Sentencia 2010-00081 de julio 21 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201000081 01

Aprobado según acta de Sala 69 de la fecha

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: diecinueve de julio de dos mil once

Bogotá, D.C., veintiuno de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer en el grado jurisdiccional de consulta, las sentencias sancionatorias que no son apeladas, emitidas por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 256 numeral 3º(8) de la Carta Política y artículo 112 numeral 4º(9) de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(10).

No obstante lo anterior, como se dijo desde el principio la Sala no abordará el fondo del asunto, por cuanto se vislumbra una causal que vicia de nulidad la actuación.

En efecto, con relación al contenido y alcance del derecho disciplinario, se ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

En este orden de ideas, es sabido que uno de los principios fundantes del derecho disciplinario en nuestro país es el de “Estricta legalidad” y “Estricta constitucionalidad”, al punto de ser fuente de legitimación de los actos del Estado en su función primordial de persecución punitiva.

Tal principio aparece consagrado en nuestro ordenamiento en el artículo 29 de la Carta Política en donde se expresa: “(...) Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (...)”; y no es más que el reflejo y desarrollo de múltiples declaraciones internacionales de derechos humanos, en donde se considera como un bien fundamental.

Dicho derecho constitucional, establecido en el preámbulo de nuestra Constitución Política al asegurarle a sus integrantes, la justicia dentro de un marco jurídico, democrático y participativo y a su vez, límite material al “ius puniendi”, está reproducido como principio rector en el ámbito disciplinario, artículo 3º de la Ley 1123 de 2007 “(...) El abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o en las normas que lo modifiquen (...)”, en concordancia con el artículo 6º de la Ley 600 de 2000(11), el cual, implica básicamente que la ley debe ser escrita, estricta y preexistente al acto imputado y, por tanto, vigente al momento de la comisión del mismo y de elevar el juicio de reproche, para que el Estado pueda poner en marcha su aparato en pos de investigar y eventualmente sancionar al implicado.

Igualmente, es garantía para el profesional del derecho de que la actividad de intervención estatal de consecuencias sancionatorias no desbordará los precisos parámetros señalados por la misma ley, pues bastará la existencia de esta para que el profesional del derecho sepa exactamente lo que le es permitido y prohibido en un momento determinado (Principio de seguridad jurídica).

Por las características reseñadas en precedencia, tal principio rector se debe materializar en el ejercicio del derecho disciplinario en dos sentidos: de una parte, la exigencia al legislador para que en la consagración normativa de prohibiciones se respete siempre el criterio de “Tipicidad inequívoca” y de otra al operador judicial para que de ningún modo, acuda a interpretaciones extensivas o analógicas en mala parte, para tratar de llenar los vacíos, inconsistencias e inclusive insistir en mantener en el mundo jurídico, una conducta que con el advenimiento una norma favorable, dejó de ser reprochable autónomamente para mutar su naturaleza a criterio de graduación de la sanción.

A ese respecto resulta importante resaltar, que para un hecho ser “Típico” no basta con que una ley lo prevea, sin importar la forma de hacerlo, pues coincidimos con la apreciación que presenta el profesor Juan Fernández Carrasquilla al exponer el principio de “Tipicidad inequívoca”: “(...) El principio de legalidad, entendido en tan amplio sentido formal, no significa mucho en el orden de las garantías individuales, pues ni autolimita sensiblemente el poder punitivo del Estado, ni estorba a la arbitriedad judicial, ni en realidad “determina” la conducta punible (...)”(12).

Sin que sea dado que en el ejercicio de dicho poder punitivo las normas se queden en el papel y el operador judicial, juzgue y sancione a una persona sin siquiera enterarlo previamente de las conductas previstas en la ley y en las que supuestamente incurrió.

En este orden de ideas, se tiene que en el derecho sancionador, el legislador ha estipulado la necesidad de implementar una pieza procesal que rige toda la actuación, en aras de fijarle al procesado unas reglas claras que gobernarán su juzgamiento, una especie de columna vertebral.

La resolución de acusación o pliego de cargos constituye entonces el marco dentro del cual se realiza el juicio, pues allí se le informa al procesado los hechos por los cuales debe responder, razón por la cual, al ser una figura de tanta importancia en el proceso, normativa y jurisprudencialmente se han establecido unos requisitos que debe cumplir, so pena de vulnerar los derechos fundamentales del procesado e impedir que la etapa de juzgamiento se realice adecuadamente.

Luego entonces, en el proveído calificatorio, el funcionario debe enunciar de una forma clara y precisa los hechos objeto de investigación —imputación fáctica—, así como debe realizar un análisis probatorio suficiente para sustentar los cargos y finalmente, debe señalar las faltas por los cuales acusa —imputación jurídica—.

Sobre el tema, es innumerable la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que en reciente fallo dejó sentado lo siguiente:

“... Según Luigi Ferrajoli(13)... Cuando la jurisdiccionalidad en estricto sentido se refiere de manera concreta a la garantía nullum iudicium sine accusatione (o, lo que es lo mismo, a “la garantía procesal de una acusación determinada contra el procesado como acto previo y de delimitación del juicio(14) —se resalta—), ello implica que en las actuaciones penales la resolución de acusación (o su equivalente) no solo debe contener, en materia de lenguaje, la misma rigurosidad orientada hacia la definición y delimitación del caso concreto con la que, en un sentido general y abstracto, el legislador denota dentro de las normas jurídico penales las acciones que considera punibles, sino que además “debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin”(15).

En palabras más sencillas, la acusación, para efectos de su verificación y refutación durante la etapa del juicio, debe contener una clara e inequívoca delimitación tanto de los hechos jurídicamente relevantes del caso (imputación fáctica) como de los cargos que en razón de tales acontecimientos se formulan (imputación jurídica) en aras de respetar la estricta legalidad y jurisdiccionalidad del sistema. Y, así mismo, la acusación desde el punto de vista probatorio tiene que “ser completa, es decir, integrada por la información de todos los indicios que la justifican, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutarlos y nada le sea ‘escondido de cuanto se prepare para su daño o de cuanto se hace, o se hará, para reforzar el concepto de su culpabilidad y destruir la presunción de inocencia, que siempre le asiste’”(16)...”(17).

De igual forma, es menester señalar que ante cargos inconcretos y difusos, es imposible proferir la sentencia que en derecho corresponda, pues recordemos que entre los cargos y el fallo debe existir consonancia, pero si la primera decisión citada carece de la suficiente argumentación, al juzgador le está vedado emitir el fallo correspondiente, so pena de también vulnerar las garantías procesales de los procesados.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha considerado:

“... la descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de estos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación…”(18).

Luego entonces, es claro que legal y jurisprudencialmente en nuestro ordenamiento jurídico está consagrada dicha pieza procesal y se han fijado los parámetros necesarios que deben cumplirse al momento de su expedición. Tanto así que en el proceso penal se habla de formulación de acusación, antes resolución de acusación, y en los procesos disciplinarios regidos tanto por la Ley 734 de 2002 como por la Ley 1123 de 2007, está previsto el pliego de cargos.

En efecto, en el procedimiento regido por la Ley 1123 de 2007, se tiene que en su artículo 105, dentro del curso de la audiencia de pruebas y calificación provisional, está prevista la etapa de calificación jurídica de la actuación, a través de la terminación o la formulación de cargos, según corresponda. Esta última decisión deberá contener expresamente, como mínimo:

La imputación fáctica

La imputación jurídica

Modalidad de la conducta

Culminado de esta forma la etapa investigativa y sirviendo de preámbulo a la audiencia de juzgamiento.

Por otro lado, en dicho procedimiento, también se encuentra consagrada la confesión, en la que una vez el abogado investigado acepta la comisión de la falta disciplinaria, se procede a dictar la sentencia correspondiente (art. 105, par.).

Consagrando dicha figura además como un criterio de atenuación, al momento de graduar la sanción, siempre y cuando se presente “antes de la formulación de los cargos”(19).

Sin embargo, el hecho de que el procesado acepte la comisión de la falta, no implica que el Estado le cercene sus garantías procesales, pues se renuncia a que se agoten los trámites normales del proceso, a la controversia de la acusación y de la prueba en que se funda, pero nunca a que el Estado le informe claramente los hechos y conductas por las cuales lo va a sancionar.

Adviértase que la diminuente de la sanción opera cuando la confesión se realice antes del pliego de cargos, pero ello no implica, se itera, que el magistrado instructor pretermita la formulación de los mismos.

En este sentido, es importante remitirnos al procedimiento penal, en el que se encuentra consagrada la figura de la “terminación anticipada”, la que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, establece dos oportunidades o términos dentro de los cuales el sindicado puede solicitar que se dicte sentencia anticipada. La primera de ellas va desde la diligencia de indagatoria hasta antes de la ejecutoria el cierre de investigación; y la segunda, desde cuando se profiere acusación y hasta antes de la ejecutoria del auto que convoca a la celebración de la audiencia pública, en cuyo caso la disminución de pena es de una octava parte.

Estando expresamente consagrado que si dicha figura se presenta en la etapa de investigación, esto es, antes de la resolución de acusación, el fiscal procederá a formular los cargos, los cuales serán consignados con la aceptación del procesado en un acta suscrita por los intervinientes, y se remitirá al juez competente para que proceda a emitir el fallo correspondiente.

Dicho precepto, señala que: “El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado es equivalente a la resolución de acusación”.

Igual ocurre en el procedimiento regido por la Ley 906 de 2004, en el que existe la figura de la “Aceptación por el imputado”, que es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga(20).

Y en caso de que en el curso de la audiencia de formulación de imputación, el procesado acepte la imputación realizada previamente por el fiscal “lo actuado es suficiente como acusación...” y se convocará a audiencia de individualización de pena y sentencia(21).

En este orden de ideas, no puede concebirse un proceso sancionador sin la existencia de una formulación de cargos como requisito para emitir una condena, pues como se dijo, dicha figura no solamente delimita la etapa de juzgamiento, también garantiza al procesado que esté plena y previamente enterado de los hechos y conductas por las que será juzgado y posiblemente sancionado.

Desconocer tal figura, que a su vez constituye además una etapa procesal implica desconocer además, las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, toda vez que si el operador disciplinario omite cumplir su deber de respetar las fases o etapas procesales fijadas por la ley, como cuando se omite alguna de las ritualidades dentro de una de ellas, cuya única finalidad es garantizar la celeridad, la eficacia, la eficiencia y transparencia de la administración de justicia.

Más allá de las consideraciones sobre el incumplimiento de los ciclos procesales, la jurisprudencia constitucional ha subrayado la importancia que tiene, para la conservación de las garantías superiores, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales se desarrollen las investigaciones. Este cometido, a los ojos de la doctrina constitucional, es requisito mínimo para una adecuada administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229) y elemento necesario para preservar la seguridad jurídica de los asociados.

De lo dicho en precedencia, es claro que la consagración de etapas y ritualidades a cumplirse dentro del proceso, delimitadas por términos procesales, así como el cumplimiento de los mismos por parte de la autoridad encargada de administrarlos, constituyen la base procedimental fundamental para la efectividad del derecho al debido proceso y para el recto funcionamiento de la administración de justicia, determinando con ello el inicio de la etapa subsiguiente como requisito para la culminación del proceso, por lo tanto, resulta necesario que tanto las etapas del procedimiento como la formación de cada una de ellas se encuentren debidamente ejecutada, ofreciendo a sus titulares oportunidades ciertas para el ejercicio del derecho de defensa y por supuesto manteniendo el debido proceso que debe imperar en toda actuación judicial.

El debido proceso como principio universal se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política como una garantía más para la investigación, para no dejar al libre arbitrio del operador judicial la oportunidad y formas como deben agotarse las diferentes etapas procesales previstas por el legislador:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

En consecuencia, y atendiendo lo anteriormente plasmado, es evidente que la Sala de primera instancia vulneró el derecho de defensa y debido proceso al abogado Hernández Mahecha al omitir formularle el pliego de cargos, una vez este aceptó la comisión de una falta, máxime que la aceptada fue la relativa a los dineros y no a la indiligencia.

Adviértase que si bien, una vez ocurrió ello, el magistrado decidió terminar las diligencias por la falta a la honradez y pasar el expediente al despacho para fallo, por la presunta indiligencia, pero en ningún momento le dijo al profesional del derecho cuál fue la falta que presuntamente cometió, sin que sea dado argumentar de forma genérica una presunta indiligencia por parte del profesional del derecho realizada de forma culposa, pues la Ley 1123 de 2007, claramente obligaba al funcionario instructor a realizar la imputación jurídica al momento de formular los cargos, concretando además las pruebas de las que se deducía dicha conducta y no simplemente a realizar la imputación fáctica.

Pliego de cargos, que además debía ser congruente con la confesión realizada por el profesional del derecho, circunstancia que tampoco se encuentra tan clara en las presentes diligencias, pues como se dijo, una vez el magistrado de primera instancia increpó al togado para que constatara si confesaba la falta, este textualmente dijo:

“... Si a doña Luz Edilma y a la majestad de la justicia representada por el magistrado Álvaro León Obando, al abogado, a todos, les quiero decir que si aceptó una falta mía a nivel de culpa y no de dolo porque seguramente no hice todo lo necesario para decirle doña Luz Edilma estos honorarios yo los tengo, están produciendo para mí y debieron estar en su bolsillo pero nunca con intención de apoderarme porque siempre pensaba que el día que ella solucionara el problema con su hijo se iba a adelantar este proceso y se lo iba a terminar. Eso es así…”.

Siendo evidente que el profesional del derecho investigado se refería más a una falta a la honradez y no a la indiligencia, que fue por la que finalmente, la Sala de primera instancia lo sancionó.

Aunado al hecho que después de esta presunta confesión, el defensor del encartado, solicitó su absolución.

Lo anterior, demuestra entonces la necesidad de que el magistrado de primera instancia hubiese procedido a realizar formalmente la formulación de cargos al procesado, a pesar de que este haya confesado una falta, no solo por respeto a su derecho de defensa, al enterarlo previamente de una forma completa y clara, los hechos y las faltas imputadas, sino como cumplimiento de una etapa procesal prevista en la ley y que constituye la pieza procesal más importante en el proceso disciplinario seguido en su contra.

Luego entonces, operó la causal de nulidad prevista en los numerales 2º y 3º del artículo 98 de la Ley 1123 de 2007(22), motivo por el cual, y en ejercicio de la facultad oficiosa consagrada en el artículo 99 de esa misma norma, se ordenará recomponer la actuación a partir de la audiencia celebrada el 10 de febrero de 2011, inclusive, para que el seccional de primera instancia proceda nuevamente a realizar toda la actuación surtida, dándole al profesional del derecho la oportunidad de confesar la falta, si así es su deseo y de hacerlo, proceda a realizar la formulación de los cargos de forma clara y completa, señalando específicamente el presupuesto fáctico, la falta imputada, el verbo rector, el grado de culpabilidad del cual va a defenderse el disciplinado, así como la afectación al deber previsto en la ley, el cual debe ser correlativo a la falta y sin perjuicio de la validez de los medios de prueba que han sido recaudados.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades legales y constitucionales,

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado, por violación al debido proceso y al derecho de defensa, a partir de la audiencia de pruebas y calificación inclusive, realizada el 10 de febrero de 2011 inclusive, para que el seccional de primera instancia proceda nuevamente a realizar toda la actuación surtida, dándole al profesional del derecho la oportunidad de confesar la falta, si así es su deseo y de hacerlo, proceda a realizar la formulación de los cargos de forma clara y completa, señalando específicamente el presupuesto fáctico, la falta imputada, el verbo rector, el grado de culpabilidad del cual va a defenderse el disciplinado, así como la afectación al deber previsto en la ley, el cual debe ser correlativo a la falta y sin perjuicio de la validez de los medios de prueba que han sido recaudados. Conforme a lo motivado en este proveído; en consecuencia, REMÍTASE DE FORMA INMEDIATA el expediente a la colegiatura de instancia.

Notifíquese y cúmplase.»

(8) ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: ... 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

(9) ART. 112.—Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: ... 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura.

(10) ART. 59.—De la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código.

(11) ART. 6º—Legalidad. Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio.

(12) Derecho penal fundamental, Tomo II, Editorial Temis, pág. 27 (resaltado fuera del texto).

(13) Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, Madrid, 2001, pág. 96.

(14) Ibídem, pág. 606.

(15) Ibídem, pág. 606-607.

(16) Ibídem, pág. 607, citando a Carrara, o. c., tomo II, § 892, pág. 364.

(17) Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de diciembre de 2007, Rad. 26.513, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

(18) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de junio 20 de 2005. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala.

(19) Art. 45, literal B, numeral 1º.

(20) Artículo 283.

(21) Art. 293.

(22) ART. 98.—Causales. Son causales de nulidad:

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

(23) ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.