Sentencia 2010-00076 de marzo 27 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 11001-03-15-000-2010-00076-01

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado

Referencia: acción de tutela

Auto

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El artículo 4º del Decreto 306 de 1992 señala que para interpretar las disposiciones sobre el trámite de la acción de tutela previstas en el Decreto 2591 de 1991, y en lo que no sea contrario a este, se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil.

En el caso bajo examen, el despacho observa que proferido el fallo de primera instancia dentro de la presente acción de tutela, seguidamente se presentaron incidentes de nulidad, puesto que algunas de las partes consideraron que se configuró la causal de nulidad que establece el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el proceso es nulo en todo o en parte cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas o el emplazamiento a las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas al proceso como partes.

Dichas solicitudes fueron negadas por los conjueces de primera instancia, tal como se resumió en los antecedentes de la presente providencia.

De acuerdo con la situación fáctica anteriormente descrita, advierte este despacho que, en el presente caso, se debe proceder a declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la acción de tutela, a partir de la providencia mediante la cual se admitió la demanda de tutela, en razón a que no se integró en debida forma el contradictorio por pasiva, es decir, no se vinculó al proceso a todas las personas que tienen un interés legítimo en el mismo, esto es, las autoridades y particulares que han resultado afectados con la decisión adoptada en primera instancia.

La notificación es el acto de comunicación mediante el cual se ponen en conocimiento de las partes y de los terceros interesados las providencias judiciales. A través de ella se instrumentalizan los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de la doble instancia, toda vez que garantiza el ejercicio del derecho de defensa y contradicción y hace posible que, dentro de la oportunidad legal, se impugnen los actos procesales del juez.

En los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dentro de los procesos de tutela la acción se dirige contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental, pese a lo cual, quien tenga un interés legítimo en el resultado del proceso puede intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública en contra de quien se haya hecho la solicitud.

Por su parte, los artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992, disponen que las providencias que se profieran en el trámite de tutela se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz.

De acuerdo con lo expuesto, es claro que el juez está obligado a notificar las actuaciones surtidas en el trámite de la acción de tutela a los terceros con interés legítimo para hacerse parte, siempre que del estudio del expediente se desprenda o sea posible deducir la existencia y calidad de quienes deban ser citados como tales.

Tratándose de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha dejado sentado que la garantía constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificación de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con interés legítimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protección constitucional derivada de la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales fundamentales.

En distintas oportunidades, el tribunal constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de notificar a todas las personas directamente interesadas, partes y terceros con interés, tanto la iniciación del trámite que se origina con la instauración de la acción de tutela, como la decisión que por esa causa deba adoptarse, pues ello se constituye en una garantía del derecho al debido proceso, el cual, por expresa disposición constitucional, aplica a todo tipo de actuaciones judiciales o administrativas (C.P., art. 29).

Es verdad que el trámite de la tutela es preferente y sumario y que en este prima en muchos aspectos la informalidad, pero también lo es que en todo caso deben garantizarse a cabalidad los derechos de los intervinientes.

Por ello, el derecho a ser oído en el trámite de tutela es un derecho fundamental de rango constitucional que asiste no solamente a quien aparece como demandado, tanto si es un funcionario o entidad estatal como si se trata de un particular, sino a quien, sin ser parte, puede resultar afectado por la decisión que se adopte como culminación del especialísimo trámite consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

Al respecto, el Consejo de Estado ha dicho que “... El juez de tutela, sea el de primera o el de segunda instancia o el de revisión, está en la obligación de vincular al tercero afectado por los resultados del proceso, luego de constar de manera expresa o desprenderse del expediente la existencia de terceros interesados...”(1).

En efecto, aunque la acción de tutela es de carácter excepcional y sumario, para su trámite también existen algunos requerimientos básicos, como en todos los procesos judiciales, los cuales deben llenarse y son imprescindibles para su viabilidad, con el fin de que se cumpla así el cometido constitucional del proceso, cual es el de obtener un pronunciamiento judicial que genere consecuencias jurídicas.

En este caso, se advierte que la Sala de Conjueces al iniciar el trámite de la presente tutela, profirió auto del 6 de julio del 2010, en el que resolvieron:

“... 2. NOTIFÍQUESE del presente auto a las partes. A los accionados consejeros de Estado de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, remítaseles copia de la acción para que en el término de tres (3) días y por el medio más expedito, ejerzan su derecho a la defensa...” (fl. 358).

Posteriormente, la referida Sala mediante auto del 2 de noviembre del 2010 ordenó:

“1. (...) póngase en conocimiento del señor Procurador General de la Nación la existencia del presente proceso.

2. Por secretaría remítase al mismo funcionario copia de la demanda y de su adición, e infórmese del estado actual de estas diligencias...” (fls. 423 a 424).

Como se observa a folio 467, del cuaderno 2 del expediente de tutela, en Auto del 12 de enero del 2011, el conjuez ponente doctor Álvaro Benito Escobar Henríquez ordenó nuevamente que se notificara de la presente demanda de tutela a la Sala Plena del Consejo de Estado, para que ella y/o sus miembros ejercitaran su derecho a la defensa.

En las anteriores providencias se omitió vincular al Ministerio de la Defensa Nacional, con el fin de garantizar en debida forma los derechos fundamentales de todas las partes que podían llegar a ser beneficiadas o, como en este caso, afectadas con las decisiones que en virtud de este proceso se pudieran tomar.

Finalizada la etapa de notificaciones, los conjueces de primera instancia procedieron a dictar fallo del 1º de marzo del 2011, en el que se ordenó:

“PRIMERO. TUTÉLANSE los derechos fundamentales al acto Álvaro Velandia Hurtado de acuerdo con las anteriores consideraciones.

SEGUNDO. REVÓCASE la sentencia del 29 de septiembre de 2009 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (...).

TERCERO. DECLÁRESE que queda en firme la sentencia de la Sección Segunda Subsección B proferida del 23 de mayo del 2002, Expediente 17112, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.

CUARTO. NOTIFÍQUESE en legal forma a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto-Ley 2591 de 1991...”.

La anterior decisión, en sus efectos vinculó al Ministerio de la Defensa Nacional, pues anuló la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 29 de septiembre del 2009, y en su lugar, dejó en firme el fallo del 23 de mayo del 2002, proferido por la Sección Segunda Subsección “B” de la misma corporación, providencia que declaró la nulidad de los actos acusados, y a título de restablecimiento del derecho, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que reintegrara al demandante al cargo de brigadier general que ostentaba cuando fue separado del servicio activo de las Fuerzas Militares.

El despacho advierte que, contrario a lo manifestado por los conjueces de primera instancia, el Ministerio de la Defensa Nacional ha tenido un interés directo sobre las resultas de la presente acción de amparo, pues desde que se inició el proceso disciplinario contra el señor Velandia Hurtado, hasta la decisión de tutela de primera instancia, el acto proferido por el mencionado ministerio que ordenó la desvinculación del accionante al Ejercito Nacional, ha sido objeto de debate.

Por ello, mal puede decir la Sala de Conjueces, que el Ministerio de Defensa no debe vincularse como parte de esta tutela por no haber intervenido en el recurso extraordinario de súplica que decidió la Sala Plena del Consejo de Estado, ya que no es razón suficiente, pues del estudio del caso concreto se podía establecer que el accionante hizo parte del Ejercito Nacional, y eventualmente por decisión de un juez de la República, el Ministerio de la Defensa, por ser el órgano competente, debería expedir un acto administrativo en el cual se vinculara nuevamente al señor Velandia Hurtado como miembro activo de dicha institución, con las consecuencias que esto acarrea.

Ahora bien, este despacho observa que los jueces de primera instancia advierten del interés que le asistía al ministerio, luego de que el representante legal de la entidad interpusiera incidente de nulidad contra la sentencia de primera instancia, por lo que para subsanar este error, le solicitaron que se manifestara sobre la coadyuvancia frente a cualquiera de las partes, sin tener presente que le habían pretermitido toda una instancia procesal, y así, vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

En consecuencia, como se advirtió, está probado que ni en el auto admisorio de la presente acción ni en providencia posterior se dispuso citar al proceso a la mencionada entidad, en calidad de tercero interesado que se encontraba y aún se encuentra —respecto de la providencia judicial atacada—, en una situación jurídica concreta que podía resultar, como de hecho ocurrió, afectada con la decisión adoptada en el fallo de tutela, situación que a la luz del numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil constituye causal de nulidad de lo actuado.

Conforme con lo expuesto, es evidente que el Ministerio de la Defensa Nacional tenía y tiene interés jurídico para obrar en la tutela, en la que se pretende la nulidad de la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, por consiguiente, debió haber sido vinculado a ella y notificado de todas las actuaciones allí surtidas, en calidad de tercero interesado en su resultado, por lo que esta deficiencia vulneró sus derechos fundamentales.

Como ya se explicó, el carácter insubsanable de la presente nulidad lo genera el hecho de que a la autoridad con interés legítimo en la presente actuación, se le pretermitió íntegramente la primera instancia, al no haber sido notificada de ninguna de las providencias en ella dictadas, esto es, el auto admisorio de la demanda y otras providencias proferidas a lo largo del proceso. Corrobora lo anterior, la circunstancia específica de que la misma entidad, cuando le fue comunicada la sentencia del 1º de marzo del 2011, solicitó de manera explícita la nulidad de toda la actuación procesal, al considerar que con tal proceder, los jueces de instancia le vulneraron sus derechos de defensa y debido proceso.

Así las cosas, para asegurar la protección de los derechos fundamentales reclamados, se requiere la vinculación del Ministerio de la Defensa Nacional a la acción de tutela, por lo que se debe decretar la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto admisorio de la presente acción de tutela, con el fin de que se rehaga su trámite, previa notificación de todos los interesados en él, según lo previsto por el Decreto 2591 de 1991.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala Unitaria,

RESUELVE:

DECLÁRASE la nulidad de todas las actuaciones surtidas dentro de la presente acción de tutela a partir del auto admisorio de esta, proferido el 6 de julio de 2010 por la Sección Segunda - Subsección A, Sala de Conjueces del Consejo de Estado.

En consecuencia, se ordena a la mencionada Sala de Conjueces que rehaga el trámite del proceso de tutela, previa notificación al representante legal del Ministerio de Defensa Nacional, así como a todas las personas naturales o jurídicas que puedan resultar afectadas con el resultado de la misma.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia de 12 de junio de 2008, Expediente 2008-0385-01, C.P. Ligia López Díaz, reiterada en fallo de 16 de diciembre de 2008, Expediente 2008-00915, C.P. Héctor J. Romero Díaz.