Sentencia 2010-00066 de mayo 21 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Universidad de Cundinamarca

Demandado: Departamento de Cundinamarca

Radicado: 250002327000-2010-00066-01 (18851)

Decisión: Confirma la sentencia - modifica numeral

Asunto: Estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Problema jurídico

Debe la Sala determinar si, en este caso, se vulnera la autonomía de la Universidad de Cundinamarca, UDEC (i) por la priorización del desarrollo de proyectos de infraestructura educativa en algunas sedes de la referida universidad, señalada por la Asamblea de Cundinamarca en el parágrafo primero del artículo 3º de la Ordenanza 39 de 2009 y (ii) por la aplicación de la retención del 20% del recaudo de la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca con destino al fondo de pensiones de esa universidad o en su defecto al del departamento de Cundinamarca, en los términos señalados en el parágrafo segundo del artículo 3º de la ordenanza en cita.

1. La estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca.

Mediante la Ley 1230 de 2008 se creó la estampilla prodesarrollo Universidad de Cundinamarca, UDEC (art. 1º) y se autorizó a la Asamblea de Cundinamarca para que ordene su emisión (art. 2º) y determine las características, tarifas, hechos, actos administrativos u objetos del gravamen, excepciones y todos los demás asuntos referentes al uso y pago obligatorio de la estampilla, en las actividades y operaciones que se deban realizar y ejecutar en todo el departamento de Cundinamarca y sus respectivos municipios, en las entidades descentralizadas de unos y otros (art. 4º).

En relación con el recaudo del tributo, se autorizó al departamento de Cundinamarca para realizarlo (art. 6º) y se dispuso que el traslado de los recursos a la Universidad de Cundinamarca, en ningún caso superará los treinta (30) días siguientes al recaudo respectivo (art. 6º, par.), recaudo y pago que tendrá una contabilidad única especial y separada (art. 8º).

En lo que tiene que ver con el recaudo “total”(3) de la estampilla se previó su distribución y destinación en la forma prevista en el artículo 3º de la Ley 1230 de 2008, corregido por el artículo 1º del Decreto 4400 de 2008(4), así:

30%Para inversión en el mantenimiento, ampliación y modernización de su planta física, futuras ampliaciones y construcciones
30%Para el desarrollo y modernización de la infraestructura tecnológica de la solución de tecnologías de información, plataforma virtual, comunicaciones, digitalización y educación virtual
20%En investigación científica
5%En modernización y dotación de los laboratorios
5%En modernización y dotación de las bibliotecas y para el fondo editorial
5%En la modernización de un centro de archivo y documental
5%Para un programa especial de becas académicas y estudiantiles

2. La Ordenanza 39 de 2009.

Con fundamento en la Ley 1230 de 2008, la Asamblea de Cundinamarca ordenó la emisión de la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, mediante la Ordenanza 39 de 2009.

En esta ordenanza se previó que los recursos provenientes del recaudo por concepto de esta estampilla se destinarán exclusivamente a financiar las inversiones de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, en lo que tiene que ver con el mantenimiento, ampliación y modernización de su planta física, infraestructura tecnológica, investigación científica, modernización de un centro de archivo y documental, becas académicas y estudiantiles (art. 2º).

En relación con la inversión, el artículo 3º señaló la distribución y destinación del valor correspondiente al recaudo por concepto de la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca. En esta norma se reproduce de manera íntegra el contenido del artículo 3º de la Ley 1230 de 2008, con la corrección incorporada mediante el artículo 1º del Decreto 4400 de 2008.

Adicionalmente se señaló lo siguiente:

“PAR. 1º—Los recursos generados por la estampilla se ejecutarán con sujeción al plan de desarrollo de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, en concordancia con el plan de desarrollo departamental que establezca programas para fortalecer la educación superior de los cundinamarqueses, todo sin perjuicio de la autonomía universitaria. Se prioriza el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa en las sedes de la Universidad de Cundinamarca, ubicada en los municipios de Chía, Zipaquirá, Soacha, Girardot, entre otras, incluyendo la construcción del auditorio en la sede en el municipio de Fusagasugá”.

“PAR. 2º—En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 863 de 2003, el 20% del recaudo total de la estampilla será destinado al fondo de pensiones de la Universidad de Cundinamarca, UDEC. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje antes mencionado se destinará al pasivo pensional del departamento de Cundinamarca conforme lo dispone la ley”.

Es decir, la asamblea departamental en relación con la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca: (i) priorizó la realización de proyectos de infraestructura en unas sedes específicas de la universidad y (ii) previó la retención del 20% del recaudo total de la estampilla en el porcentaje y términos señalados en el artículo 47 de la Ley 863 de 2003.

Estos dos aspectos constituyen la litis en el presente proceso, motivo por el cual, se analizará cada uno de ellos, en los términos expuestos en el recurso de apelación.

3.1. La priorización de proyectos señalada en el parágrafo primero del artículo 3º de la Ordenanza 39 de 2009.

3.1.1. Argumentos del recurso.

Expuso la parte demandada que las tareas de inversión señaladas en el parágrafo primero del artículo tercero de la Ordenanza 39 de 2009 fueron concertadas entre el ejecutivo departamental y la Universidad de Cundinamarca, teniendo en cuenta el plan de desarrollo departamental y el plan decenal.

3.1.2. La autonomía universitaria.

3.1.2.1. En el artículo 69 de la Constitución Política se garantiza la autonomía universitaria en los siguientes términos:

“Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

3.1.2.2. A su vez, el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de educación superior, prevé que las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.

Entes que gozan de personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que les corresponden.

3.1.2.3. Esta autonomía ha sido definida por la Corte como: “(...) la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior(5).

3.1.2.4. Esa misma corporación ha establecido que el contenido de la autonomía universitaria está dado principalmente por dos grandes facultades(6): (i) la dirección ideológica del centro educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación y (ii) la potestad de establecer su propia organización interna; esto significa concretamente que la universidad, autónomamente, adopta las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes(7).

3.1.2.5. Autonomía universitaria que no es absoluta en la medida en que existen límites a esta potestad, dados principalmente por la ley y el respeto a los derechos fundamentales de toda la comunidad del centro universitario(8).

3.1.3. La autonomía universitaria en el manejo de recursos. Aplicación en el caso concreto.

3.1.3.1. En lo que interesa en este asunto, es claro que a la Universidad de Cundinamarca le asiste el derecho a manejar sus recursos para el cumplimiento de su función institucional.

En efecto, es indiscutible que una de las funciones inherentes a las universidades y esenciales a su capacidad de autorregulación administrativa es la de aprobar su presupuesto y manejar sus propios recursos de forma independiente.

3.1.3.2. Al respecto y con fundamento en el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, ha dicho la Corte que “Las universidades tienen la facultad de distribuir sus recursos según sus necesidades y prioridades, las cuales son definidas de manera autónoma por dichos entes sin intervención alguna por parte de la autoridad pública o del sector privado”(9).

3.1.3.3. Tratándose de los recursos provenientes por concepto de estampillas, esa misma corporación ha señalado que “de conformidad con el artículo 338 superior en materia de tasas y contribuciones, existe reserva legal para efectos de señalar la “forma” en que los recaudos o beneficios deben ser repartidos, es decir los límites materiales de aplicación del recaudo, de manera que ninguna autoridad administrativa se encuentra autorizada para este propósito. Por esta primera razón, la Corte Constitucional no encuentra reparo en que sea la ley en sentido material, la que en el caso concreto haya señalado los límites porcentuales de destinación del recaudo en beneficio de la Universidad de la Guajira, pues basta indicar que la norma apenas señala un límite material de distribución del recaudo, sin inmiscuirse en la aplicación de dichos porcentajes o en la ejecución del gasto”(10).

De manera que, en los términos del artículo 338 superior, la determinación y destinación de los recursos que se obtengan con ocasión del recaudo de un tributo se encuentra supeditada a la destinación y forma de aplicación señaladas en la ley.

3.1.3.4. En este orden de ideas, advierte la Sala que una vez el departamento de Cundinamarca —sujeto activo del tributo— ha trasladado los recursos recaudados por concepto de la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca —beneficiaria—, es a esta a quien le asiste la facultad de distribuir dichos recursos conforme a las necesidades, requerimientos, prioridades y planeación que ese ente de manera autónoma establezca, eso sí, dentro de los límites fijados en el artículo 3º de la Ley 1230 de 2008, corregido por el artículo 1º del Decreto 4400 de 2008, reiterados en la Ordenanza 39 de 2008, en cuanto a porcentaje de inversión y programas a desarrollar.

De esta manera se preserva la autonomía de la universidad en aquello que tiene que ver con la ejecución de los recursos de orden tributario.

3.1.3.5. Por estas razones, se concluye que la Asamblea del departamento de Cundinamarca se extralimitó al señalar en el parágrafo primero del artículo tercero de la Ordenanza 39 de 2009 la ejecución de manera prioritaria del “desarrollo de proyectos de infraestructura educativa en las sedes de la Universidad de Cundinamarca, ubicada en los municipios de Chía, Zipaquirá, Soacha, Girardot, entre otras, incluyendo la construcción del auditorio de la sede en el municipio de Fusagasugá”.

3.1.3.6. En consecuencia, le asiste razón al tribunal al declarar la nulidad de este aparte. No obstante, se modificará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad del “inciso segundo” del citado parágrafo, puesto que este parágrafo carece de tal inciso.

3.1.3.7. Respecto del numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que declaró “conforme a derecho el parágrafo primero del artículo 3º de la Ordenanza 39 de Septiembre 30 de 2009 de la Asamblea del departamento de Cundinamarca, en la interpretación que del mismo se ha hecho en esta providencia”, esta Sala no emitirá pronunciamiento alguno, puesto que en el recurso de apelación no se presentó argumento que controvierta lo expuesto en esa oportunidad.

3.1.4. Aplicación de la retención del 20% del recaudo total de la estampilla señalada en el parágrafo segundo del artículo 3º de la Ordenanza 39 de 2009.

En los términos del recurso de apelación, son varios los aspectos que se deben analizar:

3.1.4.1. La retención por estampillas con destino a los fondos de pensiones

3.1.4.1.1. Para la parte demandante, la retención prevista en el artículo 47 de la Ley 863 de 2003 fue instituida únicamente para las entidades territoriales —C.P., art. 286—, calidad que no ostenta la Universidad de Cundinamarca por tratarse de una institución estatal de educación superior reconocida como universidad mediante la resolución del Ministerio de Educación Nacional 19530 de 1992.

El artículo 47 de la citada ley, por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas, previó la retención por estampillas en los siguientes términos:

ART. 47.—Retención por estampillas. Los ingresos que perciban las entidades territoriales por concepto de estampillas autorizadas por la ley, serán objeto de una retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo pensional del respectivo municipio o departamento”.

Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en relación con el cargo de violación al principio de autonomía de las entidades territoriales.

Consideró la Corte que este artículo no desconoce la autonomía de las entidades territoriales en el manejo de sus recursos porque:

“(...) la previsión allí contenida se orienta a atender un problema que no solamente tiene un enorme impacto sobre las finanzas públicas sino que plantea un problema social de graves proporciones, que afecta no solo a quienes están llamados a ser beneficiarios directos de la destinación especial prevista en la ley, sino a todos los habitantes del territorio nacional, en la medida en que la cobertura del pasivo pensional compromete al Estado en su integridad, situación que constituye una clara amenaza para el presupuesto nacional, compromete la estabilidad económica, y responde a una cuestión social que trasciende el ámbito meramente regional o local”(11).

En esta oportunidad reiteró la Corte el criterio según el cual: “cuando se trata de recursos territoriales provenientes de fuente endógena (recursos propios), la posibilidad de intervención por parte del legislador aparece muy restringida, pues de otra forma la autonomía financiera de las entidades territoriales correría el riesgo de perder su esencia”(12).

Y recalcó que “dentro del marco de generalidad de la ley de autorizaciones a que se ha hecho referencia, bien puede incluir el legislador, en ejercicio de su soberanía impositiva, la destinación del recaudo a que aluden las leyes demandadas, siempre que no implique una intervención injustificada en la autonomía de los entes territoriales(13).

El artículo 47 de la Ley 863 de 2003 indica la destinación que las entidades territoriales deben darle al 20% de los ingresos recaudados por concepto del tributo —estampillas— autorizado por el legislador en forma previa.

Le asiste razón a la parte demandante al afirmar que las universidades no son entes territoriales como tampoco hacen parte de la rama ejecutiva, precisamente, por tratarse de instituciones que “para mantener y preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias del poder político, en consecuencia no pueden entenderse como parte integrante de la administración, o como organismos supeditados al poder ejecutivo, ellas deben actuar con independencia del mismo y no estar sujetas a un control de tutela como el concebido para los establecimientos públicos, concepto que por sí mismo niega la autonomía”(14).

Sin embargo, se equivoca al afirmar que en el parágrafo segundo del artículo 3º de la Ordenanza 39 de 2009 se está equiparando a la universidad con un ente territorial, porque lo cierto es que el sujeto activo del tributo —estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca, UDEC,— es el departamento de Cundinamarca, no la Universidad de Cundinamarca, de manera que lo obtenido por tales ingresos corresponden a recursos endógenos de la entidad territorial que en cumplimiento de la ley debe destinar a la promoción educativa del nivel universitario del departamento, atendiendo en todo caso, los límites señalados en la ley(15).

Es clara la Corte en señalar que “al tratarse de una tasa del orden territorial, los recursos se contabilizan en el ente territorial como un ingreso ordinario de origen tributario, en su condición de sujeto activo del tributo, sin perjuicio de la aplicación que de acuerdo con la ley deba darse al recaudo. Por esa misma razón no puede afirmarse que en estricto sentido dichos recaudos ingresan directamente al patrimonio del ente educativo o que sean recursos endógenos de este(16) (resalta la Sala).

En conclusión, contrario al razonamiento hecho por la parte demandante, en la Ordenanza 39 de 2009 no se está equiparando a la Universidad de Cundinamarca con los entes territoriales, tan solo se está atendiendo una norma de rango superior que prevé una retención que los entes territoriales en su calidad de sujetos activos de un tributo —estampilla— deben practicar respecto de unos ingresos que se deben trasladar al ente beneficiario —Universidad de Cundinamarca— en pro de la cobertura del pasivo pensional, ya sea del ente universitario o del ente territorial.

3.1.4.1.2. Menciona la parte apelante que el parágrafo segundo de la Ordenanza 39 de 2009 desconoce la Ley 1230 de 2008 porque: (i) si se descuenta el 20% por concepto de retención del recaudo total de la estampilla, necesariamente se están modificando los porcentajes señalados en el artículo 3º de la ley habilitante, en el que se distribuyó el 100% del recaudo de la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, (ii) el recaudo por este concepto debe tener una contabilidad única especial y separada (art. 8º) y (iii) la ley no facultó a la asamblea para establecer la destinación ni el beneficiario de la estampilla por tratarse de conceptos señalados en los artículos 3º y 8º de la Ley 1230 de 2008.

3.1.4.1.2.1. El artículo 47 de la Ley 863 de 2003 señala que el 20% del recaudo de las estampillas debe destinarse a cubrir o financiar el pasivo pensional de las entidades beneficiarias, en este caso, de la Universidad de Cundinamarca.

Entonces, si la entidad destinataria de los recursos por concepto de estampillas autorizadas por la ley, no tiene pasivo pensional, los recursos originados en el 20% de los ingresos generados por la estampilla se destinarán al pasivo pensional del sujeto activo del tributo, es decir, al departamento de Cundinamarca.

De manera que, una vez cubierto totalmente el pasivo pensional de la entidad destinataria, el remanente debe destinarse a financiar el pasivo pensional del departamento, si tal pasivo existe. En la medida en que la entidad territorial no tenga pasivo pensional, o que el valor del mismo sea inferior al 20% del recaudo del impuesto, tal porcentaje, o la parte de este que exceda la cuantía del pasivo pensional del departamento, debe entregarse, junto con los demás recursos obtenidos con el tributo, a los fines señalados en la norma que creó la estampilla(17).

Ha dicho esta corporación que “la retención ordenada por el artículo 47 de la Ley 863 de 2003 debe practicarse sobre la totalidad de los ingresos por concepto de estampillas, que cada entidad territorial esté recaudando, esto es, las estampillas para universidades, hospitales, cultura, electrificación, desarrollo, etc.”(18).

De manera que las “sumas retenidas tienen, por expresa disposición de la norma que se analiza, una única destinación: el pago del pasivo pensional, pero en cabeza de varios destinatarios: en primer término, esos recursos deben atender los fondos pensionales de las entidades beneficiarias de los ingresos por estampillas; en segundo término y solo si esas beneficiarias no tienen pasivo pensional, los recursos irán a cubrir el pasivo pensional del departamento o municipio, esto es, de la entidad territorial que percibe los ingresos”.

Entonces, no es acertado el razonamiento hecho por la parte demandante en el sentido de que el descuento del 20% por concepto de retención del recaudo total de la estampilla, necesariamente modifica los porcentajes señalados en el artículo 3º de la Ley 1230 de 2008, con la corrección incorporada mediante el artículo 1º del Decreto 4400 de 2008 porque es claro que la distribución señalada en la ley habilitante debe realizarse —de manera autónoma y dentro de los límites señalados en la ley— una vez los recursos por concepto de la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca ingresan al patrimonio del ente educativo, previa retención del 20% del tributo con destino a los fondos de pensiones ya sea de la misma universidad o del ente territorial, en los términos explicados con antelación.

3.1.4.1.2.2. Es cierto que conforme con el artículo 8º de la Ley 1230 de 2008 el recaudo y pago de la estampilla tendrá una contabilidad única especial y separada, circunstancia que no condiciona ni afecta el cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 863 de 2009 como tampoco en el parágrafo segundo del artículo tercero de la Ordenanza 39 de 2009.

3.1.4.1.2.3. En relación con el otro argumento presentado por la parte demandante, en el sentido que la ley no facultó a la asamblea para establecer la destinación ni el beneficiario de la estampilla por tratarse de conceptos señalados en los artículos 3º y 8º de la Ley 1230 de 2008, advierte la Sala que en el artículo tercero de la Ordenanza 39 de 2009 la asamblea reprodujo el contenido del artículo 3º de la Ley 1230 de 2008, con la corrección incorporada mediante el artículo 1º del Decreto 4400 de 2008 en cuanto a distribución y destinación del recaudo por concepto de la estampilla prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca, es decir, no se modificó la destinación del tributo —señalado en la norma que creó la estampilla— como tampoco su beneficiario —ente universitario—.

Además, tal como se explicó con anterioridad, el hecho de que la asamblea señale el porcentaje de retención por estampillas prevista en el artículo 47 de la Ley 863 de 2009 no desconoce per se la Ley 1230 de 2008.

3.1.4.1.3. Afirma la parte actora que el artículo 47 de la Ley 863 de 2003 no resulta aplicable al caso concreto, y de ser aplicable, se está en presencia de un conflicto respecto de la aplicación de las leyes, por colisión de ésta con la Ley 1230 de 2008.

Contrario a lo afirmado por esta parte, entre las normas en cita no se configura la antinomia, entendida como aquella situación en la que en un sistema jurídico dos normas establecen consecuencias jurídicas distintas para el mismo supuesto de hecho.

Así las cosas, en el sub examine no se puede predicar incongruencia o contradicción —real o aparente— entre estas leyes porque ambas resultan aplicables al caso y las soluciones en ellas expuestas no resultan contradictorias en la medida en que la distribución señalada en el artículo 3º de la Ley 1230 de 2008, corregido por el artículo 1º del Decreto 4400 de 2008 —norma habilitante— se realiza una vez se ha aplicado el 20% de retención previsto en el artículo 47 de la Ley 863 de 2003, si a ello hubiere lugar, a favor de la universidad o del ente territorial, en los términos explicados en el numeral 3.1.4.1.2.1 de esta sentencia.

Por las razones expuestas, tampoco es de recibo el argumento, según el cual, al no tener la universidad fondo de pensiones, no le es aplicable el parágrafo segundo del artículo 3º de la Ordenanza 39 de 2009.

3.1.4.1.4. Finalmente, la Universidad de Cundinamarca, en los alegatos de conclusión, solicita que se inaplique el aparte del artículo 47 de la Ley 863 de 2003, según el cual: “En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo pensional del respectivo municipio o departamento”.

Al respecto, advierte la Sala que aun cuando es cierto que la Universidad de Cundinamarca no tiene relación con el pasivo pensional del departamento de Cundinamarca, también lo es que el ente universitario es el beneficiario, mas no, el sujeto activo del tributo —estampilla—; por lo tanto, el recaudo por este concepto ingresa al ente territorial como un ingreso ordinario de origen tributario que independientemente del destino que deba dársele a este recaudo en beneficio de un ente universitario autónomo determinado, debe observar una norma que ha sido declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la cual se pretende atender un problema de índole social que, en palabras de la Corte, constituye “una clara amenaza para el presupuesto nacional, compromete la estabilidad económica, y responde a una cuestión social que trasciende el ámbito meramente regional o local”(19).

Por lo tanto, si para la Corte Constitucional esta norma no desconoce la autonomía de las entidades territoriales —sujeto activo de la estampilla— mucho menos va a afectar la autonomía del ente universitario —beneficiario del tributo—; de manera que para la Sala no es procedente la excepción de inconstitucionalidad porque en el sub examine no se advierte que el aparte señalado contraríe directa y abiertamente el artículo 69 de la Constitución Política.

4. Conclusión.

Teniendo en cuenta que la priorización de proyectos señalada por la Asamblea de Cundinamarca en el parágrafo primero del artículo 3º de la Ordenanza 39 de 2009 desconoce la autonomía de la Universidad de Cundinamarca, le asiste razón al tribunal al declarar la nulidad de esta disposición.

Sin embargo, se modificará la sentencia en cuanto declaró la nulidad del “inciso segundo” del citado parágrafo, puesto que este parágrafo carece de tal inciso. En su lugar, se declarará la nulidad parcial del citado parágrafo, en el aparte pertinente.

Por otra parte, habida consideración de que la aplicación de la retención del 20% del recaudo total de la estampilla señalada en el parágrafo segundo del artículo 3º de la Ordenanza 39 de 2009 no desconoce la autonomía de la Universidad de Cundinamarca como tampoco contraría las normas señaladas por la parte demandante, la sentencia del tribunal se encuentra ajustada a derecho y, por ende, se debe confirmar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 18 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca. En su lugar:

DECLÁRASE la nulidad parcial del parágrafo primero del artículo tercero de la Ordenanza 39 del 30 de septiembre de 2009 de la Asamblea de Cundinamarca, en el aparte resaltado.

“PAR. 1º—Los recursos generados por la estampilla se ejecutarán con sujeción al plan de desarrollo de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, en concordancia con el plan de desarrollo departamental que establezca programas para fortalecer la educación superior de los cundinamarqueses, todo sin perjuicio de la autonomía universitaria. Se prioriza el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa en las sedes de la Universidad de Cundinamarca, ubicada en los municipios de Chía, Zipaquirá, Soacha, Girardot, entre otras, incluyendo la construcción del auditorio en la sede en el municipio de Fusagasugá”.

2. CONFÍRMESE en lo demás.

3. Reconócese personería a la doctora Nahir Lucía Zapata Arboleda, como apoderada del departamento de Cundinamarca, en los términos y para los fines del memorial poder conferido, visible en el folio 330 del plenario.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(3) Ver el artículo 8º de la Ley 1230 de 2008.

(4) Se corrige el yerro contenido en el artículo 3º de la Ley 1230 del 16 de julio de 2008, en el que se omitió involuntariamente incluir el 5% para modernización y dotación de los laboratorios y el 5% para modernización y dotación de las bibliotecas para el fondo editorial.

(5) Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) Cfr. Sentencia T-141 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(7) Cfr. Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(8) Cfr. sentencias T-933 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-020 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(9) Sentencia C-768 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(10) Ibídem.

(11) Sentencia C-910 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(12) Sentencia C-089 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Cfr. Sentencia C873 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(14) Sentencia C-220 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

(15) Cfr. Sentencia C-768 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(16) Ibídem.

(17) Cfr. el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 2 de agosto de 2013, radicado 11001-03-06-000-2013-00339-00 (2153), C.P. Augusto Hernández Becerra, referencia: Estampilla prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana. Pasivo pensional.

(18) Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 29 de julio de 2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00041-00(1996), C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, referencia: Financiación de universidades públicas. Obligaciones de las entidades territoriales. Situación de la Universidad del Atlántico y el departamento del Atlántico.

(19) Sentencia C-910 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.