Sentencia 2010-00086 de febrero 15 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”

Rad. 11001-0326-000-2010-00086-00

Expediente 40.124

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Convocante: Inversiones Zapata Lotero y Cía. S.A.

Convocado: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia

Bogotá, D.C., 15 de febrero de 2012

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7 La Sala es competente para conocer y decidir el asunto de acuerdo con lo previsto en el numeral 5º del artículo 36 de la Ley 446 de 1998, que reformó el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 72 de la Ley 80 de 1993, comoquiera que el contrato fuente de las obligaciones en litigio es de naturaleza estatal, porque fue suscrito por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, entidad estatal.

II. Problema jurídico

8 La Sala deberá decidir: (i) si la condena al pago de una indemnización diferente a la pedida en la demanda, da lugar a la anulación del laudo por haber recaído sobre un punto que no estaba sujeto a la decisión de los árbitros; (i) si la supuesta falta de una decisión expresa dentro de la parte resolutiva del laudo acerca de las pretensiones indemnizatorias del demandante da lugar a la anulación del laudo por no haber decidido sobre cuestiones que estaban sometidas a la decisión de los árbitros.

III. Análisis de la Sala

9 En relación con la causal invocada por el recurrente en primer lugar, —”Haberse (sic) recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”—, la Sala ha indicado que se configura en aquellos casos en los que el laudo arbitral decide asuntos que no se encontraban comprendidos dentro del ámbito restringido por el pacto arbitral y, por lo tanto, excedían la competencia de los árbitros. Han sido múltiples los pronunciamientos de la Sección Tercera acerca de los aspectos que caracterizan la causal comentada, a través de los cuales se indica que la sanción de nulidad se justifica en protección del principio de congruencia, así:

“En el trámite arbitral la competencia de los árbitros y los límites dentro de los cuales pueden actuar válidamente, han de ser señalados de manera expresa, clara y taxativa por las partes. Son las partes quienes habrán de señalar las estrictas materias que constituyen el objeto del arbitramento. Si los árbitros hacen extensivo su poder jurisdiccional transitorio a temas exógenos a los queridos por las partes, atentarán contra el principio de congruencia, puesto que estarán decidiendo por fuera del concreto tema arbitral”(2).

10 Con respecto a la segunda causal invocada por el recurrente, ha dicho la Sala que “se configura cuando el laudo no decide todos los puntos objeto de arbitramento y en este evento se predica que el mismo es mínima o citra petita respecto de las pretensiones, excepciones procesales y demás aspectos de la relación jurídico procesal (CPC., arts. 304, 305 y 306; CCA, arts. 87 y 164)”(3). Como en la causal anterior, el principio de congruencia circunscribe al juez a los extremos de la litis en relación con los temas que debe resolver y, en este caso, lo obliga a resolver todos los aspectos comprendidos en el litigio, so pena de que su decisión sea anulada.

11 Es importante advertir que bajo perspectiva alguna el recurso de anulación constituye una segunda instancia en la cual se puedan controvertir las decisiones tomadas por el tribunal de arbitramento, ni su apreciación de los elementos probatorios y, en tal virtud, el juicio de la Sala se contraerá a confrontar las imputaciones del recurrente, el texto del laudo y la normatividad aplicable para concluir si en efecto se configura alguna causal de anulación.

12 Al respecto, para efectos de analizar los dos cargos planteados, la Sala considera necesario transcribir la parte del laudo arbitral del 10 de septiembre de 2010, impugnado por la sociedad convocante, en la cual se analizó el punto de los perjuicios, así:

“El tribunal observa que la liquidación de los contratos 1750 y 1956 de 1999 debió hacerse en el año 2006 por virtud del laudo arbitral del 22 de noviembre de 2005. Esta liquidación pone fin al vínculo contractual siete años antes de que la plantación cumpla su turno, por petición de la sociedad convocante visto el incumplimiento de las obligaciones por parte de Corantioquia. En aquel laudo se ordenó el pago de la indemnización por lucro cesante así:

“El lucro cesante así determinado se calculó en cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos sesenta y nueve mil sesenta y ocho pesos ($ 453.869.068,00), suma que ya está afectada con el costo de la plantación remanente (112 hectáreas) y así se concluye en el dictamen del ingeniero Billy López Cadena, quien en la aclaración final manifestó: No considero que exista error grave. Teniendo en cuenta que en el considerando 2, de precio fijo causado por hectárea, se revisó el cálculo y se encontró correcto, del lucro cesante estimado en $ 453.869.068, resultante de traer a valor presente el futuro de la producción de madera al año 2014 ($ 530.101.100) y descontarle el valor presente con cálculo similar del bosque remanente ($ 76.231.932).

La suma total de cuatrocientos cincuenta y tres millones ochocientos sesenta y nueve mil sesenta y ocho pesos ($ 453.869.068,00) constituye el lucro cesante total de las plantaciones, la cual se afecta en un 10% toda vez que pericialmente se determinó que el índice de incendios (correspondiente al riesgo razonable que por tal concepto se asume en plantaciones como las contempladas en este proceso) se ubica entre un 8% y un 10%. El tribunal adoptará el índice mayor por las condiciones de alto riesgo de la zona, conocidas por ambas partes. Es importante anotar que existiendo plantación remanente y declarándose la terminación de los contratos, procede la aplicación de las estipulaciones contractuales contenidas en los parágrafos de las cláusulas décima segunda de cada uno de los contratos, y por ello dicha plantación corresponde a ambas partes en la forma estipulada...”.

El laudo anterior es, pues, una pauta que el tribunal examinará para establecer el valor de los perjuicios sufridos por la parte convocante.

Por su parte, al perito Billy López Cadena, le solicitó el tribunal en auto de 14 de abril de 2010:

“Evaluará el señor perito, en forma objetiva y con criterios técnicos, exponiendo las bases y razones de sus conclusiones los perjuicios que por daño emergente y lucro cesante pudo haber sufrido Inversiones Zapata Lotero, originadas en el incendio de la plantación ocurrido el 6 de agosto de 2006”.

El perito respondió como sigue:

“No haber pagado Corantioquia hasta agosto de 2006, puede configurarse un lucro cesante de $ 71.742.911 al 50%, correspondiente a las 55,5 ha de plantaciones remanentes y/o requemadas, al mismo valor estimado para la condena a Corantioquia de 158 ha quemadas hasta 2005 (ver cuadro siguiente)

Valoración por hectárea de los daños causados por incendios en la finca San Gabriel, Cerro Quitasol Bello Antioquia.

EventoHasVr. Total ($COP)Vr. Unitario ($/Ha)% Observación
a) Laudo de noviembre 22 de 2005 contra Antioquia158$ 204,241,0801,292,66550Pagado
b) Resolución 9348 y ratificada por la 9478 de Corantioquia contra Inversiones Zapata Lotera y Cía. Ltda.57.15$ 47,067,433823,57750No pagado
c) Pretensiones de Inversiones Zapata Lotero y Cía. Ltda., en la Segunda Demanda contra CORANTIOQUIA64.1$ 949,778,50314,817,137100Pretendido
d) Área quemada en agosto 2006 no valorada (Corantioquia)55.5$ 71,742,9111,292,66550Valorado
e) Cruce de áreas (b – d)1.65$ 1,358,902823,57750Sugerido por el perito
f) Valor presente de la inversión inicial de Corantioquia270.65783,861,3222,896,218100Base de $463,961,058

 

No considero conveniente pretender estimar máximas productividades del bosque en maderas y mercados verdes, en una plantación comercial en inmediaciones del municipio de Bello, con todos los riesgos de incendios y sin infraestructura vial para atender y apagar los incendios forestales. Una plantación forestal contigua (menos de 1 km.) a la finca del Quitasol, establecida en 1979, que tenía vías internas, controló oportunamente incendios y pudo ser aprovechada comercialmente durante los tres años anteriores (2007, 2008, 2009)”.

En estas circunstancias, el tribunal no puede acoger las pretensiones de la parte convocante, en los términos en que fueron formuladas, porque ellas están sustentadas en proyecciones al año 2014, lo cual no tiene asidero real. De una parte se pretende el pago de unas sumas de dinero por unos conceptos que no fueron probados, a saber: valor de las entresacas y las utilidades que generarían los certificados de reducciones de emisiones. De otra parte, se pretende una indemnización de perjuicios como si los contratos estuvieran vigentes y en ejecución, pero como ya se vio ellos terminaron anticipadamente por solicitud de Inversiones Zapata Lotero a causa del incumplimiento imputable a Corantioquia. Los perjuicios derivados del mismo fueron pagados acorde con el laudo anterior. Conforme a ese laudo, el valor de la indemnización por cada hectárea asciende a un millón doscientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($ 1.292.665) por hectárea, en pesos del mes de noviembre de 2005.

El Ministerio Público en su concepto de fondo efectuó la liquidación de la indemnización, así:

“Si por 158 ha incendiadas para el año 2005, han de pagarse, tras la división de las eventuales utilidades una suma de $ 204.241.080,60: por 55,5 ha afectadas en el año 2006, deberá resarcir una cifra equivalente a $ 71.742.911, valor que como se expresó anteriormente, deberá actualizarse”.

El tribunal coincide con el concepto de la procuradora delegada y por consiguiente reconocerá a la convocante Inversiones Zapata Lotero la suma de setenta y un millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos once pesos ($ 71.742.911) como valor de las 55.5 Has., quemadas en el incendio del 6 de agosto de 2006, y dicha suma se actualizará a la fecha del laudo”.

13. La Sala considera en relación con el primer cargo —el laudo recayó sobre puntos no sometidos a la decisión de los árbitros—, que el análisis y utilización de métodos, conceptos y valores diferentes a los incorporados en las pretensiones de la demanda para la indemnización de los perjuicios, y la correspondiente expedición de una condena pecuniaria dentro del laudo arbitral con base en aquellos, no implica necesariamente que el laudo haya recaído sobre puntos no sujetos al arbitramento, en tanto que una vez establecida la responsabilidad contractual de la entidad convocada, los árbitros con los elementos de juicio a su alcance procedieron a hacer la liquidación que en derecho competía.

13.1. Sería antijurídico, y por lo demás absurdo, que en el presente caso, luego de haberse determinado la responsabilidad contractual de la entidad convocada, el tribunal de arbitramento no hubiera proferido la condena pecuniaria correspondiente por el temor de hallarse incurso en la causal de nulidad del laudo que aquí se analiza, esto es, por estar decidiendo respecto de un asunto no sometido al arbitramento. Si no se condenó a la entidad con base en las pretensiones indemnizatorias del demandante, ello obedeció a que de acuerdo con el juicio de los árbitros no había pruebas para hacerlo. En consecuencia, la actuación debida, la que adelantaron los árbitros, era la de indemnizar con fundamento en lo acreditado en el expediente, puesto que de no obrar así estarían incursos en una denegación de justicia desde una óptica material que habría sido, esa sí, justamente recurrida. La condena por una suma menor a la pedida en la demanda en función de lo que las pruebas acreditan es algo claramente permitido y, más aun, ordenado por nuestro ordenamiento jurídico, el cual, en el inciso tercero del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil prescribe: “Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.

13.2. En el mismo orden de ideas, debe tenerse en cuenta que dentro de las pretensiones de la demanda, la sociedad que ahora recurre el laudo pidió que se condenara a la entidad convocada a pagar a su favor “a título de indemnización las siguientes sumas de dinero [utilidades por la madera cosechada al final del turno $ 754.904.273,90, utilidades por entresacas $ 148.404.123, utilidades por venta de servicios ambientales $ 46.470.106] o las que resulten probadas dentro del proceso” (se destaca). Es decir, desde el libelo introductorio —como ocurre en cualquier otro proceso judicial— el demandante, a sabiendas de que los valores con los que aspiraba a ser indemnizado, podrían no ser acogidos, dejó abierta la posibilidad de que se fijara la indemnización de conformidad con el criterio de los árbitros, sobre la base de las pruebas valoradas; de manera que no resulta coherente que ahora el recurrente alegue que la cifra liquidada por los árbitros da lugar a que se anule el laudo por no acoger las cifras que él pidió, cuando lo único que hace el laudo es satisfacer su pretensión indemnizatoria de que se condenara por las sumas de dinero que resultaren “probadas dentro del proceso”.

13.3. No hay, por lo tanto, argumento alguno que lleve a la Sala a la conclusión de que el cargo debe prosperar, dado que la condena proferida sí constituía un punto sujeto a la decisión de los árbitros sobre el cual debía recaer el laudo, como en efecto lo hizo.

14. El segundo cargo del recurrente consiste en que dentro de la parte resolutiva del laudo nada se dice sobre las pretensiones indemnizatorias incorporadas en la demanda —párrafo 2.1—, lo que de acuerdo con el recurso tipifica la causal de anulación referida a “No haberse (sic) decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.

14.1. En efecto, la Sala aprecia que dentro de la parte resolutiva no hay una referencia literal a las pretensiones indemnizatorias impetradas —el valor de las utilidades por la venta de madera al final del turno, el valor de las entresacas y la venta de los servicios ambientales o ecológicos—. No obstante, la circunstancia comprobada de que los árbitros en la parte resolutoria no se refirieran textualmente a las pretensiones aludidas, no significa que el laudo se hubiera abstenido de resolver clara y expresamente sobre ellas, ni mucho menos que la causal de anulación de laudo arbitral comprendida en el numeral 9º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 deba prosperar.

14.2. La cuestión sujeta al arbitramento era la declaración de responsabilidad y la condena patrimonial en razón a los perjuicios irrogados a la sociedad convocante, asuntos sobre los cuales en las partes considerativa y resolutiva se dispuso suficientemente. De tal forma, no se puede considerar que cuando se suplica una suma a título de indemnización en una demanda, solo se resuelve el punto en tanto se acoge o se desestima literalmente esa suma en la parte resolutiva, puesto que se incurriría en una aproximación sacramental y completamente equivocada del proceso judicial.

14.3. Así, se puede observar en el texto correspondiente a la parte considerativa del laudo —párrafo 12—, que los árbitros analizaron el punto que atañe a la indemnización de los perjuicios con fundamento en los elementos probatorios que consideraron pertinentes y decidieron que no habría indemnización por los perjuicios alegados por la compañía convocante.

14.4. La Sala reprocha el error en la interpretación del laudo que comete el recurrente al plantear este cargo, puesto que separa la parte resolutiva de la sentencia de la considerativa, como si una y otra no constituyeran el mismo laudo, y al afirmar, en contra de lo que de manera evidente se aprecia en la parte considerativa, que el laudo no decidió sobre las pretensiones indemnizatorias de la demanda, es decir, sobre “cuestiones sujetas al arbitramento”.

14.4.1. Existe una regla de interpretación de los objetos jurídicos, consagrada en diferentes artículos de nuestro ordenamiento jurídico(4), que se denomina interpretación sistemática o coherente, la cual pone de presente la correlación que existe entre las partes constitutivas del discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen parte; correlación y referencia que hacen posible la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos constitutivos(5).

14.4.2. Constituye un principio evidente de técnica de interpretación textual, que al dirigirse a aclarar el sentido de un texto de índole jurídica, ordena que el significado de sus partes no puede ser segmentado, sino que debe ser atribuido al conjunto de la intención del autor, en este caso del tribunal de arbitramento; es decir, que en presencia de una o varias partes dentro de un laudo arbitral; de una o varias cláusulas, dentro de un contrato; de uno o varios artículos, dentro de una ley; de una o varias leyes dentro del ordenamiento jurídico; se debe considerar que hacen parte de un todo y es por medio de la luz de cuanto emerge del conjunto del texto entero, que se determina el sentido jurídico propio del objeto interpretado. Sobre el plano práctico, este criterio se impone como un instrumento útil que, además de contribuir al esclarecimiento del sentido del texto, permite valorar de forma negativa y rechazar las interpretaciones que pretenden aislar una parte del conjunto.

14.5. En ese orden de ideas, el cargo será desechado por la Sala, puesto que el laudo arbitral sí decidió sobre las pretensiones indemnizatorias formuladas por el demandante, en tanto que fueron objeto de análisis y de decisión, tal y como se concluye de una interpretación sistemática y coherente del laudo. No es posible, como equivocadamente pretende el recurrente, aislar la parte resolutiva de la considerativa de una decisión judicial. Si bien es cierto que no se dispuso literal ni textualmente dentro de la parte resolutiva sobre las pretensiones indemnizatorias de la sociedad convocante, la Sala concluye que tales pretensiones fueron denegadas clara y expresamente con base en tres elementos principales: (i) la argumentación del laudo en la parte considerativa, (ii) la ausencia de una condena sobre los conceptos deprecados y (iii) la presencia de una condena patrimonial diferente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DENIÉGASE el recurso de anulación presentado por Inversiones Zapata Lotero y Cía. S.A. en contra el laudo arbitral proferido el 10 de septiembre de 2010.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 15 de mayo de 1992, radicación 5326, C.P. Daniel Suárez Hernández; indica también que esta causal es igual a una de las de casación: “La causal octava alegada (haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido en él más de lo pedido) viene a ser sustancialmente igual a la causal segunda de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que esta causal tiene aplicación cuando se presenta cualquiera de las siguientes hipótesis: a) Cuando la sentencia decide más allá de lo pedido (ultra petita), b) Cuando en el fallo se ha decidido sobre puntos no sometidos al litigio (extra petita), y c) Cuando la sentencia omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones contenidas en la demanda o sobre las excepciones propuestas por el demandado (mínimo o citra petita). En los últimos tiempos ha precisado la jurisprudencia que también se presenta incongruencia cuando se decide con base en “causa petendi” distinta a la invocada por las partes”.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, expediente 35288, C.P. Ruth Stella Correa.

(4) En relación con la interpretación de la ley, el Código Civil dispone: “ART. 30.—El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley puede ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.”; a propósito de la interpretación de los contratos: 1622, C.C. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil prescribe: “ART. 187.—Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos...” “ART. 250.—Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”. “ART. 258.—Indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible, y comprende aun lo meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato”.

(5) E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Giuffre, Milano, 1971, pág. 16.