Sentencia 2010-00064 de abril 7 de 2010

 

Sentencia 2010-00064 de abril 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-22-10-000-2010-00064-01

Magistrado Ponente

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil diez.

Discutida y aprobada en sesión de veintiocho de abril de dos mil diez.

Consideraciones

1. La acción de tutela es un mecanismo excepcional establecido en el artículo 86 de la Constitución Política para la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales de las personas, mediante un trámite preferente y sumario, frente a la amenaza o violación, derivada de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis de los particulares.

2. En lo que toca con derecho a la seguridad personal de la población, la Corte constitucional, en Sentencia T-719 de 2003, lo definió como el “derecho a recibir protección estatal frente a riesgos extraordinarios que el individuo no tiene el deber jurídico de soportar”, al paso que mediante auto 200 de 2007 estableció a cargo de las autoridades está el proteger la vida y seguridad personal de la población expuesta a “riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros, discernibles, excepcionales y desproporcionados”, llamando la atención de manera especial sobre la población en situación de desplazamiento, a condición de que se cumplan ciertos requisitos, por ello, previó un estudio técnico de seguridad dirigido a establecer “si una persona en condición de desplazamiento que solicita su protección efectivamente afronta una amenaza para sus derechos, y cuál es la medida de protección a adoptar”.

En este sentido, la Corte Constitucional en el auto 200 ya citado, estableció como requisitos necesarios para activar tal presunción “(a) la presentación de una petición de protección a la autoridad por parte de una persona desplazada, (b) que la petición efectivamente fue conocida por la autoridad competente, (c) la petición presenta información que demuestra, prima facie, que la persona es efectivamente desplazada por la violencia, para lo cual bastan las remisiones efectuadas a las instituciones prestadoras de salud en la cual se acredita la inscripción en el registro único de población desplazada, y (d) en la información presentada se alude de manera específica a una amenaza puntual para la vida e integridad del peticionario o de su familia, o de un acto de violencia contra los mismos, relacionando hechos concretos que indiquen que fue objeto de amenazas o ataques. La descripción de los hechos efectuada por el peticionario debe ser, por lo menos, consistente y verosímil, y en caso de que la autoridad considere que el relato no es consistente o es falso, compete a la autoridad demostrar por qué llega a esa conclusión, efectuando las investigaciones a las que haya lugar”.

3. En el caso que ocupa la atención de la Corte, no se tiene como irrazonable que el Ministerio del Interior a través de su programa de protección, exija ciertos requisitos que como se aprecia, no se originan en una actitud arbitraria de sus funcionarios, sino que, como tal entidad lo informó, coincidiendo con lo expuesto por la Corte Constitucional, esos presupuestos tienen sustento legal (D. 2816/2006), al cual debe someterse quien aspire a ser cobijado por esa protección especial.

Nótese como el Ministerio del Interior, en manera alguna negó al señor Javier Dario Riaño Castillo la protección que reclama a raíz de las amenazas que ha padecido, le informó sí, que luego de estudiar la documentación sobre su caso, no era posible incluirlo en el programa diseñado por la cartera a instancia de las normas que regulan la materia, pues las iglesias cristianas no forman parte del programa de protección en el marco del artículo 81 de la Ley 418 de 1997, prorrogado y modificado por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006 y reglamentado por el Decreto 2816 de agosto de 2006”, pero, la entidad accionada no se detiene allí, por ello se le planteó que en caso de considerar que no se tuvo en cuenta algún elemento de juicio sobre el nexo que “debe existir entre la amenaza y la actividad, le solicitamos remitir el aval del partido político donde aclare la procedencia de dichas amenazas”.

Razonadamente, lo plasmado en precedencia, permite entender que frente al caso particular la conclusión es el resultado de un análisis responsable, serio y sustentado “de las autoridades a quienes la Constitución Política, atribuye la protección a la vida, honra, bienes, como también las demás libertades y derechos reconocidos a los ciudadanos, motivo por el cual la determinación de si una persona es candidata a obtener las prerrogativas que confiere la protección Estatal frente a riesgos extraordinarios incumbe y es responsabilidad de dichas entidades, materializada a través de los estudios y conceptos que se encuentran amparados por la presunción de veracidad y acierto, inherente a la función administrativa regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad - artículo 209 de la Constitución Política” (exp. T. 13001-22-13-000-2008-00375-01, mar. 13/2009).

En consecuencia, la acción constitucional no es la llamada a sustituir los procedimientos diseñados por las autoridades, para cobijar al accionante con la protección que reclamó, sin que esta conclusión impida que recurra de nuevo ante el programa a cargo del Ministerio del Interior, cumpliendo eso sí, con los requisitos que se diseñaron para su concesión.

Por las razones esgrimidas, se impone la confirmación de la providencia impugnada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Notifíquese en la forma más expedita, y en oportunidad, remítase a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».