Sentencia 2010-00087/43914 de febrero 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 52001-23-31-000-2010-00087-01 (43914)

Actor: Felipe Hernán Mena Valencia y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) competencia de la Sala; 3) ejercicio oportuno de la acción; 4) los parámetros jurisprudenciales acerca de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad; 5) las pruebas aportadas al proceso; 6) caso concreto: 6.1) responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional; 6.2) responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial por la privación injusta de la libertad del señor Felipe Hernán Mena Valencia; 7) el estudio de las pretensiones indemnizatorias; 8) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho de la magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Felipe Hernán Mena Valencia, tema respecto del cual la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones y, en tal sentido, ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Nariño, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren con fundamento en los títulos de imputación de error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantía del proceso(20).

3. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(21).

Revisado el expediente, advierte la Sala que si bien no obra certificación alguna que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia por medio de la cual se confirmó el fallo absolutorio a favor del señor Felipe Hernán Mena Valencia, el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 600 de 2000 establece que las providencias que resuelven los recursos de apelación, entre otras, quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario judicial correspondiente(22).

En ese sentido, comoquiera que la Sentencia de segunda instancia, proferida dentro del proceso penal, se suscribió el 2 de octubre de 2003, se impone concluir que la demanda se interpuso dentro de la oportunidad legal prevista, por cuanto se presentó el 19 de agosto de 2004.

4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.

En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la sección tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada(23) por la sección tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo.

Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva(24).

Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala plena de la sección tercera, así:

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

5. Las pruebas aportadas al proceso.

En el proceso obran los siguientes documentos:

5.1. En cuanto a las pruebas relacionadas con la legitimación en la causa de los demandantes.

— Registro civil de nacimiento del señor Felipe Hernán Mena Valencia, con el cual se acredita que sus padres son los señores Felipe Jesús Mena Rosero y Ruth Consuelo Valencia de Mena(25).

— Registro civil de nacimiento de la señora Janneth Consuelo Mena Valencia, en el cual consta su parentesco en calidad de hermana del señor Felipe Hernán Mena Valencia(26).

— Registro civil de nacimiento de Andrés Felipe Mena Oviedo, con el cual se acredita su parentesco en calidad de hijo del señor Felipe Hernán Mena Valencia(27).

— Registro civil de matrimonio contraído por los señores Felipe Hernán Mena Valencia y Shirley Yaneth Oviedo Sáenz, por medio del cual se demuestra su condición de cónyuges(28).

Registros civiles de nacimiento de las señoras Venus Mirian Valencia Ramos y Libia del Socorro Ramos, en los cuales consta su parentesco en la calidad de tías del señor Felipe Hernán Mena Valencia(29).

En lo atinente a las pruebas relacionadas con el proceso penal adelantado en contra del señor Felipe Hernán Mena Valencia.

— Oficio S/1923 del 29 de junio de 2001, en virtud del cual el juzgado 182 penal militar de Pasto informó que el señor Felipe Hernán Mena Valencia se presentó de manera voluntaria ante dicho juzgado, debido a que en su contra pesaba una orden de captura(30).

— Oficio 1281 del 29 de junio de 2001, mediante el cual el juzgado 182 penal militar de Pasto solicitó al comandante de Policía de Nariño mantener retenido al ahora demandante, mientras lo vinculaba al proceso a través de diligencia de indagatoria(31).

— Providencia del 3 de julio de 2001, por medio de la cual la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto: i) vinculó a la investigación penal al señor Felipe Hernán Mena Valencia y ii) solicitó al juzgado de conocimiento remitir el proceso penal a dicha entidad(32).

— Proveído del 6 de julio de 2001, a través del cual la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto ordenó la libertad inmediata del señor Mena Valencia(33).

— Acta de compromiso suscrita por el señor Felipe Hernán Mena, el 6 de julio de 2001(34).

— Boleta de libertad fechada el 6 de julio de 2001, mediante la cual la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto solicitó al comandante de Policía de dicha ciudad poner en libertad al señor Felipe Hernán Mena Valencia(35).

— Oficio 043 del 27 de agosto de 2001, en virtud del cual la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto informó que el señor Felipe Hernán Mena Valencia se presentó de manera voluntaria ante dicho ente, debido a que en su contra pesaba una nueva orden de captura(36).

— Boleta de encarcelación Nº 03 del 27 de agosto de 2001, en virtud de la cual la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto ordenó al comandante de Policía de Nariño mantener retenido al señor Mena Valencia(37).

— Providencia del 27 de agosto de 2001, por medio de la cual la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto resolvió la situación jurídica del señor Felipe Mena y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por considerarlo coautor de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y ocultación de elementos o sustancias decomisadas(38).

— Proveído del 9 de enero de 2002, a través del cual la Fiscalía de conocimiento calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra del señor Felipe Hernán Mena(39).

— Sentencia del 7 de marzo de 2003, mediante la cual el juzgado penal del circuito especializado de Pasto absolvió de responsabilidad penal al señor Felipe Hernán Mena Valencia y ordenó su libertad provisional, en el sentido de presentarse ante dicho juzgado cuando fuese requerido(40).

— Providencia del 2 de octubre de 2003, en virtud de la cual la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto confirmó el fallo recurrido(41).

5.2. Testimoniales.

Se recopilaron las declaraciones de los señores Alirio Daniel Martínez Guerrero y Darlys Idrobo Muñoz, quienes se refirieron a las circunstancias personales de la familia del ahora demandante,derivadas de su vinculación al referido proceso penal(42).

6. El caso concreto.

En atención a los fundamentos fácticos plasmados en la demanda y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala pasará a analizar los siguientes tópicos: i) responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional y ii) responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Felipe Hernán Mena Valencia.

6.1. Responsabilidad del Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el ahora demandante.

Teniendo en cuenta el material probatorio obrante en la actuación, para la Sala se encuentra acreditado que, el 29 de junio de 2001, el señor Felipe Hernán Mena Valencia se presentó, de manera voluntaria, ante el juzgado 182 penal militar de Pasto, habida cuenta de que se enteró que dicha autoridad judicial había proferido en su contra orden de captura facultativa(43), por su supuesta responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y ocultación de elementos o sustancias decomisadas.

Igualmente, está probado que el 29 de junio de 2001, el juzgado en mención solicitó al comandante de Policía de Nariño mantener retenido al ahora demandante, mientras se lo vinculaba al proceso a través de diligencia de indagatoria(44).

También se encuentra demostrado que mediante providencia del 3 de julio de 2001, la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto: i) vinculó a la investigación penal al señor Felipe Hernán Mena y ii) solicitó al juzgado de conocimiento remitir el proceso penal a dicha entidad, en tanto que la conducta endilgada al ahora demandante se encontraba regulada por la Ley 30 de 1986(45), es decir, el proceso era de competencia de la justicia ordinaria y no de la penal militar.

Asimismo, se probó que el 5 de julio de 2001, la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto avocó conocimiento del proceso penal(46). Posteriormente, en Auto del 6 de los mismos mes y año, el ente acusador ordenó la libertad inmediata del señor Mena Valencia, debido a que el juzgado 182 penal militar no había realizado la diligencia de indagatoria(47).

Así las cosas, las circunstancias descritas evidencian que el juzgado 182 penal militar de Pasto sí causó un daño antijurídico a la parte accionante, comoquiera que fue dicha autoridad la que privó de la libertad al señor Felipe Hernán Mena Valencia, desde el 29 de junio de 2001(48) hasta el 5 de julio de la misma anualidad(49), a lo cual conviene agregar que, como se verá más adelante, al procesado se le absolvió de los cargos que le fueron formulados, cuestión que compromete la responsabilidad patrimonial de esa entidad demandada.

Ahora bien, se observa que la demanda fue dirigida contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, sin embargo, del análisis de la controversia planteada se concluye que el daño antijurídico irrogado a la parte demandante devino del ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de la justicia penal militar, aspecto que resulta relevante para identificar la entidad que está llamada a reparar los perjuicios causados.

En esta línea, resulta pertinente señalar que el Decreto 1512 de 2000(50) dispuso que la Dirección Ejecutiva de la justicia penal militar hace parte de la estructura del Ministerio de Defensa y la dotó de autonomía administrativa y financiera, entre otros atributos.

En ese sentido, comoquiera que los perjuicios causados a los demandantes, en el período de privación comprendido entre el 29 de junio y 5 de julio de 2001, tienen como sustento el ejercicio de una función jurisdiccional, corresponderá a la mencionada cartera ministerial asumir su pago y no a la Policía Nacional, que si bien no goza de personería jurídica y también forma parte del sector defensa, no incurrió en acción u omisión relacionada con el daño antijurídico(51), pues, se reitera, la controversia se enmarcó en el título de imputación de privación injusta de la libertad y como aquella institución no adoptó decisión alguna en relación con la medida restrictiva impuesta al señor Felipe Hernán Mena Valencia, es dable concluir que no está llamada a responder patrimonialmente.

Así las cosas, teniendo en cuenta que se presentó un período de privación de la libertad del aquí demandante, que tuvo como origen la actuación de la justicia penal militar, se impone concluir que el daño antijurídico resulta imputable a la entidad demandada - Nación Ministerio de Defensa (dirección ejecutiva de la justicia penal militar), pero únicamente en relación con el tiempo en que se presentó la restricción por cuenta de la mencionada autoridad judicial, aspecto frente al cual se pronunciará la Sala más adelante.

6.2. Responsabilidad de Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Felipe Hernán Mena Valencia.

De conformidad con el material probatorio allegado al expediente, se encuentra acreditado que el señor Felipe Hernán Mena Valencia también estuvo privado de su libertad con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y ocultación de elementos o sustancias decomisadas; no obstante, mediante Sentencia del 7 de marzo de 2003, proferida por el juzgado penal del circuito especializado de Pasto, fue absuelto de responsabilidad penal, con base en las siguientes consideraciones:

“… el juzgador señala que la declaración del único testigo se muestra inverosímil, ilógica, incoherente y contradictoria.

“(…).

“… la afirmación de Portilla Egas, de haberse sacado de un puente el dinero que por participación en el ilícito por la venta de la droga dejada de reportar le correspondía, tampoco aparece acorde a la experiencia común y al contrario, sí forzada es que partiendo de la creencia de que el hecho ilícito no lo conocían sino sus partícipes, ninguna razón había para que primeramente se fuera a ‘esconder’ el dinero debajo de un puente, en un lugar distante, para luego entregarlo a otro partícipe.

“Había dicho el mencionado declarante que se pagaba, por concepto de la venta del kilo de cocaína ($ 2.500.000). Señaló que José Raúl Yama no recibió el dinero en efectivo, sino que fue consignado en una de sus cuentas, de la cual, una vez retirado le entregó ($ 200.000)… lo que pone en evidencia la falta de sinceridad del mencionado, es que si para recibir y entregar el ilícito dinero, ningún cuidado se tuvo, al extremo de recibirlo en una cuenta bancaria, porqué luego, de buenas a primeras, se llega al absurdo de esconder bajo un puente, una considerable cantidad de dinero.

“La incredulidad del punto destacado, se acrecienta si se tiene en cuenta lo dicho por el mismo Portilla Egas, respecto a que quienes le entregaron el dinero, le pusieron como condición de entrega y para que no ‘los vaya a aventar’ —porque sabían que él era ‘de inteligencia’— que se la debía gastar. Sin embargo, he allí lo insólito, entre los gastos que sus compinches exigieron, aparecen las llamadas por celular al coronel, comandante de la Policía y al jefe inmediato del declarante. Ello resuelta pueril; pues si existía desconfianza, cómo podían auspiciar la comunicación con los superiores.

“(…).

De otra parte sorprende, que tratándose de una considerable cantidad de cocaína desaparecida o dejada de relacionar y pese a que Portillas Egas diga que explicó detenidamente el hecho a su inmediato superior Alfaro Otero, este afirma que el mencionado patrullero no precisó la cantidad… si desde el mismo momento de la incautación él supo, como así lo dijo en su declaración, la cantidad exacta de la droga hurtada, no entendemos por qué no lo dijo a su superior… el sargento Alfaro Otero señaló que cuando recibió la información verbal de Portilla Egas este dijo que ‘al parecer los señores de la SIJIN se habían dejado una droga para beneficio propio pero no dijo la cantidad.

Las circunstancias someramente anotadas, denotan la ambigüedad, la duda, la confusión del declarante, que presenta una personalidad dispersa, carente de firmeza y de sinceridad, al punto que presentó un cassette en respaldo de lo dicho, pero como lo reconoce el fiscal acusador, dicho elemento no guarda ninguna relación con el hecho investigado.

Los reparos anotados debilitan la columna vertebral que sustenta la acusación por los delitos de tráfico de estupefacientes y cohecho, imposibilitando el procedimiento de una sentencia condenatoria.

“(…).

RESUELVE

“(…).

ABSOLVER a… Felipe Hernán Mena Valencia, por los cargos que por los delitos contra la ley 30 de 1986 se les había formulado.

“DISPONER la libertad de… Felipe Hernán Mena Valencia, con la única condición de presentarse a este despacho si fueren requeridos” (se destaca).

Finalmente, encuentra la Sala que mediante sentencia proferida el 2 de octubre de 2003, la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto confirmó el fallo recurrido(52).

Como se observa del aparte transcrito de la providencia, el Juez de conocimiento decidió absolver de responsabilidad penal al señor Felipe Hernán Mena Valencia, con fundamento en que no había elementos de prueba necesarios para tenerlo como autor de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y ocultación de elementos o sustancias decomisadas, esto es, que en el proceso penal no pudo demostrarse que el aquí demandante hubiere cometido los respectivos delitos, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —el sindicado no cometió el delito—.

En ese sentido, contrario a lo expuesto tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la rama judicial, conviene precisar que la absolución del ahora actor no obedeció realmente a la aplicación del principio de in dubio pro reo, sino a que no se demostró que el señor Mena Valencia hubiere cometido los ilícitos que se le atribuyeron.

Ahora bien, en relación con el tiempo durante el cual el señor Felipe Hernán Mena Valencia estuvo privado injustamente de su libertad, ha de señalarse que de conformidad con la información contenida en la providencia proferida por el juzgado penal del circuito especializado de Pasto, el aquí demandante fue capturado, en un primer momento, desde el 29 de junio de 2001 hasta el 6 de julio de la misma anualidad y, posteriormente, desde el 27 de agosto de 2001 hasta el 7 de marzo de 2003, es decir, cuando el Juez de la causa lo absolvió de todos los cargos que le fueron formulados.

La anterior información se acompasa con las boletas de libertad(53) y de encarcelación(54), documentos que dan cuenta de la aprehensión física del aquí demandante.

Por otro lado, advierte la Sala que no realizará ningún pronunciamiento respecto del tiempo que el señor Mena Valencia padeció una restricción desde el plano jurídico, debido a que, al revisar el expediente, se observa que la parte actora no solicitó en el libelo introductorio indemnización alguna por tal concepto.

Así las cosas, las circunstancias descritas evidencian que el señor Felipe Hernán Mena Valencia fue privado de su derecho fundamental a la libertad por un período de 1 año, 6 meses y 15 días, lo que configuró para él y también para su grupo familiar un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad, impuesta en razón de las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación —autoridad que impuso medida de aseguramiento—, circunstancia que, necesariamente, comprometió la responsabilidad de dicha entidad, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

Por otro lado, en lo que concierne a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—, dispone que la culpa exclusiva de la víctima se configura “cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley”, mientras que el artículo 67 de la misma normativa prevé que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

En este orden de ideas, conviene aclarar que en el expediente no se probó que el señor Felipe Hernán Mena Valencia hubiere incurrido en una conducta dolosa o gravemente culposa, puesto que en el plenario no se acreditó que el ahora demandante se hubiere apoderado de una parte de las sustancias alucinógenas que se incautaron el 2 de junio de 2001 en el municipio de Guachucal (Nariño), razón por la cual, la Sala concluye que el señor Mena Valencia con su comportamiento no generó el daño por el que ahora demanda.

Finalmente, se precisa que la demanda también fue dirigida en contra de la Nación - rama judicial; sin embargo, de las pruebas obrantes en el expediente, se puede concluir que fue la Fiscalía General de la Nación, la que, a través de sus actos y decisiones, ocasionó el daño a los ahora demandantes, por lo que dicho ente será llamado a responder por los perjuicios irrogados a la parte actora, máxime si se tiene en cuenta que los jueces penales de la causa, en primera y segunda instancia, limitaron su actuación a la absolución del procesado.

Como consecuencia, la Sala revocará la decisión apelada, dado que se estima que le asiste responsabilidad patrimonial tanto a la Fiscalía General de la Nación como al Ministerio de Defensa (dirección ejecutiva de justicia penal militar) por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Felipe Hernán Mena Valencia; en tal sentido, se procederá a analizar la procedencia del reconocimiento de los perjuicios solicitados en el libelo demandatorio a favor de los actores.

7. Indemnización de perjuicios.

La Sala considera que la indemnización que deberán asumir las entidades accionadas tendrá como parámetro las actuaciones que cada una de ellas haya desplegado en relación con el daño antijurídico irrogado al extremo demandante.

En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se fraccionará la condena, debido a que: i) el Ministerio de Defensa no incurrió en una irregularidad de la cual pudiere predicarse que le asiste en igual o mayor proporción asumir la indemnización y ii) porque el tiempo de detención a cargo de la justicia penal militar fue inferior a el período de privación que padeció el señor Mena Valencia por cuenta de la justicia ordinaria.

Así pues, el Ministerio de Defensa responderá por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Felipe Hernán Mena Valencia, desde el momento en que aquel se entregó de manera voluntaria al juzgado 182 penal militar de Pasto —29 de junio de 2001(55)— hasta el día en que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación —5 de julio de 2001(56)—, es decir, por un período de 7 días, razón por la cual el porcentaje que deberá asumir el referido Ministerio será el de 10%.

Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación deberá responder por el período comprendido entre el 27 de agosto de 2001 —momento en el cual se profirió medida de aseguramiento en contra del señor Mena Valencia— y el 7 de marzo de 2003 —fecha en que se ordenó su libertad—, razón por la cual, el porcentaje de la condena que deberá asumir el ente investigador será el de 90%.

7.1. Perjuicios morales.

En relación con los demandantes Felipe Jesús Mena Rosero, Ruth Consuelo Valencia de Mena(57), Andrés Felipe Mena Oviedo(58), Janneth Consuelo Mena Valencia(59) y Shirley Yaneth Oviedo Sáenz(60), la Sala encuentra acreditado su parentesco con el señor Felipe Hernán Mena Valencia, por tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarios de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de que fue víctima su hijo, su padre, su hermana y su esposa, respectivamente.

Ahora bien, con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad de la cual fue víctima el señor Mena Valencia le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida, perjuicio que se hace extensivo a su hijo, a sus padres, a su hermana y a su esposa, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesó su ser querido.

Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, estima necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el principio constitucional y a la vez derecho fundamental a la igualdad (arts. 13 y 209 C.P.), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros: i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es, si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad.

Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la sección tercera de esta corporación(61), se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses, hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo, si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente, si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el ahora demandante estuvo privado injustamente de su libertad por 1 año, 6 meses y 15 días, se les reconocerá a los actores, por concepto de perjuicios morales, los siguientes montos:

Felipe Hernán Mena Valencia (Víctima directa del daño) 100 S.M.L.M.V.
Shirley Yaneth Oviedo Sáenz (Esposa) 100 S.M.L.M.V.
Andrés Felipe Mena Oviedo (Hijo) 100 S.M.L.M.V.
Felipe Jesús Mena Rosero (Papá) 100 S.M.L.M.V.
Ruth Consuelo Valencia de Mena (Mamá) 100 S.M.L.M.V.
Janneth Consuelo Mena Valencia (Hermana) 50 S.M.L.M.V.

Por otro lado, advierte la Sala que en el presente asunto la rama judicial tachó de falso el testimonio de la señora Darlys Idrobo Muñoz, toda vez que consideró que existía un vínculo de amistad entre el señor Felipe Hernán Mena Valencia y la referida declarante.

Al respecto, de conformidad con lo normado en el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil(62), se debe señalar que si bien la persona que rindió testimonio es vecina del señor Mena Valencia, lo cual podría dar lugar a suponer la existencia de lazos de amistad, dicha suposición no resulta suficiente para estimar que su declaración fue parcializada porque: i) en el plenario no se demostró ese sentimiento o interés directo entre aquella y el ahora demandante para el momento en que se rindió el testimonio y ii) porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil(63), tales nexos no pueden partir de una suposición sino que deben ser acreditados.

En ese sentido, se encuentra que en el caso sub examine no resulta evidente alguna clase de acuerdo para efectos de rendir declaración judicial a favor del actor, por tanto, la Sala dará valor probatorio al testimonio rendido por la señora Darlys Idrobo Muñoz.

Ahora bien, en relación con las señoras Venus Mirian Valencia Ramos y Libia del Socorro Ramos, quienes según el libelo introductorio serían las tías de la víctima directa del daño, advierte la Sala que si bien en el plenario reposan los registros civiles de nacimiento de las referidas demandantes, lo cierto es que en el expediente no obra prueba alguna acerca de la existencia de la afectación moral que aquellas padecieron con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Felipe Hernán Mena.

En efecto, en el proceso se decretaron y se practicaron los testimonios de los señores Alirio Daniel Martínez Guerrero y Darlys Idrobo Muñoz, sin embargo, el relato que hicieron dichos testigos en relación con las referidas actoras fue muy genérico, es decir, no mencionaron los nombres de las señoras Venus Mirian Valencia Ramos y Libia del Socorro Ramos y no señalaron el sufrimiento moral que habrían padecido a raíz de la privación de la libertad de la que fue víctima su sobrino.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala no reconocerá perjuicios morales a favor de las señoras Venus Mirian Valencia Ramos y Libia del Socorro Ramos.

7.2. Perjuicios Materiales.

Daño emergente: en la demanda se solicitó por este rubro la suma de $ 5.600.000, para el señor Felipe Hernán Mena Valencia, representados en los honorarios pagados a dos profesionales del derecho para que lo asistieran en el proceso penal que se adelantó en su contra.

Asimismo, se solicitó un monto de “$ 2.700.000”, por concepto de servicio de tiquetera del restaurante LA 20; la suma de $ 5.000.000, por concepto de un préstamo y la suma de $ 5.000.000, por concepto de gastos ocasionados por motivo de la privación injusta de la libertad (educación de hijo, gastos médicos y manutención de la familia)”.

En relación con los honorarios profesionales, a folios 161 - 162 del cuaderno número 1 obran dos documentos expedidos el 27 y 28 de enero de 2004, en los cuales dos abogados manifestaron que recibieron del señor Felipe Hernán Mena Valencia, la suma de $ 600.000 y de $ 5.000.000, por concepto de la defensa técnica que realizaron ante la fiscalía tercera del circuito especializado y el juzgado penal del circuito especializado de Pasto; al revisar las piezas del proceso penal que reposan en este expediente, la Sala encuentra que: i) no obra medio de convicción alguno que demuestre que la persona que expidió el primer certificado actuó como mandataria del señor Mena Valencia y ii) el suscriptor del segundo documento sí actuó como apoderado de la víctima directa del daño, tal como lo corrobora el recurso de apelación interpuesto por este abogado contra la providencia del 27 de agosto de 2001, en el proceso penal.

Así las cosas, la Sala solo reconocerá al demandante, previa actualización de su valor, la suma de $ 5.000.000 por concepto de indemnización del daño emergente, toda vez que no obra medio probatorio que permita acreditar que otro profesional del derecho representó al señor Felipe Hernán Mena en el proceso primigenio.

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Como consecuencia, se reconocerá a título de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 8.473.340.

Ahora bien, en relación con la solicitud de reconocimiento de la suma de “$ 2.700000, por concepto de servicio de tiquetera del restaurante LA 20”, la Sala considera necesario precisar dos circunstancias a saber: i) en el expediente no se encuentra acreditado que el Estado haya omitido la obligación de suministrar alimentación al señor Felipe Hernán Mena Valencia en el período que estuvo privado injustamente de su libertad y ii) que las obligaciones alimentarias no son una consecuencia directa del hecho dañoso —privación de la libertad—, sino que se trata de egresos que normalmente debía asumir la persona que fue restringida de la libertad, razón por la cual la Sala no le otorgará al demandante indemnización alguna por el alegado menoscabo patrimonial(64).

Por otro lado, observa la subsección que la parte actora solicitó un monto de “$ 5.000.000, por concepto de un préstamo”; al revisar el expediente se observa que en el proceso se decretaron y se practicaron los testimonios de los señores Alirio Daniel Martínez Guerrero y Darlys Idrobo Muñoz, quienes indicaron que la esposa del ahora demandante solicitó un préstamo a una entidad bancaria, no obstante, se advierte que los aludidos testimonios no se pueden tener como prueba de ese supuesto perjuicio, dado que los declarantes señalaron que no tenían certeza del monto que se pidió a la entidad bancaria. En ese sentido, la Sala no fijará reparación alguna a cargo del Estado, por dicho concepto.

De otra parte, en relación con la solicitud de reconocimiento de la suma de “$ 5.000.000, por concepto de gastos ocasionados por motivo de la privación injusta de la libertad (educación de hijo y manutención de la familia)”, la Sala encuentra que en el expediente no obra elemento probatorio alguno que acredite que los demandantes incurrieron en los referidos gastos, razón por la cual se negarán los mismos.

Ahora bien, encuentra la subsección que en la demanda se solicitó el reconocimiento de los gastos médicos en los que habría incurrido el señor Mena Valencia como consecuencia de la privación de su libertad; al revisar el plenario, se observa que si bien obran dos permisos que concedió la fiscalía tercera del circuito especializado de Pasto al ahora demandante para que asistiera a sus citas médicas(65), lo cierto es que no se encuentra probado que: i) el estado de salud de aquel se deterioró a causa de la privación de su liberad y ii) que el servicio médico que le fue prestado hubiere sido cubierto por el actor, razón por la cual se negará dicho perjuicio.

8. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala cuarta del Tribunal Administrativo de Nariño, el 16 de diciembre de 2011; como consecuencia, se dispone:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación por un porcentaje de 90% y al Ministerio de Defensa por un monto de 10%, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Felipe Hernán Mena Valencia.

2. EXONERAR de responsabilidad a la rama judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, como consecuencia, negar las súplicas de la demanda en lo que a ella respecta.

3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales:

Felipe Hernán Mena Valencia (Víctima directa del daño) 100 S.M.L.M.V.
Shirley Yaneth Oviedo Sáenz (Esposa) 100 S.M.L.M.V.
Andrés Felipe Mena Oviedo (Hijo) 100 S.M.L.M.V.
Felipe Jesús Mena Rosero (Papá) 100 S.M.L.M.V.
Ruth Consuelo Valencia de Mena (Mamá) 100 S.M.L.M.V.
Janneth Consuelo Mena Valencia (Hermana) 50 S.M.L.M.V.

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa a pagar al señor Felipe Hernán Mena Valencia el equivalente a $ 8.473.340 a título de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente.

5. Las condenas a las que se acaba de hacer mención serán pagadas por las entidades demandadas en el porcentaje en que se ha determinado su responsabilidad en el numeral 1 de la providencia.

6 DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7.Sin condena en costas.

8. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

2. RECONOCER personería a la doctora Marleny Isabel Bolaños Riascos, portadora de la tarjeta profesional Nº 112.664 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de la entidad demandada —rama judicial—.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(20) Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala plena de lo contencioso administrativo el 9 de septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-0326-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(21) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en Sentencia del 11 de agosto de 2011 por la subsección A de la sección tercera de esta corporación, Exp. 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) Ley 600 del 2000, inciso 2º del artículo 187: “Ejecutoria de las providencias. La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de Sala plena del 17 de octubre de 2013. expediente 23.354. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(24) Sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección A del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168 y Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en la Sentencia del 26 de mayo de 2011, Exp. 20.299 de la misma subsección, entre muchas otras.

(25) Folio 22 del cuaderno 1.

(26) Folio 24 del cuaderno 1.

(27) Folio 38 del cuaderno 1.

(28) Folio 36 del cuaderno 1.

(29) Folios 32 - 34 del cuaderno 1.

(30) Folio 46 del cuaderno 1.

(31) Folio 47 del cuaderno 1.

(32) Folios 42 - 43 del cuaderno 1.

(33) Se advierte que de conformidad con la información contenida en la diligencia de notificación personal, la Fiscalía General de la Nación avocó conocimiento del proceso primigenio el 5 de julio de 2001. Folios 45 y 49 del cuaderno 1.

(34) Folio 50 del cuaderno 1.

(35) Folio 52 del cuaderno 1.

(36) Folio 53 del cuaderno 1.

(37) Folio 64 del cuaderno 1.

(38) Folios 65 - 72 del cuaderno 1.

(39) Folios 86 - 136 del cuaderno 1.

(40) Folios 142 - 156 del cuaderno 1.

(41) Folios 578 - 593 del cuaderno principal.

(42) Folios 285 - 288 y 413 - 416 del cuaderno 1.

(43) Ley 522 de 1999. “ART. 511.—Captura facultativa. En los procesos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años, podrá librarse orden escrita de captura contra el imputado para efectos de la indagatoria.
“De la misma manera se procederá cuando se investiguen delitos que atenten contra el servicio, la disciplina, el honor, o cuando se haya proferido en contra de la persona que deba ser indagada medida de aseguramiento, de caución o detención en otro proceso”.
Folio 46 del cuaderno 1.

(44) Folio 47 del cuaderno 1.

(45) Folios 42 - 43 del cuaderno 1.

(46) Folio 45 del cuaderno 1.

(47) Folio 49 del cuaderno 1.

(48) Fecha en que el ahora demandante fue dejado a disposición del comandante de Policía de Nariño.

(49) Momento en que la Fiscalía General de la Nación avocó conocimiento del proceso penal.

(50) Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.

(51) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Auto del 8 de febrero de 2017, Exp. 38.144.

(52) Esto señaló el referido tribunal: “Confirmase en lo demás el acto jurisdiccional protestado”. Folios 578 - 593 del cuaderno principal.

(53) Folio 52 del cuaderno 1.

(54) Folio 64 del cuaderno 1.

(55) Oficio 1281 mediante el cual el juzgado 182 penal militar de Pasto solicitó al comandante de la Policía de Nariño mantener retenido al señor Felipe Mena —Folio 46 del cuaderno 1—.

(56) Folio 45 del cuaderno 1. Fecha en que la Fiscalía General de la Nación avocó conocimiento.

(57) A folio 22 del cuaderno 1 obra el registro civil de nacimiento del directamente afectado, con el cual se acredita que sus padres son los señores Felipe Jesús Mena Rosero y Ruth Consuelo Valencia de Mena.

(58) A folio 38 del cuaderno 1 reposa el registro civil de nacimiento del referido actor con el cual se acredita su parentesco en calidad de hijo del señor Felipe Hernán Mena Valencia.

(59) A folio 30 del cuaderno 1 obra el registro civil de nacimiento de la citada demandante, en el cual consta su parentesco en calidad de hermana del señor Felipe Hernán Mena Valencia.

(60) A folio 24 del cuaderno 1 reposa el registro civil de matrimonio contraído por los señores Felipe Hernán Mena Valencia y Shirley Yaneth Oviedo Sáenz, por medio del cual se acredita su condición de cónyuges.

(61 Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

(62) “ART. 217. Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

(63) “ART. 218. Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba” (se destaca).

(64) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 10 de agosto de 2016, Exp. 43.232.

(65) Folios 139 - 140 del cuaderno 1.