Sentencia 2010-00097 de noviembre 8 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 110010328000-2010-00097-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandantes: Oscar Enrique Rentería Dávila y otro

Demandados: Yahir Fernando Acuña Cardales y otro

Electoral: Fallo única instancia

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998, artículo 36; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Análisis de los cargos demandados.

Observa la Sala que los actores presentaron varios cargos frente a cada uno de los demandados y sus listas, a saber, frente al señor Acuña la nulidad es solicitada por: (i) la inscripción extemporánea como candidato de “Afrovides” por la circunscripción especial de negritudes; (ii) no actualización de los datos del movimiento político ante la dirección de asuntos de comunidades negras del Ministerio del Interior; (iii) no representar en realidad a las comunidades afrodescendientes; (iv) el ejercicio de autoridad durante los doce meses anteriores a la elección por haberse desempeñado como diputado de la asamblea departamental de Sucre; (v) coincidencia de periodos en los cargos de diputado y Representante a la Cámara y; (vi) “triple militancia” al momento de la inscripción por el movimiento “Afrovides”.

Por su parte, frente al señor Arrechea los cargos giran en torno a: (i) la no actualización de los datos del movimiento popular de unidad ante el Ministerio del Interior, y (ii) no representar en realidad a las comunidades afrodescendientes.

Para proveer sobre el fondo de las pretensiones de la demanda y por efectos metodológicos, la Sala se ocupará de analizar por separado los cargos presentados frente a cada uno de los demandados y en el orden anteriormente indicado.

2.1. Cargos contra la elección del señor Yahir Fernando Acuña Cardales como Representante a la Cámara por la circunscripción especial de negritudes.

2.1.1. Inscripción extemporánea.

Respecto del primer cargo presentado en la demanda, se sostiene que la inscripción del señor Acuña por “Afrovides” fue extemporánea o irregular, por cuanto se hizo solamente hasta el 26 de febrero de 2012, aun cuando el límite para la inscripción de candidatos vencía el 2 de febrero de 2012. Se anticipa que este cargo no está llamado a prosperar.

Sobre el particular, se encuentra probado en el expediente que:

(i) el señor Yahir Acuña fue inscrito por parte del Partido de Integración Nacional —PIN— como candidato por la circunscripción especial de negritudes el 1º de febrero de 2010 (fl. 128);

(ii) el demandado presentó renuncia al partido, la cual fue aceptada el 5 de febrero de 2010 por el representante legal del PIN (fl. 133), como consecuencia de lo anterior;

(iii) el 12 de febrero de 2010 el PIN le revocó el aval al señor Acuña para participar como candidato en las elecciones al Congreso de la República que se celebrarían el 14 de marzo de 2010 (fls. 131 y 132);

(iv) el 24 de febrero de 2010 el movimiento Afrovides presentó solicitud de modificación de la lista de candidatos para la elección de Representantes a la Cámara por las Comunidades Afrodescendientes (fl. 143) y;

(v) el 26 de febrero (fecha en la cual vencía el término para modificar las listas de candidatos inscritos) de 2010, la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica la forma en la que quedó conformada la lista para la circunscripción especial de comunidades negras por parte del movimiento Afrovides, en la cual aparece en el primer renglón el señor Yahir Fernando Acuña Cardales (fl. 142).

Así, contrario a lo que sostienen los demandantes, la inscripción realizada sí fue hecha durante el término previsto para ello, pues de acuerdo con el calendario electoral de las elecciones al Congreso de la República 2010-2014 (fl. 148), los diferentes partidos y movimientos políticos contaban con la oportunidad de modificar las listas hasta el día 26 de febrero de 2010. Como la modificación de la lista fue hecha dentro del término oportuno, ya que “Afrovides” entregó la versión definitiva de su lista el 24 de febrero de 2010, y la Registraduría Nacional del Estado Civil aceptó la modificación el 26 de febrero del mismo año, la inscripción del señor Acuña fue hecha en término.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

2.1.2 No actualización de los datos del Movimiento Afrovides ante el Ministerio del Interior.

El cargo, de acuerdo a la demanda, busca que se declare la nulidad de la elección por cuanto, se dio un incumplimiento en la actualización de los datos ante la dirección de asuntos de comunidades negras del Ministerio del Interior por parte del Movimiento Afrovides.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 3770 de 2008, especialmente en los artículos 16 y siguientes, se estableció la obligación para que las comunidades y movimientos de negritudes realicen su inscripción o actualización de datos ante el Ministerio del Interior dentro de los primeros tres meses de cada año. Así, en atención a lo anterior, y de conformidad con lo establecido en la Ley 649 de 2001 “por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia”, se desprende que los partidos y movimientos políticos que avalen un candidato por la circunscripción especial de negritudes deben estar debidamente inscritos ante el Ministerio del Interior, al igual que cumplir con las actualizaciones periódicas que consagra la normativa.

Ahora, en el caso sub judice obra a folios 204 a 206 del expediente certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual se acredita que el movimiento “Afrovides” sí realizó la actualización de datos dentro del término previsto para ello, de esta manera, al tratarse de un documento público y no ser tachado de falso, se presume su autenticidad, motivo por el cual esta Sala no puede desconocer su naturaleza y, por lo tanto, dará como cierto su contenido.

De esta manera, el cargo no está llamado a prosperar.

2.1.3. No representar en realidad a las comunidades afrodescendientes.

Sobre el particular, en la demanda se aduce que el señor Acuña no cumple con los requisitos necesarios para representar a una comunidad afrodescendiente. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 649 de 2001, para que una persona pueda ser aspirante a ser elegido a la Cámara de Representantes de la circunscripción especial de comunidades negras es necesario que se encuentren inscrito y avalado por una organización registrada en la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

Del plenario, la Sala observa que dentro del oficio visible a folios 204 a 206, el Ministerio acredita que la junta directiva del movimiento Afrovides sí había inscrito como parte del movimiento al señor Acuña para el primer semestre de 2010, en el mismo sentido, a folio 138 obra certificación emitida por parte del presidente y secretario de Afrovides en la que se deja constancia de la calidad de miembro activo del señor Acuña.

Así, siguiendo la línea anteriormente expuesta, dado que en el expediente no se probó que el contenido del oficio fuera falso, o se aportara otra prueba que permitiera desvirtuar las condiciones del demandado, se estima que el cargo es infundado y por lo tanto no prospera.

2.1.4. Ejercicio de autoridad dentro de los 12 meses anteriores a la elección por haberse desempeñado como diputado de la asamblea departamental de Sucre.

En el cuarto cargo de la demanda, en el cual se afirma que el señor Acuña antes de ser elegido Representante a la Cámara ostentó un cargo en el que ejercía autoridad, pues dentro de los doce meses anteriores a la elección se desempeñó como diputado de la asamblea departamental de Sucre, motivo por el cual, según los demandantes, está incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 179 numeral 2º de la Constitución Política.

La norma mencionada es del siguiente tenor:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

[…]

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”.

No obstante la afirmación de los demandantes, esta Sala ha sostenido que de acuerdo a la normativa y jurisprudencia aplicable de esta corporación, para que pueda considerarse que se ejerce autoridad, es necesario que lo haga un sujeto calificado, pues la anterior norma indica con toda claridad que solo ejercerán autoridad los empleados públicos, mientras que por mandato constitucional, los diputados no se encuentran comprendidos en esta categoría ya que realmente son servidores públicos por ser miembros de corporaciones públicas de elección popular.

Esta conclusión se desprende de lo establecido en el artículo 299 de la Constitución Política, norma que tiene dos elementos importantes para el caso concreto, pues en primer lugar, tal y como se mencionó anteriormente, se encarga de definir que los diputados ostentan la calidad de servidores públicos y, posteriormente, determina que el régimen de inhabilidades no podrá ser menos exigente que el de los congresistas, aclarando que en todo caso, esto será regulado por medio de la ley. Al respecto la Ley 617 de 2000, artículo 33, en concordancia con los artículos 188 y 189 de la Ley 136 de 1994, consagran que son los empleados públicos los que ejercen autoridad, así, es necesario aclarar dichos conceptos, pues mientras que la primera es el género (servidores públicos), la segunda (empleados públicos), es una especie dentro de la misma.

La anterior conclusión también la respaldan el artículo 1º de la Ley 909 de 2004 de conformidad con el cual(2):

ART. 1º—Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;

c) Empleos de periodo fijo;

d) Empleos temporales

Y en el artículo 123 constitucional de conformidad con el cual:

ART. 123.—Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

Sobre el particular esta Sala dijo:

“Al respecto se tiene en cuenta que la Ley 136 de 1994 en su artículo 188, definió el concepto de autoridad civil, en los siguientes términos:

“ART. 188.—Autoridad civil: Para efectos de lo previsto en esta ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones”.

Significa la norma trascrita que para ejercer autoridad civil se requiere tener la calidad de empleado oficial y ejercer facultades de poder y mando, de imposición, de dirección, no solo respecto de los subalternos del empleado público que las ejerce, sino también en relación con los particulares a quienes puede legalmente exigir el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, aún por medio de la fuerza o coacción(3).

De otra parte, el artículo 189 de la misma norma, refiere el concepto de autoridad política, no ya por las funciones que le son atribuidas, sino por la enumeración de algunos cargos cuyos titulares la ejercen, así:

“ART. 189.—Autoridad política. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política”.

“Tal autoridad también se predica de quienes ejercen temporalmente los cargos señalados en este artículo”.

Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación se pronunció en los siguientes términos, sobre el concepto de autoridad administrativa:

“la autoridad administrativa es aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia(4).

Es claro, en primer lugar, que los diputados no tienen la calidad de empleados públicos no obstante que perciben honorarios por la asistencia a las sesiones de la asamblea ya que expresamente la Constitución determina en su artículo 299 que son servidores públicos. En consecuencia, como los diputados no ostentan la calidad de empleados no se cumple con el requisito exigido por la ley que caracteriza el ejercicio de autoridad civil.

La asamblea departamental ejerce funciones públicas y a los diputados les están atribuidas funciones de esta misma naturaleza pero, tal como lo dispone la Constitución Política, las asambleas departamentales ejercen sus funciones por medio de ordenanzas a través de las cuales se exterioriza la voluntad de los diputados, aunque solo son suscritas por el presidente y el secretario general de la corporación. Si se examina el contenido y alcance de las competencias asignadas en la Constitución Política a las asambleas departamentales, es claro que les está atribuido el ejercicio de autoridad civil, pero es evidente que el desempeño de sus funciones por parte de un diputado no es sustitutivo de la voluntad corporativa que debe expresarse por medio de ordenanzas. Se concluye entonces que a pesar de que las asambleas departamentales ejercen autoridad civil, los diputados no están investidos de esta autoridad.

[…]

En cuanto al desempeño de cargo público que implique autoridad administrativa, si bien es cierto que las asambleas departamentales ejercen competencias de naturaleza administrativa en el departamento y que quien es elegido diputado ejerce un cargo público en la medida en que le son atribuidas determinadas funciones públicas(5) se precisa que los diputados no son empleados públicos y las funciones de las asambleas se ejercen mediante ordenanzas y no por los diputados individualmente” (resaltado propio del texto original).

De esta manera, como no se cumple con el requisito indispensable (conditio sine quanon) de que los diputados ostenten la calidad de empleados públicos, mal podría considerarse que dentro del ejercicio de sus cargos ejercen algún tipo de autoridad, más cuando se desprende de la Carta Política(6) que dichas competencias radican únicamente en la asamblea departamental considerada como corporación y no individualmente en cada uno de los diputados que la integran.

De esta manera, el cargo no prospera.

2.1.5. Concurrencia de periodos entre el cargo de diputado y el de Representante a la Cámara.

Frente al cargo presentado en la demanda sobre la inhabilidad consagrada en el artículo 179 numeral 8º de la Constitución Política, la Sala encuentra que de acuerdo al texto de esta, así como en la contestación de la demanda, la controversia gira en torno a la interpretación que se puede hacer del texto constitucional aprobado mediante el Acto Legislativo 01 de 2009.

Según los demandantes, el señor Acuña está incurso en la inhabilidad antes mencionada pues existió una concurrencia de periodos entre su cargo como diputado a la asamblea departamental de Sucre y el de Representante a la Cámara por la circunscripción especial de negritudes.

Al respecto, el texto constitucional consagra:

“ART. 13.—El numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, quedará así:

[…]

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente. La renuncia un (1) año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad.

PAR. TRANS.—La inhabilidad establecida en el numeral anterior no aplicará para quienes hayan renunciado al menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para la realización de las elecciones al Congreso de la República en el año 2010” (negrillas ajenas al texto original).

La parte actora sostiene que, en el caso sub judice, se presenta una coincidencia de periodos, pues a claras luces se encuentra que los periodos como diputado y como representante, son concurrentes de forma parcial durante los años 2010 y 2011. No obstante lo anterior, observa la Sala que su interpretación no es correcta, pues la demanda parte del texto constitucional aprobado mediante el Acto Legislativo 1 de 2009, el cual, tal y como se expondrá, posteriormente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Si bien es cierto la norma aludida consagraba que la causal se configuraba en caso tal de que la persona elegida estuviera desempeñado un cargo público y no hubiera presentado renuncia a su cargo un año antes de la elección, también es necesario aclarar que la última frase del numeral octavo, así como el parágrafo transitorio del artículo 179, fueron declarados inexequibles por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-040 de 2010.

En la citada sentencia la Corte Constitucional encontró que se habían vulnerado los principios de consecutividad y de identidad flexible por cuanto en el trámite dado en el Congreso, en varios de los debates no se dio discusión sobre la adición al numeral 8º del artículo 179 (relativa a la inhabilidad por concurrencia de periodos) y aun así, la comisión de conciliación accidental que se conformó para unificar el articulado luego de los debates realizados en el Senado y la Cámara de Representantes, decidió incluir algunas modificaciones que, en su momento, modificaron la norma constitucional ya mencionada. Sobre el particular, luego un detallado estudio del proceso adelantado en el Congreso de la República frente a la discusión del Acto Legislativo 01 de 2009, el Tribunal Constitucional concluyó:

“8.2.1. El principio de consecutividad fue desconocido en razón a que el asunto consistente en regular la inhabilidad de los congresistas por periodos coincidentes no fue objeto de debate ni votación en el cuarto y octavo debate, celebrados en la Plenaria del Senado de la República, aunque los informes de ponencia puestos a consideración de esa célula legislativa habían puesto de presente que la Comisión Primera, tanto en tercer como en séptimo debate, habían aprobado la proposición supresiva de la reforma de la inhabilidad por periodos coincidentes. Por ende, la plenaria del Senado no debatió el asunto, por lo que no expresó su voluntad respecto del mismo, lo que implica que este no cumpla con la regla de los ocho debates.

“Debe tenerse en cuenta que esa falta de debate del asunto de inhabilidad por periodos coincidentes, se comprueba en el hecho que la plenaria del Senado a pesar de que formalmente tramitó y aprobó el proyecto de acto legislativo del que daba cuenta el informe de ponencia mayoritario para cuarto y octavo debate, omitió deliberar y votar un asunto contenido en ese informe, como es la inhabilidad por periodos coincidentes. Tanto para el tercero como en el séptimo debate, la Comisión Primera aprobó una proposición que suprimía el texto acusado y, además, la plenaria del Senado, aunque tenía conocimiento de esa supresión no hizo ninguna clase de consideración en relación con el asunto, ni menos hizo explícita su intención de reconsiderar la materia que había sido objeto de proposición supresiva en la comisión, lo que implicaba que el asunto se considera “hundido”, por lo que no podía ser tramitado(7). Por lo tanto, la posterior inclusión del asunto como discrepancia asumida por las comisiones accidentales de conciliación, desconoció la consecutividad de los debates y, por lo tanto, pues se contravino lo señalado en los artículos 157 y 375 de la Carta Política, que establecen reglas de procedimiento aplicables para la aprobación de los actos legislativos.

“Nótese que la comprobación de la Corte en este escenario, no se sustenta en la insuficiencia o falta de calidad del debate legislativo, aspectos que la jurisprudencia constitucional ha excluido del ámbito del control judicial del procedimiento congresional. En contrario, de lo que se trata es de la falta absoluta y objetiva de debate en relación con el asunto de la inhabilidad por periodos coincidentes, hecho que se contrapone al cumplimiento de la regla de los ocho debates antes analizada.

“8.2.3. De otro lado, el principio de identidad flexible fue desconocido al incluir en la segunda vuelta un asunto que no fue discutido ni votado en la primera. En efecto, el parágrafo transitorio, que estableció una excepción a la regla general de imposibilidad de oponer la renuncia para desvirtuar la inhabilidad por periodos coincidentes, fue incluido en quinto debate, sin que esa temática hubiera sido objeto de discusión y votación durante la primera vuelta. Es decir, se contravino lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 375 C.P., el cual establece que el trámite de los proyectos de acto legislativo, en segunda vuelta, solo podrán debatirse iniciativas presentadas en la primera” (8).

En el caso objeto de estudio, se observa que el señor Yahir Acuña Cardales fue elegido como diputado para la asamblea departamental de Sucre para el periodo 2008-2011, de igual manera obra a folio 149 del expediente que el señor Acuña presentó el 30 de julio de 2009 renuncia a su cargo y que, posteriormente, se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de negritudes para el periodo 2010-2014, resultando elegido para dicho cargo.

De esta manera, si bien según el texto constitucional el requisito que estipulaba que aquellos que querían presentarse al Congreso y desempeñaban un cargo público debían presentar su renuncia por lo menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para las elecciones de los congresistas para el periodo 2010-2014, al ser declarado inexequible por la Corte Constitucional, no surtió efectos, y con ello, se mantuvo el texto que estaba vigente antes de la reforma constitucional, por lo que de acuerdo a lo establecido en la Carta Política, se podría haber presentado la renuncia al cargo incluso un día antes de la elección, pues lo importante es la coincidencia efectiva de periodos, no la mera posibilidad de concurrencia de los mismos.

Por lo anterior el cargo no prospera.

2.1.6. Estar incurso en “triple militancia”.

Finalmente, respecto de la “triple militancia”, de acuerdo a las pruebas aportadas al proceso se encuentra probado que:

(i) el señor Yahir Acuña fue diputado a la asamblea departamental de Sucre por el partido “Apertura Liberal” para el periodo constitucional 2008-2012;

(ii) el señor Acuña presentó renuncia a su cargo de diputado a la asamblea departamental de Sucre el 30 de julio de 2009, la cual fue aceptada el 31 de julio del mismo año;

(iii) el señor Acuña Cardales fue inscrito por parte del Partido de Integración Nacional (PIN) como representante a la cámara por Sucre el 1º de febrero de 2010 (fl. 128);

(iv) el señor Acuña presentó renuncia al PIN, la cual fue aceptada el día 5 de febrero de 2010 mediante Resolución 005, motivo por el cual le fue revocado el aval y fue retirado de la lista de candidatos al congreso por parte del partido (fls. 131 a 133);

(v) el día 24 de febrero, el movimiento Afrovides presentó ante la registraduría solicitud de modificación de las listas inicialmente inscritas al Congreso para la circunscripción especial de negritudes, momento en el cual se inscribió al demandado, la cual fue aceptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil el día 26 del mismo mes y año (fls. 142 y 143), finalmente;

(vi) el señor Acuña fue elegido como Representante a la Cámara por Afrovides por la circunscripción especial de negritudes para el periodo constitucional 2010-2014 (fl. 21).

De lo anterior se encuentra que contrario a lo sostenido por los demandantes el señor Acuña no estuvo simultáneamente en más de un partido o movimiento político, por el contrario, se observa que previo al cambio de colectividad presentó la debida renuncia.

Según el texto de la demanda, el demandado incurrió en triple militancia al haber sido diputado del departamento de Sucre por el partido Apertura Liberal en el periodo 2008-2011, posteriormente, en el 2010, inscribirse como candidato al congreso por el Partido de Integración Nacional (PIN) y finalmente ser elegido Representante a la Cámara por otro diferente (Afrovides).

En cuanto al primer evento, por la fecha de la renuncia del demandado (30 de julio de 2009) y la de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2009 (14 de julio de 2009), se tiene que estuvo cobijado por el parágrafo primero transitorio del artículo primero de la referida reforma constitucional, de forma que no incurrió en doble militancia.

En relación con el segundo episodio, esto es, la supuesta simultánea militancia política en el Partido de Integración Nacional (PIN) y en Afrovides, como se explicará, tal simultaneidad nunca existió.

Está probado que el señor Acuña Cardales fue inscrito por el PIN como representante a la cámara por Sucre el 1º de febrero de 2010 (fl. 128) y posteriormente presentó su renuncia a dicha colectividad, la cual fue aceptada el día 5 de febrero del citado año, motivo por el cual le fue revocado el aval y fue retirado de la lista de candidatos al congreso por parte del partido (fls. 131 a 133). De otro lado, solo hasta el día 24 de febrero de 2010 se tuvo al demandado, como candidato a la Cámara de Representantes, circunscripción especial de negritudes, por Afrovides.

Así, el cargo no prospera.

2.2. Cargos contra la elección del señor Heriberto Arrechea Banguera como Representante a la Cámara por la circunscripción especial de negritudes.

2.2.1. No actualización de los datos del Movimiento Popular Unido ante el Ministerio del Interior.

En el caso del señor Arrechea, los demandantes aseguran que se incumplió con la obligación de actualizar los datos ante la dirección de asuntos de comunidades negras del Ministerio del Interior, para ello, adjuntan un certificado expedido el 13 de julio de 2010 por el director (E) de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en el cual se observa “Que el Movimiento Popular Unido, debe actualizar información de conformidad con el Decreto 3770 del 25 de septiembre de 2008”(9).

No obstante lo anterior, el demandado por conducto de apoderado adujo en la contestación que existía “una aparente contradicción entre dos certificaciones”, pues con otra certificación del 28 de enero de 2010, la directora de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sostuvo que “la organización ‘Movimiento Popular Unido - MPU’: adelantó los trámites de actualización de conformidad con el Decreto 3770 del 25 de septiembre de 2008” (fl. 101).

Debido a lo anterior, junto con la contestación el apoderado solicitó que se oficiara al Ministerio del Interior para que determinara cuál era el motivo de la contradicción entre los dos certificados. Sobre el decreto de la citada prueba, inicialmente el consejero ponente resolvió no acceder a esta pues consideró que “resulta inconducente pues en el sub lite no se ha tachado de falsa la certificación de 13 de julio de 2010 allegada con la demanda y que obra en folio 32”(10); debido a que la decisión anterior fue suplicada por el apoderado del demandado, una vez fue resuelta y revocado parcialmente el auto que decretó las pruebas, se ordenó oficiar a la dirección de asuntos para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior para que explicara la contradicción entre ambos certificados.

Una vez rendido el oficio por parte del Ministerio del Interior se dijo que el motivo de la divergencia se debía a que “la certificación expedida con fecha del 28 de enero de 2010 certifica la inscripción y representación de la asociación movimiento popular unido y la certificación expedida el 13 de julio de 2010 es de existencia y representación legal tal cual fue solicitada y consta en las peticiones anexas”.

De lo anterior, una vez analizadas las pruebas que obran del plenario, la Sala considera que dado que la certificación del 28 de enero de 2010 (fl. 218) en ningún momento fue tachada de falsa debe dársele plena credibilidad al contenido de la misma, es decir, a que el Movimiento Popular de Unidad sí realizó la actualización de los datos dentro del término previsto para ello, máxime cuando la fecha de su expedición coincide con el momento en el cual, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 3770 de 2008, debía efectuarse la renovación.

En consecuencia, el cargo no prospera.

2.2.2. No representar en realidad a las comunidades afrodescendientes.

Sobre el particular, en la demanda se aduce que el señor Arrechea no cumple con los requisitos necesarios para representar a una comunidad afrodescendiente. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 649 de 2001, para que una persona pueda ser aspirante a ser elegido a la Cámara de Representantes de la circunscripción especial de comunidades negras es necesario que se encuentre inscrito y avalado por una organización registrada en la dirección de asuntos de comunidades negras del Ministerio del Interior.

Del plenario, la Sala observa que dentro del oficio visible a folios 204 a 206, el ministerio acredita que la junta directiva del Movimiento Popular Unido sí había inscrito como parte del movimiento al señor Arrechea para el primer semestre de 2010.

Así, siguiendo la línea anteriormente expuesta, dado que en el expediente no se probó que el contenido del oficio fuera falso, o se aportara otra prueba que permitiera desvirtuar las condiciones del demandado, se estima que el cargo es infundado y por lo tanto no prospera.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia ARCHÍVESE el proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Cfr. Igualmente los artículos 2º del Decreto 2400 de 1968 y 5º del Decreto 3135 de 1968.

(3) Sección Quinta, Sentencia de 29 de mayo de 2003, Expediente 3063.

(4) Sala Plena, Sentencia de 27 de agosto de 2002, Expediente Pl-025.

(5) Sobre el cargo de concejal ver sentencia de 3 de abril de 2003, de la Sección Quinta, proceso 5200123310002001013901 Radicado Interno 2868.

(6) Artículos 299 y 300.

(7) Acerca de los efectos de imposibilidad de trámite de una iniciativa luego de su “hundimiento” y la equivalencia de las consecuencias jurídicas entre el hundimiento y el archivo, Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2004 (Ms.Ps. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes), fundamento jurídico 75).

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-040 de 2010, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

(9) Folio 32 del expediente.

(10) Folio 168 del expediente.