Sentencia 2010-00080 de julio 31 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Rad.: 250002327000201000080 01

Núm. int.: 18829

Demandante: Comercializadora Internacional y Comunicaciones Limitada – Intracom Ltda.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Renta 2003

Bogotá D.C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos administrativos que le impusieron a la actora sanción por no declarar el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2003.

Para tal efecto, la Sala debe determinar si la actora, que se encontraba inactiva desde el 6 de marzo de 2003, estaba obligada a presentar la declaración de renta por el año gravable 2003.

No obstante, antes de abordar el tema referido, la Sala debe establecer si la falta de valoración de la respuesta al emplazamiento para declarar, aportada por la actora, constituye una violación al derecho de defensa que implique la nulidad de los actos administrativos demandados, por expedición irregular de los mismos.

Al respecto, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo preceptúa que la nulidad de los actos administrativos procederá “...no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió”. (resalta la Sala)

En el sub lite, la actora manifestó que la administración desconoció las argumentaciones y las pruebas aportadas con ocasión de la respuesta aportada al emplazamiento para declarar y, por tanto, violó su derecho a la defensa.

Por su parte, la administración adujo que la negativa de valorar las pruebas se dio como resultado de la falta de autenticidad de la respuesta indicada, pues no estaba firmada por el representante legal de la sociedad y que, además, la actora no desvirtuó la obligación que le asistía de declarar el impuesto sobre la renta del año 2003.

Contrario a lo afirmado por la actora, la Sala advierte que la administración sí evaluó los argumentos presentados en la respuesta aportada al emplazamiento para declarar y desvirtuó las pruebas incorporadas a tal escrito, como se observa en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

En efecto, en los antecedentes administrativos que obran en el expediente se evidencia que las razones de inconformidad presentadas en la respuesta al emplazamiento para declarar con radicado 57293 del 1º de septiembre de 2007(1) fueron abordadas en la Resolución 900085 del 30 de octubre de 2009(2), así:

Respuesta al emplazamientoResolución recurso de reconsideración

Inactividad de la empresa desde el 6 de marzo de 2003, reconocida por el Auto de Archivo 300632006000606 del 6 de marzo de 2006.
“En cuanto al Auto de Archivo 300632006000606 (...), se precisa que dicha actuación administrativa no implicó la cesación de las facultades de investigación y determinación de la administración, además, este se refirió a un programa diferente al que se adelanta en el presente caso, se observa: 1. el auto de archivo (...) correspondía al Programa “OF” de Obligaciones Formales, el cual se expidió como consecuencia del cese de actividades informado por el contribuyente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 614 del estatuto tributario, sin embargo el presente caso se apertura por el programa “OY” “Omisos en el impuesto sobre la renta y complementarios”, que es totalmente diferente y cuyo fin es que el contribuyente cumpla con la obligación de hacer consistente en presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2003, por cuanto estaba obligado a hacerlo (...). Adicionalmente, una cosa es la exoneración de presentar declaraciones de impuesto sobre las ventas cuando se dan los presupuestos del artículo 14 del estatuto tributario, y otra es la obligatoriedad para presentar las declaraciones de renta cuando se esté obligado a ello, sin que la exoneración de la primera signifique exoneración de la segunda”.
Circunstancias constitutivas de fuerza mayor por la situación económica de la empresa.“Dentro de las justificaciones presentadas por el recurrente, se encuentra la alusión que hace al fenómeno de la fuerza mayor, situación que no puede predicarse en el caso ya que esta se presenta por hechos impredecibles y que escapan al querer humano (...) No basta con la simple invocación de la ocurrencia de un hecho imprevisible e irresistible para quedar exonerado del cumplimiento formal de la obligación tributaria pues resulta necesario demostrar además la inimputabilidad del obligado para eximirse de dicha responsabilidad

Pruebas aportadas(3): copia del auto de archivo referido y certificado de existencia y representación de la sociedad.
“Contrario a lo expuesto, está demostrado que la sociedad Comercializadora Internacional y Comunicaciones NIT 830.012.551-1 recibió ingresos durante el año gravable de 2003, de la Fuerza Aérea la suma de $320.834.824 y del Banco Cafetero el valor de $1.053 según se desprende de la información que aparece a folio siete (7) del expediente, sin embargo sobre este hecho el actor guarda silencio, y a pesar de que manifiesta no haber realizado operación comercial alguna, no presenta pruebas que desvirtúen los ingresos recibidos”

De lo anterior se desprende que las motivaciones presentadas por la actora en la respuesta al emplazamiento para declarar fueron objeto de pronunciamiento por parte de la administración en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración; además, las “pruebas” aportadas en dicho escrito (copia del auto de archivo y certificado de la cámara de comercio), que por demás resultan inconducentes para justificar la no presentación de la declaración tributaria en el periodo gravable en discusión, se desvirtuaron mediante la información exógena recaudada por la DIAN, que dio cuenta de las operaciones económicas adelantadas por la sociedad demandante durante el periodo discutido.

Por lo tanto, los argumentos expuestos por la actora en la respuesta al emplazamiento para declarar fueron debidamente valorados por la administración y, por ende, la alegada violación al derecho de defensa no se presentó.

Sanción por no declarar

Ahora bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala y para efectos de establecer el objeto de la sanción por no declarar, es menester señalar que la imposición de la misma hace parte del procedimiento de aforo, del cual, además, hacen parte el emplazamiento para declarar y la liquidación de aforo(4):

Los artículos 715 a 719 del estatuto tributario disponen que el proceso de aforo inicia con el emplazamiento para declarar, que es un acto preparatorio mediante el cual la administración invita al contribuyente, previa determinación de su obligación formal de declarar, a que cumpla con este deber dentro del término de un mes y le advierte sobre las consecuencias de no hacerlo.

Si transcurre el término señalado sin que el interesado presente la respectiva declaración, la administración está obligada a imponerle la sanción por no declarar, prevista en el artículo 643 del estatuto tributario porque el objeto del acto sancionatorio está dado únicamente por el incumplimiento del deber formal de declarar.

El artículo 715 establece que “Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes”.

Por su parte, el artículo 716 dispone que una vez vencido el término anterior “sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la administración procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643”.

Esta última norma prevé el monto de la sanción al señalar que: “En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior”.

Así las cosas, los supuestos para la imposición de la sanción son: i) la comprobación previa del deber de declarar; ii) la expedición del emplazamiento para declarar; iii) la no presentación de la declaración por parte del contribuyente, dentro del término de un mes contado a partir de la notificación del emplazamiento y, iv) la tasación e imposición de la sanción en los términos previstos por el artículo 643 del estatuto tributario, para lo que se debe tomar el monto superior de los conceptos indicados por la norma.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte:

Que la administración estableció que la actora se encontraba activa en el Registro Único Tributario y que, conforme con el artículo 591 del estatuto tributario, estaba obligada a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2003, periodo en que realizó transacciones por un monto de $697.949.175(5);

Que la DIAN expidió el emplazamiento para declarar número 300642008000253 del 29 de octubre de 2008, en el que invitó al contribuyente a cumplir con la obligación formal de declarar el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2003, so pena de la imposición de la sanción por no declarar, sin que la actora presentara la declaración pedida.

Que, como consecuencia de lo anterior, la autoridad fiscal impuso a la demandante la sanción prevista en el artículo 643 del estatuto tributario, que fue tasada en el 20% de los ingresos brutos consignados en la última declaración de renta presentada ($1.043.096.000), por ser superior al valor de las consignaciones bancarias del periodo discutido ($300.046.582) y de los ingresos brutos determinados en el mismo lapso ($320.835.877), en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1º del artículo mencionado.

Conviene precisar que una vez adelantados los procedimientos relacionados con el emplazamiento para declarar y la sanción por no declarar, la administración cuenta con un periodo de cinco años para expedir la liquidación de aforo, como lo dispone el artículo 719 del estatuto tributario, según el cual, dicho acto “tendrá el mismo contenido de la liquidación de revisión, señalado en el artículo 712(6)”, siendo esta la oportunidad legal para discutir las bases de la cuantificación del tributo y el monto del mismo.

En ese orden de ideas, la actora debió centrar sus inconformidades en la obligación formal de declarar y, por lo tanto, el argumento sobre la fecha de causación de los ingresos reportados por la administración, debe ser objeto de debate durante el trámite de la expedición de la liquidación de aforo y no en el procedimiento sancionatorio que ocupa la atención de la Sala.

Obligación formal de declarar

En lo que respecta a la obligación formal de declarar, el artículo 591 del estatuto tributario dispuso:

“ART. 591.—Quiénes deben presentar declaración de renta y complementarios. Están obligados a presentar declaración el impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 1987 y siguientes, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción de los enumerados en el artículo siguiente”. (resaltado de la Sala).

Así mismo, de conformidad con los artículos 12 y 13 del estatuto tributario(7), son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, “Las sociedades y entidades nacionales” dentro de las que se encuentran las sociedades limitadas y asimiladas.

Conforme con las anteriores disposiciones, la actora es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios pues se trata de una sociedad limitada(8), no exceptuada de la obligación formal de presentar la declaración tributaria, por no estar dentro de los supuestos previstos en el artículo 592 ibídem.

Así las cosas, como contribuyente sometido al impuesto sobre la renta y complementarios, debió cumplir con el deber formal de presentar la declaración del gravamen referido, por el ejercicio 2003, sin importar su inactividad o el monto de los ingresos percibidos, siempre y cuando no estén exceptuados expresamente por la norma.

Acorde con lo expuesto, el artículo 595 del estatuto tributario previó que el periodo fiscal de las personas jurídicas, liquidadas en el transcurso del año gravable, termina con la aprobación del acta de liquidación respectiva, por lo que deben cumplir con la obligación de presentar la declaración respecto del periodo comprendido entre el inicio de la liquidación y la aprobación del acta de la misma. Al respecto, cabe anotar que en el expediente no obra el acta de liquidación de la sociedad actora.

Por lo tanto, el Auto de Archivo 300632006000606 del 6 de marzo de 2006(9), por medio del cual se canceló en el RUT la responsabilidad de la sociedad demandante, respecto del impuesto sobre las ventas, y se reconoció que la sociedad se encontraba inactiva desde el 6 de marzo de 2003, en nada desvirtúa el deber de declarar el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2003, por el periodo comprendido entre el 1º de enero del año 2003 y el 6 de marzo del mismo año, fecha en que fue reconocida su inactividad.

Finalmente, la Sala no comparte la supuesta violación del derecho al debido proceso y a la defensa, alegada por la empresa, por la falta de práctica de la prueba testimonial decretada por el tribunal mediante auto del 24 de septiembre de 2010, pues a pesar de que el testigo alegó la imposibilidad de asistir a la diligencia dispuesta para tal efecto, lo cierto es que éste no justificó su inasistencia durante los tres días siguientes a la realización de la audiencia, como lo ordena el artículo 225 del Código de Procedimiento Civil. Además, se trata de una prueba inconducente para demostrar que a la actora no asistía la obligación de declarar.

Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia del 16 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 16 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de apelación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(1) Visible en los folios 36 y 37 del cuaderno principal.

(2) Visible en los folios 53 a 58 del cuaderno principal.

(3) Visible en el pie de página de la respuesta al emplazamiento, folio 37 del cuaderno principal.

(4) Consejo de Estado Sección Cuarta, sentencia del 3 de julio de 2013, expediente 18231, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(5) Visible en el folio 33 del cuaderno principal.

(6) Estatuto tributario “ART. 712.—Contenido de la Liquidación de revisión (…) e. Bases de cuantificación del tributo; f. Monto de los tributos y sanciones para el contribuyente; g. Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración (…)”.

(7) ART. 12.—“Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto en sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como las que se originen de fuentes fuera de Colombia”.

ART. 13.—“Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los respectivos socios, comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente a sus aportes o derechos y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con las normas legales.

(8) En el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, visible en los folios 39 a 34 del cuaderno principal, la actora aparece como sociedad limitada.

(9) Visible en el folio 59 del cuaderno principal.