Sentencia 2010-00098 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 08001-23-31-000-2010-00098-01 (19803)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A., Coltabaco S.A.

Demandado: Departamento del Atlántico

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación y de acuerdo al marco de competencia del ad quem, le corresponde a la Sección determinar si los actos demandados son contrarios a derecho, al establecer que la demandante estaba obligada a pagar un mayor valor por concepto de impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional y con destino al deporte.

Para resolver el problema jurídico, se analizarán en su orden: la aplicación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en los cambios jurisprudenciales, el principio de la doble instancia en sede administrativa, la causación de los impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional y con destino al deporte, así como la competencia para la administración de este último, la procedencia o no de la sanción por inexactitud y la presunta compensación a que alega tener derecho la recurrente.

2. Cuestión previa.

El apoderado de la parte demandante solicitó la celebración de audiencia pública(3) con la finalidad de esclarecer algunos puntos de hecho y de derecho que se plantean dentro del proceso, habida cuenta de la complejidad y tecnicidad del impuesto al consumo y deporte.

Principalmente, se pretende exponer lo referente al impuesto al deporte y explicar el doble pago que se presentaría en caso de mantener el fallo de primera instancia.

De conformidad con el artículo 147 del Código Contencioso Administrativo, es potestativo del Consejo de Estado conceder audiencias públicas, por petición de alguna de las partes, para dilucidar puntos de hecho o de derecho sobre los cuales existan dudas.

Aun cuando en este caso la petición es oportuna, la Sala estima que no es procedente decretar la celebración de dicha audiencia, pues los argumentos expuestos a lo largo del proceso, brindan elementos de juicio suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo.

3. Los cambios jurisprudenciales debidamente sustentados no desconocen los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

3.1. Para la demandante, la decisión de primera instancia es contraria a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues se funda en una tesis jurisprudencial distinta a la que sostenía esta corporación cuando se realizó el pago de la obligación tributaria, según la cual, el impuesto al consumo no se causaba con la entrega de cigarrillos y tabacos producidos por el contribuyente, con destino a las plantas de distribución, pues se trataba de una movilización del producto, distinta por demás, a la comercialización del mismo.

3.2. Al respecto, la Sala considera que la modificación de una tesis jurisprudencial consolidada, siempre que sea debidamente justificada, no lesiona tales principios.

El cambio jurisprudencial es justificado, cuando “i) la doctrina, habiendo sido adecuada en una situación social determinada, no responda adecuadamente al cambio social posterior; (ii) la jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico, para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión; (iii) por cambios en el ordenamiento jurídico positivo, es decir, debido a un tránsito constitucional o legal relevante(4)” (resaltados fuera del texto).

3.3. En este caso, la variación en la tesis que sostuvo la corporación hasta el año 2009, sobre el momento de causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, obedeció a una interpretación finalística del artículo 209 de la Ley 223 de 1995, bajo la cual se concluyó:

“... la obligación de pago del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado a cargo de los productores nacionales nace cuando entregan el producto en la fábrica o en la planta en la jurisdicción donde se encuentra la misma, primero por cuanto el artículo 209 de la Ley 223 de 1995 expresamente así lo dispone y, segundo, por cuanto, es connatural a cualquier proceso industrial que la producción vaya destinada al consumo, que puede implicar obviamente la comercialización y la realización de otros negocios jurídicos que tiendan a la promoción de los productos. Por tanto, es de presumir que lo que se produce, se produce para la distribución, para la venta o permuta, para publicidad, para promoción, para donación, comisión o autoconsumo, tal cual lo señala el legislador en el primer inciso del artículo 209.

(...).

... Una interpretación en sentido contrario dejaría a discreción del contribuyente el nacimiento de la misma(5)-(6)“(resaltados fuera del texto).

En esa medida, se justifica su aplicación inmediata a las situaciones que, como la que se trata, está siendo controvertida en sede judicial.

3.4. Súmese a lo anterior, que el respeto a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, no supone la inmutabilidad de la jurisprudencia, comoquiera que su aplicación en el ejercicio jurisdiccional, si se quiere ser preciso, se orienta a garantizar que bajo supuestos fácticos y jurídicos similares, los jueces dirimirán las controversias en el mismo sentido en que se hizo en providencias anteriores, cuando estas constituyan un precedente vigente.

Bajo ese entendido, la aplicación de la tesis jurisprudencial vinculante al momento de resolver el debate, no es contraria a tales preceptos, amén de que constituía un precedente vinculante para el juez de primera instancia. En ese orden de ideas, el cargo no prospera.

4. La aplicación del principio de la doble instancia en sede administrativa.

4.1. Sobre la presunta vulneración al principio de la doble instancia en la expedición de los actos demandados, proferidos por un mismo funcionario, debe indicarse: i) que dicho precepto no se predica de los procedimientos administrativos, pues se refiere a actuaciones en sede judicial y que ii) tratándose de autoridades tributarias territoriales, la posibilidad de que los recursos de sede administrativa sean resueltos por dependencias y/o funcionarios distintos a los que efectúan el pronunciamiento inicial, está supeditada a la estructura y planta de personal con que cuente cada administración.

Recuérdese, que el ordenamiento normativo colombiano no consagra este principio como rector de la función administrativa. Por el contrario, su fijación se hizo de manera expresa para la función judicial, pues el mismo Constituyente, en el artículo 31 de la Carta, dispuso que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

4.2. En cuanto a la competencia para resolver el recurso de reconsideración, la Sala ha indicado(7), que esta se determina de acuerdo a “la estructura propia de la administración” que expida el acto correspondiente.

En el caso de la administración de impuestos del departamento del Atlántico, se tiene, que los artículos 30(8) y 342(9) del estatuto tributario departamental, facultan a la subsecretaría de rentas del departamento, en cabeza del subsecretario, para proferir los actos de liquidación oficial de los impuestos bajo su administración y resolver los recursos que se presenten contra aquellos, respectivamente.

Así, de acuerdo a la distribución de competencias que existe en materia de fiscalización en el departamento del Atlántico, no queda duda de que la subsecretaría de rentas era competente para expedir la liquidación oficial de revisión y para resolver el recurso contra la misma. Por lo tanto, el cargo no está llamado a prosperar.

5. Impuestos al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional y con destino al deporte. Reiteración jurisprudencial.

5.1. La sociedad demandante sostiene, que el impuesto al consumo no se causa con el despacho de las mercancías hacia sedes de la misma empresa, pues en ese momento no se comercializan los productos, ya que solo se movilizan a fin de ser almacenados.

5.2. No obstante, de acuerdo al criterio actual de la Sala, que se reitera en esta oportunidad, la obligación tributaria surge con la salida de la mercancía de la fábrica, pues ello supone su posterior comercialización y consumo. Así se indicó en providencia de diciembre 3 de 2009(10):

“Para la Sala, es claro que el legislador quiso establecer como objeto del impuesto “el consumo” de cigarrillos y tabaco elaborado, pero el hecho concreto que permite verificar el momento en que surge la obligación para el pago del impuesto no es el consumo en sí mismo, sino la entrega del producto en fábrica o en planta con miras hacia el consumo, en los términos ya explicados. Para el caso de los productos extranjeros, el hecho de donde surge la obligación tributaria (causación) es la introducción al territorio nacional de los productos extranjeros. En uno y otro caso, esos hechos se concretan antes de que efectivamente se “consuman los productos”, lo que de ninguna manera deviene ilegal ni arbitrario.

Por esa razón, en el caso de productos fabricados en el país, la responsabilidad recae en el productor y no en los expendedores, quienes deben pagar el impuesto sobre el precio de venta facturado a los expendedores en la capital del departamento donde está situada la fábrica.

Lo anterior indica que para que surja la obligación tributaria a cargo de los productores de cigarrillo y tabaco elaborado basta que el productor entregue el producto y que ese producto tenga el precio al que se factura a los expendedores de la capital del departamento donde esté situada la fábrica(11) puesto que, una vez entregado, tal como lo afirmó la demandada, la finalidad de consumo va implícita en la entrega. No es necesario que se consolide la distribución, la venta, la permuta, la publicidad, la promoción, la donación, la comisión o el autoconsumo para que surja la obligación tributaria”.

Tesis que fue ratificada recientemente, en los siguientes términos:

“(...) el impuesto al consumo se causa cuando la mercancía sale de la fábrica con destino a una bodega, local, sucursal o similar de propiedad del fabricante, ubicada en otro departamento, porque el productor entregó los bienes en planta para su distribución o venta en el país, es decir, para fines de consumo. Y, para determinar la base del impuesto, los departamentos pueden tomar como base el producto despachado en fábrica según las tornaguías(12)”.

5.3. De esta manera, es claro que por la finalidad de todo proceso de producción, puede afirmarse que un producto terminado, será distribuido y comercializado para su consumo una vez salga de la fábrica. Luego, es en ese momento en que puede determinarse con precisión, la configuración de la obligación tributaria que grava el consumo de cigarrillos y tabacos de producción nacional.

5.4. En relación con el impuesto con destino al deporte, dijo la actora, que su causación tenía lugar al momento de realizarse el expendio de cajetillas de cigarrillos, precisando, que dicha expresión se refiere a la venta al menudeo de mercancía. Además, que el departamento del Atlántico no estaba facultado para ejercer la fiscalización y control del tributo, ya que dichas potestades fueron otorgadas por la Ley 181 de 1995 a los entes deportivos departamentales.

5.5. Sobre el particular, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en un caso con idénticos supuestos de hecho y de derecho, en providencia que se transcribe in extenso, manifestando:

“... el artículo 1º del Decreto 1626 de 1951 gravó el consumo de cigarrillos de fabricación nacional con el impuesto al consumo, a una tarifa equivalente al 100% del precio de venta(13).

El artículo 2º de la Ley 30 de 1971 estableció un impuesto adicional del 10% sobre el valor de las cajetillas de cigarrillos nacionales expendidas al público en todo el territorio nacional(14).

De acuerdo con el artículo 3º ibídem, el producto de este impuesto fue cedido a los departamentos y al Distrito Capital(15) y los tesoreros o recaudadores de dichas entidades se encargarían de recaudarlo y entregarlo mensualmente a las juntas administradoras de deportes, tal como lo previó el artículo 4º de la citada ley, en los siguientes términos:

“ART. 4º—“El impuesto de que trata el artículo segundo de la presente ley será recaudado por los tesoreros o recaudadores de las entidades territoriales citadas y entregado mensualmente a la respectiva junta administradora de deportes que en cada una de ellas se haya creado en desarrollo de la Ley 47 de 1968. Estas juntas aplicarán a la realización de sus objetivos el 70% de los recaudos así obtenidos, y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para que esta entidad auxilie a su vez a las regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y armónicamente sus programas.

(...)”.

A su vez, el artículo 79 de la Ley 14 de 1983 dispuso que los cigarrillos de producción extranjera pagarían un impuesto del 10%, adicional al impuesto al consumo, que se regiría por lo dispuesto en la Ley 30 de 1971(16).

Por su parte, el artículo 143 del Código de Régimen Departamental (D. 1222/86) reiteró que “Los cigarrillos de que trata el presente código están sujetos, según el caso, a los impuestos de importación y cuotas de fomento, impuesto a las ventas o al valor agregado y al gravamen establecido por la Ley 30 de 1971”.

Posteriormente, el artículo 78 de la Ley 181 de 1995 precisó lo siguiente:

“ART. 78.—“Impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros a que se refieren el artículo 2º de la Ley 30 de 1971 y el artículo 79 de la Ley 14 de 1983, será recaudado por las tesorerías departamentales. Será causado y recaudado a partir del 1º de enero de 1998 de acuerdo con lo previsto en los artículos 4º y 5º del Decreto 1280 de 1994. Son responsables solidarios de este impuesto los fabricantes, distribuidores y los importadores. El valor efectivo del impuesto será entregado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recaudo, al ente deportivo departamental correspondiente definido en el artículo 65 de la presente ley”.

Así, de acuerdo con la norma transcrita, el impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros con destino al deporte de que tratan los artículos 2º de la Ley 30 de 1971 y 79 de la Ley 14 de 1983 es recaudado por las tesorerías departamentales; los fabricantes, distribuidores e importadores son responsables del impuesto y los valores recaudados deben trasladarse a los entes deportivos departamentales correspondientes.

Adicionalmente, la norma precisó que la causación y el recaudo del tributo se efectuarían de conformidad con los artículos 4º y 5º del Decreto Extraordinario 1280 de 1994, que, en su orden, disponían lo siguiente(17):

“ART. 4º—Recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos. El impuesto al consumo de cigarrillos de producción nacional y de procedencia extranjera a la tarifa del cuarenta y cinco por ciento (45%), sobre el precio de distribución será liquidado por períodos vencidos de quince días calendario sobre las entregas realizadas por los responsables en esos períodos y será pagado a las tesorerías departamentales o del Distrito Capital de Santafé de Bogotá dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento de dicho lapso”.

“ART. 5º—Causación. El impuesto al consumo de cigarrillos de producción nacional y de procedencia extranjera se causará sobre el precio de distribución, al momento de la entrega real de producto por parte de los responsables a título de venta, promoción, propaganda, donación o consignación. Para este efecto la distribución se entiende realizada según lo previsto por el artículo 5º del Decreto 214 de 1969” (resalta la Sala).

Así pues, conforme con el artículo 78 de la Ley 181 de 1995, el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte se causa en el mismo momento en que se causa el impuesto al consumo de cigarrillos de producción nacional.

Es de anotar que en Sentencia C-256 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Extraordinario 1280 de 1994, que era ley en sentido material, porque el Congreso de la República no podía “conferir facultades extraordinarias al ejecutivo para “revisar el régimen tributario aplicable a los cigarrillos”, toda vez que la amplitud de semejante atribución no solo cobijaba los impuestos del orden nacional sino los que pudieran haber establecido los departamentos y municipios en cuya virtud se afectara la industria tabacalera”. Por tanto, a partir de la Ley 181 de 1995, para determinar la causación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte deben aplicarse las normas que en cada periodo regulen la causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco de producción nacional(18).

Por otra parte, el artículo 80 de la Ley 181 de 1995 preceptúa lo siguiente:

“ART. 80.—Facultades de fiscalización y control. Los entes territoriales beneficiarios de los gravámenes regulados en los artículos precedentes para los efectos de su control y recaudo, tienen las facultades de inspeccionar los libros y papeles de comercio de los responsables, verificar la exactitud de las liquidaciones y pagos de los impuestos, ordenar la exhibición y examen de libros, comprobantes y documentos de los responsables o de terceros, tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes.

En ejercicio de tales facultades, podrán aplicar las sanciones establecidas en el artículo 79 de esta ley y ordenar el pago de los impuestos pertinentes, mediante la expedición de los actos administrativos a que haya lugar, los cuales se notificarán en la forma establecida en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Contra estos actos procede únicamente el recurso de reposición en los términos de los artículos 50 y siguientes del mismo código” (resalta la Sala).

Y, el artículo 211 de la Ley 223 de 1995 prevé que:

“ART. 211.—La tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado es del 55%.

PAR.—Los cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, están excluidos del impuesto sobre las ventas. El impuesto con destino al deporte creado por la Ley 30 de 1971 continuará con una tarifa del 5% hasta el primero de enero de 1998, fecha a partir de la cual entrará en plena vigencia lo establecido por la Ley 181 de 1995 al respecto, con una tarifa del diez por ciento (10%).

A partir del primero de enero de 1996 el recaudo del impuesto de que trata este parágrafo será entregado a los departamentos y el Distrito Capital con destino a cumplir la finalidad del mismo” (resalta la Sala).

De acuerdo con el anterior recuento normativo, el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, establecido por el artículo 2º de la Ley 30 de 1971, equivale al 10% del valor de las cajetillas que se expendan (L. 223/95, art. 211, par., inc. 1º) y es adicional al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado y la tarifa en mención se aplica a la misma base gravable de este. A su vez, los fabricantes y distribuidores son responsables del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte (L. 181/95, art. 78) y los departamentos y el Distrito Capital, son los beneficiarios.

Es de anotar que si bien el citado gravamen es de carácter nacional, el artículo 3º ibídem lo cedió a las entidades territoriales (hoy departamentos y Distrito Capital), como lo ratificó el inciso 2º del parágrafo del artículo 211 de la Ley 223 de 1995. Además, los departamentos y el Distrito Capital deben trasladar el valor del impuesto recaudado a los entes deportivos correspondientes.

Así mismo, la competencia para el recaudo del tributo es de los departamentos (y del Distrito Capital), como lo prevén los artículos 4º de la Ley 30 de 1971 y 78 de la Ley 181 de 1995, quienes como beneficiarios del impuesto, cuentan con facultades de investigación, control y determinación del tributo (art. 80 ib.).

Adicionalmente, para la determinación del gravamen, los beneficiarios del impuesto debían seguir las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo (L. 181/95, art. 80 (inc. 2º)). Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, los departamentos están obligados a aplicar los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio, a los impuestos que ellos administran, como lo prevé el artículo 59 de la citada ley. En consecuencia, para la determinación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, los departamentos deben seguir el procedimiento previsto en el estatuto tributario nacional.

Ahora bien, para la segunda quincena de septiembre de 2005, el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte se causaba en el momento en que el productor entregaba los bienes en fábrica o en planta, en general, para su distribución o venta en el país, pues es esta la causación del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, en los términos del artículo 209 de la Ley 223 de 1995.

En ese orden de ideas, durante el periodo en discusión Coltabaco era responsable del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, por ser sujeto pasivo del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, como ya se precisó. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 4º de la Ley 30 de 1971 y 78 y 80 de la Ley 181 de 1995 el departamento del Atlántico era competente para determinar el mayor impuesto a cargo de la actora.

De otra parte, no era necesario que el demandado realizara un estudio independiente para sustentar la modificación del impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte. Lo anterior, porque este tributo se causa en el mismo momento en que se causa el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, por lo que, al modificarse oficialmente este, debía modificarse el impuesto a los cigarrillos de producción nacional con destino al deporte, dado que se liquida sobre la misma base gravable del impuesto al consumo(19). Por consiguiente, el cargo no prospera(20)”.

5.6. De conformidad con la sentencia transcrita(21), el impuesto con destino al deporte se causa en forma conjunta con el de consumo, esto es, con el despacho de cigarrillos y tabaco desde la fábrica de la empresa, indistintamente de si estos fueron llevados a otras agencias de la misma. Luego, no erró la demandada al liquidar el tributo por la salida de los productos, valiéndose de los valores consignados en las tornaguías.

Además, el departamento del Atlántico era competente para determinar el impuesto, habida cuenta que la Ley 181 de 1995, lo facultó en forma expresa para ejercer la fiscalización y control del mismo, aspecto sobre el cual, es necesario hacer la siguiente precisión: cuando el artículo 80 ibídem se refiere a los “entes territoriales beneficiarios”, lo hace atendiendo al significado natural del concepto, que de acuerdo al artículo 286 de la Constitución Política(22), alude exclusivamente a los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas.

5.7. A manera de conclusión puede decirse: i) el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco se causa con la entrega de los productos en la fábrica de origen, momento en el cual se presume que inicia la cadena de distribución, comercialización y consumo de estos, ii) el impuesto con destino al deporte, por constituir una suerte de valor agregado al de consumo, se causa conjuntamente con este y iii) la fiscalización y control del mismo son facultades propias de los departamentos en cuyas jurisdicciones se genere, por expresa disposición legal.

En consecuencia, los cargos relativos al nacimiento de la obligación y la competencia para su liquidación, no prosperan.

6. Sanción por inexactitud.

6.1. Según la recurrente, la sanción por inexactitud es improcedente, ya que la diferencia entre el impuesto liquidado en la declaración privada y el determinado por el departamento del Atlántico, obedece a la aplicación de la tesis sobre causación del impuesto, vigente a la fecha en que realizó la declaración y pago del tributo.

6.2. En este sentido le podría asistir razón a Coltabaco, pues a la fecha en que declaró el impuesto de consumo de cigarrillo y tabaco de producción nacional, la Sección sostenía de manera unánime, que la obligación se hacía exigible con la efectiva comercialización del producto, y no con el simple despacho de la mercancía, y es claro, que las decisiones judiciales uniformes del Consejo de Estado, como máximo órgano de lo contencioso administrativo, se convierten en pautas de interpretación que no solo vinculan a la administración y a las autoridades judiciales, sino, que inciden en la forma en que los administrados aplican el derecho.

6.3. Sin embargo, en este caso, la Sala considera que no hay lugar a levantar la sanción, pues para acreditar que se obraba bajo la convicción de estar aplicando dicha tesis jurisprudencial, la demandante debió demostrar; que una vez comercializadas, se pagó el respectivo impuesto por las unidades despachadas y dejadas de declarar en la primera quincena de julio de 2006.

6.4. Igual conclusión cabe respecto al impuesto con destino al deporte, si se tiene en cuenta que este tributo se causó en forma conjunta con aquel.

7. Pretensiones subsidiarias. Carga de la prueba.

7.1. Finalmente, y de manera subsidiaria, la sociedad recurrente reprochó, que no se tuvieran en cuenta los pagos en exceso hechos por concepto de impuesto al consumo, en períodos anteriores y posteriores al liquidado en los actos demandados (primera quincena de jul./2006), situación que, valga decir, no fue acreditada dentro del proceso.

Era deber de la demandante, demostrar que tenía derecho a una compensación de las sumas pagadas en exceso en períodos distintos al que se liquidó de manera oficial por el departamento del Atlántico. Sin embargo, de las pruebas aportadas no puede deducirse tal circunstancia, todo, porque las declaraciones privadas que se allegaron(23), solo dan cuenta del pago del impuesto para los períodos declarados, pero no permiten determinar si las unidades allí consignadas son superiores a las despachadas.

Tampoco ofrece mayor claridad, el concepto profesional que obra de folios 249 a 255 del expediente, comoquiera que en este solo se hace un comparativo entre el impuesto pagado y el que la administración liquidó, luego del mismo no puede extraerse la realización de pagos a compensar.

7.2. Así las cosas, las afirmaciones que en este sentido se hicieron en el recurso de apelación, carecen de sustento probatorio alguno, por lo que el cargo así formulado, no prospera.

En atención a los motivos expuestos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se CONFIRMA la sentencia de 14 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las súplicas de la demanda, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(3) Fl. 598.

(4) Corte Constitucional. Sentencia T-1023 de diciembre 1 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(5) En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 26 de noviembre de 1999, Expediente 9552, C.P. Daniel Manrique Guzmán, en la que precisó que “... la causación de dicho impuesto..., tiene ocurrencia “en el momento en que el productor los entrega (los productos) en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación (o) comisión o los destina a autoconsumo” (destacados fuera de texto)”.

(6) Expediente 16527, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(7) Al respecto ver sentencias de 13 de octubre de 2011, Expediente 18280 y de 24 de octubre de 2013, Expedientes 19676 y 19735.

(8) ART. 30.—Administración y control. La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo de los impuestos al consumo de que trata este capítulo es de competencia de la subsecretaría de rentas de la secretaría de hacienda o quien haga sus veces, o de los funcionarios del nivel profesional de las dependencias bajo su responsabilidad. En la determinación oficial, discusión y cobro de los impuestos el departamento aplicará los procedimientos establecidos en este estatuto. El régimen sancionatorio y el procedimiento para la aplicación del mismo serán los previstos en el presente estatuto, en lo pertinente a los impuestos al consumo de que trata este capítulo (Ordenanza 41/2002).

(9) ART. 342.—Competencia funcional de discusión. Corresponde al subsecretario de rentas de la secretaría de hacienda fallar los recursos de reconsideración contra los diversos actos de determinación de sumas a pagar por concepto de tributos departamentales o que impongan sanciones y los demás recursos cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario (Ordenanza 41/2002).

(10) Expediente 16527, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en sentencias de 28 de enero de 2010, Expediente 16198, William Giraldo Giraldo; 6 de diciembre de 2012, Expediente 18965, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 27 de septiembre de 2012, Expediente 18247, C.P. William Giraldo Giraldo y 9 de diciembre de 2013, Expediente 19538, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(11) Ley 223 de 1995. ART. 215.—Los productores e importadores de productos gravados con impuestos al consumo de que trata este capítulo tienen las siguientes obligaciones:

d) Fijar los precios de venta al detallista y comunicarlos a las secretarías de hacienda departamentales y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, dentro de los diez (10) días siguientes a su adopción o modificación.

(12) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicado 08001 2331 000 2009 00552 01 (19068), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(13) Decreto 1626 de 1951. ART. 4º—“A partir del 1º de septiembre de 1951 el impuesto sobre consumo de tabaco continuará haciéndose efectivo por los departamentos, intendencias y comisarías exclusivamente sobre el tabaco elaborado y con aplicación de las siguientes tarifas:

a) Cigarrillos de fabricación nacional, cualquiera que su empaque, contenido, clase, peso o presentación, 100% ad valorem, o sea el precio de venta.

(...)”.

(14) Ley 30 de 1971. ART. 2º—“Establécese un impuesto adicional del 10% sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expendan al público en todo el territorio nacional”.

(15) Ibídem. ART. 3º—“Cédese a los departamentos, intendencias, comisarías y a Bogotá, Distrito Especial, el producto del gravamen de que trata el artículo anterior, correspondiéndole a cada uno de ellos en la proporción señalada en el artículo cuarto de la presente ley”.

(16) Ley 14 de 1983. ART. 79.—“Sobre el precio establecido en el artículo 74, los cigarrillos de producción extranjera pagarán un impuesto adicional del 10% que se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971”.

(17) En Sentencia C-256 de 1995, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Extraordinario 1280 de 1994.

(18) En Concepto 30432-03 de 14 agosto 2003, la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda precisó que el impuesto al consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros con destino al deporte está vigente y que “ En relación con el artículo 78 de la Ley 181 de 1995, supra, es preciso anotar que cuando este remitía a el Decreto 1280 de 1994, lo hacía en relación con aquellos elementos que, en dicha norma, regulaban lo concerniente al impuesto al consumo de cigarrillos, que posteriormente fueron establecidos por la Ley 223 de 1995, norma que a su vez mantuvo vigente lo establecido por el citado artículo 78 de la Ley 181 de 1995, lo que nos permitiría afirmar que los elementos estructurales del impuesto al consumo establecidos por la Ley 223 de 1995, aplican al impuesto con destino al deporte. Así las cosas, es posible colegir que, desde tiempo atrás, el impuesto con destino al deporte ha estado ligado al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco el elaborado, es así como el hecho generador, causación, base gravable, sujetos pasivos y periodos de declaración y pago son los mismos, difiriendo únicamente en la tarifa”.

(19) En Concepto 30432-03 de 14 agosto 2003, la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda precisó que “el impuesto con destino al deporte ha estado ligado al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco el elaborado, es así como el hecho generador, causación, base gravable, sujetos pasivos y periodos de declaración y pago son los mismos, difiriendo únicamente en la tarifa”.

(20) Ibídem.

(21) Reiterada en sentencia de la misma fecha. Expediente 19430.

(22) ART. 286.—Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

(23) Folios 210 a 227.