Sentencia 2010-00073 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Rad.: 250002327000201000073 01 [19197]

Actor: Pimpollo S.A. (NIT. 891401858-6)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Sanción por devolución improcedente - Impuesto sobre las ventas – Bimestre 2º del año 2005.

Fallo

Bogotá D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN impuso a Pimpollo S.A. sanción por devolución improcedente del saldo a favor de la declaración de IVA del bimestre 2º del año gravable 2005.

En concreto, precisa si debe mantenerse la sanción por devolución y/o compensación improcedente y si procede la suspensión del proceso por prejudicialidad.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

• El 11 de mayo de 2005, Pimpollo S.A. presentó declaración del impuesto sobre las ventas por el bimestre 2º del año gravable 2005, en la que liquidó un saldo a favor de $1.968.740.000, de los cuales $684.174.000 fueron compensados y $1.284.566 devueltos mediante Resolución 608-01079 de 27 de julio de 2005.

• Por Liquidación de Revisión 310642007000097 de 18 de diciembre de 2007, la DIAN disminuyó el saldo a favor a $1.218.544.000(18) y por Resolución 310662008000028 de 18 de julio de 2008, confirmó en reconsideración dicha decisión(19).

Con base en la modificación de la declaración privada, por Resolución 900003 de 18 de noviembre de 2008(20) la DIAN sancionó a la actora por devolución y/o compensación improcedente, acto que se confirmó en reconsideración por Resolución 900041 de 4 de noviembre de 2009(21).

• En sentencia del 7 de octubre de 2009, dictada dentro del proceso 2008-00254, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló los actos de determinación oficial que modificaron la declaración privada de IVA del bimestre 2º de 2005 y declaró la firmeza de dicha declaración(22).

• En sentencia del 11 de agosto de 2013, dictada dentro del proceso 2008-00254, la Sala confirmó en apelación la decisión del a quo(23).

El artículo 670 del estatuto tributario dispone:

“ART. 670 E.T.Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones: Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. (...) Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder”.

De la norma transcrita se advierte que el contribuyente a quien se le haya devuelto una suma en exceso por concepto de saldo a favor, está sujeto a la sanción por devolución y/o compensación improcedente que consiste en(24):

1. El reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso.

2. El pago de los intereses moratorios que correspondan, esto es, los causados sobre los impuestos debidos.

3. El pago de la sanción propiamente dicha, es decir, el incremento de los intereses de mora en un cincuenta por ciento (50%).

Para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del aplicable para la determinación oficial del impuesto. No obstante, la existencia del proceso sancionatorio depende del proceso liquidatorio, ya que para imponer la sanción es requisito sine qua non la notificación previa de la liquidación oficial de revisión que modifica o rechaza el saldo a favor devuelto o compensado(25).

Sobre este punto, la Sala ha precisado que si la liquidación oficial de revisión sometida a control jurisdiccional es declarada nula, desaparece el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, en consecuencia, también procede la nulidad de la sanción. Ello no significa que los dos procesos, el de determinación y el sancionatorio, se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el segundo, pues aunque dichos procesos son diferentes y autónomos, se reconoce el efecto que el proceso de determinación del impuesto tiene sobre el sancionatorio y la correspondencia que debe haber entre ambas decisiones(26).

Así, la anulación definitiva de los actos de determinación oficial implica que el contribuyente tenía derecho a la devolución del saldo a favor declarado, por lo que desaparecería el supuesto de hecho de la sanción. Por su parte, la confirmación o la anulación parcial de la liquidación de revisión significa que el contribuyente utilizó dineros que pertenecían a la administración y que debe reintegrarlos, por lo cual procede la sanción del artículo 670 del estatuto tributario.

Comoquiera que el 11 de agosto de 2013 la Sala profirió sentencia definitiva en el proceso en el que se discutía la legalidad de los actos que modificaron la declaración privada de la actora, deben tenerse en cuenta los alcances de esta providencia, ya que incide directamente en la sanción que se discute en este proceso. Por lo anterior, no es del caso ordenar la suspensión del proceso solicitada por el Ministerio Público.

Pues bien, en el caso concreto, con base en la modificación oficial de la declaración de IVA del 2º bimestre de 2005 presentada por la actora, la DIAN impuso a ésta la sanción del artículo 670 del estatuto tributario. La sanción se fundamentó en la devolución improcedente de $750.196.000, que es la diferencia entre el saldo a favor de IVA declarado por la actora por el 2º bimestre de 2005 ($1.968’740.000) y el que determinó la Administración por el mismo periodo gravable ($1.218’.544.000).

Los actos que modificaron la declaración privada de la actora fueron demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa y al decidirse la apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala confirmó la nulidad de los actos de determinación oficial y la firmeza de la declaración privada de IVA de la actora.

Comoquiera que en sentencia de 11 de agosto de 2013, expediente 2008-00254 (18037), la Sala anuló definitivamente los actos de determinación oficial del impuesto y declaró la firmeza de la declaración presentada, la sanción por devolución improcedente determinada con base en los citados actos carece de fundamento.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se anulan los actos sancionatorios y como consecuencia se declara que la sociedad no está obligada a pagar la sanción por devolución improcedente determinada por la DIAN en dichos actos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 900003 de 18 de noviembre de 2008 y 900041 de 4 de noviembre de 2009, por los cuales la DIAN impuso a la actora sanción por devolución improcedente del saldo a favor de la declaración de IVA del bimestre 2º del año gravable 2005.

Como restablecimiento del derecho, se declara que la demandante no está obligada a pagar suma alguna por concepto de la sanción a que se refieren los actos que se anulan.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(18) Folios 2 a 23 c.a.

(19) Folios 49 a 78 c.a.

(20) Folios 36 a 45 c.p.

(21) Folios 46 a 50 c.p.

(22) Folios 51 a 70 c.p.

(23) Expediente 18037, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Verificado en el Sistema Siglo XIX y según certificación expedida por el Secretario de la Sección Cuarta - Folio 262 cdno. ppal.

(24) Sentencia de 13 de septiembre de 2012, EXP. 18001, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(25) Sentencias de 30 de abril y 8 de octubre de 2009, exp. 16777 y 16608, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 2 y 23 de abril de 2009, exp.16158 y 16205, C.P. Hugo F. Bastidas B; 12 de mayo de 2009 y 15 de abril de 2010, exp. 17601 y 17158, C.P. William Giraldo Giraldo.

(26) Sentencias de 19 de julio de 2002, exps. 12866 y 12934, C.P. Ligia López Díaz; 28 de abril de 2005, exp.14149 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 28 de junio de 2007, exps. 14763 y 15765 (acumulados), C.P. Héctor J. Romero Díaz; y de 24 de septiembre de 2009, exp. 16954, C.P. Héctor J. Romero Díaz.