Sentencia 2010-00075 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 230012331000201000075 01

Número Interno: 18758

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Adriana Patricia Villamizar Céspedes

Demandado: UAE DIAN

Renta 2005

Fallo

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide sobre la nulidad i) de la liquidación oficial de revisión 122412009000002 del 30 de enero de 2009, mediante la que la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por Adriana Patricia Villamizar Céspedes por el año gravable 2005 e impuso la sanción por inexactitud y ii) la Resolución 900011 del 18 de febrero de 2010, que modificó la liquidación oficial.

Para decidir, se tienen como relevantes y ciertos los siguientes hechos:

1. El 8 de mayo de 2006, la demandante presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2005 así(1):

RenglónConceptoValor declarado
42Total ingresos netos$ 563.064.000
43Deducción inversión en activos fijos$ 6.200.000
44Otros costos y deducciones$ 534.341.000
45Total costos y deducciones$ 540.541.000
51Renta líquida gravable$ 22.523.000
61Impuesto neto de renta$ 180.000
62Sobretasa impuesto de renta$ 18.000
65Total impuesto a cargo$ 198.000
68Anticipo año gravable 2005$ 82.000
69Anticipo año gravable 2006$ 135.000
70Saldo a pagar por impuesto$ 251.000
74Sanciones0
76Valor a pagar impuesto$ 251.000

2. El 10 de enero de 2008, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería, mediante el oficio 8312063-0042, remitido a la dirección registrada en el RUT de la demandante(2), solicitó información detallada relacionada con la deducción por inversión en activos fijos reales productivos llevada a la declaración antes referida - renglón 43(3).

En el oficio en cuestión aparece un sello de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A. que señala que este fue devuelto por la causal “Desconocido”, hecho que la DIAN, al contestar la demanda, dio por cierto(4).

3. El 28 de enero de 2008, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería expidió el auto de apertura 120632008000030, mediante el que, “a solicitud del nivel central”, inició investigación a la demandante en relación con el impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2005, dentro del programa “deducción inversión activos fijos”(5).

4. El 29 de enero de 2008, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería expidió el auto de inspección tributaria 12063200800003, notificado por correo en la dirección registrada en el RUT de la demandante, mediante el que comisionó a un funcionario para que practicara inspección tributaria a la demandante, “con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados o no, y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales”, correspondientes al impuesto sobre la renta del año gravable 2005(6).

5. El 12 de febrero de 2008, el funcionario delegado mediante el auto de inspección tributaria del 29 de enero de 2008, se presentó en la dirección informada en el RUT de la demandante a efectos de adelantar la diligencia encomendada y dejó constancia de su actuación así(7): “Se le solicitó aportar las pruebas y soportes de la declaración de renta año 2005 fui atendido por el señor Alfonso Villamizar C.C. 3.042.064 de Girardot padre de la contribuyente”.

6. El 5 de mayo de 2008, el funcionario delegado para practicar la inspección, suscribió un acta de inspección tributaria en los siguientes términos(8):

“... El suscrito funcionario de la división de fiscalización tributaria de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería, le envió el requerimiento de información 8312063-0042 de fecha 2008-01-10 al contribuyente de la referencia (ver fls. 11 y 12) con el fin de cumplir con el programa deducción inversión en activos fijos “DF”.

Con el objeto de continuar con las investigaciones pertinentes del caso se profirió el Auto de Inspección Tributaria 120632008000003 de fecha 2008-01-29, notificado por correo el 31 de enero de 2008 según acuse 305377.

(...) El suscrito funcionario de la división de fiscalización tributaria de la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería, se hizo presente en las oficinas de la contribuyente arriba señalado (ver acta de visita fl. 19) con el objeto de cumplir con lo ordenado en el auto de inspección tributaria solicitándole enviar o poner a disposición los documentos prueba o soporte de la declaración de renta año gravable 2005 renglones

Deducción inversión en activos fijos (renglón 43), valor $ 6.200.000

Otros costos y deducciones (renglón 44), valor $ 534.341.000.

A la fecha no se ha recibido ningún tipo de respuesta del contribuyente, ni se aportaron pruebas o soportes de los valores solicitados...”.

7. El 17 de julio de 2008, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería expidió el requerimiento especial 120632008000002, notificado el 20 de junio del mismo año, mediante el que desconoció todas las deducciones y costos, incrementó el saldo a pagar e impuso sanción por inexactitud, así(9):

RenglónConceptoValor declaradoValorpropuesto
42Total ingresos netos$ 563.064.000$ 563.064.000
43Deducción inversión en activos fijos$ 6.200.0000
44Otros costos y deducciones$ 543.341.0000
45Total costos y deducciones$ 540.541.0000
51Renta líquida gravable$ 22.523.000$ 563.064.000
61Impuesto neto de renta$ 180.000$ 184.597.000
62Sobretasa impuesto de renta$ 18.000$ 18.460.000
65Total impuesto a cargo$ 198.000$ 203.057.000
70Saldo a pagar por impuesto$ 251.000$ 203.110.000
74Sanciones0$ 324.574.000
76Valor a pagar impuesto$ 251.000$ 527.684.000

Luego de hacer referencia a la solicitudes de información efectuadas mediante el oficio del 10 de enero y en la inspección tributaria del 12 de febrero de 2008, que según advirtió no fue atendida por la demandante, el requerimiento especial precisa que, en aplicación de lo estipulado en el literal b) del artículo 651 del estatuto tributario era procedente desconocer los costos y deducciones registrados en la declaración privada - renglones 43 al 45.

De igual forma, advierte que “Se sancionará por inexactitud de conformidad con lo establecido en el artículo 647 del estatuto tributario, teniendo en cuenta que el contribuyente Villamizar Céspedes Adriana Patricia (...) declaró costos y deducciones no soportadas, derivando de este procedimiento un menor impuesto o saldo a pagar”.

8. El 30 de enero de 2009, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería expidió la liquidación oficial de revisión 122412009000002 mediante la cual modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la demandante por el año gravable 2005 e impuso la sanción por inexactitud, en los términos propuestos en el requerimiento especial(10).

En similares términos a los descritos en el requerimiento especial, advierte que inició investigación a la demandante dentro del “programa DF deducción activos fijos” y que para esos efectos solicitó información relacionada con el impuesto sobre la renta del año 2005, primero mediante oficio del 10 de enero de 2008, y luego, en la inspección tributaria del 12 de febrero de 2008, pero que la demandante no atendió ninguna de las solicitudes.

9. El 18 de febrero de 2010, la Administración Local de Impuestos Nacionales de Montería, previa interposición del recurso de reconsideración(11), profirió la Resolución 900011, mediante la que modificó la liquidación oficial de revisión en los siguientes términos(12).

ConceptoValor declaradoLiquidación oficialResolución recurso
Total ingresos netos$ 563.064.000$ 563.064.000$ 563.064.000
Deducción inversión en activos fijos$ 6.200.00000
Otros costos y deducciones$ 543.341.00000
Total costos y deducciones$ 540.541.00000
Renta líquida gravable$ 22.523.000$ 563.064.000$ 563.064.000
Impuesto neto de renta$ 180.000$ 184.597.000$ 184.597.000
Sobretasa impuesto de renta$ 18.000$ 18.460.000$ 18.460.000
Anticipo por el año gravable$ 82.000$ 82.000$ 82.000
Anticipo año gravable siguiente$ 135.000$ 135.000$ 135.000
Total impuesto a cargo$ 198.000$ 203.057.000$ 203.057.000
Saldo a pagar por impuesto$ 251.000$ 203.110.000$ 203.110.000
Sanciones0$ 324.574.0000
Valor a pagar impuesto$ 251.000$ 527.684.000$ 203.110.000

Como se advierte, la administración revocó la decisión de imponer la sanción por inexactitud impuesta mediante la liquidación oficial de revisión. Para tal fin, precisó que “se levanta la sanción por inexactitud por cuanto el desconocimiento de costos y gastos se realizó por no dar respuesta al requerimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 651 del estatuto tributario y no por la evidencia de que fueron falsos o inexistentes, o desfigurados o equivocados”.

De la violación del debido proceso y de la falsa motivación. De la procedencia de la sanción por no enviar información. Desconocimiento de costos y deducciones

La Sala parte de precisar que sí es procedente analizar los hechos referidos a la presunta expedición extemporánea del requerimiento especial y de la liquidación oficial, que planteó la demandante, a efectos de definir si los actos demandados son nulos por violación al debido proceso.

Esto es así, porque la presunta extemporaneidad se fundamentó en los mismos hechos que propuso la demandante en el recurso de reconsideración para oponerse a la imposición de la sanción por no enviar información.

Esos hechos apuntan a evidenciar que la DIAN no practicó la inspección tributaria. En consecuencia, entiende la Sala que respecto de tales hechos, la DIAN sí tuvo la oportunidad de controvertirlos en la vía gubernativa, y que la extemporaneidad de la liquidación oficial resulta ser un argumento más que es menester verificar pues depende de lo que se pruebe en el proceso, respecto de hechos ya controvertidos por las partes.

Ahora bien, dado que las causales de nulidad por violación al debido proceso y por falsa motivación se fundamentan en los mismos hechos, por efectos prácticos, la Sala abordará el análisis de la causal de nulidad por falsa motivación a efectos de verificar si la sanción por no enviar información se fundamentó en hechos no probados, como lo alegó la demandante y, si, de contera, logró probar que tanto el requerimiento especial como la liquidación oficial fueron expedidos extemporáneamente.

Previo a resolver el caso concreto, la Sala hace las siguientes precisiones sobre la sanción por no enviar información y la inspección tributaria, necesarias para poner el caso en contexto.

De la sanción por no enviar información prevista en el artículo 651 del estatuto tributario

El artículo 651 del estatuto tributario(13) establece que las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, y aquellas a las que se les haya solicitado información o pruebas, que no las suministren dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores, o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en una sanción consistente en un multa o en el desconocimiento de los costos, las rentas exentas, las deducciones, los descuentos, los pasivos, los impuestos descontables y las retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos.

El sustento legal de esta sanción son los artículos 631(14) y 686(15) del estatuto tributario. Este último establece el deber que tienen tanto contribuyentes como no contribuyentes de atender a los requerimientos de información y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la administración, cuando a su juicio, sean necesarios para verificar la situación impositiva de estos o de terceros relacionados.

El artículo 651 del estatuto tributario dispone que la sanción puede ser impuesta mediante resolución independiente o en una liquidación oficial. En todo caso, habrá de precisarse que cuando la sanción consista en el desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, debe imponerse mediante liquidación oficial en tanto que implica una modificación de la declaración privada.

De la inspección tributaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 779 del estatuto tributario(16), la inspección tributaria es el medio de prueba mediante el cual la administración verifica la exactitud de las declaraciones, el cumplimiento de las obligaciones formales y establece la existencia de hechos gravables. Para tales efectos, constata de manera directa los hechos que interesan en determinado proceso, verifica su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar.

En desarrollo de esta prueba se pueden decretar todos los demás medios probatorios autorizados por la ley, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias. Así, en el trámite de la inspección pueden decretarse testimonios, pruebas documentales e inspecciones contables y, por ejemplo, solicitarse información mediante requerimientos ordinarios o hacer cruces de información(17).

La Sala ha precisado que la expresión “constatación directa” no necesariamente implica que los funcionarios deban desplazarse a la sede del contribuyente para realizar la inspección tributaria, pues es viable que a través de otros medios de prueba se constate la existencia de hechos gravados, como por ejemplo a través de testimonios, cruces de información con terceros, documentos, verificaciones, requerimientos, consagrados de modo general en el artículo 684 del estatuto tributario, dentro de las amplias facultades de fiscalización e investigación(18).

En cuanto a las formalidades de la prueba, el artículo 779 ibídem dispone que la inspección tributaria debe decretarse mediante auto en el que se indiquen los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para adelantarla, auto que debe ser notificado al interesado por correo o personalmente.

La norma precisa que la inspección tributaria se inicia una vez notificado el auto que la ordena. De la diligencia debe levantarse un acta en la que se incluyan todos los hechos y pruebas examinados y los resultados obtenidos, la fecha de cierre de la investigación y que debe ser suscrita por los funcionarios que adelantaron la diligencia(19).

El caso concreto

En el presente caso, está probado que la DIAN decretó la práctica de una inspección tributaria mediante auto del 29 de enero de 2008, notificado por correo en la dirección registrada en el RUT de la demandante, “con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados o no, y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales”, correspondientes al impuesto sobre la renta del año gravable 2005.

De esa manera, contrario a lo que señaló la demandante, no es cierto que no se hubiera determinado el objeto de la inspección tributaria ordenada por la DIAN. Tampoco es preciso afirmar que, en razón a que la prueba se decretó en el marco de un programa de focalización de una deducción en particular, la inspección tributaria estaba limitada a ese aspecto en concreto.

De igual forma, está acreditado que en cumplimiento de la inspección tributaria, el funcionario delegado llevó a cabo una visita, también en la dirección registrada en el RUT de la demandante, en la que “Solicitó aportar las pruebas y soportes de la declaración de renta año 2005” y, de manera particular de la deducción inversión en activos fijos y de otros costos.

Si bien es cierto el hecho de que la inspección tributaria fue atendida por un tercero que, valga precisar, se identificó como el padre de la demandante, también es cierto que la inspección se surtió en el lugar que la misma demandante reportó ante las autoridades para que pudieran ubicarla.

La demandante no propone ni prueba ninguna justificación razonable para haber omitido el deber legal de atender la inspección tributaria y el deber de suministrar la información requerida. No puede invocar su propia culpa, para imputarle a la DIAN la omisión del presunto deber que le asistía de desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración de renta que presentó por el año 2005, pues está probado que dicha autoridad tributaria hizo las diligencias que la ley manda para obtener de la demandante, la información que se requería para comprobar los costos y deducciones reportados en el denuncio de renta del año 2005. Como tal información no se suministró, lo propio era que se impusiera la sanción por no enviar información.

El requerimiento de información hecho en la inspección tributaria no reviste ninguna formalidad específica. Conforme con el artículo 686 del estatuto tributario, en ejercicio de la facultad fiscalizadora, la DIAN puede formular este tipo de requerimientos, precisamente para obtener la información y pruebas requeridas y relacionadas con las investigaciones que lleve a cabo.

En esas condiciones, y dadas las amplias potestades que revisten a la administración en ejercicio de sus facultades de fiscalización(20), y de manera particular la posibilidad de decretar pruebas como parte de la inspección tributaria, el funcionario delegado para hacer la inspección y recaudar las pruebas necesarias estaba facultado para solicitar la información relacionada con la declaración privada objeto de la discusión.

Por lo tanto, a diferencia de lo que argumentó la demandante, no solo el requerimiento previo, sino también el que se hace en el curso de la inspección tributaria, es el que establece la ley para conminar a los contribuyentes a que presenten la información y pruebas requeridas. De manera que, independientemente de la oportunidad en la que la DIAN haya pedido la información, el incumplimiento de ese deber legal implica la imposición de la sanción por no enviar información.

De manera que, una vez comprobado que la demandante no cumplió la solicitud hecha en la inspección tributaria, se configuró, se reitera, el hecho sancionable previsto en el artículo 651 del estatuto tributario consistente en no suministrar las pruebas requeridas por la administración y, por consiguiente, era procedente desconocer los costos y deducciones registrados en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por la demandante por el año gravable 2005.

Es pertinente llamar la atención en que el artículo 651 ibídem establece que la conducta sancionable consistente en no enviar información es subsanable, bien sea una vez notificado el requerimiento especial o la liquidación oficial de revisión. Así, es más que reprochable que la demandante no haya suministrado la información requerida en ninguna de esas oportunidades.

Precisado lo anterior, en cuanto a la presunta extemporaneidad de la notificación del requerimiento especial y de la liquidación oficial, la Sala precisa que no se encuentra acreditada, puesto que, como lo probó la DIAN, la inspección tributaria si fue decretada y practicada.

En efecto, los hechos probados dan cuenta de que la demandante presentó la declaración de renta por el año 2005, el 8 de mayo de 2006(21). El denuncio de renta adquiría firmeza el 9 de mayo de 2008. El 29 de enero de 2008, la DIAN dictó el auto de inspección tributaria, que se notificó por correo el 31 de enero de 2008. Por tanto, a partir de esa fecha, el plazo para notificar el requerimiento especial se suspendió por 3 meses, conforme lo precisa el artículo 706 del estatuto tributario. De manera que, el plazo de firmeza de la declaración de renta se extendió hasta el 9 de agosto de 2008. El requerimiento especial se notificó el 20 de junio de 2008(22). Por lo tanto, está probado que no se notificó en forma extemporánea.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE al abogado Yumer Joel Aguilar Vargas como apoderado de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Fl. 106 del C.P.

(2) Fl. 103 del C.P.

(3) Fl. 113 del C.P.

(4) Fl. 69 del C.P.

(5) Fl. 100 del C.P.

(6) Fl. 114 del C.P.

(7) Fl. 115 del C.P.

(8) Fl. 117

(9) Fls. 118 al 122 del C.P.

(10) Fls. 126 al 129 del C.P.

(11) Fls. 130 al 132 del C.P.

(12) Fls. 145 al 152 del C.P.

(13) “ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración de impuestos.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean probados plenamente”.

(14) Artículo 631. Para estudios y cruces de información y el cumplimiento de otras funciones. Modificado por la Ley 1607 de 2012, nuevo texto: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, así como de cumplir con otras funciones de su competencia, incluidas las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos consagrados en las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia”.

(15) “ART. 686.—Deber de atender requerimientos. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones tributarias, los contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como los no contribuyentes de los mismos, deberán atender los requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con investigaciones que realice la administración de impuestos, cuando a juicio de esta, sean necesarios para verificar la situación impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos.

(16) “ART. 779.—Inspección tributaria. La administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales.

Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias.

La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla.

La inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.

Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma”.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Héctor J. Romero Díaz, Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2008, Radicación 73001-23-31-000-2002-01867-01, Número Interno 15753, demandante: Importadora y Productora de Licores S.A. IPL S.A., demandado: DIAN.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Bogotá, D.C., 1º de junio de 2006, Radicación 660012331000200201047 01, Numero Interno 14558, actor: Jhon Jairo García, demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Bogotá, D.C., 5 de mayo de 2011, Radicación 080012331000200800465 01, Numero Interno 17888, actor: Aerosucre S.A., demandado: DIAN.

(20) “ART. 684.—Facultades de fiscalización e investigación. La administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.

b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.

c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.

d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.

e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.

f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación”.

(21) Decreto 4714 de 2005. Según el último dígito de la cédula (51), la demandante tenía plazo para presentar la declaración hasta el 9 de mayo de 2006.

(22) Fl. 118 anverso del C.P.