciones en las cuales se halle consignado el trámite dejado de adelantar por la autoridad a cuyo cargo está su ejecución, es decir, que la carga demostrativa de la violación de esta garantía no se satisface con la sola indicación al operador jurídico del quebrantamiento del artículo 29 de la Carta Política; que como el demandante funda su cargo en que los mandatos legales en relación a las diferencias entre E-11 y E-14 no fueron tenidos en cuenta por muchos jurados de votación y varias comisiones escrutadoras, por lo cual dejaron en entredicho la garantía constitucional al debido proceso, sin especificar los municipios, zonas, puestos y mesas de votación en las que se presentaron tales diferencias, es decir no se demuestra específicamente los eventos o circunstancias en las cuales se presentó la vulneración al debido proceso, por las diferencias indicadas y tampoco se vislumbra la conculcación al debido proceso por el acogimiento del formulario E-14 de claveros y no E-14 de delegados, toda vez que, tal como lo ha indicado el Consejo de Estado, el formulario válido para efectos de reflejar el resultado electoral de los jurados de votación es el de claveros, el cargo no debe prosperar.

Segundo cargo. Nulidad por falsedad y apocrificidad por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales. Luego de reiterar lo dicho en páginas anteriores con respecto al concepto de extemporaneidad en la entrega de los pliegos electorales se observa por el Ministerio Público que esta pretensión, como tal, no fue objeto de reclamación. Como no se demanda el acto administrativo que resuelve la reclamación el cargo está llamado al fracaso.

Tercer Cargo. Nulidad por expedición de los actos acusados bajo indebida motivación, en abierto desconocimiento del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. Señala el actor que si los documentos electorales E-11, E-14, y E-24, que sirvieron de base para la realización de los escrutinios, fueron la causa jurídica de las resoluciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral, y éstas fueron a su vez, la motivación del acto de declaración de elección, debe entenderse que tanto estos y las resoluciones constituyen los motivos, las razones que tuvo la administración para tomar la decisión de elección impugnada; si estos motivos son ajenos a la realidad, el acto acusado debe ser declarado nulo por falsa o indebida motivación.

Argumenta el Ministerio Público que para efectos de la configuración de esta casual de nulidad debe el impugnante demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad (sent., sep. 8/2005, M.P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 3644). Para la prosperidad de la pretensión formulada con base en esta causal no basta con señalar que el acto se ha expedido falsamente motivado, se requiere que se pruebe; esta carga corre a cargo de quien alegue el vicio de nulidad, a quien la aduce se le impone el deber de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos.

Al no encontrarse probado dentro del proceso las diferencias entre los E-14 y los E-24, que son los documentos electorales que efectivamente se constatan, el cargo no prospera.

Demanda de Sebastián Fausto Méndez (exp. 201000077).

Cargo único. Nulidad por falsedad o apocrificidad. Señala el demandante que el número de votos consignados finalmente en el formulario E-24 de las mesas señaladas e identificadas en la pretensión quinta de la demanda, correspondiente a diferentes municipios del departamento del Chocó, no corresponde con el número de votos escrutados en el acta de escrutinio de los jurados de votación E-14.

En este punto solicita la procuraduría que si la diferencia alegada por el demandante entre los formularios E-14 y E-24 hace referencia a los E-14 delegados, el cargo sea despachado de manera desfavorable; pero si hace referencia a los E-14 claveros, y dicha diferencia carece de justificación alguna y modifica el resultado electoral se proceda a declarar la nulidad peticionada.

Demanda de Arturo Yepes Alzate (exp. 201000092).

Primer cargo. Nulidad por diferencias injustificadas entre las actas de escrutinio del jurado de votación (formulario E-14 de delegados) y el formulario E-24, a favor del candidato 26 del Partido Conservador Colombiano, señor Alfredo Ape Cuello Baute. Señala el actor como falsos o apócrifos los formularios E-24 en los cuales se consignaron por parte de las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales, municipales o departamentales, guarismos distintos a los verdaderamente registrados por los jurados de mesa en las actas de escrutinio del jurado de votación o formularios E-14 de delegados, en los departamentos y municipios señalados en la demanda ya que al finalizar los escrutinios al candidato Alfredo Ape Cuello Baute, se le vio aumentar sin justificación jurídica alguna la votación realmente obtenida.

Se conceptúa por la Procuraduría que tal como se advirtió con respecto a la demanda presentada por Luis Alfonso Ramírez, rad. 2010-0083, que como la apocrificidad o falsedad se establece con respecto a los formularios E-14 de delegados y E-24, el cargo se encuentra llamado al fracaso. Aunque los dos formularios E-14 (delegados y claveros) se presuman legales, iguales entre sí y por ende válidos, la cadena de custodia es más rigurosa respecto de los E-14 claveros (ver sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 25 de agosto de 2011, M.P. Susana Buitrago Valencia, exp. 2010-0045 y 2010-0046).

Segundo cargo. Nulidad recuento ilegal, injustificado y generalizado de las mesas de votación realizado por las comisiones escrutadoras municipales, modificando los guarismo electorales a favor del candidato 26 del Partido Conservador Colombiano, señor Alfredo Ape Cuello Baute. Señala el demandante que el recuento ilegal, indiscriminado y generalizado de mesas de votación por parte de las comisiones escrutadoras que realizaron los escrutinios zonales o municipales en los departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca y Cesar, lo llevan a concluir que estos escrutinios registrados en los formularios E-24, son falsos o apócrifos. Se consignaron, por parte de las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales, municipales o departamentales, guarismos distintos y superiores a los verdaderamente registrados por los jurados de mesa en las actas de escrutinio del jurado de votación o formularios E-14 delegados.

Según la Procuraduría éste cargo debe despacharse de manera desfavorable por las mismas consideraciones realizadas en el cargo anterior, toda vez que aunque el fundamento de éste es el recuento injustificado de mesas, cargo que por sí solo no genera la nulidad del acto electoral, se enlaza en el sentir de indicar que ello es lo que produce la diferencia de votos entre los E-14 delegados y los E-24; y tal diferencia no interesa, pues el E-14 delegados, no es el documento electoral que constituye la base del escrutinio.

Demanda de Eduardo Carlos Merlano (exp. 201000082).

Primer cargo. Violación al debido proceso. Señala el demandante que con la revisión oficiosa adelantada por el Consejo Nacional Electoral, en que de manera abierta, la sala unitaria, presidida por el Magistrado Ciro Muñoz, así como la Sala Plena de esa corporación, no sólo dispensó un trato subjetivo a las diferentes solicitudes de revisión de mesas de votación, que se presentaron con respecto al departamento del Chocó y otros departamentos, sino que se abstuvo de aplicar los resultados de su misma revisión en mesas donde también se detectaron similares inconsistencias e irregularidades se vulnero el debido proceso estipulado en el protocolo adoptado por el mismo Consejo Nacional Electoral, la Resolución 754 de 2010.

Destaca la procuraduría que el cargo se fundamentó únicamente en relación a la vulneración al debido proceso consagrado en el protocolo para la revisión de escrutinios, Resolución 754 de 2010, norma que reglamenta todo lo relacionado con la oportunidad y requisitos para la revisión de escrutinios, y que se ha dicho que la prosperidad de la pretensión cuando se formula con fundamento en la inobservancia del debido proceso, le impone al actor la carga procesal de señalar las disposiciones en las cuales se halle consignado el trámite dejado de adelantar por la autoridad a cuyo cargo está su ejecución, es decir, que la carga demostrativa de la violación a esta garantía no se satisface con la sola indicación de la normativa general que consagra los procedimientos que se consideran vulnerados, se debe hacer claridad respecto de los procedimientos vulnerados, el porqué y la forma como se produce la vulneración (sents. de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mayo 10/2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, rad. 2615 y de ago. 26/2004, rad. 3430).

Observado el supuesto fáctico que señala el actor en relación con este cargo se tiene que en principio se refiere con carácter general a la revisión de escrutinios, no precisa en cuanto a qué acciones de revisión se refiere, esto es, en cuanto a las mesas, a las tarjetas electorales, a los formularios E-11, a los formularios E-14. Así mismo, señala hechos generales, lo cual no permite su debido estudio, pues dado el carácter rogado de la justicia contencioso administrativa no resulta válido señalar hechos o normas con carácter general.

Considera la delegada que el argumento del actor no enerva la presunción de legalidad del acto acusado y por lo mismo la pretensión fundada en este cargo no está llamada a prosperar.

Segundo cargo. El acta de escrutinio para Senado Nacional es nula por cuanto se presentan elementos apócrifos que sirvieron para su formación (CCA, art. 223-2). Señala el demandante que esta causal se configura tanto respecto de los resultados electorales para Senado consolidados en el departamento de Chocó, como respecto a los arrojados en el Distrito Capital. Señala que en el anexo 1 de la demanda, se detallan e individualizan las mesas de votación que contienen diferencias entre los formularios E-14 y E-24, lo cual evidencia un incremente sustancial e injustificado en los votos obtenidos por candidatos al Senado, variaciones que se dan en las actas E-24 sin que exista justificación legal.

La procuraduría solicita en este punto que si la diferencia alegada por el demandante entre los formularios E-14 y E-24 hace referencia al E-14 delegados, el cargo debe ser despachado de manera desfavorable. De encontrarse que las diferencias se presentan efectivamente entre el E-14 claveros y el E-24, sin justificación alguna y esta diferencia modifique el resultado electoral, se proceda a declarar la nulidad solicitada.

Demanda de Carlos Fernando Motoa (exp. 201000072).

Cargo único. Violación del numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en cuanto se presentaron diferencias de votos no explicadas satisfactoriamente entre los formularios E-14 y E-24, las cuales afectaron los resultados del formulario E-26. Señala el demandante que en el formulario E-14 se registran unos votos que no aparecen contabilizados en los escrutinios posteriores que se plasmaron en los formularios E-24 y E-26, y que además, candidatos que tuvieron determinada votación registrada en el formulario E-14, aparecen con mayor número de votos en el formulario E-24, sin que exista razón legal para ello.

Solicita la Procuraduría que en este cargo, al igual que lo señalado en el 2º cargo de la demanda presentada por Eduardo Carlos Merlano, rad. 2010-0082, que si la diferencia alegada por el demandante entre los formularios E-14 y E-24 hace referencia a los E-14 delegados, el cargo sea despachado de manera desfavorable, toda vez que el documento para constatar la votación efectiva en las mesas es el E-14 claveros; y que de encontrarse que las diferencias se presentan efectivamente entre el E-14 claveros y el E-24, sin justificación alguna, y esta diferencia modifique el resultado electoral, se proceda a declararse la nulidad peticionada.

Demanda de Lidio Arturo García Turbay (exp. 201000084).

Primer cargo. Nulidad por violación de las normas en que ha debido fundarse el acto de elección. El actor en su demanda manifiesta que el acto por medio el cual el Consejo Nacional Electoral declara la elección de los Senadores de la República se expidió con violación a las normas en las que debió fundarse. En el acápite de normas violadas y concepto de violación señaló que con la expedición del acto de elección se desconoció el mandato del artículo 2º de la Carta Política por cuanto se le conculcó el derecho que tiene de ser elegido, se le desconoció la garantía del debido proceso porque se omitió a su favor una gran cantidad de votos, y se desconoció el protocolo de escrutinio elaborado por el mismo Consejo Nacional Electoral. En el escrito de corrección de demanda se hace referencia a que el acto se expidió con inobservancia de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa. En el concepto de violación se invocaron como violados los artículos 142, 163, 189, 192 y 193 del Código Electoral.

Este cargo, en consideración del Ministerio Público, no está llamado a prosperar pues resulta deficiente la forma como se propone. El actor no explica de manera adecuada el concepto de violación de las disposiciones que señala como violadas, y en ese entendido, no es posible abordar el estudio del cargo. De conformidad con lo señalado por la jurisprudencia no basta con señalar que se han desconocido las normas sino que además se debe explicar por qué se consideran infringidas.

Segundo cargo. Nulidad por violación del debido proceso. Argumenta la Procuraduría que el cargo fundado en la inobservancia de esta garantía procesal tampoco ha de prosperar por cuanto la formulación del mismo resulta insuficiente. En su demanda el actor sólo hace manifestaciones generales con respecto al tema.

Cuando se alega la violación del debido proceso como causal de nulidad del acto administrativo de elección, no basta con señalar como fundamento de la causal el artículo 29 de la Carta, se hace obligatorio para el actor indicar el trámite inobservado y las disposiciones que lo consagran.

Tercer cargo. Nulidad del acto por falsedad o apocrificidad en los registros electorales que le sirvieron de fundamento. Este cargo deviene del hecho de considerarse por parte del actor que en el proceso de escrutinios se le modificaron los resultados que se habían incorporado por los jurados de votación en el formulario E-14. Sostiene que en los municipios relacionados en la demanda en la operación de consolidación del resultado municipal o zonal el formulario E-24 se diligenció con datos distintos a los contenidos en el E-14.

El Ministerio Público argumenta que si en el decurso de los escrutinios los resultados consignados por los jurados de votación en los formularios E-14 son modificados sin justa causa y ello altera el resultado final de la elección se debe declarar la nulidad del acto.

Demanda de Astrid Sánchez Montes de Oca (exp. 201000061).

Primer cargo. Excepción de ilegalidad de la Resolución 754 por medio del cual el Consejo Nacional Electoral adoptó el protocolo de revisión de escrutinios. Conforme al escrito de demanda se infiere que la actora considera como fundamento de la nulidad deprecada la ilegalidad de algunas decisiones proferidas por el Consejo Nacional Electoral, pues considera que las mismas exceden el marco de competencias que la constitución y la ley ha señalado al Consejo. Los argumentos de la demandante llevan a concluir que el Consejo Nacional Electoral al expedir la Resolución 754 de 2010 excedió sus propias facultades pues lo reglamentado allí es competencia de la ley.

Considera la Agencia del Ministerio Público que este cargo no está llamado a prosperar por cuanto el acto expedido por el Consejo Nacional Electoral denominado protocolo de revisión de escrutinios es obligatorio para dicha entidad, se presume legal y no ha sido suspendido o anulado. Los demás cargos no fueron considerados por la delegada porque en su opinión no se especificaron concretamente ya que fueron planteados de manera general y abstracta.

Demanda de Carlos Ramón González (exp. 201000080).

Primer cargo. Falsedad o apocrificidad. Conforme al escrito de demanda se infiere que el actor considera como fundamento de la nulidad deprecada el hecho que en los formularios E-14 y E-24 se consignó una menor votación para el Partido Verde y sus candidatos.

Reitera en este punto el Ministerio Público que cuando aparecen diferencias injustificadas en los guarismos que se incorporan en los formularios E-14 y E-24 se configura la causal de nulidad que consagra el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.

No comparte la Delegada la apreciación de la parte actora en cuanto a que el Consejo Nacional Electoral rechazó de plano algunas solicitudes de revisión sin fundamento alguno, toda vez que actúo de conformidad con los procedimientos establecidos en las resoluciones 552 y 754 del 2010.

Demanda de Rodrigo Lara Restrepo (exp. 201000088).

Afirma la Procuraduría que con respecto a los cargos primero a sexto: violación directa del ordenamiento jurídico vigente, violación del principio constitucional del debido proceso administrativo, falsa motivación, desviación de poder, abuso de poder, y nulidad por falsedad o apocrificidad de los registros electorales se debe ir a lo ya dicho con respecto a la demanda instaurada por Fuad Rapag Matar, radicación 2010-00091.

Sexto cargo (sic). Apocrificidad por diferencias entre el formulario E-11 y el E-14. El Ministerio Público luego de hacer mención a lo manifestado por la jurisprudencia al respecto, sentencias de 7 de diciembre de 2001, expediente 2755 y 5 de abril de 2002, expediente 282, concluye que cuando se formula una nulidad con fundamento en diferencias entre el registro de votantes y el acta de escrutinio de los jurados de votación se debe demandar el acto bajo el argumento del desconocimiento del debido proceso electoral por inobservancia de los artículos 134 y 135; pero que ello no impide que se considere el argumento del libelista que explica el cargo recurriendo a la jurisprudencia que se ha elaborado en relación con la causal 2ª del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por falsedad o apocrificidad.

Octavo cargo. Suplantación de electores. Se arguye por el Ministerio Público que la jurisprudencia ha considerado que para que se demuestre que una persona no tiene derecho a votar en una mesa o tiene el carácter de suplantador no basta con demostrar que en el formulario E-11 o registro general de votantes están anotados los nombres de personas frente a cédulas que no le corresponden, porque es posible que los jurados hayan incurrido en errores en el nombre o en el número de la cédula al momento de anotarlos en forma manuscrita. Para desvirtuar cualquier duda y obtener certeza resulta necesario en todos los casos examinar el censo electoral del municipio y la lista de sufragantes, formulario E-10; así se establece si la irregularidad señalada constituye una violación de las normas invocadas o constituye un simple error de transcripción de datos —cédulas o nombres de los votantes— por parte del jurado.

La jurisprudencia determina que para que los cargos de suplantación de electorales se consideren debidamente formulados es preciso que las demandas contengan los siguientes elementos: i) zona, puesto y mesa donde la irregularidad tuvo ocurrencia, ii) individualización de los presuntos suplantados identificándolos con su nombre y con su número de cédula de ciudadanía y; iii) nombres y apellidos de quienes figuran como suplantadores.

Si se demuestran en debida forma los presupuestos y se altera el resultado final de la elección ello ha de concluir en la nulidad del acto, caso contrario, se debe desestimar el cargo.

Noveno cargo. Votación de personas fallecidas. La demostración de este supuesto le impone al actor la carga de acreditar el hecho del fallecimiento del votante para lo cual debe allegar el documento idóneo. Si ello es así, el voto que se haya depositado recurriendo a la cédula de una persona fallecida es ilegal, y no puede ser considerado en el proceso electoral.

Decimotercero (sic) cargo. Pérdida de formularios E-11 y E-14. Como este documento (E-11) no se considera para efectos del escrutinio propiamente, y eventualmente sólo para reclamar cuando se presentan las situaciones que regula el Código Electoral en los artículos 134 y subsiguientes, su pérdida no incide en el resultado final de la elección. Las consecuencias derivadas de ese hecho pueden ser de otra naturaleza, pero no pueden determinar la nulidad de la elección.

Décimo cuarto cargo. Falsedad o suplantación de firmas de los jurados de votación. Conforme a la titulación que hace el demandante del cargo se pretende la nulidad de registros electorales en los cuales la firma de los jurados se falsificó o se suplantó. Como pareciera ser que el actor se refiere es a jurados que son suplantados se argumenta por el Ministerio Público que en estos eventos se ha dicho que el acto es nulo si en la mesa de votación estos superan en número a los jurados de iure.

Décimo quinto cargo. Falsedad o apocrificidad en la elaboración de los formularios E-11. Se reitera en este punto por la Procuraduría que el formulario E-11 no tiene como fin el escrutinio por cuanto en él no se incorporan resultados que sirven de base para la declaración de elección. Su supuesta falsedad es inane para los efectos de esta acción.

Décimo sexto cargo. Pérdida de actas de escrutinio de jurados de votación - Formularios E-14. Sostiene el demandante que se presentó una pérdida de formularios E-14, hecho que per se no configura causal de nulidad. La misma se podría configurar si se demuestra que la pérdida de los formularios E-14 se sucedió antes de los escrutinios que realizan las comisiones escrutadoras municipales y que no obstante el hecho registran e incorporan resultados en el formulario E-24 que les corresponde elaborar y en el cual se anotan los resultados que arroja el escrutinio de las actas de escrutinio de los jurados de votación; en ese evento como, los formularios E-24 son elaborados con base en los primeros es apenas obvio que el resultado que en ellos se incorpore resulta apócrifo.

IV. Trámite de instancia

1. Proceso 201000061: La demanda se presentó con escrito radicado el 13 de agosto de 2010 (fls. 3 a 44). Se inadmitió con auto del 16 de septiembre del mismo año (fl. 47). La subsanación se hizo con escrito presentado el 28 de septiembre siguiente. Se admitió con auto de 14 de octubre de 2010 (fl. 359). La fijación en lista transcurrió entre el 8 y el 20 de noviembre del mismo año. La contestación se surtió con escritos radicados el 9 y 10 de noviembre de 2010 (fls. 376 a 379 y 381 a 405 respectivamente). Con auto de 12 de noviembre de 2010 se remitió el proceso a secretaría en espera de la acumulación (fl. 436).

2. Proceso 201000068: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 225 a 329). Se radicó escrito de reforma el 30 de los mismos (fls. 334 a 371). Con auto del 3 de septiembre siguiente se inadmitió (fls. 372 y 373). El escrito de subsanación se presentó el 10 de los mismos (fls. 375 a 452). La admisión se dispuso con auto del 21 de septiembre siguiente (fl. 6389. El término de fijación en lista transcurrió entre el 6 y el 8 de octubre de 2010 (fl. 645). Mediante auto fechado el 22 de octubre de 2010 se dispuso mantener el expediente en secretaría para la acumulación (fl. 651).

3. Proceso 201000072: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 111 a 138). Se inadmitió con auto del 25 de septiembre siguiente (fls. 141 a 144). Se subsanó con escrito radicado el 15 de los mismos (fls. 146 a 185). La admisión ocurrió con auto fechado el 28 de octubre de 2010 (fls. 245 a 247). El término de fijación en lista corrió entre el 29 de noviembre y el 1º de diciembre de 2010 (fl. 454). La demanda se contestó con escrito allegado el último día del término anterior (fls. 456 a 468). Con auto del 13 de diciembre de 2010 se envió el expediente a secretaría para la posterior acumulación (fl. 473 y 474).

4. Proceso 201000073: La demanda se radicó el 17 de agosto de 2010 (fls. 122 a 199). Se inadmitió con auto del 16 de septiembre siguiente (fls. 202 a 205). La subsanación se dio con escrito puesto en la secretaría de la Sección el 28 de septiembre del mismo año (fls. 207 a 218). Se admitió la demanda con auto del 1º de octubre de 2010. La contestación se hizo mediante escrito radicado el 15 de octubre del citado año (fls. 311 a 317). El escrito de coadyuvancia se allegó el 15 de octubre de 2010 (fls. 329 a 331). La fijación en lista transcurrió entre el 14 y el 16 de diciembre del mismo año (fl. 364). El escrito de coadyuvancia se anexó el 16 de diciembre de 2010, y con auto del 13 de enero de 2011 se envió el proceso a secretaría en espera de la acumulación.

5. Proceso 201000075: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 388 a 433). Se admitió con auto del 26 de los mismos (fls. 643 y 644). El término de fijación en lista corrió entre el 27 y el 29 de septiembre de 2010. Con auto del 10 de octubre siguiente se remitió el proceso a secretaría en espera de la acumulación.

6. Proceso 201000077: La demanda se radicó el 17 de agosto de 2010 (fls. 30 a 52). Se inadmitió con auto del 16 de septiembre del mismo año (fls. 55 a 56). Con escrito allegado el 28 de septiembre siguiente se subsanó la demanda (fls. 58 a 68). Mediante auto del 14 de octubre de 2010 se rechazó la demanda (fls. 500 a 502). En su contra se presentó recurso ordinario de súplica, que se radicó el 22 de los mismos (fls. 503 a 512). Los demás integrantes de la Sala, con auto signado el 8 de noviembre de 2010 (fls. 514 a 518), revocaron el auto censurado. La admisión se produjo entonces con auto del 13 de enero de 2011 (fls. 520 a 523). El término de fijación en lista transcurrió entre el 2 y el 4 de febrero del mismo año. El escrito de contestación de la demanda se allegó el último día del término anterior (fls. 540 y 541). Y con auto del 9 de febrero de 2011 se remitió el expediente a secretaría en espera de la acumulación.

7. Proceso 201000079: La demanda se radicó el 17 de agosto de 2010 (fls. 2 a 34). Se inadmitió con auto del 16 de septiembre siguiente (fls. 37 y 38). El escrito de subsanación se allegó a la secretaría el 28 de los mismos (fls. 40 a 75). La admisión se produjo con auto del 14 de octubre de 2010 (fl. 77). El término de fijación en lista corrió entre el 2 y el 4 de noviembre del mismo año (fl. 86). El escrito de contestación se adujo al cierre del término (fls. 95 y 96). Y con auto del 9 de los mismos se dispuso mantener el proceso en secretaría en espera de la acumulación.

8. Proceso 201000080: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 395 a 421). Se inadmitió con auto del 16 de septiembre siguiente (fls. 424 y 425). El escrito de subsanación se radicó el 28 de los mismos (fls. 427 a 433). Volvió a inadmitirse con auto del 14 de octubre de 2010 (fl. 493). Se subsanó con escrito del 26 de los mismos (fl. 495). La admisión se produjo con auto del 3 de noviembre de 2010 (fl. 539). El término de fijación en lista transcurrió entre el 29 de noviembre y el 1º de diciembre del año en cita. La contestación se dio con escrito del 1º de diciembre de 2010 (fls. 556 y 557). Y con auto del 9 de diciembre del mismo año, se dispuso enviar el expediente a secretaría en espera de la acumulación.

9. Proceso 201000081: La demanda se radicó el 17 de agosto de 2010 (fls. 150 a 167). Se inadmitió con auto del 27 de los mismos (fls. 170 a 172). El escrito de subsanación se allegó el 9 de septiembre siguiente (fls. 175 a 278). La admisión se produjo con auto del 8 de octubre de 2010. El término de fijación en lista corrió entre el 3 y el 5 de noviembre de 2010 (fl. 242). Finalmente, con auto del 10 de noviembre del citado año, se envió el expediente a secretaría en espera de la acumulación.

10. Proceso 201000082: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 85 a 102). Se inadmitió con auto del 3 de septiembre del mismo año (fl. 105). El escrito de subsanación se radicó el 14 de septiembre de 2010 (fls. 108 a 115). La admisión se produjo con auto del 21 de septiembre de 2010 (fl. 136). El término de fijación en lista corrió entre el 21 y el 25 de octubre del citado año (fl. 144). Y con auto del 28 de octubre de 2010 se ordenó mantener el expediente en secretaría en espera de la acumulación.

11. Proceso 201000083: La demanda se allegó el 17 de agosto de 2010 (fls. 6 a 514). Se inadmitió con auto del 2 de septiembre siguiente (fls. 517 a 520). El escrito de subsanación se adujo el 14 de septiembre de los mismos (fls. 522 a 1081). De nuevo se inadmitió con auto del 17 de septiembre siguiente. El escrito para subsanarla se radicó el 27 de los mismos (fls. 1286 a 1288). El auto admisorio se expidió el 8 de noviembre de 2010 (fls. 1290 a 1292). El término de fijación en lista corrió entre el 13 y el 15 de diciembre siguiente (fl. 1302). El escrito de contestación se aportó el 14 de diciembre de 2010 (fls. 1335 a 1347). Y con auto del 17 de enero de 2011 se dispuso enviar el expediente a secretaría en espera de la acumulación (fls. 1371 y 1372).

12. Proceso 201000084: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 127 a 164). Se inadmitió con auto del 17 de septiembre siguiente (fls. 167 a 169). El escrito de subsanación se adujo el 27 de los mismos (fls. 171 a 194). La demanda se admitió con auto del 1º de octubre de 2010 (fls. 433 a 435). La demanda se reformó con escrito allegado el 5 de octubre de 2010 (fls. 436 a 463). El término de fijación en lista transcurrió entre el 20 y el 22 de octubre del mismo año (fl. 523). La reforma de la demanda se admitió con auto del 28 de octubre siguiente (fls. 529 y 530). El escrito de contestación se allegó el 24 de noviembre de 2010 (fls. 539 a 571). El escrito de coadyuvancia se presentó el 15 de octubre del citado (fls. 509 a 521). El término de fijación en lista para la reforma de la demanda corrió entre el 22 y el 24 de noviembre de 2010 (fl. 538). Y con auto del 2 de diciembre de 2010 se ordenó remitir el expediente a secretaría para la posterior acumulación (fls. 576 y 577).

13. Proceso 201000085: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 1 a 2190). Con auto del 26 de los mismos se admitió (fls. 423 y 424). El término de fijación en lista transcurrió entre el 17 y el 21 de septiembre de 2010 (fl. 435). El escrito de coadyuvancia se allegó el 21 de septiembre del mismo año (fls. 437 a 439). Y con auto del 17 de septiembre de 2010 se ordenó remitir el expediente a secretaría para la ulterior acumulación (fl. 475, cdno. 5).

14. Proceso 201000088: La demanda fue presentada el 17 de agosto de 2010 (fls. 185 a 347). Con auto del 3 de septiembre del mismo año se inadmitió (fls. 350 a 352). El escrito de subsanación se aportó el 14 siguiente (fls. 354 a 386). El auto admisorio se profirió con fecha 8 de octubre de 2010 (fl. 501). Los escritos de contestación se radicaron el 17 (fls. 510 a 519) y el 19 (fls. 521 a 545) de noviembre del mismo año. El término de fijación en lista transcurrió entre el 17 y el 19 de noviembre de 2010 (fl. 509). Y mediante auto del 25 de noviembre siguiente (fl. 550), se remitió el proceso a secretaría en espera de la acumulación.

15. Proceso 201000089: La demanda fue radicada el 17 de agosto de 2010 (fls. 1b a 222). Se inadmitió con auto del 14 de septiembre siguiente (fls. 225 y 226). El escrito de subsanación se radicó el 28 de septiembre de 2010 (fls. 229 a 276). De nuevo se inadmitió con auto del 14 de octubre del citado año (fl. 365). El escrito para la corrección de los defectos señalados se radicó el 25 siguiente (fl. 367). La admisión se produjo con auto del 3 de noviembre de 2010 (fl. 398). El término de fijación en lista corrió entre el 9 y el 13 de diciembre siguiente (fl. 407). El escrito de contestación se aportó el 16 de diciembre. Y con auto del 11 de enero de 2011 se ordenó enviar el proceso a secretaría en espera de la acumulación.

16. Proceso 201000090: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 111 a 211). Se inadmitió con auto del 3 de septiembre siguiente (fls. 214 a 216). El escrito de subsanación se allegó el 14 de septiembre de 2010 (fls. 218 a 260). La admisión se dio a través del auto signado el 8 de octubre de los mismos (fl. 362). El término de fijación en lista transcurrió entre el 17 y el 19 de noviembre siguiente (fl. 369). La participación del interviniente se dio con escrito allegado el último día de la fijación en lista (fls. 370 a 374). Y con auto del 24 de noviembre de 2010 se ordenó remitir el proceso a secretaría en espera de la acumulación (fl. 408).

17. Proceso 201000091: El 17 de agosto de 2010 se radicó la demanda. Con auto del 3 de septiembre del mismo año se inadmitió. El escrito para su corrección se allegó el 14 siguiente (fls. 248 a 304). El auto admisorio se profirió con fecha 8 de octubre del citado año (fl. 444). El término de fijación en lista corrió entre el 17 y el 19 de noviembre de 2010 (fl. 451). Y con auto del 24 de los mismos se ordenó el envío del expediente a secretaría para la acumulación (fl. 455).

18. Proceso 201000092: La demanda se presentó el 17 de agosto de 2010 (fls. 2 a 82). Se inadmitió con auto del 16 de septiembre siguiente (fls. 85 a 87). El escrito para su corrección se adujo el 28 de los mismos (fls. 89 a 157). Con auto signado el 14 de octubre del mismo año se admitió la demanda (fl. 159). El término de fijación en lista se surtió del 2 al 4 de noviembre siguiente (fl. 168). El escrito de contestación se allegó el último día del término anterior. Y con auto del 9 de noviembre de 2010 se ordenó mantener el expediente en secretaría para la posterior acumulación (fl. 183).

19. Proceso 201000065: La demanda se presentó el 13 de agosto de 2010 (fls. 2 a 25). El auto admisorio se profirió el 27 de los mismos (fl. 28). El término de fijación en lista corrió entre el 13 y el 15 de septiembre de 2010 (fl. 38). El escrito de contestación se allegó el 15 siguiente (fls. 52 a 54). Con auto proferido el 14 de abril de 2011 se decretó la acumulación de los proceso (fls. 67 a 73). El sorteo del Consejero ponente se llevó a cabo el 2 de mayo siguiente (fls. 77 y 78). Con auto calendado el 3 de junio de 2011 se abrió el período probatorio (fls. 80 a 533). Con auto signado el 20 de junio de 2011 (fl. 568), se rechazó el recurso ordinario de súplica presentado frente a la providencia anterior. El 20 de octubre del mismo año se profirió auto de requerimiento para que las autoridades electorales aportaran pruebas faltantes (fls. 644 a 1052). Con auto del 8 de febrero del corriente año se corrió traslado para alegar y se ordenó la entrega del expediente al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998, artículo 36; al igual que por lo normado en el Acuerdo 58 de 1999 o reglamento del Consejo de Estado, que fue modificado por el Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, expedidos por la Sala Plena de esta corporación.

2. Prueba del acto de elección acusado.

Con la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010 “Por medio de la cual se declara la elección del Senado de la República para el período 2010-2014 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales”, dictada por el Consejo Nacional Electoral, se acreditó que fueron elegidos en tal condición: Partido Social de Unidad Nacional - Partido de la U: Juan Francisco Lozano Ramírez, Dilian Francisco Toro Torres, José David Name Cardozo, Efraín Torrado García, Roy Leonardo Barrera Montealegre, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Piedad del Socorro Zuccardi de García, Bernardo Miguel Elías Vidal, Germán Darío Hoyos Giraldo, Oscar Mauricio Lizcano Arango, Juan Carlos Roberto Vélez Uribe, Musa Besaile Fayad, Maritza Martínez Aristizábal, Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal, Carlos Enrique Soto Jaramillo, Karime Mota y Morad, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Manuel Mesías Enríquez Rosero, Jorge Eduardo Gechen Turbay, Milton Arlex Rodríguez Sarmiento, Jorge Aurelio Iragorri Hormaza, Carlos Roberto Ferro Solanilla, Plinio Edilberto Olano Becerra, Claudia Jenneth Wílchez Sarmiento, Martín Emilio Morales Diz, Fuad Emilio Rapag Matar, Jorge Emilio Ballesteros Bernier, Eduardo Carlos Merlano Morales. Partido Conservador Colombiano: Olga Lucía Suárez Mira, Liliana María Rendón Roldán, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Roberto Víctor Gerlein Echeverría, Hernán Francisco Andrade Serrano, José Iván Clavijo Contreras, Efraín José Cepeda Sarabia, Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar, Luis Emilio Sierra Grajales, Nora María García Burgos, Juan Manuel Corzo Román, Fernando Eustacio Tamayo Tamayo, Carlos Eduardo Enríquez Maya, Juan Mario Laserna Jaramillo, Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, Germán Villegas Villegas, José Darío Salazar Cruz, Juan de Jesús Córdoba Suárez, Juan Sami Merheg Marun, César Tulio Delgado Blandón, Gabriel Ignacio Zapata Correa, Carlos Emiro Barriga Peñaranda. Partido Liberal Colombiano: Arleth Patricia Casado de López, Juan Manuel Galán Pachón, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, Rodrigo Villalba Mosquera, Eugenio Enrique Prieto Soto, Honorio Gálviz Aguilar, Edgar Alfonso Gómez Román, Jaime Enrique Durán Barrera, Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Jesús Ignacio García Valencia, Camilo Armando Sánchez Ortega, Juan Fernando Cristo Bustos, Amparo Arbeláez Escalante, Guillermo Antonio Santos Marín, Luis Fernando Velasco Chávez, Edinson Delgado Ruiz y Guillermo García Realpe. Partido de Integración Nacional: Juan Carlos Rizzetto Luces, Héctor Julio Alfonso López, Carlos Arturo Quintero Marín, Hemel Hurtado Angulo, Manuel Julián Mazenet Corrales, Antonio José Correa Jiménez, Teresita García Romero, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado y Edgar Espíndola Niño. Partido Cambio Radical: Javier Enrique Cáceres Leal, Fuad Ricardo Char Abdala, Daira de Jesús Galvis Méndez, Antonio del Cristo Guerra de La Espriella, Bernabé Celis Carrillo, Juan Carlos Restrepo Escobar, José Francisco Herrera Acosta y Carlos Fernando Motoa Solarte. Polo Democrático Alternativo: Jorge Enrique Robledo Castillo, Néstor Iván Moreno Rojas, Luis Carlos Avellaneda Tarazona, Camilo Ernesto Romero Galeano, Mauricio Ernesto Ospina Gómez, Alexander López Maya, Jorge Eliécer Guevara y Gloria Inés Ramírez Ríos. Partido Verde: Gilma Jiménez Gómez, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Felix José Valera Ibáñez, Jhon Sudarsky Rosecubaumm e Iván Leonidas Name Vásquez. Movimiento Político Mira: Alexandra Moreno Piraquive, Manuel Antonio Virguez Piraquive y Carlos Alberto Baena López. Movimiento Alianza Social Indígena: Marco Aníbal Avirama Avirama. Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO: Germán Bernardo Carlosama López(104).

3. Excepción de inconstitucionalidad frente a la Resolución 754 del 9 de abril de 2010.

Los demandantes Astrid Sánchez Montes de Oca (exp. 201000061), José Manuel Abuchaibe Escolar (exp. 201000068), Luis Fernando Duque García (exp. 201000075), Herbert Rudecindo Mosquera Castro (exp. 201000081), Rodrigo Lara Restrepo (exp. 201000088), Clara Isabel Pinillos Abozaglo (exp. 201000089), Rodrigo Romero Hernández (exp. 201000090) y Fuad Emilio Rapag Matar (exp. 201000091), con fundamento en lo prescrito en el artículo 4º Superior y con miras a obtener la nulidad de los actos acusados en cada una de sus demandas, piden aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la Resolución 754 de 9 de abril de 2010 “Por la cual se adopta el protocolo de revisión de escrutinios”, expedida por el Consejo Nacional Electoral, dado que la misma está en franca y manifiesta oposición al artículo 152 literal c) de la Constitución, porque con ella esa entidad de la organización electoral, sin competencia, reglamentó el ejercicio de funciones electorales, sin reparar en que por disposición del constituyente esa materia tiene reserva de ley estatutaria.

En la Constitución Política de 1991 se adoptó el sistema de control difuso de constitucionalidad, por virtud del cual la labor de establecer si una determinada disposición jurídica se aviene a no al ordenamiento Superior, no queda a cargo únicamente del Tribunal Constitucional, pues también establece, como un deber, que siempre que se advierta por un servidor público esa disconformidad se hagan prevalecer las normas de la Carta Fundamental. Es decir, que el control de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico interno se puede hacer por vía de acción, mediante la formulación de la correspondiente acción pública ante la Corte Constitucional, y de igual forma se puede dar por vía de excepción, cuando los funcionarios públicos en ejercicio de la habilitación universal prevista en el artículo 4º Superior, deciden inaplicar para el caso concreto una disposición jurídica por reñir con algún precepto constitucional.

Sin embargo, la excepción de inconstitucionalidad tiene un carácter subordinado frente al control que por vía de acción practica la Corte Constitucional. Si en ese contexto dicha corporación judicial decide declarar la inexequibilidad de una determinada disposición jurídica, frente a ese pronunciamiento se presenta la cosa juzgada constitucional establecida en el artículo 243 Superior, lo cual implica que con efectos erga omnes la norma es expulsada del ordenamiento jurídico, y por lo mismo, ningún servidor público puede estudiar y menos aún aplicar la excepción propia del control difuso de constitucionalidad.

Del mismo modo, si la jurisdicción de lo contencioso administrativo al practicar el examen de legalidad de un acto administrativo de carácter general, declara mediante sentencia su nulidad tras concluir que está en oposición a una disposición jurídica, es preciso tomar en cuenta lo establecido en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes”. Lo dicho implica que ningún operador jurídico puede desconocer la nulidad judicialmente declarada, como quiera que produce efectos de cosa juzgada, con alcance erga omnes, al cual deben sujetarse todas las personas y autoridades, vinculadas o no al respectivo proceso, a lo cual debe adicionarse que la invalidez judicialmente declarada produce efectos ex tunc o desde siempre.

Pues bien, la legalidad de la Resolución 754 de 9 de abril de 2010 “Por la cual se adopta el protocolo de revisión de escrutinios”, expedida por el Consejo Nacional Electoral, fue estudiada por esta Sección con fallo del 18 de octubre de 2012, proferido en los procesos acumulados 110010328000201000014-00, 110010328000201000018-00 y 110010328000201000119-00, seguidos por Edgar Daniel Bohórquez Enciso y otros contra el Consejo Nacional Electoral, con ponencia de quien funge como tal en esta providencia, mediante la cual se decidió que el acto es nulo y así lo declaró. Lo hizo bajo apreciaciones que la Sala condensó allí en el acápite “3.2 Conclusión”, en estos términos:

“A partir de todo lo anterior, esta Sala considera que el Consejo Nacional Electoral carecía de competencia para dictar la Resolución 754 del 9 de abril de 2010, mediante la cual se adoptó el protocolo de revisión de escrutinios, toda vez que los temas regulados en la misma tienen reserva de ley estatutaria por lo que exceden la facultad reguladora en cabeza de la entidad demandada, así como también extralimitan la atribución constitucional del Consejo Nacional Electoral para adoptar su propio reglamento.”

De acuerdo con lo dicho, actualmente no es procedente estudiar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la Resolución 754 de 2010, puesto que la misma fue expulsada del ordenamiento jurídico al declararse su nulidad con el fallo de 18 de octubre de 2012; y lo que es igualmente importante, su invalidez se declaró precisamente por la misma razón que en éste proceso alegaron algunos demandantes, esto es, que el Consejo Nacional Electoral ignoró la reserva de ley estatutaria prevista en el literal c) del artículo 152 Constitucional para desarrollar lo concerniente al ejercicio de funciones electorales, es decir, que obró usurpando una atribución propia del Congreso de la República.

La improcedencia de que hoy se pueda asumir el estudio de la excepción de inconstitucionalidad no juega a favor de la parte demandada. Al contrario, se trata de un avance importante en pro de socavar los cimientos de la presunción de legalidad de los actos acusados, que fueron específicamente censurados por esa incorrección en las demandas que puntualmente cuestionaron la legalidad de los actos impugnados por haber sido expedidos por el Consejo Nacional Electoral con apoyo en el Protocolo de Revisión o Resolución 754.

Y, por último, el fallo de 18 de octubre de 2012 proferido por esta Sección, dejó en claro cuáles eran sus efectos. Al respecto determinó:

“3.3. Los efectos de la presente declaratoria de nulidad.

La Sala considera importante fijar los efectos de la presente decisión, máxime cuando en los escrutinios que se efectuaron en las pasadas elecciones para corporaciones públicas, la Resolución 754 de 2010 fue aplicada y, en consecuencia, todos los resultados electorales podrían verse afectados por la decisión que aquí se adopta, en el sentido de declarar su nulidad, pues como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sección y de otras Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, los efectos que genera la declaratoria judicial de nulidad de los actos administrativos tienen un carácter retroactivo, máxime cuando se trata de la falta de competencia para proferirlos.

Así lo ha señalado en múltiples oportunidades esta corporación al indicar que “la nulidad declarada de los actos administrativos produce efectos desde el momento mismo de su expedición, o ‘ex tunc’, pues el estudio de su legalidad se remite a su origen, situación que se distingue de la que tiene lugar cuando por otras causas desaparece el fundamento de derecho del acto, como ocurre por ejemplo con la declaración de inexequibilidad de una ley, la cual como regla general, tiene consecuencias a futuro, o ‘ex nunc’, sin afectar la validez de la norma desde su existencia o las situaciones jurídicas que bajo su imperio se generaron. […]”(105).

De lo anterior se sigue que, por regla general, las consecuencias jurídicas del tipo de efecto que produce la declaratoria de nulidad de un acto administrativo son las de volver la situación al estado en que se encontraba antes de haberse proferido el acto anulado(106).

De esta manera, la declaratoria de nulidad del acto administrativo retrotrae la situación jurídica a la que existía antes de la expedición del acto anulado, debiéndose tener como si éste no hubiera existido, pero dejando a salvo de ese efecto retroactivo, en todo caso, las situaciones individuales consolidadas(107) y pudiendo verse afectadas sólo aquellas no consolidadas o las que al tiempo de producirse el fallo eran objeto de debate o susceptibles de ser controvertidas ante las autoridades judiciales o administrativas(108), al igual que aquellas que por afectar derechos de terceros no puedan entenderse como consolidadas” (resaltado ajeno al original).

Conforme a lo decidido en dicha providencia, la nulidad así declarada tiene efectos ex tunc, es decir que el protocolo de revisión se considera nulo desde que se expidió. Sin embargo, aclara que los efectos retroactivos de la nulidad no comprenden automáticamente todas las actuaciones surtidas por el Consejo Nacional Electoral con apoyo en la Resolución 754 de 2010, ya que no se aplican a “las situaciones individuales consolidadas”.

Por contera, los efectos ex tunc de la nulidad sí operan respecto de las situaciones individuales no consolidadas. Pero cómo identificarlas?

En materia electoral las situaciones jurídicas individuales conciernen, además del acto de elección, a aquellas decisiones administrativas asumidas por los integrantes de las comisiones escrutadoras o por el Consejo Nacional Electoral frente a las causales de reclamación(109), así como a las decisiones administrativas proferidas por las autoridades electorales con fundamento en el protocolo de revisión o Resolución 754 de 2010(110).

Por tanto, la situación individual de naturaleza electoral se habrá consolidado si frente a la misma no se propuso la correspondiente acción de nulidad electoral, ya que esa omisión junto al fenecimiento del término de caducidad, tornan intangible e inmodificable lo resuelto por las autoridades electorales. A contrario sensu, cuando las mismas decisiones han sido puestas en entredicho mediante la oportuna presentación de la respectiva demanda de nulidad electoral, no puede hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, en virtud a que ha de esperarse que esta jurisdicción decida si los actos administrativos han vulnerado o no las normas jurídicas invocadas por quien funge como accionante.

Sin embargo, por virtud del principio de justicia rogada con asiento en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, es importante advertir que el operador jurídico debe practicar el control de legalidad de los actos acusados únicamente con respecto a las normas y a los cargos expresamente propuestos por el accionante. Por lo mismo, no resulta viable que esa labor de contrastación se surta con apoyo en normas jurídicas o en cargos que no fueron planteados con la demanda o con la corrección, como quiera que tal posibilidad riñe con el debido proceso y el derecho de defensa de la parte demandada, quien por supuesto no habrá tenido oportunidad para refutar las novísimas imputaciones. Esta posición fue recientemente sostenida por esta Sección al precisar:

“En reiterados pronunciamientos esta corporación ha sostenido que toda demanda enderezada a la anulación de un acto administrativo debe contener las normas violadas y la expresión del concepto de la violación.

Este requerimiento no es formal, existe por virtud del principio de legalidad que gobierna el ejercicio de la función pública.

En la medida en que las autoridades ejercen sus funciones conforme a la Constitución y la ley (arts. 6º, 122 y 123 superiores) sus actos se reputan o se tienen como legales —presunción de legalidad del acto administrativo—, en este orden, cuando se estiman contrarios a las normas superiores debe alegarse y probarse su ilegalidad.

Ello se hace a través de una demanda que debe precisar cuáles son las razones de la presunta ilegalidad, es decir, en una demanda que contenga un concepto de la violación.

Siendo así, el concepto de la violación se constituye en referente para el ejercicio del control que la Constitución le ha deferido al juez de lo contencioso administrativo.

De ahí que se diga que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es, en este aspecto, rogada, pues el juez no puede estudiar más de lo que se le propone en la demanda”(111).

De acuerdo con todo lo anterior, los actos administrativos que fueron demandados dentro de los procesos acumulados se pueden calificar como situaciones jurídicas no consolidadas, pero única y exclusivamente con respecto a las normas y a los cargos expresamente formulados en cada una de las demandas. Por tanto, la Sala entiende que la nulidad declarada por esta Sección sobre la Resolución 754 de 9 de abril de 2010 mediante fallo de 18 de octubre de 2012, incide en los procesos en cuanto hace referencia al acto general, es decir a la resolución en cita, y tendrá repercusión en los actos administrativos expedidos con fundamento en la Resolución 754 de 2010 expresamente demandados y en los que efectivamente se planteó la falta de competencia del Consejo Nacional Electoral(112), valga decir dentro de los procesos seguidos por Astrid Sánchez Montes de Oca (exp. 201000061), José Manuel Abuchaibe Escolar (exp. 201000068), Luis Fernando Duque García (exp. 201000075), Herbert Rudecindo Mosquera Castro (exp. 201000081), Rodrigo Lara Restrepo (exp. 201000088), Clara Isabel Pinillos Abozaglo (exp. 201000089), Rodrigo Romero Hernández (exp. 201000090) y Fuad Emilio Rapag Matar (exp. 201000091).

Ahora, la falta de competencia del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la expedición del protocolo de revisión o Resolución 754 de 2010, que corroboró esta Sección en el fallo de 18 de octubre de 2012, igualmente se predica de los actos administrativos de contenido particular y concreto que fueron expedidos por el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las potestades y procedimientos allí consagrados —diferentes al de elección—, y que fueron expresamente cuestionados por incompetencia dentro de los procesos antes citados por la misma razón que llevó a invalidar dicho Protocolo de Revisión.

Lo último, porque si el Consejo Nacional Electoral incurrió en incompetencia funcional al desarrollar una materia que tenía reserva de ley estatutaria, con la misma razón los actores en los procesos mencionados afirmaron que no tenía competencia para conocer y decidir las situaciones particulares que fueron sometidas a su conocimiento durante los escrutinios relacionados con la elección de Senadores de la República, período 2010-2014.

En torno a la competencia de los servidores públicos vale agregar que ninguno puede ejercer funciones diferentes a las legalmente previstas y para que lo pueda hacer, y aunque parezca un pleonasmo, requiere no solo de la habilitación legal, sino que también debe contar con la regulación previa de la forma en que debe hacerlo. Como lo advierte la doctrina constitucional “…toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión (C.P., arts. 4º y 122)”(113) (resaltado de la Sala).

Se sigue de lo expuesto, que el ejercicio efectivo de toda competencia se integra, cuando menos, por dos elementos. El primero, la asignación precisa de la competencia o función, lo cual no puede ocurrir tácitamente, pues debe serlo en forma expresa e inconfundible, lo que lleva a afirmar que la competencia no puede inferirse, aunque regularmente el legislador recurre la cláusula general de competencia como por ejemplo sucede con la distribución de negocios entre las distintas Salas del Consejo de Estado. Y, el segundo, atinente a la forma o el procedimiento que se debe observar para ejercer la respectiva competencia, el cual debe haberse expedido con antelación al asunto a conocer, y debe ser lo suficientemente detallado y preciso para garantizar los derechos de defensa y de contradicción, máxime si se trata de asuntos que tienen reserva de ley estatutaria.

En el presente caso se tiene que el Consejo Nacional Electoral, mediante el Acto Legislativo 1 de 2009, fue revestido de la facultad de revisar, de oficio o a petición de parte, los escrutinios y documentos electorales para asegurar la verdad de los resultados. El control que implica lo anterior solamente puede llevarse a cabo en la forma dispuesta por el legislador estatutario y no por dicha entidad de la organización electoral.

La ausencia de una reglamentación expedida por el Congreso de la República, mediante ley estatutaria, para que el Consejo Nacional Electoral pueda practicar ese control administrativo, hace nulas las decisiones adoptadas con base en la Resolución 754 de 2010 siempre que fueran precisamente demandadas por esa transgresión a la Constitución, pues se reitera que la competencia no se adquiere a plenitud con la sola atribución de la función, ya que en tratándose del ejercicio de “funciones electorales”, es indispensable contar con el respectivo desarrollo legal estatutario que contemple los aspectos más relevantes y sustanciales de lo concerniente al procedimiento administrativo electoral, que habían sido regulados en el protocolo de revisión.

En este orden de ideas, las facultades aludidas, que fueron atribuidas al Consejo Nacional Electoral en el Acto Legislativo 1 de 2009, no han sido desarrolladas por el Congreso de la República mediante ley estatutaria, y la que expidió el Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 754 de 9 de abril de 2010, resultó ser nula e inaplicable por su evidente oposición al literal c) del artículo 152 de la Constitución, como ya lo decidió esta Sección con fallo de 18 de octubre de 2012 (exps. 201000014, 201000018 y 201000119). Esta particular situación lleva a la Sala a señalar que para el ejercicio de tales funciones electorales el Consejo Nacional Electoral tiene una competencia retenida, pues si bien cuenta con la función, el legislador no le ha trazado aún el camino o la vía para hacerlo, con la expedición de la respectiva ley estatutaria que fije los parámetros necesarios para su cabal ejercicio.

Con todo, la Sala precisa que la nulidad declarada por esta Sección sobre la Resolución 754 de 2010, por violación directa del artículo 152 literal c) de la Constitución, tiene efectos erga omnes y subsume la solicitud de inaplicación por excepción de inconstitucionalidad en tanto sus efectos son inter partes, y que por la misma razón irradia a todo el proceso en cuanto hace referencia al acto general. Ahora bien, en cuanto a los actos administrativos que expresamente fueron demandados dentro de los procesos acumulados en que se propuso como cargo la nulidad por incompetencia del Consejo Nacional Electoral (salvo el acto de elección), recaerá única y exclusivamente sobre las situaciones objetivas que hayan sido debidamente determinadas en la demanda y que hayan sido objeto de decisión en los actos acusados. Lo dicho no implica que como efecto de la nulidad se dé por cierto lo afirmado por los demandantes, pues bajo el principio de la carga de la prueba tendrán que probar sus aseveraciones, a tal punto que si por ejemplo se sostiene que ocurrieron falsedades en los registros electorales por diferencias injustificadas entre los diferentes formularios, los mismos habrán de ser aportados para que la Sala pueda examinar su contenido y determinar si en verdad ocurrió o no la falsedad.

4. Proceso electoral 201000061 de Astrid Sánchez Montes de Oca.

4.1. Excepciones.

4.1.1. Falta de legitimación por pasiva.

La Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que en su caso no se configura la legitimación en el extremo pasivo de la relación jurídico-procesal, dado que según el artículo 265 Constitucional, modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009, la entidad competente para conocer y resolver los recursos procedentes frente a los escrutinios generales es el Consejo Nacional Electoral, y porque los delegados del Registrador tan solo actúan como secretarios de esa comisión.

La Sala advierte que este tema ya fue abordado por la Sala en reciente pronunciamiento, en el que sostuvo:

“Sobre el particular la Sala precisa que los actos impugnados fueron dictados por el Consejo Nacional Electoral, razón por la cual éste debía ser vinculado al proceso.

Ahora bien, en la medida en que el Consejo Nacional Electoral junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforman la Organización Nacional Electoral (art. 120 Superior), y que ésta para efectos procesales en materia contencioso administrativa, está representada por el Registrador (CCA, art. 149) en el sub lite, se imponía la vinculación de la entidad excepcionante, tal como se dispuso”(114).

De acuerdo con lo anterior, la excepción no está llamada a prosperar y así se declarará.

4.1.2. Ineptitud formal de la demanda por ausencia de concepto de violación.

El apoderado del Senador Eduardo Carlos Merlano Morales cuestionó la aptitud formal de la demanda, tras considerar que pese a haberse ordenado con auto de 16 de septiembre de 2010 que el actor reformulara el capítulo de normas violadas y concepto de violación, ello no se cumplió, pues persiste el déficit argumentativo.

El control legal sobre la aptitud formal de la demanda a cargo del operador jurídico, puede surtirse en dos momentos. En primer lugar, cuando el juez o magistrado debe decidir sobre la admisibilidad de la demanda, evento en el cual prevalido de las facultades conferidas en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 45, puede admitirla cuando no ofrezca ningún reparo, o inadmitirla si en su aspecto meramente formal alguna falla acusa. Y, en segundo lugar, al emitir sentencia, escenario en el que de oficio o a solicitud de parte bien puede el juzgador declarar la ineptitud de la demanda e inhibirse de abordar el fondo del debate, ya que ese elemento corresponde a un presupuesto procesal de imperiosa presencia.

No obstante, la rigidez o estrictez en la apreciación de la demanda no es la regla. Lo que se debe hacer con dichos escritos es interpretarlos hasta donde el criterio de razonabilidad lo permita, porque el operador jurídico, para dar vigencia a la prevalencia del derecho sustancial y al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, debe optar por la lectura que permita el conocimiento jurisdiccional de la demanda, y desechar la que no lo consienta.

Luego de practicar una lectura detenida de la demanda observa la Sala que, en general, su aspecto formal se ajusta al principio de justicia rogada contenido en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”. El actor indica las normas que en su sentir fueron violadas con los actos acusados, y al mismo tiempo presenta abundantes argumentos en los que explica la presunta ilegalidad de los mismos, lo cual hace tanto en los diferentes hechos como en el acápite correspondiente, en el que va señalando una a una las razones en que funda su objeción a la legalidad del acto acusado.

Sin embargo, parcialmente debe dársele la razón al excepcionante. En la segunda pretensión de la demanda el actor pide que se anulen un sinnúmero de actos administrativos, pero luego de examinar sus diferentes acápites advierte la Sala que la demanda es inepta, por ausencia de concepto de violación, en cuanto a las resoluciones 1369, 1370, 1371, 1372, 1407, 1409, 1540, 1542, 1543, 1544, 1589, 1590, 1595, 1596, 1597, 1686, 1687, 1688, 1689, 1708, 1739 y 1740 todas de 2010. Además de su mención expresa en el citado capítulo, ninguna situación fáctica ni jurídica se expone frente a las mismas.

Por tanto, se declarará parcialmente probada la excepción, pero solamente en cuanto a las resoluciones y mesas de votación en cita, frente a las cuales se inhibirá la Sala.

4.1.3. Indebida acumulación de pretensiones.

La excepción está basada en que simultáneamente se propusieron cargos de nulidad contra la Resolución 754 de 9 de abril de 2010, que es un acto administrativo de carácter general, y contra la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010, que es un acto administrativo de carácter particular y concreto.

Como su nombre lo sugiere, la excepción en estudio parte del supuesto de que algunas de las pretensiones no pueden acumularse bajo la misma demanda porque no se cumplen los presupuestos del artículo 82(115) del Código de Procedimiento Civil, y del artículo 238(116) del Código Contencioso Administrativo, pero primordialmente de la premisa de que en efecto dentro del capítulo respectivo están inmersas pretensiones que por su naturaleza y su trámite no pueden conocerse y decidirse conjuntamente, entre otras razones porque unas deben tramitarse por un procedimiento especial (proceso electoral para el acto de elección), mientras que otras deben serlo por el procedimiento general (proceso ordinario para la nulidad simple del protocolo).

Sin embargo, una vez examinado el capítulo de pretensiones logra advertir la Sala que el supuesto de hecho en que se basa la excepción no es cierto. Con el mismo se pide la nulidad de la Resolución 1787 del 18 de julio de 2010 —acto de elección de Senadores de la República—, así como la nulidad de diferentes resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, sin que esté incluido el protocolo adoptado con la Resolución 754 de 9 de abril de 2010. Es decir, no puede existir indebida acumulación de pretensiones frente al último de los actos, si frente al mismo no se pretende expresamente la nulidad.

Además, los reparos que a lo largo de la demanda se formulan contra el protocolo, no se encaminan a obtener su nulidad, porque se insiste en que no se pidió expresamente, sino que se dirigen a demostrar su oposición al ordenamiento superior, lo cual se constató al comienzo de la parte motiva de esta providencia, y que dio lugar a su inaplicación por inconstitucional. Por tanto, la excepción no prospera.

4.1.4. Excepción de oficio de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.

Con el parágrafo del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 2009, mediante el cual se adicionó un numeral al artículo 237 de la Constitución, se estableció que en este tipo de procesos, cuando se basen en irregularidades en la votación y los escrutinios, es menester que se acredite el agotamiento del requisito de procedibilidad, esto es que desde la presentación de la demanda se compruebe que las irregularidades que son puntualmente denunciadas ante la jurisdicción, fueron efectivamente puestas en conocimiento de las autoridades electorales.

En las pretensiones 8ª y 9ª se afirma que al candidato 85 del Partido de la U, le aparecen en el formulario E-26 más votos de los consignados en los formularios E-14D, en las mesas 08 de la zona 01 puesto 03 de Sincelejo —Sucre, y 03 de la zona 99 puesto 17 de Magangué— Bolívar. Sin embargo, no se acreditó por la parte actora que sobre tales imputaciones se hubiera agotado el requisito de procedibilidad, conclusión a la que pudo llegar la Sala luego de examinar los documentos anexados a la demanda.

La misma situación ocurre con los cuestionamientos efectuados en el hecho 19, con los que el actor denuncia que respecto del candidato 85 del Partido de la U., se presentó falsedad en los registros electorales, puesto que la votación consignada en el “formato E-26, definitivo” no coincide con la reportada por el formulario “E-14 de delegados publicado en la página web de la registraduría (sic)”, en lo que tiene que ver con las siguientes mesas de votación del departamento de Bolívar: Magangué 02-03-04, 01-03-15, 99-84-02, 99-84-03 y 99-01-01; Barranco de Loba 00-00-07; Cicuco 00-00-03, y Cartagena 15-03-03; y del departamento de Sucre: Sincelejo 03-05-05.

De igual forma, en el hecho 20 se pone en tela de juicio la legalidad de la elección de Senadores porque se presentaron diferencias injustificadas entre “el formato E-26, definitivo” y el formulario “E-14 de delegados publicado en la página web de la registraduría”, en cuanto al candidato 14 del Partido de la U., sobre la mesa 01 de la zona 00 puesto 00 de Juradó. Sin embargo, la Sala logró establecer que no se acreditó el requisito de procedibilidad, porque ninguna prueba se aportó al efecto, y dicha exigencia no puede considerarse cumplida con la Resolución 731 del 7 de abril de 2010(117), expedida por el Consejo Nacional Electoral, puesto que con la misma solamente solo se ordenó “la revisión de los escrutinios y documentos electorales” en diferentes municipios, incluido Juradó, sin que especificara irregularidad alguna en las votaciones y los escrutinios, circunstancia que impide afirmar que las inconsistencias aquí señaladas son las mismas que fueron dadas a conocer a las autoridades electorales.

Por tanto, la Sala declarará probada la excepción y dictará fallo inhibitorio sobre el particular.

4.2. Asunto de fondo.

En atención a que en el acápite “3. Excepción de inconstitucionalidad frente a la Resolución 754 del 9 de abril de 2010”, se estableció que la Resolución 754 del 9 de abril de 2010 “Por la cual se adopta el protocolo de revisión de escrutinios”, expedida por el Consejo Nacional Electoral, es nula porque así lo determinó recientemente esta Sección en fallo de 18 de octubre de 2012, y que los efectos de la nulidad operan en las demandas en que expresamente se propuso la misma situación como causal de nulidad (como en este caso), ciertamente por incompetencia de ese órgano para tomar decisiones administrativas sobre irregularidades en la votación y el escrutinio, la Sala concluye que son nulas las resoluciones mencionadas en las pretensiones 2ª y 3ª, desarrolladas en los hechos 14 y 15, pero únicamente en lo atinente a los candidatos Astrid Sánchez Montes de Oca (14) y Eduardo Carlos Merlano Morales (85) del Partido de la U (10), que fue lo impugnado por la accionante. La información se sintetiza en el siguiente cuadro:

Dpto.Munic.ZonaPuestoMesaRes 1271 - Escrutar con E-14Res 1337 - Escrutar con E-14Res 1546 - No repuso 1337Res 1338 - Escrutar con E-14Res 1541 - No repone 1338Res 1339 - Escrutar con E-14Res 1545 - No repone 1339Res 1623 - Corrige Res 1540 a 1545
ChocóEl Litoral del San Juan0000001 X
ChocóEl Litoral del San Juan0000002 X
ChocóEl Litoral del San Juan0000003 XX
ChocóEl Litoral del San Juan0000004 XX
ChocóEl Litoral del San Juan0000005 X
ChocóEl Litoral del San Juan0000006 X
ChocóEl Litoral del San Juan9910001 X
ChocóEl Litoral del San Juan9920001 X
ChocóEl Litoral del San Juan9920002X
ChocóEl Litoral del San Juan9930001XX
ChocóEl Litoral del San Juan9940001XX
ChocóEl Litoral del San Juan9940002X
ChocóEl Litoral del San Juan9950001X
ChocóEl Litoral del San Juan9950002X
ChocóEl Litoral del San Juan9960001X
ChocóEl Litoral del San Juan9960002X
ChocóEl Litoral del San Juan9970001XX
ChocóEl Litoral del San Juan9975001X
ChocóEl Litoral del San Juan9980001X
ChocóEl Litoral del San Juan9980002X
ChocóEl Litoral del San Juan9990001XX
ChocóEl Litoral del San Juan9990002X
ChocóLloró0000001X
ChocóLloró0000002X
ChocóLloró0000003X
ChocóLloró0000004X
ChocóLloró0000005X
ChocóLloró0000006X
ChocóLloró0000007X
ChocóLloró0000008X
ChocóLloró0000009X
ChocóLloró9901001X
ChocóLloró9901002X
ChocóLloró9903001X
ChocóLloró9905001X
ChocóLloró9905002X
ChocóLloró9909001X
ChocóLloró9913001X
ChocóLloró9913002X
ChocóLloró9917001X
ChocóLloró9919001X
ChocóLloró9980001X
ChocóMedio Atrato (Beté)0000001X
ChocóMedio Atrato (Beté)0000002XXX
ChocóMedio Atrato (Beté)0000003XXX
ChocóMedio Atrato (Beté)9912001XXX
ChocóMedio Atrato (Beté)9914001X
ChocóMedio Atrato (Beté)9916001X
ChocóMedio Atrato (Beté)9928001XX
ChocóMedio Atrato (Beté)9928002X
ChocóMedio Atrato (Beté)9930001XXX
ChocóMedio Atrato (Beté)9930002XXX
ChocóMedio Atrato (Beté)9945001XX
ChocóMedio Atrato (Beté)9950001XX
ChocóMedio Atrato (Beté)9955001XX
ChocóMedio Atrato (Beté)9960001X
ChocóMedio Atrato (Beté)9960002XX
ChocóMedio San Juan0000001X
ChocóMedio San Juan0000002XX
ChocóMedio San Juan0000003X
ChocóMedio San Juan0000004XX
ChocóMedio San Juan0000005XX
ChocóMedio San Juan0000006XXX
ChocóMedio San Juan0000007XX
ChocóMedio San Juan9903001XXX
ChocóMedio San Juan9903002XXX
ChocóMedio San Juan9905001XXX
ChocóMedio San Juan9907001XX
ChocóMedio San Juan9909001XX
ChocóMedio San Juan9909002XX
ChocóMedio San Juan9911001XX
ChocóMedio San Juan9915001XXX
ChocóMedio San Juan9917001XXX
ChocóMedio San Juan9917002XX
ChocóMedio San Juan9917003X
ChocóMedio San Juan9919001X
ChocóMedio San Juan9921001XX
ChocóMedio San Juan9923001XX
ChocóMedio San Juan9923002XX

De igual forma debe anularse la Resolución 1368 del 26 de junio de 2010 “Por medio de la cual se ordena modificar los resultados del escrutinio municipal para Senado de la República en unas mesas en el municipio del Carmen del Darién, como consecuencia del proceso de revisión de los escrutinios de Senado de la República en el departamento del Chocó, de las elecciones del 14 de marzo de 2010”(118), expedida por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto a las mesas de votación 99-15-01 y 99-30-02 cuyo cargo se desarrolló en el hecho 20 de la demanda.

La nulidad resulta procedente porque esos actos administrativos fueron expedidos por el Consejo Nacional Electoral, con fundamento en las facultades que le confirió el protocolo de revisión adoptado mediante Resolución 754 de 9 de abril de 2010, según pasa a demostrarse.

Con la Resolución 1271 del 17 de junio de 2010(119) el Consejo Nacional Electoral dispuso “Tener como base para el computo (sic) definitivo de votos en el municipio de Lloró, del departamento de Chocó, los formularios E-14 de todo el proceso electoral llevado a cabo en ese lugar”, basado en consideraciones generales como esta:

“Dentro de la revisión realizada a los documentos electorales, que sirvieron de base para llevar a cabo el proceso de elección para el Senado de la República, la comisión de revisión estableció, que en el municipio de, (sic) Lloró,, (sic) hubo recuento de votos en todas las mesas y dicho recuento arrojó un cambio inusitado para algunos candidatos, además, de manera extraña el argumento que utilizó la comisión escrutadora de Lloró para justificar el recuento de las mesas es idéntico al utilizado en los municipios de Sipí, Rio (sic) Sucio, Medio Baudó, Unguia (sic), Nuquí, Acandí, Medio San Juan, Carmen del Darién (sic), Bahia (sic) Solano, Litoral de San Juan, Juradó, Medio Atrato, Bojaya (sic), RIO (sic) Quito y Alto Baudó (sic),…” (Se imponen resaltados) (fl. 87).

Además, en los antecedentes de la Resolución 1271 de 2010 se observa que el Consejo Nacional Electoral obró bajo los parámetros de la Resolución 754 de 2010, porque en la misma sección se precisó que la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y se hizo mención expresa a dicho protocolo.

Con Resolución 1337 del 23 de junio de 2010(120) el Consejo Nacional Electoral desestimó igualmente el escrutinio y recuento efectuado por la respectiva comisión escrutadora y dispuso “Tener como base para el computo (sic) definitivo de votos en el municipio de Litoral de San Juan, del departamento de Chocó, los formularios E-14 de todo el proceso electoral llevado a cabo en ese lugar”, para lo cual reiteró los argumentos anteriormente transcritos. El recurso de reposición interpuesto en su contra fue desestimado por medio de la Resolución 1546 del 7 de julio de 2010(121), expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Además, en los antecedentes de la Resolución 1337 de 2010 se observa que el Consejo Nacional Electoral obró bajo los parámetros de la Resolución 754 de 2010, porque en la misma sección se precisó que la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y se hizo mención expresa a dicho protocolo.

A través de la Resolución 1338 del 23 de junio de 2010(122), dictada por el Consejo Nacional Electoral, se dispuso “Tener como base para el computo (sic) definitivo de votos en el municipio de Medio Atrato, del departamento de Chocó, los formularios E-14 de todo el proceso electoral llevado a cabo en ese lugar”, decisión que se basó igualmente en que allí “…hubo recuento de votos en todas las mesas y dicho recuento arrojó un cambio inusitado para algunos candidatos,…” (fl. 133). La reposición que en su contra se propuso se desestimó con Resolución 1541 del 7 de julio de 2010(123).

Además, en los antecedentes de la Resolución 1338 de 2010 se observa que el Consejo Nacional Electoral obró bajo los parámetros de la Resolución 754 de 2010, porque en la misma sección se precisó que la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y se hizo mención expresa a dicho protocolo.

Idéntica situación se presentó con el municipio de Medio San Juan, respecto del cual el Consejo Nacional Electoral ordenó, con Resolución 1339 del 23 de junio de 2010(124), tomar en cuenta el formulario E-14 para el “computo (sic) definitivo”, medida que se mantuvo en firme porque la Resolución 1545 del 7 de julio de 2010(125) desestimó el recurso de reposición formulado en su contra.

Igualmente, en los antecedentes de la Resolución 1339 de 2010 se observa que el Consejo Nacional Electoral obró bajo los parámetros de la Resolución 754 de 2010, porque en la misma sección se precisó que la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y se hizo mención expresa a dicho protocolo.

Finalmente, mediante Resolución 1623 del 11 de julio de 2010(126) el Consejo Nacional Electoral modificó, entre otras, las resoluciones 1541 y 1545 de 2010, en los siguientes términos:

“Resolucion (sic) 1541 de 2010.

ART. PRIMERO.—No reponer la Resolución 1338 de 23 de junio de 2010, en el municipio de Medio Atrato, como consecuencia del proceso de revisión de los escrutinios de Senado de la República en el departamento del Chocó, de acuerdo a la parte motiva de la presente resolución, en consecuencia; (sic) se decide tener como base el formulario E-14 para los resultados electorales en las siguientes mesas(127): [99-12-01; 99-30-01; 99-28-01; 99-30-02; 00-00-03; 00-00-02; 99-45-01; 99-50-01; 99-55-01; 99-60-02]”

“RESOLUCIÓN 1545 DE 2010.

ART. PRIMERO.—No reponer la Resolución 1337 de 23 de junio de 2010, del municipio de Medio San Juan, como resultado del proceso de revisión de los escrutinios de Senado de la República en el departamento del Chocó, de acuerdo a la parte motiva de la presente resolución. En consecuencia, se decide tener como base el formulario E-14 para los resultados electorales en las siguientes mesas: [00-00-02; 00-00-04; 00-00-05; 00-00-06; 00-00-07; 99-03-01; 99-03-02; 99-07-01; 99-05-01; 99-09-01; 99-09-02; 99-11-01; 99-15-01; 99-17-01; 99-17-02; 99-21-01; 99-23-01 y 99-23-02]”

De igual forma, en los antecedentes de la Resolución 1623 de 2010 se observa que el Consejo Nacional Electoral obró bajo los parámetros de la Resolución 754 de 2010, porque en la misma sección se precisó que la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y se hizo mención expresa a dicho protocolo.

Y, por último, la Resolución 1368 de 26 de junio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, también se expidió con sustento en el Protocolo de Revisión o Resolución 754 de 2010, porque sus antecedentes dan cuenta que la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), que se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), que se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y que se hizo mención expresa a dicho protocolo.

Como efecto de la nulidad demostrada frente a las resoluciones 1271, 1337, 1338, 1339, 1368, 1541, 1545, 1546 y 1623 todas de 2010, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, la Sala dispondrá que para el escrutinio correspondiente se tome en cuenta el formulario E-24 ó acta de escrutinio de los municipios en mención, de todas las mesas, que el mismo Consejo Nacional Electoral reconoció ser el producto del recuento en la votación que practicó la respectiva comisión escrutadora, pero únicamente en cuanto a los candidatos 14 y 85 del Partido de la U.

En el hecho 15 de la demanda se plantea que frente a las mesas(128) 00-00-01, 99-28-01 y 99-60-01 del municipio Medio Atrato, se presentó alteración en la información electoral, puesto que los votos obtenidos por el candidato 14 del Partido de la U., en el formulario E-14 delegados es inferior a lo que le figura en el “formato E-26, definitivo”, para lo cual suministra el guarismo plasmado en uno y otro documento. La misma situación se denuncia en el hecho 20, respecto a dicho candidato pero en esta ocasión en cuanto a la mesa 00-00-01(129) de Medio San Juan.

Examinada la situación observa la Sala que lo anterior no tiene vocación de prosperar. Una mirada atenta al cargo revela que las mesas indicadas están comprendidas dentro de las mesas del cargo anterior, que resultó próspero, y cuyos efectos llevan a que el escrutinio deba practicarse con fundamento en el formulario E-24 elaborado por la comisión escrutadora municipal de cada uno de esos municipios, que como así lo reconoció el Consejo Nacional Electoral en sus diferentes actos administrativos, fueron el resultado de un recuento global de la votación por parte de los integrantes de dicha comisión.

La Sala encuentra, entonces, que el cargo sub examine quedó subsumido en el cargo anterior, en el que se demostró la ilegalidad de unas decisiones administrativas asumidas por el Consejo Nacional Electoral, quien había ordenado escrutar con base en el formulario E-14, pese a que las comisiones escrutadoras se dieron a la tarea de verificar voto a voto las diferentes mesas de votación de los municipios El Litoral del San Juan, Lloró, Medio Atrato y Medio San Juan.

En las pretensiones 2ª y 4ª, así como en el hecho 16, se pone en tela de juicio lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 1336 del 23 de junio de 2010 “Por medio de la cual se excluyen del cómputo de votos para Senado de la República unas mesas en el departamento de Chocó, por haberse entregado los pliegos y documentos electorales por fuera del término señalado en la ley”(130), modificada y confirmada por la Resolución 1616 del 11 de julio del mismo año “Por la cual se resuelven varios recursos de reposición contra la Resolución 1336 de 23 de junio de 2010, por medio de la cual se excluyen del cómputo de votos para el Senado de la República unas mesas en el departamento de Chocó”(131). En concreto impugna la legalidad de los actos administrativos por lo decidido frente a las siguientes mesas de votación, excluidas del cómputo del escrutinio por extemporaneidad, según pasan a relacionarse(132):

Dpto.MunicipioZonaPuestoMesaResolución 1336 - Excluye por extemporaneidadResolución 1616 - Confirma 1336E-17
hora de entrega
ChocóEl Litoral del San Juan(133)9940002XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0103001XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0103002XXMarzo 14/10 11:15 p.m.
ChocóQuibdó0103003XXMarzo 14/10 11:25 p.m.
ChocóQuibdó0103006XXMarzo 14/10 11:10 p.m.
ChocóQuibdó0103007XXMarzo 14/10 11:20 p.m.
ChocóQuibdó0103008XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0103009XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0103010XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0103011XXMarzo 14/10 11:20 p.m.
ChocóQuibdó0103013XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0103014XXMarzo 14/10 11:20 p.m.
ChocóQuibdó0103016XXMarzo 14/10 11:30 p.m.
ChocóQuibdó0103017XXMarzo 14/10 11:28 p.m.
ChocóQuibdó0103018XXMarzo 14/10 11:35 p.m.
ChocóQuibdó0202014XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0203001XXMarzo 14/10 11:00 p.m.
ChocóQuibdó0203003XXMarzo 14/10 11:30 p.m.

Antes de hacer cualquier tipo de consideración precisa la Sala que frente a estas decisiones del Consejo Nacional Electoral no es posible concluir la nulidad del acto por falta de competencia, como así se hizo para las demás resoluciones hasta ahora examinadas. Ello no resulta viable en atención a que las resoluciones 1336 y 1616 de 2010 no fueron expedidas por el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de la regulación implementada con el protocolo de revisión contenido en la Resolución 754 del 9 de abril de 2010, sino con fundamento en las competencias previstas en el Código Electoral para conocer y resolver sobre causales de reclamación, cuyas decisiones, según ha dicho la jurisprudencia de la Sección(134), pueden enjuiciarse junto al acto de elección.

Por lo mismo, lo procedente es entrar a juzgar la legalidad de las resoluciones 1336 y 1616 de 2010, respecto de las mesas indicadas por el actor y de las imputaciones lanzadas en su contra, que por cierto se repartirán entre lo que se dice de cara a las mesas de votación que según el formulario E-17 se entregaron a las 11:00 p.m., y aquellas cuya entrega se surtió por lo menos a partir de las 11:10 p.m., del día de las elecciones.

Según lo revela el cuadro anterior, elaborado a partir de la información consignada en las resoluciones cuestionadas y cuyos supuestos fácticos aceptan las partes, algunas mesas de votación fueron excluidas de los escrutinios por decisión del Consejo Nacional Electoral, quien para ello se basó en la causal de reclamación prevista en el numeral 7º del artículo 192 del C.E., modificado por el artículo 15 de la Ley 62 de 1988, que dispone:

Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos” (se imponen resaltados).

La norma que regula la entrega oportuna de los documentos electorales por parte de los jurados de votación a las respectivas autoridades electorales, es el artículo 144 del C.E., modificado por el artículo 8 de la Ley 62 de 1988, cuyo tenor literal reza:

“Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el Presidente del Jurado, bajo recibo y con indicación del día y la hora de entrega, así: en las cabeceras municipales, a los registradores del Estado Civil o a los delegados de éstos, y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a los respectivos delegados del Registrador del Estado Civil. Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de Policía y sectores rurales, serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la fuerza pública uniformada, y entregados a los claveros respectivos dentro del término que se les haya señalado. Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre violencia, fuerza mayor o caso fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada, no serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciará a la autoridad competente para que imponga la sanción a que haya lugar” (La Sala impone resaltados).

Según las disposiciones anteriores, los pliegos electorales a cargo de los jurados de votación designados para las cabeceras municipales deben entregarse luego de que los mismos hayan finalizado los escrutinios a su cargo, entrega que en todo caso debe ocurrir “antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones”, salvo algunas circunstancias excepcionales que no viene al caso mencionar.

La discusión, entonces, es si la entrega oportuna únicamente es la que se efectúa a las 10:59 p.m., del día de las elecciones, que es la traducción literal de la norma, o si también deben considerarse para los escrutinios las mesas de votación cuyos documentos electorales se entreguen a las 11:00 p.m., un minuto después de la visión exegética de la respectiva disposición.

La Sala encuentra verdaderamente desmedida la decisión asumida por el Consejo Nacional Electoral sobre el particular. Ante la disyuntiva que planteaba el hecho de si las mesas entregadas un minuto después de la lectura exegética de la norma en comento, debían ser tomadas en cuenta o no para los escrutinios, la autoridad electoral debió aplicar el principio de la eficacia del voto consagrado en el artículo 1º numeral 3º del C.E., según el cual es preciso tomar partido por la interpretación que dé validez a la votación, en lugar de desecharla por tan pequeña diferencia cronológica. Además, bajo dicha posición se habrían privilegiado valores importantes del ordenamiento Superior, tales como el principio democrático y el derecho inherente a los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, ya que resulta trascendental facilitar a los asociados su participación en la toma de decisiones políticas, en especial a través del voto libre de toda mácula.

Por las mismas razones la Sala afirma que las mesas de votación que registran una hora de entrega de pliegos electorales posterior a las 11:00 p.m., del día de las elecciones, fueron correctamente excluidas, ya que estaban dados los supuestos para ello.

Para refutar esta conclusión la parte interesada sostiene que en formularios posteriores, como el E-19 y el E-20, la hora registrada es anterior a la impuesta en el formulario E-17, lo que hace dudar de la veracidad de lo reflejado por el último y que por ello es menester incorporar al escrutinio esa votación. Este planteamiento no es de recibo porque no obran en el proceso esos documentos, lo cual impide entrar a valorar el argumento.

También pretende desvirtuar la extemporaneidad de dichas mesas de votación con los innumerables testimonios recibidos extraprocesalmente y que militan de folios 1046 a 1377, que según el actor son de personas que se desempeñaron en esas mesas de votación como jurados de votación y que tal como lo afirma entregaron los pliegos electorales a las autoridades competentes, antes de las once de la noche del día de las elecciones.

Esos medios de prueba no pueden apreciarse debido a que en el auto de pruebas calendado el 3 de junio de 2011 la ratificación de esos testimonios se negó, así:

“1.4.1.2. No se fija fecha y hora para recepcionar los testimonios mediante los cuales el demandante pretende obtener la ratificación de las declaraciones extra juicio de quienes, según él, fungieron como jurados de votación, por cuanto en la postulación de la prueba se omitió cumplir con la carga de expresar el domicilio y residencia de los deponentes, de conformidad con el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo”(135).

De lo dicho se tiene, que se declarará la nulidad de las resoluciones 1336 del 23 de junio y 1616 del 11 de julio de 2010, únicamente en cuanto a las mesas de votación cuya entrega de documentos electorales se produjo a las 11:00 p.m., en lo demás se negarán las pretensiones. Por tanto, se ordenará incluir en el escrutinio la votación depositada en las siguientes mesas de votación: El Litoral de San Juan 99-40-02; Quibdó 01-03-01, 01-03-08, 01-03-09, 01-03-10, 01-03-13, 02-02-14 y 02-03-01.

En la pretensión 5ª y en el hecho 17, se cuestiona le legalidad de las resoluciones 1425 del 30 de junio de 2010 “Por medio de la cual se toman decisiones dentro del proceso de Revisión de los escrutinios de Senado de la República en el departamento del Chocó, con relación al municipio de Bajo Baudó”(136), y 1711 del 14 de julio de 2010 “Por la cual se DECIDE el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1425 de 30 de junio de 2010…”(137). Con las mismas se dispuso “Excluir del cómputo general de votos de los escrutinios para Senado de la República en el departamento de Chocó, aquellos depositados en las mesas 1 y 2 de la Zona 99, puesto 90 (Villa Colombia), del municipio de Bajo Baudó, departamento de Chocó”, medida que quedó en firme ante la improsperidad de la reposición.

Esta decisión la asumió el Consejo Nacional Electoral con base en la causal de nulidad prevista en el numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, y en las facultades que le confirió el protocolo de revisión establecido en la Resolución 754 del 9 de abril de 2010, como así lo demuestran los antecedentes de la Resolución 1425 de 2010, según los cuales la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y se hizo mención expresa a dicho protocolo. Por lo mismo, y en atención a que el último fue declarado nulo por esta Sección, por ser contrario al literal c) del artículo 152 de la Constitución, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones mencionadas y pasará a examinar el objeto de las mismas con miras a verificar si procede incluir en el escrutinio la votación depositada en las mesas 01 y 02 de la zona 99 puesto 90 (Villa Colombia) del municipio Bajo Baudó.

En la parte motiva de la Resolución 1425 de 2010 se estableció como fundamento fáctico de lo decidido que:

“Durante el proceso de revisión de los escrutinios se encontró que en las mesas del corregimiento de Villa Colombia, zona 99, puesto 90, Mesas 1 y 2, las tarjetas electorales no correspondían a la mesa en que se depositaron en las siguientes cantidades:

MesaTarjetas que no corresponden a la mesaTotal tarjetas depositadas
1250284
2149149

Se demostró que las 250 tarjetas erróneamente depositadas en la mesa 1 corresponden a la mesa 2; y las 149 de la mesa 2 corresponden a la mesa 1. Sin embargo, el resto de los documentos electorales del Kit, tales como E-10, E-11 y E-14 están correctamente asignados a sus respectivas mesas, lo que permite descartar que en ellas se hayan entregado equivocadamente los Kit electorales; hecho que también descarta la combinación de tarjetas en la mesa 1.

De otra parte, llama la atención el comportamiento electoral de este puesto rural, como quiera que, en la mesa 1, 281 de los 284 votos, y, en la 2, 128 de 149 votos, fueron marcados por un solo candidato. Además, si bien en el acta de escrutinio no existe constancia de recuento de votos en la mesa 1, al momento en que la Comisión decidió revisar las tarjetas electorales, la bolsa que las contenía se encontraba abierta”.

De acuerdo con los anteriores hallazgos y pese a la nulidad declarada, la Sala comparte la decisión de no incluir en el escrutinio la votación de las mesas 01 y 02 de la zona 99 puesto 90 (Villa Colombia) del municipio Bajo Baudó, porque la situación fáctica se ajusta a lo previsto en el numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 65 de la Ley 96 de 1985 y por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, como quiera que los documentos electorales de una mesa terminaron mezclados con los de la otra, con el agravante de que la votación se concentró casi en su totalidad en un solo candidato, pues en la mesa 01 la candidata Ana Elizabeth Sandoval Mojica del PIN obtuvo 281 votos, mientras que en la mesa 02 la candidata Astrid Sánchez Montes de Oca del Partido de la U alcanzó 128 votos. A todo ello se agrega que la comisión escrutadora halló abierta la bolsa que contenía los documentos.

Así, la transparencia de esta votación está seriamente afectada y como se dan los supuestos de la causal prevista en el numeral 1º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, no hay lugar a incluir la mesa en el escrutinio.

En la pretensión 6ª y en el hecho 18, se pone en duda la legalidad de la Resolución 1410 del 29 de junio de 2010 “Por medio de la cual se toman decisiones en el proceso de revisión de los escrutinios para por (sic) el departamento del Chocó, en el municipio de Alto Baudó”(138), y de la Resolución 1710 del 14 de julio del mismo año “Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1410 de 29 de junio de 2010…”(139), únicamente en cuanto excluyó del cómputo general de votos del departamento del Chocó, para Senado de la República, la mesa 01 de la zona 99 puesto 80 del municipio Alto Baudó “…toda vez que en el Registros (sic) de votantes, formulario E-11, existe suplantación de electores superior al sesenta por ciento (60%) de los votantes registrados,…”.

Bajo el criterio que se viene exponiendo a lo largo de estas consideraciones, sobre la nulidad del protocolo de revisión, por su oposición a la Constitución, es claro que las resoluciones en cuestión también son nulas por falta de competencia, como lo propuso la demandante, dado que se expidieron con fundamento en la Resolución 754 de 2010, porque la revisión se ordenó con las resoluciones 660 y 731 de 2010 (Res. 754, art. 1º), se convocó a audiencia especial de revisión con auto de 7 de mayo de 2010 (Res. 754, art. 5º), se adelantaron acciones de revisión (Res. 754, art. 4º), y se hizo mención expresa a dicho protocolo. Por lo mismo, se decretará su nulidad y se determinará si la votación de la mesa debe incorporarse o no al escrutinio.

Según la parte motiva de la Resolución 1410 de 2010, se pudo establecer con fundamento en prueba dactiloscópica practicada para Cámara de Representantes, que en la mesa 01 de la zona 99 puesto 80 del municipio Alto Baudó, a la que acudieron 236 personas a votar según el formulario E-11, se presentaron 120 casos de no correspondencia de huellas dactilares, 49 casos de ausencia de huella dactilar, 19 casos en que no se registró el nombre del votante y 2 casos de cédulas canceladas. Es decir, que las irregularidades superaban el 80% del total de la votación.

Como quiera que la jurisprudencia de la Sección viene aplicando el sistema de distribución ponderada desde el año 2008(140), por virtud del cual fenómenos como los señalados en precedencia deben ser asumidos por todos los candidatos que obtuvieron votos en la respectiva mesa, en proporción a su votación con relación a la votación válida de la mesa, la Sala no ve necesario excluir la votación total de la mesa, sino hacer las deducciones conforme a esa metodología, que si bien excluye los votos espurios por medio de una distribución proporcional, en todo caso conserva parte de la votación. Por tanto, como la deducción de los votos irregulares debió surtirse en forma proporcional, al escrutinio se incorporarán los votos que no quedan cobijados por esa medida, siempre y cuando junto con las demás irregularidades probadas en los procesos acumulados dé lugar a modificar los resultados electorales del acto acusado, así(141):

Dpto.MunicZPMPart.Cand.E-24Votos a sumar
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000100099610,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000100100810,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000100101453,96
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000100101786,33
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)99800010010402519,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000100201786,33
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000100900021,58
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000101000264,75
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000101001010,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001010014181143,29
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000101002410,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)998000101009810,79

Sobre lo mismo dirá la Sala, además, que los cuestionamientos efectuados por la parte demandante a lo decidido con las resoluciones 1410 y 1710 de 2010 (Hecho 18), atinentes a la falta de transparencia de la actuación por haberse tomado en cuenta un dictamen que no pudo controvertirse, a que seguramente las suplantaciones no obedecían más que a errores en la ubicación de las huellas dactilares y a que con testimonios de los votantes de la mesa 01 de la zona 99 puesto 80, se desvirtuaba la masiva suplantación, no son acogidos porque la parte demandante no cumplió con la carga de probar dicha actuación, para lo cual se requería la copia del dictamen pericial y del formulario E-11 de la mesa, nada de lo cual se allegó, elementos fundamentales para hacer cualquier tipo de valoración al respecto.

Y, en cuanto a la mesa 03-03-19 de Sincelejo, señala la parte actora que la falsedad se produjo porque en la parte dispositiva de la Resolución 1374 del 26 de junio de 2010(142), expedida por el Consejo Nacional Electoral, no le figura votación al candidato 85 del Partido de la U, mientras que en el formulario E-26 le aparecen 23 votos. El cargo resulta impróspero porque: i) No se aportó el formulario E-26 que dice haber consultado la demandante para lanzar la anterior afirmación, y aunque se hubiera allegado tampoco permitiría practicar la respectiva comparación porque ese documento no especifica la información de los candidatos en cada mesa de votación; y, ii) En el cuadro elaborado por el Consejo Nacional Electoral respecto de la mesa 03-03-19 de Sincelejo, en la Resolución 1374, no está incluido el candidato 85 del Partido de la U, lo cual no permite asegurar que no obtuvo votación ya que tal omisión bien podría interpretarse como que lo actuado por la respectiva comisión escrutadora se dejó como estaba inicialmente.

En el hecho 20 se cuestiona la legalidad del acto de elección porque se presentaron diferencias injustificadas entre “el formato E-26, definitivo” y el formulario “E-14 de delegados publicado en la página web de la registraduría”, en lo que respecta al candidato 14 del Partido de la U., sobre las siguientes mesas de votación del departamento de Chocó: Medio San Juan 00-00-01(143) y Carmen del Darién 99-15-01 y 99-30-02. Lo atinente a estas mesas ya fue decidido y por tanto a ello se atiene la Sala.

De conformidad con lo expuesto, y para efectos de calcular la incidencia que puedan tener las nulidades y modificaciones aquí establecidas, se hacen las siguientes precisiones. En lo que respecta a los municipios de El Litoral de San Juan, Lloró, Medio Atrato y Medio San Juan, la votación irregular se manejará por candidato a nivel municipal pero no por mesa de votación, dado que el cargo de nulidad propuesto contra las resoluciones 1271, 1337, 1546, 1338, 1541, 1339, 1545 y 1623 de 2010, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, tuvo incidencia municipal y se cuenta con el formulario E-24(144) de la comisión escrutadora y el E-24 de revisión(145), ambos por municipios. En cuanto a los demás casos que prosperaron y que están debidamente detallados en precedencia, las cifras se manejarán por mesas de votación.

Pues bien, la votación irregular en los municipios de El Litoral de San Juan, Lloró, Medio Atrato y Medio San Juan, como efecto de la nulidad sobre las resoluciones 1271, 1337, 1546, 1338, 1541, 1339, 1545 y 1623, todas de 2010, se presentan en la siguiente tabla, en la que se identifican el departamento, el municipio, el partido, el candidato, y los votos que aparecen en los respectivos formularios.

Las convenciones que se manejarán en las tablas venideras están explicadas en el siguiente cuadro:

ConvencionesDescripción
ImInexistente mesa
PISin procedibilidad
SCSubsumido dentro del mismo proceso
SISi es normal
STSi es normal - Revisión total
NPNo normal - Revisión parcial
NGNo normal - Cargo general

El estudio de casos se refleja así:

Dpto.MunicZPMP / CDif.
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001000 / 9960,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001001 / 0080,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001001 / 0143,96
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001001 / 0176,33
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001001 / 04019,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001002 / 0176,33
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001009 / 0001,58
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001010 / 0024,75
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001010 / 0100,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001010 / 014143,29
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001010 / 0240,79
ChocóAlto Baudó (Pie de Pato)9980001010 / 0980,79
ChocóCarmen del Darién9915001010 / 01411,00
ChocóCarmen del Darién9930002010 / 0146,00
ChocóEl Litoral del San Juan010 / 014212,00
ChocóLloró010 / 014197,00
ChocóMedio Atrato (Beté)010 / 014192,00
ChocóMedio San Juan010 / 014443,00

Los resultados de los cargos formulados y decididos con relación a las resoluciones 1368 de 26 de junio, 1336 de 23 de junio, 1616 de 11 de julio, se condensan en la siguiente tabla(146):

Dpto.Munic.ZPMP / CE-14E-24E-24RActaObservacionesNormal
ChocóCarmen del Darién9915001010 / 01427271611NDatos de E-24 R, obtenidos de la Resolución 1368, fl. 10.NP
ChocóCarmen del Darién9930002010 / 0142025196NDatos de E-24 R, obtenidos de la Resolución 1368, fl. 12. Aquí aparece E-24=30, pero el dato del formulario es “25”NP
ChocóEl Litoral del San Juan9940002 NG
ChocóMedio Atrato (Beté)0000001010 / 014Cargo estudiado en el de “Prelación del formulario E-14 sobre el E-24”SC
ChocóMedio Atrato (Beté)9900001010 / 014Im
ChocóMedio Atrato (Beté)9928001010 / 014Cargo estudiado en el de “Prelación del formulario E-14 sobre el E-24”SC
ChocóMedio Atrato (Beté)9960001010 / 014Cargo estudiado en el de “Prelación del formulario E-14 sobre el E-24”SC
ChocóMedio San Juan0000001010 / 014Cargo estudiado en el de “Prelación del formulario E-14 sobre el E-24”SC
ChocóQuibdó0103001 NG
ChocóQuibdó0103002 SI
ChocóQuibdó0103003 SI
ChocóQuibdó0103006 SI
ChocóQuibdó0103007 SI
ChocóQuibdó0103008 NG
ChocóQuibdó0103009 NG
ChocóQuibdó0103010 NG
ChocóQuibdó0103011 SI
ChocóQuibdó0103013 NG
ChocóQuibdó0103014 SI
ChocóQuibdó0103016 SI
ChocóQuibdó0103017 SI
ChocóQuibdó0103018 SI
ChocóQuibdó0202014 NG
ChocóQuibdó0203001 NG
ChocóQuibdó0203003 SI

En la siguiente tabla se condensa la votación que se probó ser irregular frente a la candidata Astrid Sánchez Montes de Oca y que deberá adicionársele al calcular la incidencia total:

P / CModificación
010 / 0141.061

En la tabla que sigue se condensa la votación que se probó ser irregular tanto frente a la candidata Astrid Sánchez Montes de Oca como respecto de los demás candidatos involucrados en las mesas indebidamente excluidas mediante las resoluciones 1336 y 1616 de 2010 y 1410 y 1710 de 2010.

P / C Votos P / C Votos P / C Votos P / C Votos
000 / 99649 002 / 01413 005 / 0102 010 / 0561
001 / 00022 002 / 0165 005 / 0121 010 / 0571
001 / 0013 002 / 0178 005 / 0601 010 / 0631
001 / 0022 002 / 0191 005 / 0911 010 / 0661
001 / 0033 002 / 0216 005 / 0981 010 / 0701
001 / 0062 002 / 0221 005 / 0991 010 / 0811
001 / 0071 002 / 0231 005 / 1005 010 / 0843
001 / 0085 002 / 0245 006 / 0005 010 / 0853
001 / 0112 002 / 02513 006 / 0014 010 / 0882
001 / 0127 002 / 0262 006 / 0022 010 / 0891
001 / 0131 002 / 0271 006 / 0114 010 / 0901
001 / 01411 002 / 0283 006 / 0141 010 / 0933
001 / 0161 002 / 0451 006 / 1008 010 / 09846
001 / 0179 002 / 0501 009 / 00055 010 / 1007
001 / 02212 002 / 0521 010 / 00022 011 / 0002
001 / 0266 002 / 0694 010 / 00217 011 / 0014
001 / 0327 002 / 0951 010 / 0032 011 / 0022
001 / 0331 003 / 0004 010 / 0044 011 / 0037
001 / 0395 003 / 0122 010 / 0071 011 / 0041
001 / 04021 003 / 0316 010 / 0091 011 / 0063
001 / 0422 004 / 0006 010 / 0102 011 / 0071
001 / 0446 004 / 0024 010 / 0125 011 / 0091
001 / 0511 004 / 00433 010 / 014485 011 / 0111
001 / 0541 004 / 0061 010 / 0152 011 / 0172
001 / 0641 004 / 00954 010 / 0161 011 / 0181
001 / 0791 004 / 0103 010 / 0181 011 / 0192
001 / 0811 004 / 0111 010 / 0201 011 / 0202
001 / 0911 004 / 0121 010 / 0211 011 / 0271
001 / 0957 004 / 0141 010 / 0221 014 / 00018
001 / 0971 004 / 0212 010 / 0242 016 / 0002
001 / 0983 004 / 0311 010 / 0252 016 / 0051
001 / 0993 004 / 0491 010 / 0321 016 / 01225
001 / 10067 004 / 0511 010 / 0331 027 / 0006
002 / 00021 004 / 0857 010 / 0371 027 / 0051
002 / 0011 004 / 0891 010 / 0391 027 / 01286
002 / 0026 004 / 1006 010 / 0411 027 / 0144
002 / 0035 005 / 0003 010 / 0431 027 / 0161
002 / 0058 005 / 0021 010 / 0446 027 / 0191
002 / 0061 005 / 0031 010 / 0461 054 / 0002
002 / 0081 005 / 0053 010 / 0492 054 / 0121
002 / 00913 005 / 0071 010 / 0501 054 / 0191
002 / 01113 005 / 0082 010 / 0514 054 / 0305
002 / 0123 005 / 0091 010 / 0553 063 / 0091

5. Proceso electoral 201000065 de Sigifredo López Tobón.

5.1. Excepción de falta de legitimación por pasiva.

La Registraduría Nacional del Estado Civil planteó en este proceso la excepción de falta de legitimación por pasiva, con fundamento en las mismas razones que adujo en el proceso electoral 201000061 de Astrid Sánchez Montes de Oca. Por lo mismo, la Sala desestima la excepción con remisión a los argumentos que en dicho asunto se expusieron.

5.2. Asunto de fondo.

El señor Sigifredo López Tobón demandó la nulidad de la Resolución 1780 “Por la cual el Consejo Nacional Electoral se abstiene de tramitar unas solicitudes de examen del proceso del (sic) votación y escrutinio por presuntas irregularidades que constituirían causales de nulidad, presentadas como requisito de procedibilidad en los términos del parágrafo del numeral 6º del artículo 237 de la Constitución, modificado mediante el acto (sic) Legislativo 1 de 2009 y certifica el cumplimiento de este requisito”(147), y la Resolución 1787 de la misma fecha “Por medio de la cual se declara la elección de Senado de la República para el período 2010-2014 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales”(148), para lo cual suministró un número considerable de mesas de votación, en las que, según él, ocurrieron irregularidades como i) falta de totalización de formularios, ii) errores aritméticos, iii) inexistencia, ilegibilidad y formularios E-14 en blanco, iv) falta de conteo físico de votos, v) inexistencia de mesas de votación, vi) tachaduras o enmendaduras, vii) aumento súbito en la votación, viii) diferencias entre formularios E-14 y E-24, ix) jurados de facto, y x) formulario E-14 firmado por los jurados en cuanto a la apertura, pero no en el cierre.

La Sala señala, una vez más, que a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 del 14 de julio de 2009, el conocimiento por parte del juez electoral, de las irregularidades ocurridas durante las votaciones o los escrutinios, solamente es posible en la medida que se acredite dentro del proceso el agotamiento del requisito de procedibilidad consagrado en el parágrafo del numeral 7º del artículo 237 Constitucional, adicionado por el artículo 8º de esa enmienda constitucional, esto es que las mismas fueron puestas en conocimiento de las autoridades electorales con antelación a la declaración de elección.

Para hacerlo no basta con que el interesado formule durante los escrutinios peticiones vagas o gaseosas. El correcto agotamiento del requisito de procedibilidad demanda del interesado una precisión importante. De un lado, debe cuidarse de no mezclar causales de reclamación con causales objetivas de nulidad, pues está claro que el requisito en cuestión no opera frente a las primeras, que por tener un régimen propio y especial en el Código Electoral, al mismo se debe atener. Es decir, que las causales de reclamación se deben seguir manejando en la oportunidad, en los términos y por las causales legalmente establecidas.

De otro lado, el señalado requisito, que se concibió para el control administrativo de las irregularidades ocurridas durante las votaciones y los escrutinios, constitutivas de falsedades electorales de tipo objetivo, comparte con éstas el deber de determinación. En muchas oportunidades ha dicho la jurisprudencia de la Sección que el reclamo jurisdiccional de tal tipo de anomalías debe estar precedido de una particular precisión, en la que no son de recibo planteamientos generalizados o abstractos, ya que es carga del interesado detallar cada una de las irregularidades que en su opinión se produjeron y que son objeto de demanda, a efectos de que el operador jurídico pueda constatar su existencia.

Al respecto ha dicho la Sala, además, que al interesado no le basta suministrar la identificación de la mesa, ya que la correcta formulación de los cargos le impone el deber de precisar los diferentes elementos de cada una de las irregularidades denunciadas. Por ejemplo, si se trata de jurados suplantadores o de facto, es preciso identificarlos por su nombre y documento de identidad con el que se identificaron en la respectiva mesa; y, por el contrario, si se trata de falsedad en los registros electorales, porque la votación se alteró sin una justificación legal, es necesario que se identifique el candidato o la opción política respectiva, así como la votación que figura en los formularios E-14 y E-24. El deber de determinación ha sido tratado por la Sección en estos términos:

“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 numeral 4º del Código Contencioso Administrativo, y en la necesidad de salvaguardar el debido proceso, así como la garantía del derecho a la defensa de los sujetos pasivos de la relación jurídico-procesal, se ha dicho por esta Sala que los procesos electorales, basados en causales objetivas de nulidad o en irregularidades ocurridas en las votaciones y en los escrutinios, deben tener una determinación cuantitativa y cualitativa, o un mínimo de precisión en los señalamientos o imputaciones que se formulan.

La determinación cuantitativa alude al número de casos que frente a cada fenómeno o irregularidad se produjeron durante la respectiva elección; y la precisión cualitativa hace referencia a los elementos identificadores de cada una de las anomalías que son puestas en conocimiento de esta jurisdicción.

Así, por ejemplo, la cualificación en las suplantaciones, se cumple si el actor identifica su número, la zona, el puesto y la mesa donde ocurrieron, así como el cupo numérico frente al que se produjo, su titular y el nombre del suplantador, si es que la caligrafía permite su identificación; o como podría ser también, la alteración que de ordinario se hace en cuanto a la votación de los candidatos, como en la demanda anterior, donde algunas modificaciones injustificadas experimenta la votación al pasarla de un formulario al otro, evento en el cual recae en el actor la carga de individualizar la mesa de votación, así como la votación registrada en cada documento electoral”(149).

Pues bien, en la actualidad el requisito de procedibilidad y el deber de determinación de los cargos basados en causales objetivas de nulidad, como la falsedad, hacen causa común. Esto para indicar que la precisión de las irregularidades debe ocurrir desde la propia instancia administrativa, donde el interesado debe suministrar a las autoridades electorales información precisa sobre las anomalías que pretenda controlar.

Por lo mismo, no puede considerarse debidamente agotado el presupuesto constitucional si la abstracción o generalización caracterizó las peticiones formuladas ante las autoridades electorales, así en la presentación de la demanda se haga la concreción del caso, ya que lo planteado ante la jurisdicción debe concordar exactamente con lo que en su momento se puso en conocimiento de las autoridades electorales para agotar el requisito de procedibilidad. En pocas palabras, la determinación debe surtirse desde un comienzo, desde la fase administrativa, sin que sea posible pretender subsanar esa omisión ante la jurisdicción, por la inescindible relación que surge entre los escenarios administrativo y jurisdiccional.

De otro lado, insiste la Sala en que en la actualidad y desde que el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 modificó el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, le quitó a las causales de reclamación previstas en el Código Electoral la calidad de causales de nulidad, las circunstancias contempladas en las mismas no pueden alegarse como fundamentos para invalidar el acto de elección por voto popular. Ello no puede tomarse como equivalente de decisiones carentes de control jurisdiccional, pues en estos casos lo que puede hacerse es someter la situación al conocimiento de las autoridades electorales, de suerte que los actos administrativos que en tal sentido se expidan puedan ser objeto de control judicial, como así lo ha dicho la jurisprudencia de la Sección:

“La jurisprudencia de esta Sección precisó que desde la reforma efectuada al artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, con el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, las causales de reclamación, que hasta ese entonces constituían a su vez causales de nulidad, dejaron de tener éste alcance, de modo que en el proceso electoral no se pueden conocer directamente las anomalías previstas como causales de reclamación, lo que no obsta para que si así lo decide el actor, impugne el acto que las resolvió concediéndolas o negándolas, junto con el acto de elección(150).

Por ello, cuando el proceso electoral se funda en hechos constitutivos de causales de reclamación, que si bien fueron sometidos a consideración de las autoridades electorales, no fueron igualmente demandadas sus decisiones administrativas ante la jurisdicción, la jurisprudencia ha dicho que en esos casos no se puede practicar examen de legalidad a esas resoluciones, en atención a que el juicio de legalidad debe pasar primero por el control jurídico de las decisiones que hayan expedido las comisiones escrutadoras para dar respuesta a esas peticiones; y, si ello no ocurre, la consecuencia jurídica para tal omisión es un fallo desestimatorio, ante la imposibilidad que tiene el juez electoral para abordar tales situaciones(151)(152).

Este giro jurisprudencial presenta una armonía lógica con la morigeración paulatina del carácter directo del proceso electoral, consagrado en el artículo 227(153) del Código Contencioso Administrativo. De un lado, porque al haber perdido las causales de reclamación la categoría de nulidades, ya no es posible llevarlas directamente al conocimiento del juez electoral, pues debe hacerse a través de impugnar la legalidad de los actos administrativos expedidos para su decisión; y del otro, porque las irregularidades en las votaciones y en los escrutinios tampoco pueden asumirse directamente por el juez electoral, ya que frente a las mismas los interesados tienen el deber de ponerlas a consideración de las autoridades electorales, como requisito de procedibilidad para ejercer el contencioso electoral, y si estas emiten actos administrativos sus decisiones sí pueden ser juzgadas dentro del proceso electoral.

Con todo, es viable que la jurisdicción de lo electoral, valga el nombre, se ocupe de tales irregularidades si a pesar de haber sido puestas en conocimiento de las autoridades electorales, las mismas se abstuvieron de pronunciarse de fondo, dado que lo exigido por el constituyente para agotar el requisito de procedibilidad no es la decisión de la respectiva autoridad, sino que hayan sido dadas a conocer, con lo cual se cumple el presupuesto constitucionalmente establecido para poder ejercer el contencioso electoral.

No obstante que el proceso electoral para el control de la legalidad abstracta de los actos de elección por voto popular se sirve de las causales específicas y generales de nulidad, ello no le quita el carácter taxativo a dicho régimen. Esto significa que los actos electorales solamente podrán anularse cuando se configure alguna de las causales de nulidad previstas en los artículos 84, 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, de modo que las demás irregularidades que puedan llegarse a dar durante todo el proceso de las elecciones, que no tengan dicha entidad, serán de interés para los órganos de control, pero no para la justicia electoral, que debe obrar guiada por el principio de la especialidad o de la taxatividad en materia de nulidades sustanciales.

Asumir que cualquier anomalía pueda ser constitutiva de nulidad llevaría a contrariar el principio de legalidad, ya que no sería por voluntad del legislador —único autorizado por el constituyente para dictar causales de nulidad—, que se podría invalidar una actuación electoral. Otra cosa es que sea el juez quien a través de la jurisprudencia realice la labor de encuadramiento típico para determinar qué situaciones de hecho se acoplan o no a los supuestos normativos de las causales de nulidad, como así ocurre cuando se encarga de definir qué fenómenos configuran falsedad o apocrificidad.

Con el fin de evitar que tal compuerta se abra, con los devastadores efectos que ello tendría, el legislador extraordinario consagró lo que podrían considerarse cerrojos para garantizar que el régimen de nulidades no pueda ser objeto de interpretaciones analógicas o extensivas, tanto para eventos de tipo subjetivo, como para circunstancias de naturaleza objetiva.

En lo referente a las circunstancias de tipo subjetivo estableció el numeral 4º del artículo 1º del Código Electoral el principio de la capacidad electoral, que además de reconocer el derecho que todo ciudadano tiene para elegir y ser elegido, dispuso que “…las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación restringida”, lo que además de afirmar la naturaleza taxativa del régimen de inhabilidades, fija como regla de interpretación la hermenéutica favorable al ejercicio de ese derecho fundamental. Y, para las circunstancias de tipo objetivo previó el principio de la eficacia del voto, según el cual “…se preferirá [la interpretación] que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector.” (3º). Es decir, tanto en el terreno objetivo como en el subjetivo, el operador jurídico debe sujetarse al régimen taxativo de nulidades, y la interpretación que deba hacer respecto a posibles anomalías debe orientarse siempre en el sentido de dar prevalencia a ese carácter, que es el que en mejor medida salvaguarda el principio democrático, esto es la voluntad mayoritaria, libre y legítima.

Ahora, antes de abordar cada una de las anomalías denunciadas por la parte demandante observa la Sala que sí se agotó el requisito de procedibilidad. Así lo demuestran las peticiones radicadas los días 15 y 16 de julio de 2010(154) por el señor Sigifredo López Tobón, mediante las cuales se pusieron en conocimiento distintos hechos constitutivos de irregularidades electorales en opinión del interesado. Igualmente se agotó el señalado requisito con la Resolución 1780 del 18 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, que frente a las peticiones de dicha persona dispuso:

“ART. SEGUNDO.—Abstenerse de tramitar las solicitudes de examen de los procesos de votación y escrutinio presentadas como agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata el parágrafo del numeral 6 (sic) del artículo 237 de la Constitución, modificado mediante acto (sic) Legislativo 01 de 2009, presentados por o a nombre de…, Sigifredo Lopez (sic) Tobon (sic),… solo en razón de las solicitudes relacionadas en la parte motiva de la presente resolución, en consecuencia declarar agotado el requisito de procedibilidad en relación con los candidatos anteriormente descritos”(155).

En lo que respecta a los diferentes señalamientos la Sala observa que: i) La falta de totalización de formularios electorales no está prevista como causal de nulidad, pues se trata de una omisión que al tiempo que no revela falsedad en dicha acta, para obtener el total de votos depositados en la mesa bastaría sumar los guarismos parciales; ii) los errores aritméticos no son causal de nulidad, son causal de reclamación y por ello debió plantearse en sede administrativa (C.E., art. 192.11); iii) la inexistencia, ilegibilidad y formularios E-14 en blanco, tampoco es causal de nulidad, pues se trata de señalamientos vagos e incoherentes porque si el actor alega variaciones en la votación es porque dicho documento electoral cuando menos existió y se diligenció, además si como lo admite hubo escrutinio la ulterior pérdida de ese formulario apenas sí constituiría una falta disciplinaria o una conducta punible, pero no haría falsos los votos escrutados, de igual forma, porque la parte demandante no precisó las variaciones en que se pudo haber configurado la falsedad, y por último porque los formularios en blanco conducirían a falsedad solamente si se demostrara que en el formulario E-24 sí aparece votación, que no es el caso denunciado; iv) la falta de conteo físico de votos es igualmente otra incongruencia del planteamiento, porque si pone en entredicho los escrutinios es porque en efecto se contó la votación; v) la inexistencia de mesas de votación es otro planteamiento ilógico y si lo que quiso afirmar es que funcionaron mesas de votación no autorizadas por las autoridades electorales, se ha debido formular la correspondiente causal de reclamación (C.E., art. 192.1), vi) las tachaduras o enmendaduras son causal de reclamación (C.E., arts. 163 y 164) y por tanto no pueden invocarse como causal de nulidad, han debido advertirse durante los escrutinios; vii) el aumento súbito en la votación no está previsto como causal de nulidad, así lo haya establecido el Consejo Nacional Electoral como causal de revisión en el protocolo de revisión(156); viii) las diferencias entre formularios E-14 y E-24 corresponde a un cargo indeterminado, pues solamente se presenta un listado de mesas de votación, sin suministrar los demás elementos que cualifican el cargo; ix) los jurados de facto es otro cargo que se queda en la indeterminación, ya que además de las mesas de votación no se indican los nombres de las personas que incurrieron en esa conducta; x) la firma del formulario E-14 por los jurados en cuanto a la apertura, pero no en el cierre, es un señalamiento que riñe con el diseño mismo de ese documento electoral, el que por disposición de la Registraduría Nacional del Estado Civil únicamente trae firmas al pié, sin contar con partes destinadas a la apertura ni al cierre; xi) el que el formulario E-14 esté “mal diligenciado” es una imputación indeterminada, pues no se sabe si ello obedece a error en la sumatoria, que de ser así sería causal de reclamación, cuyo conocimiento no se podría asumir directamente; y, xii) el hecho de que el formulario E-11 esté en blanco no tiene ningún efecto frente a la legalidad de la elección porque no se propone su cotejo con ningún otro formulario.

Ahora, con el fin de dar respuesta a cada uno de los señalamientos que se hacen frente a las distintas mesas de votación mencionadas en la demanda, la Sala tabula la información y la solución correspondiente:

Dpto.MunicipioZPMCargoPartCandObservaciones del demandanteNotas
AntioquiaDabeiba9909002Diferencia E-14 y E-24001022 Indeterminado, no indicó la diferencia entre E-14 y E-24.
AntioquiaEnvigado0102081Diferencia E-14 y E-24001022 Indeterminado, no indicó la diferencia entre E-14 y E-24.
AntioquiaEnvigado0106035Diferencia E-14 y E-24001022 Indeterminado, no indicó la diferencia entre E-14 y E-24.
AntioquiaLa CejaAAAAAAAEntrega extemporánea de pliegos001022 No determinó mesas para este cargo, además es causal de reclamación.
BolívarAchí9934001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarAchí9937001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarAchí9939001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarAchí9945001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarAchí9952001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarAchí9962002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona0101002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona0102010Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona0201007Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona0201013Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona0202004Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona0202008Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona0203009Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona9001003Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona9001008Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona9904001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona9909001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarArjona9909004Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarCalamar0000010Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarCalamar0000015Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarCalamar9913002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarClemencia0000015Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarCórdoba9905003Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0101010Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0101011Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0101012Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0101028Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0103001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0103006Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0201005E-14 sin totalizar001030 La falta de totales no es constitutiva de falsedad
BolívarEl Carmen de Bolívar0201006E-14 sin totalizar001030 La falta de totales no es constitutiva de falsedad
BolívarEl Carmen de Bolívar0202004Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar0202006Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Carmen de Bolívar9908002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarEl Guamo0000008Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0101001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030énIndeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0102001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0103013Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0201021Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0201022Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0201023Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202009Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202010Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202011Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202012Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202013Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202014Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202015Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202016Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202017Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202018Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202019Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202020Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué0202021Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué9923001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué9927001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué9965002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué9984002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMagangué9993001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMahates0000018Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMahates9905001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMahates9913001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMahates9913002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMahates9913004Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMahates9913005Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita0000003Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita0000004Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita9901001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita9905001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita9911001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita9917001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita9921002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita9922001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMargarita9927001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000003Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000004Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000005Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000006Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000007Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000008Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000009Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000010Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000015Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000019Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000021Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000024Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000025Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000026Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000029Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000030Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000031Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000033Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000034Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000036Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000038Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000039Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000041Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000042Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000043Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja0000044Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja9901002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja9905001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja9905002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja9909001Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja9909002Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja9909003Diferencia E-14 y E-24 o inexistencia E-14001030 Indeterminado porque no suministró el dato del E-14 y el E-24. Es indeterminado cuando afirma que no existió E-14 “en otros” casos que no identifica. En cuanto a la falta del conteo físico de votos, es una contradicción porque si admite que hubo escrutinio es porque necesariamente ocurrió lo que se extraña en la demanda.
BolívarMaría la Baja9911003