SENTENCIA 2010-00082/47380 DE ABRIL 26 DE 2017

 

Sentencia 2010-00082/47380 de abril 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-31-000-2010-00082-01(47380)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: J... C... P... V... y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación

Referencia: acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad - Régimen objetivo de responsabilidad - Reiteración jurisprudencial - Aplicación del principio de in dubio pro reo. / Privación injusta de la libertad - Proceso penal llevado a cabo en vigencia de la Ley 906 de 2004 / Imposición de medidas de aseguramiento / Rama Judicial - Jueces de control de garantías.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad; 5) caso concreto; 6) perjuicios: la legitimación y la actualización de las indemnizaciones reconocidas en primera instancia; 7) el pago del arancel judicial previsto en la Ley 1394 de 2010; y 8) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite el debate versa sobre la privación de la libertad del señor J... C... P... V..., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta corporación(17), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(18).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(19).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con las decisiones a través de las cuales se restringió el derecho a la libertad del señor J... C... P... V..., razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Pues bien, mediante sentencia del 23 de enero de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto absolvió al señor J... C... P... V... por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y porte ilegal de armas de defensa personal, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, a través de fallo del 14 de abril de 2008, el cual quedó ejecutoriado el 17 de junio de la misma anualidad, tal como se deduce de la constancia obrante a folio 298 del cuaderno 1.

De este modo, el término para demandar empezó a correr el 18 de junio de 2008, empero, se suspendió durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2009(20) y el 15 de diciembre de 2009(21), en virtud del trámite de conciliación extrajudicial promovido por la parte demandante.

Ahora, como la demanda se presentó el 24 de marzo de 2010(22), fuerza concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se definió la situación penal del señor J... C... P... V..., lo cual, como antes se precisó, ocurrió el 17 de junio de 2008.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia.

Acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –Código de Procedimiento Penal– y de la Ley 270 de 1996.

De manera general la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso se deberá aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la posición mayoritaria, reiterada y asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico, aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.

Por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva(23).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, Expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, Expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Caso concreto.

En el presente asunto(24), se encuentra probado que en contra del señor J... C... P... V... se adelantó un proceso penal, por los delitos de i) concierto para delinquir con fines de narcotráfico; ii) fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y iii) fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Lo anterior, según lo señalado en las sentencias penales de primera y segunda instancia(25), porque en el marco de actuaciones encaminadas a desarticular la organización criminal “Los Rastrojos”, que surgió de manera posterior a la desmovilización de las AUC, durante el año 2007 se adelantaron varios operativos en el municipio de Tumaco, en los que se incautaron armas de fuego y sustancias estupefacientes y, además, se capturaron, entre otras personas, a R… C… G… D… y J… A… S…, quienes señalaron a J... C... P... V... como uno de los integrantes de dicha organización.

Asimismo, se advierte que el Juzgado Cuarto Penal Municipal de San Andrés de Tumaco, en audiencia preliminar celebrada el 28 de junio de 2007 y previa captura, le impuso al señor Peña Vizcaya medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario(26).

Adicionalmente, en audiencia de juicio oral adelantada el 5 de diciembre de 2007, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto, luego de indicar el sentido del fallo, ordenó la libertad inmediata al señor Peña Vizcaya, en los términos previstos en el en el artículo 449 del Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004– y, para tal fin, señaló:

“[A] través de las pruebas presentadas en este debate público, la Fiscalía, como bien lo anota el señor agente del Ministerio Público, no logró que el juzgador llegara a un estado de certeza y de convicción sobre la existencia de los hechos debatidos y la responsabilidad del enjuiciado en los mismos.

“Por el contrario, campea una duda sobre tales temas[,] extensiva a todas las conductas endilgadas, cu[a]les son las de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

“Es esta razón de la subsistencia de la duda y no la conclusión contraria que persigue la defensa sobre la demostración cabal de la no participación de su cliente en los hechos materia de este caso, la que lleva a declarar a favor de J… C… P… V… su inocencia en la comisión de los delitos contenidos en los artículos 340 inciso 2º, 365 y 366 del Código Penal.

“Por tal motivo y en virtud de lo consagrado en los artículos 449 y numeral 1º del artículo 317 de la obra en referencia, se le otorga a J… C… P… V… su libertad en este asunto; por lo tanto se revoca la detención preventiva que obra en su contra para en su lugar se concede la libertad del acusado(…)”(27).

Además, se tiene que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto, mediante sentencia del 23 de enero de 2008, absolvió de los cargos al procesado, porque:

“[B]ajo tal panorama, no es real, como lo afirma el señor Fiscal, que a través de los testimonios de los uniformados M…, G… y N…, se hubiese demostrado la responsabilidad de J… C… P… V… en el delito de concierto para delinquir agravado, y menos se logró ese específico fin con los testimonios de R… C… G… y J… A… S…, máxime que este último se retractó en el juicio oral, y la Fiscalía no habilitó lo aseverado en la entrevista, de ahí que el despacho, no tiene opción de sopesar esa primera declaración.

“A su vez, como lo pone de manifiesto el señor Procurador Judicial, las diligencias de reconocimiento efectuadas por R… C… G… y J… A… S…, de un lado, no cobran eficacia por sí solas, frente a los vacíos que dejan los testimonios de quienes participaron en ellas, y de otra parte, se insiste, solamente conducirían a establecer que J… C… P… V… fue miembro de Los Rastrojos, pero sin que se pueda colegir su presencia en tal organización para la pasada anualidad, que es lo determinante.

“En tal orden de ideas, no es cierto que la Fiscalía hubiese demostrado cabalmente la participación de P... V... en la conducta de concierto para delinquir agravado.

“Ahora, en lo que respecta a los delitos de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y armas de fuego de defensa personal, la situación no resulta ser diversa, sino que por el contrario, está contagiada de las mismas inconsistencias, pues aunque con el testimonio del capitán J… H… G… y con los documentos que operan en los anexos 4 a 8 de la actuación penal, se sabe que el día 8 de junio de 2007, en la vereda Dos Quebradas del municipio de Tumaco, se halló una ametralladora, pero según el perito R… D… A…, la misma no puede catalogarse como de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso civil, y en tal medida, no se cuenta con ningún medio probatorio que permita inferir categóricamente que para el año 2007, a P... V... se le pueda imputar una conducta de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así sea a través de la comunicación de dicha circunstancia, pues el registro del año pasado, contiene la falencia en mención.

“Menos existe documento, o testimonio, o prueba pericial que conduzca a sostener que se puede predicar el porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, pues a lo sumo, se tiene el documento de incautación de fecha octubre 13 de 2006, que indica la existencia de un revólver Smith & Wesson, pero surge otra vez el inconveniente que los acontecimientos no sucedieron en la vigencia del sistema acusatorio.

“En tal medida, no se logró comprobar por la Fiscalía la materialidad de las conductas endilgadas del porte ilegal, y menos la responsabilidad en las mismas de P... V..., razón por la cual, también operará la absolución por dichos punibles.

“Sólo frente a los delitos de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo y de defensa personal, se acepta la aplicación en su integridad del principio de presunción de inocencia, como lo reclama el señor Procurador Judicial y la defensa, m[a]s no, en lo que respecta al concierto para delinquir agravado, pues según lo anunciado en diversos apartes de esta sentencia, lo que se da es la aplicación del principio del in dubio pro reo.

“En efecto, no puede pregonarse la inocencia de J… C… P... V..., con lo dicho en la audiencia pública por J... A... S..., pues tal testigo, como lo deja entrever la Fiscalía, dejó mucho que contar a través de las evasivas que dio con sus respuestas a medias, e incurrió en imprecisiones, como por ejemplo, aseverar inicialmente que llegó a la población de Tumaco en el mes de enero o febrero de 2007, para en el contrainterrogatorio señalar que jamás operó en la ciudad mencionada.

“Tales inconsistencias no permiten fundamentar una absolución por acreditada no participación de J… C… P... V..., sino por la incertidumbre reinante.

“La misma crítica recibe el testimonio de H… A…, porque como lo pone de presente el señor Fiscal, resulta inaudito que conozca al total de integrantes de Los Rastrojos, siendo [que] esa es una organización dotada al menos de más de 400 miembros, con lo que se pone en evidencia, el afán que tiene por zafar del compromiso penal al procesado, de ahí que asevere sin titubeos que P... V... no es partícipe de la misma.

“De manera que, este otro testigo, tampoco sirve para acreditar con solvencia la inocencia de P... V..., como tampoco se logra tal fin con los testimonios de C... E... R..., N… M… Q…, L… H… O…, F… A… M…, M… V… e I… de J… A… O…, quienes lo único que hacen es referir el trabajo normal que cumple el procesado, sin que le conste nada sobre su tiempo libre.

“Se insiste entonces, que aunque no hay mérito para condenar, no lo es, por la demostrada no participación del acusado en la conducta de concierto para delinquir agravado, sino por la incertidumbre reinante sobre su vinculación a Los Rastrojos para el año 2007(…)”(28).

A su vez, la Sala de Subsección observa que la Fiscalía Quinta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de San Juan de Pasto apeló la sentencia penal de primera instancia, por estimar que:

“[L]a sentencia absolutoria se centra en la duda existente en la pertenencia o no del acusado a la organización de los ‘Rastrojos’ en el año 2007. Refiere que el testigo, que se encuentra recluido en la cárcel de Ipiales, manifestó que el procesado continuaba siendo parte de la agrupación delictual. Se dice en la sentencia que en la indagatoria el testigo de la fiscalía describe al acusado como alias ‘El Sarco’, mas su descripción física no concuerda con la del procesado, pero la Fiscalía no present[ó] la indagatoria como medio de prueba, sino simplemente para demostrar la acreditación del testigo, porque lo que éste decía con conocimiento de causa en cuanto también pertenecía a la agrupación. El señor S… (Testigo de la fiscalía), quien se entregó como miembro de los ‘Rastrojos’, reconoció en identificación fotográfica, a alias ‘El Sarco’, pero con posterioridad se mostró renuente a colaborar con la justicia, por lo cual impugnó la declaración, no obstante esta impugnación se la debe tomar como parte de la entrevista(29) (…)”.

Además se advierte que el referido recurso fue resuelto de manera desfavorable por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, ante la evidencia de que no encontró probada la responsabilidad del procesado. Al respecto, el juez penal de segunda instancia señaló:

“[B]ajo tal entendido, los elementos probatorios desfilados en juicio oral, no concitan la utilidad probatoria para fincar una sentencia de condena, vale decir, declarar prosperidad a la impugnación, sin perjuicio de descartar el testimonio de R… C… G… D…, por constituir este un testimonio de referencia que en razón de las conclusiones a las que se llega del análisis de la prueba, queda huérfano de respaldo probatorio.

“Otros elementos probatorios de menor jerarquización, que se asegura acusan inconsistencias, y por mostrar variaciones en la data de las ocurrencias ora por cuanto no resulta ser el acusado P… V… (‘El Zarco’), el hombre al que con tal alias se refiere R… C… G… D…, en indagatoria de 18 de octubre de 2006, como el sujeto perteneciente a “Los Rastrojos” que se enfrentara con unidades del Ejército Nacional, donde resultara muerto un soldado, no conduce al tribunal a nada diferente sino a declarar un estado de razonable duda que impide formular un juicio de responsabilidad por los cargos que la Fiscalía General de la Nación, elevara a J… C… P… V…, como hombre perteneciente a la organización criminal Los Rastrojos, para el año 2007.

“Y, encontrar ausencia de prueba para cargar a aquél el ilícito de porte armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal que concursadamente la Fiscalía General de la Nación le acusara al tanta veces citado J… C… P… V… (…)”(30).

En las condiciones analizadas, la Sala encuentra que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto desestimaron las pruebas de cargo aportadas por la Fiscalía General de la Nación –testimonios de los señores R… C… G… D… y J… A… S…–, el primero, toda vez que constituía un testigo de referencia cuyo dicho no tuvo sustento probatorio y, el segundo, porque en el curso del juicio varió lo dicho en la entrevista y no elevó cargo alguno en contra de P… V… en relación con las imputaciones hechas por la Fiscalía.

Como consecuencia, concluyeron que no existían elementos probatorios que comprometieran al señor J... C... P... V... con la pertenencia al grupo de “Los Rastrojos” y por tanto responsable por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, tanto de uso privativo de las Fuerzas Armadas como de defensa personal.

En este punto, conviene aclarar que si bien en la sentencia absolutoria se aludió al in dubio pro reo como fundamento de la decisión, lo cierto es que la Sala, previo análisis de las consideraciones expuestas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto, así como por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, concluye que tal circunstancia en realidad se sustentó en la inexistencia de pruebas que comprometieran al acusado con el punible, en cuanto, se desestimaron las declaraciones de los señores R... C... G... D... y J… A… S…, por manera que el sub lite no se trata de un evento en el que la actuación penal hubiera terminado por la existencia de una duda razonable, sino que corresponde a uno de aquellos casos en los que la absolución obedece a que no se probó que el implicado hubiera cometido los delitos, supuesto que, por regla general y, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, da lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad de carácter objetivo, tal como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Nariño.

Así las cosas, aun cuando en su recurso de apelación la Rama Judicial alegó la inexistencia de una falla del servicio, lo cierto es que, tal y como en acápites precedentes se advirtió, cuando la decisión penal definitiva es de carácter absolutoria, ya sea porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, la privación de la libertad de la que fue objeto deviene en injusta y se abre paso a declarar la responsabilidad del Estado por los daños que hubiere causado, sin necesidad de acreditar que la misma haya sido ilegal o arbitraria(31).

Ahora, si bien, en casos como el analizado, es posible recurrir a un régimen de responsabilidad de carácter subjetivo, no es menos cierto que esto procede siempre que resulte necesario efectuar un juicio de reproche sobre los actos de la Administración(32), presupuesto que no se presenta en el sub júdice, toda vez que no se advierte la configuración palmaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que imponga la declaratoria de una falla del servicio.

Por último, conviene precisar que al sub lite no se aportaron elementos probatorios que permitan inferir que la deducción de los indicios de responsabilidad que dieron lugar a la medida de aseguramiento impuesta al señor P… V… tuvieron como fundamento elementos a través de los cuales, de manera gravemente culposa o dolosa, el implicado hubiese llevado a la Rama Judicial a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad.

Por las razones expuestas, se desestimará el argumento de inconformidad planteado por las demandadas respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

De otro lado, la Sala advierte que el daño causado a los demandantes le es imputable a la Rama Judicial, pues fue esta la autoridad que, por conducto del Juzgado Cuarto Penal Municipal de San Andrés de Tumaco con funciones de control de garantías, le impuso medida de aseguramiento al señor J... C... P... V...

En efecto, la adopción y desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico del Sistema Penal Acusatorio, mediante el Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002(33) y la Ley 906 de 2004, implicó un replanteamiento de las facultades de la Fiscalía General de la Nación, al punto de relevarla de las que la habilitaban para “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento”(34), competencias que fueron asignadas a los jueces de control de garantías, de ahí que la actuación del ente acusador se limite a la presentación de la solicitud en virtud de la cual la autoridad judicial debe resolver sobre estos asuntos. Al respecto, el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política, prevé:

“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito (…). Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

“1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal(35), la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

“El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función (…)” (Se destaca).

En concordancia con lo anterior, el artículo 297 de la Ley 906 de 2004 señala que para “la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados”, decisión que, de manera excepcional, podrá ser adoptada por la Fiscalía General de la Nación, en los términos previstos en el artículo 300 ejusdem(36).

A su vez, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal(37) establece que los jueces penales con funciones de control de garantías se encuentran facultados para resolver, a petición del ente acusador o de la víctima, sobre la procedencia de las medidas de aseguramiento.

Si bien la detención preventiva requiere de una petición previa del ente acusador o de la víctima, no es menos cierto que tal presupuesto no puede considerarse como la causa exclusiva y determinante de la privación de la libertad, porque carecen de la suficiencia para afectar este derecho, pues para esto se requiere de un mandato judicial proferido por el juez de control de garantías, autoridad a la que le corresponde: i) valorar la evidencia física o los elementos materiales probatorios aportados por el solicitante y, ii) verificar si se cumplen o no los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 297 y 308 de la Ley 906 de 2004.

Ahora, descendiendo al caso concreto, se colige que, en efecto, la decisión en virtud de la cual se restringió el derecho a la libertad del señor J... C... P... V... se profirió en el marco de las competencias asignadas a los jueces de control de garantías dentro del Sistema Penal Acusatorio, circunstancias frente a las cuales no resultó determinante la actuación de la Fiscalía General de la Nación, pues su intervención se limitó a pedir que se decidiera sobre la procedencia de la aprehensión y la emisión de sentencia condenatoria, obligaciones que recaían en la jurisdicción ordinaria, especialidad penal, dada su condición de titular de la facultad sancionatoria del Estado frente a casos como el analizado, esto es, en aquellos en los que se vulneran los bienes jurídicos protegidos por la normativa penal –Ley 599 del 2000.

De este modo, la Fiscalía General de la Nación, como en casos similares lo ha sostenido esta Subsección(38), no es la llamada a responder por los perjuicios reclamados por los demandantes, dado que estos, por las razones expuestas, le son imputables a la rama judicial, lo que impone la modificación de la sentencia de primera instancia en lo que a este punto se refiere.

Por otra parte, en cuanto al hecho de un tercero, alegado como eximente de responsabilidad por la rama judicial, ha de señalarse que las acusaciones formuladas por las víctimas o los terceros en el trámite de una investigación penal no pueden considerarse como eximentes de responsabilidad en eventos como el analizado, toda vez que carecen de los elementos requeridos para el particular, tales como, entre otros, los de ser una causa directa y extraña del daño. Al respecto, esta Sala ha sostenido(39):

“[E]n ese mismo sentido, en cuanto al hecho de un tercero igualmente alegado como causal de exoneración de responsabilidad (…) la Subsección advierte que la constitución de esta causal exige que la actuación alegada como tal sea exclusiva y determinante en la producción del daño y que además resulte imprevisible e irresistible para la administración, para cuyo propósito debe acreditarse que el tercero participó de forma preponderante y exclusiva en la realización del injusto. Así, de probarse cada uno de estos elementos, deberá absolverse al demandado e imputarse el daño al tercero.

“Así las cosas, se tiene que en el presente asunto no es posible predicar la existencia del hecho de un tercero puesto que en el sub examine resulta fuera de toda duda que fue la Fiscalía General de la Nación la que a través de sus decisiones determinó la privación de la libertad al ahora demandante la cual finalmente devino en injusta; en esa medida la demandada Fiscalía General de la Nación era la única responsable de producir el daño, razón por la cual las consecuencias de ello sólo le son imputables a ella.

“A lo anterior se debe añadir que si bien fue con ocasión de la denuncia y del reconocimiento en fila de presos y fotográfico que realizaron las mismas denunciantes que se vinculó al ahora demandante a la investigación penal, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación fue la que en el marco de sus competencias adelantó toda la investigación penal y fue ella a través de sus decisiones la que ocasionó el dañó al señor O… A… S… P…, razón por la cual dicho argumento no está llamado a prosperar (…)”.

Así, pese a que la decisión por medio de la cual se restringió la libertad del señor P… V… tuvo como fundamento, entre otros, la declaración del señor R… C… G…, no es posible colegir que la detención injusta presentada fue causada por el hecho de un tercero, toda vez que fue la rama judicial por intermedio del Juzgado Cuarto Penal Municipal de San Andrés de Tumaco la que dictó la medida restrictiva de la libertad, por manera que es a esta a la que le son imputables las consecuencias generadas por la valoración de las pruebas obrantes en la investigación, sin que para ello, como antes se precisó y por tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, resulte relevante la razonabilidad de la determinación que adoptó.

Como consecuencia, se concluye que no existen hechos con la entidad necesaria para romper el nexo de causalidad.

6. Perjuicios.

Al respecto, la Sala, de conformidad con los puntos objeto de apelación, se pronunciará sobre el monto de los perjuicios morales reconocidos en primera instancia; además, en ejercicio de sus facultades oficiosas, analizará lo relacionado con la legitimación en la causa de los demandantes y la actualización de la suma reconocida por los conceptos de daño emergente y lucro cesante.

6.1. Perjuicios morales.

6.1.1. Legitimación en la causa por activa.

Con fundamento en las máximas de la experiencia y en la jurisprudencia reiterada de la corporación(40), se presume que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también es predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.

En el presente asunto, se encuentra probada la legitimación del señor J... C... P... V..., toda vez que fue la persona en contra de la cual: i) se adelantó la investigación penal objeto de la litis y, ii) se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

Asimismo, se dará por probada la legitimación de V… A… V… G…, toda vez que la declaración juramentada de convivencia con el señor J... C... P... V..., obrante a folio 38 del cuaderno 1, da cuenta de la condición de compañera permanente para cuando el señor P… V… estuvo privado de la libertad.

En igual sentido, respecto de los menores J… C… y A… T… V… G…, porque los registros civiles de nacimiento obrantes de folios 34 y 35 del cuaderno 1 dan cuenta de su condición de hijos del señor J... C... P... V...

6.1.2. Monto de la indemnización.

Para la rama judicial la condena por perjuicios morales debía ser menor en consideración a lo señalado por esta corporación en casos similares.

Sin embargo, la Sala encuentra que no le asiste razón, toda vez que esta Sección ha precisado que en los casos en los que la restricción de la libertad se prolonga por un término que oscila entre 3 y 6 meses resulta razonable el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes –SMMLV– tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente(41).

Pues bien, descendiendo al caso concreto, se observa que el señor J... C... P... V... sufrió una limitación en su derecho a la libertad personal desde el plano físico, en establecimiento carcelario, por un término de 5 meses y 10 días.

En este orden de ideas, correspondería ordenar para cada uno de los demandantes, por encontrarse dentro del primer nivel de afectación, una indemnización equivalente a 50 SMMLV, la cual es mayor a la ordenada por el a quo, sin embargo, como frente a este punto la rama judicial es apelante única, la Sala, en virtud del principio de la non reformatio in pejus, se abstendrá de agravar su situación y, en su lugar, confirmará la sentencia de primera instancia en lo que a este punto se refiere.

6.2. Perjuicios materiales.

En relación con los perjuicios materiales, el a quo reconoció la suma de $3’651.464 por daño emergente y de $5’440.246,75 por lucro cesante, montos que se actualizarán, con base en la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)(42)

(IPC inicial)(43)

Al remplazar:

Daño emergente:

V.A = V.H ($3’651.464) (136,75)

(112,64)

V.A = $ 4’433.041.

Lucro cesante:

V.A = V.H ($5’440.246,75) (136,75)

(112,64)

V.A = $6’604.703.

En las condiciones analizadas, la rama judicial pagará al señor J... C... P... V..., por daño emergente y lucro cesante, las sumas de: i) $4’433.041 y ii) $6’604.703, respectivamente.

7. Arancel judicial.

El a quo, de conformidad con lo previsto en la Ley 1394 de 2010, fijó a cargo de la parte demandante la suma de $1’301.884,20 por concepto de arancel judicial.

El anterior punto fue objeto de impugnación por el demandante, quien alegó que el sub judice no se enmarcaba en alguno de los casos en los cuales se debía imponer el pago del arancel judicial.

Pues bien, encuentra la Sala que le asiste razón al recurrente, por lo que dicha orden se revocará, puesto que confirmarla conllevaría la vulneración del principio de legalidad, toda vez que la aplicación que efectuó el Tribunal Administrativo de Nariño de la Ley 1394 de 2010 no se ajustó a derecho. Ciertamente, este proceso no se encontraba incluido dentro del supuesto consagrado en la mencionada ley como hecho generador del arancel.

Como fundamento de la anterior afirmación, resulta pertinente retomar las consideraciones que esta Subsección expuso respecto del artículo 3º de la Ley 1394 de 2010, contenidas en la sentencia fechada el 29 de octubre de 2014, en la cual se revocó la orden de pago de un arancel judicial impuesto en una sentencia objeto del grado de consulta(44):

“Artículo 3º. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales y en los siguientes casos:

“a) Por el cumplimiento de lo acordado por las partes en una transacción o conciliación que termine de manera anticipada un proceso ejecutivo.

“b) Por el cumplimiento de una condena impuesta en un laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación.

“c) Por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza.

“PARÁGRAFO 1º. El monto de las pretensiones se calculará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. El valor del salario mínimo legal será el vigente para el momento de la presentación de la demanda. (Se destaca).

“La norma en cita fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-368 de 2011(45), en donde, entre otras cosas, se declaró la exequibilidad de su primer inciso(46) y, para lo que interesa al presente análisis, precisó lo siguiente:

‘7.5. Examinado el arancel regulado en la Ley 1394 de 2010, advierte la Corte que, en cuanto hace a su naturaleza jurídica, éste presenta las mismas características del que fue objeto de estudio por la corporación en la citada Sentencia C-713 de 2008. En efecto, se trata de un gravamen que (i) se causa solo por la obtención de una condena favorable al demandante (arts. 6º y 8º); (ii) aplica únicamente en los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales (art. 3º); (iii) los recursos se destinarán a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia (arts. 1º y 12); (iv) y tales recursos son administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia (arts. 1º).

‘7.6. De este modo, no cabe duda que el nuevo arancel judicial reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el inciso primero del artículo 1º al referirse a su naturaleza jurídica.

‘(…).

‘7.10. A su vez, el arancel judicial presenta un margen de aplicación bastante reducido, pues solo se causa sobre los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales (art. 3º), quedando expresamente excluidos del pago los demás procesos ejecutivos que no alcanzan el monto referido y todos los procesos penales, laborales, contencioso laborales, de familia, de menores, declarativos y los conflictos de la seguridad social, así como también los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales (art. 4º).

‘7.11. De acuerdo con la fórmula de aplicación y exclusión escogida por el legislador, es claro que el arancel judicial está diseñado para afectar solo a quien sí cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia, pues resulta válido presumir que la persona que presenta acreencias a su favor, por una cifra equivalente o mayor a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente $103’000.000), está en capacidad real de contribuir con el aparato judicial en aras de su fortalecimiento. Máxime, si el pago de la contribución se ajusta a una tarifa del 2% o del 1%, según las circunstancias, que en todo caso no resulta desproporcionadamente gravosa frente a demandantes de procesos ejecutivos que llevan a cabo reclamaciones superiores a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

‘(…).

‘En efecto, según quedó explicado en el acápite anterior, (i) el sujeto activo del tributo es el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (art. 2º); (ii) el hecho generador son todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, aplicándose también en los siguientes casos: (a) cuando el proceso ejecutivo termine de manera anticipada por acuerdo entre las partes (transacción o conciliación), (b) por el cumplimiento de una condena impuesta en laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación, y (c) por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza (art. 3º); (iii) el sujeto pasivo, o quien tiene a su cargo el pago del arancel, es la parte demandante del proceso que haya sido beneficiada con las condenas o pagos, ya sea el inicial o el que decida reconvenir, o sus causahabientes a título universal (art. 5º); (iv) en cuanto a la base gravable, ésta se calcula sobre: (a) el valor de las condenas por suma de dinero efectivamente recaudadas por el demandante, (b) el valor de las condenas por obligaciones de dar y de hacer, del total a pagar como resultado de la liquidación elaborada por el juzgado y (c) el valor de los pagos, o de la estimación de los bienes o prestaciones que se hayan determinado por las partes en el acuerdo de transacción o conciliación judicial que ponga fin al proceso ejecutivo (art. 6º); y finalmente (v) se establece una tarifa del dos por ciento (2%) de la base gravable, salvo en los casos de (i) terminación anticipada de procesos ejecutivos y de (ii) reconocimiento o refrendación del laudo arbitral ante funcionario judicial, donde la tarifa será del uno por ciento (1%) de la base gravable (art. 7º). (Se destaca)’.

“Así las cosas, es claro que, en su momento, el fallador de primera instancia aplicó la regulación del arancel judicial contenida en la Ley 1394 de 2010 a un proceso declarativo, el cual no estaba regido por ella(47), por lo que, como ya se dijo anteriormente, lo dispuesto en el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia consultada será revocado” (negrillas y subrayado del texto original).

Se considera que la conclusión a la que llegó esta Subsección en la sentencia arriba citada debe reiterarse en esta ocasión, puesto que tanto en este caso como en el citado, el tribunal administrativo que profirió la sentencia sometida a consulta ponía fin a demandas de naturaleza declarativa. Como el arancel judicial no procedía en dichos procesos, debe concluirse que no debió obligarse a los demandantes a pagarlo.

Adicionalmente, no sobra mencionar que el pago del arancel judicial impuesto por el Tribunal Administrativo de Nariño se efectuó cuando la Ley 1394 de 2010 se encontraba vigente. Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre la fecha en que se expidió la sentencia apelada y esta providencia, aquella fue derogada por la Ley 1653 de 2013, norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-169 de 2014.

La anterior precisión, con el objeto de señalar que aún si el Tribunal Administrativo de Nariño hubiere acertado en imponer a las demandantes el pago del arancel judicial, habría que revocarlo, porque carecería de soporte jurídico mantener una condena cuya fuente la constituía una disposición legal –no judicial— que desapareció del ordenamiento jurídico.

8. Condena en costas.

Para la parte actora la conducta asumida por parte de las demandabas ameritaba una condena en costas.

No obstante, no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, por lo que la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR los ordinales primero, segundo, cuarto y quinto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 15 de febrero de 2013, cuya parte resolutiva quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Rama Judicial por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor J... C... P... V...

“SEGUNDO. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar:

— Por perjuicios morales, las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

1) Para J... C... P... V...: 35.

2) Para V… A… V… G…: 20.

3) Para J… C… P… V…: 20.

4) Para A… T… P… V…: 20.

— Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil cuarenta y un pesos ($4’433.041), en favor del señor J... C... P... V...

— Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de seis millones seiscientos cuatro mil setecientos tres pesos ($6’604.703), en favor del señor J... C... P... V...

“TERCERO: Denegar las demás suplicas de la demanda.

“CUARTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

“QUINTO. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.

“SEXTO. Sin condena en costas”.

2. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

17 Acuerdo 58 de 1999, modificado por los acuerdos 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015.

18 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009- 00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, Expediente 13.622, M. P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto de 19 de julio de 2010, Expediente 37.410, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

20 Fecha de presentación de la solicitud de conciliación, según lo probado por la constancia y el acta obrantes a folios 138 a 140 del cuaderno 1.

21 Fecha en la que se venció el término de 3 meses dentro del cual debía intentarse la conciliación, según lo previsto en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001.

22 Folio 164, cuaderno 1.

23 Sentencias del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168 y del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas por esta Subsección en sentencia de mayo 26 de 2011, Expediente 20.299, M. P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

24 Con fundamento en las pruebas recaudadas en la primera instancia, las cuales, tratándose de las diligencias penales adelantadas en contra del ahora demandante, corresponden a: i) acta de audiencia de lectura de fallo de 23 de enero de 2008 adelantada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto (fls. 227-243, cuaderno 1 ); ii) sentencia de 14 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (fls. 244-268, cuaderno 1); iii) constancia de ejecutoria de las anteriores providencias expedida el 22 de septiembre de 2011 (fl. 298, cuaderno 1); iv) certificación de tiempo de reclusión en establecimiento carcelario, proferida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario el 10 de mayo de 2012 (fl. 304, cuaderno 1); v) copia de la cartilla biográfica, del certificado de conducta y cómputo de tiempo del ahora demandante expedidos por el INPEC el 26 de julio de 2012 (fls. 309-337, cuaderno 1); vi) copias de las grabaciones de las audiencias de formulación de acusación, preparatoria, lectura de fallo de primera y segunda instancia (fl. 337, cuaderno 1); vii) orden de detención carcelaria 2007/0003 de 28 de junio de 2007, proferida por el Juzgado 4 penal municipal de San Andrés de Tumaco (fl. 338, cuaderno 1); viii) escrito de acusación (fls. 44-45, cuaderno 1); ix) acta de audiencia preparatoria (fls. 47-67, cuaderno 1); x) copia acta de audiencia de juicio oral (fls. 68-76, cuaderno 1); xi) acta de audiencia de debate oral (fls. 100-101, cuaderno 1); xii) boleta de libertad J036100 de 6 de diciembre de 2007 expedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto (fl. 131, cuaderno 1) y, xiii) certificado de libertad proferido por el Inpec de 6 de diciembre de 2007 (fls. 132-133, cuaderno 1).

25 Folios 117, 245 y 246 del cuaderno 1.

26 Folio 338, cuaderno 1.

27 Folios 317-318, cuaderno 1.

28 Folios 240-242, cuaderno 1.

29 Folios 100-101, cuaderno 1.

30 Folios 265-266, cuaderno 1.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, M. P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 24653.

32 En este sentido la Sección se pronunció en sentencia del 23 de agosto de 2010, Radicación 40060, C. P. Enrique Gil Botero. Para los fines pertinentes señaló:
“No obstante, en aquellos eventos en que pese a configurarse la causal de absolución penal permitiera enmarcar el estudio de la responsabilidad patrimonial bajo un régimen de carácter objetivo pero en el proceso contencioso administrativo quedó acreditada la existencia de una falla del servicio, se impone la declaratoria de la misma en aras de emitir un juicio de reproche y, de paso, permitir a la administración que, identificada la irregularidad cometida, analice la conveniencia de iniciar la acción de repetición contra los funcionarios que dieron origen a la condena pecuniaria.
“No significa lo anterior que la Sala esté fijando un régimen subjetivo de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad sino que, se insiste, la perspectiva objetiva o subjetiva (culpabilística) dependerá en cada caso concreto de los motivos de absolución o preclusión criminal; sin embargo, cuando la falla del servicio sea evidente y palmaria en el proceso contencioso será imprescindible advertir su existencia y, por lo tanto, acoger la responsabilidad sin ambages por esa circunstancia, tal y como ocurrió en la sentencia de 14 de abril de 2010, oportunidad en la que sin importar que al sindicado se le hubiera absuelto porque no cometió el hecho que se le imputaba penalmente, la Sala declaró la falla del servicio en aras de emitir un juicio de valor frente al comportamiento gravemente irregular de la entidad demandada, circunstancia que, en ese caso concreto, motivó que se adoptaran medidas de justicia restaurativa encaminadas inclusive a establecer la verdad de los execrables acontecimientos por los que se inició la instrucción penal que conllevó al demandante a estar privado de manera arbitraria de la libertad”.

33 De conformidad con la Sentencia C-591 del 9 de junio de 2005 de la Corte Constitucional. M. P. Clara Inés Vargas Hernández, se tiene que “(…) En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional, de este nuevo sistema procesal penal (Ley 906 de 2004), perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de esta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio (…)”. (Se destaca).

34 De conformidad con lo previsto, con anterioridad a su reforma, por el numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Política.

35 Facultad ratificada por el legislador en el numeral 8º del artículo 114 de la Ley 906 de 2004, que señala que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde “[s]olicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas”.

36 “ARTÍCULO 300. Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando no se encuentre un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales:
“1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación.
“2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios.
“3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible.
“La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión”.

37 Norma que para la época de ocurrencia de los hechos, esto es, sin las modificaciones introducidas por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011, señalaba:
“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
“Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.
“La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia” (Declarada condicionalmente exequible, mediante Sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007, “en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida correspondiente”.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, Expediente 43345, reiterada en fallo del 24 de octubre de 2016, Expediente 43943, entre otros.

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 27 de marzo de 2014, Expediente 35.091.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 14 de marzo de 2002, M. P. Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 12076, ii) 23 de septiembre de 2015, M. P. Hernán Andrade Rincón, Radicación 36575; iii) 2 de diciembre de 2015, Radicación 37936 y iv) 10 de febrero de 2016, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Radicación 39159, entre otras.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, C. P. Hernán Andrade Rincón (E), Radicación 36.149.

42 IPC vigente a la fecha de la presente providencia (abril de 2017). Se precisa que se toma el IPC de marzo de 2017, habida cuenta de que la publicación se hace mes vencido.

43 IPC vigente para la fecha de la sentencia de la primera instancia (febrero 2013).

44 Expediente 23001-23-31-000-2004-00245-01 (40.784). M. P. Hernán Andrade Rincón.

45 Original de la cita: “Magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.

46 Original de la cita: “En esta providencia resolvió la Corte: ‘Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, el primer inciso del artículo 1º, el primer inciso del artículo 3º y la expresión ‘El Arancel Judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos…’ del artículo 5º, de la Ley 1394 de 2010’”.

47 Original de la cita: “Vale mencionar que la Ley 1394 de 2010 fue derogada por la Ley 1653 de 2013, norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-169 de 2014”.