Sentencia 2010-00064 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad.: 250002327000201000064-01

Núm. int.: 19211

Demandante: AES Chivor & CÍA. SCA ESP

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos

Asunto: Contribuciones especiales (L. 142/94, art. 85)

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

Fallo

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación que interpuso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, le corresponde a la Sala decidir si se ajustan a derecho la liquidación oficial 20095340003116 del 6 de marzo de 2009, mediante la que la Superservicios liquidó de aforo la contribución especial establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, así como las resoluciones SSPD-20095300012415 del 15 de mayo de 2009 y SSPD-20095000022205 del 29 de julio de 2009, que resolvieron los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la liquidación oficial.

La Sala decidirá si las cuentas 5120 —impuestos, tasas y contribuciones— y 5815 —ajustes de ejercicios anteriores— constituyen gastos de funcionamiento y pueden sertomadas como base para liquidar la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Para resolver el recurso de apelación, la Sala hará un breve análisis sobre la contribución a que alude el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Luego, establecerá si en la base gravable de la contribución deben tenerse en cuenta la totalidad de los gastos que hacen parte de las cuentas de la Clase 5-Gastos del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios y finalmente determinará si los gastos de las cuentas 5120 —impuestos, tasas y contribuciones— y 5815 —ajustes de ejercicios anteriores— deben incluirse dentro de los gastos de funcionamiento para efectos de calcular la contribución especial del artículo 85 ibídem, para finalmente resolver el asunto sometido a consideración.

3.1. Contribuciones especiales. Artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

La Ley 142 de 1994(6) estableció, en el artículo 85, dos contribuciones especiales a cargo de las entidades sometidas a regulación, control y vigilancia de las comisiones de regulación y de las superintendencias: una en favor de las comisiones de regulación destinada a recuperar los costos del servicio de regulación que prestan, y otra en favor de las superintendencias, para recuperar los costos de control y vigilancia en que incurren.

El artículo 85 ibídem dispone:

“ART. 85.—Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el superintendente, las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:

85.1. Para definir los costos de los servicios que presten las comisiones y la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual respectivo.

85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada año y cobrarán dentro de los límites que enseguida se señalan, solamente la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.

La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente”.

Conforme con el artículo anterior, la base gravable de las contribuciones especiales está constituida por los “gastos de funcionamiento” asociados al servicio de regulación de la entidad contribuyente, obtenidos en el año anterior al que se hace el cobro.

Respecto de la tarifa, el precepto mencionado dispone que tendrá como límite máximo el 1% del valor establecido, para cada ente vigilado, como base gravable del tributo.

La contribución se calculará sobre la información contenida en los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones de regulación, sin que en ningún caso pueda sobrepasar el 1% del valor determinado como base impositiva.

3.2. Base gravable de la contribución especial: gastos de funcionamiento asociados al servicio vigilado y regulado. Reiteración jurisprudencial(7).

El Diccionario de términos contables, contenido en el Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, define los “gastos de funcionamiento” como “erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la ley”. Sin embargo, esta Sala ha considerado que el concepto resulta amplio e impreciso para efectos de determinar la base gravable de la contribución especial.

Por esa razón, esta sección, ante la ausencia de una definición legal concreta, adoptó en sus providencias un concepto propio de “gastos de funcionamiento”.

Así, en la sentencia del 9 de noviembre de 2001 (exp. 11790(8)), al decidir sobre la legalidad del artículo 5º de la Resolución 25 de 1998 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Sala definió como gastos de funcionamiento “aquellos flujos de salida de recursos que generan disminuciones del patrimonio realizados para ejecutar o cumplir las funciones propias de su actividad, lo que en términos técnico contables simbolizan los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico”.

De igual forma, en la sentencia del 17 de abril de 2008(9), al decidir la demanda interpuesta contra algunos apartes de la Resolución SSPD 1350 del 5 de mayo de 2004, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, expresó que la base para liquidar la contribución del artículo 85-2 de la Ley 142 de 1994, debía entenderse de la siguiente manera:

“Cuando el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 señala que la base para liquidar la contribución es el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, no se refiere solamente a aquellos gastos que están directamente dirigidos al desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, pues estos son los gastos de operación definidos así, por el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, sino a los gastos que aunque no estén directamente relacionados con la prestación del servicio u operación básica, si le son concernientes”. (resalta la Sala)

Por su parte, en el Plan de Contabilidad para Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios, adoptado mediante la Resolución 20051300033635 de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definió como gastos de funcionamiento los que “corresponden a los contabilizados en las cuentas de la Clase 5 –Gastos, con las adiciones de las cuentas del grupo 75 –Costos de producción, y las exclusiones que se hagan en los respectivos actos administrativos que expida la autoridad competente en cada caso”.

En la Clase 5 –Gastos, que se discute en este caso, se clasifican los grupos y sus respectivas cuentas, de la siguiente manera:

  1. Grupo 51. Administración
 

  1. Grupo 53. Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
 

  1. Grupo 58. Otros gastos
 

  1. Grupo 59. Cierre de ingresos, gastos y costos
 

Sin embargo, esta Sección, en la sentencia del 23 de septiembre de 2010(10), anuló el inciso 6º de la descripción de la clase 5 –Gastos, contenida en el Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, que, precisamente, equiparaba el concepto de “gastos de funcionamiento”, a todos los grupos y las cuentas contenidas en la Clase 5- Gastos, con fundamento en que no todo gasto puede ser considerado como de funcionamiento, para efectos de establecer la base gravable de la contribución especial.

En esa oportunidad se consideró:

“Para la Sala es evidente que no corresponden a la definición que la jurisprudencia de esta Sección ha desarrollado de gastos de funcionamiento, las erogaciones incluidas en el Grupo 53 referidas a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, porque no representan salidas de recursos para lograr el funcionamiento de la entidad.

En similar sentido, incluir como base gravable de la contribución, conceptos como provisiones para inversiones, deudores, inventarios, para responsabilidades, obligaciones fiscales, contingencias o tener en cuenta las depreciaciones de propiedades, planta y equipo, para bienes adquiridos en leasing y las amortizaciones de bienes entregados a terceros, entre otros, tampoco encajan en el concepto de “funcionamiento” y más bien pertenecen a la órbita de los “gastos teóricos” de obligatoria utilización en la práctica contable para registrar hechos económicos que no representan un flujo de salida de recursos.

En el aparte demandado se señala igualmente que para liquidar las contribuciones deberá tenerse en cuenta “las adiciones de las cuentas del grupo 75-Costos de producción”. Para la Sala este grupo de cuentas tampoco debe integrar la base de las contribuciones a que se refiere la Ley 142 de 1994 por lo siguiente:

Según el numeral 4.2.8.4.3 del Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, los costos “representan erogaciones y cargos asociados, clara y directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos” y en cuanto a los costos de producción dice que “comprenden las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la producción, la prestación de servicios de los cuales el ente prestador de servicios públicos domiciliarios obtiene sus ingresos, en desarrollo de su función u objeto social”.

De lo anterior se tiene que si bien los costos de producción comprenden las erogaciones asociadas clara y directamente con la producción o la prestación de servicios de los cuales el ente prestador obtiene sus ingresos, lo que los haría, en principio, integrantes de la base gravable, al realizar una interpretación gramatical y conforme al sentido técnico de las palabras a voces de los artículos 27 a 29 del Código Civil, la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada.

Al analizar el contenido del Grupo 75 del Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos, se encuentra que al igual que la Clase 5-Gastos, el catálogo contiene cuentas que no corresponden a la definición jurisprudencial de gastos de funcionamiento, criterio previsto por el legislador como base gravable de la contribución a cargo de los entes prestadores de servicios públicos y comisiones de regulación, ya que algunos de estos rubros no representan erogaciones efectivas de recursos, que es el parámetro adoptado para determinar la base gravable del tributo previsto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

La noción de gastos de funcionamiento debe incluir las erogaciones causadas(11) o pagadas durante el período contable que estén relacionadas con la prestación de los servicios públicos de cada ente prestador, lo que implica que no hagan parte de tales gastos los recursos que el ente destine para otros efectos, tales como, servicios de la deuda e inversión.

Lo anterior demuestra que no pueden tenerse en cuenta para la base gravable la totalidad de los gastos mencionados en las cuentas de la Clase 5-Gastos o del Grupo 75 del Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, porque, se insiste, el legislador solamente se refirió a los de funcionamiento, cuyo alcance ha sido dilucidado por la jurisprudencia reseñada y sin que sea procedente extenderlos a otros gastos que no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios que prestan, pues los elementos que conforman la base gravable están limitados.

De la lectura del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, antes trascrito, es claro que la intención del legislador fue la de limitar la base gravable de la contribución especial a los gastos de funcionamiento, lo que excluye la posibilidad de entender que se refería a todo lo que involucra el concepto general de “gastos” del Plan de contabilidad, pues, de lo contrario, como lo afirma el demandante, no tendría ningún sentido que el legislador hiciera esa precisión.

Determinar la base sobre la totalidad de los gastos administrativos, de comercialización, investigación y financiación que son los grupos que conforman los Gastos según el numeral 4.2.8.4.2 de la Resolución demandada, o a las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones según las descripciones de la Clase 5-Gastos, amplía lo previsto en el numeral 85.2 de la Ley 142 de 1994, ya que involucra gastos no contemplados en la norma reglamentada. Si bien en el numeral 85.1 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 se mencionan como parámetros los gastos de funcionamiento, la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, estos son para establecer los costos de los servicios prestados por los entes de control y vigilancia, pero para el cálculo propiamente de las contribuciones especiales, solamente se refiere a los gastos de funcionamiento.

En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6 de la descripción de la Clase 5-Gastos y en las cuentas del Grupo 75 de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2 de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento sólo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible(12) con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.

Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2 de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las Comisiones de Regulación, todas las cuentas de la Clase 5-Gastos, así como las cuentas del grupo 75 – Costos de producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador”. (resaltas propias)

Entonces, conforme con el aparte transcrito, no todas las cuentas contenidas en el grupo de la Clase 5-Gastos, hacen parte del concepto de “gastos de funcionamiento”, especialmente las del Grupo 53 referidas a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, y aquellas otras, que sin estar especificadas expresamente en la sentencia, no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios públicos domiciliarios que se prestan.

En la sentencia del 26 de enero de 2012(13), en la que se declaró la legalidad condicionada del artículo 1º de la Resolución SSPD-20071300016655 del 26 de junio de 2007, proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en la que se estableció la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2007(14), se dispuso que la expresión “gastos de funcionamiento”, debía entenderse como aquellos asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente, conforme lo dispone el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994.

Entonces, de acuerdo con la sentencia de nulidad del 23 de septiembre de 2010(15), que anuló el inciso 6de la descripción de la Clase 5-Gastos del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, que incide en la situación particular y concreta que se estudia, los “gastos de funcionamiento” deben entenderse como los ha definido la jurisprudencia de esta Sección. No en la forma que aparece en el Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios.

3.3. Caso concreto.

En el sub examine, pese a que la Superservicios cuestionó la motivación de la decisión de primera instancia y pidió que se mirara con precaución lo dicho en la sentencia 16874, finalmente pidió que se incluyeran como gastos de funcionamiento las cuentas 5120 —impuestos tasas y contribuciones— y 5815 —ajustes de ejercicios anteriores— razón por la que la Sala se limitará a estudiar si esas dos cuentas constituyen gastos de funcionamiento, como lo expresó la apelante.

3.3.1. De si los gastos de las cuentas 5120 (impuestos, tasas y contribuciones) se consideran gastos de funcionamiento para efectos de calcular la contribución especial.

De acuerdo con lo dispuesto en el de Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, la cuenta 51, define los gastos de administración, así:

Cuentas representativas de los valores causados para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de apoyo (procesos estratégicos y de soporte) que sin tener relación directa con el objeto social del ente prestador de servicios públicos domiciliarios, sirven para lograr el cumplimiento de la misión.

En este grupo debe registrarse, además, los valores correspondientes a la disminución gradual de los activos diferidos, siempre que se traten de gastos de administración, con el propósito de reconocer y causar el gasto económico”.

Es en esta cuenta que se encuentran registrados los impuestos, tasas y contribuciones, cuya descripción es la siguiente:

“Descripción

Valor de los tributos causados a cargo del ente prestador de servicios públicos domiciliarios originados en impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del Estado de conformidad con las disposiciones legales vigentes, tales como: impuesto predial e industria y comercio, entre otros.

Así mismo, comprende las contribuciones de los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios a las comisiones de regulación y superintendencias, y a las contralorías por el ejercicio de la función vigilancia y control.

La contrapartida corresponde a las subcuentas que conforman la cuenta 2440-Impuestos, contribuciones y tasas por pagar.

De conformidad con lo dispuesto por esta Sala en la Sentencia 18931 del 25 de abril de 2013(16), los impuestos, tasas o contribuciones que pagan entidades como la demandante no constituyen gastos de funcionamiento, toda vez que su erogación no es necesaria para cumplir el objeto social.

Esta Sección ha considerado que si bien el pago de tributos es una obligación legal, dicho gasto no tiene relación directa e inescindible con el servicio público domiciliario que se presta.

Sobre el particular es pertinente reiterar(17) que los tributos que pagan las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con excepción de las contribuciones especiales de la Ley 142 de 1994, tienen hechos generadores diferentes de la prestación de los servicios públicos, lo que demuestra que la causación de los mismos no depende, ni se relaciona obligatoria o necesariamente, con la ejecución del objeto social de las empresas.

A lo anterior se agrega que tomar como base gravable lo pagado por concepto de tributos para establecer el pago de una contribución, a juicio de esta Sala constituye una doble tributación por el mismo hecho económico y contraría los principios de equidad y progresividad que fundan el sistema tributario (art. 363), por cuanto “desconocería la capacidad contributiva de los contribuyentes, que pretende establecer una correlación entre la obligación tributaria y su capacidad económica, de suerte que sea su capacidad económica [no, el monto de lo pagado en tributos] la que sirva de parámetro para cumplir con su deber de contribuir con el financiamiento de las cargas públicas del Estado, consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política”(18).

En ese orden, la cuenta 5120 correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones tampoco puede ser tomada como parte de la base gravable para determinar el monto de la contribución especial, en tanto no hace parte de los gastos de funcionamiento de la empresa, asociados al servicio regulado, esto es, a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

3.3.2. De si los gastos de las cuentas 5815 (ajustes de ejercicios anteriores) se consideran gastos de funcionamiento para efectos de calcular la contribución especial.

De acuerdo con la descripción que aparece en el Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, la cuenta del grupo 5815 corresponde a la corrección hechos o eventos financieros, económicos y sociales, originados en vigencias anteriores. Que, igualmente, registra la corrección de errores, originados por equivocaciones matemáticas o, en la aplicación de los principios y normas contables.

La Sala aclara que dicha corrección no necesariamente tiene que corresponder a gastos por operaciones asociadas al servicio objeto de vigilancia. En efecto, de acuerdo con las pruebas que aparecen en el expediente, la liquidación de la contribución especial a cargo de la demandante, en la que se incluyó como base la cuenta 5815, correspondiente al ajuste de ejercicios anteriores, por un valor de $258’555.955, se encuentra conformada por las siguientes subcuentas:

Cuentas  Total
5815Ajuste de ejercicios anteriores$258.555.955
581510Gastos generales$495.966
581511Impuestos, contribuciones y tasas$15.273.602
581537Provisiones diversas$242.786.387

Atendiendo a los efectos de la sentencia 16874 y a lo dispuesto en las sentencias 18828, 18930 y 18931, se concluye que los contenidos de las cuentas 5304 –provisión para deudores, 5313 –provisión para obligaciones fiscales y las pertenecientes al grupo 53-Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones no son gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación y, por tanto no deben ser incluidos en el cálculo para la base de la contribución.

Lo mismo ocurre con lo relacionado con el ajuste por pago de impuestos, contribuciones y tasas de la subcuenta 581511, pues, como se dijo en el capítulo anterior, ni están directamente relacionadas con el servicio sometido a regulación, ni pueden tomarse como base, en tanto vulnerarían los principios de equidad y de progresividad, conforme con el artículo 363 de la Constitución Política.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la subcuenta 581510 correspondiente al ajuste de gastos generales de ejercicios anteriores, como pasa a verse:

De acuerdo con la definición que aparece en el Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, gastos generales es la cuenta que representa el valor de los gastos no originados en la prestación de los servicios personales, que son necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del ente prestador de servicios públicos domiciliarios. Pueden corresponder a pagos por servicios públicos (agua, electricidad), de salarios, publicidad, arriendos, entre otros.

En el caso concreto, el rubro originado en el ajuste de ejercicios anteriores de la subcuenta 581510, por valor de $495.966, no discrimina la destinación del gasto general. En el expediente no aparece prueba que dé cuenta de si ese gasto se relacionó o no con el funcionamiento de la entidad vigilada, hecho que le correspondía acreditar al demandante. En consecuencia, la Sala considera que forma parte de la base de la contribución especial, con fundamento en que, de acuerdo con la definición del Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, se establecen como gastos de apoyo para el normal funcionamiento de la empresa.

Por lo anterior, la Sala efectuará una nueva liquidación de la contribución a cargo de la demandante, que quedará así:

CuentaDetalle de las cuentasLiquidación SSPDLiquidación final
5101Sueldos y salarios5.172.503.9825.172.503.982
5102Contribuciones imputadas1.290.465.6091.290.465.609
5103Contribuciones efectivas687.088.179687.088.179
5104Aportes sobre la nómina108.318.598108.318.598
5111Generales8.379.760.4428.379.760.442
5120Impuestos, contribuciones y tasas972.189.7020
5304Provisión deudores2.206.9580
5313Provisión para obligaciones fiscales /PE57.807.207.2730
5314Provisiones para contingencias1.199.105.6310
5317Amortización de propiedades, plantas y equipos337.524.9990
5345Amortización de intangibles55.116.1810
5805Financieros522.246.715522.246.715
5810Extraordinarios997.956.231876.533.431
5815Ajuste de ejercicios anteriores258.555.955495.966
 Total base77.790.246.45517.037.410.922
Por tarifa0.6497%0.6497%
 Valor liquidación contribución 2008505.403.000110.692.059

Finalmente, a título de restablecimiento del derecho se declara que la parte actora está obligada a pagar por concepto de la contribución especial la suma de $110.692.059.

Adicionalmente, dado que está probado en el proceso que la demandante pagó un total de $505.403.000(19), se ordenará a la Superintendencia demandada que devuelva la diferencia entre el pago hecho por la demandante y el valor liquidado en esta sentencia, para un total de $324.710.941.

La condena se ejecutará en los términos de los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que no hay norma que justifique el reconocimiento de los intereses legales del 6% del artículo 1617 del Código Civil.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMANSElos numerales 1 y 2 de la sentencia del 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. MODIFÍCASEel numeral 3 de la sentencia apelada, que quedará así:

3. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE que AES Chivor & CÍA. SCA ESP solo está obligada a pagar la suma de $110.692.059, por concepto de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, correspondiente al año gravable 2008, de acuerdo con lo liquidado en la parte motiva de esta sentencia, y CONDÉNASE a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a devolver el valor pagado en exceso por la contribución especial año 2008, por la suma de $324.710.941, en los términos de los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(6) Ley de servicios públicos domiciliarios.

(7) Tomado de la sentencia proferida por la Sala el tres (03) de abril de dos mil catorce (2014), en el expediente 25000-23-27-000-2009-00068-01 (19054). Demandante: Termobarranquilla S.A. ESP-TEBSA. Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

(8) M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(9) Expediente 15771, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(10) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 16874.

(11) El numeral 4.2.7.2 de la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contenido dentro de las normas técnicas generales establece la “contabilidad de causación o por acumulación” según el cual “los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer en el período en el cual se realizan los hechos financieros y económicos, y no cuando se pague o se reciba el efectivo o su equivalencia”.

(12) Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, expediente 15771, M.P. María Inés Ortiz Barbosa y del 4 de febrero de 2010, expediente 17206, M.P. William Giraldo Giraldo, ha analizado si los gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que “aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, si sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.

(13) C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 16841.

(14) ART. 1º—Tarifa y base para liquidar la contribución especial para la vigencia 2007. Fijar la tarifa de la contribución especial que deben pagar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspección, control y vigilancia por la vigencia 2007, en el 0.41176 por ciento (0.4117%) de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente causados en el año 2006, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia a través del Sistema Único de Información, SUI. (negrillas fuera de texto).

(15) Expediente 16874.

(16) M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(17) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Sentencia del 14 de agosto de 2014 25000-23-27-000-2011-00207-01 (19853). AES Chivor & CIA SCA ESP Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. M.P. Jorge Octavio Ramírez.

(18) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 1º de febrero de 2002, radicación 25000-23-27-000-2000-0562-01(12522), C.P. Germán Ayala Mantilla.

(19) Folio 63 del cdno. ppal.