Sentencia 2010-00097 de noviembre 22 de 2012

 

Sentencia 2010-00097 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 110010325000201000097-00 (0828-2010)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Auro Uriel Paz Ojeda

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Considera

El problema jurídico gira en torno a establecer la legalidad de los actos de 28 de mayo de 2002 proferido por el Procurador Regional de Nariño, por medio del cual declaró responsable disciplinariamente al actor y le impuso sanción de destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de cinco (5) años y de 1º de agosto de 2002 expedida por la procuraduría segunda delegada para la contratación estatal que resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando en todas sus partes el anterior.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

El proceso disciplinario

La Procuraduría Regional de Nariño mediante auto de 21 de febrero de 2002, abrió investigación disciplinaria y el 11 de marzo de 2002 profirió auto de cargos contra Auro Uriel Paz Ojeda, en su condición de director seccional de Cajanal Nariño, en razón a las presuntas irregularidades en la autorización del pago de tres órdenes de prestación de servicios a los señores José Carlos Vallejo, Aida Martínez y Álvaro Unigarro, por valor de $ 5.289.022, sumas que resultaron en poder del investigado, sin haber desarrollado el objeto de los contratos, desconociendo el Estatuto Contractual de la Administración Pública que consagra las reglas que orientan la realización y ejecución de la contratación estatal, incurriendo en las faltas establecidas en los artículos 25, 37, 40 y 41 de la Ley 200 de 1995.

En el transcurso de la investigación disciplinaria se practicó visita especial a la tesorería de Cajanal seccional Nariño, a través de la cual se allegó copia de las cuentas de cobro de los señores Carlos Vallejo, Aída Martínez y Álvaro Unigarro; informe rendido por los investigares del CTI, de acuerdo con el cual los contratos de prestación de servicios no se realizaron; declaraciones rendidas por los contratistas quienes manifestaron no haber desarrollado las actividades para las cuales fueron aparentemente contratados ni recibido sumas de dinero por el valor de los contratos, sin embargo firmaron documentos para el pago de los fingidos contratos; testimonio de Lola Ocaña, quien afirmó que el dinero no se depositó en pagaduría (de lo contrario debía ser devuelto a Bogotá, por lo que quedó en custodia, posteriormente con ese dinero se canceló la fiesta de los pensionados) (fls. 127 a 127 c. c.).

Mediante providencia de 28 de mayo de 2002 la Procuraduría Regional de Nariño declaró disciplinariamente responsable a Auro Uriel Paz Ojeda y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad de 5 años para ejercer funciones públicas fallo en primera instancia. La decisión anterior fue objeto de recurso de apelación, despachado mediante fallo de 1º de agosto de 2002, expedido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, confirmando la decisión inicial en su integridad (fls. 402 a 496 ss.).

Del fondo del asunto

Considera la parte demandante, que los actos acusados se profirieron con vulneración al debido proceso y derecho de defensa por desconocimiento del principio de favorabilidad, puesto que las pruebas no fueron valoradas en conjunto y por no atender los argumentos de defensa expuestos por el actor.

Igualmente, están afectados por falsa motivación, pues los cargos formulados al actor no se definieron con claridad, y de su conducta no se puede inferir la existencia de dolo o culpa, además son incongruentes, porque no existe una relación de causa efecto entre los hechos y la decisión de primera y segunda instancia, desconociendo los principios rectores de la ley disciplinaria que no permiten que la investigación vaya en sentido contrario a la calificación.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

La demandada encontró responsable disciplinariamente al demandante, por desconocimiento de los deberes y principios impuestos, por la Ley 80 de 1993, que a continuación se transcriben:

Al respecto, la Ley 80 de 1993 indica, que:

ART. 3º—De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

ART. 4º—De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.

ART. 14.—De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2º de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

ART. 23.—De los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

ART. 26.—Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio:

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.

5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.

ART. 51.—De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.

A su turno, la Ley 200 de 1995 establece, lo siguiente:

ART. 37.—Garantía de la función pública. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función el servidor público o el particular que desempeñen funciones públicas, ejercerán sus derechos, cumplirán los deberes, respetarán las prohibiciones y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses, establecidos en la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia.

ART. 38.—La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos.

ART. 40.—Los deberes. Son deberes de los servidores públicos los siguientes: Ver: artículo 6º y ss. Decreto Nacional 2400 de 1968.

1. Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, los tratados públicos ratificados por el gobierno colombiano, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las órdenes superiores, cuando correspondan a la naturaleza de sus funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y contratos de trabajo.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función.

(…).

8. Desempeñar su empleo, cargo o función sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contra contraprestaciones legales.

(…).

13. Ejercer sus funciones consultando permanentemente sus intereses de bien común y tener siempre presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento de un derecho y no liberalidad del Estado.

(…).

18. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar de que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.

(…).

21. Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe.

(…).

23. Vigilar y salvaguardar los intereses del Estado.

24. Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización.

Las providencias proferidas por la Procuraduría, objeto del presente proceso se apoyaron en los siguientes razonamientos (fls. 402 a 496 c. p.).

“Del estudio y análisis de la reseña que antecede, es evidente que en las irregularidades planteadas se vislumbra un modus operandi dentro del siguiente esquema: el investigado ordenó la prestación de servicios en su condición de director seccional de Cajanal EPS Nariño, a sabiendas que estos no se prestaron certificó su cumplimiento efectivo, seguidamente emitió los actos administrativos, para el caso las resoluciones de reconocimiento y ordenación del pago, afectando los recursos oficiales; adicionalmente, promovió en los beneficiarios el cobro de los instrumentos resultando que su valor fuera reintegrado al mismo por petición que hiciera a los girados. Destacándose el pago a dos de ellos, a título de comisión o de bonificación, por el servicio de cobro.

Percibidos los dineros en tales condiciones, vino a patentarse de este modo el indebido provecho patrimonial, tanto por parte del investigado, como de aquellos que recibieron la comisión, o sea Vallejo Jojoa y Unigarro Benavides.

En el expediente militan fotocopias de los informes rendidos por el CTI que corresponde a los números 271, 273 y 275 del 24, 25 y 26 de septiembre de 2001, mediante los cuales se judicializaron las irregularidades detectadas en el curso de las pesquisas, con respecto de las ordenes prestación de servicios objeto del debate disciplinario.

(...).

La regional no puede concebir que el nivel central que avale comportamientos que eran indebido, oponiéndose a sus previas instrucciones contenidas en la circular del 8 de febrero de 2000 y a los principios elementales del manejo presupuestal, resultando que las instrucciones que pretende hacer valer el investigado en los oficios aportados no tendrá ninguna utilidad en los recursos del año 2000 habida consideración que los mismos ya habían sido ejecutados de manera que estas instrucciones si servirían, en tratándose de recursos vigentes, además, por el contenido del oficio del 17 de septiembre de 2001, para el programa de pensionados ya había sido distribuido entre las seccionales. Escapa de toda lógica del manejo presupuestal que frente a estas incidencias, en oficio posterior se le solicite programar actividades que según el Dr. Páez Ojeda, tal y como lo certificó, se habían ejecutado muchos meses atrás.

(…).

De otro lado, aparece, de acuerdo a los factores demostrativos acreditado que el director seccional de Cajanal EPS, jamás tuvo la intensión de contratar y que buscó en personas que no tenían el perfil para prestar los servicios, la forma de sacar los recursos oficiales, ahora quiere hacer creer que el nivel central le patrocinó y le toleró un proceder mayormente, pero el mismo se ha descartado.

(…).

En suma el indebido provecho patrimonial es evidente, tanto de parte del director, como de los beneficiarios de los pagos, estos últimos recibieron dineros oficiales sin contraprestación legal alguna, en tanto que a su vez el doctor Páez Ojeda se quedó con los recursos que había ordenado, desde el mes de enero del año 2001 hasta cuando, por motivo de la judicialización y el disciplinamiento, debió volver a contratar dichos servicios en noviembre de 2001, después de transcurrido casi un año.

El procedimiento presupuestal que pretende justificar el investigado no está previsto en ninguna norma ni reglamento, por manera que es atípico y, contrario sensu, es violatorio de las disposiciones legales que rigen la materia.

En cuanto a la buena fe que predica el investigado en sus descargos, conviene anotar que se le censura un comportamiento eminentemente doloso, sin que en este grado de culpabilidad sea admisible que una persona pueda alegar ese principio constitucional.

Por su parte, en el fallo de segunda instancia se precisó, lo siguiente:

“Sea lo primero destacar, que la suscripción de las cuentas así como los sucesos previos y concomitantes al pago no admiten discusión ninguna, pues no solo fue admitido por el enjuiciado en sus exposiciones y escritos contentivos y la apelación que se desata, sino que se encuentra acreditado con las resoluciones pertinentes y el cobro de los cheques respectivos.

Lo anterior sin contar que todos los deponentes incluyendo los contratistas y demás funcionarios de Cajanal, se refirieron en forma clara y detallada sobre este hecho sin que sea necesario volver sobre esas exposiciones reiteradas en el auto de apertura de investigación, los cargos y la sentencia misma.

Y, no se requiere efectuar mayor análisis ni desplegar reflexiones profundas para concluir que el hecho de certificar la ejecución de un servicio que no se prestó y, en consecuencia, reconocer y ordenar el pago de dicha actividad es un acontecimiento constitutivo de falta disciplinaria al tenor de lo establecido en los preceptos 37, 38, 40 y 41 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época en que ocurrieron los hechos investigados.

(…).

Los normados de naturaleza presupuestales son enfáticos y claros en la señalización del procedimiento y requisitos que deben agotarse para la utilización de recursos destinados a un programa especifico, así como la consecuencia en caso de no hacer uso de aquellos en el tiempo establecido para ello, evento en el cual procede la devolución de los mismos, salvo que se constituya la reserva correspondiente por una año más.

No permite la ley, la Constitución ni los lineamientos orientados por la ética y la moral, que el ordenador del gasto acuda a mecanismos no consagrados por la ley y por el contrario desautorizados por la misma, como es el caso de ordenar pagos por servicios no prestados, artículo 41 numeral 19, Ley 200 de 1995, para efectos de retener dineros inicialmente otorgados pero que por cualquier razón no pudieron ser utilizados.

(…).

Así las cosas, no es justificable bajo ningún concepto el comportamiento que se estudia, máxime porque a estas alturas del proceso todavía no encuentra el despacho la razón por la cual no se realizaron en sus momentos los eventos convenidos, siendo que el proceso de escogencia del contratista estaba finiquitado como también la actividad a desarrollar, el objeto y periodo del mismo.

Examinados los argumentos esgrimidos en los fallos acusados, no se advierte la alegada violación del derecho de defensa y del debido proceso, puesto que la investigación disciplinaria se encuentra ajustada a derecho y se desarrolló según las pautas constitucionales y legales, es decir conforme al principio de legalidad y las formas propias del proceso. En efecto, tanto en el auto que dio apertura de investigación disciplinaria como en el de formulación de cargos y así como en los fallos recurridos, se analizaron y señalaron las conductas en las que incurrió el actor, las cuales se hallan contenidas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993 artículos 3º, 4º, 14, 23, 24, 26, 41; Ley 200 de 1995 artículos 25, 37, 40, 41, consistentes en haber quebrantado los principios y procedimientos generales de la contratación estatal, deberes legales que deben ser cumplidos por todo servidor público, lo que implica desempeñar su empleo sin pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.

En los actos demandados quedó establecido que el actor en su condición de director seccional de Cajanal Nariño, omitió y vulneró los principios sobre los cuales debe reposar y desarrollarse la función administrativa, quebrantando de esta manera los estatutos de contratación estatal y de la ley disciplinaria al no desarrollar sus funciones con eficiencia, eficacia conforme lo exige la ley, hecho que quedó registrado al haber cobrado dineros públicos en favor propio sin realizar actividad contractual alguna.

Al desconocer los principios constitucionales y legales de la contratación administrativa, que señalan que el servicio público debe cumplirse con imparcialidad, transparencia, responsabilidad y economía, absteniéndose de cualquier acto que implique abuso o ejercicio indebido del cargo, por lo que debe desempeñar su labor sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales. Así les está prohibido a los servidores públicos ordenar el pago por servicios no prestados.

La investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la Nación fue llevada a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes al momento de realizar la adecuación típica de la conducta del actor, sin que por ello se haya vulnerado el principio de favorabilidad.

De las pruebas aportadas al proceso disciplinario, tales como: el acta de la visita especial practicada en la sección de tesorería pagaduría de Cajanal seccional Nariño, donde se allegaron copias de la cuentas celebradas a nombre del José Carlos Vallejo Jojoa, Ahida (sic) Martínez de Bravo y Álvaro Unigarro Benavides, por concepto de prestaciones de servicio en diferentes actividades y las declaraciones rendidas por las personas antes mencionadas, quedó con ello establecido que Auro Uriel Paz Ojeda en su condición de director seccional de Cajanal Nariño, se benefició de dineros públicos sin justificación.

En el sub examine quedó probado, que no existieron contratos de prestación de servicios celebrados entre Cajanal y los contratistas, también se corroboró la desviación que finalmente le dio a los dineros pagados producto de los contratos ficticios. Así mismo se comprobó que el actor cobró el valor de los contratos a favor propio, y así lo aceptó el disciplinado en sus diligencias de versión al señalar: “(…) requerí a la señora Ahída (sic) para que cobrara dicho desprendible y reintegrara en efectivo esos valores a la dirección, lo que efectivamente se hizo, dinero que junto a los otros dos contratistas recibí, en un valor de cuatro millones novecientos cuarenta mil cero setenta, analizando la conveniencia o inconveniencia de estos dineros se reintegraron nuevamente a pagaduría (…)”. Sumado a ello reposan las resoluciones de pago y el cobro de los cheques que datan a un más las irregularidades en que incurrió el encartado y finalmente los testimonios de los contratistas y funcionarios de Cajanal ratifican la existencia de la citada anomalía.

Tanto el Estatuto de Contratación Estatal como la Ley 200 de 1995 traen el alcance y la función de ser cumplidas y ejecutadas por todos los servidores públicos, para el caso que nos ocupa el director seccional de Cajanal Nariño, destacando que en tratándose de la actividad contractual las normas son enfáticas en señalar el procedimiento y requisitos que deben cumplirse antes y después de la contratación. Así las cosas las normas constitucionales y legales no permiten que el ordenador del gasto público recurra a mecanismos diferentes a los conocidos por la ley, por lo que deben ceñirse a los principios de trasparencia, economía y responsabilidad, en cuanto constituyen deberes propios de su cargo.

Ahora bien, lo que busca el Estado al promulgar el estatuto de contratación estatal es que los servidores públicos cumplan las normas dentro de los principios de eficiencia, responsabilidad economía y transparencia, buscando la correcta ejecución del contrato sin obtener provecho patrimonial y sin contrariar las normas constitucionales y legales, persiguiendo el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines(1).

En efecto, según los descargos presentados por el actor dentro del trámite disciplinario (fls. 192 a 214) precisan que:

“De la revisión de las pruebas en que sustenta la Procuraduría para formular el pluricitado auto de cargos pareciera resultar viable jurídicamente elevar imputaciones en contra de mi representado; sin embargo como se indicará con más detalle posteriormente, estudiado con profundidad el caso sub examine se logra establecer con claridad meridiana que no se han dado las condiciones o presupuestos para tal efecto, toda vez que la providencia está orientada por consideraciones netamente objetivas (…).

(…).

No obstante, se omite inexplicablemente por la Procuraduría la valoración de varios y notables pruebas documentales y testimoniales obrantes en el informativo, recaudadas sin controversia alguna, que conducen a concluir inequívocamente que el ahora encartado no obró con dolo o intención de menoscabar el erario público en provecho propio o ajeno (…).

(…).

El director procedió a suscribir con los contratistas que se mencionan en el auto de cargos unas órdenes de servicios para ejecutar unos programas en las áreas que allí aparecen determinadas, las cuales quedaron pendientes de la correspondiente asignación presupuestal que ocurrió el 15 de de diciembre de 2000 cuando el sector central desde Bogotá, solicitó de manera telefónica y dada la urgencia de la asignación presupuestal y su ejecución, según lo manifestó la señora Fanny Cruz, funcionaria del grupo de presupuesto de Cajanal, el envió de la documentación relativa a la programación de esta seccional con el fin de asegurar dicha apropiación y girar los recursos. Es de señalar que ciertamente cuando se preguntó si se despachaban los documentos relacionados con la ejecución de tal presupuesto, incluidas desde luego las órdenes de servicios de marras, debidamente firmadas, respondieron afirmativamente aceptando plenamente ese trámite, pues de ello dependía la entrega de los recursos (…).

(…).

En Cajanal Bogotá, tenían pleno conocimiento acerca de que en esta seccional y en las demás del país, dado el centralismo de la entidad, no se había ejecutado los programas tales como los cursos para pensionados de la entidad, por lo que se envío la documentación relativa a los mismos con el carácter de hecho cumplido para efectos de que se giraran los recursos y fue con base en tales documentos que el día 28 de diciembre de 2000 se enviaron los recursos a esta seccional.

Con el escrito de descargos el actor manifestó que el ente investigador dejó de valorar algunas pruebas, pero no señaló cuáles su fin, tampoco dice cual es la subjetividad con que fue analizado el fallo.

Basta con analizar, el hecho de suscribir ordenes de prestación de servicios, sin contar con un registro presupuestal, sin haber desarrollado los objetos contractuales, cobrar el valor usando el nombre de terceras personas y certificar el cumplimiento, todo ello permite concluir a la Sala que el actor desconoció los principios generales de la contratación e incursionó en las prohibiciones señaladas en la Ley 200 de 1995.

Echa de menos la Sala, porque el actor no siguió los parámetros de la contratación estatal (L. 80/93 y sus decretos reglamentarios), al suscribir las ordenes de prestación de servicio; como es, el no allegar el certificado de registro presupuestal, no implementar un cronograma de actividades, no llevar a cabo la verificación de la ejecución de los contratos antes de su pago, situación que demuestra que el implicado jamás tuvo la intención de contratar, tratando de tergiversar su defensa aduciendo que el poder central tenía conocimiento y lo había autorizado, argumentó este que resulta no creíble para esta corporación en tanto que ninguna autoridad nacional puede desarrollar la actividad contractual desconociendo las normas que reglamentan la contratación estatal.

Argumenta en la demanda que no quedó demostrado el incremento patrimonial sin justa causa, sobre el particular al proceso disciplinario se aportaron los siguientes elementos probatorios: actos administrativos de reconocimiento y pago de los servicios no prestados y las declaraciones de los supuestos contratistas quienes manifestaron que reclamaron los dineros cancelados por los contratos ficticios y que luego los entregaron al señor Auro Uriel Paz Ojeda.

Al respecto la demandada en fallo de primera instancia señaló lo siguiente (fls.133-134 cdno. 1):

“(…) para el despacho se presentó un indebido provecho patrimonial, no sólo por parte del director, sino a favor de terceros, comoquiera que los recursos girados por el nivel central en su oportunidad, para que el director seccional los destinará a los cursos para pensionados y prepensionados, tuvieron un manejo irregular, en cuanto el doctos Paz Ojeda certificó la prestación efectiva de los mismos u a continuación emitió los actos administrativos de reconocimiento y pago de los servicios prestados, promoviendo luego en los supuestos contratistas la cancelación de los cheques en la entidad bancaria librada, recursos que como queda visto reingresaron no a la entidad sino a las arcas particulares del director, por cuanto los testigos son enfáticos en reseñar que ellos efectivizaron los instrumentos y entregaron los dineros al doctos Auro Uriel Paz Ojeda, quien a su vez los contó, les dio parte de ellos en las cantidades indicadas y el resto se los guardo en el bolsillo. Este es un acto inequívoco de querer apropiarse de los recursos, las versiones de su secretaría, de la coordinación seccional del programa de pensionados y de la almacenista no pueden tenerse en cuenta y su dicho resulta contrario a todas las evidencias, pesquisas y hallazgos que obren en el proceso y además, son deponentes que están subordinados a servicio público investigado”.

Por lo que la Sala considera no acertado el razonamiento expuesto por el implicado.

Argumentos que encuentran su fundamento en los artículos 25 y 41 de la Ley 200 de 1995 disponen que:

ART. 25.—“Faltas gravísimas. Se consideran faltas gravísimas:

1. Derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones

ART. 41.—Prohibiciones. Está prohibido a los servidores públicos:

1. Solicitar o recibir dádivas, o cualquier otra clase de lucro proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio, del funcionario, empleado de su dependencia o de cualquier persona que tenga interés en el resultado de su gestión.

Es del caso precisar que el juzgador tiene la posibilidad de valorar las pruebas libremente, en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica. En relación con el aspecto probatorio, el derecho de defensa se materializa con el hecho de que al interesado le sea respetado el derecho a solicitarlas y a controvertirlas, sin embargo, ello no implica que el juez está en la obligación de aceptar cualquier oposición que se presente en el transcurso del proceso disciplinario, pero sí tiene el deber de valorarlas.

De conformidad con los argumentos expuestos, la Procuraduría General de la Nación, sí tuvo en cuenta las pruebas solicitadas por el actor dentro del proceso disciplinario, pues decretó y practicó las solicitadas, pero después de su valoración, consideró que no era suficiente para desvirtuar los cargos formulados al actor.

Es el funcionario que ejecuta el poder disciplinario quien debe evaluar las pruebas aportadas, y las respuestas que presenta el disciplinado no lo obligan a aceptarlas, pues, como se dijo, su deber es valorar las pruebas en conjunto, como en efecto lo hizo en este caso la Procuraduría General de la Nación.

A su turno, considera la Sala que es errada la apreciación que realiza el actor en los descargos, porque al realizar la investigación la Procuraduría General de la Nación le brindó la oportunidad para que expresara todos sus argumentos, sin que lograra desvirtuar la omisión en que incurrió como director seccional de Cajanal Nariño.

En ese orden de ideas, con analizar, el trámite del proceso disciplinario materia de estudio, al señor Auro Uriel Paz Ojeda le fueron respetadas las garantías que comporta el derecho de defensa y el debido proceso, pues tuvo la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas al plenario, así como de interponer recursos en los escritos de descargos y recurso de apelación, motivo por el cual no se establece vulneración alguna del debido proceso y derecho de defensa.

En consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por Auro Uriel Ojeda contra la Procuraduría General de la Nación.

RECONÓCESE personería a los doctores Mario Germán Arciniegas Toro y Edgar Hernando Burbano Burgos como apoderados de la parte demandante, en virtud de las sustituciones obrantes a folios 774 y 781.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Ley 80 de 1993.