Sentencia 2010-00063 de mayo 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 17001-23-31-000-2010-00063-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: personero municipal de Manizales en representación de Teresa Blandón Gómez.

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil diez.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte accionante, en contra de la sentencia del 23 de marzo de 2010, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas, negó la acción de tutela instaurada.

Antecedentes

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, Juan Carlos Pérez Vásquez, personero municipal de Manizales, en representación de Teresa Blandón Gómez, acudió ante el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de solicitar la protección de los derechos a la igualdad, personalidad jurídica y buen nombre, presuntamente vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Solicita en amparo de los derechos invocados que se le ordene a la entidad accionada, adoptar todas las medidas necesarias para que la señora Teresa Blandón Gómez obtenga su registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía.

Lo anterior, lo fundamentó en los siguientes hechos y consideraciones (fls. 1-8):

Señala que la señora Teresa Blandón Gómez el día 24 de febrero del año en curso, acudió a la Personería Municipal de Manizales para que en su nombre se instaurara una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por la presunta vulneración de los derechos antes señalados.

Relata que la señora Blandón Gómez le manifestó que no conoció a sus padres ni sabe el nombre de los mismos, por cuanto lo único que recuerda es que vivió hasta los 11 años de edad con una señora que la maltrataba, razón por la cual se vio obligada a abandonar el hogar en que se encontraba y a trabajar para varias familias de Bogotá como empleada doméstica, hasta que a los 21 años de edad se trasladó a la ciudad de Manizales donde continúo desempeñado la labor antes señalada.

Añade que la señora Blandón Gómez le informó que hace tres años le practicaron un examen médico para determinar su edad, en el cual se concluyó que tenía entre 40 y 50 años, por lo que ella considera que tiene 43.

Destaca que la señora Teresa Blandón Gómez, que se encuentra censada como indigente, afirma que no tiene cédula de ciudadanía por cuanto le exigen que acredite su identidad mediante dos testigos que conozcan a sus padres, cuando ni siquiera sabe el nombre de estos.

Añade que a la señora Teresa Blandón Gómez por no contar con un documento de identificación, en ocasiones se le ha negado la prestación del servicio de salud.

Afirma que después de recibir la declaración antes descrita, se le practicó a la petente un examen psicológico, mediante el cual se dictaminó que presenta un “trastorno generalizado del desarrollo no especificado”, “que denota un grave proceso de deterioro comportamental por abusos reiterados desde la primera infancia”, que la colocan en una condición de debilidad manifiesta.

Sostiene que confirmó con algunos funcionarios de la entidad que representa, que la señora Teresa Blandón Gómez necesita de dos testigos que conozcan a sus padres para obtener su registro civil de nacimiento.

Considera que si bien es cierto para que a la accionante se le otorgue su documento de identificación debe presentarse con dos testigos que conozcan a sus padres, también lo es que debe brindársele a esta un trato diferencial por la especial situación en que se encuentra, so pena de vulnerar los derechos fundamentales invocados.

Reitera que la señora Teresa Blandón Gómez se encuentra en un estado de debilidad manifiesta que la hace acreedora de un tratamiento diferenciado, para que materialmente pueda gozar de los mismos derechos que tienen las personas a las cuales se les ha reconocido formalmente su personalidad jurídica.

Posición de la parte accionada

Mediante escrito radicado ante el a quo el 19 de marzo del presente año, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicita que se niegue el amparo invocado por las siguientes razones (fls. 50-53):

Señala de conformidad con el Decreto 1010 de 2000, le corresponde al director nacional de Registro Civil atender la petición de la accionante, motivo por el cual la acción de tutela se le remitió a este, quien informó que revisada la base de datos no existe registro alguno sobre la solicitud de inscripción del nacimiento de la señora Teresa Blandón Gómez.

A reglón seguido transcribe el artículo 1º del Decreto 2188 de 2001 sobre el procedimiento a seguir para la inscripción extemporánea del registro civil, con el fin de indicar que si la accionante conoce los nombres completos de sus padres biológicos debe solicitar al funcionario del registro civil del lugar de nacimiento la referida inscripción, y que en el evento que desconozca el nombre su progenitores, debe proceder como lo indica el artículo 4º del Decreto 158 de 1994.

Mediante sentencia del 23 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó la acción de tutela interpuesta por las razones que a continuación se sintetizan (fls. 55-66):

Considera que ante la imposibilidad de la señora Teresa Blandón Gómez de ejercer su propia defensa dada su situación de indefensión, es válido que el personero municipal de Manizales instaure en su representación la acción de tutela objeto de estudio en calidad de agente oficioso.

A reglón seguido transcribe los artículos 48 del Decreto-Ley 1260 de 1970, 4º del Decreto 158 de 1994 y 1º del Decreto 2188 de 2001, sobre el término en que debe realizarse la inscripción del nacimiento, y el procedimiento y requisitos que se deben cumplir cuando se realiza la inscripción extemporánea del mismo, dentro de lo cuales destaca la declaración de 2 testigos que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento, cuando el interesado no puede acreditar el mismo mediante el certificado de nacido vivo, copias de las partidas parroquiales o anotaciones de origen religioso, entre otros documentos.

Luego de hacer un recuento de las pruebas aportadas al proceso, afirma que no se encuentra probada una actuación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que constituya algún tipo de discriminación o desatención a la señora Teresa Blandón en cuanto a la solicitud del registro extemporáneo del nacimiento.

Afirma que si en gracia de discusión se tuviera por cierta la afirmación realizada por el personero municipal de Manizales, en cuanto a que la señora Teresa Blandón no fue atendida por la entidad accionada, en principio ese hecho no podría tenerse en cuenta, comoquiera que “la Registraduría Nacional del Estado Civil tampoco contaba con ningún elemento para desvirtuar las aseveraciones efectuadas en el escrito de tutela, referidas a la presunta mala atención respecto de la solicitud verbal realizada por la accionante”.

No obstante las anteriores consideraciones sostiene, que en atención a la situación de indefensión de la petente, es necesario instar a la Personería Municipal de Manizales y a la Registraduría Especial de la misma entidad territorial, para que orienten a la señora Teresa Blandón Gómez sobre el trámite que debe seguir para que pueda realizar la inscripción de su nacimiento y obtener posteriormente la cédula de ciudadanía.

Razones de la impugnación

Mediante escrito del 26 de marzo de 2010 (fls. 71-73), el personero municipal de Manizales impugnó la sentencia antes descrita por las siguientes razones:

Indica que la señora Teresa Blandón Gómez solicitó ante la Registraduría Civil de Manizales, verbalmente y por escrito con número de radicado AP-188-10 EXP-16-10, expedido por la Personería Municipal de Manizales, y recibido el 22 de febrero de 2010, que en atención a su situación de debilidad manifiesta se adelantaran las gestiones pertinentes para que se inscribiera su nacimiento y se le otorgara la cédula de ciudadanía.

No comparte la afirmación expuesta por la entidad accionada en el informe rendido en el presente proceso, respecto a que el Registrador Nacional del Estado Civil es el único funcionario competente para resolver la solicitud de la accionante, pero que los registradores locales de forma incongruente no le hayan remitido a aquel el derecho de petición interpuesto.

Estima que la entidad accionada al exigirle a la petente que se presente con dos testigos que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna de su nacimiento, y al considerar que no son válidas las declaraciones extrajuicio que se presentaron de dos amigos de la señora Teresa Blandón Gómez que la conocen hace 21 años aproximadamente, desconoció la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta, y por ende, su imposibilidad para cumplir con el referido requisito.

Acervo probatorio

Los documentos que a continuación se enuncian, constituyen el material probatorio relevante para decidir la impugnación interpuesta:

1. Acción de tutela instaurada (fls.1-8).

2. Copia de la constancia del 16 de agosto de 2006 de la Secretaría de Salud Pública de la Alcaldía Manizales, donde se indica que la condición de indigencia de la accionante está validada, a fin de que reciba la atención integral en salud (fl. 38).

3. Copia de la declaración extraproceso del 13 de agosto de 2007 ante la Notaría Segunda del Círculo de Manizales, de las señoras Carmen Lía Ramírez Zapata y Rosa Amelia Ramírez Zapata, quienes bajo la gravedad del juramento afirman que conocen a la petente hace 20 años, y que les consta que esta es analfabeta, no tiene familiares que la apoyen, tiene aproximadamente 40 años de edad, y nació y reside en la ciudad de Manizales (fls. 39-40).

4. Copia del informe técnico médico legal de edad, emitido el 17 de noviembre de 2006 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluye que la señora Teresa Blandón tiene entre 40 y 50 años de edad (fl. 41).

5. Informe psicológico rendido por las psicólogas Daniela Henao Ortiz y Adelaida Valencia Puentes del 23 de febrero de 2010, en el que se destaca que “presenta amnesia que compromete el pasado, además presenta alteración de la memoria a corto plazo, no recuerda acontecimientos recientes, tales como lo que hizo el día anterior. (...) De acuerdo a la entrevista y al examen mental directo realizado, se tiene como posible diagnóstico un trastorno generalizado del desarrollo no especificado, puesto que cumple con algunos de los criterios que se encuentran en el DSM-IV. Este trastorno se caracteriza por déficit graves y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados” (fls. 43-44).

6. Informe rendido el 19 de marzo de 2010 por la entidad accionada (fls. 50-53).

7. Escrito de impugnación del 26 de marzo de 2010 (fls. 71-73).

8. Oficio AP-188-10 EXP-46-10 del 16 de febrero de 2010 de la Personería de Manizales, con sello de recibido del 22 de febrero del año en curso de la Registraduría del Estado Civil de la misma ciudad, mediante el cual se solicita a la entidad accionada que teniendo en cuenta la especial situación en que se encuentra la señora Teresa Blandón Gómez, adelante las gestiones pertinentes para que la petente obtenga su registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía (fls. 69,74).

9. Oficio RN REM 094A del 25 de febrero de 2010 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual se da respuesta al Oficio AP-188-10 EXP-46-10 del 16 de febrero de 2010 de la referida personería municipal, en el que se reitera que para acreditar el nacimiento se necesita certificado de nacido vivo, copia de la partida parroquial, anotaciones de orden religioso, o 2 testigos hábiles que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del mismo (fl. 70).

Consideraciones de la Sala

I. Sobre el alcance del derecho a la personalidad jurídica

La Sala estima pertinente traer a colación algunas consideraciones de la Corte Constitucional sobre el alcance de la personalidad jurídica, como quiera que es el principal derecho que la accionante estima vulnerado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Los artículos 14 y 16 de la Carta Política prevén que todas las personas tienen derecho al reconocimiento y al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Ahora bien, sobre el contenido y alcance del derecho a la personalidad jurídica esta Corte ha sostenido:

“3. Del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El sujeto razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano, en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política.

(...).

3.1. Titular del derecho.

El derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Carta fundamental es un derecho exclusivo de la persona natural; y el Estado, a través del ordenamiento jurídico, tan solo se limita a su reconocimiento sin determinar exigencias para su ejercicio, y esta es una de las constituciones políticas donde la inmensa mayoría de los derechos se otorgan sin referencia a la nacionalidad.

Esta afirmación se comprueba al estudiar los instrumentos internacionales sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica interpretados a la luz del artículo 93 de la Constitución que determinan quién es el titular del derecho constitucional fundamental establecido en el artículo 14 de la Constitución.

El artículo 93 constitucional le confiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta fundamental.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968, en su artículo 16 establece:

“todo ser humano tienen derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

La razón jurídica del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica la encontramos en el preámbulo del pacto internacional que reconoce: “que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”.

A la misma conclusión se llega por vía de la Conxxxxvención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 1º numeral 2º dice que para los efectos de esta Convención “persona es todo ser humano”, y el artículo 3º consagra, “que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Como fundamento ideológico orientador de las disposiciones sobre derechos humanos en el mundo, es imperativo hacer mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 6º establece:

“todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Así pues, para la interpretación del artículo 14 de la Constitución se hace necesario recurrir al análisis de los Instrumentos Internacionales y de ellos se deduce claramente que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho inherente a la persona humana y que la labor del Estado es de constatación y no de creación”(1).

En armonía con lo expuesto los artículos 74, 428, 1502 y 1503 del Código Civil preceptúan i) que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, y ii) que todas las personan gozan de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, “excepto aquellas que la ley declara incapaces”, es decir quienes, no obstante su calidad de sujetos de derecho, “no pueden dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios” y habrán de actuar por conducto de un representante, ya fuere por minoría de edad, prodigalidad o demencia.

Al respecto vale traer a colación las consideraciones de la Sentencia C-983 de 2002(2), en materia de capacidad negocial, incapacidad legal, guardas y curadurías. Señala la providencia:

“La capacidad, en sentido general, consiste en la facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esta capacidad, de acuerdo con el artículo 1502 del Código Civil, puede ser de goce o de ejercicio.

La primera de ellas consiste en la aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio o capacidad legal, por su parte, consiste en la habilidad que la ley le reconoce a aquella para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra. Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro.

La capacidad es, por tanto, la regla general y todo individuo de la especie humana, e inclusive las personas jurídicas, tienen capacidad de goce. En cuanto a la capacidad de ejercicio, que es uno de los requisitos para la validez de las declaraciones de voluntad y de los actos jurídicos, hay que decir que, en principio, la tienen todas las personas salvo aquellas que la ley declare incapaces (C.C., art. 1503)”(3) (destacado fuera de texto).

II. La importancia de la cédula de ciudadanía y el registro civil, en el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica

Esclarecido el alcance del derecho a la personalidad jurídica, estima la Sala necesario destacar algunas consideraciones de la Sentencia T-066 de 2004 de la Corte Constitucional(4), sobre la importancia de la cédula de ciudadanía y el registro civil para materializar el derecho antes señalado, y por supuesto, aquellos con los cuales está íntimamente relacionado, como el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad.

“Esta Sala se ha pronunciado ya sobre el contenido esencial del derecho a la personalidad jurídica, así como sobre la importancia de la cédula de ciudadanía para la realización del mismo y de los derechos que le son conexos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se concreta en la realización de planes de vida autónomamente diseñados. En la Sentencia T-909/01 la Sala dijo al respecto:

“El artículo 14 de la Carta Política de 1991, garantiza a todo ser humano el derecho a una personalidad jurídica por el simple hecho de su existencia, independientemente de toda condición. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas se refiere a situaciones que no dependen del poder económico, sino que son inherentes a la persona humana y permiten el desarrollo de las aptitudes y energías tanto físicas como espirituales ligadas indudablemente con los Derechos Humanos [...].

Es así como dentro del desarrollo del derecho a la personalidad jurídica se reconoce el estado civil de las personas, mediante la expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo, la edad, estado mental, si son hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, casados o solteros, etc. También se relaciona con el reconocimiento de derechos subjetivos tanto públicos como privados, situándose dentro de los primeros los propios de quien es reconocido por la Constitución y la ley como ciudadano, esto es, el derecho político al voto, el ejercicio del derecho de protección jurídica y las correlativas obligaciones concretas para las personas como la de pagar impuestos, cumplir el servicio militar obligatorio etc.

En este orden de ideas, la cédula de ciudadanía es un documento que adquiere especial relevancia para acreditar el reconocimiento de estos derechos y obligaciones y por ende, para el reconocimiento y ejercicio del derecho a la personalidad jurídica de la personas. Esta corporación sobre la importancia de la cédula de ciudadanía ha dicho(5):

‘2.1. La Constitución y la ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común, cual es la de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia.

Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que solo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito.

De otra parte, la cédula juega papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años y que, en los términos del artículo 99 de la Constitución, es la “... condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción”.

La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos y estos, a su vez, se traducen en la facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandatos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones de inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.N., arts. 40, 99, 103, 107, 241)”.

Así mismo, esta Corte se ha pronunciado acerca de las características y funciones del registro civil. En la Sentencia T-963 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) dijo la Corte:

“La inscripción en el registro civil, es un procedimiento que sirve para establecer, probar, y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte.

La doctrina ha señalado, que el estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad.

Igualmente, el Decreto 1260 de 1970 artículo 1º, señala que el estado civil de una persona es su situación juridica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible. Por tanto, cada acto o hecho debe ser inscrito en el correspondiente registro”.

III. Sobre la responsabilidad géneríca de llevar el registro civil

Sobre la responsabilidad genérica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de dirigir y organizar todo lo relacionado con el registro civil de las personas, son de especial importancia las siguiente consideraciones:

“La función de registrar, en principio, estaba radicada únicamente en cabeza de los notarios, pues nuestra legislación, atendiendo la confianza social que merecía el notario y que justificaba la atribución de la fe pública, asignaba esta importante tarea en dichos funcionarios.

Posteriormente, la necesidad de los servicios que prestan los notarios y los que implican el registro civil, hizo que la prestación del registro civil de las personas, se atribuya paulatinamente a la Registraduría del Estado Civil.

Así, por disposición del artículo 60 de la ley 96 de 1985, a partir del 1º de enero de 1987, la Registraduría Nacional del Estado Civil, asumió gradualmente el registro civil de las personas. Los notarios y demás funcionarios encargados continúan prestando esta función hasta cuando de ella se hagan cargo los registradores o sus delegados, según determinación del Registrador del Estado Civil. Esta disposición fue recogida en el Decreto-Ley 2241 de 1986, artículo 217, declarado exequible por esta corporación en Sentencia C-896 de 1999, en donde se manifestó que:

“la Corte estima que la norma acusada, leída en su texto completo, resulta ajustada a la Carta. En efecto, la disposición constitucional contenida en el artículo 266 superior, indica que el registrador del estado civil ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización del registro civil. Si bien no impone que dicho registro sea llevado en forma exclusiva por dicho funcionario, como lo establecía el texto inicialmente propuesto a los constituyentes que fue expresamente descartado por ellos, tampoco prohíbe esta posibilidad, dejando a la ley la determinación del punto. Al decir la Carta que el registrador “ejercerá las funciones que establezca la ley”, atribuye al legislador la competencia de regulación de las facultades de este funcionario, incluida la de llevar el registro del estado civil.

(...).

Esta corporación ha sostenido reiteradamente, con fundamento en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, que el legislador, como supremo representante del poder soberano del pueblo, ostenta una libertad de configuración normativa de carácter general. Esta potestad le permite, a partir de consideraciones políticas, de conveniencia y de oportunidad, desarrollar la Constitución en los términos de su propia competencia, y dentro de los límites impuestos por los principios y valores superiores.

En la norma bajo examen, el legislador, en uso de esta potestad, ha estimado conveniente y oportuno que la Registraduría empiece y continúe adelantando un proceso de asunción gradual de la función registral, hasta que una vez dadas las condiciones de capacidad funcional en esa entidad, el registrador determine que de ella sean relevadas todas las demás autoridades y personas que colaboran con dicho registro. Visto que el constituyente no prescribió, pero tampoco prohibió la exclusividad en el ejercicio de la función registral, la Corte aprecia que la norma acusada, en su texto íntegro, no excede los términos constitucionales y se ubica dentro del ámbito de libertad configurativa que le incumbe al legislador”.

Es decir, a pesar de que la función de registrar no es exclusiva, pues son encargados de llevar el registro civil de las personas dentro del territorio nacional, los notarios, o en su defecto los alcaldes municipales, es la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien tiene la responsabilidad genérica de dirigir y organizar todo lo relacionado con el registro civil de las personas, de conformidad con la Constitución Política artículo 266”(6) (el destacado es nuestro).

IV. Análisis del caso en concreto

En síntesis el personero municipal de Manizales en representación de la señora Teresa Blandón Gómez estima, que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulnera los derechos a la personalidad jurídica, buen nombre e igualdad, al exigirle a esta para registrar su nacimiento y obtener la cédula de ciudadanía, 2 testimonios de personas que hayan tenido noticia directa y fidedigna de su nacimiento, toda vez que la petente no conoce el nombre de sus padres ni alguna persona que pueda declarar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales nació.

Por su parte el Tribunal Administrativo de Caldas, aunque reconoce el estado de indefensión en que se encuentra la señora Teresa Blandón Gómez, por lo que insta a la Personería y a la Registraduría Especial de Manizales a prestarle la orientación necesaria para obtener sus documentos de identidad, niega el amparo solicitado argumentado que no encuentra probada alguna actuación que constituya algún tipo de discriminación o desatención a la accionante en cuanto a la solicitud del registro extemporáneo del nacimiento, y que si en gracia de discusión se tuviera por cierta la afirmación realizada por el personero municipal de Manizales, en cuanto a que la petente no fue atendida por la entidad demandada, en principio ese hecho no podría tenerse en cuenta, comoquiera que “la Registraduría Nacional del Estado Civil tampoco contaba con ningún elemento para desvirtuar las aseveraciones efectuadas en el escrito de tutela, referidas a la presunta mala atención respecto de la solicitud verbal realizada por la accionante”.

En el escrito de impugnación la parte accionante afirma, que contrario a lo señalado por el tribunal y la entidad demandada, la señora Teresa Blandón Gómez sí ha elevado las peticiones pertinentes a fin de obtener el registro de su nacimiento y su cédula de ciudadanía.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, estima la Sala que el primer aspecto a esclarecer es si la señora Teresa Blandón Gómez ha elevado alguna petición a la entidad accionada, y en caso afirmativo, cuál ha sido la respuesta a dicha petición.

Sobre el particular a folios 69 y 74 del expediente, se aprecia el Oficio AP-188-10 EXP-46-10 del 16 de febrero de 2010 de la Personería de Manizales, mediante el cual esta institución, le solicita a la Registraduría del Estado Civil de la misma ciudad, que teniendo en cuenta la especial situación en que se encuentra la señora Teresa Blandón Gómez, esto es, que por el hecho de no conocer a sus padres no puede aportar los dos testimonio que se le exigen para la inscripción de su nacimiento y la expedición de la cédula de ciudadanía, adopte las medidas que estime necesarias para solucionar la situación de la accionante.

Al analizar el documento antes señalado, se observa que el mismo tiene un sello de recibido del 22 de febrero del año en curso de la Registraduría del Estado Civil de Manizales (fl.74), que por cierto, mediante el Oficio RN REM 094A del 25 de febrero de 2010 (fl. 70), en respuesta a la petición elevada por la personería municipal de dicha entidad territorial, le reitera que para acreditar el nacimiento de la señora Teresa Blandón Gómez se necesita el certificado de nacido vivo, o en su defecto, copia de la partida parroquial, anotaciones de orden religioso, o 2 testigos hábiles que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento.

Mediante los documentos antes descritos, se evidencia claramente que la parte accionante, antes de la interposición de la acción de tutela (fls. 1-8), se acercó a la Registraduría para solucionar su situación de identificación.

Ahora bien, es necesario precisar que las pruebas antes relacionadas fueron aportadas con posterioridad a la sentencia de primera instancia, motivo por el cual el Tribunal Administrativo de Caldas no tuvo la oportunidad de apreciarlas. Sin embargo, no comparte la Sala la conclusión a la que llega el a quo en el fallo impugnado cuando señala, que si en gracia de discusión se tuvieran por ciertas las afirmaciones del personero municipal de Manizales sobre las reclamaciones que realizó ante la entidad accionada la señora Teresa Blandón, las mismas no podrían tenerse en cuenta, porque aquella no cuenta con algún elemento para desvirtuarlas, toda vez que si la entidad demandada no puede controvertir las declaraciones que bajo la gravedad del juramento realizan los accionantes, las cuales deben ser interpretadas a la luz del principio de la buena fe, la conclusión a la que se debe llegar es que la mismas son ciertas, o por lo menos que deben ser analizadas con los demás elementos probatorios, y no como se indica en la providencia controvertida, que no pueden ser tenidas en cuenta.

No obstante lo anterior, lo relevante sobre el aspecto analizado es que está probado que la señora Teresa Blandón a través de la Personería Municipal de Manizales, solicitó que atención a su especial situación se adelantaran las gestiones pertinentes para que se inscribiera su nacimiento y se le expidiera su cédula de ciudadanía, y que la Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que para acceder a dicha petición, de conformidad con el artículo 50 del Decreto-Ley 1260 de 1970, era necesario acreditar el nacimiento con un certificado de nacido vivo, o en su defecto, con una copia de la partida parroquial, mediante anotaciones de orden religioso, o a través de dos testigos hábiles que hayan presenciado el nacimiento o que hayan tenido noticia directa y fidedigna de su ocurrencia (fl. 70).

Esclarecido el anterior asunto, lo pertinente es determinar si la respuesta que la entidad accionada emitió a la solicitud elevada por la accionante, vulnera o no los derechos fundamentales invocados, teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la señora Teresa Blandón Gómez y las consideraciones expuestas en los numerales I y II de esta providencia, sobre el alcance del derecho a la personalidad jurídica y su materialización a través del registro civil y la cédula de ciudadanía.

Lo anterior, porque de establecerse la existencia de una amenaza o vulneración a los derechos fundamentales de la petente, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz de protección, para ordenar a favor de esta la constitución de su registro civil y la expedición de su documento de identificación, porque si bien el numeral 11 del artículo 649 del Código de Procedimiento Civil prevé, que se sujetarán al proceso de jurisdicción voluntaria “la corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre, o anotaciones del seudónimo en actas o folios del registro de aquel, según el Decreto 1260 de 1970”, dicha norma parte de la existencia de una anotación en el registro civil, supuesto que en este caso no se cumple, toda vez que la señora Teresa Blandón Gómez al parecer no está inscrita en el mismo, motivo por el cual no puede predicarse la existencia de un medio ordinario de defensa que haga improcedente la acción constitucional.

Hechas las anteriores presiones, estima la Sala relevante destacar las condiciones en que se encuentra la accionante, toda vez que con fundamento en las mismas exigió un tratamiento especial para el otorgamiento de su registro civil de nacimiento y la expedición de su cédula de ciudadanía. Sobre el particular se observa lo siguiente:

1. Que el 16 de agosto de 2006 el alcalde de Manizales hace constar que la accionante hace parte la población en estado de indigencia (fl. 38), y que profirió dicho documento para documento de identificación.

2. De conformidad con el relato de los hechos que hace el personero municipal de Manizales (fls.1-3), y al examen psicológico que es aportado por este al proceso (fls. 43-44), la señora Teresa Blandón Gómez no tiene conocimiento sobre dónde y cuándo nació, ni respecto del nombre de sus padres y la edad exacta que tiene, toda vez que padece “amnesia que compromete el pasado” y “alteración de la memoria a corto plazo”, además, presenta un cuadro de “trastorno generalizado del desarrollo no especificado”, que “se caracteriza por déficit graves y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo: habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados”.

3. De acuerdo al informe técnico médico legal de edad, emitido el 17 de noviembre de 2006 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la petente tiene entre 40 y 50 años de edad (fl. 41).

4. Según lo informado por la señora Teresa Blandón Gómez al personero municipal de Manizales y a las psicólogas que le practicaron el examen antes descrito, la petente no sabe leer ni escribir, afirmación que coincide con el contenido de la declaración extraproceso del 13 de agosto de 2007, que las señoras Carmen Lía Ramírez Zapata y Rosa Amelia Ramírez Zapata rindieron ante la Notaría Segunda del Círculo de Manizales (fls. 39-40).

Como puede apreciarse, la petente se encuentra por su estado de salud mental, que al parecer obedece al abandono y maltrato que recibió en su niñez, en una condición de debilidad manifiesta, y no tiene forma de acreditar mediante algún documento o por testigos, las circunstancias en las acaeció su nacimiento y quiénes son sus progenitores.

Los motivos por los cuales la accionante no puede acreditar su nacimiento, fueron puestos en conocimiento de la Registraduría del Estado Civil de Manizales mediante el Oficio AP-188-10 EXP-46-10 del 16 de febrero de 2010 de la Personería de Manizales (fls. 69,74), que fue resuelto a través del escrito RN REM 094A del 25 de febrero de 2010, mediante el cual se le informó a la petente, que de conformidad con el artículo 50 del Decreto-Ley 1260 de 1970, para atender su solicitud era necesario que presentara algunos de los siguientes documentos: un certificado de nacido vivo, una copia de la partida parroquial, anotaciones de orden religioso, o la declaración dos testigos hábiles que hayan presenciado el nacimiento o que hayan tenido noticia directa y fidedigna de su ocurrencia (fl. 70).

Con el fin de tener mayor claridad respecto de la respuesta brindada a la accionante sobre su solicitud de otorgamiento del registro civil de nacimiento y la expedición de la cédula de ciudadanía, estima la Sala necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. De conformidad con los artículos 48 y 49 del Decreto 1260 de 1970, la inscripción del nacimiento deberá hacerse ante el funcionario encargado del estado civil, dentro del mes siguiente a su ocurrencia, mediante el certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el parto, o en su defecto, a través de declaración juramentada de dos testigos hábiles.

2. Cuando se pretende realizar el referido registro transcurrido un mes después del nacimiento, el artículo 50 del decreto antes mencionado, que fue citado por la entidad accionada indica:

“ART. 50.—Registro de nacimiento extemporáneo. Artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 999 de 1988. El nuevo texto es el siguiente: cuando se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas parroquiales respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas, presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la forma establecida por el artículo 49 del presente decreto.

Los documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con indicación del código de folio que respaldan” (destacado fuera de texto).

Sobre el procedimiento para la inscripción extemporánea del nacimiento en el registro civil, el artículo 1º del Decreto 2188 de 2001, que reglamentó el Decreto-Ley 1260 de 1970, establece:

“ART. 1º—Procedimiento para la inscripción extemporánea de nacimiento en el registro civil. Por excepción, cuando se pretende registrar el nacimiento fuera del término prescrito en el artículo 48 del Decreto-Ley 1260 de 1970, la inscripción se podrá solicitar ante funcionario de registro civil, notario o funcionario autorizado por la ley, caso en el cual se seguirán las siguientes reglas:

1. La solicitud se adelantará ante el funcionario de registro civil o notario del domicilio de quien se pretende registrar.

2. El solicitante, o su representante legal si fuere menor de edad, declararán bajo juramento que su nacimiento no se ha inscrito ante autoridad competente, previa amonestación sobre las implicaciones penales que se deriven de una actuación ilícita.

3. El nacimiento deberá acreditarse con el certificado de nacido vivo, expedido por el médico, enfermera o partera, o con otros documentos auténticos o con copia de las partidas parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la iglesia católica o de las anotaciones de origen religioso, correspondientes a las personas de otros credos, anexando además certificación auténtica de la competencia del párroco o de celebración de convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, según el caso.

4. En caso de no poder acreditarse el nacimiento con los documentos anteriores, se hará con fundamento en testimonios de conformidad con el artículo 50 del Decreto-Ley 1260 de 1970. En este evento, la declaración bajo juramento rendida personalmente ante el mismo funcionario de registro civil o notario, la harán al menos dos (2) personas que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento.

5. Los testigos deberán identificarse plenamente y expresarán, entre otros datos, su domicilio permanente, dirección y teléfono de su residencia; igualmente deberán presentar el documento de identidad en original y copia, tomando la impresión de la huella dactilar del testigo.

6. El funcionario de registro civil o notario interrogará personal e individualmente al solicitante y a los testigos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento y demás aspectos que a su juicio permitan establecer la veracidad de los hechos conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil sobre la materia.

7. En todo caso, al tramitar la inscripción, la autoridad procederá a tomar la impresión de las huellas plantares o dactilares del solicitante, conforme a las reglas vigentes.

Los documentos que se presenten con la solicitud se archivarán en carpeta con indicación del número serial que respaldan”.

Las normas transcritas están previstas bajo el supuesto que existe certeza sobre las circunstancias en las que tuvo lugar el nacimiento, como se desprende de la naturaleza de los documentos o declaraciones mediante lo cuales se exige acreditar el mismo.

3. Se pregunta ahora la Sala qué normas regulan la situación de una persona interesada en el otorgamiento del referido registro, que no tiene conocimiento respecto de las circunstancias en las que ocurrió el nacimiento.

En criterio de la Sala, en los artículos 61 a 63 del Decreto 1260 de 1970 se encuentra la respuesta al anterior interrogante. Para mayor claridad a continuación se transcriben dichas normas:

“ART. 61.—Hijo de padres desconocidos. Cuando se trate de la inscripción del nacimiento de un menor hijo de padres desconocidos, de cuyo registro no se tenga noticia, el funcionario del estado civil procederá a inscribirlo, a solicitud del defensor de menores con competencia en el lugar, mencionando los datos que aquel le suministre, previa comprobación sumaria de la edad, y oriundez del inscrito y de la ausencia de registro”.

ART. 62.—Asignación de apellido usual al expósito. Si por el recién nacido expósito, o por otro motivo se ignore el apellido de los padres, el funcionario encargado del registro llenará la falta, asignándole uno usual en Colombia.

ART. 63.—Inscripción de persona mayor de siete años. Cuando la persona cuyo nacimiento pretende inscribirse sea mayor de siete años, a la inscripción deberá proceder constancia de que aquel no ha sido registrado, expedida por la oficina central” (negrilla fuera de texto).

4. Es importante advertir que los artículos 61 y 62 del Decreto 1260 de 1970, fueron reglamentados por el artículo 9º del Decreto 1379 de 1972, el cual determinó la forma en que el hijo de padres desconocidos puede solicitar la inscripción del nacimiento, la cual no exige como a continuación se expondrá, que se prueben las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acaeció el mismo, veamos:

“ART. 9º—Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 158 de 1994. El nuevo texto es el siguiente: para los efectos de los artículos 61 y 62 del Decreto-Ley 1260 de 1970 entiéndese por expósito, el niño recién nacido no mayor de un mes que ha sido abandonada y por hijo de padres desconocidos a la persona mayor de un mes de quien se ignora quienes son sus padres y de cuyo registro no se tenga noticia.

El funcionario del registro civil a quien competa efectuar la inscripción del expósito o del hijo de padres desconocidos conservará los nombres y apellidos con los cuales se le conozca y le asignará como fecha de nacimiento el día 1 del mes y año que corresponda a la edad consignada en el dictamen médico legal practicado a esa persona, teniendo como marco de referencia la fecha de expedición de este. Si la persona cuyo nacimiento se desea registrar no tuviere nombre y apellidos conocidos, el funcionario solicitante podrá asignarle unos comunes en la región.

Para proceder a la inscripción del nacimiento de estas personas, el solicitante deberá presentar ante el funcionario de registro civil competente, el dictamen médico-legal en el cual conste la presunta edad de la persona examinada, así como la certificación o constancia sobre la oriundez de esta. Podrán solicitar dicho registro el defensor o el juez de familia en todo caso; la Superintendencia de Notariado y Registro cuando no se trate de expósito o el propio interesado mayor de edad, debidamente identificado.

PAR.—Cuando la inscripción la soliciten la Superintendencia de Notariado y Registro o el propio interesado mayor de edad, además del certificado médico-legal sobre la presunta edad, deben allegar dos declaraciones extraproceso rendidas por personas mayores de edad, quienes depondrán acerca del conocimiento que tienen de aquel cuyo nacimiento se va a inscribir y del presunto lugar de oriundez o nacimiento, o en defecto de dichas declaraciones una certificación expedida por el alcalde, el personero, el juez, el defensor de familia y el cura párroco, todos del municipio que sea domicilio de la persona cuyo nacimiento se desea registrar. La solicitud del registro por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro se hará mediante acto administrativo”.

5. Al analizar detenidamente los artículos 61 a 63 del Decreto 1260 de 1970 y 9º del Decreto 1379 de 1972, se puede apreciar que los mismos exigen para inscribir el nacimiento del expósito y del hijo de padres desconocidos, que se acredite el nombre, edad y lugar de oriundez de la persona interesada, y no las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el nacimiento, como sí lo hacen los artículos 50 del Decreto 1260 de 1970 y 1º del Decreto 2188 de 2001.

Para ilustrar la anterior afirmación, nótese que los artículos 50 del Decreto 1260 de 1970 y 1º del Decreto 2188 de 2001, exigen la declaración de al menos dos personas dos (2) personas que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento, mientras el artículo 9º del Decreto 1379 de 1972, exige “dos declaraciones acerca del conocimiento que se tienen “de aquel cuyo nacimiento se va a inscribir y del presunto lugar de oriundez o nacimiento”.

En suma, de las normas antes analizadas, la Sala estima que para el presente caso pueden establecerse las siguientes conclusiones:

A. Para la inscripción de los nacimientos extemporáneos, esto es, después de un mes de ocurridos, y cuando se tiene conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el mismo, se aplican los artículos 50 del Decreto 1260 de 1970 y 1º del Decreto 2188 de 2001.

B. Para la inscripción de los nacimientos extemporáneos, respecto de personas sobre las cuales no existe forma de acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el nacimiento, se aplican los artículos 61 a 63 del Decreto 1260 de 1970, y 9º del Decreto 1379 de 1972.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, estima la Sala que al negar la entidad accionada, con fundamento en el artículo 50 del Decreto-Ley 1260 de 1970, la petición de inscripción del nacimiento de la accionante y la expedición de su documento de identidad, incurrió en un error, porque dicha norma no es aplicable a la situación de la señora Teresa Blandón Gómez, quien le manifestó a la Registraduría su imposibilidad para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento.

En efecto, la entidad demandada no puede solicitarle a la petente por la situación en la que se encuentra (la cual fue comunicada), que aporte un certificado de nacido vivo, una copia de la partida parroquial, anotaciones de origen religioso, o la declaración de al menos dos personas dos (2) personas que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento. En su lugar, debió explicarle en el procedimiento previsto en los artículos 61 a 63 del Decreto 1260 de 1970, y 9º del Decreto 1379 de 1972 como arriba se expuso.

La imprecisión en la que incurrió la entidad demandada, que se materializa en la negativa de inscribir su nacimiento y proferir la cédula de ciudadanía, constituye una vulneración del derecho a la personalidad jurídica, en tanto formal y materialmente se le impide a la petente ser considerada sin obstáculos y limitaciones ante las autoridades y los particulares, como una ciudadana con capacidad de adquirir derechos y obligaciones, con un nombre, una nacionalidad, un sexo, una edad, un estado civil, entre otras condiciones son inherentes a su condición de persona, como se expuso en los numerales I y II de la parte motiva de esta providencia.

Adicionalmente, la imposibilidad en la que se coloca a la accionante para inscribir su nacimiento y posteriormente lograr que se expida su cédula de ciudadanía, impide o limita que esta ejerza su derecho a elegir y ser elegido, acceda si lo desea al servicio educativo, disfrute sin ningún impedimento el servicio de salud, adquiera derechos y contraiga obligaciones de acuerdo a los proyectos que desee desarrollar en manifestación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en otras palabras, que disfrute y asuma los beneficios y responsabilidades que tienen las personas a quienes se les ha reconocido y garantizado su derecho a la personalidad jurídica.

Es que el derecho objeto de análisis está íntimamente relacionado con el derecho a la igualdad, como claramente lo describió la Corte Constitucional en la Sentencia C-C-476/05, M.P. Alfredo Beltrán Sierra al expresar:

“3.1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual se hace indispensable para que pueda actuar como sujeto de derechos y de obligaciones, norma que guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad que reconoce el artículo 13 de la Carta pues, no serían libres e iguales ante la ley todas las personas, si algunas no se les reconociera personalidad jurídica, como ocurría durante la época en que existió la esclavitud.

3.2. De la existencia de la igualdad ante la ley y del reconocimiento constitucional a la personalidad jurídica, el derecho tiene establecido que surgen los atributos de la personalidad y, entre ellos, el del estado civil de las personas. Este, como se sabe, determina la situación de una persona en la familia y en la sociedad y de él se derivan derechos y obligaciones que se regulan por la ley civil”.

En virtud de lo expuesto, evidencia la Sala que para garantizar el derecho a la personalidad jurídica de la accionante, es necesario en primer medida que se registre su nacimiento conforme a los requisitos previstos en los artículos 61 y 63 del Decreto 1260 de 1970, y 9º del Decreto 1379 de 1972, que fundamentalmente exigen la comprobación de la edad de la persona interesada, dos declaraciones extraproceso rendidas por personas mayores de edad, quienes depondrán acerca del conocimiento que tienen de aquel cuyo nacimiento se va a inscribir y del presunto lugar de oriundez o nacimiento, y una constancia de que este no ha sido registrado.

En el presente caso se tiene que la señora Teresa Blandón Gómez cuenta con el informe técnico médico legal de edad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 41), y con declaraciones extraproceso de dos personas que bajo la gravedad del juramento declaran conocerla hace 20 años y sobre su lugar de oriundez (fls. 39-40).

En cuanto a la constancia de inexistencia de registro anterior, es necesario tener en cuenta que dicho documento solo puede requerirse en el evento que la Superintendencia de Notariado y Registro haya determinado la fecha a partir de la cual el mismo puede exigirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1379 de 1972 que prescribe:

“ART. 10.—La constancia de inexistencia de registro anterior que debe expedir el servicio nacional de Inscripción del DANE como requisito para la inscripción del nacimiento de los mayores de siete (7) años, no se exigirá por los funcionarios encargados del registro civil sino a partir de la fecha que determine la Superintendencia de Notariado y Registro” (negrilla fuera de texto).

En ese orden de ideas, la accionante cumple con los requisitos legalmente previstos para que se inscriba en el registro civil su nacimiento, y posteriormente se expida su cédula de ciudadanía por ser mayor de edad, de manera tal que ante las autoridades y particulares se reconozca plenamente su derecho a la personalidad jurídica.

V. De las órdenes a proferir

En amparo del derecho antes señalado, se revocará la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que adelante las gestiones pertinentes, para que en el término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, se inscriba en el registro civil el nacimiento de la accionante y se expida su documento de identidad.

Para tal efecto, se instará a la Personería Municipal de Manizales para que continúe asistiendo a la petente en los trámites que deba adelantar ante la entidad accionada, en atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra aquella.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 23 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó la acción de tutela interpuesta por el personero municipal de Manizales, en representación de la señora Teresa Blandón Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, TUTÉLASE el derecho fundamental a la personalidad jurídica de la accionante, y en consecuencia, ORDÉNASE a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que adelante las gestiones pertinentes, para que en el término de 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, se inscriba en el registro civil el nacimiento de la señora Teresa Blandón Gómez y se expida su documento de identidad.

2. ÍNSTASE a la Personería Municipal de Manizales para que continúe asistiendo a la petente en los trámites que deba adelantar ante la entidad accionada, en atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra aquella.

Envíese copia de esta providencia al Tribunal Administrativo de Caldas.

Cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Víctor Hernando Alvarado Ardila—Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-476 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la Corte resolvió i) declarar exequible “la palabra “sordomudo” contenida en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil”, y ii) excluir del ordenamiento las expresiones “por escrito” contenida en los artículos 62, 432, 560 y 1504 del mismo código (...) y tuviere suficiente inteligencia”, que hacían parte del artículo 560 del código en mención, al estimar, de una parte, que las normas declaradas inexequibles consideraban incapaces absolutos a los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y en consecuencia los sometía a curaduría general sin razón suficiente y, de otra, que someter a las personas sordomudas a pruebas para determinar su grado de inteligencia resulta discriminatorio y vulnera su dignidad.

(3) Sentencia T-855 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(4) M.P. Jaime Araújo Rentería.

(5) Sentencia C-511 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(6) Corte Constitucional, Sentencia T-963 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.