Sentencia 2010-00077 de junio 10 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 68001-23-31-000-2010-00077-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Alberto Franco Sandoval

Demandado: Nación, Ministerio del Interior y de Justicia, Departamento Administrativo de Seguridad DAS

Bogotá, D.C., diez de junio de dos mil diez.

Se decide la impugnación oportunamente interpuesta por el actor, contra el fallo del 23 de febrero de 2010, proferido por el Tribual Administrativo de Santander, al haber denegado por improcedente la acción e tutela.

I. La solicitud de tutela

I.1. Alberto Franco Sandoval obrando en su propio nombre en escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de febrero de 2010, instauró acción de tutela contra la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por estimar que le vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a una calidad de vida digna, al buen nombre, al trabajo, a la dignidad, por haber solicitado un certificado de antecedentes judiciales, el cual contiene la inscripción “registra antecedentes”, lo cual considera que afecta además de los derechos fundamentales invocados, sus prometedoras posibilidades de trabajo.

I.2. Las violaciones antes enunciadas las infiere el actor, en síntesis, de lo siguiente:

1. Asegura el accionante que actualmente no tiene asuntos pendientes con la justicia, pero varios años atrás se encontró incurso en un proceso penal por la comisión de conductas culposas, que ya fueron resarcidas.

2. Comenta que al solicitar un certificado judicial ante el DAS para efectos laborales, el mismo le informa que “registra antecedentes”, situación que lo pone al nivel de un delincuente, arruinando sus posibilidades de trabajo.

En consecuencia solicita “que el garantista estrado judicial indique y ordene los procedimientos que sean necesarios tendientes a que se salvaguarden de la manera más amplia y cuidadosa los coetáneos derechos al buen nombre, a la calidad de vida, al trabajo, a la dignidad, a la vida, los cuales en la vida real me resultan clara y contundentemente afectados o sufren visible detrimento, como consecuencia de los novedosos, excesivos, desbordantes y palpablemente perjudiciales procedimientos que dependencias y despachos adscritos o vinculados al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y Ministerio del Interior y de Justicia llevan ahora a cabo”.

I.3. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, mediante oficio DGO. SIES GIDE - 133383 de 15 de febrero de 2010, contestó la demanda de tutela en los siguientes términos:

— Consultados los archivos sistematizados de identificación nacional que se llevan en esa dependencia, a nombre del señor Alberto Franco Sandoval c.c. 91.22.446 de Bucaramanga resulta registrada la siguiente información:

“Juzgado 4º Penal del Circuito de Bucaramanga en providencia del 25/05/2000 condena a 4 meses de prisión. Misma autoridad en auto del 04/10/2002 extingue condena de delito violencia intrafamiliar”.

— El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, es depositario y no dueño de las informaciones que se reciben, en tal sentido que no pueden hacer ninguna clase de modificación por iniciativa propia, sin un sustento legal expedido por el despacho que conoció del caso, como lo indica el artículo 3º del Decreto 3738 del 2003.

— El DAS no goza de facultades legales para modificar la información registrada en su base de datos, razón por la cual esta deberá permanecer consignada en la misma, para ser comunicada a las autoridades judiciales competentes, que soliciten informes sobre antecedentes judiciales, tal como lo preceptúa el artículo 4º del Decreto 3738 de 2003.

— La Corte Constitucional en sentencias de unificación SU - 082 y 089 de 1995, sostuvo y reiteró que el derecho a la información no es absoluto, que el habeas data es un derecho autónomo y fundamental, plasmado en el artículo 15 de la Carta Política, el cual permite a toda persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella hayan sido consignadas en bancos de datos y en archivos públicos, en defensa de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la honra y al buen nombre, no obstante, la misma corporación ha sido afirmativa al precisar que los derechos a la honra y al buen nombre se adquieren únicamente sobre la base del buen comportamiento.

— En Colombia no existan las penas perpetuas, pero cosa distinta es que el Estado, pese a estar extinta la condena, tenga interés en conservar su registro en desarrollo del derecho a la información , previsto en el artículo 20 superior, por lo tanto, en ejercicio de tal facultad y competencia, los datos resultantes en desarrollo del proceso penal que en época pretérita se adelanta en disfavor del actor, pueden ser documentados por las autoridades administrativas, a las que por mandato legal se les informó sobre el sentido de la decisión respectiva, y entre ellas se encuentra el DAS, cuyo manejo debe ajustarse a la normatividad legal constitucional en lo relativo a los derechos fundamentales de la persona concernida; e igualmente apareja responsabilidad de no abusar de tal información.

— La inclusión verídica, cierta e imparcial de un dato, por penoso que sea, no se tiene como una sanción, sino como un registro indispensable para el funcionamiento institucional, además que el derecho al buen nombre no puede constituir un obstáculo para que las entidades públicas reseñen los antecedentes penales de los ciudadanos.

— En el proceso penal que en su momento se adelantó en contra del actor se le brindaron todas las garantías procesales y su derecho de defensa, por lo que no hay razón válida para que por vía de tutela se ordene suprimir del certificado de antecedentes penales, la anotación de la condena impuesta , pues ello equivaldría a desaparecer su pasado, información que puede resultar de importancia para las autoridades judiciales y disciplinarias, a efectos de conocer de manera certera y global, el comportamiento del actor.

— El derecho al buen nombre no puede constituirse en un obstáculo ni en un límite para que las entidades públicas reseñen los antecedentes penales de los ciudadanos, pues el daño que se predica de este derecho fundamental no proviene del comportamiento arbitrario e imparcial de la administración, sino que la causa del mismo se origina en la propia conducta de la persona sobre la cual versa el registro.

— El derecho fundamental al buen nombre, necesariamente depende de la conducta social o de los actos públicos de las personas, por lo que el hecho que figura en la base de datos del DAS, el dato relativo al antecedente penal del actor, constituye el reflejo de su comportamiento pasado, y corresponde a una situación jurídica cuya causa es una conducta jurídica considerada como reprochable.

El Ministerio del Interior y de Justicia, mediante escrito enviado vía fax el 16 de febrero de 2010, contestó la demanda de tutela manifestando que dentro de las funciones legales que le han sido asignados a la entidad, se desprende que no es la entidad llamada  responder por los hechos que alega el accionante, pues no se encuentra dentro de sus funciones llevar el registro relacionado con la situación judicial de los ciudadanos, función que es cumplida por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, sin que en ningún momento intervenga el ministerio.

II. Fallo impugnado

II.1. El Tribunal Administrativo de Santander mediante proveído de 23 de febrero de 2010, denegó el amparo solicitado por el actor, por las siguientes razones:

Advirtió que el DAS carece de competencia para modificar la información que reposa en su registro, si previamente no ha sido ordenada por la autoridad judicial que la expidió.

El tribunal advirtió además, que el accionante acudió directamente a la acción de tutela sin que anticipadamente agotara los mecanismos señalados por la ley, como lo es la presentación de copias auténticas de la sentencia ante el DAS.

Manifestó que aún si el actor acude a los mecanismos ordinarios, la anotación en el certificado judicial no es susceptible de ser cancelada en virtud del artículo 2º del Decreto 3738 de 2003, el cual contiene el formato actual del certificado de antecedentes penales, cuyo objeto es el de registrar si las personas presentan o no antecedentes judiciales, sin perjuicio de la anotación correspondiente. Tales anotaciones obran en el certificado judicial, siempre y cuando se trate de una pena impuesta mediante sentencia judicial definitiva, caso en el cual, así permanecerá en la base de datos de la entidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política, y al referido Decreto que regula la materia, manteniendo actualizados los registros delictivos y de identificación nacionales, de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deben emitir las autoridades judiciales.

Aclara el tribunal que en su certificado judicial contempla sus antecedentes judiciales, y la anotación de no encontrarse actualmente requerido por las autoridades judiciales.

III. Impugnación del fallo

El actor dentro de la oportunidad legal mediante escrito allegado el 02 de marzo de 2010, impugnó la providencia de 23 de febrero de 2010, por las siguientes razones:

— Se deben tener en cuenta el tipo de hechos por los cuales se le judicializó, aclarando que nunca ha reincidido en conducta delictiva alguna, y que ha transcurrido mucho tiempo desde la ocurrencia de su inconveniente judicial.

— No pretende que la información que registra el DAS en la base de datos sea borrado de las mismas.

— Los argumentos expuesto por el a quo para denegar el amparo solicitado, obedecen a doctrinas jurídicas teóricas, contrarias a la realidad y a la práctica, pues expedir una certificación en la que se registren antecedentes, constituye un obstáculo para alcanzar oportunidades serias de trabajo.

— En Colombia no existen penas o castigos a perpetuidad.

IV. Consideraciones de la Sala

IV.1. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando hayan sido vulnerados o amenazados por las autoridades públicas o por los particulares en los casos expresamente señalados. Procede a falta de otro medio de defensa judicial a menos que se utilice como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable.

Del mismo modo, la acción de tutela no es procedente para dirimir derechos litigiosos que provengan de la interpretación de la ley, tampoco para resolver conflictos judiciales cuyas competencias se encuentren claramente señaladas en el ordenamiento jurídico colombiano, pues con ello se llegaría a la errada conclusión de que el juez de tutela puede sustituir al juez ordinario, con excepción de los casos en los cuales se configura una violación de los derechos fundamentales y sea inminente la existencia de un perjuicio irremediable, como ya se anotó.

IV.2. Pretende el actor impugnar el fallo de 23 de febrero de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

Sea lo primero advertir que el Decreto 3738 de 2003 “Por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva y expedición de certificados judiciales y se reglamenta el Decreto 218 de 2000”, en su artículo 8º establece lo siguiente:

ART. 8º— Los sindicados de delitos, podrán presentar al Departamento Administrativo de Seguridad en cualquier tiempo, copias auténticas de sentencias, autos interlocutorios y decisiones que aclaren, varíen o modifiquen la situación anotada en los respectivos archivos y prontuarios (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que el artículo 8º del decreto anteriormente trascrito no contempla la situación de cancelar del certificado de antecedentes judiciales la información que se encuentra registrada en el mismo; simplemente consagra las circunstancias de aclarar, modificar o variar la información que se encuentra consignada en la base de datos de la entidad accionada.

En vista de lo anterior, mal podría como lo afirmó el a quo, solicitársele al actor que agote el procedimiento previsto en el artículo 8º del Decreto 3738 de 2003, pues como ya se dijo no es una situación contemplada en el mismo.

Es preciso manifestar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 18 de mayo de 2010 magistrado ponente José Leonidas Bustos Martínez, en un caso de similares circunstancias fácticas, se pronunció sobre el punto en comento, amparando los derechos fundamentales del actor, manifestando lo siguiente:

“De entrada la Sala advierte que revocará el fallo impugnado y concederá el amparo invocado, acudiendo a la argumentación que se tuvo en cuenta al resolver sobre un caso similar mediante fallo de tutela de 4 de mayo de 2010 —radicación 47546—, en el cual se dijo:

“Aplicado lo anterior al caso de análisis, se verifica que el señor Pedro Antonio Pira Páez fue condenado por el  Juzgado 18 Penal de Circuito de la ciudad de Bogotá, mediante sentencia de 12 de julio de 1995, a la pena principal de 12 meses de prisión, como autor responsable del delito de tráfico de influencias, circunstancia que indudablemente conllevaba a que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, procediera a la actualización del registro de antecedentes del actor, conforme a las previsiones contenidas en el Decreto 3738 de 2003, que en su artículo 3º señalaba: “El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, mantendrá y actualizara los registros delictivos y de identificación nacionales, de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley”. En ese sentido, ninguna irregularidad o desconocimiento al derecho fundamental cuya protección reclama el actor, se puede predicar.

“No sucede lo mismo, en relación con la anotación que aparece en el certificado judicial referida a que “registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial”, ya que en criterio de la Sala, ello sí resulta altamente discriminatorio para aquellas personas que, o bien cumplieron la pena impuesta, o las que como en el caso del actor se vieron favorecidas con la prescripción de la pena.

“Una cosa es que al tenor del Decreto 3738 se le autorice al director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS para que establezca y adopte el modelo del certificado, “el cual podrá modificarse en cualquier momento, de acuerdo con los avances tecnológicos con que cuente la institución”, y otra muy diferente el que se aproveche esa potestad para otorgar un trato altamente perjudicial a aquellos que por una u otra razón han terminado condenados.

“En ese sentido, no desconoce la Sala que el Departamento de Seguridad DAS, tiene dentro de sus funciones, organizar, conservar y actualizar  los registros de identificación nacionales con base en los informes de avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales. Tampoco, el que aquel al que se le haya impuesto sentencia de condena, debe aparecerle esa anotación como antecedente.

“No obstante, tal circunstancia no constituye per se una patente para que el organismo de seguridad ponga de relieve la mencionada anotación en el certificado judicial, pues ello conllevará necesariamente el que aquel que necesite el aludido documento, verbi gracia con fines de acceder a un cargo, se vea expuesto a ser rechazado, a pesar de que ya ha cumplido la sanción o la misma se ha extinguido. Pensar de esa manera conllevaría a considerar que en Colombia existen penas perpetuas.

“No significa lo anterior que el antecedente deba ser eliminado o cancelado, pues el mismo resulta valioso para las autoridades judiciales. Lo que se quiere resaltar es que una cosa es el suministro de dicha información con tales propósitos, la que sirve para efectos de la cuantificación de la pena o la concesión de beneficios, y que al tenor de lo previsto por el artículo 4º del Decreto 3738, es de carácter reservado, y otra bien diferente, cuando quien acude a que se le expida el certificado es el particular al que se le ha extinguido la pena por alguna de las causales previstas en el artículo 88 del Código Penal.

“Acorde con lo que viene de verse, siendo claro para esta Sala de Decisión de Tutelas que la Resolución interna 1157 de 2008, según la cual el DAS advierte que la persona registra antecedentes, pero no es requerida por autoridad judicial, resulta desconocedora de principios constitucionales y causa un grave perjuicio a quien habiendo pagado la pena impuesta o, como en el caso presente, se vio beneficiado con su extinción por haber operado el fenómeno de la prescripción, deba soportar las consecuencias que conlleva hacer pública y mantener indefinidamente una anotación de tales características, frente a su vida cotidiana y en especial cuando deba presentar dicho documento para acceder a un trabajo, pues surge evidente que tal registro le merma ostensiblemente las posibilidades de que sea escogido para el mismo, lo que de contera conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la vida en condiciones dignas, situación que a la larga termina convirtiéndose en un castigo adicional, es necesario ponderar los pro y contra de tal determinación(resaltado fuera de texto).

Así las cosas, aplicado el test de razonabilidad a los derechos en conflicto, la medida administrativa dispuesta en la Resolución 1157 de 2008, debe ceder frente al caso concreto, lo cual conlleva a que se ordene aplicar la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º de la Carta Política, únicamente en lo que hace relación a la frase ‘registra antecedentes’”.

Reforzando lo anterior, la Sala mediante sentencia dictada el 11 de mayo de 2010, señaló que no se puede desconocer que la realidad en que se desenvuelve una sociedad constituye un factor que incide en la aplicación de los institutos jurídicos, por tanto si bien la anotación: “Registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial”, no constituye como tal una pena, desde el punto de vista de la realidad social sí configura una extensión de la sanción, pues son innegables los efectos que la misma genera, por ejemplo, para obtener un empleo o respaldar obligaciones crediticias o de otra índole.

En ese contexto, la pregunta sería: ¿Puede el juez constitucional permanecer ajeno a tales factores reales y limitarse solamente con la apreciación lapidaria de que tal anotación no constituye pena y que además refleja un dato histórico que corresponde a la verdad de los hechos? Para esta Sala ello no es posible, porque solo en la medida en que la labor de los jueces de tutela consulte y se cimente en los factores reales que determinan el desenvolvimiento de las relaciones sociales, siempre y cuando ello no desborde las posibilidades que otorga el sistema jurídico constitucional, es que tendría sentido su misión de ser garantes de los derechos fundamentales e instrumentos eficaces para conseguir “… un orden justo” —artículo 2º constitucional—.

En síntesis, la medida administrativa impuesta por el DAS configura una situación que extiende desproporcionadamente los efectos de la sentencia condenatoria, pues genera en contra del ex condenado un estigma vitalicio que limita gravemente su posibilidad de acceder al mercado laboral y realizarse como ser social. Estas consecuencias, ciertamente son contrarias a la dignidad humana y a la función resocializadora de la pena por la cual propende el ordenamiento jurídico; motivos por los cuales la Sala, como se había anticipado, revocará el fallo impugnado y en su lugar, concederá las pretensiones de la demanda”.

En sustento de lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia T 542 de 2003 magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra se pronunció sobre la caducidad de la información que es desfavorable a su titular y a la obligación legal de las entidades de mantener actualizada la información que reposa en su base de datos,  en los siguientes términos:

En Sentencia T-729 de 2002(1) , esta Sala de Revisión realizó un amplio estudio sobre el alcance del derecho fundamental al habeas data, y lo definió de la siguiente manera: “El derecho fundamental al habeas data, es aquel que otorga la facultad(2) al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios(3) que informan el proceso de administración de bases de datos personales.

Para la Corte Constitucional es claro que, según el principio de caducidad de la información, cuando esta es desfavorable a su titular, debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y oportunidad, quedando prohibida la conservación indefinida(4) de los datos después de que hubieren desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración(5)(resaltado fuera de texto).

Además, cabe destacarse que el buen manejo de los datos es una obligación por parte de los funcionarios encargados de ello. Al respecto, en la Sentencia SU-082 de 1995(6) se planteó lo siguiente: “(...) Hay que aclarar que la actualización, y la rectificación de los datos contrarios a la verdad, son, en principio, obligaciones de quien maneja el banco de datos; y que si él no las cumple, la persona concernida puede exigir su cumplimiento” (resaltado fuera de texto).

En el presente caso, nos encontramos, en primer lugar, ante el problema de la deficiencia que existe en la compilación de información en las bases de datos del aparato de justicia. La Corte Constitucional ya se pronunció sobre este tema. En efecto, en Sentencia T-310 de 2003(7), hizo referencia “a la problemática estructural que vive el país en relación con el registro y la actualización de anotaciones y antecedentes penales, la cual, en la mayoría de las veces, se debe a la deficiente organización de las instituciones encargadas y a la falta de coordinación entre las entidades que cumplen con esta función…”.

Así, “le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y a la Dirección Central de Policía Judicial, Dijín, directamente y por intermedio de sus dependencias seccionales, cumplir de acuerdo a la normatividad reseñada, la función de llevar de manera organizada y armónica, el registro sobre órdenes de captura y antecedentes judiciales y hacer las cancelaciones respectivas, previa orden judicial. Así mismo, tienen la obligación de hacer uso de todos los instrumentos legales que permitan el cumplimiento a cabalidad de esta función, celebrar convenios entre las mismas, a fin de procurar la constante actualización de la información que reposa en sus bases de datos(8)“ (resaltado fuera de texto).

“(…) En el presente caso la acción de tutela es procedente porque la permanencia del dato errado, así como la correlativa omisión de las autoridades de actualizarlo o rectificarlo, y de dar una respuesta suficiente, vulneran los derechos fundamentales de petición y del habeas data(9). El señor Díazgranados Perea tiene derecho a que se le suministre información en relación a la investigación que se adelantó. Así mismo tiene derecho a que se le expida el certificado judicial con los datos pertinentes”.

Como quiera que es obligación legal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, mantener actualizada la información que se encuentra en sus registros y en su base de datos, y teniendo en cuenta que la condena por el delito de violencia intrafamiliar que le resulta registrada al actor en la base de datos de la entidad en mención, ya se extinguió, tal como lo manifiesta la accionada en la contestación de la demanda de tutela, no resulta lógico expedir certificaciones con anotaciones como la aquí controvertida, pues la misma supone prolongar en el tiempo una sanción por la cual ya se respondió.

Por ello la Sala procederá a revocar el fallo de primera instancia, y en su lugar procederá a conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor, teniendo como fundamento los argumentos esgrimidos por la Corte Constitucional y por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que no se pueden poner en peligro, ni vulnerar los derechos fundamentales de una persona, por no adelantar las actividades necesarias, tendientes a la actualización de los datos que las entidades públicas manejan en su base de datos, amén de que como ya se mencionó, no existe sustento legal alguno que autorice al DAS a mantener un registro de antecedentes en forma indefinida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓQUESE el fallo impugnado, y en su lugar se dispone:

AMPÁRENSE los derechos fundamentales al buen nombre y al trabajo invocados por el actor.

ORDÉNESE al Departamento Administrativo de Seguridad DAS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, actualice la información de la base de datos relacionada con el señor Alberto Franco Sandoval, y a su vez expida el certificado de antecedentes judiciales con la información actualizada, omitiendo la expresión “registra antecedentes”.

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de junio de 2010.

Magistrados: Maria Claudia Rojas LassoRafael E. Ostau de Lafont PianetaMarco Antonio Velilla Moreno.

(1) T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(2) Tomado textual de la Sentencia T-929 de 2002, “En este sentido, en Sentencia T-414 de 1992, la Corte afirmó: “la libertad informática, consiste ella en la facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás.” Así mismo, en Sentencia SU-082 de 1995, afirmó: “La autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación, de conformidad con las regulaciones legales”. Y en la Sentencia T-552 de 1997 afirmó: “... el derecho a la autodeterminación informativa implica, como lo reconoce el artículo 15 de la Carta Fundamental, la facultad que tienen todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

(3) Tomado textual de la Sentencia T-929 de 2002 “El fundamento de validez de los llamados principios de la administración de datos personales, se encuentra en el segundo inciso del artículo 15 de la Constitución, el cual constituye en términos de la Corte, “el contexto normativo y axiológico dentro del cual debe moverse, integralmente el proceso informático” y del cual derivan “unas reglas generales que deben ser respetadas para poder afirmar que el proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea constitucionalmente legítimo”, y que a su vez son el resultado “de la aplicación directa de las normas constitucionales al proceso informático”. Así en Sentencia T-307 de 1999 (consideración 20)”.

(4) Tomado textual de la Sentencia T-929 de 2002 “correlativo a este “deber”, la Corte, desde la Sentencia T-414 de 1992, afirmó la existencia del llamado “derecho al olvido”, fundado en los principios de vigencia limitada en el tiempo del dato personal y de integridad y veracidad de las informaciones. Principios que imponen a las administradoras de datos, entre otras, la obligación de permanente actualización o la de eliminación de los mismos según las circunstancias del caso. Lo que no implica de manera alguna la negación o la supresión de la historia de las personas, sino que en relación con los principios de libertad y de no discriminación, la permanencia del dato negativo ante la posibilidad y el riesgo de que de los mismos se desprendan futuras privaciones a diversos derechos de su titular, impone la necesidad de su cancelación o supresión de las bases de datos”.

(5) Confrontar, T-729 de 2002.

(6) SU- 082 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.

(7) T-310 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(8) T-310 de 2003.

(9) En el caso de la citada Sentencia T-310 de 2003,”El Departamento Administrativo de Seguridad - Seccional Antioquia es doblemente responsable de la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante. Por una parte, por omitir la cancelación en el registro de la orden de captura, es decir por no actualizar su base de datos y, por otra parte, por negar la refrendación del certificado judicial y de policía al actor, sin justificación alguna (...). El DAS está en la obligación de emplear todas las herramientas legales a fin de mantener actualizados sus registros, máxime al ser este departamento administrativo el encargado por ley de certificar la existencia o no de antecedentes penales a los ciudadanos”.