Sentencia 2010-00066 de abril 23 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado 680011102000201000066 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: veintidós de abril de dos mil catorce.

Aprobado según acta de Sala 28 de la fecha.

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Esta Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia de las providencias emitidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256(14) de la Constitución Política y 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(15).

Sea lo primero aclarar, que el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, el cual se encuentra contenido en el título XII, del régimen de los funcionarios de la rama judicial, establece que “(…) Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código (…)”.

Significa lo anterior, que la transgresión de los deberes endilgados a los funcionarios de la rama judicial son los contemplados en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, concretamente en el artículo 153 y las prohibiciones contenidas en el artículo 154 ibídem, a lo cual se suman las faltas gravísimas de la Ley 734 de 2002.

Con relación al contenido y alcance del derecho disciplinario, se ha señalado que, su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas configurativas de falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Del asunto en concreto: Se trata de resolver en grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el 14 de febrero de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(16), por medio de la cual se declaró disciplinariamente responsable al doctor Libardo González González, en su condición de Juez 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí para la fecha de los hechos, y fue sancionado con suspensión del cargo por el término de doce (12) meses e inhabilidad especial por el mismo término, por su incursión en la conducta considerada como falta disciplinaria grave y realizada a título de dolo, concretada en la infracción injustificada del deber funcional previsto en el numeral 7º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

De la falta disciplinaria: La falta disciplinaria atribuida al letrado González González, se encuentran prevista en las siguientes disposiciones normativas:

“Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código” (resaltado fuera de texto).

“Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia.

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

(…).

7. Observar estrictamente el horario de trabajo así como los términos fijados para atender los distintos asuntos y diligencias”.

De lo probado: Decantado probatoriamente vienen a verse los siguientes elementos demostrativos:

1) Sea lo primero traer a colación las múltiples quejas —algunas de ellas anónimas— que fueron acumuladas al sub judice e impetradas contra el doctor González González, en su condición de Juez 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí para la fecha de los hechos(17), las cuales se circunscriben a que el citado funcionario no cumplía estrictamente su horario de trabajo en el despacho judicial que regentaba para ese entonces.

2) Mediante escrito aproximado por el investigado(18), éste manifestó que las veces que se había ausentado del juzgado a su cargo, ello no obedeció a capricho o incuria, sino que encontraba sustento en permisos debidamente otorgados por la autoridad competente, por incapacidad médica o por compensatorios respaldados en acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander; añadió que su despacho no cesó en sus funciones, pues el personal del mismo siempre laboró; además, deprecó no tener en consideración las quejas anónimas que sólo pretendían desprestigiar su buen nombre y honra.

De otra parte aseguró, que para los fines de dar cumplimiento a la Ley 906 de 2004, su despacho y el juzgado segundo homólogo de esa localidad, además de la competencia que le otorgó la citada norma, ofician como jueces de control de garantías y para esos efectos la Sala Administrativa creó la Unidad Judicial de San Vicente de Chucurí, con los respectivos turnos los fines de semana y festivos, a más que, de común acuerdo los dos juzgados tuvieron a bien, establecer semanalmente el reparto.

3) A través de oficio enviado por la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(19), se informó que el despacho a cargo del investigado González González, era un juzgado que debía realizar turnos de fin de semana y días festivos para atender la función de control de garantías de la Ley 906 de 2004. Por lo tanto dichos turnos se encuentran establecidos por medio de acuerdos que reposan en esa corporación(20) y que son enviados de manera oportuna a los intervinientes dentro del sistema penal acusatorio.

4) Además, la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(21), informó que revisados los archivos que reposan en ese Seccional no se tiene conocimiento sobre el presunto incumplimiento del horario y mal trato hacia los usuarios por parte del doctor Libardo González González.

5) El doctor Luis Argemiro Velasco Ariza(22), aseguró que en su condición de Director Seccional de Fiscalías de Bucaramanga (encargado), durante el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2009 al 9 de marzo de 2010, fue enterado por los doctores Henry Ardila Plata y Nayibe Flórez Villamizar, quienes fungieron como fiscales delegados ante los jueces municipales de San Vicente de Chucurí, de la situación irregular que se venía presentando con el doctor Libardo González González, en el sentido de que aquél solo hacia presencia en su despacho desde el miércoles hasta el viernes de cada semana.

6) En declaración jurada la doctora Nayibe Flórez Villamizar(23), quien dijo haberse desempeñado como Fiscal Local de San Vicente de Chucurí entre julio y septiembre de 2009, señaló que generalmente las audiencias en el despacho regentado por el funcionario investigado se programaban para los días miércoles, jueves y viernes, mientras que los otros días se adelantaban en el juzgado segundo homólogo de esa municipalidad. Preguntada por el magistrado instructor, si alguna vez vio afectado el desempeño de la fiscalía y la prestación del servicio de la administración de justicia, con el aparente incumplimiento del doctor González González de las funciones propias de su cargo, la deponente contestó de forma negativa. De otra parte, aseguró que no podía dar fe sobre si el funcionario asistía o no en los días laborales, en cambio sí, dijo que entre ella y el personal del juzgado las comunicaciones eran permanentes para efectos de la fijación de audiencias u otro tipo de situaciones.

7) Después de varias citaciones, finalmente el doctor Henry Ardila Plata acudió a manifestar su versión sobre los hechos indagados(24), asegurando que mientras se desempeñó en el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales de San Vicente de Chucurí, esto es, aproximadamente entre el mes de octubre de 2009 al mes de abril de 2010, el funcionario disciplinado, doctor González González no acudía todos los días al juzgado que regentaba; no obstante, el deponente no precisó fechas exactas de sus aseveraciones, en cambio sí, dijo que en alguna ocasión luego de presentar turno como fiscal un fin de semana, habiéndose puesto a disposición un detenido el día domingo, solicitó la realización de audiencia concentrada para el día lunes, la cual se fijó para las siete de la noche, empero, no se llevó a cabo porque las partes conciliaron momentos antes de su desarrollo, por lo que tuvo que retirar su solicitud y el proceso se archivó.

8) Por su parte, una vez llamadas a declarar frente a los hechos materia de investigación acudieron como empleadas del Juzgado 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí, las siguientes personas(25):

Yolanda Pinilla Linares, dijo laborar como notificadora del despacho desde el 4 de mayo de 2009, asegurando que el personal del mismo laboraba todos los días, sin embargo, el disciplinado “venia la mayoría de las veces a trabajar sólo los jueves y los viernes”, manifestando en algunas ocasiones que se encontraba enfermo y al final es decir, durante el año 2010, no acudía por cuanto mediante una tutela le había sido autorizado un tratamiento odontológico, por lo que se presentaron repetidas ausencias por periodos de semanas completas, desconociendo ella si tenía incapacidad o no; añadió que nunca se presentaron situaciones urgentes mientras él no estuvo, y que cuando se le requería para alguna consulta se le llamaba por teléfono y él impartía instrucciones.

Leyla Solano Estrada, dijo laborar como escribiente grado 06 del despacho desde el 1º de mayo de 2009, asegurando que el investigado asistía de miércoles a viernes y algunas semanas el día martes, pues según lo escuchó algunas veces hablar por teléfono, él tenía que acudir a muchas citas médicas y también a un tratamiento odontológico que le fue concedido por vía de tutela.

Claudia Patricia Castañeda Benítez, quien aseguró ocupar el cargo de secretaría del citado juzgado desde el 1º de mayo de 2009 manifestó, “desde el tiempo que estoy desempeñándome como secretaria, como lo manifesté en la pregunta anterior y hasta la fecha en la que laboró como titular del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esta localidad el Dr. Libardo González González, puedo manifestar que venía en el horario establecido legalmente. Había ocasiones en las que no estaba presencialmente en el municipio, por lo general venía entrada la mañana y salía hacia las cinco de la tarde. Los días que quizás no estaba en el juzgado presencialmente no me consta si estaba en un tratamiento odontológico”; aseguró que cuando él no venía, las situaciones normales se solucionaban vía telefónica y cuando se trataba de algo que ameritaba decisión de fondo, él concurría al juzgado.

9) Mediante certificación enviada por la Secretaria del Juzgado 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí(26), en la cual da cuenta de las audiencias penales realizadas desde el 1º de enero de 2009 hasta el 18 de mayo de 2010, fungiendo el doctor González González, como juez a cargo de ese despacho, se notó que se realizaron 77 diligencias de las cuales sólo 9 de ellas correspondieron a los días lunes y martes, siendo realizadas las restantes en días miércoles, jueves y viernes, y un par en días correspondientes a fines de semana.

10) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga(27), precisó que mediante Acuerdo de Sala Plena Nº 29 del 18 de mayo de 2009, le fue conferida comisión de servicios al disciplinado para acudir al curso de “Avances del sistema penal acusatorio y técnicas del juicio oral programado por el departamento de justicia de la Embajada Americana”, durante los días 18 al 22 de mayo de 2009. Además, que desde el 1º de enero de 2009 a la fecha en que le fue aceptada su renuncia, esto es, 18 de mayo de 2010, le fueron concedidos permisos para los días: noviembre 30 de 2009, febrero 10, 11, 12 de 2010 y mayo 10, 11 de la misma anualidad.

De la valoración probatoria: Corolario de todo lo anterior, se observa que en su momento le fueron formulados cargos al disciplinado por su posible desatención al deber previsto en el numeral 7º artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuanto “de manera sucesiva dejaba de asistir al lugar de trabajo los días lunes y martes de cada semana”, imputación que el investigado debió haber desvirtuado mediante la aproximación de los respectivos soportes que justificaban su inasistencia, empero no lo hizo, al punto que su defensa fue ejercida en casi todo el proceso disciplinario por la abogada de oficio que le fuera asignada ante su no comparecencia, quien a pesar de carecer de las herramientas probatorias necesarias, hizo todo lo posible para tratar de demostrar una inocencia que se encuentra plenamente desvirtuada con las pruebas allegadas al dossier.

Como se dijo, el informe interpuesto en un primer momento por el director seccional de fiscalías de Bucaramanga y que luego fuera respaldado por otros, daban cuenta igualmente de los mismos hechos, esto es, el incumplimiento del horario laboral por parte del doctor González González, en su condición de Juez 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí.

Dichas denuncias poco a poco y mientras avanzaba el proceso, fueron cobrando mayor credibilidad conforme iban siendo allegadas las probanzas que soportaban tales aseveraciones, pues así lo manifestaron las empleadas del despacho regentado por el disciplinado, cuando coincidieron en afirmar que aquél asistía la mayoría de las veces sólo los días miércoles, jueves y viernes; atestaciones bajo juramento que encuentran respaldo de la información allegada por la secretaría de ese juzgado donde se observó que de las 77 audiencias penales realizadas entre el 1º de enero de 2009 y el 18 de mayo de 2010, cuando le fue aceptada la renuncia al investigado, sólo 9 de ellas fueron consumadas los días lunes y martes, lo que corresponde a un 11.68%, mientras que el restante 88.31% se desarrollaron los días miércoles, jueves y viernes.

Además, de conformidad con la información enviada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, se tiene que los días en que le fue concedida comisión de servicios la investigado fue la semana que comprendió del 18 al 22 de mayo de 2009, y los días en que le fueron otorgados los respectivos permisos, únicamente tres de ellos corresponden a los días lunes y martes.

Es así como, los hechos obrantes en el expediente demuestran la inasistencia del disciplinado al despacho que tenía a su cargo, la mayoría de los días lunes y martes de cada semana, correspondientes a los años 2009 y 2010; no obstante, pese a lo dicho por el acusado, no se notaron excusas o soportes justificantes de su no comparecencia en tales datas, o que por lo menos refutaran los documentos y testimonios obrantes en su contra, pues pese a estar enterado del disciplinario que se le estaba adelantando, el acontecer procesal del mismo enseña que sencillamente el citado funcionario se desentendió de aquél, dejando su desarrollo y curso a su propia suerte, al punto que ni siquiera impugnó la decisión sancionatoria impuesta por el a quo, lo que permite inferir que no tenía como desvirtuar el reproche disciplinario imputado.

En este punto, es necesario precisar que el juez disciplinario encuentra acreditada la responsabilidad disciplinaria del doctor González González, a partir del material probatorio recaudado, tal como los testimonios rendidos bajo juramento, entre ellos, los del personal que laboraba en su despacho, y quienes dijeron desempeñarse en sus respectivos cargos desde el mes de mayo de 2009, además, el certificado de situaciones administrativas, la constancia de las audiencias penales realizadas desde el 2009 hasta el 18 de mayo de 2010, cuando le fue aceptada la renuncia al investigado, así como de su declaración rendida por escrito obrante a folios 21 al 27 del cuaderno principal, reconociendo el hecho de las ausencias y pretendiendo justificarlas alegando la supuesta existencia de permisos y compensatorios.

De la tipicidad: Es por ello, que el incumplimiento injustificado del deber previsto en el numeral 7º artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por parte del doctor González González, en su condición de Juez 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí, para la fecha de ocurrencia de los hechos, se adecua a la incursión en falta disciplinaria conforme a los preceptos del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por cuanto dejó de cumplir estrictamente con su horario de trabajo la mayoría de los días lunes y martes de cada semana, correspondientes a los años 2009 y 2010.

De la ilicitud sustancial: Conforme a lo consagrado en el artículo 5º del Código Disciplinario Único, la falta disciplinaria será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, siendo pertinente traer a colación lo expuesto por la honorable Corte Constitucional, quien al respecto dijo(28):

“(…). En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.

Así ha podido señalar esta corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.

Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines”.

Entonces, de lo dicho en párrafos anteriores, se tiene que el doctor González González, en su condición de Juez 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí, para la fecha de ocurrencia de los hechos, sí afectó sustancialmente el deber infringido en tanto de su conducta desplegada es necesario precisar que al contemplar como deber “el estricto cumplimiento del horario de trabajo”, no se pretendía cosa diferente que materializar los principios constitucionales de eficacia y celeridad de la administración de justicia, y en el caso sub examine, vemos cómo el investigado sobrepuso sus intereses personales sobre su deber funcional y sin justa causa faltó a su lugar de trabajo, como él mismo lo reconoció en el memorial aproximado, sin que al respecto hubiere allegado los soportes de sus inasistencias.

Por lo tanto, la inobservancia de dicho deber funcional orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas reprochables por la ley disciplinaria, no siendo el desconocimiento formal del mentado deber el causante del reproche disciplinario sino la ilicitud que debe afrentar en forma grave las reglas de sujeción a que está sometido en este caso, cuando se le encargó administrar justicia, afectación en esta magnitud materializada con su comportamiento desconocedor de su horario de trabajo, dejando de asistir a su despacho durante varios días, paralizando el trámite de procesos penales, que por los derechos que están en juego, deben evacuarse rápidamente, pero contrario a cómo piensa el disciplinado su conducta trascendió a la lesividad del deber funcional y por eso es objeto de reproche disciplinario por parte de esta jurisdicción, no en vano la presente actuación se inició por el informe del director seccional de fiscalías de Bucaramanga (e), y a ella se acumularon otras denuncias.

De la culpabilidad: Conducta dolosa, toda vez que con pleno conocimiento, dejó de asistir varios lunes y martes de los años 2009 y 2010 a su lugar de trabajo. Conocer los hechos constitutivos de la infracción disciplinaria, no es otra cosa que conocer los hechos que integran la conducta descrita en la ley. Querer la realización, o elemento volitivo del dolo es la manifestación de la voluntad que permite realizar la conducta, a pesar del conocimiento de lo que se hace y llevarla a efecto. De allí que, el conocimiento de los actos que se quieren realizar e idearlos permite a la persona motivarse en ese sentido, y en otras ocasiones abstenerse de ello; entonces, a sabiendas de que debía asistir a su lugar de trabajo no lo hizo, es decir, quiso realizar tal conducta y efectivamente la realizó a sabiendas que su investidura le imponía el cumplimiento de un horario de trabajo y los requisitos para poderse ausentar del mismo.

De la dosimetría de la sanción: Siendo ésta la consecuencia de haber encontrado una conducta típica, ilícita y culpable, habrá de tasarse la sanción tal como lo regla el Código Disciplinario Único, en el artículo 44(29), pues en forma taxativa, previó que para las faltas graves dolosas procede la suspensión en el ejercicio de cargo e inhabilidad especial.

De otra parte, dentro de los límites para imponer la suspensión, se estableció en el artículo 46 ibídem, que no puede ser inferior a un mes ni superior a doce meses, y respecto a la inhabilidad especial, se estipuló que no será inferior a treinta días ni superior a doce meses entonces, se confirmará la sanción mínima impuesta por el a quo, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a la legalidad y además considerando la existencia de antecedentes disciplinarios en contra del disciplinado a saber:

SanciónFecha sentenciaDisposición normativa infringida
Destitución e Inhabilidad general por 10 añosMayo 5 de 2010Ley 270 de 1996, artículo 153, numeral 1º

Pero, como de acuerdo al certificado de antecedentes el funcionario fue destituido e inhabilitado desde el 2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, el término de la suspensión se convertirá en multa equivalente a salarios devengados para la época de los hechos, sin perjuicio de la inhabilidad especial.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de febrero de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(30), por medio de la cual resolvió declarar disciplinariamente responsable al doctor Libardo González González, en su condición de Juez 1º Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí para la fecha de los hechos, y sancionarlo con suspensión del cargo por el término de doce (12) meses e inhabilidad especial por el mismo término, pero convertida en multa equivalente a los salarios devengados para la época de ocurrencia de los hechos, conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, por su incursión en la conducta considerada como falta disciplinaria grave y realizada a título de dolo, concretada en la infracción injustificada del deber funcional previsto en el numeral 7º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, conforme se indicó en la parte motiva de la presente providencia.

2. Por la secretaría judicial de la Sala, NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión al funcionario disciplinado; de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento establecido en la ley. Líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes, para lo cual se comisiona al a quo por el término de diez (10) días. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.»

(14) ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: … 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

(15) ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

(16) Folios 373 al 388 del cuaderno principal con ponencia del magistrado Juan Pablo Silva Prada en Sala con el magistrado Carmelo Tadeo Mendoza Lozano.

(17) Vistas a folios 2, 9, 54 y 225 al 248, cuaderno principal.

(18) Folios 21 al 27, cuaderno principal.

(19) Folios 30 y 31, cuaderno principal.

(20) Cuaderno anexo.

(21) Folio 70, cuaderno principal.

(22) Folios 28 y 29, cuaderno principal.

(23) Folios 151 al 153, cuaderno principal.

(24) Folios 342 al 344, cuaderno principal.

(25) Folios 96 al 99, cuaderno principal.

(26) Folios 85 al 89, cuaderno principal.

(27) Folios 126 al 140, cuaderno principal.

(28) Sentencia C-948 de 2002. Corte Constitucional de Colombia, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(29) ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones (…).

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas (…).

(30) Folios 373 al 388 del cuaderno principal con ponencia del magistrado Juan Pablo Silva Prada en Sala con el Magistrado Carmelo Tadeo Mendoza Lozano.