Sentencia 2010-00106 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 08001-23-31-000-2010-00106-01 (19036)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Demandante: Aseo Global Ltda.

Demandado: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - UAE DIAN

Temas: Posibilidad de invocar nuevos argumentos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Actos demandables.

Sentencia segunda instancia

Bogotá D.C., doce de agosto de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la sección determinar si era procedente negar las pretensiones de la demanda al no aducirse como concepto de violación los mismos argumentos usados en vía gubernativa.

En caso negativo, se procederá a estudiar el fondo del asunto.

2. Posibilidad de invocar nuevos argumentos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo –Reiteración jurisprudencial.

2.1. Para la Sala, la decisión del tribunal de negar las pretensiones de la demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa no se ajustó a derecho, pues como lo ha reiterado la corporación(4), “al contribuyente le es dable alegar “argumentos nuevos” en la etapa jurisdiccional, es decir, no planteados en la etapa gubernativa, si lo pretendido es la “nulidad” de los actos administrativos, en razón a que el examen de legalidad del acto acusado debe efectuarse respecto de los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, que a su vez deben concretarse a las causales de nulidad previstas en el estatuto tributario y las generales a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo”(5).

2.2. Conforme con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, uno de los requisitos para acudir ante la jurisdicción en uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos definitivos de carácter particular y concreto, es que se agote previamente la vía gubernativa, circunstancia que ocurre, al tenor de lo dispuesto en los artículos 62 y 63 ibídem, cuando contra los actos administrativos no procede ningún recurso o cuando los recursos interpuestos se han decidido.

Obsérvese que no es requisito de agotamiento de la vía gubernativa, ni de procedencia de la acción de nulidad y restablecimiento, que se expresen idénticas razones de nulidad de los actos ante la administración y el juez, por lo que es dable que ante la jurisdicción se formulen mejores razones jurídicas para sustentar la nulidad de los actos acusados.

2.3. En consecuencia, si la pretensión de la parte demandante es la misma, esto es, la nulidad de los actos, como ocurre en el caso concreto, debe el juez analizar los cargos de la demanda así no hayan sido expuestos durante el trámite de la vía gubernativa.

Por tal razón, se procederá a estudiar el fondo del asunto.

3. Análisis del caso concreto.

3.1. La controversia planteada por la sociedad demandante está encaminada a establecer si el auto de inspección tributaria del 25 de agosto de 2005 y el requerimiento especial 020632006000162 del 11 de julio de 2006, fueron notificados en debida forma y dentro del término establecido en el artículo 705 del estatuto tributario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 706 ibídem, y de esta manera determinar si el acto por el que se impuso la sanción por devolución improcedente se encuentra viciado de nulidad.

Aunque en este caso los actos demandados fueron los que impusieron la sanción por devolución improcedente, en realidad la demanda se funda en objeciones al procedimiento administrativo de la liquidación oficial de revisión del impuesto, no contra los actos sancionatorios propiamente dichos: La indebida notificación de la inspección tributaria y del requerimiento especial tienen incidencia directa sobre liquidación oficial, no sobre la resolución sanción.

3.2. Obsérvese que en el proceso no se discute, y ni siquiera se menciona, la oportunidad de la notificación del pliego de cargos o algún vicio del procedimiento adelantado para imponer la sanción que se demanda.

Por tal razón, para estudiar la controversia planteada por la sociedad Aseo Global Ltda. era presupuesto sine qua non que se demandara o anulara la liquidación oficial de revisión practicada por la administración tributaria, pues lo que se alega son irregularidades que están referidas a dicho acto definitivo y previo a la imposición de la sanción.

Al no atacarse la liquidación oficial, el acto se presume legal, circunstancia que no puede desconocer la sección en el presente proceso, lo que le impediría anular la sanción por los vicios que se formulan con la demanda.

3.3. Recuérdese que si bien ambos procedimientos pueden tener relación, la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del aplicable para la determinación oficial del impuesto.

Si bien es cierto que para la existencia del proceso sancionatorio se parte de la existencia del proceso liquidatorio, no es menos cierto que las irregularidades directamente relacionadas con este, no pueden ser alegadas autónomamente para efectos de atacar la sanción impuesta, por lo que es necesario, se reitera, desvirtuar la legalidad de la liquidación oficial.

Y eso es así, porque si la liquidación oficial de revisión sometida a control jurisdiccional es declarada nula, desaparece el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la sanción por devolución y/o compensación improcedente.

Eso no significa que los dos procesos, el de determinación y el sancionatorio, se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el segundo y la incidencia que el proceso de determinación del impuesto tiene sobre el sancionatorio(6).

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda, ya que era necesario que se demandara el acto de liquidación oficial de revisión.

3.4. Aún si se hiciera abstracción del anterior razonamiento, un análisis de los antecedentes administrativos permite llegar a la misma conclusión.

Se encuentra probado que la sociedad demandante conoció del decreto de la inspección tributaria el 26 de mayo de 2006, durante el trámite de la visita de verificación (fl. 289), día en el que se suspendió el término para notificar el requerimiento especial por un lapso de tres meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 706 del estatuto tributario, de lo que se concluye que el requerimiento oficial fue notificado antes de que acaeciera la firmeza de la declaración privada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se CONFIRMA, pero por las razones expuestas en la presente providencia, la sentencia del 25 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Se RECONOCE personería para actuar al abogado Oswaldo Hernández Ortiz, como apoderado judicial de Aseo Global Ltda., en los términos de la sustitución de poder que obra a folio 8 del cuaderno 2 del expediente, y a la abogada Sandra Liliana Cadavid Ortiz, como representante judicial de la DIAN, en los términos establecidos en el artículo 45 de la Resolución 90 del 27 de septiembre de 2012 que obra a folio 41 y s.s. del cuaderno 2.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(4) Entre otras, se pueden consultar las sentencias de esta sección del 19 de octubre de 2006, Expediente 15147, Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa, del 3 de diciembre de 2009, Expediente 16183, Consejero ponente: Héctor Romero Díaz, del 16 de septiembre de 2010, Radicación: 25000-23-27-000-2005-01026-01(16691), Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y, del 3 de marzo de 2011, Radicación 25000-23-24-000-2002-00194-02(16184), Consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.

(5) Sentencia del 23 de noviembre de 2005, Expediente 14891, Consejera ponente: María Inés Ortiz Barbosa.

(6) Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 19 de julio de 2002, Exp. 12866 y 12934, C.P. Ligia López Díaz; 28 de abril de 2005, exp.14149, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 28 de junio de 2007, Exp. 14763 y 15765 (acumulados), C.P. Héctor J. Romero Díaz; 24 de septiembre de 2009, Exp. 16954, C.P. Héctor J. Romero Díaz.; 19 de junio de 2014, Exp. 19885, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.