Sentencia 2010-00090/46089 de febrero 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 17001-23-31-000-2010-00090-01(46089)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: J... B... N... G... y otros

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: apelación sentencia - acción de reparación directa

Temas: Privación injusta de la libertad / Régimen objetivo de responsabilidad - Atipicidad de la conducta / Representación judicial de la Nación - Ministerio de Defensa - Justicia Penal Militar - Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar - Policía Nacional / Culpa exclusiva de la víctima - Se configura por el actuar irregular del actor, quien actuó con inobservancia de las funciones a su cargo como agente de la Policía Nacional.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) caso concreto: análisis de la culpa exclusiva de la víctima y 5) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al despacho.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el sub lite, el debate versa sobre la privación de la libertad del señor J... B... N... G..., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada, razón por la cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada(21).

2. Competencia.

A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta corporación(22), se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad(23).

3. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

En relación con las acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad(24).

En el presente caso, la parte demandante pretende que se le reparen los perjuicios causados con la decisión a través de la cual se ordenó la detención preventiva del señor J... B... N... G...(25), razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.

Pues bien, mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, el “Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía del Valle” absolvió, entre otros, al señor J... B... N... G... de los cargos formulados, decisión que confirmó el Tribunal Superior Militar, a través de fallo del 8 de junio de 2006, el cual quedó ejecutoriado el 4 de agosto de 2006(26).

Así las cosas, el término para demandar corrió desde el 5 de agosto de 2006 hasta el 5 de agosto de 2008 y la demanda fue presentada desde el 12 de diciembre de 2007, es decir, dentro del término previsto para tal fin.

4. Caso concreto.

4.1. Hechos probados.

4.1.1. El 10 de julio de 1999, el señor Ó... V... M... presentó denuncia ante el C.T.I., para lo cual indicó que el 1º de julio de la misma anualidad, él y el señor J... C... B... P... fueron requisados por varios agentes de la Policía Nacional en un retén ubicado en La Dorada - Caldas, quienes al advertir que transportaban una alta suma de dinero –$290’000.000– les exigieron $60’000.000, de los cuales finalmente les entregaron $55’000.000 a cambio de que no los dejaran a disposición de las autoridades competentes.

El denunciante explicó que, previo a la exigencia de los $60’000.00, él y su acompañante de manera voluntaria les ofrecieron a los funcionarios lo del “fresco” para que no los perjudicaran.

Asimismo, el denunciante manifestó que fueron a desayunar con los agentes y que uno de ellos –el ahora demandante– les prestó el celular para comunicarse con la persona a la que le debían entregar el dinero, que se llamaba “C…”, a quien le pidieron autorización para entregarle a los policías $55.000; sin embargo, la suma que ellos sustrajeron fue de $55’000.000.

Además, el señor V… M… aclaró que el dinero era de propiedad del señor “B… G…” y les fue entregado en unas cajas en Medellín; sin embargo, no conocían lo que transportaban, sino que se enteraron de tal circunstancia sólo hasta que pasaron por el retén de La Dorada(27).

4.1.2. Una vez adelantadas las indagaciones pertinentes, la Justicia Penal Militar determinó que los denunciados correspondían a los funcionarios: i) N… T… G…; ii) J… S… L… C…; iii) J… J… R… M…; iv) F… J… C… O…; v) R… D… S… C… y vi) J... H... N... G..., a quienes, el 24 de septiembre de 2002, el Juzgado 160 de Instrucción Penal Militar les definió la situación jurídica, en el sentido de abstenerse de imponerles medida de aseguramiento, dada la ausencia de indicios graves de responsabilidad que los relacionaran con el delito de concusión.

El juzgado consideró que las pruebas de cargo resultaban contradictorias y carecían de la suficiencia para acreditar la existencia del dinero indicado por el denunciante y para probar la configuración del delito de concusión.

A su juicio, las declaraciones de los ocupantes del vehículo y del propietario del dinero no resultaban coincidentes respecto de las condiciones en las que fue entregado el dinero al denunciante, ni tampoco en relación con lo ocurrido durante el retén y con posterioridad a este.

El juez tuvo en cuenta que los implicados en sus descargos manifestaron que, en efecto, el 1º de julio de 1999, los agentes F… J… C… O… y J... H... N... G... tuvieron un altercado con los señores Ó... V... M... y J... C... B... P..., quienes se opusieron a la requisa del vehículo en el que se movilizaban y los intentaron sobornar para que no cumplieran sus funciones.

Asimismo, los investigados explicaron que permitieron que los ciudadanos citados continuaran su camino, ante la evidencia de que no existían antecedentes en su contra o relacionados con el automotor, según las verificaciones hechas desde el celular del agente N... G...

El juzgado resaltó que si bien se efectuó un reconocimiento en fila de personas, no era menos cierto que en su práctica se presentaron falencias, como el hecho de que los investigados portaran las escarapelas contentivas de sus datos personales, lo cual, a su juicio, pudo incidir en su señalamiento.

Adicionalmente, el juez penal militar explicó que en los reportes de las líneas telefónicas de los implicados no existían registros frente al número al que supuestamente llamaron a “C…”, que era, se reitera, el destinatario del dinero(28).

4.1.3. El Tribunal Superior Militar, en virtud del recurso de apelación presentado por el representante de las víctimas, a través de providencia del 30 de mayo de 2003, revocó parcialmente la decisión proferida por el Juzgado 160 de Instrucción Penal Militar, para, en su lugar, imponer medida de aseguramiento de detención preventiva a 3 de los investigados, entre ellos, el señor N... G....

Al respecto, el ad quem indicó que en el caso concreto se cumplían los requisitos previstos en el artículo 522 del Código Penal Militar para ordenar la detención preventiva, pues en el plenario obraban indicios graves de responsabilidad en contra de los procesados.

En primer lugar, las manifestaciones del denunciante Ó... V... M... resultaban consecuentes con lo narrado por su acompañante, el señor J... C... P... B....

Además, el tribunal hizo énfasis en lo sostenido por los procesados, en los siguientes términos (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“Al ser escuchado en indagatoria, el agente N... G... manifiesta que el día 01 de julio, (…) hizo una señal de pare a un vehículo Mazda, el conductor descendió, pero que su acompañante le dijo que les ofreciera $10.000, para que los dejaran seguir, que a raíz de eso hubo un roce entre los ocupante del vehículo y el agente C...,que dicho vehículo no llevaba licencia de tránsito, solo un contrato de compraventa, que registraron el vehículo y no llevaba nada especial, que el S.I. T… intervino porque el agente C... iba a conducir a los señores a la Estación para que se verificaran los antecedentes del vehículo y después de aclarada la situación los dejaron seguir, lo que se hizo por la mediación del subintendente T…, quien se desempeñaba como Comandante de la patrulla, aclara que quiere dejar en claro que de su celular se efectuaron varias llamadas para verificar la procedencia del vehículo a números que los mismos ocupantes aportaron, donde supuestamente se encontraba el dueño del vehículo y que no es cierto lo del dinero.

“El agente F... J... C... O... manifiesta que mientas sus compañeros (…) R... M..., (…) S... C... y el agente N... efectuaban un puesto de control pasó un Mazda (…), hicieron bajar a dos señores, quienes los trataron con palabras groseras y tuvieron que esposar a uno de ellos (…), que requerían el vehículo, porque se les hizo extraño que no llevaban ropa, no daban razón de quien era el vehículo y pensaron que era hurtado, averiguaron antecedentes desde el celular del agente N..., que como él pensaba trasladarlos a la Estación el S.I T... le dijo que los dejara ir, agrega que en ningún momento se les encontró mercado, ni dinero.

“El S.I T... dice que él se acercó al vehículo que estaban requisando N... y C..., porque los dos ocupantes no se querían bajar (…), se pidieron antecedentes (…) y se dejaron ir.

“(…).

“Como se observa existe una contradicción entre el dicho de N... y C..., como quedó anotado, (…) hicieron llamadas a los números que suministraban los ocupantes o se hicieron llamadas del celular de N...para averiguar antecedentes, coincidiendo en parte el agente N...con los denunciantes y el señor C... N..., que dicen que se efectuaron llamadas a este para hablar lo del dinero, lo que permite a la Sala darle credibilidad a los denunciantes, porque, en primer lugar, cómo va a decir N...que se encontraba estableciendo antecedentes en números telefónicos aportados por los denunciantes, sí es sabido que, en estos casos, a quienes se recurre para averiguar antecedentes de los vehículos es a la misma autoridad (…).

“Los acopios precedentes reseñados (…), constituyen peso incriminador, que, a no dudarlo, generaron responsabilidad penal a los agentes S.I T..., N... y (…) C..., por el hecho punible que se les vinculó.

“Considera la Sala de la Colegiatura que la acusación nacida de los particulares Ó... V... y J... C... B... no se encuentra demeritada, a pesar de la negativa de los implicados en aceptar los cargos en su contra formulados, observando fuerza de credibilidad”(29).

4.1.4. El 10 de julio de 2003, el señor N... G... fue privado de la libertad(30).

4.1.5. A través de proveído del 16 de diciembre de 2003, la Fiscalía 148 Penal Militar ordenó la cesación del proceso adelantado en contra de los señores: i) J... J... R... M...; ii) J... S... L... C...; iii) R… D… S... C...; iv) J... H... N... G...; v) N… T... G…, y vi) F... J... C... O..., para lo cual, previa caución juratoria, les concedió la libertad provisional a los 3 últimos de los mencionados(31).

Al respecto, consideró que en el sub lite debía aplicarse el principio de in dubio pro reo, toda vez que existían dudas que no pudieron resolverse durante la etapa de investigación, en concreto, respecto de la preexistencia del dinero que, según los denunciantes, fue objeto de apropiación(32).

4.1.6. El mismo 16 de diciembre de 2003, el demandante recuperó la libertad(33).

4.1.7. El 30 de junio de 2005, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, revocó la anterior decisión y, en su lugar, profirió resolución de acusación en contra de todos los implicados, por el delito de concusión, porque los testimonios de los denunciantes resultaban creíbles(34).

4.1.8. El Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía del Valle del Cauca, mediante sentencia del 14 de marzo de 2006, absolvió a los señores: i) N… T... G...; ii) J... J... R... M...; iii) J... S... L... C...; iv) F... J... C... O...; v) R… D… S... C... y vi) J... H... N... G... de los cargos formulados por el delito de concusión(35).

En el fallo, el juzgado se refirió a la indagatoria del ahora demandante, en los siguientes términos:

“El agente J… H… N... G... manifiesta que para el 1º de julio de 1999, se encontraban en La Dorada (Caldas), efectuando un puesto de control, que siendo las 6 a 6:30 de la mañana, con el agente C... le hicieron señal de pare a un vehículo Mazda 626, solicitándole a su conductor un registro, por lo que descendió el conductor, ya el acompañante se encontraba dormido, solicitaron los documentos del vehículo para verificar los antecedentes, que el acompañante le manifestó al conductor que les diera $10.000 para que no se les requisara, porque ellos querían era plata y por ello hubo un roce entre su compañero C... y este ciudadano, por la forma en que se dirigieron a ellos, que se requisó el vehículo, sin encontrársele nada, por lo que se dejaron proseguir, que no se cubrió ningún peaje y que se movilizaban en un vehículo de dotación oficial y un vehículo particular Chevrolet Swift, color gris, de placas PED- que no tuvieron ningún procedimiento para la época de los hechos”(36).

Analizado lo anterior, en concordancia con las demás pruebas obrantes en el plenario, el juez penal militar concluyó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“Efectivamente, para el día 1º de julio de 1999, los aquí acusados se hallaban laborando en la Policía de Carreteras y conformaban un solo grupo o patrulla, que para ese día debieron prestar sus servicios en el sitio denominado La Melisa (…) de La Dorada (Caldas), que allí establecieron un puesto de control y en el mismo, a eso de las 06:00 horas, efectuaron un registro a un automotor Mazda de placas XXX, con sus dos ocupantes; que hubo un altercado con uno de ellos por las expresiones de inconformidad que este manifestó con el procedimiento.

“En este punto, es posible aceptar que no hubo un motivo cierto para dar aplicación a lo preceptuado por el Código Nacional de Policía sobre la retención de una persona (artículo 207), pues el comandante del puesto de control así lo consideró.

“Ahora bien, el agente C... ha afirmado que los ocupantes del vehículo no llevaban un documento cierto que permitiera identificar plenamente el propietario del automotor, pues la persona a la que ellos indicaban como propietaria del vehículo no era la que figuraba en la tarjeta del vehículo, documento que inicialmente no aparecía y, por ello, en compañía del agente N... decidieron verificarlo, pero el procedimiento no fue el más claro y tampoco el más conveniente ni convincente; esto es, deciden llamar vía celular a un abonado telefónico en Bogotá, el cual es indicado por uno de los ocupantes del vehículo y sin la más mínima certeza o verificación de la situación deciden que efectivamente el vehículo no tiene problema alguno, no obstante que después en el plenario se corrobora que si tuvo un pendiente por hurto, pero ya solucionado.

Para este Despacho es claro que el procedimiento adelantado por el Agente C...y el Agente N...respecto de la verificación de datos y antecedentes del rodante inmovilizado no era el indicado y esto genera duda sobre su proceder profesional en este momento, enlazado esto con la existencia de la llamada del celular del Agente N... a un abonado telefónico de Bogotá, llamada que se presta para varias interpretaciones y deja en entredicho el correcto proceder de los uniformados.

“Ahora bien, lo primero a dilucidar sería la exigencia del dinero, producto de un abuso de las funciones por parte de los uniformados, esta situación no es clara, en primer lugar, debemos entender que el abuso de autoridad o de las funciones conlleva una posición de dominio que cause en el constreñido un verdadero impacto de sufrir un daño o menoscabo personal, no es posible creer que simplemente el hecho de haber sido objeto de un procedimiento de policía y que quizá se haya presentado un altercado, sea lo suficiente para creer que esto es lo les infundió a los ocupantes del vehículo un temor; mucho menos si no sabían ni siquiera que transportaban, como manifiestan inicialmente.

“(…).

“El constreñimiento, como ya se dijo, no está demostrado, en primer lugar, no es posible aceptar que la forma de presión consistiera en que si no daban el dinero serían puestos a órdenes de la Fiscalía, si todo es como hasta ahora se ha afirmado, el dinero era lícito, no existía ninguna situación irregular como para pensar que por ello tuviesen problema alguno (…).

“Así mismo, es poco creíble el dicho de los denunciantes o, por lo menos, de los ocupantes del vehículo inmovilizado, momentáneamente, en lo concerniente a las múltiples contradicciones que entre ellos se registran y más si las sumamos a las del presunto propietario del dinero, esto es, el sitio de la entrega del dinero, no saber qué o cuánto dinero llevaban, como iba empacado y, mucho menos, que solo 3 días después se enteren de la pérdida de caso el 30% del supuesto envío, tampoco en dónde lo devolvieron o cumplieron su misión, según las pruebas, en tres sitios diferentes, en la Vega, en la Boyacá con 13 o en el Norte de la ciudad.

“Este Despacho de instancia, comparte con la Defensa el hecho de ser importante la preexistencia del dinero, presuntamente transportado, no por estimar que sea de origen ilícito, sino si verdaderamente estamos hablando de una gran suma como la aquí expresada, dudamos que haya sido cierta, si tenemos en cuenta lo siguiente: en primer lugar, para la época estaríamos frente a una suma de difícil almacenamiento, como para ser camuflada o mimetizada en una caja de kellogs, además una exposición a múltiples peligros en carretera (…); tampoco podemos entender que una suma de esta naturaleza tenga doble interpretación, unos 300 y otros 290 millones; tampoco es entendible la tranquilidad de los ocupantes del carro, como para solicitar a sus presuntos constreñidores la suma de trescientos mil pesos para sus gastos y simplemente callaros esto, a sabiendas que estaban siendo objetos de un hurto, por lo menos en ese instante.

“Como podemos observar, ni siquiera llegamos a afirmar que la conducta sea típica, pues no cumple con los mínimos requisitos que la norma exige para este caso, retomando, no hubo abuso del cargo, ni de funciones, tampoco constreñimiento.

“(…).

“No siendo típica la conducta, mucho menos podemos hablar de la antijuricidad y culpabilidad, pues las dudas que encierran el proceso hacen que esas a favor de los procesados de ciado a lo estipulado en el Artículo 209 del Código Penal Militar(37) (se destaca).

4.1.9. El Tribunal Superior Militar, en virtud de los recursos de apelación presentados por la Fiscalía 148 Penal Militar y la parte civil, confirmó la sentencia absolutoria del 14 de marzo de 2006, para lo cual argumentó (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“La Sala (…) observa claramente que no se dan los presupuestos para dictar sentencia condenatoria (…).

“Así las cosas, no podemos desconocer que desde la denuncia presentada por Ó... V... M... se advierten inconsistencias cuando aporta datos que comparados nos conducen a que falta a la verdad, incluso con la ubicación de su residencia y la de sus amigos (…).

“Tampoco podríamos identificar la hora y el lugar donde, supuestamente, se hizo la entrega de doscientos noventa millones escondidos en un mercado, pues en la ampliación Ó... V... dijo había sido a esos de las tres de la mañana, en una bomba de gasolina a la salida de Medellín (fl. 19 vuelto), en tanto que B... G... M... dijo haber hecho la entrega, a eso de las nueve de la noche, en Sabaneta (fl. 211).

“En similares circunstancias se nos presenta la incógnita de cuál fue el lugar en donde se hizo el recibo de los doscientos treinta y cinco millones por parte de C... N..., ya que se manifestó por el denunciante que la hizo en la carrera 10 con calle 27 sur Bogotá, en tanto este último asegura que fue sobre la vía a La Vega, porque con el problema salió a encontrarlos (…)”.

“En fin, para esta Sala no quedan sino dudas (…), pues siempre se indicó por parte de Ó... V... y J... C... B... que los agentes al momento de llamar lo hicieron al número 2800440, en tanto que C… J… N… H… dice que fue a un número celular el cual no recuerda; también dicen los primeros que la forma de coacción o aceptación para que este último aprobara la entrega se hizo aludiendo a un accidente de tránsito que tenía un valor de sesenta mil pesos jamás se habló de un problema de mayor trascendencia, sin embargo, el señor N… H… contradice esta afirmación cuando indica que los uniformados le dijeron que si no había esa cantidad entonces decomisaban la plata (…); además, de existir dentro de las diligencias iniciales la sola afirmación que esos doscientos noventa millones los habían reunido para solucionar un problema familiar, pero ya transcurridos varios años, una vez aparecen muertos los familiares de B… G… se viene a afirmar que se trataba de un rescate.

“(…) No existe certeza sobre lo sucedido en lo concerniente a la responsabilidad penal de los acusados, y si bien es cierto en su momento se indicó que habían algunos indicios no tienen la suficiente fuerza para considerarlos como plena prueba (…) se aduce por parte de los supuestos afectados que se recolectaron doscientos noventa millones de pesos sin poder demostrar a través de letras de cambio, facturas, ventas, préstamos, hipotecas, etc., si realmente existen o no, menos aun poder demostrar que en efecto transportaban tan alta suma de dinero sin ninguna garantía, seguridad o protección por una carretera tan peligrosa y que para 1999 era constantemente asediada por la guerrilla como es de público conocimiento (…).

“(…) Las marcadas diferencias fluyen del examen acucioso de las declaraciones de los denunciantes, perdiendo fuerza y restándole eficacia probatoria, lo que impide condenar, al no existir el hecho”(38) (se destaca).

4.2. Culpa de la víctima.

La Sala advierte que en contra del señor J... B... N... G... se adelantó un proceso penal por el delito de concusión, dentro del cual, a través de decisión del 30 de mayo de 2003, se ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario, por tal razón, estuvo privado de la libertad durante el período comprendido entre el 10 de julio y el 16 de diciembre de 2003.

Asimismo, la Subsección advierte que las referidas diligencias terminaron con sentencia absolutoria, por atipicidad, en cuanto la conducta del procesado no cumplía con los elementos propios del tipo penal de concusión.

El supuesto enunciado –absolución por atipicidad de la conducta–, de conformidad con la jurisprudencia unificada y reiterada de esta Sección, resultaría suficiente para concluir que la privación injusta de la libertad del ahora demandante ostenta el carácter de injusta; sin embargo, la Sala advierte circunstancias que imponen la denegatoria de las pretensiones.

En efecto, en materia de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación ha sostenido que el daño irrogado proviene de la culpa de la víctima, aun cuando no se hubiese emitido sentencia penal en su contra, en los casos en los que, según lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, se encuentra probado que esta incurrió en comportamientos dolosos o gravemente culposos que ameritaban la restricción de la libertad.

Para lo anterior, se deben tomar en consideración tanto los hechos que dieron lugar a la respectiva investigación penal como los ocurridos durante el trámite de las diligencias –verbigracia en los eventos en los un sujeto acepta cargos a sabiendas de que no es el autor de la conducta–. Respecto del segundo punto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996(39), sostuvo:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 C. P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial (…). Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa” (se destaca).

Conviene aclarar que la conducta dolosa o culposa en estos eventos se rige por los preceptos establecidos en el derecho civil, por tanto, difiere del estudio de culpabilidad realizado por el ente investigador en sede penal.

Al respecto, el artículo 63 del Código Civil dispone, de un lado, que la “[c]ulpa grave (…) consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo” y, del otro, precisa que “[e]l dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

La declaratoria de la culpa de la víctima implica un análisis previo, con el fin determinar si el proceder –activo u omisivo– de quien demanda al Estado tuvo injerencia en la generación del daño y, de ser así, en qué medida. Al respecto, esta Subsección ha señalado(40):

“Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño.

“(…).

“Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta” (se destaca).

Finalmente, este del caso precisar que si bien a esta jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, lo cierto es que, según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, el juez administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la motivación que sustenta la sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales que existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción(41).

4.3.1. Hechos que dieron lugar a la investigación objeto de la litis.

Una vez analizadas las circunstancias que dieron lugar a la privación de la libertad del señor N... G..., la Sala advierte que las mismas resultan suficientes para dar por configurada la culpa exclusiva de la víctima, pues el daño tuvo su origen en las actuaciones desplegadas por el entonces procesado.

En efecto, el demandante –J… B… N... G...– no aplicó el procedimiento pertinente para la verificación de los antecedentes del vehículo en el que se movilizaba el entonces denunciante y su acompañante, dado que no recurrió a las bases de datos oficiales previstas para tal fin, sino que se comunicó desde su teléfono personal con la persona que los implicados le indicaron, lo cual no otorgaba certeza sobre la propiedad del automotor.

El señor N... G... debía recurrir a las autoridades encargadas del registro de los datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica del vehículo, a las cuales podía acudir directamente por encontrarse en cumplimiento de las funciones propias de la policía de carreteras; sin embargo, no procedió de conformidad, pues decidió no aplicar tal procedimiento legalmente exigible, para, en su lugar, llamar telefónicamente a unos particulares.

La Sala, al igual que el juez penal que ordenó la detención preventiva, no encuentra desde el punto de vista jurídico, una explicación al comportamiento del señor N... G..., lo que torna evidente el carácter irregular de su conducta y, por tanto, se estima que se imponía el trámite de la investigación penal pertinente a fin de determinar por qué el servidor público implicado se abstuvo de recurrir a los mecanismos legales previstos para el ejercicio de sus funciones y, en su lugar, decidió dirigirse a una fuente privada, que no le otorgaba ninguna certeza sobre el aspecto que pretendía averiguar.

Ahora, el demandante en su indagatoria manifestó que los ocupantes del vehículo objeto de discusión portaban un contrato de compraventa y no la licencia de tránsito, documento público definido por el artículo 87 del Decreto 1344 de 1970(42) como “la autorización para que el vehículo pueda transitar en todo el territorio nacional, expedida por la autoridad competente, previa inscripción del mismo en el correspondiente registro de instrumentos públicos”.

Al respecto, el artículo 89 ejusdem señalaba que “[n]ingún vehículo podrá transitar en el territorio nacional sin estar debidamente inscrito y tener licencia” y el numeral 2 del artículo 230 del Código Nacional de Tránsito Terrestre imponía la inmovilización del vehículo “[c]uando el conductor no present[ara] la licencia de tránsito del vehículo o su fotocopia autenticada”.

En el sub lite, pese a la ausencia de la licencia de tránsito, no se inmovilizó el automotor y la Sala no encuentra probada ninguna circunstancia que justificara dicha omisión.

A juicio de la Subsección, el demandante no ajustó el ejercicio de sus competencias al ordenamiento jurídico, con lo cual, además, se hubiere podido aclarar lo realmente ocurrido y, de manera consecuente, se habría evitado el trámite del proceso penal y la imposición de la medida de aseguramiento que en este proceso sirvió como fundamento de las pretensiones.

Asimismo, la Sala advierte que el demandante en la diligencia de indagatoria indicó que el señor Ó... V... M... y su acompañante le ofrecieron dinero para que se abstuviera de proceder en los términos de ley, propuesta que, según el mismo procesado, no fue aceptada; sin embargo, pese a tratarse del delito de cohecho por ofrecer e implicar una situación de flagrancia, el señor N... G... no puso a disposición de las autoridades penales competentes a los implicados, con lo cual, desde el mismo día de los hechos, se hubiese podido advertir la inexistencia de la conducta por la que se le procesó.

El proceder del investigado implicó el desconocimiento del deber que le asistía, en condición de servidor público, de comunicar a las autoridades respectivas la ocurrencia de hechos punibles que debieran investigarse de oficio, lo cual, al igual que los supuestos anteriores, hubiese llevado al esclarecimiento de lo sucedido.

La comunicación irregular con un tercero, la no inmovilización del vehículo y la omisión en el deber de denuncia fueron determinantes para la privación de la libertad del señor N... G..., pues tales hechos, que resultaron probados desde el inicio de las diligencias, dieron cuenta del incumplimiento de sus funciones en la forma que le correspondía, de ahí que resultara necesario el agotamiento de la investigación penal pertinente a efectos de verificar si su proceder estaba relacionado o no con la supuesta exigencia y posterior entrega de una suma de dinero a cambio de no dejar al denunciante y a su acompañante a disposición de las autoridades competentes o si, por el contrario, se trató de una conducta irregular en el ejercicio de su cargo.

Es más, en la decisión por medio de la cual se impuso la medida de aseguramiento y en la sentencia absolutoria de primera instancia, la justicia penal militar se pronunció de manera concreta acerca del procedimiento irregular de verificación de antecedentes del vehículo. En el primer caso, tal circunstancia, entre otras, condujo a la deducción de los indicios graves de responsabilidad requeridos para la restricción de la libertad y, en el segundo, el juez de conocimiento precisó que si bien resultaba procedente la exoneración de responsabilidad penal, no era menos cierto que el procesado sí incurrió en comportamientos irregulares.

En las condiciones analizadas, la Sala concluye que el ahora demandante resultó involucrado en la investigación penal objeto de discusión, porque no actuó con el “cuidado que aun las personas negligentes o depoca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, pues se abstuvo de llevar a cabo sus funciones en debida forma, lo que merece un reproche desde el punto de vista de la diligencia que deben observar los funcionarios públicos en sus actividades.

En síntesis, la Sala encuentra probado que las decisiones que condujeron a la privación de la libertad del ahora demandante tuvieron como fundamento su propio comportamiento, el cual, se reitera, llevó a que se iniciara la actuación penal necesaria para esclarecer las circunstancias que lo relacionaban con los hechos denunciados y a que se le impusiera la medida de aseguramiento de detención preventiva, lo que resulta suficiente para exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

Así las cosas, la Subsección A revocará la sentencia de primera instancia, para, en lugar, negar las pretensiones de la demanda.

5. Condena en costas.

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 10 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y, como consecuencia, se dispone:

“NEGAR las pretensiones de la demanda”.

2. Sin condena en costas.

3. En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

21 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 24 de mayo de 2017, Expediente 49.740; del 30 de agosto de 2017, Expediente 51.057; del 23 de octubre de 2017, Expediente 52.070; del 6 de diciembre de 2017, Expediente 54.859.

22 Acuerdo 58 de 1999, modificado por los siguientes acuerdos: i) 45 del 2000; ii) 35 de 2001; iii) 55 de 2003; iv) 117 de 2010; v) 140 de 2010; vi) 15 de 2011; vii) 148 de 2014; viii) 110 de 2015 y ix) 306 de 2015.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo auto del 9 de septiembre de 2008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

24 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2017, Expediente 44784, M. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 24 de mayo de 2017, Expediente 42979, M. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 10 de noviembre de 2017, Expediente 47874, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 28 de septiembre de 2017, Expediente 52.897 y sentencia del 10 de noviembre de 2017, Expediente 47.294.

25 La Sala reitera que el ahora demandante, para la época de los hechos, se llamaba J... H... N... G... y, luego, mediante la Escritura Pública 1052 de 4 de marzo de 2005, otorgada ante la Notaría 2ª del Círculo de Manizales, cambió su nombre por el de J… B… N… G...

26 Según constancia obrante a folio 81 del cuaderno 2.

27 De conformidad con lo indicado en el acápite de antecedentes de la providencia por medio de la cual se definió la situación jurídica del ahora demandante (fls. 21 y 22, cuaderno 1).

28 Folios 21-35, cuaderno 1.

29 Folios 36-51, cuaderno 1.

30 Folio 256, cuaderno 4.

31 Folio 58, cuaderno 1.

32 Folio 28, cuaderno 2.

33 Folio 257, cuaderno 4.

34 Folios 24-35, cuaderno 2.

35 Folios 52-71, cuaderno 1.

36 Folio 62, cuaderno 1.

37 Folios 52-71, cuaderno 1.

38 Folios 52-95, cuaderno 1.

39 Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de julio de 2014, Expediente 38.438, M. P. Hernán Andrade Rincón; providencia reiterada por esta Sala en sentencia del 10 de noviembre de 2017, Expediente 48.553.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente 39.816, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

42 Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente para la época de los hechos.