Sentencia 2010-00079 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001-23-31-000-2010-00079-01(19219)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Colegio Bolívar (NIT 890.300.539-4)

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Impuesto de industria y comercio - 2000 a 2004.

Fallo

Bogotá, D. C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde analizar la legalidad de la actuación demandada mediante la cual, el municipio de Santiago de Cali rechazó la solicitud de devolución del impuesto de industria y comercio pagado por la actora por los periodos 2000 a 2004.

El tribunal anuló los actos acusados por haberse configurado el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 141 del Decreto 523 de 1999, toda vez que el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto que rechazó la solicitud de devolución fue decidido cuando había transcurrido más de un año desde su interposición.

El municipio demandado interpuso recurso de apelación contra esta decisión, porque de conformidad con el artículo 134 del Decreto 523 de 1999, el término para decidir el recurso de reconsideración debe contarse a partir del vencimiento del término de un mes con que cuenta la administración para inadmitir el recurso y de los 15 días adicionales en los cuales, si no existe pronunciamiento expreso, se debe entender admitido el recurso. Por lo anterior considera que en el sub examine, el recurso de reconsideración fue oportunamente decidido y, por tanto, no se configuró el silencio administrativo positivo. Adicionalmente, el ente demandado discutió la oportunidad en que fue presentada la solicitud de devolución y la presunción de legalidad que amparaba la norma con base en la cual la actora pagó el tributo objeto de devolución.

En esas condiciones, corresponde a la Sala determinar, en primer término, si la administración resolvió dentro del término legal, el recurso de reconsideración interpuesto por la actora.

El Decreto 0523 de 1999 expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, vigente para la época de los hechos, por el cual se adoptó el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento tributario y régimen de sanciones, regulaba el silencio administrativo positivo así:

ART. 139.—Término para resolver los recursos.

La subdirección administrativa de impuestos, rentas y catastro municipal o quien haga sus veces tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma.

ART. 140.—Suspensión del término para resolver.

Cuando se practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras dure la inspección, si esta se practica a solicitud del contribuyente, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de oficio.

ART. 141.—Silencio administrativo.

Si transcurrido el término señalado en el artículo 139, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la administración, de oficio o a petición de parte así lo declarará”.

De acuerdo con las normas transcritas, si la administración no resuelve el recurso de reconsideración en el plazo fijado en la ley, esto es, un año, contado a partir de su interposición en debida forma, se entenderá que el sentido de la decisión es favorable al contribuyente. La administración deberá declarar esta decisión ficta o presunta de oficio o a petición del interesado.

Como se advierte, las normas locales adoptan la regulación del silencio administrativo positivo previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario Nacional, disposición respecto de la cual, la Sala tiene sentado un criterio respecto de lo que significa la expresión “resolver” contenida en este artículo y del momento a partir del cual debe entenderse interpuesto el recurso en debida forma, criterio igualmente aplicable para la normativa objeto de estudio.

La jurisprudencia(13) ha precisado que la decisión a la que se refiere la ley, es la “notificada legalmente”, vale decir, dentro de la oportunidad legal, ya que de otra manera no puede considerarse resuelto el recurso, pues si el contribuyente no ha tenido conocimiento del acto administrativo, este no produce los efectos jurídicos correspondientes y, por tanto, no puede tenerse como fallado el recurso presentado(14).

Además, la Sala en oportunidad anterior precisó que, el plazo de “un año”, previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, es un término preclusivo, porque el artículo 734 del Estatuto Tributario establece que se configura el silencio administrativo positivo ante su incumplimiento. Al ser un término preclusivo, se entiende que al vencimiento del mismo, la administración pierde competencia para manifestar su voluntad y, en ese orden, el acto deviene en nulo(15).

Ahora bien, en relación con el momento en el cual debe entenderse la interposición en debida forma del recurso de reconsideración, la jurisprudencia de la Sala ha sido unánime en indicar que debe tenerse en cuenta la fecha de su interposición como lo señala el artículo 732 Estatuto Tributario, es decir, en la que el contribuyente presenta el recurso ante la administración, para lo cual resulta pertinente transcribir apartes de la sentencia del 15 de mayo de 2003, Expediente 12848, M. P. Dr. Germán Ayala Mantilla, en la que se indicó:

“Sobre la interpretación y aplicación de las anteriores disposiciones, ha precisado la Sala que para efectos de la operancia del silencio administrativo, que en materia tributaria tiene efectos positivos, como lo establece el artículo 734, este surte efectos si la administración no ha resuelto en el término de un año los recursos de reconsideración o reposición, partir de su interposición en debida forma. Entendiéndose que el término se cuenta a partir de mismo día de su interposición, puesto que así lo establece claramente la norma. Por la misma razón, no es necesario acudir a criterios adicionales para reconocer cuándo se interpuso el recurso en debida forma, puesto que su interposición se surte ante la administración, y en “debida forma” significa que el recurso acredite los requisitos previstos en la ley” (resaltado fuera de texto).

En ese sentido, la Sala ha tenido en cuenta la fecha de interposición del recurso de reconsideración como parámetro para determinar la configuración del silencio administrativo positivo(16).

De acuerdo con lo anterior, se observa que en el expediente está demostrado que el recurso de reconsideración fue presentado el 5 de septiembre de 2008 ante la subdirección administrativa de impuestos, rentas y catastro, del municipio de Cali(17) y la Resolución 00995, que resolvió dicho recurso, fue expedida el 24 de agosto de 2009(18). El 2 de septiembre de 2009(19) fue enviada citación al contribuyente para notificación personal, diligencia que fue realizada con el apoderado del Colegio Bolívar el 21 de septiembre de 2009(20).

Así pues, se advierte que transcurrió más de un año entre la presentación del recurso de reconsideración y la notificación del acto que lo resolvió. Por ende, se produjo la figura del silencio administrativo positivo, en virtud de lo previsto en el artículo 141 del Decreto 523 de 1999.

Entonces, ante la existencia del acto ficto positivo, deben reconocerse los efectos que dicho acto produjo, que no son otros que entender resuelto el recurso de reconsideración a favor del recurrente, tal como se dispuso en la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, no prospera el recurso de apelación, sin que sea procedente analizar los asuntos de fondo planteados por el ente demandado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(13) Sentencia del 23 de junio del 2000, Expediente 10070, C. P. Delio Gómez Leyva, reiterada el 23 de agosto de 2002, Expediente 13829, C. P. María Inés Ortiz Barbosa.

(14) Sentencia del 12 de abril de 2007, Expediente 15532, C. P. María Inés Ortiz Barbosa.

(15) Sentencia del 21 de octubre de 2010, Expediente 17142, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(16) Sentencias de 13 de junio de 2013, Expediente 18554, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, de 11 de julio de 2013, Expediente 18901, M. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 12 de septiembre de 2013, Expediente 18794, M. P. Hugo F. Bastidas Bárcenas, de 7 de junio de 2012, Expediente 18163 y de 5 de julio de 2012, Expediente 18498, M. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 19 de enero de 2012, Expediente 17578 y de 21 de octubre de 2010, Expediente 17142, M. P. Hugo F. Bastidas Bárcenas, de 19 de mayo de 2011, Expediente 17434, M. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, de 27 de agosto de 2009, Expediente 16342, M. P. Hugo F. Bastidas Bárcenas, de 10 de septiembre de 2009, Expediente 17277, M. P. Martha Teresa Briceño de Valencia, entre muchas otras.

(17) Folios 32 a 45.

(18) Folio 48.

(19) Folio 47.

(20) Folio 50 vto.